-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp6
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp21
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp33
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp27
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp30
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp19
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-ds7
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-ds8
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp7
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp25
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp16
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp22
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp34
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-ds10
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp28
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp31
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp17
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-ds9
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp23
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp20
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp35
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp29
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp32
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp26
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-ds6
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp18
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp24
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp15
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1-ds5-sp36
- bcnres:tieneTramiteConstitucional = bcnbills:SegundoTramiteConstitucional
- rdf:type = bcnses:SeccionProyectoDeLey
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- dc:title = "NORMAS SOBRE INDIGENAS."^^xsd:string
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1188
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/327
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/677
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/324
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/322
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/4403
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/934
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/76
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/46
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2097
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3728
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3202
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/38
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3123
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3539
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/15
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1933
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/616
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/161
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2591
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1014
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/temporal/1107
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/temporal/1292
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1586
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/321
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/177
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2584
- bcnres:tieneTramiteReglamentario = bcnbills:DiscusionGeneral
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/indigenas
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/comunidades-indigenas
- bcnres:tieneResultadoDebate = bcnres:seApruebaEnGeneral
- bcnres:tieneTerminoLibre = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/proteccion-a-etnias-indigenas
- rdf:value = " NORMAS SOBRE INDIGENAS.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
En seguida, corresponde iniciar la discusión del proyecto de ley de la Cámara de Diputados que establece normas sobre indígenas.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 31ª, en 23 de noviembre de 1971.
Informes de Comisiones:
Agricultura y Hacienda, sesión 47ª, en 5 de enero de 1972.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
La Comisión de Agricultura y Colonización recomienda aprobar esta iniciativa con las modificaciones que indica.
El informe de la Comisión de Hacienda se está imprimiendo en estos momentos.
El señor LORCA.- Quería pedir que se tratara otro proyecto que está en la tabla.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Para tal efecto se requiere acuerdo unánime de los Comités.
El señor SILVA ULLOA.-
La Comisión de Hacienda sólo modificó cuatro artículos de la iniciativa.
El señor AYLWIN (Presidente).-
En discusión general. Ofrezco la palabra.
El señor BALTRA.-
Señor Presidente, el proyecto en estudio tiende a resolver algo más que el problema de la tierra que afecta a los indígenas. En efecto, intenta definir una política integral de desarrollo indígena y, al mismo tiempo, crear los medios institucionales para llevar a cabo esa política.
Históricamente, es la primera vez que un Gobierno enfoca el problema desde sus diversos ángulos. En Chile el problema indígena no se relaciona sólo con la superficie agrícola de que dispone el pueblo aborigen, aunque, por cierto, éste es uno de sus aspectos más importantes. Además, debe considerarse que nuestros indígenas tienen, y en gran medida conservan, valores culturales y aun sociales que les imprimen ciertas características distintivas que, junto con contribuir a colocarlos en cierta manera al margen del resto de la sociedad chilena, han solidificado la marginalidad de tipo militar y colonial que se dio en los inicios. De esta manera, y en virtud de un largo y complejo proceso, se ha ido acentuando la gravedad del problema que, en esencia, nace del desequilibrio entre las necesidades del pueblo indígena y la pobreza de recursos de que dispone para satisfacerlas.
Todos estos conflictos no se solucionan, sino que se agravan y acentúan, por obra y gracia de la legislación vigente, que, bajo el pretexto de defender a los indígenas, consagra un estatuto colonialista y de explotación. Tal vez simboliza este carácter de la legislación actual aquella absurda disposición de la ley 14.511, que dispone que si el mapuche gana un juicio de restitución de tierras, el litigante que lo perdió puede solicitar que el predio se expropie en su favor, con lo cual el indígena siempre pierde la tierra aunque recibe indemnización. Por donde se la mire, esta norma legal constituye una irritante aberración que explica, por sí sola, el descontento y la desconfianza de los mapuches hacia las leyes que los rigen actualmente. En los últimos diez años, los juzgados de letras de indios de Pitrufquén, La Unión, Nueva Imperial, Temuco y Valdivia, en 352 fallos ordenaron restituir a los indígenas 3.380 hectáreas, pero, en el hecho, no se les devolvieron sino 1.400 hectáreas como consecuencia de haberse aplicado la absurda e inicua disposición legal a que acabo de referirme.
¿Puede, entonces, extrañarnos que los mapuches se sientan burlados y despojados? ¿Puede aún causarnos sorpresa que entre ellos se mire con recelo la ley, pues ésta, que se dijo iba a protegerlos, fue un arma más en manos de quienes los han privado de la tierra, su único y muy precario medio de vida? ¿Puede extrañarnos que, dentro de este contexto histórico y legal, el mapuche, tantas veces engañado, con sentimientos tan profundos de frustración, sirva de carne de cañón al extremismo en algunas de nuestras provincias australes?
Allí, en el pueblo autóctono, víctima de tantas injusticias, hay buen combustible para avivar la hoguera de la violencia. Para extirpar el peligro, no hay otra solución que la de hacer justicia de verdad. Este objetivo no puede perderse de vista al estudiar el proyecto que ahora debatimos en el Senado.
El problema indígena es, en primer término, de tipo rural, pues la gran masa aborigen vive en el campo, sobrevive en sus reducciones, trabaja la tierra y ésta constituye su principal fuente de ingresos. Desde este punto de vista, el problema indígena es parte, aunque con sus propias peculiaridades, del problema rural general de Chile. Es cierto que entre nosotros la población indígena representa algo así como el 4% de la población total del país, lo que, de por sí, demuestra que tal problema no tiene en Chile, ni con mucho, los alcances y proyecciones que reviste, por ejemplo, en Bolivia, Perú, Ecuador, Méjico o Guatemala. Sin embargo, la población indígena representa en Chile el 12% de la población rural, lo que es significativo.
Más la dimensión real del problema sólo aparece si atendemos al hecho de que el grueso de la población nativa está radicado en siete provincias (Cautín, Malleco, Biobío, Arauco, Valdivia, Osorno y Llanquihue) y de que allí constituye el 40% de la población rural, siendo mayor su participación en Cautín y Malleco, donde representa el 76% y el 90% de la población rural, respectivamente, sin dejar de tener importancia en Valdivia y Arauco, con el 23% y el 13%, respectivamente.
En Chile, por tanto, el problema indígena tiene una muy bien definida y precisa localización geográfica, manifestándose, como es natural, con mayor fuerza en las provincias que concentran las masas más grandes de población aborigen, cual es el caso de Cautín, Malleco, Arauco y Valdivia en que, según se estima, vive el 96% de la población indígena radicada.
El Ministro de Agricultura dijo en la Comisión que en el período de radicación - 1884 a 1929 - se entregaron a los mapuches 6,2 hectáreas per cápita, en circunstancias de que los colonos recibieron lotes superiores a 500 hectáreas, pero que actualmente cada indígena, en promedio, apenas alcanza a tener 0,9 a 1,4 hectáreas.
Acerca de estas cifras dadas por el señor Ministro de Agricultura, deseo hacer dos órdenes de reflexiones. En primer lugar la relación hombre-tierra en las reducciones indígenas es muy precaria, tal como se desprende de las cifras promedio proporcionadas por el Ministro, y lógicamente repercute en la economía, el nivel de vida y el grado de bienestar relativo de los correspondientes núcleos familiares, donde los ingresos están muy distantes de satisfacer las necesidades, lo que se traduce en miseria, con todas sus consecuencias.
Según estimaciones de especialistas, en promedio, el ingreso de las reducciones no cubre sino el 53% de sus necesidades. Aunque pueda ser discutible la posibilidad de cuantificar con cierta exactitud este tipo de datos, no cabe duda de que ellos sirven, y mucho, para dar una idea de la magnitud del problema. Por lo demás, quienquiera que posea algún conocimiento de la realidad indígena, debe concordar con que tales cifras son un reflejo bastante fiel de los hechos.
Personalmente, pienso que la apreciación del Ministro debe afinarse aún más, pues hay una diferencia bastante grande entre la superficie de propiedad de las reducciones y la parte que de ésta se dedica efectivamente al cultivo agrícola.
