REPUBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACION OFICIAL. LEGISLATURA 316ª, ORDINARIA. Sesión 25ª, en miércoles 5 de julio de 1972. Ordinaria. (De 16. 14 a 22. 39). PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE, Y LUIS PAPIC RAMOS, VICEPRESIDENTE. SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO. INDICE. Versión taquigráfica. I.- ASISTENCIA 1549 II.- EL APERTURA DE LA SESION 1549 III.- LECTURA DE LA CUENTA 1549 Comisiones de servicio y uso de vehículos fiscales en provincia de Valparaíso entre fecha de último terremoto y día de elección extraordinaria de Diputado 1550 Inaplicabilidad de disposición del D. F. L. 338 a ciertos funcionarios del Ministerio de Educación 1551 IV.- FACIL DESPACHO: Proyecto de ley, en primer trámite, modificatorio de ley que otorgó recursos a Municipalidad de Chiloé 1552 V.- ORDEN DEL DIA: Observaciones, en primer trámite, al proyecto que fija las áreas de la economía nacional (queda pendiente la votación).... 1558 VI.- INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncian) 1612 Anexos. 1.- Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto que otorga nuevo plazo para que las Municipalidades transfieran a sus ocupantes los predios en que éstos hubieren construido viviendas 1620 2.- Informe de la Comisión de Economía y Comercio recaído en el proyecto sobre dictación del Estatuto y Reglamento Orgánico para la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua 1623 VERSION TAQUIGRAFICA. I.- ASISTENCIA. Asistieron los señores: Acuña Rosas, Américo Aguirre Doolan, Humberto Altamirano Orrego, Carlos Baltra Cortés, Alberto Ballesteros Beyes, Eugenio Bossay Leiva, Luis Bulnes Sanfuentes, Francisco Campusano Chávez, Julieta Carmona Peralta, Juan de Dios Carrera Villavicencio, María Elena Contreras Tapia, Víctor Corvalán Lépez, Luis Chadwick Valdés, Tomás Durán Neumann, Julio Ferrando Keun, Ricardo Foncea Aedo, José Fuentealba Moena, Renán García Garzena, Víctor Gormaz Molina, Raúl Gumucio Vives, Rafael Agustín Hamilton Depassier, Juan Ibáñez Ojeda, Pedro Irureta Aburto, Narciso Jerez Horta, Alberto Juliet Gómez, Raúl Lorca Valencia, Alfredo Luengo Escalona, Luis Fernando Miranda Ramírez, Hugo Montes Moraga, Jorge Morales Adriasola, Raúl Moreno Rojas, Rafael Musalem Saffie, José Noemi Huerta, Alejandro Ochagavía Valdés, Fernando Olguín Zapata, Osvaldo Pablo Elorza, Tomás Palma Vicuña, Ignacio Papic Ramos, Luis Prado Casas, Benjamín Reyes Vicuña, Tomás Rodríguez Arenas, Aniceto Sepúlveda Acuña, Adonis Silva Ulloa, Ramón Sule Candía, Anselmo Tarud Siwady, Rafael Teitelboim Volosky, Volodia Valente Rossi, Luis Valenzuela Sáez, Ricardo y Von Mühlenbrock Lira, Julio. Concurrió, además, el señor Ministro de Justicia don Jorge Tapia Valdés. Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala. II.- APERTURA DE LA SESION. Se abrió la sesión a las 16. 14, en presencia de 31 señores Senadores. El señor PALMA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes. Tres de Su Excelencia el Presidente de la República. Con los dos primeros hace presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley: 1) El que crea las Oficinas de Auxilio y Emergencia. Se califica de simple la urgencia. 2) El que beneficia, por gracia, a doña Margot Benavente Pérez. Se califica de simple la urgencia. 3) El que beneficia, por gracia, a don Edmundo Horta Lucabeche. Se califica de simple la urgencia. Con el tercero, otorga patrocinio al proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Contreras y Montes, que declara que no se aplicará, por una sola vez, lo dispuesto en el artículo 144 del D. F. L. Nº 338 de 1960 a los funcionarios de la Oficina de Presupuestos del Ministerio de Educación Pública. Se manda agregarlo a sus antecedentes. Oficios. Uno del señor Contralor General de la República, en el que da respuesta a una petición formulada por el Honorable Senador señor Prado, relativa a las comisiones de servicio decretadas para la provincia de Valparaíso y al uso de los vehículos fiscales que se trasladaron a ella conjuntamente con los préstamos otorgados, entre la fecha del terremoto, 8 de julio de 1971, y el día de la elección extraordinaria de un Diputado, celebrada el 18 de julio del mismo año. Queda a disposición de los señores Senadores. Informes. Uno de la Comisión de Gobierno, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Musalem, que otorga un nuevo plazo a las municipalidades para transferir a sus actuales ocupantes los terrenos de su propiedad, en los cuales aquéllos hubieren construido viviendas (véase en los Anexos, documento 1). Otro de la Comisión de Economía y Comercio, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Ballesteros, que otorga un nuevo plazo al Presidente de la República para que dé cumplimiento al artículo 14 de la ley Nº 17. 564, relativo a la dictación del Estatuto y Reglamento Orgánico para la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua (véase en los Anexos, documento 2). Uno de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el Mensaje del Ejecutivo en que solicita el acuerdo constitucional necesario para conferir el empleo de Coronel de Aviación al Comandante de Grupo don Pedro Arnoldo Guerrero Rojas. Queda para Tabla. Desafueros. El señor Presidente anuncia que, en conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 190 del Reglamento, corresponde votar en el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria las peticiones de desafuero formuladas en contra del Intendente de Aconcagua por don Pablo Casas Auger, y en contra del Intendente de Santiago y del Gobernador de Melipilla por el señor Ministro de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago don Enrique Paillas Peña. COMISIONES DE SERVICIO Y USO DE VEHICULOS FISCALES EN PROVINCIA DE VALPARAISO ENTRE FECHA DE ÚLTIMO TERREMOTO Y DIA DE ELECCION EXTRAORDINARIA DE DIPUTADO. El señor OCHAGAVIA.- Pido la palabra sobre la Cuenta. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra, señor Senador. El señor OCHAGAVIA.- Solicito al señor Secretario leer el oficio con que el Contralor General de la República da respuesta a una petición formulada por el Honorable señor Prado, relativa a las comisiones de servicio decretadas para la provincia de Valparaíso y al uso de vehículos fiscales entre la fecha del terremoto de julio de 1971 y el día de la elección extraordinaria de un Diputado. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del Honorable señor Ochagavía. El señor CONTRERAS.- ¿Por qué no se transcribe el oficio a cada señor Senador? El señor FIGUEROA (Secretario).- La comunicación consta de alrededor de 15 páginas, y el oficio dice solamente: En respuesta al oficio del rubro, complemento la información proporcionada a US. referente a nóminas de las comisiones de servicios y de los vehículos fiscales que se trasladaron a la ciudad de Valparaíso, con motivo del sismo acaecido con fecha 8 de julio del año pasado y el de la elección extraordinaria de un Diputado celebrada el 18 de julio de 1971. Asimismo, envío a US. los antecedentes relacionados con los préstamos otorgados en esa oportunidad. Firma el documento don Gonzalo Hernández Uribe, Contralor General Subrogante. El señor PALMA (Presidente).- Se enviará copia del documento, que consta de 15 páginas, a todos los señores Senadores. Ignoro si el Honorable señor Ochagavía insiste en su solicitud de leerlo. El señor OCHAGAVIA.- La verdad es que pedí la lectura porque deseo que se oficie en mi nombre al Contralor con relación a hechos similares que están ocurriendo en la provincia de Coquimbo a raíz de la campaña que culminará con la elección de un Diputado por esa zona. El señor PALMA (Presidente).- Eso no está relacionado con la Cuenta, señor Senador. Reitero que se enviará a cada señor Senador copia del oficio de que hizo mención el Honorable señor Ochagavía. El señor MIRANDA.- Que se lea, señor Presidente. La señora CAMPUSANO.- En lo referente a Coquimbo, es falso lo que sostiene el Honorable señor Ochagavía. El señor OCHAGAVIA.- No es falso, señora Senadora. La señora CAMPUSANO.- Sí lo es. El señor OCHAGAVIA.- Si así fuera, Honorable colega, no se opondría al envío del oficio que señalé. La señora CAMPUSANO.- El señor Senador no es de la provincia. El señor PALMA (Presidente).- ¿Hace suya, Honorable señor Miranda, la solicitud de leer el oficio en referencia? El señor MIRANDA.- Por supuesto. Y habría que dar tiempo para poder intervenir sobre la materia. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se leerá el mencionado documento. El señor MORENO.- No. El señor HAMILTON.- No. El señor PRADO.- No. El señor PALMA (Presidente).- Hay oposición, y para acceder a la solicitud de Su Señoría se requiere unanimidad. El señor MONTES.- Pido la palabra sobre la Cuenta. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Senador. NO APLICACION DE ARTICULO 144 DEL D. F. L. 338 A CIERTOS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION. El señor MONTES.