El señor RODRÍGUEZ.- ¿Me permite, señor Presidente? Como lo explica el colega señor Noemi, el asunto parece muy sencillo, como que no importara ninguna complicación; pero la verdad es que se presenta el problema de que se dice que el objetivo perseguido se cumplirá con cargo a las utilidades que pueda obtener el Instituto de Seguros del Estado. Teóricamente el procedimiento es bueno, pero puede suceder que en un momento dado dicho instituto no tenga utilidades y que la ley quede como una simple declaración de propósitos. Primera objeción que me merece el proyecto. En segundo término, me parece que sería útil escuchar a los propios sectores interesados, a los que se pretende favorecer, y que no han sido oídos por la Comisión. Al respecto, debo decir que los funcionarios de las compañías de seguros celebraron una convención en septiembre de 1971, en la que llegaron a un conjunto de resoluciones que tienen que ver con el destino futuro, no sólo de ellos como empleados, sino de las propias compañías de seguros. En tercer lugar, el Gobierno, preocupado del problema, por decreto de Hacienda Nº 113, de fecha 10 de enero de 1973, creó una comisión asesora de estudio y consultiva de seguros que se fijó determinadas metas. Me parece que valdría la pena escuchar a miembros de esa comisión y del propio Instituto de Seguros del Estado. Todo ello en el entendimiento, colega Noemi, de que hemos de coincidir en el propósito central que guía a los autores del proyecto. No se trata de ponerles obstáculos, sino de que tal propósito se logre cabalmente y no se perjudique a los personales de las compañías de seguros creando para ellos meras ilusiones. Por esto, yo concretamente propondría considerar la posibilidad de que el proyecto vuelva por una semana a la Comisión, para que ésta escuche a las partes interesadas y a fin de que podamos tener un informe mucho más completo para el martes o miércoles de la próxima semana. Esa es mi proposición.