Según antecedentes dignos de fe, en Cautín, por ejemplo, no se cultiva sino 29 % de la tierra en poder de las reducciones; en Malleco, 18%; en Biobío, 27%; en Arauco, 12%, y en Valdivia, 10%. Y ello debido, por una parte, a que el clima, el empleo de una tecnología deficiente y el excesivo uso de la tierra dentro de una ecología desfavorable, han erosionado proporción importante de las tierras que pertenecen a los indígenas, como asimismo se debe a que estos últimos carecen de ayuda técnica y financiera suficiente para utilizar debida y plenamente los suelos disponibles. Si a ello se agrega que el crecimiento demográfico va aumentando paulatina y progresivamente la población indígena, resulta, entonces, que el problema de la tierra indígena es realmente explosivo. Piénsese, por ejemplo, que en Cautín, el mapuche debe vivir de lo que produce media hectárea; en Valdivia, de lo que rinde un cuarto de hectárea, y en Malleco, del producto de un octavo de hectárea.
El problema de la tierra es, por eso, tan grave y serio entre los mapuches, que tiene toda la razón el Ministro de Agricultura cuando afirma que ni aun restituyendo todas las tierras usurpadas se mejora el estado de miseria de los mapuches.
Así lo pensamos también nosotros. El problema indígena no puede encontrar solución, sino en un proceso industrializador acelerado que abra nuevas posibilidades de trabajo a quienes hoy no tienen más perspectivas que labrar la tierra. Esa es una de las grandes finalidades de la ley 17.444, que creó la Junta de Desarrollo Industrial de Biobío, Malleco y Cautín. Allí, como siempre, le corresponde a la industria, y nada más que a la industria, el papel dinámico insustituible de proporcionar trabajo a las generaciones que, de año en año, incrementan la población hábil de esas provincias.
Sería una vana ilusión pensar o hacer creer que el problema económico-social y cultural de los indígenas pueda solucionarse a través de la simple restitución de tierras, o aun mediante la asignación a los mapuches de tierras expropiadas a los latifundistas. El problema económico-social de una población que crece no se puede resolver sino por medio de una economía que también crece con ritmo igual o superior, y éste es el papel que, por su naturaleza misma, compete a la industria.
Pero, concuerdo con el Ministro de Agricultura en cuanto a que si bien es cierto que la recuperación, por parte de los mapuches, de las tierras que el propio Estado les entregó en merced, cuando se produjo la pacificación de la Araucanía, no resuelve el problema de miseria en que vive el mapuche, éste es un elemento subjetivo de la mayor importancia, y que, si no se considera, es muy difícil que los mapuches recuperen la confianza de que serán satisfechas sus demás aspiraciones. Este es, sin duda, un aspecto que no puede olvidarse o menospreciarse en la consideración global del proyecto.
Con el mismo fin, el proyecto contiene normas encaminadas a que el indígena se incorpore efectivamente a los beneficios de la reforma agraria, de los que, hasta no hace mucho, había resultado excluido en la práctica. Para este efecto, el proyecto dispone la obligación de que en el proceso de reforma agraria se incorporen los indígenas según la proporcionalidad que representen en la respectiva zona.
En el informe de la Comisión de Agricultura y Colonización, puede leerse que, a este respecto, el Ministro de Agricultura expresó que en la mayor parte de los predios que han pasado al sector reformado constituyendo asentamientos, la proporción de campesinos indígenas es mínima, comparada con el porcentaje de mapuches en el sector rural de la provincia correspondiente, lo que ocurre porque la discriminación, desgraciadamente, se ha producido también en los niveles campesinos.
El acceso de los mapuches a la tierra mediante la reforma agraria deberá - si no eliminar - por lo menos disminuir la tensión entre aspiraciones justas y realidades concretas. Más insistimos en que el problema económico del pueblo mapuche no puede resolverse sólo mediante la asignación de tierras, sino que ofreciéndole otras oportunidades para ganarse la vida, lo que, principalmente, es función irreemplazable de la industria.
El problema indígena, por cierto, no sólo tiene aspectos materiales o económicos, sino que, también, otros de orden cultural y educacional que, por su parte, influyen sobre los primeros, pues en gran medida las dificultades que ha encontrado el mapuche para emigrar a otras regiones del país o incorporarse a actividades diferentes a las del agro derivan de que su formación educacional y técnica es muy inferior a la del resto de los chilenos. Para darse una idea de lo que esto significa, pensemos que de una población indígena que puede estimarse en 500 mil personas, sólo 25 poseen títulos universitarios y no más de 300 son profesores primarios.
En general, puede afirmarse que el indígena ha estado marginado de la educación y la cultura, perdiendo así Chile muchas inteligencias, capacidades y aptitudes. No le falta razón a quien afirmó alguna vez que la condición de la reducción indígena es, por varios conceptos la de un ghetto. El niño mapuche recibe menos educación que el niño chileno. Encerrados en sus reducciones, con padres por lo general analfabetos, los niños mapuches no van a las escuelas de las ciudades o pueblos vecinos por falta de medios de locomoción o, lisa y llanamente, por carencia de los medios económicos más indispensables.
En Chile, como promedio, de cada 100 personas mayores de 15 años, 16 son analfabetos. En el pueblo mapuche la situación es muy distinta, abismantemente distinta: de cada 100 indígenas mayores de 15 años, 67 son analfabetos.
Para resolver el problema indígena, producto de una situación de evidente marginalidad, hay que integrar plenamente el pueblo aborigen a la comunidad nacional, a la sociedad chilena, a la vida del país. La experiencia de casos análogos demuestra que esa integración no puede ser fecunda, creadora y provechosa cuando se destruyen los valores propios del pueblo marginado, sino cuando esos valores se preservan y, en lo posible, se enriquecen y dignifican, como hay que hacerlo con los que reflejan las formas de la vida personal y colectiva de nuestro pueblo mapuche, que tiene su idioma, su historia, sus tradiciones, sus ritos religiosos y funerarios, su música y los instrumentos en que ella se expresa, sus danzas, sus juegos deportivos, etcétera. Hay que favorecer la toma de conciencia de esa cultura, tanto por parte del indígena mismo, lo que de algún modo ya sucede, como también por parte del resto de nuestra sociedad.
El Ministro de Agricultura manifestó en la Comisión que a través de los mecanismos de este proyecto de ley se pretende ir produciendo la paulatina integración de los mapuches a la vida nacional, pero respetando los valores culturales de ese pueblo, es decir, con igualdad de derechos frente a los demás chilenos, pero conservando las peculiaridades que le son propias, de manera tal que se produzca una verdadera integración y no una especie de sometimiento. Según sus palabras, le correspondería al Instituto de Desarrollo Indígena formular y llevar a cabo esa política integral de desarrollo de la población aborigen.
Del examen de las funciones y atribuciones del Instituto, de su Consejo y del Director Ejecutivo, no aparece muy claro que esta nueva entidad pueda actuar en los aspectos culturales de la integración, salvo la presencia del Ministro de Educación en el Consejo, lo que, en definitiva, significa muy poco, como todos sabemos, pues, de ordinario, las preocupaciones de un Secretario de Estado le impiden concurrir a sesiones, y con mayor razón, actuar en la promoción efectiva de lo que por sí constituye un proceso complejo y múltiple.
Por esta causa, no abrigamos mayores esperanzas al respecto, y tememos que el Instituto, que, según el artículo 47 del proyecto, sustituye a la Dirección de Asuntos Indígenas, seguirá preocupándose fundamentalmente de los problemas de la tierra.
Pensamos que en las siete provincias donde se concentra la población mapuche, debiera enseñarse en la educación básica idioma e historia mapuches, como, asimismo, incluirse en los programas correspondientes de la enseñanza media nociones más que elementales sobre legislación y cultura indígenas. Pensamos, también, que las universidades chilenas, en conjunto, debieran crear y organizar un gran instituto a cuyo cargo corran la investigación y difusión de la historia y cultura de los diversos pueblos aborígenes que han poblado nuestro territorio.
En todo caso, creemos que estas diversas iniciativas debieran constituir parte coordinada y articulada de un plan que tradujera la política de desarrollo integral indígena de que habla el proyecto como función principal del Instituto que se establece, y que ojalá sea una herramienta eficaz en la tarea de mejorar la condición económica de los indígenas y de integrarlos a la comunidad chilena, poniendo fin a una marginación odiosa, con marcados resabios colonialistas, que deben desaparecer en la nueva sociedad que los chilenos estamos forjando para abrir horizontes más generosos y amplios a todos quienes viven en esta tierra.
