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rdf:value = " REAJUSTE DE REMUNERACIONES DE SECTORES PUBLICO Y PRIVADO PARA 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- En esta sesión especial corresponde ocuparse en el estudio del proyecto de ley de la Cámara de Diputados que reajusta las remuneraciones de los trabajadores de los sectores público y privado para 1972. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 57ª, en 15 de febrero de 1972. Informe de Comisión: Gobierno y Hacienda, unidas, sesión 57ª, en 15 de febrero de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- Las Comisiones de Gobierno y Hacienda, unidas, proponen aprobar el proyecto de la Cámara con las modificaciones que indican. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- En discusión general. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El señor VALENTE.- Pido la palabra. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Valente. Una economía orientada a favorecer a las minorías. El señor VALENTE.- Señor Presidente, el año 1968, el 1% de las personas económicamente más ricas del país controlaban el 10% del ingreso nacional. Estas cifras demuestran que un reducido grupo tenía, por persona, un ingreso 69 veces mayor que el del 10% más pobre de la población. Casi un tercio de las familias chilenas percibía un ingreso total inferior a un sueldo vital, y casi dos tercios de ellas no alcanzaban a ganar dos sueldos vitales. Entre 1960 y 1969 el pago de salarios disminuyó de 18,4% a 16,2% del ingreso total. El ingreso que percibió el 20% de las familias más empobrecidas de nuestro país fue notablemente inferior al promedio del ingreso latinoamericano. La estructura de la economía se orientaba cada vez más a satisfacer las demandas de consumo de los grupos de altos ingresos. Algunos sectores productivos de relativo dinamismo adaptaron su actividad a estos objetivos, agudizando el estancamiento en la producción de bienes de consumo popular. El empobrecimiento de las grandes masas asalariadas era cada vez mayor y el creciente ritmo inflacionario aquejaba severamente a quienes sostenían su hogar, dadas las limitaciones de sus sueldos y salarios. Necesidad imperiosa de redistribuir el ingreso nacional. El Gobierno de la Unidad Popular, fiel al programa ofrecido al pueblo, desde el primer momento en que asumió la administración del país inició un cambio profundo en la estructura económica para terminar, entre otras cosas, con la dominación del capital monopolista nacional y extranjero y con el latifundio. En este proceso no se descuidó, por supuesto, la aplicación de una política de reajustes y de remuneraciones sobre la base de una real y efectiva redistribución del ingreso nacional en favor de los asalariados, que no sólo consideró el mejoramiento monetario, sino también una serie de medidas destinadas a incrementar las remuneraciones con aportes no monetarios, como el abaratamiento de la salud, de la educación, de la vivienda, de la locomoción y otros servicios fundamentales. Hasta hace poco tiempo, la distribución del ingreso en nuestro país se caracterizó por su acentuado carácter regresivo, con sus consecuentes implicaciones negativas e injustas para los asalariados y el resentimiento de la capacidad de desarrollo de nuestra economía. La fuerte concentración del ingreso en un sector minoritario hacía imperiosa la necesidad de corregir esta injusticia social y alterar el esquema económico del país para estructurarlo según el interés nacional y en favor de la mayoría de los chilenos. En la fijación de esta línea de conducta, fueron claras las expresiones del compañero Ministro de Economía, Pedro Vuskovic, en las Comisiones Unidas, cuando señaló que al plantear una política de remuneraciones no se ha pensado en términos de que todo el ingreso monetario posible vaya a los trabajadores, ni de que se produzca la mayor traslación posible del ingreso monetario desde los sectores empresariales o propietarios de los medios de producción hacia los trabajadores, sino que se pretende que el mejoramiento del ingreso monetario de los trabajadores se traduzca en un incremento real del ingreso. Puede decirse que éste es el único límite que el Gobierno tiene en la aplicación de su política de remuneraciones, y ése ha sido el contenido práctico de las leyes de reajustes tanto de 1971 como del año en curso. La cuantía del reajuste está en relación no sólo con establecer hasta dónde es posible ajustar la redistribución del ingreso monetario, sino con medir también si este mayor ingreso representa para los trabajadores un real mejoramiento de sus condiciones de vida. Una política de esta dimensión realista, franca, abierta y con la plena participación de los propios trabajadores, se hacía imperiosamente necesaria. Los convenios CUT-Gobierno son un fiel reflejo de esta política de remuneraciones orientada a ganar para los trabajadores un nivel de vida adecuado. Reajustes que esquilmaron a los trabajadores. La aplicación de la política de reajustes y de remuneraciones de los anteriores Gobiernos no resolvió la desmejorada condición de la mayoría de los trabajadores; por el contrario, en líneas generales agudizó sus penurias económicas. Un examen de los reajustes otorgados a los asalariados en años anteriores, con relación a los índices de alza del costo de la vida, nos permite sacar conclusiones realmente significativas: Año 1954. (Reajustes otorgados por ley Nº 11.764) Alza del costo de la vida en 1953 56,1% Reajuste del sueldo vital 53,6% Reajuste para los obreros del sector privado no hubo, pero hemos estimado el mismo porcentaje de reajuste del sueldo vital 53,6 % Reajuste para el sector público por modificación de las escalas de sueldos (promedio) 38% Pérdida para los empleados y obreros del sector privado.. 2,5 % Pérdida para los trabajadores del sector público 15,6% Año 1955. (Ley Nº 11.764). (Esta ley se promulgó el 27 de diciembre de 1954 y estableció los reajustes paralos años 1954-1955). Alza del costo de la vida en 1954 71,1% Reajuste para empleados y obreros del sector privado 58,6% Reajuste sector público (promedio escala de remuneraciones) 46% Pérdida para los empleados y obreros del sector privado... 12,5% Pérdida para los trabajadores del sector público 25,1% Año 1956 (Ley de reajustes Nº 12.006). Alza del costo de la vida en 1955 83,8% Reajuste para empleados particulares 46,5% Reajuste para los obreros del sector privado 41,9% Reajuste promedio para los trabajadores del sector público.. 39,4% (Para el sector público se estableció un reajuste que, como máximo, equivalía al 50% del alza del costo de la vida (41,9%) y como mínimo al 44% del mismo índice (36,9%) Pérdida para los empleados particulares 37,3% Pérdida para los obreros del sector privado . . 41,9% Pérdida para los trabajadores del sector público 44,4% Año 1957 (Ley de reajustes Nº 12.432). Alza del costo de la vida en 1956 37,7% Reajuste para empleados y obreros del sector privado 30,2% (El porcentaje de reajuste se fijó en el 80% del alza del costo de la vida). Reajuste para el sector público.. 25% Pérdida para los obreros y empleados del sector privado... 7,5% Pérdida para los trabajadores del sector público 12,7% Año 1958. (Ley de reajustes Nº 12.861) Alza del costo de la vida año 1957 17,3% Reajuste para los empleados y obreros del sector privado... 20% Reajuste para los trabajadores del sector público 20% Recuperación de poder adquisitivo 2,7% Resumen de los años 1954-1958 La pérdida neta de poder adquisitivo para los trabajadores, en estos años, fue la siguiente: Para los empleados particulares 57,1% (Se redujo a más de la mitad el poder de compra de estos trabajadores). Para los obreros del sector privado 74,3% (La reducción del poder de compra llegó a casi los dos tercios). Para los trabajadores del sector público 95,1% (La anulación del poder de compra y la pérdida de poder adquisitivo de este grupo fue casi total). Año 1959. (Ley de reajustes Nº 13.305). Alza del costo de la vida en 1958 32,5% Reajuste para empleados particulares 31,5% (Se fijó 35% de reajustes para las remuneraciones medias iguales o inferiores a un sueldo vital; y un 28% para las remuneraciones medias superiores o iguales a dos sueldos vitales). Para los obreros del sector privado no se dio reajuste por ley, pero hemos estimado, para estos cálculos, el aumento en el mismo porcentaje de los empleados, es decir en 31,5% Reajuste promedio para los empleados del sector público... 26% Pérdida para los obreros y empleados del sector privado... 1% Pérdida para los trabajadores del sector público 6,5% Año 1960. No hubo ley de reajustes. Alza del costo de la vida 33,3 % Pérdida para los trabajadores de todos los sectores 33,3% Año 1961. (Ley Nº 14.501). Alza del costo de la vida en el año 1960 5,4% Bonificación para los empleados y obreros del sector privado 15% Bonificación para el sector público 5% (Promedio establecido de acuerdo con una bonificación de Eº 30 que se entregó a este sector de empleados). Recuperación para los trabajadores del sector privado.... 9,6% Pérdida para los trabajadores del sector público 0,4% Año 1962. (Ley Nº 14.688) Alza del costo de la vida del año 1961 9,7% Reajuste para los empleados particulares 4,8% Reajuste para los trabajadores del sector público y obreros del sector privado 7,5% Pérdida para los empleados particulares 4,9% Pérdida para los obreros del sector privado y trabajadores del sector público 2,2 % Año 1963. (Ley Nº 15.141). Alza del costo de la vida en 1962 27,7 % Reajuste para empleados y obreros del sector privado 3,12% (Se otorgó un 15% de reajuste a contar del 16 de octubre hasta el 31 de diciembre de 1962. En los primeros 9 meses y medio no hubo reajuste). Pérdida para los trabajadores de los sectores público y privado. 24,58% Año 1964. (Ley Nº 15.575). Alza del costo de la vida en 1963 45,4%. Reajuste para empleados y obreros del sector privado..... 31% Reajuste para trabajadores del sector público 35% Pérdida para los trabajadores del sector privado 14,4% Pérdida para los trabajadores del sector público 10,4% Resumen años 1959-1964. En el sexenio, los trabajadores perdieron también gran parte de su poder adquisitivo, en la siguiente proporción: Los empleados particulares perdieron el 68,58% Los obreros del sector privado, el 65,88% Los trabajadores del sector público, el 77,38% Año 1965. (Ley Nº 16.250). Alza del costo de la vida en 1964 38,4% Reajuste general para los obreros y empleados del sector público y privado 38,4% Se compensaron las remuneraciones en el 100% del alza del costo de la vida. Año 1966. (Ley Nº 16.464). Alza del costo de la vida en 1965 25,9% Reajuste para los trabajadores del sector público con remuneraciones que no excedan de tres vitales mensuales 25% Reajuste para los trabajadores del sector público con remuneraciones superiores a tres sueldos vitales mensuales 15% Reajuste promedio 20% Reajuste para obreros y empleados del sector privado con remuneraciones de hasta 623,76 escudos 25,9% Reajuste para obreros y empleados del sector privado, con remuneraciones superiores a Eº 623,76, el equivalente al 60% del alza del costo de la vida 15,54% Reajuste promedio 22,72% Pérdida para los trabajadores del sector privado 3,18% Pérdida para los trabajadores del sector público 5,9% Año 1967. (Ley Nº 16.617). Alza del costo de la vida en 1966 17% El sector privado no tuvo reajuste legal. El sector público recibió un reajuste del 20% sobre rentas menores de un sueldo vital y de 15% sobre rentas superiores a un vital. Reajuste promedio 17,5 % Pérdida para el sector privado. 17% Recuperación para el sector público 0,5 % Año 1968. (Ley Nº 16.840). Alza del costo de la vida en 1967 21,9% Reajuste para el sector privado. 21,9% Reajuste para el sector público. 20% Pérdida para el sector público.. 1,9% Año 1969. (Ley Nº 17.074). Alza del costo de la vida en 1968 27,9% Reajuste para el sector privado 27,9% Reajuste para el sector público con rentas inferiores a un vital 27,9% Reajuste para el sector público con rentas superiores a un vital 20% Reajuste promedio 23,9% Pérdida para el sector público 4% Año 1970 (Ley Nº 17.272). Alza del costo de la vida en 1969 29,3% Reajuste para el sector privado. 29,3% Reajuste para el sector público. 28% Pérdida para el sector público.. 1,3% Resumen de los años 1965-1970. En los seis años, los trabajadores del sector público perdieron un 12,5% del poder adquisitivo de sus remuneraciones; para los obreros y empleados del sector privado, la pérdida fue de 20,18%. Este ha sido, como norma de la política de remuneraciones, el resultado de los últimos diecisiete años. El mayor quebranto de la crisis económica y del ascenso de la inflación ha recaído en el sector asalariado, en los obreros, en los empleados, campesinos y pensionados. Elevar el nivel de vida de los trabajadores. Por eso, al asumir el Gobierno, la Unidad Popular se planteó la necesidad de variar sustancialmente la correlación de la distribución del ingreso, y aplicó una política de remuneraciones cuya meta era, en lo fundamental, como hemos dicho, elevar el ingreso real creciente de los asalariados. Sin duda, la aplicación de esta nueva concepción no es fácil, pues los mayores ingresos monetarios deben otorgarse paralelamente con otras medidas que complementen estos propósitos. No sólo fue necesario considerar la injusta participación del trabajador en el ingreso con relación a los sectores empresariales, sino también la desigual distribución del ingreso dentro del sector de asalariados, ya que hay trabajadores que tienen remuneraciones muy desmejoradas respecto de otros. Si a lo anterior se suman la mena política de ordinaria ocurrencia sobre esta materia y la defensa intransigente que de sus privilegios realizan grupos minoritarios, se concluye que llevar a cabo una tarea de esta envergadura no es asunto fácil. Los sectores de Oposición, en su derecho para formular las críticas que estimen conveniente sobre la política del Gobierno en materia de remuneraciones, han criticado y descalificado, por ejemplo, el índice de precios al consumidor o la política de abastecimiento, pretendiendo demostrar con el debate que han promovido que ambos factores influirían en la fijación de un índice real de reajustes. Más que un fundamento efectivo, estas críticas contienen los ingredientes para polémicas políticas partidistas. Se ha demostrado con claridad, por una parte, que el índice de precios al consumidor se forma utilizando los mismos métodos, el mismo procedimiento y el mismo personal técnico de años anteriores, y que la escasez temporal de algunos artículos - causada por la mayor demanda - no obsta para considerarlos en los cálculos de precios del mercado, ya que tales artículos faltan sólo algunos días a la semana, pero son computados por los encuestadores cuando están a la venta al público. Por otro lado, están las demandas de algunos sectores empresariales, coincidentes con ciertos grupos políticos, que exigen alzas de precios para cubrir los mayores reajustes, posición que tradicionalmente era acogida por otros Gobiernos, abriéndose así, incontroladamente, las compuertas del proceso inflacionario. Este Gobierno ha planteado que los reajustes de precios se otorgarán en casos muy calificados y después de un cuidadoso estudio de costos, y que los recursos para cubrir esos reajustes deben obtenerse fundamentalmente de una mayor producción. Convenios CUT-Gobierno. La política de remuneraciones y las medidas económicas complementarias para asegurar un creciente nivel de vida de los asalariados se formula y resuelve con la participación misma de los trabajadores. Fruto de este entendimiento son los convenios formalizados entre la Central Única de Trabajadores y el Gobierno, tanto en el año 1971 como en el actual. Estos acuerdos, ampliamente acogidos por los trabajadores del país, establecen reajustes de remuneraciones no inferiores al alza del costo de la vida, con aumentos porcentuales adicionales para los sectores asalariados de menores ingresos. Además, se otorgan otros beneficios económicos no monetarios que mejoran indirectamente los ingresos, tales como la entrega de bienes y servicios gratuitos o a bajo costo, como es el caso de la leche, que llega a grandes masas populares sin costo; el de las tarifas de la locomoción colectiva, el de diversos productos alimenticios esenciales bonificados, etcétera. Se aplica, además, un adecuado control de precios y se combaten con energía los intentos especulativos. La ley Nº 17.416, de 1971, contiene una serie de disposiciones que traducen el acuerdo del Gobierno y la CUT sobre remuneraciones, como puede apreciarse en el resumen que exponemos a continuación. Año 1971. (Ley de reajustes Nº 17.416). Alza del costo de la vida en 1970 34,9% Para todos los sectores se otorgó un reajuste mínimo equivalente al 100% del alza del costo de la vida 34,9% Se elevó el salario mínimo de Eº 12 diarios a Eº 20, lo que significó un aumento del.... 66,6% Se reajustaron las remuneraciones iguales o inferiores a un sueldo vital en un 5% adicional, lo que corresponde a.... 39,9% Se reajustaron las remuneraciones entre uno y dos sueldos vitales en 3% adicional, lo que significa 37,9% Se aumentó el valor de la carga familiar para los empleados públicos de Eº 68 a Eº 102, lo que significó 50 % Se aumentó para las Fuerzas Armadas y Carabineros la asignación familiar de Eº 48 a Eº 102 por carga, es decir, en.... 125 % La asignación familiar obrera se aumentó de Eº 1,50 a Eº 3 diarios por carga, reajustándose en 240 % Para el resto de los trabajadores con asignaciones superiores, el aumento alcanzó al 100% del alza del costo de la vida.... 34,9% El mejoramiento de las remuneraciones para los asalariados postergados y de menores ingresos fue realmente notable. No se había dado antes un reajuste tan sustancial como el contenido en la primera ley de Reajustes del Gobierno Popular. Año 1972. Para el año en curso, el reajuste que estamos estudiando confirma la decisión del Gobierno de llevar a cabo una redistribución del ingreso más justa y equitativa. El proyecto en estudio contiene, en síntesis, lo siguiente: Alza del costo de la vida en 1971: 22,1%. 1.-Las remuneraciones generales se reajustan en 100% del alza del costo de la vida. 2.-Al personal de los servicios mencionados en el D.F.L. Nº 40, de 1959 (Servicios postergados) se concede un reajuste de 22,1%, y sobre éste, un aumento de 42% adicional, en sustitución de algunos incentivos, asignaciones y otros sobresueldos. El reajuste bruto para estos sectores es del 73,38%. La situación de estos personales, ponderados los porcentajes y hecha la compensación, es la siguiente: a) Registro Civil e Identificación: Percibe incentivos que van desde un 16% hasta un 46%. En consecuencia, el reajuste líquido varía para este personal entre 27,38% y 57,38%. b) Dirección de Industria y Comercio: El personal percibe un incentivo del 35%. El reajuste líquido alcanza a 38,38%. c) Dirección del Trabajo y Subsecretaría del Trabajo: Tiene un incentivo variable de 35% a 37%. El reajuste líquido fluctúa entre un 36,38% y un 38,38%. d) Dirección de Aprovisionamiento del Estado: Tiene un incentivo de 34% mínimo y 37% máximo. El reajuste fluctúa entre un 36,38% y un 39,38%. Servicio Nacional del Empleo-Instituto Laboral-Desarrollo Social: No entregaron información de los incentivos que perciben. Si no los tienen, recibirán un reajuste del 73,38%. En caso contrario, para conocer el reajuste líquido deberá rebajarse de este porcentaje el incentivo correspondiente. En las Comisiones Unidas los dirigentes gremiales de estos servicios manifestaron que al hacerse imponibles los incentivos -beneficio anhelado desde muchos años por los trabajadores - habría personal que recibiría menos de un 22,1% de reajuste líquido. Esta situación fue analizada por el compañero Ministro de Hacienda y por las Comisiones, y quedó superada la inquietud de los funcionarios con una indicación presentada por el Ejecutivo y aprobada unánimemente. 3.