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¿Me permite, señor Presidente?
La verdad es que dan muchos deseos de preguntar cuáles son los proyectos de Difícil Despacho, pues éste, que es de Fácil Despacho, lo hemos discutido ya en dos o tres sesiones.
Por lo demás, quiero hacer presente que lo que estamos debatiendo en estos instantes es consecuencia, según mi modesto criterio, de que no se aplique en forma rigurosa la norma de la Carta Fundamental que dispone que no se pueden formular indicaciones que no tengan relación con la idea matriz de los proyectos.
Por lo que he escuchado, en estos momentos estamos analizando lo relativo a la extensión del Canal 4 de Televisión de Valparaíso. Ahora, si hay algunos parlamentarios, como efectivamente parece que los hay, que tengan interés en que la Universidad Técnica y los demás establecimientos universitarios del país gocen del mismo beneficio, me parece que lo más lógico es que presenten los proyectos de ley respectivos.
La disposición constitucional a que me referí con anterioridad repito tiende a terminar con la corruptela de aprovechar determinada iniciativa legal para incluir en ella toda clase de materias. Por eso, tratándose de la televisión, me parece que cada caso debe estudiarse en forma separada. Porque, como lo señaló el Honorable señor Jerez en una sesión anterior, la instalación de un canal de televisión representa una gran inversión, y no es posible resolver un problema de esa envergadura por la vía de una simple indicación.
Quiero hacer notar, también, que me parece un mal procedimiento lo digo con el debido respeto a la Mesa aceptar toda clase de indicaciones, pues ello significa que, a pesar de la reforma constitucional mencionada, no hemos adelantado absolutamente nada al respecto.
Más adelante, y en el segundo lugar del Orden del Día de la tabla de esta sesión, nos encontraremos con las observaciones del Ejecutivo a otra materia de importancia. Ahí también figura un sinnúmero de vetos aditivos que no tienen relación alguna con la iniciativa en cuestión. Y esto lo hace el Gobierno, en circunstancias de que no tuvo reparos ni empacho en recurrir al Tribunal Constitucional cuando, de acuerdo con las normas que siempre han imperado en el Congreso, sé formuló una serie de indicaciones que eran tradicionales en la tramitación de la ley de Presupuestos. El Ejecutivo, en esa ocasión, estimó que se estaba violando el precepto constitucional, y el Tribunal Constitucional, con buen criterio a mi juicio, acogió la reclamación. Pero lo curioso es que el Gobierno, que como consecuencia de las reformas constitucionales de 1970 tiene absolutamente todas las ventajas y únicamente ve restringidas sus facultades por la disposición a que me estoy refiriendo, no la respeta.
Más adelante, y siguiendo el orden de la tabla, tendremos que ver otro veto, la mayoría de cuyas disposiciones tampoco tiene relación alguna con el proyecto de ley en el cual recaen. Son vetos aditivos que la Mesa debió rechazar de oficio. Sin embargó, y por desgracia, aquellos que acostumbran opinar en materias jurídicas han querido sentar aquí el criterio de que como la Cámara ya se pronunció sobre el particular y ya cometió el error, el Senado, que actúa como Cámara revisora, tiene que incurrir en el mismo error. Creo que esto no resiste examen alguno y constituye una tesis que no se puede sustentar con seriedad.
Por eso, yo espero que la Mesa comience a estudiar cuáles son los vetos que no se relacionan con la idea matriz de los proyectos en tramitación, a fin de que no los ponga en discusión, y los declare inconstitucionales. El día que impere este criterio en forma general, seguramente no sucederá lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el proyecto de ley que ahora nos ocupa, cuyo debate se ha dilatado en forma exagerada.
Voto que no.
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