En la discusión particular del proyecto nos referiremos en detalle a sus diversos artículos y, en su oportunidad, presentaremos algunas indicaciones tendientes a complementarlo y perfeccionarlo. Pero, desde luego, anunciamos el voto favorable de la Izquierda Radical a la idea de legislar, por todas las consideraciones que ya hemos hecho valer.
El señor PABLO (Presidente accidental).-
Tiene la palabra el Honorable señor Ferrando.
El señor FERRANDO.-
Señor Presidente, entramos esta tarde a discutir en general el nuevo proyecto de ley que establece normas sobre indígenas.
En primer término, deseo subrayar, tal como se consigna en el informe de la Comisión de Agricultura, que la Corporación recibió la iniciativa el 23 de noviembre recién pasado y la Sala calificó de simple su urgencia al día siguiente. Que, en diez largas sesiones celebradas entre esta fecha y el 22 de diciembre, se terminó el primer estudio de este proyecto que venía de la Cámara con 31 disposiciones permanentes y 14 transitorias, y que el articulado que conoce hoy la Sala cuenta con 78 preceptos permanentes y 16 transitorios.
Como Presidente de la Comisión, creo necesario dejar constancia de nuestro reconocimiento por la eficiente labor desarrollada por el Secretario de la misma, don Rodemil Torres, y el oficial señor Sergio Núñez, quienes no sólo cumplieron las funciones propias de su cargo, en el sentido de recoger las opiniones que cada uno de los miembros de la Comisión va emitiendo, para luego elaborar el informe, sino que, estudiando previamente los problemas relativos a esta materia, nos entregaron continuamente valiosa, ordenada y eficiente información. Si algún significado especial o algún mérito tiene nuestro trabajo en la Comisión, se debe, en gran parte, al equipo de funcionarios del Senado, en este caso representados por los señores Rodemil Torres y Sergio Núñez, a quienes me referí.
Entrando en materia respecto de la iniciativa que establece nuevas normas sobre indígenas, debo decir que resulta curioso que en 1972 estemos hablando sobre el problema mapuche casi con el mismo interés con que se lo menciona en los documentos históricos relativos a los albores de esta pequeña colonia española, en las Pedro de Valdivia, de 1541 en adelante.
Al tratar los problemas de los mapuches y su situación actual, no es posible olvidar lo que ellos fueron. La antropología chilena, entre otras cosas, señala que, posiblemente, la presencia mapuche en nuestro territorio data de uno o dos siglos antes do la llegada del español. Atravesando la cordillera de los Andes, desde las pampas argentinas, se incrustaron como una cuña entre los aborígenes que poblaban el territorio, expulsando hacia el norte del Biobío a los picunches y hacia el sur del Valdivia a los huilliches. En ese sector, entre el Valdivia y el Biobío, se fueron asentando, y tuvieron como corazón de su tierra los valles de los ríos Cautín y Toltén.
La gente de esta zona tiene ciertas características, y aun hoy día uno comprende cuánta razón tuvo Alonso de Ercilla al describirla. Si uno observa el aspecto físico del mapuche, se convencerá de la efectividad de los versos de la segunda octava real de La Araucana, cuando dice: La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa... Estas palabras describen exactamente a ese hombre. Si éstas fueron sus características físicas, Ercilla también comprendió que, en lo espiritual, tenía otros rasgos que se definen en términos que parecen dichos al pasar, pero que encierran todo lo que su historia ha significado casi hasta nuestros días: gente que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida.
Efectivamente, pensemos que en el curso de la historia colonial americana no hubo ningún pueblo prehispánico, ni siquiera los de culturas más avanzadas, como el azteca, el inca, el chibcha o el muisca, que opusiera tanta resistencia al conquistador ibérico como la que opuso este grupo humano que no poseía una civilización avanzada; cuyo progreso material era escaso; que no concibió siquiera la vida en villas,
villorrios o aldeas, ni supo de la organización del Estado, y que vivió diseminado desarrollando un trabajo pastoril y reconociendo como única autoridad, más o menos inmediata, al jefe más antiguo de la tribu, del grupo de la misma sangre, vinculado por la tradición y la costumbre: la familia mapuche. No era más; pero tampoco era menos. Si hay algo que da consistencia a toda la organización social, es la célula familiar. Y si estas células familiares son sólidas tienen autoridad, una tradición definida e idénticas condiciones de vida, sin duda que el conjunto de esas células, la comunidad, proyectará las mismas características hacia el futuro.
Y si seguimos recorriendo la historia colonial americana, constataremos otro hecho: no hay en ninguna parte, durante toda la conquista o en el período posterior, algún jefe español del tipo de Hernán Cortés, Gonzalo Pizarro o Diego de Almagro, que haya muerto en la lucha con los aborígenes como ocurrió en Chile. Y no se trata sólo de Pedro de Valdivia. Hay muchos otros.
Dicho sea de paso, Pedro de Valdivia es considerado como uno de los hombres de armas de más alta preparación que llegaron a la tierra americana en la época de la conquista. No era un improvisado militar. Había actuado en las guerras de Italia y de Flandes. Había sido compañero y paje de Felipe II. No era un individuo desconocido éste que entregó su vida en Tucapel, en los últimos días de diciembre de 1554.
Digo que el de Valdivia no es el único caso. A fines del siglo XVI, Martín García Oñez de Loyola también entrega su vida luchando con los mapuches, en la batalla de Curalaba.
No hay otros ejemplos semejantes de resistencia en toda la historia colonial americana. Por eso, el Gobierno español llegó a concebir distintas fórmulas para dominar a este núcleo, con el cual resultaba difícil entenderse, pues no existía autoridad con la cual tratar. Así es como se ensayan todas las formas de sometimiento conocidas: la guerra ofensiva, la guerra defensiva, nuevos ataques, y, en fin, diversos sistemas para, en definitiva, convencerse de que la manera más práctica era, simplemente, no volver a tomar las armas, sino que tratar con los mapuches de igual a igual, a través de lo que llamaron sistema de parlamentos.
En 1641, Francisco López de Zúñiga firma el primer parlamento en Quillén, lugar ubicado entre las actuales ciudades de Perquenco y Lautaro. El último parlamento lo firman los españoles en 1803, representados por Luis Muñoz de Guzmán, en la ciudad de Nacimiento. Esta forma de entenderse con los españoles, no en calidad de vencido ni sometido, sino de igual a igual, subsiste hasta los días de la Independencia. Y durante esa gesta, el mapuche está algunas veces con los españoles y, otras, con los criollos. Sigue viviendo su vida. El país se encuentra, entonces, tajantemente separado por un territorio que, con razón, lleva hasta hoy el nombre de La Frontera. Chile estaba dividido en ese punto. Para comunicarse con Valdivia era preciso recurrir a la vía marítima, desde Talcahuano, pues la vía terrestre no ofrecía ninguna seguridad.
No sólo han entregado su vida en la lucha con los mapuches estos españoles ilustres y tantos soldados tantos, que al territorio de Arauco se lo llamó el Flandes indiano, por analogía con lo que a España le costaba mantener el dominio de las provincias flamencas de Europa, sino muchos otros que no es posible mencionar.
Fue necesario, entonces, buscar otro medio de pacificación y de culturización, y se llegó al que tal vez sea el único apto. El padre jesuita Luis de Valdivia inició un proceso que culminó con los únicos mártires de la fe cristiana en la historia chilera: Horacio Vecchi, Martín de Aranda y Diego de Montalván, quienes perdieron sus vidas por su fe en la sublevación de Anganamún, el 14 de diciembre de 1612, en Elicura. La historia los conoce, precisamente, con el nombre de los mártires de Elicura.
Llega el siglo XIX y aflora nuestra vida independiente. Los Gobiernos dejan que el problema mapuche se siga desarrollando. En realidad, no era entonces problema importante, pues no podemos olvidar que en el siglo XVIII, en política internacional, se aceptaba el derecho del más fuerte y se permitía tomar posesión de territorios a quien quería hacerlo si tenía capacidad para vencer y dominar a quien lo poseía. Y nosotros estuvimos a punto de sufrir esas consecuencias, puesto que un día de la década del año 1860, un francés, Aurelio Antonio de Tounéins, el 17 de noviembre de ese año, se proclamó Rey de la Araucanía, llamando al territorio La Nueva Francia. Sólo entonces, usando un término muy chileno, podría decirse que el Gobierno paró la oreja y estimó que era indispensable abordar en serio la pacificación de la Araucanía. Partiendo de las zonas de Los Ángeles, Mulchén, Collipulli y Angol, empezó la ocupación el General Cornelio Saavedra en los años 1860 a 1870; y sólo después de la Guerra del Pacífico terminó en definitiva ese proceso, cuando el 24 de febrero de 1881 se echaban las bases de la ciudad que hoy día es capital y centro de La Prontera, Temuco, a orillas del río Cautín.