- Los funcionarios de la Secretaría General de Gobierno, Subsecretaría del Interior, Servicio de Gobierno Interior, Dirección de Asistencia Social, Oficina del Presupuesto del Ministerio del Interior, Dirección de Registro Electoral, Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Personal Administrativo y de Servicios Menores de la ALALC, Dirección de Fronteras y Límites, Dirección de Turismo, Subsecretaría de Economía, Personal de Servicios Menores del Ministerio de Educación, Personal Administrativo y de servicios de las Direcciones Generales de Educación Primaria, Secundaria y Profesional, y de la Superintendencia de Educación; los de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio y de la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Educación; de la Subsecretaría de Justicia, Servicio Médico Legal, Oficina del Presupuesto del Ministerio de Justicia, Consejo Nacional de Menores, Subsecretaría de Agricultura y de Tierras, Fondo de Educación y Extensión Sindical, Dirección del Crédito Prendario, Subsecretarías de Previsión, de Salud y de Minería, Servicio de Minas del Estado, Dirección de Deportes del Estado y Corporación de Construcciones Deportivas, recibirán sobre el 22,1%, un 37% adicional, lo que equivale a un mejoramiento bruto del 67,27%. El personal de estos servicios no percibe asignaciones de estímulo, según se informó en la Comisión, salvo uno o dos servicios, con un porcentaje tope de 20%. Se estima que el reajuste neto mínimo para estos personales alcanza a un 42%. 4.- El personal del Servicio Nacional de Salud, además del porcentaje general del 22,1%, recibe un 29% más. Estos trabajadores percibirán, en consecuencia, un reajuste equivalente al 57,51%. 5.- Los trabajadores del sector público que después de la aplicación de los reajustes de la ley en discusión resulten con una remuneración inferior o igual a tres sueldos vitales, recibirán un 10% de reajuste adicional, lo que equivale a un 34,3% como mínimo. 6.- Mediante una facultad que se otorga al Presidente de la República, se modificarán los escalafones profesionales de los Ministerios de Obras Públicas y de la Vivienda y Urbanismo, lo que se traducirá en un mejoramiento sustancial de las remuneraciones de estos profesionales. 7.- Los trabajadores de la Educación también recibirá un reajuste especial, de porcentajes variables, cumpliendo el Gobierno, de esta manera, su acuerdo y compromiso con el SUTE. 8.- Igual tratamiento tienen en el proyecto los personales de servicios menores o auxiliares de los institutos de previsión, a quienes se mejoran sus remuneraciones mediante la modificación de las plantas permanentes. 9.- Al personal del Servicio de Correos y Telégrafos se le otorga una asignación adicional imponible que varía entre 30,6% y 46,68%. El aporte entregado para financiar este mejoramiento adicional alcanza, para 1972, a 26 millones de escudos. Igualmente, al personal de Carteros y Mensajeros de Correos y Telégrafos se le asimila a las diferentes categorías y grados del servicio, lo que representa un aumento de dos grados a cada funcionario. 10.- Se otorgan, además, numerosos otros beneficios adicionales y mejoramientos sustanciales en las asignaciones de alimentación, familiares y otras. 11.- A los pensionados del Servicio de Seguro Social se les otorga una pensión mínima de Eº 900 mensuales. 12.- A los empleados se les otorga una pensión mínima equivalente a un sueldo vital mensual escala A) del departamento de Santiago. 13.- Se fija un sueldo mínimo para los empleados del sector público y privado, de Eº 1.100 mensuales. Resumen. En resumen, groso modo, la ley de reajustes que estamos estudiando dispone: a) Ningún asalariado percibe un reajuste inferior al 100% del alza del costo de la vida. b) El salario mínimo se fija en Eº 30, lo que representa, con relación al año anterior, un aumento de 226%. c) Se fija un sueldo mínimo de Eº 1.100 para todos los trabajadores, aumento que equivale al 32% de reajuste con relación al sueldo vital de 1971, y al 146% del alza del costo de la vida. d) Numerosos trabajadores del sector público, especialmente de los servicios postergados, reciben aumentos que varían entre 27,38% y 73,38%. e) Los empleados cuya remuneración, después de aplicados los reajustes, sea inferior a tres sueldos vitales, recibirán 10% adicional, lo que representa un reajuste de 32,1% como mínimo. f) Se fija la pensión mínima obrera en Eº 900, lo que representa un aumento de 330% del alza del costo de la vida. g) La pensión mínima para los empleados se fija en un sueldo vital mensual, lo que supera las propias peticiones de los interesados, que lucharon durante muchos años para que esta pensión mínima fuera, a lo menos, de 75% del sueldo vital. h) Se fijan las pensiones de gracia en Eº 500 como mínimo, haciendo justicia a numerosos ancianos que perciben actualmente pagos inferiores a dos escudos mensuales. i) Las asignaciones familiares se fijan en Eº 124,50 para los obreros del sector privado; en Eº 124,50, para los del sector público; y en Eº 230 para los empleados particulares. Las demás asignaciones familiares se reajustan en el 100% del alza del costo de la vida. El 2% que aportaban los obreros para financiar la asignación familiar no se seguirá descontando, lo que se traduce en aumento de los beneficios. Estos valores son transitorios y su determinación definitiva se plantea en el proyecto de ley en trámite, sobre el Fondo Nacional de Prestaciones Familiares, cuyo objetivo es la nivelación progresiva de la asignación familiar hasta establecer una asignación familiar única para todos los trabajadores del país. La nivelación se hará hacia arriba, sin disminuir valores y sin perjudicar a los asalariados. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Senador? Ha terminado el tiempo del Comité Comunista. Su Señoría puede continuar durante los cinco minutos que le ha cedido el Partido Unión Socialista Popular. Medidas simultáneas y complementarias. El señor VALENTE.- La fijación de la política de remuneraciones del Gobierno de la Unidad Popular va aparejada con otras medidas de importancia para asegurar una redistribución real del ingreso al sector asalariado, traducida en una mayor disponibilidad de bienes y servicios; los esfuerzos para la reactivación económica, el aumento de la producción, la aplicación de una cuidadosa política de precios; el decrecimiento del proceso inflacionario; el otorgamiento de servicios y bienes gratuitos o a bajo costo; la fijación de una adecuada política de abastecimientos; la constitución del área de propiedad social como una manera de impulsar el esfuerzo inversionista tanto del sector público como del privado; la continuidad del saneamiento crediticio y otras normas básicas, constituyen un esfuerzo de envergadura para el éxito de la nueva política de redistribución del ingreso. La distribución del ingreso. La participación de los asalariados en el ingreso nacional ha sido, en años anteriores, muy dispar y reducida. Esta participación alcanzó los siguientes porcentajes a partir de 1960, primer año en que se hizo la medición de estos datos: 1960 51,6% 1961 50,8% 1962 49,7% 1963 47,2% 1964 46,8% 1965 50,5% 1966 50,9% 1967 54,3% 1968 52,3% 1969 51,1% 1970 53,7% La aplicación de la política redistributiva a partir de 1971 hizo elevarse la participación de los trabajadores en el ingreso nacional al 59%, participación sin precedentes en la historia económica de nuestro país. Ello significa que de cada Eº 100 de ingreso nacional, 59 quedaron, en 1971, en poder de los trabajadores. La consolidación de esta política redistributiva en el presente año hará sin duda aumentar la participación de los asalariados en el ingreso nacional. Financiamiento. Para finalizar mis observaciones me referiré al financiamiento del reajuste, de acuerdo con las partidas aprobadas por la mayoría de las Comisiones de Gobierno Interior y de Hacienda, unidas. En primer lugar, el costo del proyecto asciende a 7 mil millones de escudos. La Cámara de Diputados despachó esta iniciativa con recursos teóricos equivalentes a 6 mil 73 millones de escudos. El proyecto llegó al Senado desfinanciado en 927 millones de escudos. Por su parte, las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda del Senado afinaron el financiamiento despachado por la Cámara de Diputados calculando el rendimiento en 7.245,5 millones de escudos. Para el Ejecutivo, este financiamiento es irreal y funda esta afirmación en las siguientes razones: 1.- Las partidas correspondientes a mayores ingresos por las importaciones (Eº 1.750.000.000); por compraventa de monedas extranjeras (Eº 1.120.000.000) y por tributos de cargo de la Compañía de Acero del Pacífico (Eº 400.000.000) están ya consideradas como ingresos en el Presupuesto Ordinario de la Nación correspondiente al presente año. 2.-El mayor ingreso por transferencia de automóviles se estima en 220 millones y no en 270 millones. 3.-En cambio, se calcula que el mayor ingreso por consolidación de los impuestos a los piscos y licores será de 180 millones de escudos en lugar de los 120 millones calculados. Esta apreciación hace variar de modo fundamental el cuadro del financiamiento del reajuste, el que baja en 2.890 millones de escudos. El rendimiento efectivo sería, en consecuencia, de 4.355,5 millones, alcanzando el desfinanciamiento a 2.390 millones de escudos. Las Comisiones Unidas deberán revisar meticulosamente en el segundo informe esta materia, a fin de que el proyecto sea despachado por el Congreso Nacional con el financiamiento adecuado y suficiente para cubrir los mayores gastos fiscales s que ocasiona el mejoramiento económico de los trabajadores del sector público. Pido, señor Presidente, que se incluya en mi intervención un cuadro que he elaborado con los rendimientos comparativos aprobados tanto por la Cámara de Diputados como por las Comisiones Unidas del Senado y la apreciación del Gobierno. Votaremos en general a favor del proyecto de reajustes. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se acordará lo solicitado por el señor Senador. Acordado. El cuadro que se acuerda insertar es el siguiente: ESTIMACION COMPARATIVA DE LO RENDIMIENTOS 1 ESTIMACION COMPARATIVA DE LOS RENDIMIENTOS 2 El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Si nadie hace uso de ella,... El señor GARCIA.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor GARCIA.- Antes de hacer un análisis del proyecto de ley en debate, me voy a referir al planteamiento del Honorable señor Valente. Para el señor Senador, los reajustes de remuneraciones son los que indican las leyes. De ello deduce que si cada sector ha recibido una equis cantidad de porcentaje, procede comparar este último con el alza del costo de la vida. Así resulta una pérdida en las remuneraciones a tal extremo que, en algunos casos, excede tal deterioro el 70%. Quisiera saber si alguien en la realidad cree que las remuneraciones en Chile han disminuido en 70%. Esto es lo que sucede cuando se ve la vida sólo a través de cifras. En el fondo, los reajustes no fueron eso. El señor VALENTE.- Pregunte a los trabajadores. El señor GARCIA.- Lo sé perfectamente, porque en los momentos mismos en que se otorgaba un reajuste de 10 ó 15%, en los convenios colectivos se pactaban aumentos a veces de hasta 60%. Y eso no figura en las estadísticas señaladas por el Honorable señor Valente, a pesar de que abarca una cantidad considerable, de las más importantes tal vez, de los trabajadores chilenos. Todos los datos son exclusivamente teóricos: se dice cuál fue e] reajuste mínimo, pero no a cuánto alcanzó el reajuste real. En cuanto a otra información, la de que ha habido un reparto o redistribución del ingreso hasta llegar a 59%, debo recordar que los estudios que se hicieron hace un año o año y medio señalaron cifras muy distintas, entre ellas la de que en los años anteriores a los mencionados por el señor Senador se habría producido una redistribución del ingreso superior al 60%. Si hay tiempo para ello, el Honorable señor Ibáñez dará lectura a esos estudios, con el objeto de demostrar lo que estoy diciendo. Pero seguramente lo que más interesa al Senado es saber en qué consiste este proyecto de ley. Se trata de una iniciativa legal similar a las cuarenta leyes de reajustes que se han dictado en el país, con algunas diferencias. La primera de ellas consiste en que, aparte reajustarse los sueldos y salarios tanto del sector público como del privado en porcentaje igual al del alza del costo de la vida, algunos servicios reciben 37% de aumento, y otros, 42%. Por otra parte, se establece un salario, sueldo o remuneración mínima de 30 escudos diarios para los obreros y de 1.100 escudos al mes para los empleados. Esto significa romper todo el sistema de sueldos vitales, que está vigente, pues no ha sido derogado. Lo más importante que, a mi juicio, tiene que analizar el Senado, es que desde ahora habrá dos índices para toda clase de operaciones: uno, el anterior, según el cual los contratos que pactaban las personas y las leyes que se dictaban se hacían sobre la base de lo que se estimaba como necesario para vivir, que era el sueldo vital. Todos los impuestos se referían a él; los gravámenes a las propiedades, los avalúos fiscales, los contratos privados, etcétera, todo estaba remitido a un índice: el del sueldo vital. En adelante, el sistema será distinto, porque si el sueldo vital se fija en alrededor de mil escudos y el sueldo mínimo es de mil cien escudos, nos estaremos distanciando, en dos índices, y las consecuencias de ello las veremos más adelante, por la distorsión que provocará en todo el sistema económico chileno. Aparte lo que estoy señalando como especial en este proyecto de reajustes, cabe mencionar también algunas facultades que se otorgan al Ejecutivo para reorganizar los escalafones de algunos servicios, especialmente los de la Dirección de Obras Públicas y de los servicios menores de numerosas instituciones. Respecto del financiamiento, en términos generales la discusión se centró en lo siguiente: si el mayor valor del dólar, que repercute no sólo en los ingresos del Banco Central, sino que también en las importaciones, es o no es suficiente para financiar el proyecto. En los demás ítem no hubo mayores dificultades, porque suben los impuestos que se aplican a los vinos, a los licores, a los cigarrillos, a la cifra de negocios, y en 10% el gravamen a la renta de las empresas que tengan capital propio superior a los dos millones de escudos. Lo más discutido fue el impuesto a las rentas de los profesionales, el que, con una redacción muy incompleta, que habrá que mejorar, significa en resumen subir en 30% el impuesto de esa categoría. Los señores Senadores que estuvieron presentes en las Comisiones recordarán el espanto que nos produjo la lectura de las cifras que dio Impuestos Internos respecto de lo que declaraban los profesionales, que fue lo que permitió el establecimiento de ese impuesto: que los abogados declaraban 21 mil escudos al año; los arquitectos, 22 mil; los ingenieros, 30 mil, y los médicos, 20 mil. Pero quiero recordar a Sus Señorías que no se nos dijo a qué año correspondían tales declaraciones. Y aquí, leyendo el informe, me encuentro con que, según la exposición de Impuestos Internos, esos datos corresponden a 1969 y se refieren a las rentas declaradas en 1968. Por consiguiente, tenemos que hacer la operación que permita aclarar si esos 20 mil son ahora 40 mil, o si esos 30 mil son 60 mil. Por otra parte, hay dudas en cuanto a que si en los cálculos se tomó en consideración la renta de los profesionales que son empleados y, al mismo tiempo, ejercen su profesión, quienes tendrían que declarar todas sus rentas de empleados, y, además, las de profesionales. Por consiguiente, el promedio deberá estar sujeto a un estudio minucioso en ¡a revisión que se haga del proyecto para el segundo informe. En verdad, quiero levantar ese cargo, porque yo fui quien manifestó mayor extrañeza; dije que era inadmisible que esto sucediera e hice acusaciones muy severas al Servicio de Impuestos Internos por haber permitido una evasión de esa especie. Sin embargo, ahora veo que se trata de declaraciones correspondientes al año tributario de 1968. De modo que ése es un índice que no refleja absolutamente nada. Es muy importante, y debe conocerlo el Senado, el mecanismo de revalorización de bienes raíces, que interesa a todos los ciudadanos, sin excepción, tanto a los arrendatarios como a los arrendadores y propietarios. Toda persona tiene derecho a pedir a Impuestos Internos que reavalúe su propiedad; y debe acompañar, junto con la solicitud de reavalúo, un impuesto equivalente a 2,2% sobre la diferencia que pretenda. Dicho organismo está obligado a aceptar tal reavalúo mientras no se haga la retasación general, y tiene un sistema para evitar los abusos, consistente en que, con motivo de ese reavalúo, los arriendos vigentes el año pasado sólo pueden aumentarse en 22%, porcentaje equivalente al alza del costo de la vida. Algunas personas reavaluarán para dar a sus propiedades el verdadero valor; otras, para mantener el equilibrio entre las rentas que cobraban y el avalúo que hoy han de tener sus propiedades, porque se mantienen las rentas fijadas libremente, no se alzan; pero se coloca el avalúo correspondiente a esa renta. Si no se hace, se corre el riesgo de tener que rebajar sustancial-mente las rentas de arrendamiento que se perciben. Por otra parte, es muy interesante la norma que permite el reavalúo de los bienes raíces agrícolas, aplicable, naturalmente, sólo a las propiedades de menos de 80 hectáreas de riego básicas. De modo que quienes crean que deben defender sus propiedades de superficie inferior a la señalada deberán pagar ese impuesto especial de reavalúo de bienes raíces. Estos, a mi juicio, son los puntos más sobresalientes del articulado del proyecto en debate. Como dije, repartir más billetes no significa redistribuir el ingreso. Nada importan los billetes. Lo importante es que el ingreso se redistribuya en bienes. Si no hay bienes, aunque existan muchos billetes, salario mínimo y cuantos reajustes se deseen, la gente no mejorará su nivel de vida, porque ello sólo se logra con mayor disponibilidad de bienes que se puedan distribuir a la población. Y para esto tiene que haber mayor producción, mayor seguridad, mayor paz y mayor desarrollo. Pero esto no lo hemos tenido en 1971. Y, de acuerdo con los propósitos de la Unidad Popular, no se ve que ésta pretenda traer tranquilidad al país, a fin de que se obtenga precisamente lo que se desea: que haya más bienes por distribuir entre toda la población. Reservo el tiempo que nos resta para permitir al Honorable señor Ibáñez leer determinados datos sobre redistribución del ingreso en Chile. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Quedan catorce minutos al Comité Nacional. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable señor Palma. El señor PALMA.- Señor Presidente, estamos abocados al estudio de un proyecto que reajusta las remuneraciones de los trabajadores de los sectores público y privado. Esta iniciativa sigue una política ya iniciada por el actual Gobierno en el año anterior, la que, en cierto modo, es continuación de la que llevó adelante la Administración pasada, en cuanto a redistribuir el ingreso en la mejor forma que fuera compatible con las condiciones económicas del país. Defender el valor de las remuneraciones. Para ese fin, durante el Gobierno anterior se trazó en primer lugar una política, varias veces definida, en el sentido de que los reajustes debían mantener siempre el poder adquisitivo de las remuneraciones logrado por los trabajadores, obreros y empleados, e incluso mejorarlo, como aconteció con varias leyes - por ejemplo, la segunda ley de reajustes del Ministro señor Molina - mediante las cuales se asimilaron a sueldos diversos incentivos de distintos funcionarios de la Administración Pública. En esta línea, durante el régimen anterior se mantuvo el criterio de impedir que los asalariados sufrieran la pérdida del poder adquisitivo de sus remuneraciones, merma que desde muchos puntos de vista había sido tradicional con motivo del proceso inflacionario que el país ha vivido y que nosotros tratamos de frenar en forma ordenada. Por desgracia, al rechazarse los sistemas de ahorro popular propuestos, no se pudo continuar con la metodología que se había programado. Es así como, aun de las expresiones vertidas por otros señores Senadores en esta Sala, podemos comprobar que entre los años 1964 y 1969 los trabajadores de los sectores público y privado mantuvieron virtualmente el poder adquisitivo de sus remuneraciones. Aquí se ha leído un cuadro, seguramente bien estudiado y preparado, que demuestra precisamente este hecho. En 1965, dice, se compensó en 100% del alza del costo de la vida. Respecto de 1966, se estima que los sectores público y privado sufrieron una pérdida del orden del 4%. Así va estimándose para los años siguientes, y se llega a la conclusión de que en 1970 las pérdidas para el sector público ascendieron a 1,3% con relación al alza del costo de la vida. La verdad es que esas pérdidas del poder adquisitivo de los trabajadores no se dieron en ningún momento en el Gobierno anterior. El señor NOEMI.