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El señor MORENO.-
En esta oportunidad, quiero referirme a los hechos que en el curso de los últimos meses han estado ocurriendo en la comuna de Peumo, departamento de Cachapoal, de la provincia de O’Higgins, que, junto con la de Colchagua, tengo el honor de representar en esta Corporación.
Dicha comuna es eminentemente agrícola y, tradicionalmente, se ha caracterizado por aportar a la economía del país productos de primera calidad, fundamentalmente provenientes de la fruticultura. En ella, gracias a la ley de Sindicación Campesina, dictada en el Gobierno del Presidente Frei, se han organizado sindicatos que representan distintas tendencias y posiciones, lo cual ha permitido conquistar una serie de ventajas y beneficios de tipo social y económico y, al mismo tiempo, dar representatividad real a la masa campesina de esa comuna.
Desde que asumió el Gobierno de la Unidad Popular, en Peumo se ha desarrollado una actividad que tiende a crear una situación conflictiva, no porque se continúe con la aplicación de la ley de Reforma Agraria vigente, sino por las actuaciones de las, autoridades administrativas, encabezadas por el Gobernador socialista del departamento de Cachapoal, con residencia en dicha comuna, Emilio Achurra, y de los funcionarios designados por el actual Gobierno en organismos tales como INDAP, CORA y SAG. Tales actividades están creando una seria tensión y presiones incalificables sobre las organizaciones campesinas allí existentes.
En el curso del último mes, esa comuna se ha visto sacudida por la concertación yo diría de actividades ilegales perpetradas por movimientos extremistas, los cuales están siendo sustentados por destacados militantes del Partido Socialista y por elementos del Movimiento Campesino Revolucionario (rama agraria del MIR), con la complicidad y connivencia del Gobernador socialista mencionado.
Los primeros hechos se vivieron en esa comuna aproximadamente hace treinta días, cuando fue sorpresivamente tomado el predio denominado Concha y Toro, perteneciente al complejo industrial del mismo nombre, en el cual laboran 200 trabajadores y 12 empleados. Dicho predio fue tomado por doce miristas armados, quienes recibieron el apoyo material y funcionario de parte del Gobernador del departamento de Cachapoal, antes citado, y con la participación personal y directa de funcionarios de INDAP que individualicé en una sesión en que me correspondió hacer uso de la palabra.
Pues bien, ¿cuál fue la razón dada por esta agrupación extremista para perpetrar la toma en complicidad con las autoridades de Gobierno? La de que exigían la constitución de un centro de reforma agraria, exigencia que, a juicio de los ocupantes ilegales, estaría siendo planteada a su vez por la mayoría de los trabajadores.
Yo he tenido oportunidad de visitar más de cinco veces, en el curso de las últimas semanas, la comuna de Peumo. He conversado con las organizaciones sindicales, con los centros de madres, con los dirigentes campesinos y con los dirigentes y empleados agrícolas, y he podido comprobar el clima de terror y de presión que en dicha comuna se está generando por la actuación irregular y absolutamente reñida con la función que administrativamente le corresponde desempeñar, del Gobernador de dicha comuna.
Estos hechos se han visto nuevamente corroborados por lo que ha ocurrido en el curso de la semana recién pasada. A pocos kilómetros de dicho predio, existe un fundo denominado El Molino, de propiedad de una familia Ortega, en el cual moran cinco mujeres y un hombre, este último de 90 años de edad, que se encuentra postrado por enfermedad. El predio está en vísperas de ser expropiado. Su expropiación no ha sido publicada en el Diario Oficial ni comunicada, por medio alguno, ni a los campesinos que allí viven ni a los propietarios del inmueble.
El lunes pasado se produjo una nueva acción ilegal en la comuna de Peumo, la cual se centró en el predio El Molino: allí, un grupo minoritario de campesinos pertenecientes al sindicato comunal Salomón Corbalán, amparados e instigados por el Gobernador socialista, procedió a ocupar con violencia el predio ya individualizado; cercó a los visitantes de dicho predio; cortó los teléfonos, y procedió a introducir dentro de él, según declaraciones de los propios campesinos vivientes, dos cajas de armas llevadas allí por el propio Gobernador de Peumo, señor Emilio Achurra.
Concurrí hasta dicha comuna el fin de la semana recién pasada, y pude comprobar personalmente las presiones e incluso las amenazas de muerte que se han formulado en contra de los campesinos que en ella viven y que están exigiendo que se respete la ley de Reforma Agraria y la constitución de un asentamiento, dado que nuevamente la toma ha sido perpetrada por un grupo de campesinos que siguen los dictados de activistas miristas que allí se encuentran y que fueron trasladados del predio Concha y Toro, nuevamente amparados por los funcionarios de INDAP, encabezados por el señor González, funcionario con asiento en la comuna de San Vicente de Tagua Tagua y, al mismo tiempo, con la presencia personal del Gobernador.
El señor Gobernador, quien se caracteriza por no tener criterio muy amplio, se ha hecho presente diariamente en la toma. Ha llevado alimentos y desarrollado distintas actividades en apoyo de quienes se encuentran ilegalmente dentro de ese predio.
Llamado por el tractorista de dicho predio, don Juan Herrera, una de las personas que están amenazadas de muerte por parte del Gobernador y de quienes se tomaron el inmueble, concurrí el sábado pasado a visitar el lugar. Por ello, desde Peumo le envié un telegrama al Presidente de la República el mismo día sábado, denunciando que el señor Gobernador ha manifestado, en presencia de todos los dirigentes campesinos de la comuna reunidos con él, que él no respeta la autoridad administrativa ni política del Presidente de la República, que está en desacuerdo con el señor Ministro de Agricultura, a quien califica de traidor, y que él está apoyando las peticiones de los trabajadores incorporados al Movimiento Campesino Revolucionario, porque no puede estar en contra de ellos, porque piensa como ellos.
En ese telegrama hice presente al Primer Mandatario la necesidad de restablecer de inmediato la legalidad y el orden en dicha comuna, y que para ello se hace indispensable la destitución del Gobernador, que es el elemento que en este instante está creando las mayores situaciones de tensión y que pueden derivar en situaciones absolutamente imprevisibles.
Yo responsabilizo al Ministro del Interior de cualquier hecho de violencia que pueda ocurrir en la comuna de Peumo derivado de las acciones que allí está desarrollando el representante del Gobierno Interior.
Junto con elevar nuestra protesta, nuestro más enfático repudio a las acciones desquiciadoras que mediante los organismos públicos se están desarrollando por militantes políticos de los partidos de Gobierno y a través de la acción absolutamente disociadora del Gobernador de dicha comuna, pido oficiar al señor Ministro del Interior, a fin de que informe acerca de las medidas administrativas que se han tomado en contra del señor Gobernador mencionado a raíz de los hechos ya denunciados.
Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
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