Pero, ¿qué había que hacer con esa población aborigen? ¡Cuánta razón tenía el Honorable señor Baltra al referirse, en su discurso recién pronunciado, a la persistencia de este grupo étnico, tan pequeño en el conjunto de la nacionalidad, que ha permitido decir de Chile, y como de Uruguay y Argentina, que son los países racialmente más homogéneos de la América española! ¡Son sólo pequeñas islas de aborígenes! Pero una isla muy importante es la formada por este pueblo, que a través de cuatro siglos conserva costumbres, lenguaje, idioma, tradiciones familiares y lugar de vida.
Cabe preguntarse a estas alturas de la exposición: ¿se ha hecho algo por el pueblo mapuche? Debería responderse que sí. El Gobierno, mediante leyes y decretos, fue tratando de abordar el problema, porque no usó la política colonizadora inglesa, que era la del exterminio del indígena, el sistema más fácil para lograr la uniformidad racial. Aquí se abordó el problema en forma más difícil: se trató de incorporar al aborigen a la vida de la nación. Así, el 4 de diciembre de 1866, en una ley firmada por el Presidente don José Joaquín Pérez y su Ministro del Interiordon Federico Errázuriz, se establecen las primeras normas sobre ubicación del mapuche en la tierra que le corresponde, cuyos límites deberán señalarse en un mapa otorgándoles la correspondiente merced en nombre de la República. Estas normas se perfeccionaron en 1874, mediante una ley firmada por el Presidente Federico Errázuriz, y por Adolfo Ibáñez, que actuaba como Ministro de Relaciones Exteriores, cartera en donde radicaba, en ese entonces, todo el problema de la tierra. La ley de 1883, dictada bajo el Gobierno de don Domingo Santa María, después de haberse ocupado la Araucanía, es tal vez la que liega más a fondo en el problema de la radicación. Bajo el imperio de todas esas normas, se establecen las primeras de esas zonas de radicación.
Desde entonces, hay un salto bastante grande, que corresponde, a mi juicio, al gran salto que Chile dio durante los años de 1883 a 1927, que fueron saltos en el vacío, los años muertos de nuestra historia nacional, cuyas consecuencias hoy estamos viviendo.
Hasta esa época Chile era un ejemplo entre los países americanos; pero después de 1881, o sea, después de la Guerra del Pacífico, tal vez la riqueza que momentáneamente se derramó sobre nuestra patria con el salitre, mató muchas de las virtudes cívicas del pueblo chileno y lo encaminó hacia la etapa de acción política que nosotros conocemos con el nombre de parlamentarismo, que se inició en 1891, época en la cual se vendió nuestra riqueza al extranjero y Chile perdió gran parte de sus virtudes.
Esa etapa también se traduce en el problema que nos ocupa: desde 1883, ninguna otra norma sobre el particular, sino hasta 1927. Después tenemos las leyes dictadas en 1930, en 1931 y en 1961, año en que se promulga la última ley, la Nº 14.511, a la cual modifica el proyecto en debate.
Me estoy refiriendo expresamente al mapuche, aunque el proyecto es de indígenas, porque los otros grupos aborígenes, constituidos en el extremo austral por los onas, yaganes y alacalufes y por alguna representación de los indios chonos, en el archipiélago del mismo nombre, al sur de la isla de Chiloé; por los diaguitas, en Atacama, y por otros indígenas en el altiplano de Arica, en la provincia de Tarapacá, son demasiado pequeños comparados con el pueblo mapuche.
Decía que el problema se trató de solucionar mediante la ocupación del territorio que constituye el habitat de los mapuches, con el objeto de terminar con el desmembramiento de la zona sur, que se encontraba separada del resto del país por el sector denominado La Frontera.
Los que hemos cumplido una cincuentena y hemos viajado algunas veces al sur en nuestros años de niñez, no podemos olvidar la costumbre del inspector de Ferrocarriles de ir anunciando de trecho en trecho el nombre de las estaciones. Pues bien, cuando uno se acercaba a a esa región el inspector decía: Río Claro, Turquía y San Rosendo, trasbordo a La Frontera. Era el trasbordo a una nueva tierra, era una nueva frontera que se había abierto para Chile y que hoy día está plenamente incorporada a la nacionalidad chilena.
Pero cabe preguntar si en la concepción actual se pretende conservar al mapuche como tal o integrarlo a la vida chilena. Son ésas las respuestas básicas que se deben tener para abordar el problema. Me da la impresión de que en muchos chilenos existe una especie de tradición sentimental vinculada a los nombres históricos o legendarios de los mapuches, a sus héroes mitológicos, al canelo, a la flor del copihue, fenómeno que se traduce en el deseo de conservar al mapuche con sus costumbres ancestrales, su forma de vida, su tradición, como lo era cuando llegó el conquistador. Me parece que ésa no puede ser la visión del hombre de Gobierno en la década del setenta. Lo que debemos hacer es incorporar efectivamente a ese hombre a la nacionalidad y a la vida chilenas, sin que se pierdan sus tradiciones, porque entrañan un aporte cultural y folklórico del cual nos podemos sentir orgullosos. Y al decir incorporarlo efectivamente a la nacionalidad y a la vida chilenas, me refiero a nuestra cultura, a nuestras leyes, pero no a las de excepción ni de protección, porque el mapuche no es un menor de edad y, en consecuencia, no va a necesitar normas de esa índole cuando se incorpore plenamente a nuestra cultura. No estamos con la tesis de mantenerlo como indígena, en el plano de desarrollo cultural alcanzado hasta ahora. Estamos con la tesis de integración dentro de la nacionalidad chilena.
Por eso, en este proyecto de ley hay que ver cuáles aspectos son realmente útiles para alcanzar esa meta, pues hay algunos que son regresivos. Es favorable, por ejemplo, el hecho de terminar con una legislación especial: la de los juzgados de indios. ¡No, señor! Son chilenos y se incorporan a la judicatura común, a la ley común, a la justicia común, que les permitirá acogerse a las normas que rigen para todos los chilenos y encontrar en cada departamento o comuna importante de la zona jueces que atiendan sus problemas, sin tener que hacer viajes largos y a veces inútiles para buscar a un juez de indios que pueda tramitar sus peticiones, querellas o demandas.
Durante los muchos años que he convivido con los mapuches en la zona de
Cautín, viendo y estudiando sus problemas, les he oído decir que los archivos de los juzgados de indios son los lugares en donde están las lágrimas que significan la pérdida de sus bienes o, muchas veces, el robo de ellos o la muerte de sus seres queridos. Creo que no es ni tanto ni tan poco; pero, sin duda, la legislación indígena no ha sido la más correcta ni la más perfecta que se quiso dar, seguramente con otro espíritu, pero que se manejó en forma poco digna para la tradición de la justicia chilena. De manera que su incorporación al régimen común de la judicatura chilena y a la justicia ordinaria del país, a mi juicio, constituye un paso importante para la integración del mapuche a la nacionalidad.
Hay otros aspectos que me parecen regresivos. Y en una discusión general, creo útil hacerlos presentes.
El régimen de comunidad o el de merced nunca fue concebido por los legisladores de 1866, 1874, 1883, 1927 y 1931 como un sistema permanente. Y no podía serlo, porque cuando se otorgaba una merced a una familia o a grupos mapuches, presididos por un toqui Equis, llámese Millapán o como se quiera, en el título correspondiente se establecía que la tierra se entregaba por partes iguales a Millapán o a sus esposas, Rosa con tales hijos; Mariquita con tales y cuales; Carmen con estos otros, y otra serie de personas individualizadas sólo con el nombre, como Rosa y los hijos Francisco, Pedro y Manuel. Por último, se solía mencionar a las personas sin nombrarlas, y aun a los sobrinos ¡sepa Dios quién es ese sobrino! ya un entenado.
Leer los documentos mediante los cuales se constituyen esos títulos de merced sería realmente interesante y curioso, desde el punto de vista de la historia, si no fuera tan doloroso desde el punto de vista humano.