- ¿Me permite una breve interrupción, Honorable colega, para referirme precisamente a las cifras que Su Señoría estaba dando con relación a los datos proporcionados por el Honorable señor Valente? El señor PALMA.- Por supuesto. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor Noemi. El señor NOEMI.- El asunto es muy claro. Al dar a conocer sus cifras, el Senador señor Valente dijo que la participación de los trabajadores en 1964 era de 46,8%, y que en 1970, al finalizar el Gobierno del Presidente Freí, dicha participación ascendente había llegado a 53,7%. El señor VALENTE.- Pero con altibajos en los años intermedios. El señor NOEMI.- La cifra exacta no se ha dado. ¿Qué significa que al asumir el Poder el Presidente Frei los trabajadores participaran en 46,8% y que al terminar la gestión de ese Mandatario dicha participación llegara a 53,7% Que la participación de los trabajadores aumentó en 6,9%. El señor VALENTE.- No puede hacer esa comparación, señor Senador. El señor NOEMI.- Desgraciadamente, no puedo dialogar con Su Señoría, porque estoy haciendo uso de una interrupción que me concedió el Honorable señor Palma. El señor VALENTE.- Es que está equivocado, señor Senador. El señor NOEMI.- ¿Qué significa ahora que la participación de los trabajadores, que al llegar al Poder el señor Allende era de 53,7%, según la cifra que dio el Honorable señor Valente, haya subido a 59%, caso nunca visto en la historia de Chile, de acuerdo con las expresiones del señor Senador? El señor VALENTE.- En el primer año. El señor NOEMI.- Bueno: en el primer año de Gobierno. El señor VALENTE.- Vea la diferencia producida año tras año durante el Gobierno anterior. El señor NOEMI.- La participación de los trabajadores en este Gobierno ha subido, de 53,7%, a 59%; o sea, sólo 5,3%. Y durante la Administración del señor Frei aumentó en 6,9%. El señor VALENTE.- En seis años. El señor NOEMI.- Evidente, señor Senador; pero ése es el porcentaje. Sueldos, salarios e incentivos. El señor PALMA.- Además de los datos globales que se han dado en la Sala, que evidentemente implican la representación general de un cuadro - al que también me iba a referir -, podemos agregar que el personal de la Administración Pública obtuvo durante todo ese período determinada cantidad de incentivos y pagos por diversas razones, beneficios que mediante el proyecto de reajustes en debate se le reconocen cuando se dice que gran parte de los llamados servicios postergados verán transformados dichos incentivos en sueldos fijos e imponibles. Esto quiere decir, entonces, que los reajustes que percibía determinado personal de la Administración Pública eran en general bastante superiores al porcentaje de aumento del costo de la vida, sobre cuya base se reajustaban los sueldos básicos. Por otra parte, en el sector privado también se da un hecho similar por todos comprobable. El Gobierno anterior fue acusado reiteradamente por la circunstancia de que los reajustes de las remuneraciones de los servidores del sector privado no se mantenían dentro de la línea del aumento equivalente a 100% del alza del costo de la vida, ya que, generalmente, los pliegos de peticiones terminaban en reajustes muy superiores a dicho porcentaje. Y esto mismo formó un criterio entre los dirigentes sindicales, que el año recién pasado también se hizo sentir, pues el propio Gobierno, al pactar un convenio con la CUT, está tratando de frenar los reajustes aislados - los reajustes locos, como dicen -, que impiden una mayor programación y planificación del desarrollo económico también en el sector privado. Es cierto, pues, que algunos trabajadores, tanto del sector público como del privado, percibieron en el período 1965-1970 reajustes que en definitiva fueron más allá del 100% del alza del costo de la vida. Por lo demás, quien haya tenido oportunidad de comprobar cómo ha ido cambiando la forma de vida en el curso de los últimos años habrá podido observar este hecho en forma clara. Redistribuir y normalizar. Por eso, hace bien el Ministro de Economía al decir que uno de los principales objetivos que persigue el Gobierno con su política de remuneraciones es el de asegurar la redistribución del ingreso en favor del sector asalariado, porque así continúa un proceso que el país ha venido desarrollando desde hace bastante tiempo. Pero tenemos que preguntarnos si éste es un proceso que se inicia ahora o si obedece a toda una política diseñada con anterioridad. Y nos encontramos, repito, con el hecho de que, en materia de redistribución del ingreso, los esfuerzos realizados anteriormente han sido bastante serios, y con que es aceptable continuarlos. Considero positivos algunos aspectos que, con relación a la redistribución del ingreso en el sector público, se advierten en el proyecto en debate. El Ministro de Hacienda, en su exposición en las Comisiones Unidas, destacó que en nuestro régimen administrativo fiscal existen no menos de 170 sistemas de remuneraciones distintos. Por consiguiente, con el objeto de racionalizar esta situación producida dentro de la Administración Pública, se ha propuesto llevar adelante un proceso en virtud del cual se normalizarán las situaciones de diversos servicios. En las Comisiones se expresó que esto se haría paulatinamente: con 40 servicios ahora; el año próximo, con la cantidad que se estimara prudente, para llegar a algo que ha sido aspiración general de todos los funcionarios públicos de este país: a iguales servicios, iguales remuneraciones. Esta misma política motivó más de alguno de los grandes incidentes sociales ocurridos durante la Administración anterior. Y en este sentido, creemos positivo que se continúe en esa línea y prestaremos nuestra colaboración al respecto. Otro hecho positivo que nos permitimos destacar, al entrar al análisis del proyecto de ley que ahora nos ocupa, es la fijación en 500 escudos del monto mínimo de las pensiones de gracia. La verdad es que en un país donde la economía depende cada vez más del Estado, las pensiones de gracia van representando, también cada vez más, un factor de justicia tendiente a solucionar los problemas de aquellas personas que, por alguna circunstancia, han quedado postergadas u olvidadas. Nosotros hemos contribuido, en cada oportunidad en que se ha planteado esta situación, a adoptar medidas de tal naturaleza. Por ejemplo, durante el Gobierno anterior el Honorable señor Carmona presentó a la consideración del Parlamento un proyecto de ley, que fue aprobado, de acuerdo con el cual se reajustaron las pensiones mínimas del Seguro Social. Por eso, el paso que ahora se da y por medio del cual se amplían los beneficios concedidos al vasto sector favorecido por pensiones de gracia, lo consideramos un hecho positivo y lo destacamos. También es importante señalar que en la iniciativa se fija un salario mínimo de 30 escudos diarios, aun cuando creemos que todas las especulaciones que se hacen sobre el alcance de ese salario tienen menor valor que el que se puede deducir de las cifras aritméticas o de las comparaciones estadísticas que con frecuencia se dan a conocer. Ello en razón de que, del total de los asalariados que sirven en los sectores público y privado, el grupo de los que ganan el mínimo de 30 escudos diarios es muy pequeño. En cambio, en un futuro próximo tendremos que enfrentarnos al verdadero sector de pobres del país: los que no están acogidos a ningún sistema previsional ni de sueldos o salarios, y que, seguramente, deben de representar 20% ó 25% de la población activa de Chile. Se trata de los pequeños comerciantes, pequeños artesanos y, en fin, de una cantidad de personas que laboran en diversas actividades independientes. De acuerdo con los antecedentes conocidos, las personas que en Chile no están afectas a un sistema asalarial fijo viven o están en condiciones muy inferiores a las de quienes están sujetos a algún sistema salarial o previsional. Esfuerzos anteriores. No obstante todo el esfuerzo de redistribución que se está haciendo - debemos reconocer que es importante -, no puede olvidarse que en Chile, desde hace años, la redistribución del ingreso ha sido un objetivo constantemente perseguido y en cierto modo logrado. Precisamente, he leído algunos estudios sobre la materia, que en estos instantes no tengo a la mano, por medio de los cuales se señala que en Chile esa redistribución es inmensamente mejor que la de todos los países latinoamericanos. El cuadro de redistribución del ingreso - lo que se llama la pirámide de la redistribución del ingreso - en Chile tiene características no muy distintas de las que existen en los Estados Unidos de América, la Unión Soviética y en cualquier otro de los países altamente industrializados. Por lo tanto, procurar una mejor redistribución del ingreso como objetivo central en nuestro país, a pesar de ser importante, no puede constituir lo fundamental. Por esencial que sea alcanzar éxito en materia de justicia social, no puede olvidarse que también está involucrado un grave problema de producción. Efectivamente, para pronunciarnos sobre el proyecto de ley que estamos discutiendo en este instante -los detalles no los analizaré ahora, pues los trataremos en forma detenida cuando lo discutamos en particular-, y sobre los efectos que producirá en la vida económica de los sectores que viven de un sueldo o salario, es preciso considerar la línea política económica general del actual Gobierno, y en especial, aquella que inicialmente esbozó y ha tratado de llevar adelante. Elementos para una política. Al asumir el Poder, la actual Administración se encontró con un país virtualmente detenido. Pero ello no fue consecuencia de campaña del terror alguna, sino de hechos concretos y de la previsión que cada uno de los ciudadanos vio en el proceso social en un momento dado. Por eso, el Gobierno se propuso reactivar la economía. El Ministro de Hacienda insistió reiteradamente en esa oportunidad en que éste sería uno de sus objetivos centrales, para lo cual se esbozó una política fundada en algunos elementos que estaban a su disposición. En primer término, en una capacidad industrial productiva instalada bastante superior a la que se estaba aprovechando. Con este propósito, se emitió más y se aumentaron los sueldos y salarios para aumentar el poder comprador, a fin de estimular el aprovechamiento de las capacidades instaladas y provocar una mayor producción. Se encontró también - vale la pena destacar todos estos hechos - con reservas monetarias de un monto que desde hace muchos años no contaba una nueva Administración. A más de 500 millones de dólares alcanzaban las sumas de que el Banco Central podría eventualmente disponer. Y todo ello sin considerar que el cuadro de las exportaciones estaba generando en ese momento más de 1.100 millones de dólares, y que existía una cantidad impresionante de inversiones básicas en el acero, el cobre, la petroquímica, el fierro, la industria automotriz y en una serie de otras actividades que no es el momento de detallar. Estímulos Inflacionarios. Por lo tanto, para llevar a la práctica una mejor distribución existía la posibilidad de elevar la producción, si se aprovechaban de manera racional todos los factores señalados. Por eso, el Gobierno concibió su programa de desarrollo, por una parte, redistribuyendo el ingreso y ampliando el mercado, y por otra, aumentando el circulante, medida que, cuando se usa en forma adecuada, sirve realmente para estimular la producción. Por desgracia, la tasa de circulante subió desproporcionadamente respecto de la producción real del país y sin guardar relación alguna con ésta. La medida anterior produjo, en el primer instante, un incremento de las ventas y de la producción, como ha sido reconocido por todos. La Sociedad de Fomento Fabril, en lo que respecta al aumento de la producción del país, acepta la cifra del 8%, y en el plano industrial, de 13%. Lamentablemente, el exceso de emisiones no guardó relación con esas cifras. Es así como, a consecuencia de ella, al cabo de poco tiempo, nos encontramos con que se empiezan a producir en el país todos los fenómenos que hoy día puede advertir claramente cualquiera persona. El exceso de emisión originó una gran demanda; pero como el aumento de la producción fue proporcionalmente muy inferior, se produjo el agotamiento de los stocks y, poco a poco, la escasez. De este modo se va configurando el cuadro de desabastecimiento que el país vive. Y como resultado de ello, la redistribución del ingreso que se genera no se transforma en bienestar real de la población - no se trata de hacer una redistribución monetaria, sino una redistribución real de los ingresos -, sino que empieza a crearse la serie de angustias que hoy día el país vive y siente. Para mantener, pues, los estímulos que puedan provocar un aumento de la producción, el Ejecutivo se ha visto abocado a la necesidad ineludible de aumentar los precios en proporción verdaderamente impresionante. Acaba de ser publicada el porcentaje de alza del costo de la vida correspondiente a enero: 3,7%. Esto quiere decir que el reajuste de 22,1% que se otorga a casi 250 mil personas de la Administración Pública, ya en el primer mes se reduce en 3,7%. Fácil es imaginar los resultados de esta política si en el curso del año sigue la trayectoria: que estas cifras iniciales parecen señalar. El señor VALENTE.- Hay una bonificación compensatoria, señor Senador. El señor PALMA.- En su oportunidad me referiré a esa compensación. Consecuencias futuras. Esas son, pues, las perspectivas actuales, en razón de los procesos que empiezan a estallar; porque, inevitablemente, las medidas económicas tienen sus consecuencias. Habrá escasez e inflación crecientes. La escasez creciente ya empezamos a verla y ha sido reconocida por el propio Gobierno. Va desde la carne hasta los automóviles. En los últimos días, estos vehículos empiezan a ser distribuidos por el Estado. Se ha hecho una especie de lista única o de espera que no sabemos en qué se traducirá en definitiva. Quienes han escrito sobre la aplicación de listas de espera en otros países no las estiman, precisamente, un factor de estímulo de la economía, sino un freno de ella y fuente de mayores problemas. Porque la inflación y la escasez provocan inevitablemente, los efectos regresivos clásicos. En definitiva, cuando empieza 1972, los asalariados pierden poder adquisitivo y los bienes son más caros, o simplemente no los hay. Entonces, nada se saca con disponer de más dinero. Se crea un mercado negro. Todos sabemos que éste existe respecto de los más variados productos en este instante en el país. Casi no vale la pena insistir sobre el particular, pues cada parlamentario debe de ser testigo presencial del fenómeno que señalo. La escasez general se puede apreciar en nuestra propia cooperativa. Basta hacer un pedido para comprobar que aquélla no está en condiciones de entregar numerosos productos que se le solicitan, simplemente porque no se encuentran. Como consecuencia, pues, de la emisión extraordinaria y, tal vez, de una mayor demanda - no me atrevo a negar este hecho -, se va produciendo una situación cada vez más crítica. Por otra parte, las posibilidades de importar que existieron en el curso del año anterior, especialmente con relación a productos alimenticios, van a disminuir por numerosas razones, entre las cuales está el hecho de que la reserva de divisas existente ha bajado de manera apreciable. Los datos que se dan al respecto por unos y otros son diferentes; pero, en todo caso, esa reserva ha bajado notoriamente. Por desgracia, esa baja se produjo porque se ha echado mano de los dólares, no para capitalizar, sino para importar alimentos. Y los efectos de esta medida ya se están notando. ¿Cómo se pueden afrontar estos problemas? Con más producción o con mayor importación y, eventualmente, con mejor redistribución. Reajustes ficticios. El Ejecutivo, que ve los problemas que se avecinan, presentó el proyecto de reajustes en estudio, el cual, como digo, contiene algunas disposiciones positivas, con el propósito, principalmente, de dar a los sectores populares la posibilidad de afrontar los efectos de la política económica que, repito, es inevitablemente crítica. La producción se enfrenta a mayores exigencias. Su crecimiento durante el año pasado -ya se conoce la cifra global, la que fue aceptada por todos- fue de 8%, con una capacidad instalada importante sin producir. Durante 1971 los proyectos del Gobierno no incluyeron el aumento de la capacidad instalada aprovechable de inmediato en el presente año. Por consiguiente, las posibilidades de aumentar la producción mediante las industrias ya instaladas son escasas. En la Comisión, el propio señor Ministro de Economía estimó, durante su exposición, que la producción en el curso de 1972 podría crecer en 6% ó 7%; pero, al mismo tiempo, nos dijo - también lo expresó el señor Ministro de Hacienda - que habrá una mayor emisión de alrededor del ciento por ciento en relación con la del año pasado. Por consiguiente, se van a crear entre las disponibilidades crediticias y los aumentos de producción tensiones mayores aún que las experimentadas durante 1971, en especial en el segundo semestre de ese año, que fue, precisamente, el de mayor aumento de producción. Por eso estimamos que los problemas que afronta en este instante el Gobierno, y que éste trata en alguna forma de resolver por medio del proyecto de reajustes para los sectores público y privado, no van a encontrar una solución fácil. Repito: la capacidad instalada está agotada y no se ha creado una nueva; las inversiones en el sector privado están virtualmente detenidas, y en el sector público, fuera de las ya conocidas que estaban en marcha y que son de producción y maduración a largo plazo, no hay en este momento ninguna inversión aprovechable a corto plazo. Por lo tanto, es muy difícil que las disponibilidades de bienes por aumento de la producción interna, en especial de bienes industriales, superen las cifras indicadas por el señor Ministro. Esto es parte de la relación que hay entre las presiones originadas por la emisión, por un lado, y las condiciones generales del mercado, así como la derivada de la situación política y social, por el otro. Si en 1971 la emisión subió en 110% y la producción en 8%, y había una gran capacidad instalada, ¿cuánto subirá la producción en 1972 en circunstancias de que se copó la capacidad instalada y se anuncia de nuevo una mayor emisión de ciento por ciento? En otros aspectos, la producción de las grandes minas y de otros sectores atraviesa por un momento crítico. Comprendo y acepto lo expresado en la Comisión por el señor Ministro de Economía, en cuanto a que no podía esperarse que el cambio de todo el sistema de las empresas extranjeras por el proceso de nacionalización se realizara dentro de una normalidad absoluta y sin ningún problema. Es lógico que se produzcan dificultades, que cuando se cambia todo un personal especializado por otro que no tiene experiencia, se cree una serie de situaciones como las ya conocidas, que se traducen en menor producción. Lo más lógico en este terreno habría sido adoptar medidas más racionales, sin crear el ambiente de desorganización que impera en todos los rubros productivos, dando la impresión de que en este momento el país está, más que planificado, básicamente desorganizado en todos los niveles: en unos, porque no hay autoridad; en otros, porque no se reconocen ni aceptan los planes, y en otros, porque las personas que manejan los sistemas productivos no tienen las condiciones necesarias para ello. La iniciativa en estudio produce sus efectos en un plazo relativamente corto. Sin embargo, los problemas derivados del empleo de elementos humanos no preparados ni entrenados - no diré incapacitados, porque en realidad puede haber mucha gente capacitada, pero poco entrenada en el manejo de empresas gigantescas - señalan la conveniencia de que las modificaciones se realicen en forma paulatina, tal como se planeó primitivamente, sistema que marchaba bien, pero que fue interrumpido para crear condiciones como las que hoy soporta el país. Como es indudable, debe comprenderse que la preparación de los elementos humanos va a significar un alto costo para el país. Asimismo, los equipos se han gastado, y como ahora nuestros proveedores van a ser otros, tendremos que afrontar el problema de la sustitución de aquellos equipos. Es un hecho que éste ha sido un problema sumamente serio en materia de producción en las economías de muchos países, en especial de naciones latinoamericanas situadas cerca de Chile. En el caso de la gran minería y de otras industrias nacionalizadas importantes, deberemos encarar problemas de repuestos, porque también se está tratando de cambiar a los proveedores de ellos, con las consecuencias que el país conoce. Asimismo, cada día aumentan las dificultades del abastecimiento de materias primas para la industria. Problema de importaciones. Señor Presidente, solicito enviar una comunicación al señor Ministro de Hacienda y al Banco Central a fin de que informen sobre el número y el monto de registros no cursados, en especial en lo referente a materias primas, porque creo que en parte significativa el desabastecimiento que se advierte en el mercado se debe a que ya las industrias afrontan problemas muy serios debido a la falta de materia prima. Por ejemplo, el problema de la industria Said de Quillota fue bastante grave y todos lo conocimos. Y así como éste, que por ser de gran envergadura fue muy comentado, hay muchos otros a lo largo de todo el país. A mi juicio, estamos frente a problemas de producción sumamente serios, y aunque formen parte del precio de un cambio social, estimo que pudieron haberse evitado en gran medida. El señor REYES (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado en nombre del señor Senador. Acordado. El señor PALMA.