- Señor Presidente, en la Cuenta de hoy se dice que el Ejecutivo patrocinó el proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Contreras y del Senador que habla, tendiente a impedir el descuento correspondiente a los días no trabajados, a raíz de una huelga, por los funcionarios de la Oficina de Presupuestos del Ministerio de Educación Pública. Confieso que incurrí en una equivocación de índole constitucional al pedir el patrocinio del Ejecutivo. En efecto, la Secretaría del Senado, examinando detenidamente el contenido del proyecto y. de acuerdo con disposiciones de la Carta Fundamental, lo envió a la Comisión de Gobierno, organismo que ya lo trató; y la Sala despachó ayer la iniciativa, que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, es claro que el patrocinio solicitado al Gobierno era del todo innecesario. He querido referirme a este problema para dejar constancia, sobre la base de las diversas interpretaciones surgidas en el último tiempo acerca de la constitucionalidad de ciertos proyectos, de que en el caso de la iniciativa a que me referí, como dije, era innecesario solicitar el patrocinio del Ejecutivo. En consecuencia, estimo que lo consignado en la Cuenta de esta sesión carece de importancia, tanto más cuanto que el Senado ya despachó el proyecto. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Pido la palabra sobre la misma materia. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Deseo congratular a los Honorables señores Contreras y Montes, pues cuando solicitan al Gobierno patrocinar determinado proyecto de ley, obtienen respuesta positiva con gran rapidez. No sucede lo mismo al Senador que habla, quien el 7 de junio presentó un proyecto de ley tendiente a beneficiar a los damnificados por los recientes temporales que afectaron a las provincias de Ñuble, Concepción y Arauco, y hasta el momento Dios guarde a Usía; nada llega, pese a que la iniciativa se remitió al Ejecutivo el 8 del mismo mes. Por eso, congratulo a Sus Señorías, por la especial consideración que les dispensa el Ejecutivo. Nada más. IV.- FACIL DESPACHO. MODIFICACION DE ARTICULO DE LEY QUE DESTINA RECURSOS A MUNICIPALIDADES DE CHILOE. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Lorca, que modifica el artículo 3º de la ley 17. 382, en lo relativo a la destinación de recursos en beneficio de las municipalidades de Chiloé. La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Ballesteros, Juliet, Morales Adriasola y Valente, recomienda a la Sala aprobar el proyecto, que consta de un artículo y que dice: Sustituyese la parte final de la letra c) del artículo 3º de la ley Nº 17. 382, que comienza con la frase en la contratación, por lo siguiente: exclusivamente en la realización de obras de adelanto urbanas y rurales, que se determinarán anualmente, en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de las tres cuartas partes de los Regidores en ejercicio. Para estos efectos las Municipalidades podrán suscribir con la Dirección General de Obras Públicas los compromisos que se estimen convenientes;. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley {moción del señor Lorca): En primer trámite, sesión 6ª, en 31 de mayo de 1972. Informe de Comisión: Gobierno, sesión 7ª, en 6 de junio de 1972. El señor PALMA (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto. Ofrezco la palabra. El señor LUENGO.- Sería conveniente que algún señor Senador explicara de qué se trata, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Su Señoría tiene en su poder el informe de la Comisión. El señor LUENGO.- Sí, pero el informe no es completo. El señor CONTRERAS.- Pido la palabra. El proyecto en debate tiene relación con la ley Nº 17. 382, que estableció un impuesto de 8% sobre el valor aduanero de las mercaderías que se internen por la provincia de Chiloé, y destinó su producto a diversas instituciones en los porcentajes señalados en el artículo 3º de dicho texto legal. La letra c) de la mencionada disposición asigna 30% de los recursos provenientes de dicho tributo a las municipalidades de Chiloé, con el exclusivo objeto de que se inviertan en la contratación de horas-CORFO, a través del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados, para construir y mejorar los caminos transversales del sector rural de la provincia. A nuestro juicio, el legislador actuó con buen criterio al aprobar este precepto. Hace algunos días discutimos un proyecto relativo a los recursos que algunas municipalidades de Chiloé entregan al Ministerio de Obras Públicas con el propósito de impulsar la construcción de caminos en la Isla Grande. Por desgracia, parece que nuestros argumentos no fueron suficientes, porque la mayoría de los señores Senadores acordó modificar dichas disposiciones, no obstante que éstas eran muy favorables para las comunas de esa provincia, pues la Dirección de Obras Públicas debía aportar el doble de los fondos entregados por las municipalidades para dicho objeto. Ahora, mediante la iniciativa en debate, se trata de modificar la letra c) del artículo 3º de la ley Nº 17. 382, que asigna recursos para la contratación de horas-CORFO con el objeto de abrir caminos que permitan la comunicación terrestre entre los diferentes poblados y ciudades de la provincia de Chiloé, entregando los fondos directamente a las municipalidades, las que podrán administrarlos directamente con el acuerdo de los dos tercios de sus regidores. No dudo de que esta iniciativa daría a las municipalidades mayor expedición, pues contarían con mayores recursos para realizar algunas obras; pero me parece que las municipalidades no tienen los elementos mecánicos necesarios, de los que disponen la Dirección de Obras Públicas y la Corporación de Fomento, que poseen maquinaria pesada especial, con la cual podría realizarse con prontitud y en forma mucho más efectiva la construcción de estos caminos, que abrirían posibilidades de comunicación terrestre entre las diferentes ciudades de la isla. Pienso que si bien el proyecto beneficiará por una parte a las municipalidades de la zona, por otra resultará negativo, ya que éstas no cuentan con los medios adecuados. Seguramente realizarán algunas obras de pequeña envergadura, pero no podrán llevar a cabo otras de mayor importancia. El señor OCHAGAVIA.- Señor Presidente, me correspondió participar en la discusión del artículo 3º de la ley Nº 17. 382, que destina parte del impuesto establecido en ese texto legal, recaído en las mercaderías que se internen por la provincia, a la contratación de horas-CORFO, a través del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados, para la construcción y mejoramiento de los caminos transversales en el sector rural de la provincia de Chiloé, que represento en el Senado. Al redactar el precepto, que posteriormente se convirtió en ley, tuve en cuenta que más del 90% de los habitantes de Chiloé vive en sectores rurales, y que uno de los problemas más graves de la región es la falta de vías que permitan a los pequeños agricultores transportar sus productos a los centros de consumo. Se trata de la única manera de progresar en una zona de minifundios, en la que el pequeño agricultor debe vivir esencialmente del trabajo temporal en la provincia de Magallanes y en la República Argentina. Aún más, la aplicación masiva de la reforma agraria en esta provincia ha provocado la falta de trabajos temporales, lo que afecta a los trabajadores de Chiloé, que viajan en forma periódica hasta allá para realizar trabajos esporádicos. Por eso, en la actualidad el pequeño agricultor debe vivir, básicamente, del producto de pequeñas cosechas, en especial la de papas, ya que se trata de una zona de monocultivo. Lo anterior se agrava aún más, pues, como todos sabemos, el precio y la situación de mercado de ese tubérculo enfrentan una aguda crisis que el Senado conoce, ya que precisamente está analizando una iniciativa tendiente a dar a ese producto una comercialización más racional, que asegure el costo de producción y una pequeña y legítima utilidad para el campesino chilote. El Honorable señor Lorca, que también representa a la Décima Agrupación, haciéndose eco de la petición de la Junta de Alcaldes de la provincia de Chiloé, planteó primero en el proyecto de ley de presupuestos, y luego, ante el veto de que fue objeto su indicación entonces, en una iniciativa separada la idea de modificar la disposición que asigna 30% del rendimiento del impuesto establecido en la ley 17. 382 a la inversión en caminos en la isla. Lo hizo por el hecho de que las sumas que deben repartirse entre todas las comunas de Chiloé no alcanzan a formar una masa de recursos que permita un aprovechamiento racional de aquéllos, aun considerando el aporte fiscal, que equivale al doble, de acuerdo con la ley de Obras Públicas. La letra c) del artículo 3º de la ley 17. 