El señor MONTES.- No. ¿Me permite, señor Presidente? Nosotros tuvimos oportunidad de participar en el debate que este problema originó en la Comisión, y allí manifestamos nuestra posición contraria al precepto que nos ocupa. Dijimos que, en todo caso, la disposición era extraordinariamente parcial. Después de escuchar el fundamento que de la norma propuesta hizo el Honorable señor Durán en la Comisión, nosotros expresamos que, de acogerla, deberíamos también proceder a extender el mismo criterio a otros organismos que tienen que ver con el proceso electoral, toda vez que la idea de entregar a una autoridad militar una copia o el duplicado de un documento, según se explicó, tiene por objeto asegurarse de que realmente esos documentos llegarán como corresponde y adonde corresponde y no se produzcan escamoteos u otros percances de índole semejante. Eso fue lo que yo logré entender del fundamento dado en la Comisión. Y nosotros expresamos que si ésa era la razón, también había base, siguiendo el curso de dicho razonamiento, para pensar que en otras instancias del proceso electoral en que participa personal civil, por decirlo así, podían producirse las mismas situaciones que sirvieron para justificar los argumentos, dados al formular el precepto, hasta llegar lo expresamos allí y quiero repetirlo ahora al propio Tribunal Calificador de Elecciones. Porque respecto de éste, también puede ocurrir que un partido político o un personero político crean tener fundamentos para manifestar su desconfianza, expresar que aquél no actúa de acuerdo con sus obligaciones e. intentar modificar la disposición pertinente para determinar que el Tribunal Calificador debe estar integrado también por militares. Nosotros, insisto, manifestamos nuestra disconformidad con este criterio cuando fue expuesto en la Comisión para justificar el precepto. Si él fuera razonable, debería serlo no sólo en esta instancia, sino en todas las instancias del proceso, ya que no sólo en el caso del comisario que lleva los documentos del acto electoral puede haber desconfianza por la posibilidad de que se produzca tal o cual situación que altere dicho proceso. También es posible pensar que en otras instancias del mismo pueden ocurrir irregularidades. Lo anterior nos llevó, pues, a votar en contra de la disposición, por estimar que ella no dice relación de manera concreta y directa a las ideas contenidas en el proyecto original.