- Por consiguiente, será difícil elevar la producción. Debido a ello la inflación y los problemas de desabastecimiento van a aumentar. Ciertamente, mediante la importación se pueden suplir ciertos déficit de producción interna, que en el campo agrícola parecen ser extraordinariamente críticos. El año pasado se pudo adoptar esta medida con cierta facilidad porque existían reservas importantes, pero como esto no sucede hoy día y el déficit estimado en la balanza de pagos es de alrededor de 400 millones de dólares, tal vez deberemos afrontar también serios problemas de importación, inclusive de alimentos. Consultado sobre esta materia, el señor Ministro de Economía dijo en la Comisión que en 1972 no nos íbamos a encontrar frente a algunos problemas que obligaron el año pasado a emplear divisas en forma que no parecería racional, porque en 1971 se pagó, por concepto de servicio de la deuda externa, alrededor de 300 millones de dólares. Además, en virtud de una serie de convenios con el Banco Central, se tuvo que aceptar la repatriación de capitales cantidades que ascenderían, según se dice, a 120 millones de dólares. Disminuyeron los aportes de capital. De manera que también en este aspecto hubo menor disponibilidad. Por último, la producción de cobre, estimada en 180 y tantos millones de dólares, bajó en forma apreciable, y ello por dos razones: por los problemas de la producción y por el descenso del precio en el mercado internacional. El cuadro planteado indica que el año pasado se tuvo que disponer de una cantidad importante de fondos para afrontar los problemas señalados. No sé cuánto significará la renegociación de la deuda externa, pero creo difícil que las mayores disponibilidades excedan de 200 millones de dólares. Seguramente hay otros cien millones de dólares de capitales por repatriar. Y aún no se conocen inversiones, aportes ni empréstitos, salvo unos 110 millones de dólares que facilitarían la Unión Soviética y China comunista; pero, según la información que poseemos, se trataría de cantidades calzadas con operaciones que se realizarán con esos países, en especial de equipos, seguramente con el objeto de producir para años posteriores. Por eso consideramos extraordinariamente delicado el problema de la balanza de pagos. Al respecto, solicito también dirigir una comunicación al señor Ministro de Hacienda para pedirle una información completa sobre el estado de la balanza de pagos del año 1971, datos que ya deben publicarse, y las perspectivas para 1972. El señor REYES (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se enviará el oficio solicitado en nombre del señor Senador. Acordado. Tensión y agotamiento. El señor PALMA.- Quisiera terminar - me reservaré algunos minutos para intervenir más tarde - diciendo que nos encontramos frente a un problema de producción agraria, industrial y minera extraordinariamente difícil, y otro muy complejo en lo relativo a las importaciones. Por consiguiente, el cuadro de reajustes, que, como dije, contiene algunas medidas positivas como la de nivelar algunos sectores postergados, así como lo referente a las pensiones de gracia y otras medidas de ese tipo, no configura para la inmensa mayoría de trabajadores, tanto del sector público como del privado, un cuadro optimista como el pintado en la Sala. Según datos que nos han proporcionado, el sector público está compuesto por 384 mil personas. De éstas, alrededor de cinco mil, para hablar en cifras redondas, se beneficia con el reajuste contenido en el artículo 18, que aparenta ser de 42%, y que en realidad da aumentos de los más variados. Tan así es, que hubo necesidad de incluir una norma por medio de la cual se garantizaba, aparte de las personas beneficiadas con el artículo señalado, que recibirían por lo menos 21,1% más de remuneración líquida que el año pasado, porque de ese reajuste aparente de 42% resultó que una cantidad de trabajadores no recibirían ni siquiera un aumento ascendente al ciento por ciento del alza del costo de la vida. El señor GARCIA.- ¿Me permite, señor Senador, y con la venia de la Mesa? Por una razón muy simple: porque esas personas tienen diversas asignaciones agregadas que no son imponibles. Entonces, al imponer sobre ellas, disminuye su monto líquido y, en consecuencia, el porcentaje del reajuste. El señor PALMA.- Efectivamente, señor Senador, parte de las razones son ésas. Por otro lado, los favorecidos con el reajuste de 37% no son más de 20 mil personas. En la Comisión se nos dijo que se trataba de 18 mil y tantas las que percibirán dicho porcentaje. Las beneficiadas con el reajuste extraordinario de 10% son menos de 100 mil. Por consiguiente, quedan 262 mil servidores de la Administración Pública y de empresas de sus diversas áreas que sólo percibirán 22,1% de reajuste. De estos últimos, sólo una parte será beneficiada con el bono de compensación de que se habla, por lo que, en definitiva, desde el punto de vista del re- ajuste y de la recuperación de lo perdido en el año anterior y de la situación que se prevé para el año actual, el problema será mucho más crítico de lo que puede deducirse de las buenas intenciones planteadas por el Gobierno en este proyecto de ley. Estamos frente a un proyecto, de reajustes que contiene algunas ideas positivas, pero que, en general, difícilmente afronta la realidad. Por otra parte, nos encontramos ante un proceso de inflación creciente e inevitable, frente a precios en alza, frente a una escasez de diferentes productos. En resumen, frente a un año extraordinariamente complejo. Espero que en el curso del año la Unidad Popular lleve a la práctica uno de sus puntos programáticos, en el sentido de que, cada vez que se produzca un alza de 5% del costo de la vida, se eleve en igual porcentaje la remuneración de los trabajadores. Ello en razón de que, a mi juicio, el año actual será mucho más duro que el anterior, en el cual se registró un 22,1% de aumento del costo de la vida, porcentaje aceptado por el Ejecutivo. Sin embargo, no se otorgó reajuste alguno cuando el costo de la vida subió en 5%. Reitero que nos enfrentamos a un año que será muy crítico. Afortunadamente, tenemos por delante la reunión internacional denominada UNCTAD III, lo cual nos permitirá gozar de cierta normalidad hasta mediados de año. Pero mucho temo que, en la segunda parte del año, todas estas presiones económicas, y algunas de carácter político, se traduzcan en hechos muy críticos. Confío en que para ese momento, sobre todo desde el punto de vista económico, el reajuste que se otorgará a los sectores público y privado se adapte a las nuevas condiciones que se producirán por el propio proceso que la Unidad Popular ha puesto en marcha. El señor REYES (Presidente accidental).- Restan diez minutos al Comité Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez. El señor RODRIGUEZ.- Señor Presidente, como todos los años, el Congreso Nacional se ve enfrentado a un nuevo proyecto de reajuste de las remuneraciones de los trabajadores. Brevemente pretendo exponer algunas ideas fundamentales, en nombre del Partido Socialista, acerca de cómo observamos o enfocamos este aspecto de la política económica del Gobierno de la Unidad Popular. Pienso que, más allá de las cómodas o incómodas posiciones de la Oposición o del Gobierno, cometeríamos un craso error en medir o analizar esta iniciativa como en parte quiso hacerlo el Honorable señor García en una muy breve improvisación. Como tal, reconozco que no pudo expresar en toda la latitud su pensamiento; pero por las informaciones de prensa o los comentarios que analizan la política militante, es posible apreciar – digo -que los viejos grupos conservadores, la Derecha clásica, los sectores empresariales, y parte importante de la Oposición política en general, empiezan a examinar el problema de los reajustes como un enfoque separado y aislado del contexto de la política general que desde el acceso al Gobierno está aplicando la Unidad Popular. Cualquiera que sea el enfoque que se tenga sobre nuestro Gobierno, cualesquiera que sean sus vacíos, errores y limitaciones - por lo demás, los está enfocando la propia Unidad Popular con elevado sentido crítico y autocrítico -, se comete un craso error – repito - cuando se pretende enjuiciar el problema de la política económica del Gobierno enmarcada en el viejo contexto nacional chileno. A mi juicio, debería ubicársela en el contexto de una etapa difícil y compleja, pero nueva y distinta, que es otra realidad, que corresponde a un proceso de cambios, una etapa transitoria que camina a una nueva sociedad, y cuya meta final, desde el punto de vista de los trabajadores y de las fuerzas revolucionarias, es llegar al socialismo. Naturalmente, el Gobierno de la Unidad Popular, en medio de una economía aún no saneada, que prosigue enferma, debo dar una respuesta también transitoria a la política de remuneraciones, para compensar, como el mismo mensaje lo dice, el poder adquisitivo perdido en el curso del año pasado. Indudablemente, no es posible pensar que esa política pueda traducirse exclusivamente en la clásica presión de las organizaciones sindicales de obreros y empleados en, que se generaba una pugna contra el régimen dominante de ayer y el Parlamento para alcanzar los más altos índices de reajuste, cuando los sectores mayoritarios del Congreso mezquinaban dicho reajuste y la lucha de clases alcanzaba gran extensión y profundidad en términos tales que no pocas veces el Parlamento se veía rodeado, presionado por la mezquindad de los recursos que se otorgaban a los trabajadores, quienes recurrían a paros o huelgas indefinidas para protestar por la exigüidad de sus mejoramientos. Sin duda, el panorama actual es otro y muy distinto, porque la clase trabajadora tiene cabal conciencia de que cuenta con un Gobierno amigo, que dispone de una Administración que, a pesar de las dificultades económicas y financieras en las cuales se desenvuelve, está tratando de instaurar una política que favorezca al máximo los intereses de la mayoría. Por eso, es útil recordar la observación del Ministro de Economía, y que se reproduce en el informe, en el sentido de que toda política de remuneraciones encuentra una doble dificultad. La primera surge del sector empresarial, el cual sostiene que son exagerados los reajustes que se dan, especialmente al sector privado, cuando no se aplica una política paralela de precios. Y la otra, derivada de quienes, desde la propia Oposición reclaman por el bajo monto de los reajustes. En otras palabras, un sector de la Oposición, el netamente capitalista representado muy claramente por la Derecha tradicional de este país, el Partido Nacional, reclama por los reajustes excesivos, considerando que los sectores laborales se desmandan. Y por otra parte, la Democracia Cristiana sostiene que los reajustes son magros, pequeños. Entonces, por dos flancos distintos, y guiados por intereses políticos subalternos, se dispara contra la política económica del Gobierno. Pero los trabajadores han entendido cabalmente cuál es la dirección básica del Gobierno, y lo han comprendido mejor cuando han sentido en carne propia, en su vida familiar, en su hogar, más allá de las dificultades, de algunos desabastecimientos innegables y de errores burocráticos, que soy el primero en criticar, que la política de este Gobierno les ha significado mayor poder adquisitivo, más poder de compra, y que su mayor bienestar no reside en un reajuste excesivo, sino también en las llamadas prestaciones sociales. Por eso, ha hecho bien el Ministro de Economía al señalar que la política de redistribución de ingresos, que es concreta y real y no una ficción ni una afirmación demagógica del Gobierno ni de quienes lo defendemos en las bancas parlamentarias, está ligada a una ambiciosa política social que ha logrado expresarse nítidamente durante los doce o catorce meses del actual Gobierno. El señor GARCIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor RODRIGUEZ.- Deseo terminar esta parte de mis observaciones y en seguida, con todo gusto se la concederé. No cabe duda de que es una prestación social nueva, que se traduce en beneficios materiales y, más que eso, que defiende el capital de la salud del pueblo, la prestación consistente en otorgar medio litro de leche gratuitamente a los niños de Chile. Ello no sólo hace realidad la afirmación de que el único ser privilegiado en nuestro país es el niño, sino que constituye una conquista soñada ayer y convertida hoy en realidad por el Gobierno de la Unidad Popular. Es un hecho real también que el problema de la vivienda, con los nuevos mecanismos de la política habitacional de la Unidad Popular, ha significado también una mayor prestación concreta al ponerse término, a los reajustes de las cuotas CORVI, que constituyen prestaciones concretas, y abarató el usufructo de las casas construidas mediante los planes habitacionales, que hasta ayer resultaban muy onerosos para los usuarios. Es un hecho cierto y real el turismo popular, que ha ido creciendo, y que está en una experiencia inicial, si se quiere, de la que el pueblo por primera vez goza y disfruta. Es innegable que tal iniciativa se encuentra en pañales, pero ha ido abriéndose paso durante el segundo año de su aplicación, y pensamos que cuando cuente con una participación más plena de las organizaciones sociales, las playas, montañas, ríos, lagos y cordillera constituirán lugares de recreación de uso colectivo de gran parte de la población chilena. Ello constituye un hecho nuevo en la realidad económica, política y social del país. Tampoco podemos desconocer que los nuevos planes de salud han extendido sus beneficios. Claro que siempre existen lunares de desatención médica, como el denunciado por el propio Presidente de la República. Indudablemente, hay defectos orgánicos en el Servicio Nacional de Salud. Faltan médicos, pero, aun así, la mayor planificación de lo que tenemos en materia de capital de la salud, se ha traducido en menor mortalidad infantil. Hemos rescatado más niños chilenos de la muerte con la nueva política de salud, y éste es un hecho que el pueblo palpa, más allá de los editoriales interesados de los diarios de Izquierda o de Derecha, más allá de los comentarios interesados de los propios políticos. Son hechos que nuestro pueblo está palpando en su vida cotidiana. Por eso, juzgar en términos tradicionales el proyecto de reajustes, en cuanto a que se está dando un poco más o un poco menos, de acuerdo con la variación experimentada por el índice de precios al consumidor - ahora lo consideran malo, no obstante ser el mismo mecanismo que utilizó la Democracia Cristiana en su Gobierno y que ayer era bueno - constituye un error. Deseo agregar que en este proyecto de reajustes está vivamente presente la clase trabajadora, porque cuenta con el sello de la aprobación de su Central Única. Podrá aducirse que la CUT no pidió más, no aumentó sus aspiraciones. A mi juicio, ello se debe a que dicha Central, al cumplir sus bien llevados 19 años de existencia, está en una posición responsable y coherente, porque comprende que el problema de lograr la felicidad para sus representados reside no sólo en obtener más y más remuneraciones, en caer en el viejo economicismo de la sociedad burguesa y capitalista, sino también en luchar por la mayor participación en la planificación nacional, en el logro de ciertos objetivos y metas sectoriales de la economía chilena y en tener acceso más dinámico a las decisiones nacionales. Es en ese nuevo estilo que surgen ahora acuerdos tan interesantes como los reproducidos en la última memoria de la Central Única de Trabajadores, y que ésta suscribió con diferentes entidades estatales y con centros universitarios. Por ejemplo, estableció un convenio con la Universidad Técnica del Estado, en virtud del cual este plantel presta su concurso cultural, profesional y técnico a los trabajadores y a sus hijos, y éstos, junto a la CUT, asumen un papel difusor y de aprovechamiento material de todos los recursos: aulas, técnicas, personal docente de la Universidad. Hay otros convenios celebrados por la Central Única de Trabajadores con el Instituto Nacional de Capacitación, que, sin duda, se traducirán, y se están traduciendo, en una mejor preparación de los cuadros calificados de mano de obra, e inclusive de los de carácter técnico profesional, surgidos de la clase trabajadora. Existe también un convenio con la Televisión Nacional, la cual proporcionará programas culturales y masivos que lograrán traducir las inquietudes de saber y de instruirse de los trabajadores. Está el convenio de la Central Única de Trabajadores con el Servicio Nacional de Salud para alcanzar, precisamente, nuevas metas en la defensa sanitaria de la población. Está el convenio de la CUT relativo a capacitación y desarrollo cultural de los trabajadores, donde el arte, la música, la cultura en general, las artes plásticas, se encuentran - por vez primera, diría yo - con los trabajadores, a quienes siempre estaba negado el acceso al teatro, a la poesía, a la música. Mediante dicho convenio, el patrimonio cultural se pone al servicio de la gran mayoría de los chilenos. Por último, el convenio de la Central Única de Trabajadores con la Oficina de Planificación Nacional, extraordinariamente interesante por sus proyecciones. Aun cuando ha sido suscrito recientemente y no ha tenido desarrollo acelerado, sus proyecciones son muy atractivas. Este convenio empieza por afirmar que es necesario crear el Sistema de Planificación de las Empresas del Área Social con la amplia participación de los trabajadores; que es imprescindible que una comisión programe la forma de planificación a nivel de cada empresa; que los trabajadores deben asumir la responsabilidad de crear dicho sistema de planificación. Para alcanzar estos logros, se forma una comisión de tres representantes de ODEPLAN y tres de la Central Única de Trabajadores. Las cláusulas del convenio son muy breves, sólo ocupan dos carillas que podrían reproducirse en la parte pertinente de mi intervención. El documento cuya inserción se acuerda más adelante es el siguiente: Primero: Establecer una Comisión Paritaria compuesta de tres representantes de la CUT y tres representantes de ODEPLAN, encargada de proponer un sistema de planificación de las Empresas del Área Social. Segundo: ODEPLAN se compromete a facilitar técnicos de planificación y proyetos de inversión que colaboren con los trabajadores en cada unidad productiva, conforme al programa de trabajo que fije la Comisión Paritaria. Tercero: La CUT se compromete a designar a los representantes que se integrarán a los equipos mixtos de asesoría en planificación para establecer métodos y sistemas de planificación en las Empresas del Area Social. Cuarto: ODEPLAN se compromete a velar por la incorporación de los técnicos de los sectores y entidades autónomas a los equipos de trabajo y la CUT, a incorporar a los trabajadores de las federaciones por ramas de la producción. Quinto: La Comisión Paritaria deberá: a) Organizar, con la colaboración del Instituto de Planificación dependiente de ODEPLAN, cursos de capacitación destinados a preparar a los trabajadores que participarán en la Planificación de las Empresas del Área Social. b) Establecer comisiones en las regiones geográfico-económicas del país encargadas de llevar a la práctica los acuerdos de este convenio en relación a las Empresas del Área Social de cada región. c) Someter a la Dirección de la CUT y de ODEPLAN informes trimestrales de evaluación del trabajo realizado, señalando los avances logrados y los obstáculos encontrados. d) Podrá concertar convenios con las Universidades y organismos públicos, nacionales y regionales, destinados a implantar sistemas de planificación en las Empresas del Área Social y a realizar cursos de capacitación. Sexto: Las instituciones firmantes se comprometen a dar amplia publicidad y difusión al presente Convenio y sus alcances, en los organismos sindicales y en la opinión pública en general. Séptimo: El presente Convenio tendrá duración indefinida, pudiendo las partas desahuciarlo mediante carta certificada con seis meses de anticipación a lo menos. Octavo: Para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago. Noveno: El presente Convenio se firma en seis ejemplares, distribuyéndose tres por cada parte. El señor RODRIGUEZ.