Naturalmente que las 200, 280, 300 o 350 hectáreas el otorgamiento de más de 300 hectáreas requería la aprobación del Presidente de la República o, en su defecto, de la Comisión Radicadora que se entregaban a ese grupo, compuesto en ese entonces de alrededor de 30 o 35 personas, no eran una superficie pequeña ni una unidad económica agrícola despreciable. Pero esa entrega no era permanente, sino transitoria, y desde 1883, año en que se hace la primera adjudicación, hasta hoy han transcurrido cerca de 100 años, ese grupo primitivo se ha más que cuadruplicado. Entonces sí que cuando entra a hacerse la división de la comunidad en relación con el número de personas, resultan las cifras que oímos hace un momento: menos de una hectárea por persona, aunque no es la regla general. Las leyes anteriormente señaladas permitieron que, transcurriendo el tiempo, pudieran, cumplidas ciertas condiciones, dividirse las comunidades y hacer a cada indígena dueño del terreno que le correspondía como comunero en la propiedad habida por el título de merced. Esa parcela de la cual se hacía dueño se inscribía en el Registro de Bienes Raíces y se constituía en una propiedad común, como cualquier propiedad chilena. Desde ese momento esa tierra dejaba de ser suelo indígena. Su dueño, cumplido cierto período de tiempo, podía transarla o venderla, y, vendida, la compraba cualquier persona, ya fuera otro indígena o un chileno uso el término chileno para separar simplemente, porque tan chileno es el uno como el otro; lo empleo para entendernos en el lenguaje en que estamos hablando y en el problema que queremos resolver; éste la vendía a otro, y así sucesivamente. En este sentido, estimo que el proyecto en discusión es regresivo. Trataremos de mejorarlo en este aspecto, y de hecho ya le hemos introducido algunas modificaciones. El proyecto del Ejecutivo, aprobado por la Cámara, establece que incluso aquellas parcelas de las comunidades que se dividieron, que se inscribieron y que se enajenaron de acuerdo con todas las normas de la ley, vuelven a ser tierra indígena, se reincorporan al patrimonio de los indígenas, se retrotraen a la situación que tuvieron en el pasado, cualesquiera que sean las circunstancias y pese al tiempo transcurrido. A mi juicio, si lo que se pretende es la integración, en esta parte de la iniciativa hay un paso regresivo.
Por eso, presentaremos indicaciones sobre la materia a fin de avanzar y consignar fórmulas que permitan al mapuche convertirse en lo que él quiere mayoritariamente: ser dueño de la parte que le corresponde en la comunidad. Hay quienes no lo desean. Por lo general, los que no quieren la división de la comunidad son aquellos que dentro de ella tienen, injustamente, la mascada más grande, y por eso, como es natural, se oponen. Tienen lo que les corresponde más lo de otros miembros de la comunidad, que no les pertenece. Como es natural, quienes están en esa situación prefieren mantenerla y que no haya división.
No es ése nuestro punto de vista. Creemos indispensable llegar a la división de la comunidad. Facilita enormemente el proceso un aspecto favorable del proyecto de ley en discusión: señalar como ausente en cuanto al derecho de tierra a aquel que durante un período superior a un año no haya vivido ni trabajado en la tierra de la comunidad, a no ser que su ausencia se deba a motivos especialmente justificados, como serían, por ejemplo, enfermedad, estudios, servicio militar u otras razones que ha de calificar no sólo el Instituto de Desarrollo Indígena, sino también el juez de letras del departamento correspondiente.
Hay, pues, en el proyecto en debate materias realmente importantes, y otras no tanto
El pueblo mapuche tiene puestos los ojos en esta iniciativa, pues estima que en ella está la panacea de su problema, la consumación de sus ambiciones. Pero no hay tal. El mismo señor Ministro, ante una consulta hecha en un momento de su exposición por el Senador de la Octava Agrupación Honorable señor Fuentealba, en cuyo nombre también hablo, sobre los alcances que le daba a esta ley en proyecto y si el Gobierno ha estudiado la posibilidad de resolver en su integridad el problema a través de ella, respondió que la presente iniciativa es, efectivamente, un paliativo sólo en el aspecto de restitución de tierras; pero que, además de ser un paliativo en esa materia, que es la que más preocupa hoy día a los mapuches, existe la posibilidad de definir una política global futura a través del Instituto de Desarrollo Indígena.
Señor Presidente, no deseo extenderme mucho en esta exposición general sobre el proyecto. Pero antes de terminar quiero dejar establecido que en él se estudia el problema en diversos capítulos. Su Título I trata De los indígenas y de las tierras indígenas; y su título II, Del Instituto de Desarrollo Indígena. Y en esta parte me hago otra vez con inquietud una pregunta, que con la misma inquietud me respondo. Hace tiempo se creó el Ministerio de Tierras y Colonización por un lapso determinado, en forma provisional, hasta que se distribuyeran las tierras fiscales y se resolvieran otros problemas que se le entregaron.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Se llamaba propiedad austral.
El señor FERRANDO.-
Efectivamente, señor Senador.
Sin embargo, dicho Ministerio ha permanecido.
Lo que se quiere es llegar a la integración a la vida chilena del ciudadano de origen mapuche. Para ayudar a este proceso, se crea un instituto con muy amplias facultades; tan amplias, que resulta difícil precisarlas, y me parece que también será difícil usarlas y explicarlas, porque va a tener atribuciones para actuar en créditos, en tierras, en salud, en educación, en todos los aspectos de la vida del indígena. Si se quiere su integración a la vida nacional, y para eso se crea el Instituto, también habrá que ponerle una fecha de término a su función. ¿O el proceso va a durar otros cien años? Concuerdo en la necesidad de disponer, mediante los presupuestos, de los dineros correspondientes para abordar problemas importantes; pero también considero indispensable señalar un término a ese proceso, plazo que no es difícil establecer, porque si bien se emplea la palabra indígena, y al usarla uno casi piensa en un ser medio primitivo, nuestro indígena mapuche no es un individuo primitivo. Es un chileno que ha tenido la posibilidad de alcanzar, dentro de los medios de todos los chilenos de la zona, una educación escolar, mínima o máxima; no le tiene miedo a la educación ni a entrar a la ciudad; para él el tren no es una cosa que le espante; es un hombre que se ha incorporado a la civilización, que se ha atendido medicinalmente en el hospital, que compra sus remedios en la farmacia; trabaja la tierra con las maquinarias, recurre al crédito, va al banco. Y entonces, ¿en qué se diferencia del chileno común y corriente de la zona? ¿En que uno se llama Ignacio Huenchullán Lincoqueo y otro Manuel Pérez Soto? No son diferentes. Es lo mismo que se dijera que por llevar apellidos alemanes un señor Diputado, gran amigo para mí, que se llama Oscar Schleyer Springmuller, no es chileno. Para mí son también chilenos, aunque lleven los apellidos raciales que les corresponden.
Por eso, creo que el Instituto de Desarrollo Indígena tiene una función que cumplir relativamente fácil en ciertos aspectos, porque el gran proceso de integración está terminado cuando el individuo se incorpora a una forma de vida que comparte con los demás en igualdad de condiciones. Y casi llego a pensar que nuestro indígena, frente al campesino a quien llamamos chileno en oposición al mapuche, está en algunos aspectos en condiciones intelectuales superiores por ser, incluso, un individuo bilingüe. Mientras que el campesino llamado chileno apenas habla español, aquél habla español y araucano. Y, ¡vaya que es importante para el desarrollo de la mente el dominio de dos sistemas de expresión!
Es muy importante considerar estos hechos en la realización del trabajo del Instituto de Desarrollo Indígena. Sin duda, debe hacerse un esfuerzo cultural serio; pero no un esfuerzo diferenciado entre el mapuche y el chileno, pues de esa manera no estamos haciendo la integración, sino, precisamente, manteniendo la desintegración. Al respecto, hay algo especialmente importante para nosotros: Chile tiene una uniformidad racial que lo enorgullece y que es tal vez una de las causas principales de su progreso y desarrollo entre los países del continente americano.
Por último, hay una serie de disposiciones generales, indispensables principalmente al modificar el sistema judicial, que regulan la forma como los procesos que actualmente se tramitan por intermedio de los juzgados de indios van a pasar a la justicia ordinaria.
Después, se consignan disposiciones transitorias sobre personal, porque si bien hasta ahora todo lo relacionado con el régimen de la vida indígena en Chile estaba en manos de la Dirección de Asuntos Indígenas, que formaba parte del Ministerio de Tierras y Colonización, la ley en proyecto crea para ello el Instituto de Desarrollo Indígena, que no pertenecerá a dicha Secretaría de Estado, sino que se relacionará con el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, habrá traslados de funcionarios y de bienes, y a ello se refiere gran parte de las disposiciones generales del Título III.