382 establece que los recursos a que se refiere podrán invertirse exclusivamente en la construcción y mejoramiento de caminos rurales. La modificación propuesta por el Honorable señor Lorca permite, previo acuerdo de las tres cuartas partes de los regidores de las respectivas municipalidades de la provincia, destinar tales fondos a la realización de obras de adelanto urbanas y rurales. Además, se faculta a esas corporaciones para suscribir con la Dirección General de Obras Públicas los compromisos que estimen convenientes. Comprendo el espíritu que ha movido a los alcaldes de Chiloé al pedir al Honorable señor Lorca también he recibido una petición similar que planteara la modificación en debate. La razón es muy sencilla. Los alcaldes, en su afán de realizar obras de progreso comunal, tienden a invertir los escasos fondos con que cuentan las municipalidades del país en la atención de las necesidades comunales, especialmente en las zonas urbanas, en los pueblos. Así, con estos recursos, proceden a mejorar las plazas, las calles, etcétera. Creo que en este caso los legisladores debemos atender mirando, más que aspectos si se quiere inmediatos, los problemas esenciales de zonas como la de Chiloé, de carácter eminentemente rural. Por lo anterior, discrepo del proyecto patrocinado por el Honorable señor Lorca. Es lógico y humano que se tienda al aprovechamiento de recursos en obras que tengan algún lucimiento, que los alcaldes deseen realizar iniciativas que, de alguna manera, demuestren su capacidad de creadores o su eficiencia en las labores que les competen. Comprendo que para ello deben contar con determinados recursos. En este caso, la suma que les corresponde a todas las comunas de la provincia alcanza a dos millones de escudos anuales. Esta cifra, repartida según el criterio que estimen más adecuado las municipalidades, a través de un quórum determinado, permite hacer las inversiones de que se trata. Pero creo que esas inversiones deben estar destinadas a las finalidades que tuvimos en vista al aprobar la ley 17. 382. Me parece que el Honorable señor Lorca ha dado pruebas, una vez más, de su buena disposición para tratar de encontrar solución a los problemas regionales. Lo reconozco con absoluta franqueza, porque me ha tocado colaborar con el señor Senador en la dictación de muchas de las leyes que hemos promovido para tratar de resolver las dificultades que enfrenta la zona austral, que ambos representamos en este recinto. Pero, junto con lo anterior, debo destacar al Honorable Senado que, a mi juicio, con esta iniciativa el sector rural, el sector campesino de Chiloé perdería la posibilidad de beneficiarse con una parte de los recursos que se obtienen del gravamen impuesto a las mercaderías que se internan por la zona gracias al régimen especial de importaciones que allí rige, a diferencia de lo que sucede en el resto del país. La verdad es que el pequeño agricultor, en parte importante, está marginado de los beneficios de ese régimen de puerto libre, porque vive del producto de la explotación agrícola y no trabaja en el comercio. Es decir, el sector campesino enfrenta una situación más difícil. Debe soportar el alza del costo de la vida, que lo está castigando en forma muy dura, sin contar con ningún reajuste, ya que no percibe sueldo. Su ingreso sólo está constituido por el producto de lo que cosecha, que por desgracia resulta insuficiente, ya que la política que ha seguido el Gobierno éste y otros anteriores en esta materia es absolutamente errónea. Se ha tratado de entregar los productos al precio más bajo posible, sin pensar que ello nos obligaría a importar grandes cantidades de alimentos debido a la insuficiente producción nacional. Es así como actualmente las importaciones de alimentos ascienden a más de 450 millones de dólares anuales. O sea, prácticamente hipotecan nuestras disponibilidades de moneda extranjera, que deberíamos destinar a otras inversiones, como la instalación de industrias o la compra de bienes de capital, de repuestos, de medicamentos o de maquinarias. El Honorable señor Morales Adriasola, miembro de la Comisión de Gobierno, donde también actuó en representación de mi partido, señaló su interés en conocer algunas informaciones en cuanto al rendimiento de la ley Nº 17. 382. En la exposición de motivos de la moción del Honorable señor Lorca se habla de una suma de dos millones de escudos anuales y se estima que el rendimiento de la ley 17. 382 excederá los seis millones de escudos durante el presente año. Ahora bien, como Obras Públicas deberá entregar el doble de esa suma, o sea doce millones de escudos, se reunirán dieciocho millones de escudos cifra bastante importante, que se destinarían a abrir caminos transversales que permitirían a los pequeños agricultores de las islas y de los sectores rurales sacar sus productos al mercado y, por lo tanto, dedicarse a la agricultura, que es la única actividad que tiene alguna posibilidad en la provincia. En principio, me opongo al proyecto en debate; pero antes de pronunciarme en forma definitiva, espero que el Honorable señor Lorca allegue los antecedentes necesarios que puedan hacer cambiar mi posición. El señor LORCA.- En realidad, para mí este proyecto era precisamente de Fácil Despacho; sin embargo, veo que los Honorables colegas han intervenido en forma extensa, más allá de lo que normalmente ocurre con un proyecto obvio y sencillo. La moción de que soy autor tiene dos fundamentos. La ley 17. 382, de noviembre de 1970, ya lleva un año y meses de vigencia prácticamente, sus ingresos empezaron a recibirse en 1971, y aún no han podido usarse los fondos que su artículo 3º entrega a las 13 municipalidades que indica. Y ello porque los legisladores cometimos el error de establecer que el 30% del producto de esa ley, o sea más o menos dos millones de escudos, se distribuyera entre 13 municipalidades, lo cual equivale entregar a cada una de ellas 100 millones o 200 millones de pesos anuales, según el porcentaje que les corresponda, cifras que no permiten abordar ninguna obra pública. El Honorable señor Ochagavía no digo esto con el ánimo de molestarlo ha sacado las cuentas del gran capitán. En efecto, ha llegado a la suma de 18 millones de escudos, como si fuera cosa de llegar y entregar seis millones de escudos a Obras Públicas, para transformarlos en la cifra señalada. Pero resulta que en la práctica no son seis millones, sino sólo dos; suma que, además, se reparte entre 13 municipalidades y no va a una cuenta única. El señor OCHAGAVIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor LORCA.- Permítame terminar mis observaciones, Honorable colega. Y resulta que las Municipalidades de Chaitén, de Futaleufú o de Palena, por ejemplo, no entregarán a Obras Públicas dinero para construir caminos en Chonchi; o sea, cada comuna pretende que con sus fondos se pavimenten los caminos transversales que le corresponden. Pero ¿qué sucede? Que cada kilómetro de pavimento tiene un costo de 10 millones a 15 millones de escudos, según datos entregados por Obras Públicas, y que a las municipalidades que reciben 300 mil o 500 mil escudos les conviene emplear ese dinero en obras comunales. Nuestro error fue creer que el ingreso total iría a una sola municipalidad, o que cada una de ellas, por separado, recibiría una suma más elevada. En la práctica, de las 13, sólo 2 municipalidades han retirado los fondos y los han podido aportar a Obras Públicas a través del Servicio de Equipos Mecanizados: las de Castro y Ancud. Pero las 11 restantes tienen depositados sus fondos en tesorerías sin poder aprovecharlos en nada, aparte que se están desvalorizando. El señor OCHAGAVIA.- ¿Me permite, señor Senador? El señor LORCA.- Perdone, Honorable colega, voy a terminar mi intervención. Creo que quienes nos sentamos en estas bancas y representamos a las provincias australes debemos tratar de ser intérpretes del pueblo, de la gente que dirige las comunas. Solemos escuchar que hay que robustecer a los municipios, que son ellos quienes conocen sus problemas. Sin embargo, en este caso, pese a haberse reunido todos los alcaldes de Chiloé comunistas, nacionales, socialistas, democratacristianos, o sea, de todos los partidos, y terminar pidiendo que se dé otro destino a los recursos mencionados anteriormente, porque no pueden hacer uso de ellos, aparte que se están desvalorizando en las tesorerías, el señor Senador desoye esa petición. Yo quisiera que los señores Senadores, especialmente el Honorable señor Ochagavía, autor del artículo 3º de la ley 17. 382, reconocieran sus errores, como lo hacemos todos los legisladores, y que tuvieran más confianza en los alcaldes. Porque si hay 13 municipalidades que piden poder hacer uso de los fondos que les entrega la ley 17. 382, no podemos ser más papistas que el Papa y dejar que los fondos sigan en las tesorerías sin poderlos aprovechar. Pido a los Honorables colegas aprobar este proyecto de ley, partiendo de la base de que él recoge la opinión de los alcaldes de todos los partidos políticos de Chiloé, que desean que estos fondos se aprovechen y que no se sigan perdiendo en las tesorerías de las comunas. El señor MONTES.- Deseo saber cuánto tiempo queda para seguir tratando la tabla de Fácil Despacho. El señor PALMA (Presidente).- Seis minutos, señor Senador. El señor MONTES.