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El señor DURAN.-
El Senado ha sido testigo esta tarde de un extraño acontecer político, que me siento en el deber ciudadano de comentar, porque implica una abierta agresión en contra de la tesis democrática que estamos defendiendo.
Es bueno que el país lo sepa y que se planteen con claridad los hechos. En relación con la forma de votar una acusación constitucional, se ha formulado una indicación reglamentaria mediante la cual se ha requerido el asentimiento de la Corporación para proceder a votarla en forma secreta. La mayoría de los Senadores se negaron a aceptarla, y haciendo uso de un derecho establecido en el Reglamento, prefirieron que el voto fuera nominativo. Es un hecho loable y digno que, en relación con el juzgamiento que debemos hacer en nuestra calidad de jurados, seamos los Senadores de Oposición quienes queramos dar la cara ante la ciudadanía. Tenemos el anhelo de que el pueblo sepa quiénes somos y por qué estamos actuando: no estamos buscando el subterfugio de esconder el rostro al asumir nuestra responsabilidad. Resulta, pues, señor Presidente y Honorables Senadores, un hecho curioso y poco democrático: que los parlamentarios de Gobierno se retiren de la Sala cuando pierden una votación.
Yo lo estimo, no sólo grave, sino también significativo.
Duele comprobar que entre los Senadores de Gobierno, donde hay hombres que tienen vocación democrático, éstos se sumen al procedimiento que estamos objetando.
Es más: el país sabe que en estos mismos días se realizan gestiones tendientes a ampliar la base del Gabinete y que uno de estos grupos, separado del antiguo Partido Radical, ha planteado ante el país la necesidad de modificar algunos conceptos del Ejecutivo o realizar algunas rectificaciones en su acciones para tomar tal responsabilidad en conjunto con los otros partidos que gobiernan a Chile.
Si este grupo acepta que, efectivamente, hay violencia, y dice que ella debe concluir; si destaca que en el proceso agrícola se viene desarrollando también la misma política violentista de tomas y despojos; si cree que ha habido desbordes de la legalidad, ¿cómo, entonces, se entiende que porque vamos, precisamente, a compartir algunos de esos criterios, y apoyamos la idea de votar en forma pública esta acusación, para sancionar esos desbordes en la forma señalada por el Reglamento, haya abandonado la Sala?
Es extraño y, por lo mismo, yo he deseado llamar a la ciudadanía a la meditación que les permita formarse un juicio justo.
En cuanto al primer capítulo de la acusación que se formula, la existencia de grupos armados, yo no deseo entrar a un debate que, en mi concepto, fue bastante amplio respecto de cuántas personas se requieren para constituir lo que la ley llama grupo armado y qué son armas en concepto de los textos legales.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor OCHAGAVIA.-
Podríamos prorrogárselo.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la petición del señor Senador.
El señor DURAN.-
No serán más de cinco minutos. Además, el tiempo que use en esta oportunidad podrá ser con cargo al fundamento de voto de los otros capítulos de la acusación.
El señor AYLWIN (Presidente).-
Acordado.
Puede continuar el señor Senador.
El señor DURAN.-
De tal manera que los señores Senadores tienen un juicio formado acerca de lo que son grupos y de lo que son armas.
No cumpliría con un deber de conciencia si no dijera, en relación con los juicios emitidos sobre la materia por algunas autoridades del Cuerpo de Carabineros o del Ejército, y planteados en un lenguaje que puede llevar al país a confusiones, que en este asunto debe haber mucha claridad. La pregunta que hay que contestarse es si es verdad o no lo es que a lo largo del territorio nacional distintos grupos, armados de piedras, de cadenas, de garrotes, de revólveres, de metralletas, proceden, mediante actos de violencia, al desalojo en el campo, y llegan hasta el crimen, con nombres que el país conoce y, que, por cierto, no voy a repetir para no prolongar mi intervención. Negar la existencia de tales grupos es, tomar una responsabilidad gigantesca, no sólo por lo que ya ha acontecido, sino por lo que puede suceder. Es ésta una actitud que no se compadece con los deberes esenciales de un estadista ni de las personas llamadas a velar por la vida y la paz de los habitantes. Esos grupos existen, y, lo que es más grave, esos grupos han sido tolerados. Se ha dado una excusa: el Gobierno del Excelentísimo señor Allende ha dicho a la opinión pública, ante los actos de violencia que todos conocemos y que la mayoría del país repudia, que es el deseo de su Gobierno entrar, por la vía del diálogo, a la persuasión, a fórmulas que permitan a los gobernantes hacer comprender a aquellos grupos que la realización de sus aspiraciones ideológicas también puede tener como sendero la vida democrática. Creo que, en principio, siempre es un buen camino.
Pero no es ésa la respuesta que hay que darse frente a la hora de tipo anárquico que vive el país como consecuencia de la reiteración de hechos delictivos. Hay que saber muy bien qué quiere el Gobierno en relación con el diálogo y hasta dónde éste se mantendrá. Si, no obstante el trato de más de un año, sigue el país observando el acontecer violentista, no cabe ninguna duda de que al gobernante le va a ir incumbiendo la elección de otro tipo de medidas legales. El Gobierno no representa sólo a un grupo de gente fanática de su tesis revolucionaria: representa, en definitiva, a toda la ciudadanía, y, en consecuencia, debe consideración a todos los sectores, al menos para que tengan derecho a su propia vida.
Como tengo conciencia de que el Gobierno no ha dado cumplimiento a los principios esenciales de permitir que el chileno pueda transitar libremente sin temores, que el hombre del campo pueda nuevamente tomar el arado y salir con la cara al sol, a fin de producir para Chile sin estar acosado por el terror de no saber cuándo le ocuparán su predio, cuándo le quitarán sus tierras, cuándo expulsarán a su familia, yo, señor Presidente y señores Senadores, voto favorablemente la primera causal de la acusación constitucional entablada contra el señor Ministro del Interior, por el que tengo gran afecto, menor, por cierto, al peso de mis responsabilidades como jurado.
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