Señor Presidente, yo quisiera que durante el estudio de este proyecto lográramos encontrar, Parlamento y Ejecutivo, una ecuación justa que nos lleve a resolver efectivamente algunos de los problemas más importantes, a cuya solución legal tienen derecho los habitantes de esa zona; pero que se resuelvan mediante el apoyo nacional, porque es injusto lo que normalmente ocurre con las zonas que representamos : cuando se hacen los estudios del rendimiento per cápita en las provincias, nos sacan la cuenta dividiendo los ingresos por el total de los habitantes, sin tomar en consideración para nada la situación de inferioridad en que la ley ha colocado al mapuche ni las circunstancias especiales que rodean su vida. Eso es perjudicial para la zona, porque ella es la que carga con la responsabilidad de buscar la manera de lograr su desarrollo, en circunstancias de que debiera ser una preocupación del país entero.
Por eso, es buena la medida adoptada por el Ministro de Hacienda en el sentido de financiar ese organismo, no mediante un sistema tributario que implique ocupar recursos zonales, sino consignando los fondos pertinentes en la ley de Presupuestos, fijándose un porcentaje para resolver el problema analizado, que no afecta sólo a la región, sino a todo el país.
Señor Presidente, creo interpretar a mis Honorables colegas de la Democracia Cristiana al anunciar que aprobaremos en general el proyecto.
Dejo planteada, desde ya, la petición de que el plazo acordado por los Comités para presentar indicaciones venza al mediodía del lunes 10 de enero, para permitir redactarlas, imprimirlas en Secretaría y trabajar el martes en la discusión particular. Formulo esta solicitud a fin de posibilitar el despacho del segundo informe dentro del plazo de la urgencia. Es preciso recordar que el Ejecutivo, al vencer la primitiva urgencia, la retiró, renovándola posteriormente en los últimos días de diciembre.
El señor LUENGO.-
Señor Presidente, el tema que el Ejecutivo somete a nuestra consideración mediante el proyecto en debate da margen para largas disquisiciones de orden histórico, costumbrista y cultural con relación a la raza indígena chilena.
El Honorable señor Ferrando, profesor de historia, hizo un largo recuerdo de la vida de nuestra población aborigen. Los poetas han cantado sus proezas y los escritores han hecho largas narrativas a propósito de sus costumbres.
No me corresponde a mí tocar este aspecto del problema. Quiero ser más pragmático e ir directamente a los motivos fundamentales que el Gobierno tuvo para enviar la iniciativa.
Sin embargo, deseo empezar mis observaciones señalando que desde hace mucho tiempo el legislador se ha preocupado en forma principal de la situación de los indígenas. Se han dictado numerosas disposiciones legales tendientes, en su espíritu, a defenderlos, a procurarles una situación que les permita desenvolverse normalmente, dadas las condiciones culturales a que siempre estuvieron sometidos. Pero la verdad es que, en definitiva, toda esa legislación no ha dado un fruto aceptable. Se ha cambiado de sistema en varias oportunidades. Normalmente, se sostenía que el indígena, en la práctica, era un menor de edad, un hombre que no podía obrar por sí mismo, que necesitaba la tutela de algún organismo del Estado. Los textos legales pertinentes, particularmente el decreto 4.111, no dieron el resultado esperado. Y aun cuando pretendieron amparar al indígena en la propiedad de su tierra, éste siempre salió frustrado; siempre estuvo presente la habilidad de los huincas, quienes en una forma u otra supieron negociar con los indígenas y cómo violar las normas legales respectivas para realizar con ellos operaciones de enajenación, de arrendamiento o de otro tipo respecto de sus tierras, que eran precisamente lo que la ley pretendía defender. Así, se fue originando, sobre todo en la zona comprendida entre Malleco y Cautín, lo que muchos han dado en llamar el problema indígena de Chile.
En nuestro país hay alrededor de 800 mil indígenas. De ellos, cerca de 5G0 mil pertenecen a la raza mapuche y se hallan fundamentalmente en las provincias de Malleco y Cautín. Estos hombres han ido sufriendo en forma paulatina, a pesar de las leyes proteccionistas, la usurpación de sus tierras. En verdad, con este nombre deberíamos señalar todas las maniobras realizadas por los chilenos que les han comprado sus terrenos a vil precio: a veces, por unos cuantos litros de vino; en otras ocasiones, por algunas piezas de vestir que, por supuesto, de ninguna manera equivalían al valor de las tierras que con ellas se compraban.
Por eso, el problema se fue agravando de manera permanente.
El legislador dictó en 1961 la ley 14.511, que, para la época, se estimó que defendería a los indígenas ante las difíciles situaciones que vivían, y que podía tratarse de una legislación definitiva. Sin embargo, dicha ley nació con un pecado original; contenía el veneno que la iba a hacer ineficiente. Y ese veneno es el artículo 69, que dice:
Fallado en definitiva un juicio sobre restitución, el ocupante podrá solicitar, por intermedio del Juez de Letras de Indios respectivo, en el término de treinta días contados desde la notificación del cúmplase, la expropiación de que habla el título correspondiente de esta ley y, en este caso, el Juez esperará la resolución gubernativa para disponer o no el cumplimiento de la sentencia. Dicha resolución gubernativa deberá adoptarse dentro del plazo de seis meses transcurrido el cual sin que se hubiere dictado aquélla, el Juez procederá sin más trámite a dar cumplimiento a la sentencia.
El señor AYLWIN (Presidente).-
¿Me perdona, señor Senador?
El Orden del Día termina a las 17.45 y hay un acuerdo de Comités para destinar los últimos diez minutos al estudio de dos proyectos. Al mismo tiempo, existe acuerdo para despachar la iniciativa en debate en esta sesión.
Si actuáramos estrictamente, deberíamos dar por terminada en este instante la discusión y votar el proyecto en estudio. Pero, por acuerdo de la Sala, el Orden del Día podría prorrogarse por un lapso limitado, a fin de que el Honorable señor Luengo terminara sus observaciones y los Senadores señores Durán, quien está inscrito, e Ibáñez formularan las suyas, fijándose hora de votación. En consecuencia, el Orden del Día se entendería prorrogado por ese tiempo, más los diez minutos que deben destinarse al despacho de las iniciativas a que me referí.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
¿Qué propone la Mesa?
El señor AYLWIN (Presidente).-
¿Cuánto tiempo le falta Honorable señor Luengo?
El señor LUENGO.-
No lo podría precisar; pero calculo que deben de ser veinte minutos.
El señor AYLWIN (Presidente).-
¿Cuánto tiempo necesitarían los Honorables señores Durán e Ibáñez?
El señor DURAN.-
Veinte minutos.
El señor IBAÑEZ.-
Quince o veinte minutos.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Podría prorrogarse el Orden del Día por 45 minutos, sobre la base de que cada uno de los señores Senadores que van a intervenir dispondrán de quince minutos.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
En esas condiciones daríamos nuestro acuerdo.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Habría que considerar también los 10 minutos que deben destinarse a los dos proyectos de que hice mención.
El señor LUENGO.-
Trataré de terminar lo más pronto posible mis observaciones. Sin embargo, pienso que previamente debió adoptarse un acuerdo para distribuir el tiempo. Porque sucede que otros señores Senadores hablaron durante 45 minutos, y ahora se repartirá el mismo tiempo entre tres oradores.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Su Señoría es Comité y pudo sugerir la adopción de un acuerdo de tal naturaleza.
¿Habría acuerdo para proceder en la forma que señalé?
El señor Secretario me informa que no hay quórum de votación.
El señor DURAN.-
Se podría adoptar un acuerdo de Comités en el sentido de que los Senadores inscritos que no hemos usado de la palabra pudiéramos intervenir durante la discusión en particular.
El señor AYLWIN (Presidente).-
¿No sería preferible eso: que lisa y llanamente, conforme a una resolución de los Comités, los Honorables señores Luengo, Durán e Ibáñez formularan sus observaciones al discutirse el segundo informe?
El señor LUENGO.-
Estoy de acuerdo con esa proposición. Pero, de todas maneras, pido que se me concedan algunos minutos - podrían ser diez - para redondear ciertas ideas.