- Formulé la consulta porque proponemos que si se dilata demasiado el debate sobre esta materia, en el momento oportuno se requiera el acuerdo de la Sala para despachar el proyecto. Sin embargo, antes quisiera decir un par de cosas. En verdad, tal como lo expresó el Honorable señor Contreras, hemos entendido que los recursos mencionados en la letra c) del artículo 3º de la ley 17. 382, y que llegan al 30% del total que produce la aplicación de dicho cuerpo legal, las municipalidades deben emplearlos forzosamente en la contratación de horas-CORFO, a través del SEAM, para construir y mejorar los caminos transversales del sector rural de la provincia. Pero ocurre que el SEAM o la CORFO en determinada oportunidad no están en condiciones de prestar los servicios que las municipalidades solicitan, por lo cual éstas se ven imposibilitadas de utilizar en otras finalidades estos fondos. Entonces, el proyecto trata de liberar de esta obligación a las municipalidades, con el objeto de que puedan contratar los equipos agrícolas mecanizados o emplear los fondos a través de otras vías, para solucionar los problemas que ellas tienen. Entendida así la finalidad del proyecto, y considerando que lo más conveniente es que esos fondos se empleen a través del SEAM, comprendemos, sin embargo, que la obligación impuesta por la ley impide a determinadas municipalidades realizar obras de adelanto, ya que por una u otra causa a veces dicho servicio no puede atenderlas. Por las razones señaladas, nos parece acertada la proposición contenida en el proyecto, y como lo anunció el Honorable señor Contreras, votaremos a favor de él, porque comprendemos que los municipios no pueden estar sujetos a invertir ciertos fondos obligatoriamente a través de una vía determinada, y pensamos que deben tener la posibilidad de invertirlos de otra manera que permita solucionar los problemas que dichas municipalidades enfrentan. Nos ha llamado la atención el hecho de que un Senador de la zona, como el Honorable señor Ochagavía, haya planteado en la discusión del proyecto problemas que no corresponden a la realidad; lo que indica, por una parte, que no los conoce bien y, por otra, que tiene dudas acerca de la importancia de la iniciativa. Nosotros pensamos que si se trata de beneficiar a municipalidades donde participa gente de diversas tendencias políticas, el camino es aprobar este proyecto, a fin de que esos organismos de dirección autónoma y colectiva de los destinos de la población de esas provincias puedan resolver sus propios problemas. Finalmente, quiero señalar que el Honorable señor Morales Adriasola, también Senador por esa zona, manifestó en la Comisión dudas acerca de este proyecto; y aun cuando lo votó favorablemente, requirió una serie de antecedentes y expresó qué una vez que los tuviera en su poder resolvería en la Sala si votaba a favor o en contra de la iniciativa. Me he referido a este punto, porque el señor Senador no ha dicho nada sobre el particular, y su opinión consta en el informe. Y resulta que nosotros, los Senadores comunistas, que no representamos propiamente a esa región, aprobamos el proyecto partiendo del principio general de entregar determinado tipo de recursos a las municipalidades para que éstas los empleen en beneficio de su propia comuna. Reitero: los Senadores comunistas votaremos a favor de este proyecto, y esperamos que sea despachado en esta sesión y no en otra, a fin de evitar una tramitación más larga. El señor OCHAGAVIA.- Respecto de la intervención del Honorable señor Lorca, que planteó que la cifra de seis millones de escudos que mencioné había sido poco menos que inventada por mí, debo recordarle que esa cifra la recogí de la exposición de motivos de su moción, donde se expresa que la Junta Provincial de Alcaldes estima que el rendimiento de la ley 17. 382 para este año superará los seis millones de escudos. El señor LORCA.- Eso es lo que produce toda la ley. El señor OCHAGAVIA.- Sí, señor Senador. Los dos millones de escudos a que hice referencia corresponden al 30% que se destina a las municipalidades; y he hablado de seis millones de escudos en total porque entiendo que el Honorable señor Lorca lo sabe existe una ley que consigna que si un particular, en este caso una comunidad o un municipio, hace una erogación para un camino proyectado por Vialidad, Obras Públicas deberá entregar el doble de esa suma. De ahí que llegue a los seis millones de escudos, porque dos millones de escudos más cuatro millones son seis millones de escudos. En cuanto al costo de la pavimentación... El señor PALMA (Presidente).- ¿Me permite, señor Senador? Ha llegado a la Mesa una indicación para prorrogar Fácil Despacho hasta que este proyecto sea votado. El señor HAMILTON.- No hay acuerdo. El señor PALMA (Presidente).- No hay acuerdo. El señor OCHAGAVIA.- El Honorable señor Lorca, además, señaló el costo de la pavimentación de caminos. Pero nadie ha pretendido hacer caminos pavimentados en Chiloé, ya que, como Su Señoría sabe, ni siquiera se ha terminado el camino de la carretera panamericana hasta Quellón. Realmente, lo que planteamos es hacer huellas o sendas de acceso a los sectores rurales. Respecto de lo que expresó el Honorable señor Montes, en el sentido de que no conozco la zona, quiero decirle que el Partido Comunista nunca ha tenido parlamentarios por la provincia de Chiloé, y que yo he representado durante dos períodos consecutivos casi diez años a esa provincia y siempre he obtenido las más altas mayorías en la votación campesina. Lamento... El señor MONTES.- Lo que ocurre es que Su Señoría tiene mucho dinero. El señor OCHAGAVIA.- ¡Esa es una insolencia para la gente que represento! Hay una petición del Honorable señor Morales, en cuanto a que se entreguen los antecedentes que solicitó en la Comisión, relacionados con la cifra oficial de los recursos obtenidos. Una vez que estos antecedentes lleguen,... El señor PALMA (Presidente).- ¿Me permite, señor Senador? Ha terminado el tiempo destinado a la tabla de Fácil Despacho. Queda pendiente la discusión del proyecto, y con la palabra, Honorable señor Ochagavía. Ruego a los señores Comités pasar a la Sala de la Presidencia. Se suspende la sesión por 20 minutos. Se suspendió a las 16. 55. Se reanudó a las 17. 15. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Continúa la sesión. Se suspende la sesión por veinte minutos. Se suspendió a las 17. 15. Se reanudó a las 17. 39. V.- ORDEN DEL DIA. INCORPORACIONDE BIENES DE PRODUCCION A AREA SOCIAL DE LA ECONOMIA NACIONAL.REFORMA CONSTITUCIONAL. VETO. El señor PALMA (Presidente).- Continúa la sesión. Orden del Día. El señor FIGUEROA (Secretario).- En conformidad al acuerdo de Comités, corresponde proseguir considerando las observaciones del Presidente de la República, en primer trámite constitucional, al proyecto de reforma constitucional que modifica diversas disposiciones de la Carta Fundamental en lo relativo a la incorporación de diversos bienes de producción al área social de la economía nacional. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de reforma constitucional (moción de los señores Fuentealba y Hamilton): En primer trámite, sesión 5ª, en 20 de octubre de 1971. Observaciones: En primer trámite, sesión 9ª, en 11 de abril de 1972. Informes de Comisión: Legislación, sesión 9ª, en 27 de octubre de 1971. Legislación (segundo), sesión 26ª, en 11 de noviembre de 1971. Legislación (veto), sesión 7ª, en 6 de junio de 1972. Discusión: Sesiones 13ª y 14ª, en 29 de octubre de 1971; 15ª y 16ª, en 30 de octubre de 1971; 17ª, 18ª, 19ª y 20ª, en 2 de noviembre de 1971; 27ª, en 16 de noviembre de 1971; 28ª, en 17 de noviembre de 1971; 29ª, en 18 de noviembre de 1971 (se aprueba en particular); sesión de Congreso Pleno, en 19 de febrero de 1972; 9ª, en 12 de junio de 1972; 11ª, en 13 de junio de 1972; 13ª, en 14 de junio de 1972, y 24ª, en 5 de junio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en informe suscrito por los Honorables señores Pablo (Presidente), Bulnes Sanfuentes, Hamilton, Palma, Gumucio, Luengo y Juliet, recomienda a la Sala adoptar las resoluciones contenidas en el boletín Nº 25. 950. El impreso comparado está signado con el número 25. 950-B. El primer veto formulado por el Ejecutivo sustituye el inciso primero del Nº 2 del artículo 1º del proyecto. La norma aprobada por el Parlamento agrega, a continuación del inciso tercero del Nº 10 de la Constitución, los siguientes: La ley determinará las empresas de producción de bienes y servicios que integrarán las áreas social y mixta de la economía. Por su parte, el Ejecutivo propone reemplazar el precepto recién señalado por el siguiente: La actividad económica nacional se desarrollará a través de tres áreas de propiedad: la social, la mixta y la privada. La Comisión recomienda rechazar la observación, con los votos de los Honorables señores Bulnes Sanfuentes, Hamilton, Juliet y Pablo y la oposición del Honorable señor Gumucio. El señor MONTES.- Previamente, solicito el aplazamiento de la votación. El señor LUENGO.