- Por eso, es indudable que el proyecto de reajuste debemos medirlo no sólo en razón de las aspiraciones de mejoramiento económico concreto de los trabajadores, sino también y fundamentalmente, en relación con otras metas trascendentes que tiene trazadas la clase trabajadora. No sé si el Honorable señor García quiere hacer uso de la interrupción que le ofrecí hace un momento. Con cargo a su tiempo, se la concedo con todo gusto. El señor GARCIA.- No rectificaré al Honorable señor Rodríguez, porque él estaba repitiendo de memoria algunas afirmaciones hechas por el Ministro de Economía en la Comisión. En el debate que hubo allí, el señor Ministro, frente a los planteamientos que se le hicieron y que también formulé, quiso establecer una especie de guerrilla al sostener que la Democracia Cristiana era partidaria de los reajustes y que nosotros no lo éramos. Eso fue lo que acaba de expresar el Honorable señor Rodríguez, y que puso en boca del señor Ministro de Economía, lo que es efectivo, según se puede comprobar en uno de los anexos del informe de la Comisión. En verdad, lo que yo he sostenido es que los reajustes que se estaban dando son de papel, porque no hay un mejoramiento real del bienestar de las personas, porque no han obtenido más bienes ni los están obteniendo, porque hay escasez, porque, de continuar con esa política, la escasez será muchísimo peor. Lo pedí al señor Ministro que estableciera una política de reservas para aumentar la producción. En segundo lugar, también critiqué que permanentemente estuvieran sosteniendo los personeros de la Unidad Popular que ellos son los únicos que han hecho algo; que antes de este Gobierno jamás había existido nada. Si bien es cierto que se ha dado medio litro de leche, no lo es menos que durante años se ha aplicado todo un sistema de alimentación escolar que, tal vez, no sea de la magnitud de la que se otorga hoy día. Es efectivo, además, que antes de este Gobierno había disminuido enormemente la mortalidad infantil. Ello no es sólo obra de la actual Administración: ésta sólo prosigue la labor de progreso en esta materia. Asimismo, se afirma que el actual Gobierno es el primero en incluir Ministros obreros en el Gabinete, olvidando los siete u ocho obreros que han ocupado tales cargos en pasadas Administraciones, sin que nadie lo haya andado predicando. Nunca había yo oído decir: Nosotros hemos tenido un Ministro obrero. Parece constituir un gran éxito para la Unidad Popular tener un Ministro obrero; por eso lo celebra tanto. En cambio, antes era natural que un obrero pudiera ejercer un cargo de esa especie, pero nadie había puesto tanto énfasis en divulgar tal hecho. Los convenios de la CUT con la Universidad Técnica del Estado corresponden a los viejos convenios celebrados, incluso, entre la Escuela de Artes y Oficios y los sindicatos. En cuanto a que la música, el arte y la pintura estuvieran negados totalmente a las masas obreras, yo recuerdo al Honorable señor Rodríguez los conjuntos obreros, no sólo teatrales, sino también los coros y las bandas de música que han existido en Chile en gran cantidad de sindicatos. Y cuando Su Señoría me dice que sólo ahora existe el turismo obrero, revela con ello que tal vez no ha ido nunca a Cartagena y no sabe que en los últimos 20 años se ha desarrollado efectivamente en ese balneario turismo y veraneo obrero. Es lógico que todas estas actividades aumenten en virtud del progreso; pero no nieguen lo que han hecho los demás, ni digan que éste es el primer Gobierno que hace ciertas cosas, en circunstancias de que eran corrientes y normales en nuestro país. Esta era la rectificación que quería formular al Honorable señor Rodríguez. El señor RODRIGUEZ.- Su interrupción fue larga, señor Senador, y sus juicios pudo reservarlos para posteriores intervenciones. Las interrupciones son, por esencia, breves. Por lo demás, sus argumentos no han destruido en nada mis afirmaciones. Yo no repetí lo que dijo el señor Ministro; simplemente recordé algunas de sus afirmaciones, lo que es distinto. En todo caso, hay consenso general en cuanto al problema de los reajustes. En resumen, los empresarios, junto con la Derecha política, estiman exagerados los reajustes; la Democracia Cristiana los califica de magros y limitados. Es decir, desde dos bandos distintos se critica la política del Gobierno. No voy a contestar al Honorable señor García porque, desgraciadamente, mi tiempo es muy exiguo. En cuanto a la última parte de su interrupción, puedo decir que los obreros que antes viajaban a Cartagena lo hacían por su propia cuenta y no tenían ningún estímulo del Estado. Hoy las respectivas reparticiones estatales están construyendo balnearios populares, en los cuales la alimentación sólo cuesta 10 escudos diarios por persona. O sea, existe turismo organizado, planificado; en ciernes, por supuesto, pero que alcanzará gran expansión en el futuro. Esta es una de las conquistas logradas por los trabajadores en nuestro Gobierno. El acuerdo CUT-Gobierno, concretado en este proyecto que analiza el Senado, traduce todas las aspiraciones de los trabajadores en cuanto a remuneraciones para 1972, contenidas en las normas de general aplicación para los sectores público y privado. Esta iniciativa fija un salario equivalente a 30 escudos diarios, un sueldo mínimo de 1.100 escudos mensuales para los empleados del sector público y privado de todo el país, un reajuste general de sueldos y salarios de 100% del alza del costo de la vida para todos los trabajadores no adscritos a convenios del sector público y privado, una pensión mínima equivalente a un salario mínimo. En este último aspecto vale la pena señalar que, no estando satisfechos con el monto total que perciben los pensionados, el salto que los ha favorecido en relación a los beneficios que les otorgó el Gobierno pasado - no quiero caer en comparaciones odiosas: estoy señalando hechos - es indudablemente extraordinario. Estos viejos parias pensionados, como antes se los calificaba, ahora son sujetos con mayores derechos económicos. En seguida, se ha fijado una pensión mínima para los empleados equivalente a un sueldo vital escala A) del departamento de Santiago; se logra un reajuste de las pensiones, jubilaciones y montepíos del 100% del alza del costo de la vida. Además, se ha obtenido, en un proyecto que hace poco despachamos en el Congreso, la reajustabilidad de las asignaciones familiares, y se tiene proyectada su nivelación completa en un plazo prudente mediante el Fondo Nacional de Prestaciones Familiares. Formulamos ya observaciones al respecto cuando despachamos hace poco el proyecto pertinente en el Senado. En el proyecto de reajustes también se concreta la aspiración de la CUT de que no ingrese la primera diferencia de los sueldos en las respectivas cajas de previsión, ni tampoco las de las pensiones al Fondo Nacional Revalorizador. Por todo lo anterior, yo reafirmo que la universalidad de las aspiraciones de los trabajadores del sector público están contenidas en el proyecto de reajustes que estamos analizando. En segundo lugar, se logra mayor justicia en la distribución del ingreso al otorgarse mayores compensaciones pecuniarias a los sectores de más bajas remuneraciones. No cabe duda de que -el propio Honorable señor Palma lo ha reconocido con mucha objetividad-, en el contexto general de la política de remuneraciones, se logra tal propósito cuando se otorgan mayores reajustes a los sectores de menores ingresos de la Administración Pública. En esta parte de mi intervención, deseo que se reproduzca - como manera de responder al Honorable señor García y a lo que dirá el Honorable señor Ibáñez, por lo que anticipó ya aquel Honorable colega de lo que va a expresar el señor Ibáñez -, algunos cuadros que me ha proporcionado el señor Director de ODEPLAN. En ellos se registra la movilidad de los sueldos y salarios a partir de 1962, o sea, en el último decenio. Pido insertar estos cuadros y un breve comentario de no más de media carilla. El primer cuadro se refiere a la variación de los precios al consumidor; el segundo, a la de los precios al por mayor; el tercero, a la de sueldos y salarios; el cuarto, al poder adquisitivo de sueldos y salarios y el último, al ingreso geográfico por tipo de compensaciones. El señor AYLWIN (Presidente).- Si le parece a la Sala, se insertarán los cuadros y documentos a que se ha referido el Honorable señor Rodríguez. Acordado. Los documentos que se acuerda insertar son los que siguen: CUADRO Nº 1PRECIOS AL CONSUMIDOR % Variación índice ( General % Alimr intación Vivienda Vestuario % Vav ios V. anual 12 m. V. anual 12 m. V. anual 12 m. V anual 12 m. V. anual 12 m, 1965 28,8 25,9 29,6 26,2 26,5 21,3 25,3 19,7 34,2 41,5 1966 22,9 17,0 22,5 13,9 20,6 17,9 20,3 20,3 31,9 25,7 1967 18,1 21,9 14,5 20,1 19,7 21,6 22,1 24,4 27,6 26,9 1968 26,6 27,9 25,5 27,1 24,5 27,3 25,6 25,0 35,4 35,8 1969 30,7 29,3 30,7 28,8 26,1 22,1 27,8 29,5 39,4 40,2 1970 32,5 34,9 35,4 40,4 25,8 28,7 27,7 28,7 37,7 35,1 1971 20,1 22,1 23,8 28,2 16,4 15,7 26,0 25,2 12,5 14,0 Fuente: Inst. Nac. de Estadísticas. CUADRO N° 2PRECIOS AL POR MAYOR °/o Variación índice General Productos nacionales Total Agropecuario Mineros Industriales P. Import. V. anual V. anual V. anual V. anual V. anual V. anual 12 m. 12 m. 12] m. 12 m. 12 m. 12 m. 1965 24,3 24,5 32,2 32,7 32,3 36,5 46,8 40,0 28,0 28,9 7,0 7,8 1966 22,9 19,6 26,7 23,6 25,7 24,9 24,3 16,7 28,2 24,0 13,9 9,6 1967 19,3 19,7 19,7 19,1 15,9 14,6 15,8 18,1 22,8 22,7 18,6 21,6 1968 30,5 33,1 27,6 30,0 24,4 25,3 21,7 20,4 30,9 35,0 38,7 41,6 1969 36,5 39,4 36,2 38,4 41,0 47,6 29,2 36,9 35,6 36,4 37,4 43,0 1970 36,1 33,7 36,6 33,9 36,0 35,4 29,0 22,1 37,2 34,2 34,4 33,5 1971* - 17,2 - 18,0 - 24,9 - 44,2 - 15,1 - 14,4 Fuente: Inst. Nac . de Estadísticas. * Hasta el mes de noviembre. CUADRO Nº 3 SUELDOS Y SALARIOS % Variación índices por sectores índice Total % Variación n 12 meses a: S. de util. pública Minería Industria manufact. Instituc. fiscales Institu. semifisc. Sueldos Sueldos Sueldos Salarios 1969 Oct. 46,6 49,3 35,1 27,8 30,9 34,7 35,9 35,2 1970 Oct. 34,9 68,9 43,2 61,6 58,2 54,4 50,9 52,7 1971 Jul. 40,8 -9,4 97,3 46,3 55,7 49,0 39,0 44,0 PODER ADQUISITIVO DE SUELDOS Y SALARIOS Ind. Sueldos y Sal. Ind. precios cons. (A)/(B) Variación anual (A) (B) (C) 1968-100 (D) 1968 Oct. 1.187,0 77,71 100,0 - 1969 Oct. 1.605,4 98,88 106,4 6,4 1970 Oct. 2.450,7 134,07 119,7 12,6 1971 Jul. 3.529,3 150,40 153,7 28,4 Fuente: INF. índices de Sueldos y Salarios y de precios al consumidor. Distribución del Ingreso Geográfico 1.- Variación en la estructura de la distribución del ingreso. Las primeras estimaciones de esta medida de producción acusa un ingreso global, para 1971, de poco más de 104 mil millones de escudos. Las compensaciones al trabajo de empleados y obreros elevan su participación al 58,6%, lo que significa un mejoramiento de 9,1% en relación a la alcanzada en 1970. Los mejoramientos nominales de sueldos y salarios son muy similares, no obstante que analizando separadamente el sector público y sector privado se aprecian algunas diferencias. Los sueldos y salarios pagados por el sector Administración Pública y Defensa más Educación y Salud Pública aumentaron, en 51,8% y 42,9%, respectivamente. En el Sector Privado los mejoramientos nominales son algo superiores y se elevaron al 55,4% para los sueldos y 54,3% las remuneraciones de los obreros. INGRESO GEOGRAFICO POR TIPO DE COMPENSACIONES (millones de Eº de c/año) 1967 1968 1969 1970 1971 (*) Sueldos 7.12210.001 14.286 21.808 33.557 5 Salarios 4.256 Ap. patronales 2.028 Remuneración al trabajo . . 13.406 Otros pagos a factores . . . 13.069 Ingreso Geográfico 26.475 (*) Cifras estimadas. .916 8.409 12.081 18.596 2.790 4.161 6.206 8.921 18.707 26.856 40.095 61.074 17.058 25.643 34.539 43.174 35.765 52.499 74.634 104.248 El señor RODRIGUEZ.- Finalmente, y sobre los beneficios de la empresa privada, quisiera responder globalmente las afirmaciones formuladas por los Senadores nacionales y las que formularán. Ellos no pueden negar que recibimos un país azotado por la inflación, con una deuda internacional estratosférica, pues de acuerdo con las últimas informaciones, ella sobrepasa los 3 mil millones de dólares, que estamos renegociando con el Club de París, a fin de aprovechar 300, 400 ó 500 millones de dólares anuales de excedente, precisamente para promover la mayor producción que ellos reclaman. Cuando se recibe un país en estas condiciones, con una economía hipertrofiada y una industria monopólica favorecida por los organismos estatales como la CORFO y que sirvió para afirmar malos negocios y para apuntalar a la empresa privada con préstamos excesivos y avales del Estado, la empresa privada resulta un mito y una gran hipocresía, porque siempre se agarraba de los pitutos del Estado, de los avales del Banco del Estado o de la CORFO y pedía plata al exterior con la garantía del Estado chileno. Entonces, la empresa privada, tan pujante y tan promisoria, resulta una mentira y una ficción; resulta el negocio de unos pocos aprovechadores que disfrutan de la estructura financiera y económica del Estado. Sin embargo, en este meremágnum de dificultades y hechos negativos se realiza una política económica de gran latitud, que empieza por traducirse en 1971 en el más alto crecimiento del producto nacional bruto de los últimos 10 años, que, según entiendo, sobrepasa el 8%. En seguida, se han alcanzado algunos índices que nadie puede negar, particularmente en el área social. El volumen de producción física en la minería aumenta, y si bien baja el precio internacional del cobre, perjudicando gravemente los ingresos, el volumen de su producción física, a pesar de los pesares, se eleva, porque inclusive aumenta la exportación del metal. La producción de salitre sube en términos tales, que, como sector del área social, permitirá colocar el producto a precios bajísimos, a largo plazo y reducido interés en toda la agricultura chilena. ¡Y crece la producción del carbón en manos de los mineros de Lota y Coronel, con un gerente obrero! ¡Crece también en el área social la producción textil, y ahí están los últimos balances de esos centros industriales textiles. Es indudable - y en esto concuerdo con algunos que formulan esta crítica - que fundamentalmente ha habido una transferencia del sector privado al área social. Pero, aun así, ha habido mayor producción, lo que demuestra la eficacia de la dirección de los trabajadores, que no es plena ni completa, porque creo que la participación de los trabajadores no está planificada debidamente. Y es insuficiente, aparte que no está orgánicamente expresada. No obstante todo lo anterior, la producción ha crecido en los rubros minero e industrial, y, a pesar de todos los pesares - repito la frase - en el campo de la agricultura ha habido un aumento importante en varios índices de producción. Por eso, sin duda, la planificación futura debe crear más núcleos productivos industriales, porque hemos ocupado casi a plenitud la capacidad ociosa industrial chilena. Así, el año 1972 constituye un desafío para la Unidad Popular y su Gobierno, porque no sólo habrán de transferirse al área social algunas otras empresas monopólicas que aún se mantienen en el sector privado, sino que realmente deberá crear nuevos núcleos productivos industriales a fin de que pueda hacerse concordar mejor la demanda con la oferta. Todos sabemos - y lo saben incluso los opositores, que a veces lo callan - que la posibilidad de recursos financieros es limitada por la renegociación de la deuda externa, porque está saturado el crédito internacional, no por nosotros, sino por Gobiernos pasados. Y a pesar de ello, esperamos que en el campo socialista y entre los sectores del capitalismo europeo no comprometidos con la presión del imperialismo norteamericano, se dé realmente un trato ventajoso al Gobierno de Chile, tanto en la renegociación de la deuda externa, a fin de dejar excedentes y aplicarlos a la planificación económica y productiva, como también a través de la asesoría técnica necesaria. Por ejemplo, ya se ve que para elevar la mecanización de la agricultura es posible incorporar a breve plazo 5 mil a 10 mil tractores, que fundamentalmente se colocarán a disposición del sector reformado de la agricultura, sin perjuicio de entregarlos también a pequeños y medianos empresarios agrícolas. Como los minutos son escasos y no quiero cansar con mis cifras a mis Honorables colegas, concluyo resumiendo: Primero, la política de remuneraciones que plantea el Gobierno mediante el proyecto de reajustes que envió al Congreso, es una política compartida por los trabajadores. Segundo, en esta política de remuneraciones no sólo se trata de trasladar, como se dijo en la Comisión, una masa de bienes monetarios y ponerla a disposición de los trabajadores, sino que de dar forma también a una política de prestaciones sociales de gran vuelo, ambiciosas, que ya se está traduciendo en frutos inobjetables para las familias proletarias de nuestro país. Tercero, quedan planteados para la economía chilena estos nuevos desafíos: ampliar, diversificar y aumentar el nivel productivo del país a fin de colocar más bienes a disposición de las masas consumidoras, que han visto realmente aumentado su poder adquisitivo. Nada más, señor Presidente. El señor AYLWIN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Morales. El señor REYES.- Señor Senador, con cargo a nuestro tiempo deseo formular una breve observación. El señor MORALES ADRIASOLA.- Aunque sea con cargo a mi tiempo, señor Senador. El señor REYES.- Muchas gracias. El señor AYLWIN (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría. El señor REYES.