El señor DURAN.-
Si el inconveniente para que nos otorguen tiempo radica en que no hay quórum de votación; de modo que no es posible adoptar ningún acuerdo.
El señor AYLWIN (Presidente).-
En este momento hay quórum.
¿Habría acuerdo para prorrogar el Orden del Día por 45 minutos, sobre la base de que cada uno de los señores Senadores inscritos disponga de 15 minutos?
El señor PABLO.-
Me opongo, señor Presidente, no porque no desee escuchar a mis Honorables colegas, sino por temor a que posteriormente no haya quórum para votar el proyecto en debate y las dos iniciativas a que se refirió el señor Presidente, que deberán despacharse hoy, en virtud de un acuerdo de Comités.
Soy partidario de la proposición que formuló el Honorable señor Durán: otorgar durante la discusión particular quince minutos a cada uno de los señores Senadores inscritos que no han usado de la palabra.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Si no hay acuerdo, deberá votarse inmediatamente el proyecto en discusión, a fin de posibilitar el cumplimiento del acuerdo que adoptaron los Comités en cuanto a despachar la iniciativa en esta sesión. Ello sin perjuicio de que la Mesa sugiera la adopción de un acuerdo de Comités para otorgar tiempo durante la discusión particular a los Honorables señores Luengo, Durán e Ibáñez.
Lamentablemente, debo someter a votación general el proyecto que establece disposiciones a favor de los indígenas.
El señor LUENGO.-
En todo caso, señor Presidente, ¿no podría solicitar el acuerdo de la Sala para que se me concedan cinco minutos?
El señor AYLWIN (Presidente).-
No hubo acuerdo, señor Senador.
El señor LORCA.-
Su Señoría puede fundar el voto.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Cerrado el debate.
En votación general la iniciativa.
(Durante la votación).
El señor LUENGO.-
Deploro que no se haya producido acuerdo en la Sala para permitir a los Senadores por lo menos al que habla terminar sus observaciones en la discusión general del proyecto.
Hay una serie de antecedentes que se pueden dar sobre la materia, y que deben ser expuestos en esta oportunidad, no posteriormente cuando la iniciativa se discuta en particular. Ciertamente, se ha procedido en esta forma en otras ocasiones, pero con la diferencia de que todos los Senadores han dejado pendientes sus intervenciones para el trámite posterior. No se ha realizado una discusión fraccionada, como ocurriría en esta oportunidad, en que se ha escuchado la palabra de dos señores Senadores y lo que podríamos denominar la introducción del discurso de un tercer Senador, quedando dos parlamentarios inscritos que no alcanzaron a intervenir.
Debo señalar, grosso modo, que el proyecto del Ejecutivo introduce algunas normas e ideas nuevas que permitirán lo que todos los sectores deseamos respecto de los indígenas de Chile, particularmente de los mapuches, que viven en la zona que yo represento ante el Senado: integrarlos a la comunidad nacional, proporcionándoles la posibilidad de mayor educación y cultura, lo cual hará posible desligarlos de las labores de cultivo en los minifundios, que hasta el momento ha constituido prácticamente su actividad permanente. Mediante la iniciativa en debate tendrán la posibilidad de alcanzar un grado superior de educación y cultura, aprender diversas profesiones para convertirse mañana en ciudadanos capaces de desempeñarse con eficiencia en otras zonas del país y en otras capas de la población.
Deploro nuevamente no haber dispuesto del tiempo suficiente para exponer mis ideas sobre la materia. En todo caso, ruego al señor Presidente que, como no nos fue posible intervenir en esta oportunidad, recabe el acuerdo de los Comités para que durante la discusión particular del proyecto dispongamos del tiempo necesario para terminar nuestras observaciones de carácter general quienes pretendimos hacerlo en esta sesión.
Voto que sí la idea de legislar.
El señor DURAN.-
No solamente lamento no poder plantear mis puntos de vista sobre el proyecto en discusión, sino
que, además, debo expresar mi disconformidad aun cuando ello pueda alcanzar a mi propio Comité sobre un tipo de acuerdo que en el fondo implica una forma bastante precipitada de legislar, no sólo con relación al proyecto que nos ocupa en esta instante, si bien durante la discusión particular tendremos oportunidad de destacar lo incompleto que es, sino que, además, por estimar que materias complejas y extraordinariamente amplias no pueden ser tratadas por esta Corporación como corriendo contra el tiempo.
El señor LUENGO.-
No se extrañe de ello, señor Senador, porque inclusive se han votado aquí reformas constitucionales sin discutirlas.
El señor DURAN.-
Suele pasar también, señor Senador.
El señor LUENGO.-
Ha ocurrido.
El señor DURAN.-
Y es común que tanto el Gobierno como los partidos en uno de los cuales milita Su Señoría estimen que es conveniente que el Parlamento hasta desaparezca, para que se haga sólo la voluntad del Ejecutivo.
El señor LUENGO.-
Nosotros no nos hemos opuesto a que se discuta el proyecto.
El señor DURAN.-
Pero Sus Señorías habitualmente formulan críticas al Congreso por estimar que es lento en el despacho de los proyectos de ley. A los Senadores de la Unidad Popular les sucede algo parecido a lo que les ocurrió un poco a los cubanos: primero fusilan y después preguntan.
Creemos que lo lógico es que este tipo de iniciativas se discutan, sobre todo por tratarse de materias muy amplias y complejas.
El señor LUENGO.-
Su Señoría está equivocado, porque siempre he sido gran defensor del Congreso y nunca he estado en contra de él, como lo supone el señor Senador.
El señor AYLWIN (Presidente).-
¡Honorable señor Luengo, está fundando el voto el Honorable señor Durán!
El señor DURAN.-
Le concedería al inquieto Senador señor Luengo una interrupción, pero el Reglamento me lo prohíbe, porque estoy fundando el voto.
El señor LUENGO.-
El inquieto es Su Señoría, pues dice cosas que no corresponden a la verdad.
El señor DURAN.-
Sí corresponden, señor Senador.
El propio señor Presidente advierte cómo el hábito que tiene Su Señoría de interrumpir, contra el Reglamento, viola inclusive la tolerancia de todos sus colegas.
Votaremos favorablemente la idea de legislar y, dentro de lo posible, trataremos de buscar fórmulas aun cuando sean de parche para corregir el enfoque hecho por el Gobierno acerca de este grave problema en la convivencia, especialmente desde Osorno hasta Concepción, fundamentalmente en las provincias de Cautín y Malleco.
A nuestro juicio, lo esencial es buscar un camino, como el que aquí se ha señalado, de integración. Consideramos que una política que pretenda dividir en dos grupos raciales a los chilenos y a los descendientes de araucanos, creará problemas de convivencia ante la imposibilidad de integrarse.
De ahí que formularemos indicaciones para resolver tal situación, y si se acuerda, como creo que ya lo acordó esta Corporación, conceder a los Senadores inscritos que no alcanzaron a intervenir en esta oportunidad, un tiempo no superior a los veinte minutos durante la discusión particular, formularemos otras observaciones, sin perjuicio de hacer uso de la palabra en el debate particular para ir señalando nuestros puntos de vista.
Los Senadores de la Democracia Radical votamos favorablemente la idea de legislar.
El señor IBAÑEZ.-
En verdad, en materias de la complejidad que ésta reviste, es imposible alcanzar a señalar siquiera ideas generales en los breves instantes de que disponemos para fundar el voto. Por eso, deberé hacer presente la opinión del Partido Nacional en el debate que espero se nos permita realizar al iniciarse la discusión particular de la iniciativa. Al respecto, me permito solicitar al señor Presidente que cuando realice las gestiones pertinentes ante los Comités, considere un tiempo no menor de veinte minutos para cada uno de los Senadores inscritos que no alcanzamos a intervenir. Ojalá pudiese ser media hora, dada la importancia de la materia.
En líneas muy generales, quiero señalar sólo que nuestro propósito es facilitar una auténtica integración de ese sector de chilenos al que, por circunstancias históricas, primero, por inercia, después, y ahora, por el propósito claro y deliberado de este proyecto, se pretende dejar marginado de los derechos que tienen los demás habitantes de la república.