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- En votación. El señor DURAN.- Hay un acuerdo de Comités sobre la materia, que expresamente estableció que no se haría uso de derechos reglamentarios... El señor PALMA (Presidente).- Un momento, señor Senador. El Honorable señor Montes ha solicitado el aplazamiento de la votación. El señor DURAN.- Esto ya fue materia de un acuerdo de Comités. El señor PALMA (Presidente).- Sobre la cuestión previa, tiene la palabra el Honorable señor Hamilton. El señor LUENGO.- No es cuestión previa. El señor HAMILTON.- En la reunión de Comités en que se determinó el procedimiento por seguir en el despacho de los vetos formulados por el Presidente de la República, a esté proyecto de reforma constitucional, se llegó a un acuerdo unánime, sujeto a la ratificación del Honorable señor Tarud, la cual no se produjo. Y en subsidio del acuerdo principal, se adoptó la resolución que tiene validez y que consta en la circular Nº 2562. Parte de este acuerdo se refiere a la forma como se realizaría la tramitación de los vetos y a que no se ejercería por parte de los partidos ningún derecho reglamentario. De manera que no cabe acoger la petición del Honorable señor Montes. Apelo al señor Secretario del Senado, que es Ministro de Fe y que estaba presente. La señora CARRERA.- Pido suspender la sesión para discutir este asunto. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Durán sobre la cuestión previa planteada por el Honorable señor Montes. El señor DURAN.- En mi calidad de Comité de la Democracia Radical, también asistí a la reunión donde se tomaron los acuerdos que los señores Senadores conocen tanto porque presenciaron el debate como por la circular que mencionó el Honorable señor Hamilton. En consecuencia, fui testigo de tales resoluciones y, aún más, participé directamente en ellas por tener derecho a voto. Los acuerdos consistieron simplemente en fijar determinada norma para celebrar sesiones y la manera de proceder en las mismas, las que serían especiales. Inclusive la Democracia Cristiana retiró su petición de celebrar sesiones especiales en el día de ayer desde las ocho de la noche, en vista de que se había acordado no hacer valer derechos reglamentarios, como el aplazamiento de la discusión o el aplazamiento de la votación. Por consiguiente, tal resolución fue un pacto entre los Senadores que concurrieron a la reunión de Comités y, por lo mismo, se avenía al trato entre caballeros que anima este tipo de acuerdos. De ahí que ningún señor Senador, por las razones de caballerosidad, que debí invocar al comienzo de mis palabras y no a su término, puede desconocer ese acuerdo y usar de un derecho reglamentario. A mi juicio, únicamente procede votar las observaciones. El señor PALMA (Presidente).- Sobre la cuestión previa, tiene la palabra el Honorable señor Montes. El señor MONTES.- He solicitado el aplazamiento de la votación invocando un expediente reglamentario, por el siguiente motivo. A propósito del argumento del Honorable señor Durán relativo a la caballerosidad, recuerdo que efectivamente, en la reunión de Comités donde se trató este problema, algunos colegas plantearon que la resolución que se adoptara contuviese también la idea de no invocar derechos reglamentarios que significaran postergar el despacho de las observaciones. El señor AGUIRRE DOOLAN.- En eso estamos de acuerdo. El señor MONTES.- Acerca de esta materia, no dimos acuerdo. No lo hubo, como consta al señor Secretario del Senado. El señor DURAN.- ¡ A todos nos consta que Su Señoría dio acuerdo! El señor MONTES.- Por favor, señor Senador; no grite tanto, y escúcheme. El señor DURAN.- Excúseme si hablo fuerte, pero lo hago para que Su Señoría me oiga. El señor MONTES.- Pero no hable tan alto, por favor. Personalmente, el Comité que habla, inmediatamente después de la reunión en referencia, se entrevistó con el señor Secretario del Senado, a fin de que quedara absolutamente claro que tal acuerdo no se había adoptado. Luego, en esta misma Sala conversé con el Comité del Partido Demócrata Cristiano, don Tomás Reyes, para hacerle presente que nosotros, respecto de la no utilización de expedientes reglamentarios, no dimos asentimiento ni podríamos darlo, toda vez que, existiendo a nivel parlamentario determinados intercambios de ideas acerca de estas observaciones, estimábamos absolutamente improcedente adoptar una resolución de tal naturaleza, porque podría originar, precisamente, la situación que en este instante discutimos. Digo más para esclarecer en mayor medida lo que acabo de expresar: los acuerdos que se tomaron en la reunión de Comités de ayer ni siquiera fueron unánimes, porque desde el primer instante un Comité de la Unidad Popular manifestó que no concurriría a adoptar resoluciones sobre tales problemas. He señalado lo anterior para que no quede la menor duda y para que las últimas palabras del Honorable señor Durán no signifiquen de manera alguna el cargo de que nosotros pretendemos desconocer lo que de palabra prometimos. Ello no. se ajusta a la verdad, y nuestra posición se ha planteado en forma nítida y tajante al señor Secretario del Senado y al Comité del Partido Demócrata Cristiano en el día de ayer y en la reunión de Comités. Por eso, nos hemos sentido autorizados para emplear el expediente reglamentario de solicitar el aplazamiento de la votación. El señor REYES.- El Comité que habla propuso no invocar recursos reglamentarios en esta sesión o en otras para retardar el despacho de los vetos. Por lo tanto, puedo dar fe, en primer lugar, de que al término de la reunión, revisando los acuerdos de los Comités con el señor Secretario, este funcionario me hizo la consulta sobre el particular, porque a él le merecía dudas si se adoptó acuerdo o no se adoptó. Como no teníamos seguridad de que el Honorable señor Montes hubiera expresado su acuerdo, a él se le consultó si estimaba que su opinión era representativa de todos los Comités de la Unidad Popular, era sólo personal o del Comité Comunista. Inmediatamente de celebrada esa sesión, especificó que el acuerdo no podía entenderse como acuerdo de Comités. Por tal motivo no figura entre las resoluciones que fueron transcritas a todos los señores Senadores. Doy este testimonio, porque lo que relato ocurrió inmediatamente después de la sesión. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. El señor GARCIA.- Si no hubiera habido acuerdo acerca de que no se haría uso de los resortes reglamentarios para aplazar la votación, nosotros no habríamos retirado nuestra solicitud de celebrar sesión en la noche del martes, porque cuando hicimos tal petición nos manifestaron que no tenía objeto porque se pediría aplazamiento de la votación. Entonces, yo expresé que, por lo menos, podríamos empezar la discusión. No -me contestaron-, porque de todas maneras vamos a pedir aplazamiento de la votación; de modo que es inútil la sesión del martes. En vista de eso, manifestamos: Suponemos que va a haber aplazamiento en las otras sesiones. Alguien contestó -no recuerdo quién- en la sesión que no habría aplazamiento. Ahora, si posteriormente se adoptó otra resolución, yo la ignoro. Pero -repito- nosotros no insistimos en pedir sesión para ayer en la noche, en el convencimiento de que se había acordado no usar del derecho de solicitar aplazamiento. Por lo demás, ésta es una discusión absolutamente fuera de lugar, porque el Reglamento del Senado es muy claro: en este caso no existe el derecho a pedir aplazamiento de la discusión. ¿Por qué? Tengo a la mano dicho texto, que dice en su artículo 118: Asimismo, quedará para el Orden del Día de la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente la votación de los asuntos discutidos en el Orden del Día, ... Ahora no estamos discutiendo las observaciones al proyecto de reforma constitucional, porque el debate ya se cerró; de manera que estamos en la votación. Y cuando se está en la votación, no se puede solicitar su aplazamiento. Sólo cabe formular tal petición en el Orden del Día de la sesión en que se discutió la materia. Por lo tanto, aplicando estrictamente el artículo 118 del Reglamento, no se puede solicitar aplazamiento de la votación. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Luengo. El señor LUENGO.- Varios señores Senadores han opinado respecto del acuerdo de las Comités, sobre la base de lo que ellos estaban pensando cuando dieron un acuerdo determinado. El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿Por qué no da lectura a la circular que consigna los acuerdos de Comités? El señor LUENGO.- Me voy a referir a ella, señor Senador. Los señores Senadores que ahora afirman que el acuerdo de los Comités fue diferente del que tenemos en la mano, debieron haber reclamado en el día de ayer, cuando se entregó la circular Nº 2. 