- El Honorable señor Rodríguez hizo algunas observaciones relacionadas con la renegociación de la deuda externa, con su monto y con la responsabilidad de Gobiernos anteriores en cuanto a los préstamos y a la inversión de los recursos. En esta ocasión no es del caso entrar a un debate sobre el particular, pero oportunamente haremos un análisis de esta renegociación, y creo que entonces desvirtuaremos en gran medida las aseveraciones del señor Senador. El señor AYLWIN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Morales Adriasola. El señor MORALES ADRIASOLA.- Señor Presidente, con ocasión del proyecto de ley que reajusta las remuneraciones de los trabajadores de los sectores público y privado para el año 1972, las Comisiones Unidas de Gobierno y Hacienda del Honorable Senado tuvieron la oportunidad de escuchar las exposiciones que, sobre el particular, formularon los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Hacienda. El primero de ellos ha insistido en lo que denomina la definición de la política de remuneraciones, que, en su concepto, básicamente está destinada a asegurar la redistribución del ingreso a favor de los sectores asalariados. Nada puede objetarse a su posición si busca efectivamente alcanzar ese resultado. Sin embargo, el propio señor Ministro, que al iniciar su gestión como tal planteaba con arrogancia la solución para el problema de remuneraciones en forma absolutamente teórica, sobre la base, seguramente, dejo que había leído al respecto y sin estudio suficiente de la realidad nacional, empieza a reconocer, sólo ahora, que la aplicación de esta política tropieza con dificultades prácticas de muy distinta naturaleza. La verdad es que no se trata de dificultades en la práctica, sino de que ya nos encontramos en presencia de un fracaso absolutamente en toda su política económica, por cuanto ella ha desatado un fenómeno inflacionario de insospechada proyección. Y el Ministro, consciente de ello, se ve en la obligación de batirse en retirada y sostener que en la medida en que no sea posible contener los precios, procurará el mismo efecto de distribución del ingreso, en términos de otra tasa de inflación. En otras palabras, reconoce abiertamente que su política ha sido incapaz de contener la inflación, y lo confirma el hecho de reconocer también que no está en condiciones de vaticinar cuál será el alza del costo de la vida durante el año 1972. Atribuye el fenómeno, en parte, a problemas creados con intencionalidad política, lo que es una simple excusa sin valor alguno, pues no conocemos agrupación política que propicie en el país una inflación desatada y galopante como la que nos espera para 1972. Es preciso dejar claramente establecido que si la inflación se ha desatado, ello es por culpa exclusiva de la torpe y errada política económica, por la falta de un plan coordinado y por factores que a diario demuestran la incompetencia en el manejo del proceso económico. Nos alegramos de que el señor Ministro haya permanecido en el cargo después de la última reestructuración ministerial, porque a muy corto plazo su fraseología inconsistente quedará en descubierto y el país entero lo podrá señalar como uno de los principales responsables de la gravísima situación económica que vive el país. Seguiremos analizando este problema en el segundo informe. Ahora quiero referirme sólo a algunos aspectos. En nuestra opinión, una sana política económica debe promover un desarrollo ordenado y progresivo de nuestra economía; sin embargo, ese principio básico ha sido olvidado, y este olvido es el causante de los graves desajustes y contradicciones que a diario se observan. Sólo hace tres meses el señor Ministro de Hacienda, al formular la exposición sobre política económica del Gobierno, expresó reiteradamente que era decisión del Gobierno popular orientar todos los esfuerzos de su política a producir el equilibrio aumentando la oferta y no los precios, y ahora vemos cómo ésa que era la teoría se ha derrumbado estruendosamente, porque no fue posible seguir engañando y debió reconocerse la necesidad de fijar nuevos precios a los productos. En esa misma oportunidad, el mismo Ministro cifraba grandes esperanzas en los excedentes de distintas empresas hoy día en poder del Estado, para financiar diversas obras o desembolsos de carácter social. Hasta ahora no hemos podido obtener una sola respuesta que indique el monto de estos recursos; por el contrario, con criminal irresponsabilidad, por disputas entre propios grupos de la Unidad Popular, se ha anarquizado en tal forma la producción de cobre, que proporcionaba nuestra mayor disponibilidad en moneda extranjera, que hemos llegado a la crítica situación de no contar con los medios necesarios para las importaciones elementales más indispensables para la marcha normal del país. Por eso, es preciso que el Gobierno, durante la discusión del segundo informe en las Comisiones, proporcione todos los datos necesarios para el cabal conocimiento de los recursos que se obtendrán por concepto de estos excedentes. Por otra parte, también es necesario conocer cuál es el programa de importación de alimentos que proyecta efectuar el Gobierno en el curso del año 1972, porque en la intervención del Ministro de Economía, luego de hablar de una redistribución del ingreso, se introduce por vez primera un nuevo concepto al hablar de readecuación de la oferta, lo que para cualquiera significa un primer anuncio de que, a corto plazo de seguir las cosas como están, el país tendrá que sufrir los efectos de un racionamiento de sus artículos alimenticios. Además, el torpe manejo financiero en el exterior nos ha conducido a una situación en que hoy día las principales industrias del país, aun las estatificadas, tienen muy serias dificultades para procurarse los repuestos más indispensables para su funcionamiento. Y, sin querer, hacer vaticinios pesimistas, consideramos que entre junio y julio próximos las industrias no podrán contar con la materia prima importada indispensable para funcionar normalmente, y veremos el penoso espectáculo de que trabajarán sólo 15 días al mes, pese a todos los planes elaborados por los personeros inexpertos. Consideramos, además, que en esta oportunidad el Gobierno tiene la obligación de informar a la opinión pública acerca del curso que siguen las gestiones de renegociación de la deuda externa. Recordemos cómo se criticó a las Administraciones anteriores por los acuerdos que alcanzaron con el Fondo Monetario Internacional. Observamos que ahora han tenido que reconocer el papel que este organismo desempeña en todo el manejo financiero internacional, y ya vemos cómo, tanto ante los bancos privados americanos como en el Club de París, aparecen como ciegos llevados de la mano por funcionarios del Fondo Monetario. Toda esa crítica, entonces, era fruto de una demagogia o ignorancia, y ahora han tenido que reconocer la necesidad, si se quiere operar en el mercado financiero internacional, de actuar con el acuerdo de ese organismo. Comprendemos que este paso debe de haber sido muy duro para quienes hasta ayer abominaban de la participación de Chile en ese organismo; pero la realidad les ha abierto los ojos, porque la verdad es que después de tratar de prescindir del financiamiento americano, buscaron nuevos recursos en los distintos países de Europa Occidental, donde no lograron resultados concretos tras largas y sucesivas misiones económicas. Por último, recorrieron los países de la órbita socialista en una amplia delegación presidida por el propio Ministro de Relaciones Exteriores, y a su regreso, tras un mes de gestiones, volvieron cargados de condecoraciones pero sin un solo centavo de libre disposición para ayudar a la urgente necesidad de desarrollo del país. Para nosotros es evidente la improvisación con que se ha planteado ante el Congreso la política económica del Gobierno. No nos parece serio que el Ministro de Economía, por ejemplo, silencie el hecho de que en el año 1971 la importación de productos alimenticios haya aumentado en 50%; que no tengamos una proyección de cuál será su monto durante el año 1972, y que ni siquiera diga cuáles son las medidas de orden interno que el Gobierno está adoptando con eficiencia y oportunidad para corregir este grave fenómeno. Tampoco consideramos aceptable que el Ministro de Hacienda, en la exposición a que ya he hecho referencia, anuncie una nueva disciplina en la utilización de los recursos financieros del país, abaratando costos de operaciones e impidiendo todo gasto dispendioso o innecesario y que, en cambio, se despilfarren los recursos del Estado en fines no reproductivos que todo el país conoce. Nada más, señor Presidente. El señor AYLWIN (Presidente).- Ofrezco la palabra. El señor IBAÑEZ.- ¿Cuántos minutos me quedan, señor Presidente? El señor SILVA ULLOA.- ¿Por qué no suspendemos la sesión hasta las seis? El señor AYLWIN (Presidente).- ¿Hay acuerdo para suspender la sesión hasta las seis? El señor SILVA ULLOA.- ¿Quiénes están inscritos? El señor IBAÑEZ.- Yo, Honorable colega. El señor SILVA ULLOA.- Yo me inscribo a continuación. El señor AYLWIN (Presidente).- Se suspende la sesión hasta las seis. Se suspendió a las 17.25.- Se reanudó a las 18.1. El señor AYLWIN (Presidente).- Continúa la sesión. Tiene la palabra el Honorable señor Ibáñez. El señor IBAÑEZ.- Dentro del limitado tiempo de que disponemos, resulta del todo imposible abordar y explicar las numerosas y vastas materias contenidas en esta iniciativa legal. Por tal razón, esperaremos el debate del segundo informe para analizar en detalle cada uno de los aproximadamente cien artículos de este, proyecto de ley. En la tarde de hoy sólo habremos de referirnos a algunas materias de orden general y a otras que no han sido dilucidadas en la Sala. Ante todo, juzgamos necesario decir que no procedería tener que dictar cada año una ley de reajustes, desde el momento en que todos los impuestos, vale decir todos los ingresos del Estado, se han hecho reajustables por diversas disposiciones legales. En esta forma, el erario dispone de los recursos que exige el aumento de sus gastos derivados del proceso inflacionario que sufre el país. Por consiguiente, repito, no procedería que el Congreso se viese obligado a dictar cada año una ley de reajustes: a nuestro juicio, bastaría con que, al discutirse la ley de Presupuestos, se incorporaran en el Cálculo de Entradas todos los valores correspondientes al mayor rendimiento de los impuestos, por reajustes de éstos o por el aumento de los precios, como sucede en el caso del impuesto a la compraventa, cuyo rendimiento se acumula en el ítem destinado a financiar el costo del reajuste de los funcionarios de la Administración fiscal. Creemos que es absolutamente necesario innovar en esta materia, y así lo haremos presente al discutirse el Presupuesto de la Nación del año venidero. Por otra parte, el hecho de que la ley de Reajustes se discuta separadamente del Presupuesto de la Nación impide formarse una visión global y completa de la situación fiscal del país. Ello ya dio motivo a observaciones de los Senadores de estas bancas y a la petición específica al señor Ministro de Hacienda de que se sirviera dar a conocer el proyecto de reajustes a los miembros de la Comisión Mixta de Presupuestos. De ese modo nosotros confiábamos en poder despachar la ley de Presupuestos teniendo en consideración los mayores egresos por concepto de reajuste de sueldos y salarios y el financiamiento necesario para hacer frente a ese gasto. Por desgracia, el señor Ministro no satisfizo esa petición, no obstante haberse comprometido a entregar los datos correspondientes a la Comisión Mixta de Presupuestos. Con posterioridad, no sólo recibimos este proyecto, sino que hay además otro que concede un reajuste separado para las Fuerzas Armadas; otro, cuyo envío se anuncia, a favor del Magisterio, y, finalmente, una iniciativa legal relativa a la bonificación anunciada por el Gobierno para todos los asalariados del país. De este modo, se han fraccionado los gastos fiscales mediante diversas iniciativas, lo que impide a los legisladores y al país tener una misión clara y completa de la situación económica del Estado, impidiendo igualmente - lo que aún es peor - hacer una distribución oportuna y equitativa de esos recursos para cubrir los múltiples rubros de gastos que tiene un Estado moderno. Por lo tanto, estimamos indispensable poner término a este sistema, que en la práctica, involucra una corruptela. Como acabo de anunciar, habremos de pedir oportunamente que la ley de Presupuestos próxima consigne todos los gastos correspondientes a reajustes o que, por lo menos, en ella se hagan las provisiones correspondientes a los reajustes de los impuestos, y que dicha provisión no se use en otros gastos, como ha sucedido habitualmente hasta ahora. En primer lugar, deseo hacerme cargo de algunos conceptos expresados aquí sobre redistribución del ingreso. Para no hacer retórica sobre un asunto de esta trascendencia e importancia, como la han hecho algunos distinguidos colegas, me permito rogar al Honorable Senado que nos situemos en la realidad de los ingresos nacionales. Es importante tener presente, por ejemplo, lo que sucedió en 1968, cuyas cifras detalladas tengo a la mano. Ese año, el total de los sueldos y salarios pagados en el país a todos los trabajadores, sumadas a ellos las rentas y utilidades no distribuidas de todas las empresas nacionales y extranjeras, más todas las rentas de inversionistas chilenos y extranjeros por concepto de intereses, dividendos o arriendos o por cualquiera otra causa, incluyendo los arriendos de vivienda y aun los arriendos nominales para los que viven en su propia casa, ascendió a la suma de 35 mil 210 millones de escudos; cifra que, como se puede comprobar, corresponde prácticamente a la mitad del presupuesto global que tendrá el Estado para el año actual. A esa cifra es preciso deducirle una cuota, aunque sea mínima, para la capitalización que se requiere a fin de mantener un desarrollo económico en el país, que los hechos han demostrado que es precario y que en 1968 alcanzó a 7,6% del producto neto. Además, deben deducirse los impuestos directos pagados por todas las personas y empresas mencionadas anteriormente, dineros que son indispensables para atender a los servicios de Gobierno. Asimismo, hay que deducir los fondos necesarios para atender a la previsión y a la asistencia médica de la población. Por último, también hay que descontar las utilidades de las empresas públicas, que, por no pertenecer a particulares, no pueden ser objeto de redistribución de sus utilidades. Si se hacen todas estas deducciones, resulta que el ingreso neto total baja de 35 mil 210 millones de escudos a sólo 26 mil 528 millones de escudos. Si esta cifra se dividiera entre la totalidad de los chilenos y extranjeros que residen en Chile que tienen la calidad de activos, cada uno quedaría con el modesto ingreso de 775 escudos mensuales. A esta suma sólo cabría agregar lo que a cada cual le habría correspondido por concepto de asignación familiar. Eso, y nada más que eso, es lo que en último término podría ofrecer a cada uno de los chilenos la socialización llevada hasta sus últimas consecuencias, como la proyecta, proclama y está tratando de realizar la Unidad Popular. He querido fijar estas bases reales para deducir de ellas algunas conclusiones que son particularmente importantes en relación con el proyecto de ley en debate. En estos instantes, por declaración del propio Gobierno, no existe capacidad productiva ociosa. Como por otra parte se encuentra absolutamente detenida la inversión en bienes reproductivos, para el año 1972 no cabe esperar una producción significativamente mayor que la que hubo en 1971. Entre tanto, en 1971 se produjo, y se está produciendo en 1972, un desorbitado aumento del circulante. En consecuencia, si se toman en cuenta los factores que acabo de señalar, tenemos que concluir que en los propósitos de redistribución del ingreso - cuya sana inspiración no pongo en duda - van a terminar circunscritos a una mera redistribución de la inflación; o sea, habrá algunos grupos más afectados por la inflación y otros menos afectados por ella. Pero, en el hecho, no vamos a estar realizando la redistribución de una mayor cantidad de bienes, pues éstos no aumentarán en la proporción necesaria, por las razones que acabo de dar, sino que simplemente vamos a redistribuir una mayor cantidad de billetes frente a una producción absolutamente estancada. En la medida en que el Gobierno continúe en la política que ha llevado a efecto hasta ahora y que destruye las fuentes de producción, que las amenace o les haga su vida imposible, deberemos concluir que en lugar de realizar una redistribución del ingreso, habremos de llevar a cabo sólo una redistribución de pobreza. Los Senadores nacionales somos ardientes partidarios de toda política que aumente la producción y de que de ese mayor ingreso nacional se destine la más alta proporción a beneficiar realmente -no de modo nominal, como sucede ahora y como acontece en gran parte con este proyecto- a los sectores económicamente más débiles. Pero este mejoramiento, esa redistribución real, sólo es factible en la medida en que aumente la producción del país. Me parece absolutamente necesario hacer esta salvedad, porque en el proyecto actual se consignan numerosos mejoramientos para diversos sectores de empleados, de funcionarios fiscales y de grupos de trabajadores del sector privado; pero es necesario que todos los presuntos beneficiados con esta iniciativa tengan presentes las observaciones que hacemos, para que no se creen ilusiones que después no serán satisfechas, como sucede en la actualidad, en que, debido a la escasez de productos, son millones los chilenos que, teniendo dinero en sus bolsillos, no encuentran lo que necesitan comprar para satisfacer necesidades a veces muy premiosas. En seguida, me referiré a algunas afirmaciones que aquí se hicieron sobre las empresas privadas. No me extenderé sobre esta materia, sino que voy a circunscribir mis palabras a un solo aspecto, que tiene particular importancia para el proyecto de ley que estamos discutiendo. Los ingresos que requiere el Estado para que una ley de la naturaleza de la que está sometida a nuestra discusión tenga verdadera eficacia, provienen precisamente del esfuerzo de las actividades privadas. No se conoce el caso de una entidad pública que gane dinero, el de una empresa estatal que entregue un aporte de importancia al Estado. Casi no se conoce el caso - hay algunas excepciones - de empresas estatales que no experimenten fuertes pérdidas; generalmente, lejos de ayudar a financiar el presupuesto fiscal, representan sólo un oneroso gravamen para él. Y uno debe preguntarse: ¿de qué va a vivir el Estado y de dónde saldrán los recursos indispensables para atender a las necesidades que se señalan en este proyecto, así como las estipuladas en la ley de Presupuestos de la Nación? Es evidente que en la medida en que el Estado continúe tomando bajo su control las actividades privadas, van a desaparecer esas fuentes de ingresos; esas actividades privadas se transformarán en motivo de gastos fiscales, y, en definitiva, el país deberá vivir sólo de la febril actividad de las máquinas impresoras de billetes, porque no habrá otros recursos disponibles como no sean los muy ficticios de los billetes que a raudales está haciendo imprimir el Gobierno a causa de la política económica que ha impuesto. Podría sintetizar mis observaciones sobre esta materia recordando el angustiado diálogo que tuvieron dos altos jerarcas de la Unión Soviética en relación con el... El señor AYLWIN (Presidente).- Perdón, señor Senador. Ha terminado su tiempo. El señor IBAÑEZ.- El Comité de la Democracia Radical me cedió tiempo. El señor AYLWIN (Presidente).- Se computó, señor Senador. El señor IBAÑEZ.- ¡No puede ser! Yo he hablado. . . El señor AYLWIN (Presidente).- Exactamente 16 minutos. El señor IBAÑEZ.- Dieciséis minutos correspondientes al Comité Nacional. El señor AYLWIN (Presidente).- A su Comité le restaban 11 minutos, señor Senador, más cinco que le cedió el de la Democracia Radical. El señor IBAÑEZ.- Es una lástima no poder dar a conocer la conversación sostenida por dos altos jerarcas de la Unión Soviética, pues sería muy ilustrativa. El señor RODRIGUEZ.- ¡La culpa la tiene el Honorable señor García, quien me pidió una interrupción de media hora...! La señora CARRERA.- ¡Lo boicoteó su colega...! El señor AYLWIN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Luengo. El señor LUENGO.