El señor PALMA.- Pido la palabra para fundar el voto, señor Presidente. Al aprobarse el precepto que nos ocupa, no estuvo presente en la mente de las personas que contribuyeron a redactarlo, proponerlo y aceptarlo, desconfianza alguna respecto del proceso electoral mismo ni de las autoridades que intervienen en él. Esta disposición obedece a otras circunstancias que imperan hoy día en el país y que son perfectamente detectables por cualquiera de nosotros. En muchos lugares del territorio nacional se están produciendo en la actualidad manifestaciones de violencia, y hay grupos que se ponen al margen del proceso electoral y democrático y actúan en forma anónima. Nadie podría asegurar que el día de la elección dichos elementos no mantendrán su criterio, su posición y sus actuaciones. Por el contrario, lo probable es que estos grupos ínfimos, minoritarios, reducidos, procuren crear ese día un clima de caos y de confusión mayor, aprovechando la oportunidad que se les brinda. ¿Qué se pretende con la disposición propuesta? Que no recaiga en manos de civiles de mujeres, eventualmente la obligación de trasladar los documentos del proceso electoral desde un lugar determinado hasta una oficina de Correos, que muchas veces está muy distante. Así ocurre, por ejemplo para volver a citar el mismo caso, en Concepción, ciudad que está convertida precisamente en centro de muchas actividades violentas, donde el Servicio de Correos queda muy distante de los lugares de votación. Allí es perfectamente posible que pueda producirse cualquiera situación de violencia imprevisible. La disposición en referencia, por lo tanto, da garantía a todas las colectividades políticas que participan en la elección de que el proceso continuará en forma regular y de que todas las informaciones y datos del caso llegarán a poder de la autoridad competente sin alteraciones.