562, de fecha 4 de julio, y en la cual se da cuenta de las resoluciones adoptadas respecto de la forma como se tratarían los vetos a la reforma constitucional. ¿Qué se dice en tales acuerdos? Que se va a citar a sesión especial para hoy en la mañana con el objeto de que den término a sus observaciones de carácter general, en el tiempo que les reste, aquellos Comités que no lo hubieren hecho. En seguida, se expresa que en caso de no producirse acuerdo para transformar en especial la sesión ordinaria que estamos celebrando, se tratarán en primer lugar del Orden del Día de dicha reunión las observaciones al proyecto de reforma constitucional. Es decir, hay acuerdo para tratar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy las observaciones en referencia. Pero el acuerdo de Comités no expresa que se va a tratar y despachar el veto, como ordinariamente suelen acordar los Comités. Si tal resolución se hubiera adoptado, nosotros no habríamos podido hacer uso del recurso reglamentario. Sin embargo, sólo se acordó tratar en esta sesión -repito- las observaciones a la reforma constitucional. De manera que, a mi juicio, está bastante claro que en ningún instante se ha resuelto renunciar a algún recurso reglamentario para postergar la votación. El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿Por qué no lee toda la circular? El señor LUENGO.- Excúseme, Honorable señor Aguirre, pero quiero terminar mis observaciones. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Su Señoría ha dado una información parcial. Lea el párrafo 3º. El señor LUENGO.- Lo leeré, señor Senador. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tarud. El señor LUENGO.- Perdone, señor Presidente. No he terminado mis observaciones. No he sido nunca parcial, Honorable señor Aguirre. Su Señoría ha pedido que me refiera al punto tercero de los acuerdos de Comités. Lo haré en seguida. Lo creía innecesario, porque dice que si no termina la votación de las observaciones, proseguirá en el día de mañana, siempre que la sesión de hoy hubiera sido especial. El señor GARCIA.- No dice eso la circular. El señor LUENGO.- Sí, señor Senador. Dice la segunda parte del número, 2: Si se produjere este acuerdo, se votarán las observaciones en sesión especial que tendrá efecto entre las 16 y 21 horas de mañana miércoles. Es decir, si hubiéramos llegado a acuerdo para efectuar esta sesión. El señor PALMA (Presidente).- La Mesa creyó que Su Señoría había terminado. El señor LUENGO.- No, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Por eso le había dado la palabra al Honorable señor Tarud. El señor LUENGO.- Estaba tratando de concederle una, interrupción al Honorable señor Aguirre Doolan. O, más que interrupción, el señor Senador me formuló una pregunta. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Exacto. El señor LUENGO.- Está del todo claro que si no había acuerdo para transformar en especial esta sesión ordinaria, el asunto se trataría en el primer lugar del Orden del Día. Si se convertía en especial, se citaría a otras sesiones especiales, para continuar mañana la votación. Es decir, de ninguna manera se deduce de los acuerdos que están en poder de los señores Senadores desde el día de ayer, que no se pudiera pedir aplazamiento de la votación. En seguida, debo referirme a lo expresado por el Honorable señor García en cuanto a que reglamentariamente ahora tampoco se podría pedir aplazamiento de la votación, porque, según sostiene el señor Senador, el inciso segundo del artículo 118 del Reglamento dispone que sólo podría pedir aplazamiento de la votación de un asunto que se haya discutido en el Orden del Día. Quiero advertir al Honorable señor García que en la Sala se discuten los asuntos en la tabla de Fácil Despacho o en el Orden del Día. El señor GARCIA.- Se discuten; pero ahora no estamos en la discusión. El señor LUENGO.- Efectivamente, hemos discutido las observaciones en el Orden del Día de varias sesiones, no sólo de ésta. Inclusive podemos sostener que todavía en esta sesión estamos discutiendo el asunto, porque se está debatiendo una cuestión previa o reglamentaria atinente al proyecto que está en tabla. En consecuencia, es (procedente la solicitud de aplazar la votación. No era necesario, por lo tanto, para formular tal petición, que hoy estuviéramos dedicados a estudiar el fondo de las observaciones al proyecto dé reforma constitucional. De una manera u otra, porque es una cuestión accesoria la que estamos viendo en este instante, todavía estamos discutiendo el asunto en el Orden del Día de la sesión de hoy. Insisto: de acuerdo con los términos del Reglamento, aun cuando en la sesión de hoy no hubiéramos dicho una palabra respecto de las observaciones, perfectamente habría cabido la petición, porque el artículo exige que el asunto se discuta en el Orden del Día; y ya se debatieron en el Orden del Día de varias otras sesiones los vetos que hoy habría que haber votado. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tarud. El señor TARUD.- Fue mi Comité, el de la Acción Popular Independiente -como les consta a los señores Comités que asistieron y a los otros señores Senadores que no son Comités y que estaban en la reunión- quien se opuso a dar la unanimidad para transformar esta sesión ordinaria en especial. Ninguno dft los señores Comités presentes puede sostener que mi Comité, por mi intermedio, se haya comprometido a no usar del derecho que está ejerciendo ahora el Honorable señor Montes de pedir aplazamiento de la votación. Además, los señores Comités deben recordar también que en la reunión de ayer no estuvo presente el Partido Radical, quien tampoco, a mi entender, fue consultado respecto del supuesto compromiso que en este momento se está invocando. Esa es la verdad de las cosas. En ningún momento se acordó se habló, sí, como ha afirmado el Honorable señor Montes no ejercer ese derecho. Sé le puede preguntar al señor Secretario, quien es el Ministro de Fe de la Corporación. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bulnes Sanfuentes. El señor BULNES SANFUENTES.- Ignoro si existió o no existió acuerdo expreso para no solicitar aplazamiento de la votación. Lo ignoro, porque no participé en aquella reunión, ya que no soy Comité. Pero considero que ése es un punto absolutamente secundario, porque es de claridad meridiana el hecho de que, conforme al Reglamento, nadie tiene derecho a solicitar en este instante aplazamiento de esta votación. A pesar de los esfuerzos dialécticos del Honorable señor Luengo, el artículo 118 del Reglamento es absolutamente claro al respecto. Dice, en primer término: Cuando se trate de un asunto discutido en el Tiempo de Fácil Despacho, quedará la votación para el tiempo de Votaciones de primera hora de la sesión ordinaria siguiente, cuando un Comité así lo pida. En seguida dice la disposición pertinente: Asimismo, quedará para el Orden del Día de la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente la votación de los asuntos discutidos en el Orden del Día, cuando lo pida un Comité. ¿A qué Orden del Día se refiere? Al de la sesión en que se está pidiendo aplazamiento de la votación, como que a continuación se agrega: Quedará la votación para la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente. Es evidente que el precepto se está refiriendo al Orden del Día de la sesión en que se plantea el aplazamiento. ¿Y cuál es el requisito que exige el Reglamento para que se pueda solicitar al aplazamiento? Que en ese Orden del Día se haya discutido el asunto. Y el Reglamento es perfectamente claro para señalar qué es discusión en el Senado. La votación no es discusión. Los fundamentos de votos no constituyen discusión. Lo que constituye discusión, está enumerado en el artículo 100, que indica ocho clases distintas de discusiones, tema que se desarrolla en un largo articulado que lo sigue. La votación no puede formar parte de la discusión, por más que en ella se funden los votos. Este proyecto fue discutido en varias sesiones, la última de las cuales se verificó hoy en la mañana. Al término de ella, el señor Presidente declaró terminada la discusión de las observaciones, y luego levantó la sesión. La discusión ya no existe. No cabe en esta oportunidad. Las observaciones no pueden ser discutidas en este Orden del Día. Y por consiguiente, nadie está en condiciones de pedir el aplazamiento de la votación. Por lo demás, el Reglamento es perfectamente lógico al establecer esta disposición. ¿En qué consiste el aplazamiento de la votación? ¿Es un recurso de que disponen los parlamentarios para estorbar la tramitación de los proyectos? No. Es un recurso que se otorga a cualquier Comité para reflexionar, si tiene dudas sobre la forma de votar un proyecto que se acaba de discutir; para que los Senadores de ese Comité que no se encuentran presentes, puedan acudir. Ninguna de estas razones para invocar el aplazamiento de la votación existe en este caso, pues el proyecto ha sido discutido en una sesión anterior; ha habido tiempo para reflexionar. Y se ha contado con tiempo para llamar a los Senadores, ausentes. Creo que esta disposición es de una claridad meridiana. Cualquiera persona que lea el artículo 118 se da cuenta de inmediato de que, cuando habla del Orden del Día, se refiere al Orden del Día de la sesión en que se está planteando el aplazamiento, y no al de una sesión anterior. El señor MONTES.