- Señor Presidente, quiero empezar mi intervención en el debate general del proyecto de reajustes de sueldos y salarios para el año en curso que envió el Ejecutivo, destacando la circunstancia de que en el actual Gobierno - el Gobierno de la Unidad Popular, de los trabajadores - se ha planteado un criterio diferente de lo que era la política tradicional aplicada por los Gobiernos de Chile en materia de reajustes. En primer lugar, hago presente el hecho de que esta Administración ha mantenido en forma permanente un diálogo con los trabajadores, en virtud del cual Gobierno y trabajadores, por medio de la organización fundamental de ésta, la Central Única de Trabajadores de Chile, han podido ponerse de acuerdo en cuanto a la mejor forma de ir solucionando los problemas que afectan a la clase asalariada. Esto no puede extrañarnos a nosotros, ni creo que pueda extrañar a nadie en Chile, porque todos sabemos que la clase trabajadora entrega un importante respaldo al Gobierno de la Unidad Popular que preside el compañero PresidenteSalvador Allende. De esa manera, hemos comprobado, a comienzos de 1971, cuando se discutió y despachó el proyecto de ley de Reajustes para ese año, y ahora, a comienzos de 1972, que las distintas organizaciones de trabajadores, tanto del sector público como del privado, no han necesitado realizar largas huelgas, ni concentraciones, ni actos de masas destinados a defender las reivindicaciones económicas que solicitan. Ha disminuido apreciablemente la tensión social que siempre se vivió a comienzos y a fines de cada año. El señor GARCIA.- El Ministro nos dijo que en 1971 hubo mucho más huelgas. El señor LUENGO.- No sé cómo pudo haber dicho eso el Ministro. El señor RODRIGUEZ.- ¡Ha habido huelgas de apoyo al Gobierno...! El señor GARCIA.- ¡Buen apoyo están recibiendo...! El señor LUENGO.- A comienzos y a fines de 1971, Honorable señor García, y en lo que va corrido del año en curso, Su Señoría no ha conocido huelgas generales ni paros como los que se realizaron en años anteriores, en que la clase trabajadora debió salir a la calle para defender su posición frente a reajustes que ni siquiera alcanzaban a 100% del alza del costo de la vida, y en una oportunidad, inclusive, para atajar un proyecto mediante el que se pretendía pagar con bonos los reajustes de sueldos y salarios, intento que felizmente el Gobierno de la época no pudo hacer realidad porque la clase asalariada se mostró firme en la defensa de sus reivindicaciones. El señor GARCIA.- ¿Para qué, entonces, Su Excelencia el Presidente de la República quiere terminar con las huelgas? Lo dijo ayer. Por algún motivo será. El señor LUENGO.- No conozco las palabras a que se refiere Su Señoría. El señor GARCIA.- Después se las daré a conocer. El señor LUENGO.- No puede ser que el Ministro haya hecho una afirmación de tal naturaleza, porque a todos nos consta que no es así. Como me anota la Honorable señora Carrera, en el Gobierno recién pasado inclusive el Poder Judicial estuvo en huelga. Un Poder que tradicionalmente jamás había ido a la huelga, debió hacerlo durante la Administración anterior. Y no sólo el Poder Judicial. Recordemos que las Fuerzas Armadas realizaron el tacnazo, dirigido por un general en retiro; debieron llevar a cabo un putsch destinado fundamentalmente a conseguir algunas reivindicaciones económicas. Por lo tanto, es fácil hacer un distingo claro entre lo que ha sido la política tradicional de los Gobiernos en materia de reajustes y lo que es la política de la actual Administración. El señor VALENZUELA.- ¿Su Señoría justifica eso? El señor LUENGO.- ¿Qué cosa? El señor VALENZUELA.- El tacnazo. El señor LUENGO.- De ninguna manera. Sólo destaco el hecho de que incluso se llegó a producir una situación de tal naturaleza, pese a que tradicionalmente las Fuerzas Armadas en Chile han estado entregadas de manera básica a su función profesional. Sin embargo, a veces la necesidad golpea muy fuerte, y fue así como incluso instituciones como las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, que tradicionalmente se mantenían en actitud pasiva, debieron asumir en cierto momento una posición diferente de la que habían tenido siempre. Esto, evidentemente, no significa que estemos justificando la actitud del General Viaux o la de cualquier otra persona comprometida en los hechos del 21 de octubre. El señor VALENZUELA.- Parece que lo traicionó un poco el fondo de su pensamiento. El señor LUENGO.- No me traiciona. No me voy a equivocar. Puedo errar muchas veces, Honorable señor Valenzuela; pero cuando tengo las ideas claras, no lo hago. Y creo que cualquiera que tenga las ideas claras no se equivoca. Repito: he señalado el hecho; no estoy justificando la actitud del señor Viaux ni la de quienes estuvieron con él; únicamente destaco que la causa señalada fue una de las que movieron a ese militar retirado a rebelarse. Claro está que también llevaba otras cosas debajo del poncho... El señor GARCIA.- Le ruego concederme una interrupción, señor Senador, pues no deseo quedar mal en la Sala al hacer una afirmación en el aire. El señor LUENGO.- Desgraciadamente, Honorable colega, no puedo, porque mi tiempo es muy reducido. El señor GARCIA.- Las expresiones del señor Ministro figuran en la página 99 del informe de las Comisiones Unidas. El señor LUENGO.- Lo siento mucho, pero me será imposible referirme a ellas. Por lo demás, creo no poder desarrollar mi intervención y al mismo tiempo leer lo que señala Su Señoría y dar una respuesta. Pienso que podremos ocuparnos en el asunto en otra oportunidad, ya que tenemos sesiones todas las semanas. Reitero que el Gobierno de la Unidad Popular ha mantenido un diálogo permanente, abierto, franco y positivo con la clase trabajadora. Y a lo largo de las conversaciones se han podido suscribir algunos acuerdos, denominados CUT-Gobierno, ya aplicados para el reajuste de 1971 y que se están aplicando respecto del de 1972. Los acuerdos CUT-Gobierno - constan en documentos públicos que todo el mundo conoce - sirvieron de base para el reajuste de remuneraciones correspondiente a 1971, y el firmado el año pasado sirve de fundamento al proyecto que estamos discutiendo. En el acuerdo CUT-Gobierno del año pasado se considera una serie de materias; no sólo aquellas que dicen relación directa a las remuneraciones para 1972, sino otras que interesan a la clase trabajadora, la cual se compromete a cooperar con el Gobierno de la República. Quiero dejar constancia - esto se expresa en los prolegómenos del acuerdo CUT-Gobierno de 1971 y en el mensaje con que el Ejecutivo sometió a la consideración del Congreso el proyecto de reajustes para el año en curso- de que el Supremo Gobierno reitera su convicción en cuanto a que la solución definitiva de los problemas de los trabajadores sólo se alcanzará mediante el cumplimiento integral del programa de la Unidad Popular: transformación profunda de las estructuras económica y social del país; nacionalización de las riquezas básicas; realización de una reforma agraria efectiva; eliminación de los monopolios industriales y comerciales; nacionalización de los bancos y compañías de seguros, y control del comercio exterior. Por lo tanto, el acuerdo CUT-Gobierno para los efectos de lo relativo a las remuneraciones es sólo parte de un conjunto de medidas que el Gobierno de la Unidad Popular y la clase trabajadora organizada a través de la CUT consideran indispensables para provocar efectivamente un mejoramiento apreciable en las condiciones de vida de la clase asalariada chilena. Debo señalar todavía que, más que referirnos a un proyecto de reajuste de sueldos y salarios, deberíamos referirnos a lo que es la política de remuneraciones establecida por el Gobierno de la Unidad Popular. No se trata, en consecuencia, de entregar sólo un reajuste compensatorio del alza del costo de la vida, que siempre va quedando atrás, porque, como siempre se ha dicho, normalmente los precios suben en forma mucho más rápida que las remuneraciones. Pero ahora el Ejecutivo está estableciendo una política diferente. No se limita a enviar un proyecto de reajuste de sueldos y salarios, sino que dispone una política general de remuneraciones que mejora apreciablemente las condiciones de vida de todos los trabajadores de Chile. Así, por ejemplo, mediante el proyecto en debate se produce la normalización de ciertos organismos postergados, fundamentalmente del Servicio Nacional de Salud; servicio vital para Chile, que durante muchos años ha debido realizar permanentemente largas huelgas para conseguir un pequeño mejoramiento por sobre el reajuste general de sueldos y salarios. En él laboran casi 60 mil funcionarios, y era tradicionalmente el servicio más mal pagado. En virtud del proyecto en debate, se otorga al personal del Servicio Nacional de Salud un reajuste extraordinario, ascendente al 56,9% de sus remuneraciones. No vamos a decir que con este reajuste los sueldos de ese personal serán extraordinarios. Nadie pretende sostener algo semejante. Pero, como es evidente, constituye un beneficio mayor recibir un reajuste de 56,9% en lugar del 22,1%, que es el aumento mínimo que se otorga a la generalidad de quienes laboran en los sectores público y privado. De manera que, según mis cálculos, el funcionario del Servicio Nacional de Salud que en la actualidad recibe el sueldo más bajo tendrá una remuneración superior a mil quinientos escudos mensuales; bastante más que ¿1 sueldo vital, que para este año fue reajustado también en más de 22,1% y que ahora asciende a Eº 1.100. La ley 15.076, que establece la remuneración del médico funcionario o del profesional del Servicio Nacional de Salud, consigna igualmente un reajuste apreciable para el presente año, ya que estatuye 1,2 sueldos vitales por hora de trabajo, lo que es bastante satisfactorio para dichos trabajadores. Por lo demás, esta situación será mejorada con posterioridad, en virtud de un acuerdo que existe con ese personal. También se entregan reajustes extraordinarios al magisterio y a Correos y Telégrafos; se establece que las pensiones de jubilación y de gracia no pueden ser inferiores a un sueldo vital escala A) del departamento de Santiago, vale decir, a 1100 escudos; se plantea, como se concretará en otro proyecto que vendrá luego, la nivelación de la asignación familiar, lo que significa concretar una reivindicación largamente sentida por los trabajadores y que permitirá que en adelante tanto el obrero como el empleado, los trabajadores en general, reciban todos una asignación familiar igual, idéntica. Porque lo mismo tienen que gastar obreros y empleados para dar alimentación a sus hijos, a quienes constituyen sus cargas familiares. Se dispone, además, que aquellas remuneraciones que resulten inferiores a tres sueldos vitales tendrán un reajuste adicional de 10%; se igualan los niveles de ingresos de los profesionales; se mejoran las plantas de los servicios menores y se establece un viático único para toda la Administración Pública. Por otra parte, y con relación a las asignaciones especiales de que gozan determinados servicios y que aparecen consignadas en los artículos 37 y 42 del proyecto primitivo que llegó de la Cámara, dichas asignaciones también se refunden en una de carácter general que se entrega a todos ellos. Con esto se trata de impedir que tales asignaciones puedan continuar siendo fuente de diferencias entre los distintos servicios y de evitar lo que durante muchos años ha sido común en la Administración Pública: el éxodo de los funcionarios de un servicio a otro, buscando cada cual una mejor remuneración. En la ley de Presupuestos vigente se estableció para el presente año una asignación de zona más o menos racional, a este propósito quiero señalar que el año pasado, cuando se discutió el proyecto de reajuste de sueldos y salarios, hice presente que había tenido una conversación con el Ministro de Hacienda, a quien solicité designar una comisión que hiciera un estudio sobre el otorgamiento de asignación de zona para las diferentes regiones del país donde se otorga dicho beneficio, en razón de que existían diferencias apreciables, pues mientras en determinadas zonas o ciudades ese beneficio se percibía, otras, en que se justifica mucho más, no lo tenían. En la oportunidad que recuerdo, visité a ese Secretario de Estado junto con una delegación de funcionarios públicos de la provincia de Cautín, le planteamos el problema y convinimos en que era necesario hacer un estudio sobre la materia. El señor Ministro cumplió su promesa: creó una comisión de funcionarios públicos; se hizo un estudio, y en la ley de Presupuestos de este año se consignó una distribución más o menos racional de lo que son las asignaciones de zona. Reconozco, no obstante, que todavía deben de existir algunas injusticias; porque es evidente que resulta muy difícil llegar a un criterio de justicia. Pero en el proyecto de reajustes que nos ocupa se consignan también ciertas disposiciones destinadas a modificar algunas de esas injusticias que pueden existir en el sistema establecido en la ley de Presupuestos del año en curso. Sobre el particular, quiero hacer presente que el criterio del Gobierno sobre esta materia, por medio de esa comisión, ha tendido a establecer determinados principios básicos objetivos para el otorgamiento de las asignaciones de zona. Entre tales principios o criterios básicos está, por ejemplo, el relativo al clima. Es decir, donde llueve o nieva mucho, allí donde hay mal clima, evidentemente el Gobierno considera que es preciso dar una asignación superior. Otro criterio ha sido el de considerar el costo de la vida, que comprende fundamentalmente los factores de vivienda, alimentación y vestuario. Todavía más, se ha consignado como un tercer criterio el de la ruralidad o aislamiento. En este sentido, ha sido necesario apreciar las distancias a que se encuentran esas regiones, los centros de atracción cultural, la asistencia médica de que se pueda disponer, los medios de locomoción que tienen los habitantes para llegar a ellos, etcétera. Por otra parte, debemos tener presente también que en un proyecto que luego recibirá el Parlamento se propondrá el otorgamiento de una bonificación compensatoria del alza del costo de la vida, medida consistente en entregar a los empleados una nueva asignación de 120 escudos al mes, con el objeto de paliar en parte las alzas producidas ahora, o sea, con posterioridad al envío de la iniciativa que en estos momentos debatimos o con posterioridad al índice que ha servido para proponer este reajuste. Porque evidentemente este índice se está considerando desde el 1º de enero de 1971 a diciembre del mismo año, y en lo que ya va corrido de 1972 se han producido algunas alzas, las cuales, en todo caso, deberán ser tomadas en cuenta en el próximo proyecto de reajuste de sueldos y salarios. El Gobierno, pues, se está adelantando, mediante una iniciativa que entregará una bonificación compensatoria del alza del costo de la vida. Si a esto agregamos que el Ejecutivo se atiene a una política de precios destinada fundamentalmente a impedir el alza en los productos de consumo popular, debemos convenir en que la actual administración puede exhibir - con bastante orgullo, pudiéramos decir - una política de remuneraciones que cambia esencialmente lo que fue el sistema tradicional de los Gobiernos, ya que efectivamente está entregando a los trabajadores de Chile un reajuste superior al alza del costo de la vida. Desde luego, ya he indicado que en la iniciativa en debate se considera como reajuste mínimo el de 22,1%, que es el porcentaje del índice de alza del costo de la vida, pero hay algunos servicios a los cuales se han entregado reajustes superiores. Por consiguiente, es indispensable considerar que el alza promedio de sueldos y salarios del presente año es de alrededor de 35%, lo que supera bastante el alza experimentada en el costo de la vida. Creo que es conveniente señalar un ejemplo que me parece bastante objetivo. En diciembre de 1970, el salario mínimo de los obreros era de 12 escudos diarios; en enero de 1971, pasó a ser de 20 escudos al día. Es decir, tuvo un aumento de 66%. Y en enero de 1972, dicho salario mínimo pasa a ser de 30 escudos diarios. Vale decir, si se considera que,... El señor FONCEA.- ¿Podría decirme el Honorable Senador quién gana menos de 30 escudos al día? ¡Porque aquí no se producen milagros...! El señor LUENGO.- Nadie, naturalmente, porque ésa es la cantidad establecida como salario mínimo. Pero yo quiero señalar que desde diciembre de 1970... El señor FONCEA.- Señor Senador,... El señor LUENGO.- Su Señoría podría discutirme después. Con mucho gusto le concedería una interrupción, pero no puedo, porque no tengo tiempo. El señor FONCEA.- Entonces no haga afirmaciones antojadizas, Honorable Senador. El señor LUENGO.- No son antojadizas, sino absolutamente objetivas. Se lo aclararé: en diciembre de 1970, un obrero ganaba 12 escudos diarios; en enero de 1972, vale decir 13 meses después, gana 30 escudos al día. O sea, ha tenido un aumento del salario mínimo industrial equivalente a 250%. ¿Qué Gobierno anterior puede mostrar a la faz del país un incremento de esta naturaleza en los ingresos de la clase trabajadora? No diremos que esto constituye un salario ideal. Lo lógico es que ojalá los asalariados ganen mucho más todavía. Por eso, el criterio del Ejecutivo tiende a fijar salarios y sueldos mínimos que van más allá de lo que significa el reajuste compensatorio del alza del costo de la vida. Pero es evidente que esto significa un avance apreciable y notorio que nadie puede desconocer. Y no se podrá... El señor GARCIA.- Pero no es el 250%. El señor VALENTE.- Del alza del costo de la vida, sí, Honorable Senador. El señor GARCIA.- No. El señor VALENTE.- Sí, señor Senador. El señor LUENGO.- Si eran 12 escudos en 1970 y... El señor GARCIA.- No, señor Senador. Es el 150%, pues 250% corresponde a 42 escudos y no a 30. El señor LUENGO.- En todo caso, me parece que es bien difícil que algún Gobierno anterior pueda exhibir una política de esta naturaleza en materia de remuneraciones. Sobre todo si tomamos en cuenta que en tiempos del señor Alessandri, por ejemplo, se entregaban reajustes discriminatorios o no se entregaban reajustes; se dictaban leyes que venían a ser promulgadas a mediados de año y los reajustes se empezaban a pagar el primero de julio. A veces, sencillamente, se los saltaban, y empezaban a pagarlos en el mes de septiembre. Después se implantó una política parecida, en tiempos del señor Frei, e inclusive, como ya lo señalé, en el proyecto correspondiente al año 1968 se intentó pagar los reajustes con los famosos chiribonos, como los bautizó el pueblo. Felizmente, gracias a la acción de la clase trabajadora organizada, se logró impedir que el Ejecutivo llevara a la práctica esa política, que habría sido suicida y de hambre para la clase trabajadora del país. El señor NOEMI.- ¿Me permite una interrupción con cargo a mi tiempo, Honorable Senador? , El señor AYLWIN (Presidente).- Al Comité Demócrata Cristiano le quedan nueve minutos. El señor LUENGO.- En todo caso, yo rogaría al señor Senador que no use el total de su tiempo. El señor NOEMI.- A propósito de la afirmación hecha por el Honorable señor Luengo, en el sentido de que ningún otro Gobierno ha aplicado una política tendiente a mejorar en forma considerable la situación salarial de los trabajadores, quiero manifestar a Su Señoría que durante la Administración del señor Frei, la de la Democracia Cristiana, cuando el campesinado tenía un salario de un escudo y el salario industrial era de seis, se nivelaron ambas remuneraciones, en seis escudos, con lo cual se mejoró la situación salarial de un sector muy considerable de trabajadores. Y eso no significó ni ciento por ciento, ni doscientos por ciento, ni trescientos por ciento, sino más, incluyendo la duplicación de la asignación familiar. De manera que en ese sentido, bajo el Gobierno del señor Frei hubo una política realmente positiva. El señor LUENGO.