Estimamos que ha llegado el momento de otorgar a ese importante núcleo de chilenos las prerrogativas de que gozan todos los ciudadanos de nuestro país, tanto más si se considera que ya se les ha concedido algunos derechos esenciales que implican el reconocimiento de su grado de educación y el nivel de su cultura. Me refiero, desde luego, a los derechos cívicos de que ellos gozan, y particularmente, también, a los propósitos de esta iniciativa tendiente a entregarles tierras valiosas, lo cual involucra conocimientos agrícolas y empleo de alta tecnología, para obtener de ellas los rendimientos que el país necesita.
Por tales circunstancias, y atendiendo también al hecho de que Chile ha suscrito numerosos instrumentos que lo han colocado oficialmente en posición opuesta a todo tipo de discriminación racial, como es la que se pretende establecer mediante esta iniciativa, creemos que ella deberá ser modificada para otorgarles a estas personas el goce pleno de sus derechos civiles, al igual que los demás ciudadanos.
En cuanto a la asignación de tierras agrícolas, habré de explicar, cuando me corresponda intervenir, que tanto por con sideraciones de carácter histórico como por la sicología de los descendientes de araucanos, y por la tradición que ellos han cultivado, este régimen colectivista al cual se las quiere dejar sometido es absolutamente contrario a su idiosincrasia.
Oportunamente formularemos las indicaciones pertinentes para que los descendientes de araucanos que deseen dedicarse a la agricultura puedan hacerlo poseyendo en propiedad las tierras que la ley acuerde otorgarles; pero, en ninguna forma, dejándolos sometidos a un régimen de tipo colectivista, con el carácter de menores de edad y bajo la tutela de un organismo administrativo, como el que se propone en al proyecto que estamos discutiendo.
Hechas estas breves y someras salvedades damos nuestros votos afirmativos, a fin de rectificar lo que hubiese de equivocado en la legislación vigente y de que se recoja la experiencia que aconseja modificar la situación de los descendientes de aborígenes, otorgándoles, como dije, plenos derechos civiles y ciudadanos.
El señor PALMA.-
Votaré de acuerdo con la opinión ya expresada por el Honorable señor Ferrando, quien hizo presente el criterio de nuestra colectividad. Sin embargo, me veo en la obligación de hacer algunas rectificaciones a las afirmaciones que alcancé a escuchar al Honorable señor Baltra, las cuales, aun cuando tratan de detalles, son importantes.
En realidad, la preocupación por los problemas relacionados con los indígenas tiene una larga historia en el país y ha dado lugar a numerosas leyes, que ha sido necesario ir rectificando en la medida en que las condiciones van cambiando.
Sólo deseo dejar constancia - y para aso pedí la palabra - de que durante el Gobierno de Gabriel González Videla, en el cual me correspondió desempeñar el Ministerio de Tierras, designamos una comisión que, después de trabajar casi dos años, elaboró un extenso informe con numerosos antecedentes, que dio lugar a un proyecto de ley cuya suerte, por desgracia, desconozco, por cuanto en esa época dejé dicho Ministerio. Lo menciono porque, a mi juicio, consignaba muchas de las inquietudes que los señores Senadores han expuesto en este instante. Por ejemplo, abarcaba no sólo problemas referentes a la tierra de por sí importantes, sino también todo un procedimiento para integrar a ese grupo humano compuesto especialmente por los indígenas de la zona sur, a la vida común de los chilenos, proporcionándoles todas las ventajas y facilidades necesarias, dada su especial situación.
Con ese propósito no sólo el ex Presidente González Videla designó la comisión mencionada, sino que, además, se realizaron en la zona numerosas reuniones; en la Municipalidad de Temuco, por ejemplo, cuando era alcalde nuestro Honorable colega señor Ferrando, y en otros lugares, en la provincia de Cautín, especialmente, a fin de que el mayor número de personas aportara ideas y experiencias para la iniciativa que en esa época se elaboró. Como ahora el Ministerio de Tierras y Colonización será transformado en Ministerio del Mar, temo mucho que todo el material reunido en esa ocasión vaya también a terminar en el mar.
Recuerdo tales hechos con el fin de que, revolviendo tal vez viejos papeles, no se pierda un esfuerzo en el que colaboraron personas muy informadas sobre la materia, entre las cuales puedo citar dos: don Venancio Coñuepán, en esa época parlamentario y un hombre bastante culto y conocedor de esos problemas, y el profesor Alejandro Lipschutz, quien se ha preocupado de la materia durante decenas de años.
Votaré afirmativamente el proyecto, recordando que otros Mandatarios se han preocupado también de la materia.
El señor BALTRA.-
En verdad, no alcancé a comprender bien el alcance que me hizo el Honorable señor Palma, porque dije que en este proyecto se aborda el problema indígena no sólo en su aspecto relacionado con la tierra, sino que todos los problemas de carácter cultural, y otros referentes a la integración del pueblo indígena a la vida nacional.
El Honorable señor Palma manifestó que en el tiempo en que fue Ministro de nuestro Presidente don Gabriel González Videla, designó una comisión que estudió este problema desde sus diversos puntos de vista, e indudablemente debe de ser así cuando Su Señoría lo afirma. Lo que yo expresé se refiere solamente a que por primera vez el Congreso Nacional está conociendo un proyecto que aborda la materia en sus distintos aspectos, lo cual constituye un mérito y en ningún caso significa desconocer el valor de otras iniciativas, como la mencionada por el Honorable señor Palma.
Voto que sí.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Señor Presidente, me siento fielmente interpretado por la magnífica intervención en la tarde de hoy del Honorable señor Baltra.
Sin embargo, quiero expresar que en el seno de la Comisión de Agricultura el Senador de las bancas de la Izquierda Radical que actuó en ella, el Honorable señor Acuña, manifestó el agrado con que concurría a aprobar en general esta iniciativa, pues estaba convencido -al igual que nosotros- de que la legislación sobre indígenas requiere con urgencia ser remozada, como lo demuestra el crecimiento de los problemas vinculados con los indígenas.
Por otra parte, quiero hacer una rectificación a la brillante intervención de esta tarde de mi distinguido colega señor Ferrando. El señor Senador aseveró que entre los años 1927 y 1961 nada se había hecho sobre el problema indígena. Esas fueron más o menos sus palabras.
El señor FERRANDO.-
Desde 1883 a 1927.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Bien. En esta oportunidad, quiero recordar que en un corto lapso de tres meses y medio ocupé la Cartera de Tierras y Colonización. En ese tiempo, pocos días antes que abandonara ese Ministerio, envíe, como consta en el boletín en que figura la sesión ordinaria 23ª del 30 de julio de 1947, un proyecto de ley que creaba la Corporación de Asuntos Indígenas, institución autónoma, con personalidad jurídica y domicilio en la ciudad de Temuco. Esta iniciativa tenía diversos artículos, como pueden comprobarlo los señores Senadores. En esa ocasión, creí conveniente, como siempre he pensado en la descentralización del país, que la sede de esa Corporación de Asuntos Indígenas debía situarse no en la capital de la República, sino en la de la Frontera, o sea, Temuco.
Por otra parte, también consideré que tanto el Senado como la Cámara de Diputados deberían tener representación en el Consejo de esa Corporación, el cual estaba integrado por muy pocos miembros más, como el Ministro de Tierras y Colonización, que lo presidía, un Vicepresidente Ejecutivo, que sería designado por el Jefe del Estado, un juez de indios designado por el Presidente de la República, y el agente de la Caja de Crédito Agrario en Temuco, institución que en aquella época fomentaba el desarrollo de la agricultura y de la ganadería y de la zona en general.
En consecuencia, los Senadores de estas bancas hemos tenido desde antiguo inquietudes y anhelos para ir en ayuda de la solución de los problemas vinculados con los indígenas.
Aprovecharemos la discusión particular de este proyecto para formular algunas indicaciones, a fin de modificarlo y, si se nos permite la expresión, de mejorarlo. Nuestra colectividad cuenta dentro de su organización interna con un Departamento de Asuntos Mapuches a cargo de un profesor universitario de esa raza, quien está en condiciones de entregar toda su experiencia para mejorar la legislación vigente.
Apruebo en general la iniciativa.
Se aprueba en general el proyecto (15 votos afirmativos).
El señor AYLWIN (Presidente).-
Hay acuerdo de Comités para fijar plazo para formular indicaciones hasta el 10 de enero próximo, pero sin determinación de la hora. El Honorable señor Ferrando ha sugerido las 12 del día.
El señor LUENGO.-
Hasta las seis de la tarde, señor Presidente.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se fijará plazo hasta el 10 de enero a las 6 de la tarde.
Acordado.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375/seccion/akn588375-po1
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/588375