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton. El señor HAMILTON.- Seré muy breve, señor Presidente. Concuerdo con lo expresado aquí por el Honorable señor Reyes. Eso fue lo que ocurrió en la segunda sesión de Comités. Pero quiero recordar que hubo una primera reunión, en la que me tocó representar a los Senadores democratacristianos, y en la que dimos nuestro asentimiento para que se adoptara el procedimiento que, en definitiva, debía seguirse ahora, sobre la base de que no habría ejercicio de derecho reglamentario por parte de ninguno de los sectores políticos aquí representados. Quiero recordar más aún: nosotros expresamos con mucha franqueza a los demás Comités que teníamos instrucciones precisas de la Directiva Nacional de la Democracia Cristiana de citar a sesiones especiales para el día martes pasado, y que no ejerceríamos ese derecho en la medida en que hubiera acuerdo unánime para dar a la tramitación de los vetos un tratamiento que asegurara la participación de todos los sectores. Quiero recordar también que hace ya largos dos meses que los vetos a la reforma constitucional están pendientes en el Senado, sin que hasta ahora se puedan despachar. Con todas las facilidades que, de parte nuestra, se han dado para su tramitación, lo único que pedimos es que se nos responda con la misma deferencia, de manera que en esta sesión, convocada para tal efecto, podemos tratar aquellas materias que, como lo señalaba en la reunión de Comités el señor Presidente, son las únicas que en el breve tiempo disponible del Orden del Día de hoy podríamos alcanzar a votar, y precisamente los asuntos menos conflictivos, o los puntos de la reforma que fueron aprobados por unanimidad en la Comisión, en la Sala del Senado y en la Cámara, y ratificados por la unanimidad del Congreso Pleno. Inclusive, respecto de ellos el señor Ministro de Justicia nos ha dicho -en la Sala en la mañana y en la tarde en reunión de Comités- que es propósito del Gobierno retirar esos vetos. De modo que los vetos con que hoy iniciaríamos la votación serían aquellos que, en definitiva, según lo asegurado por el señor Ministro, serían retirados por el Gobierno. El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero referirme muy rápidamente a las afirmaciones que ha hecho el señor Bulnes. El ha expresado que la solicitud de aplazamiento de la votación sólo cabe, según el artículo pertinente del Reglamento, cuando se trate de un proyecto que se haya discutido en el Orden del Día de la sesión en que aquélla se formule. Pero toda la argumentación del señor Senador se basa en una premisa falsa, y por esto, a mi juicio, no tiene validez. ¿En qué consiste la debilidad de esa argumentación? El propio Reglamento se encarga de aclarar las cosas. ¿Qué debe entenderse por Orden del Día? ¿La sesión que en este momento realizamos? ¿O el Reglamento señala con esa denominación genérica alguna parte de las sesiones del Senado? Cuando habla de las sesiones en particular, dice el Reglamento, bajo el título Diversas partes de las sesiones, en el artículo 59: Las sesiones ordinarias constarán de dos partes, las que se denominarán, respectivamente, primera y segunda hora. La primera hora se destinará al Acta, a la Cuenta, a los asuntos de Fácil Despacho, al Orden del Día y al tiempo de Votaciones. La segunda hora se destinará a Incidentes. Si nosotros leemos Incidentes en algún artículo del Reglamento, estamos ciertos de que éste no se refiere de manera perentoria ni forzosa a Incidentes de determinado día, sino a la parte de la sesión, cualquiera que ella sea, en cualquier día que se celebre, que se denomina Incidentes. De la misma manera, por Orden del Día tenemos que entender no sólo el de la presente sesión, sino la parte de las sesiones ordinarias a que ha dado esa denominación el Reglamento del Senado. Por lo tanto, Orden del Día, en el caso que estamos tratando, no se refiere sólo al día de hoy, sino que significa el Orden del Día de cualquier sesión ordinaria en que funcione la Sala. De ahí que el artículo 118 exprese muy claramente: ... quedará para el Orden del Día de la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente la votación de los asuntos discutidos en el Orden del Día, cuando lo pida un Comité. No señala en qué Orden del Día se hayan discutido esos asuntos. Resulta muy claro que se trata de cualquier asunto discutido en cualquier Orden del Día, independientemente de la fecha. Es evidente que tiene una aplicación muy clara y una validez muy concreta lo dispuesto en el artículo 118. En consecuencia, no puede argumentarse que, para pedir aplazamiento de la votación, deba haberse tratado el asunto en el Orden del Día de hoy, en este caso, ni en el de ningún otro día. Y si la petición de aplazamiento se refiere a una materia tratada en cualquier Orden del Día, de cualquiera sesión, es evidente que tiene aplicación el artículo 118 del Reglamento. Esto, por una parte. Por otra, es absolutamente claro que no se ha producido el acuerdo mencionado por algunos señores Senadores. De ninguna manera. Tanto es así que en ninguno de los acuerdos de Comités transcritos a cada Senador, y que están aquí, sobre la mesa, se consigna el que han inventado algunos señores Senadores, por la simple razón de que tal acuerdo no ha existido. Concluyo: es absolutamente válida la petición que hemos formulado, y solicitamos, naturalmente, de la Mesa, que, de acuerdo con el artículo 118 del Reglamento que hemos invocado, la votación quede para la sesión ordinaria o extraordinaria siguiente. El señor DURAN.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Durán. El señor DURAN.- Sólo por un minuto. Quiero decir a la Sala y al Honorable señor Montes que poseo muy buena memoria, a veces una peligrosa buena memoria. Tengo un recuerdo muy claro de lo que ha recordado el Comité de la Democracia Cristiana con relación a la consulta que él hizo, respecto de que no se usarían los derechos que el Reglamento otorga a los señores Senadores para postergar la discusión o la votación. Y me acuerdo de que el señor Senador le dijo: Señor Senador, quiero que usted lo sepa: no es nuestro propósito alargar este debate. Creo que todos los señores Senadores que estaban presentes tienen claro ese recuerdo. De tal manera que el acuerdo se produjo. Y dejo testimonio de mi pesar por la actitud asumida hoy por el señor Senador Comité del Partido Comunista, porque en esas reuniones de Comité comúnmente se busca una fórmula, de buena fe, de buen trato que facilite la marcha del Senado. Recuerdo que el Honorable señor Rodríguez hizo presente que él podría hacer uso de algunas disposiciones reglamentarias para postergar esta materia, a la espera de una sesión de la directiva de su partido, y que se le dio, por tal motivo, el mayor número de facilidades. La Oposición hizo presente que no trataríamos la materia el día martes, y que el miércoles en la mañana se permitiría usar los tiempos que no se habían utilizado oportunamente. De esta manera los señores Senadores a quienes les había quedado parte del tiempo que les correspondía en virtud de un anterior acuerdo de Comités, que quedó sin efecto como consecuencia de las negociaciones que conoce la Corporación, pudieran expresar algunas ideas. De ahí nació la pregunta del Honorable señor Reyes, quien tiene que recordar, como los demás señores Senadores, que el Honorable señor Montes expresó lo que antes he dicho: No está en nuestro ánimo postergar esta materia. Así, pues, lo que estamos observando es una verdadera trampa. Sin embargo, creo que los acuerdos mismos amarran, más allá de lo señalado en este debate o de la expresión concreta de los señores Senadores en esta sesión, por una razón esencial... Ruego al señor Presidente que preste alguna atención a mis observaciones reglamentarias, pues la Mesa que preside ahora la Corporación es la misma que presidió los Comités y, por muy mala memoria que tenga Su Señoría, tendrá que recordar que cuanto he estado afirmando es la verdad. En cuanto a las disposiciones reglamentarias citadas, concuerdo con el criterio de los señores Senadores que han analizado el artículo 118. De todas maneras, cualquiera que sea la resolución de la Mesa, a ella corresponde aplicar el Reglamento. El señor Secretario fue consultado después, como quien dice en esos alegatos nocturnos a lo amigo, porque los planteamientos que se hacen en este debate no se formularon por ninguno de los señores Senadores en reunión de Comités. Como se desprende de lo que aquí se ha escuchado, se dejaron las cosas un poco en el aire. Y cuando así ocurre, a la salida se habla con la gente para obtener determinada expresión de voluntad o de lo que se ha entendido, y esto no consta en ninguna parte. Pero sí le consta al señor Presidente de la Corporación cuáles fueron los acuerdos que se adoptaron en la reunión de Comités. En subsidio, acogiéndome al artículo 118, pido a Su Señoría aplicar el Reglamento. Pero quiero dejar constancia de un hecho: es efectivo, como lo ha expresado el Comité Demócrata Cristiano, Honorable señor Reyes, que, al iniciarse las primeras reuniones de los Comités, él hizo presente que tenía instrucciones de la directiva de su partido de no postergar por más tiempo esta materia que tiene planteada al país una interrogante. Mientras van pasando todos estos días, el Gobierno, contrariamente a lo que el señor Ministro de Justicia afirmó esta mañana, continúa una política marginada de la ley y violatoria de la Constitución. En suma, es verdad que la Democracia Cristiana hizo las afirmaciones que ha recordado el Honorable señor Reyes. Creemos, en consecuencia, que corresponde a ese partido, de acuerdo con las afirmaciones de su Comité, operar en consecuencia y no prestarse ni directa ni indirectamente para un sistema cuyo único efecto es el de desprestigiar al Congreso y a esta Corporación. De ahí, señor Presidente, que ruege a Su Señoría refrescar la memoria y, al mismo tiempo, aplicar el Reglamento. El señor PALMA (Presidente).