- Me alegro de esta aclaración y del recuerdo que ha hecho el Honorable señor Noemi, pues ello me servirá para refrescarle la memoria al respecto. Desde luego, esa reinvindicación económica no se logró por iniciativa del Gobierno de la Democracia Cristiana, sino gracias a la preocupación de un ex Senador muy recordado de la Unidad Popular, que desgraciadamente no está con nosotros hoy día y a quien reemplaza su compañera María Elena Carrera. La iniciativa fue del ex Senador señor Salomón Corbalán, del Partido Socialista; pero era tan justa y de tal magnitud que, evidentemente, la Democracia Cristiana no pudo oponerse. Debemos reconocer, sí, que esta última colectividad política aceptó con gusto la iniciativa, le dio sus votos, y por eso fue aprobada. Pero no fue -repito- iniciativa del Ejecutivo. Y estoy señalando cuáles han sido las políticas de los Gobiernos en esta materia. Me han advertido que restan muy pocos minutos de mi tiempo. En realidad, deploro que nos hayamos visto obligados a intervenir, como quien dice, a todo correr. Así ha ocurrido, por lo demás, a todos los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Por eso, quiero aprovechar este instante para reiterar lo que tuvo oportunidad de manifestar en la reunión de Comités, reafirmando lo que dijo el señor Presidente: me parece indispensable que en lo futuro podamos discutir los proyectos con amplitud, con latitud. No es posible que permanentemente aparezcamos entregando tres o cuatro ideas, a mata caballo, sobre determinadas iniciativas legales. Porque creo que es interesante, para los efectos de la historia fidedigna del establecimiento de las leyes, para conocer mejor las políticas de los Gobiernos o los criterios de los partidos o movimientos, que haya extensa discusión sobre todas estas materias, a fin de que podamos analizar en detalle cada uno de los aspectos que pueda comprender cualquiera iniciativa o proyecto de ley, sea de origen del Ejecutivo o de origen parlamentario. Quiero ocupar los pocos minutos que me quedan en señalar que toda esta política que he reseñado se complementa en el proyecto primitivo, enviado por el Gobierno, mediante el sistema de financiamiento que en él se consideró para el reajuste de sueldos y salarios. En realidad, la iniciativa del Gobierno contenía una serie de disposiciones que establecían impuestos directos; no tributos indirectos que, en definitiva, recaen sobre los consumidores, sobre la clase trabajadora. En el primer trámite constitucional, la Cámara cambió fundamentalmente el financiamiento del proyecto. El Gobierno va a tener que insistir en su proposición primitiva, intentar de nuevo que las disposiciones de la iniciativa que consta en su mensaje puedan convertirse en realidad a fin de que no se perjudique a la clase trabajadora, y para que quienes financien los reajustes de sueldos y salarios sean aquellos que cuenten con mayores ingresos y las personas a quienes en forma directa se les apliquen estos impuestos, con el objeto, repito, de que éstos no vayan a retrucar en contra de los trabajadores. Por las razones expuestas, creo que estamos ante un buen proyecto y que la iniciativa del Gobierno constituye una buena política de remuneraciones. Por ello, daremos nuestros votos favorables a su aprobación en general. El señor AYLWIN (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Silva Ulloa. El señor SILVA ULLOA.- Dentro del escaso tiempo de que dispongo para referirme en general al proyecto en debate, quiero hacerme cargo de ciertas observaciones formuladas por algunos Honorables colegas. En primer lugar, el Honorable señor Víctor García, al referirse a la intervención del Honorable señor Valente, sostuvo que los reajustes no son los que se fijan en las leyes, y enfatizaba su juicio señalando que los conflictos colectivos se resolvían con porcentajes más altos de aumento. Eso es cierto, señor Presidente. Sin embargo, no hay que tomarlo bajo ese aspecto, porque el proyecto en debate también establece que los trabajadores sujetos a convenios, actas de avenimiento o fallos arbitrales pactarán libremente sus remuneraciones. En consecuencia, las leyes de reajuste de remuneraciones se han aplicado a los trabajadores del sector público, que sólo por ley pueden recibir aumentos de remuneraciones, y a los trabajadores no organizados. Y ocurre que estos últimos, pertenecientes al sector privado, constituían hace años un elevado porcentaje, a la fecha no están todos organizados, y por esto se legisla para ellos. Como es natural, es a esa inmensa mayoría de empleados y obreros, los del sector público y los no organizados, a los que interesa fundamentalmente lo que nosotros aprobemos en materia de reajuste de sueldos y salarios. Tengo aquí un informe preparado por la Oficina de Informaciones del Senado, en el cual se establecen en forma muy concreta los reajustes otorgados en las diferentes leyes desde 1950 en adelante. A este propósito, quiero recordar algunas cosas. Por ejemplo, en 1965 el reajuste de remuneraciones fue regulado por la ley 16.250, del 21 de abril de ese año. El porcentaje de variación del costo de la vida fue de 38,4%, y el Gobierno de la época dio ese mismo reajuste a los trabajadores. Sin embargo, el artículo 3º de la ley 16.250 determinó que dicho reajuste de 38,4% se aplicaría sólo a contar del 1º de mayo de 1965 para los servicios y personal que se indican, y sigue una larga lista encabezada por la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, los servicios dependientes del Ministerio del Interior, el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Educación Pública; el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Minería; la Universidad de Chile; la Universidad Técnica del Estado; el personal de la Fábrica y Maestranza del Ejército, FAMAE; el personal de Astilleros y Maestranza de la Armada Nacional, ASMAR; el personal de la Empresa de Transportes Colectivos; la Dirección General de Crédito Prendario y Martillo, y la Empresa de Ferrocarriles del Estado. Lo anterior significa que las consecuencias de dicho reajuste para el personal señalado fueron que en el año 1965 no recibió el ciento por ciento de aumento determinado por la Dirección General de Estadística y Censos, sino que los dos tercios, porque aquél se aplicó sólo durante ocho meses. Podríamos seguir examinando otras leyes dictadas en años anteriores que nos llevarían a la misma conclusión. Por eso nosotros sosteníamos que en materia de reajustes de remuneraciones, siempre los trabajadores perdían. Ahora bien, a partir del año pasado, con la dictación de la ley 17.416, cuya filosofía continúa el proyecto en estudio, se están dando reajustes superiores al alza del costo de la vida a quienes perciben sueldos o salarios más bajos. Ya varios señores Senadores de los que han intervenido han señalado los aspectos fundamentales de esta diferencia. En el sector público, todo aquel trabajador - obrero o empleado - que tenga, después de efectuado el reajuste que ordena la ley, una remuneración igual o inferior a tres sueldos vitales de 1972, escala A) del departamento de Santiago, recibirá un aumento extraordinario de 10%. En el hecho, ello significa que ese trabajador recibirá un reajuste, en cifras redondas, de 35%. Pero veamos otros aspectos. Tenía razón el Honorable señor Luengo cuando decía que esta política de remuneraciones, que es una parte importante, sustancial de la política económica, está complementada con disposiciones de orden tributario. Y no voy a hablar de proyectos, sino de preceptos legales. La ley 17.416 modificó el impuesto al patrimonio con el propósito de desgravar a los sectores más pobres y medios de nuestra sociedad. Estaban exentas del impuesto global complementario sólo las rentas líquidas ascendentes a un sueldo vital. Mediante la ley 17.416, dictada el año pasado, se aumentó la exención a dos sueldos vitales, hecho importante, porque benefició a una masa extraordinaria de trabajadores. En seguida, en el conjunto de estas medidas de carácter económico se estableció que los bienes raíces no agrícolas destinados a habitación, cuyo avalúo vigente para 1971 fuera inferior a cuatro sueldos vitales anuales, escala A) del departamento de Santiago, y cuyos propietarios no poseyeran otro bien raíz, quedaban exentos del pago de contribuciones por ese concepto, tanto de las que benefician al Fisco como de las que favorecen a las municipalidades. Esta es también una medida complementaria tendiente a incrementar la capacidad económica de los sectores más modestos. Además, se dispuso que en los casos de partos múltiples, la asignación prenatal, que se paga desde el primer mes del embarazo, se pagara en la proporción en que aquéllos se produjeran, lo que asimismo es de gran importancia. Por otra parte, nosotros sabemos qué ocurría antes con los pensionados. Los reajustes de las pensiones, en especial las del Servicio de Seguro Social, se pagaban uno o dos años después de aquel en que había empezado a regir el reajuste. Desde 1971, prácticamente se está al día en el pago de todos los reajustes. Aún más: el que se adeudaba al personal en retiro de las Fuerzas Armadas, de la Defensa Nacional, de Carabineros de Chile y del Servicio de Investigaciones, porque se había postergado por ley - otros se posponían administrativamente -, se pagó el año pasado de una sola vez, en virtud de lo dispuesto en la ley 17.416. En consecuencia, señor Presidente, nosotros sostenemos que se procede en forma injusta cuando no se quiere reconocer que hay un progreso en esta materia que afecta a tantos conciudadanos nuestros. Hubiéramos deseado mejorar aún algunas disposiciones de esta ley en proyecto, y haremos esfuerzos por conseguirlo. Estamos conscientes de que tenemos limitaciones de orden reglamentario y constitucional, pero, repito, haremos esfuerzos, junto con presentar indicaciones para corregir algunas injusticias, para entregar el financiamiento que permita cubrir el gasto en que deseamos que se incurra. Por lo dicho, al analizar en general y en tan breve tiempo esta política de remuneraciones, sostenemos que el año pasado y el actual se han producido cambios extraordinarios -esperamos que se intensifiquen en los años venideros- que favorecen a los trabajadores. De ahí que no nos extrañe que esta ley en proyecto haya contado con un patrocinio de tan alta solvencia como el acuerdo a que llegó el Gobierno con la Central Única de Trabajadores. Por falta de tiempo no podremos dar respuesta a otros aspectos señalados esta tarde, entre ellos el relativo a la falta de abastecimiento mencionado por el Honorable señor Palma. Sin embargo, como se trata de una materia a la que tendremos que volver dentro de poco, rogaría al señor Senador que investigara más, que estableciera cuáles son las causas reales de la falta de abastecimiento; si dentro de estas causas está el aumento del poder de consumo de una masa que antes no tenía acceso a la adquisición de los diversos bienes, o si en ello también está jugando un papel importante la especulación, que no ha podido erradicarse hasta el momento. En cuanto a la falta de importaciones, no somos tan pesimistas como Su Señoría. No creemos que el país vaya a vivir la angustia que el señor Senador señaló, porque tenemos confianza en que la renegociación de la deuda externa tendrá éxito. Han participado distinguidos colegas nuestros en algunas etapas de la negociación, y en las conversaciones que con ellos hemos tenido nos han transmitido este optimismo. Por otra parte, debemos enfatizar que, gracias a la nacionalización de nuestras riquezas básicas - hoy día en poder del Estado - está retornando a Chile el ciento por ciento del valor de nuestras exportaciones, cosa que no ocurría antes. De modo que, armonizando sólo esos dos aspectos fundamentales de nuestra política económica con relación a la balanza de pagos, es indudable que el país no ha de vivir en el pesimismo que algunos colegas quieren inyectarle. Tenemos el propósito de presentar indicaciones al proyecto. Sabemos que todas aquellas que signifiquen un mayor gasto son improcedentes aunque tengan relación directa con la idea matriz de la iniciativa. Por eso, rogamos al señor Presidente que esas indicaciones - y ojalá así lo acuerde la Sala - sean sometidas a la consideración del Ejecutivo por medio de un oficio, a fin de que éste, si lo estima a bien, les otorgue su patrocinio para que puedan incorporarse al proyecto en el segundo informe que deben elaborar las Comisiones Unidas. Cuando discutamos en particular este proyecto, tendremos oportunidad de analizar los alcances de cada uno de los preceptos que contiene. Estamos seguros de que la inmensa mayoría de ellos merecerá la aprobación unánime, o ampliamente mayoritaria, del Senado de la República. Y a aquellos colegas que pretenden que el financiamiento no es el conveniente, les pedimos que ayuden, que entreguen nuevas indicaciones que contribuyan al mejoramiento del proyecto. El señor NOEMI.- ¿Cuánto tiempo le resta al Comité Demócrata Cristiano? El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Ocho minutos, señor Senador. El señor NOEMI.- No pensaba intervenir en el debate, pero debo hacerme cargo de algunas afirmaciones de los Honorables señores Luengo y Silva Ulloa. Es evidente que el proyecto de reajustes tiende a mejorar, en general, la participación de los trabajadores en la renta global del país. ¿Quién puede negarlo? Y nos alegramos de ello. Por eso, en líneas generales, dado el espíritu que nos guía respecto del aumento de las rentas y de la participación de los trabajadores, no ha habido modificaciones. A ello se debe que el debate central se haya circunscrito más bien al financiamiento. En líneas generales, pues, la iniciativa será despachada tal como la presentó el Ejecutivo. Pero lo que no podemos aceptar es que se sostenga que se trata de una política nueva, y que se pretenda que por primera vez un Gobierno incorpora a los trabajadores - legítimamente, por cierto - a una mayor participación. Y cuando así lo sostenía el Honorable señor Luengo al afirmar que nunca se había logrado una participación tan sustancial como la derivada de aumentar de 20 escudos a 30 escudos el salario mínimo, hice presente al señor Senador lo ocurrido con el salario campesino, que era cinco veces inferior al salario industrial, y que se niveló con éste durante el Gobierno de la Democracia Cristiana, del Presidente Frei. Se me dijo que fue iniciativa del ex Senador señor Corbalán. No me cabe duda de que él tuvo muchas iniciativas en este sentido, como las han tenido otros hombres de las bancas de Izquierda, pero lo efectivo, claro y concreto es que se trata de una iniciativa presentada durante nuestro Gobierno y hecha realidad en él. Y no sólo se favoreció en este aspecto a ese gran sector de campesinos que vivían en situación sumamente desmedrada, sino que se les permitió sindicarse, pues, prácticamente, no podían hacerlo. Durante nuestra Administración se hizo también la reforma agraria. ¿Quién puede desconocerlo? Ella constituyó la aspiración de muchos hombres de Izquierda, pero, no obstante haber ellos tenido Gobiernos, en los cuales estuvieron representados los Partidos Socialista, Comunista y Radical, y en que incluso el Presidente era de sus filas, no se inició entonces esa reforma. El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿No hubo antes reforma agraria? El señor NOEMI.- En efecto, se promulgó antes una ley de reforma agraria, que no deseo catalogar. Debo recordar, sí, que la que patrocinó la Democracia Cristiana ha sido inclusive calificada por parlamentarios de Izquierda como muy positiva y de haber abierto el camino para que los trabajadores fueran dueños de la tierra. Por lo tanto, no acepto que ahora se sostenga que no ha habido un Gobierno en el que los trabajadores empezaran a incorporarse a una mayor participación, pues así ocurrió durante el Gobierno del Presidente Freí, de la Democracia Cristiana. En cuanto a la afirmación del Honorable señor Luengo, si no me equivoco, en el sentido de que este Gobierno pretendía tener un contacto más directo con los trabajadores, de que habían disminuido las huelgas y no existían los problemas que afrontamos durante la Administración del Presidente Frei - incluso se refirió a los sucesos del Regimiento Tacna -, replicó el Honorable señor García que el señor Ministro no sostuvo tal cosa. El Honorable señor Luengo manifestó que ello no podía ser efectivo, porque la realidad era distinta. Al respecto, deseo citar las palabras del señor Ministro del Trabajo expresadas con relación a una de las disposiciones: Desde otro ángulo señala que, en su concepto, el sistema significará una disminución considerable de los conflictos, lo que es de evidente importancia para la economía del país. Agregó que en este aspecto debe tenerse en cuenta que les 5.300 conflictos que se produjeron en 1970, Gobierno de la Democracia Cristiana, aumentaron a 7.349 en 1971. El señor LUENGO.- Pero no dijo cuántos trabajadores estaban involucrados en ellos. El señor GARCIA.- ¿No ve que era cierto lo que dije? El señor LUENGO.- Su Señoría puede señalar un paro general como el que se produjo a raíz del problema de los chiri-bonos, en el cual hubo muertos en las calles. El señor NOEMI.- Cualquiera que sea el argumento que dé el Honorable señor Luengo, la elemental aritmética nos dice que 7.349 conflictos son mucho más que 5.300. No cabe duda alguna. El señor LUENGO.- Depende del número de obreros que se encuentren en huelga. El señor NOEMI.- Respecto del financiamiento, el proyecto en debate importa modificación de criterios. Es evidente que así debía ser, porque algunos impuestos de los que se proponían liquidarán al pequeño comerciante y al pequeño industrial. No asistí a los debates de las Comisiones, pero hay estudios que revelan que no habría posibilidad de solventarlos. Por eso se han reemplazado por otros recursos, como el mayor ingreso por las exportaciones, y los mayores ingresos por compraventa de moneda extranjera vendida por el Banco Central, y también por el rendimiento de los impuestos de la CAP, que, a partir de agosto de 1971 empieza a participar... El señor VALENTE.- Son recursos que están considerados en la ley de Presupuestos. El señor NOEMI.- Evidentemente, señor Senador. El señor FONCEA.- Una parte mínima. El señor NOEMI.- Si tales ingresos están considerados en la Ley de Presupuestos, el proyecto de reajustes estaría desfinanciado, pero el hecho cierto es que una parte muy insignificante de aquéllos, según las Comisiones, es la que se consigna en dicha ley. El señor FONCEA.- La CORFO abrió un poder de compra para adquirir las acciones de 91 compañías. Sin embargo, se lanzaron críticas contra el Congreso porque habíamos disminuido en dos mil millones de escudos el Presupuesto. El señor LUENGO.- ¿Quién está con el uso de la palabra? El señor NOEMI.- Acabo de conceder una interrupción al Honorable señor Foncea. El proyecto no se ha modificado sustancialmente en lo relativo a las remuneraciones. Hay sólo una diferencia de criterio, en cuanto al financiamiento. La Cámara de Diputados consideró que el rendimiento del mayor ingreso por importaciones es de 1.750 millones de escudos. Sin embargo, los estudios hechos al respecto en el Senado disminuyen la cantidad a 1.250 millones de escudos. De modo que hubo un estudio y cálculos estimativos de los ingresos. Si éstos son efectivos, la iniciativa estaría totalmente financiada. Algo similar ocurre con el mayor ingreso por la compraventa de moneda extranjera. En cuanto al rendimiento del impuesto CAP, que la Cámara estimó en 400 millones de escudos, los análisis hechos por el Senado lo disminuyen a 300. Con esta suma queda totalmente financiado el proyecto. Esa sería la diferencia sustancial que tenemos respecto del proyecto. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobaría en general el proyecto. Acordado. El señor GARCIA.- Queríamos fundar nuestro voto durante la votación. El señor LUENGO.- Ya se aprobó el proyecto. La señora CARRERA.- Así es. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Advierto a los señores Senadores que, en virtud de los acuerdos de Comités, hay plazo hasta mañana a los ocho para presentar indicaciones. El señor FIGUEROA (Secretario).- Se ha formulado indicación para publicar in extenso el debate en general del proyecto de reajustes. Se aprueba. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Se levanta la sesión. "
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