- Según el artículo 203 del Reglamento, cuando el Presidente estime poco clara una cuestión reglamentaria, promoverá su esclarecimiento. De manera que la Mesa solicita a la Sala pronunciarse sobre la materia. El señor LUENGO.- ¿Me permite una consulta, señor Presidente? ¿Es posible que, obrando en nuestro poder un acuerdo transcrito oficialmente por el señor Secretario que es ministro de fe tanto en las reuniones de Comité como en la Sala, que se nos entregó ayer y en el que nada se dice acerca de lo que han estado afirmando algunos señores Senadores, se consulte con posterioridad a la Sala? A mi juicio, no corresponde seguir este procedimiento. Existe, sí, un hecho muy claro: debemos aplicar el acuerdo de Comités, porque, desde que se nos entregó esto sucedió ayer hasta el momento, ningún señor Senador ha reclamado por considerar que la resolución adoptada fue diferente; el problema se plantea precisamente ahora, cuando ya no procede hacerlo. El señor PALMA (Presidente).- La Sala no deberá pronunciarse sobre el acuerdo de Comités, sino respecto de la solicitud de aplazar la votación, formulada por el Honorable señor Montes asilado en el artículo 118 del Reglamento, precepto que motivó el debate que Sus Señorías han presenciado y durante el cual se vertieron variadas opiniones y se formularon interpretaciones disímiles. La Mesa, en uso de sus facultades, solicita a cada señor Senador asumir su responsabilidad y emitir su opinión por medio del voto. En votación. El señor LUENGO.- Formulé una consulta, señor Presidente. El señor GARCIA.- Votemos. El señor BULNES SANFUENTES.- Procedamos a la votación. El señor LUENGO.- Entiendo que la solicitud de aplazamiento de la votación no debe votarse, pues, de acuerdo con el artículo 118 del Reglamento, basta con que la formule un Comité para que se le dé lugar. El señor BULNES SANFUENTES.- El señor Presidente dijo en votación. El señor PALMA (Presidente).- Se trata de una interpretación reglamentaria que merece dudas a la Masa, por lo cual la somete a la consideración del Senado. En votación. El señor RODRIGUEZ.- ¿Qué se vota? El señor PALMA (Presidente).- Si es posible o no solicitar aplazamiento de la votación. (Durante la votación). El señor ALTAMIRANO.- Estoy pareado con el Honorable señor Von Mühlenbrock. Pero, como Su Señoría se halla en la Sala, entiendo que no hay inconveniente para que ambos votemos. El señor VON MUHLENBROCK.- Por supuesto que no. Se declara que no ha lugar a la so-licitud de aplazar la votación (27 votos contra 17 y un pareo). El señor PALMA (Presidente).- Se suspende la sesión por veinte minutos. Se suspendió a las 18. 25. Se reanudó a las 18. 50. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Continúa la sesión. Se suspende la sesión por veinte minutos. Se suspendió a las 18. 50. Se reanudó a las 19. 15. El señor PALMA (Presidente).- Continúa la sesión. El señor MONTES.- Pido la palabra para plantear una cuestión previa. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor MONTES.- Con relación al acuerdo adoptado, solicito reapertura del debate, en conformidad al artículo 171 del Reglamento. El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador, la solicitud de Su Señoría afecta al problema planteado como cuestión previa. El señor MONTES.- Evidentemente, al acuerdo que ya adoptó el Senado. El señor PALMA (Presidente).- Pero no a la votación misma de las observaciones, porque el asunto previo era aclarar si se podía o no postergar la votación, lo que se resolvió en la forma que la Sala conoce. Si Su Señoría solicita reapertura del debate sobre el particular, el punto debe quedar para la sesión siguiente, pero no suspende la votación. El señor MONTES.- Evidente. El señor PALMA (Presidente).- La petición del Honorable señor Montes queda para ser resuelta en el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde votar la primera observación del Ejecutivo, que sustituye el inciso primero del número 2º del artículo 1º despachado por el Congreso, por el siguiente: La actividad económica nacional se desarrollará a través de tres áreas de propiedad: la social, la mixta y la privada. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recomienda desestimar la observación, con los votos de los Honorables señores Bulnes Sanfuentes, Hamilton, Juliet y Pablo, y la oposición del Honorable señor Gumucio. El señor PALMA (Presidente).- En votación. (Durante la votación). El señor GUMUCIO.- Señor Presidente, la observación del Ejecutivo que estamos considerando tiene íntima relación con las disposiciones vigésima y vigésimo-primera, transitorias, del artículo 2º del proyecto de reforma despachado por el Congreso. La disposición vigésima deroga genéricamente todas las leyes que permiten al Estado intervenir en la economía. Por lo tanto, al establecer la obligación de ley para diversas materias, claramente se ve la intención de despojar al actual Gobierno de todas las facultades legales que tiene para intervenir en la economía, y obligarlo a recurrir al Congreso para el estudio de nuevas leyes, donde indudablemente una mayoría adversa las rechazará. Ese es en realidad el motivo fundamental por el que el Ejecutivo ha vetado ésta y otras disposiciones. En verdad, el Gobierno tenía la intención, tal como lo manifestó el señor Ministro de Justicia en la reunión de Comités, de retirar esta observación, considerando que paralelamente enviaría un proyecto donde obviaba la derogación genérica contenida en las disposiciones vigésima y vigésimo primera, por lo cual no se iba a producir inconveniente alguno. Pero mientras subsistan la situación vigente y las normas señaladas del proyecto despachado por el Congreso, es obligación del Ejecutivo formular la observación. Por otro lado, debo hacer presente que en esta parte del veto se requiere de una doble votación. Primero, una votación para saber si se rechaza o se aprueba la observación; y si se rechaza, debe votarse luego la insistencia en el criterio primitivo de la reforma constitucional despachada por el Congreso. Por lo tanto, en esta materia incide el conflicto de que se ha hecho mención, debido a que la mayoría del Parlamento sostiene la tesis de que sólo bastaría el rechazo de la observación y la simple mayoría de los Senadores en ejercicio, y sería innecesaria la segunda votación, que exige los dos tercios para insistir en el texto primitivo del Congreso. Todos los señores Senadores saben que esto provocará un conflicto de la mayor gravedad en el país. Por tal razón, el Ejecutivo tuvo una actitud abierta, leal y sincera, a fin de buscar la posibilidad de obviar el problema que se veía venir. Reitero: no hay que disimular la gravedad de lo que significará este conflicto, que indudablemente apresurará la eventualidad de que en Chile se produzca un enfrentamiento que nadie desea. En consecuencia, pido a los señores Senadores tener presente este hecho y planteo a la Mesa la obligación que tiene de tomar una doble votación, porque si no lo hace estaría faltando gravemente a un principio constitucional, por el precedente que sentaría. Voto que sí. El señor PABLO.- Señor Presidente, en la Comisión rechazamos esta parte del veto por motivos de forma y de fondo. En cuanto al fondo, estimamos que esta observación era inconstitucional, porque suprimía ideas matrices del proyecto. En cuanto a la forma, estábamos de acuerdo con la redacción del texto despachado por el Congreso Nacional. En esta oportunidad, por los mismos antecedentes de que disponíamos en la Comisión, rechazaremos esta parte del veto. Sin embargo, no puedo dejar de lamentar que no se haya llegado al acuerdo planeado por el Gobierno, en el sentido de que retiraba sus observaciones a dos ideas matrices del proyecto, lo cual significaba sin duda cualquiera que fuere la suerte constitucional del proyecto en el futuro la aprobación definitiva de las disposiciones propuestas por el Congreso. La primera se relaciona con el hecho de que en el futuro se requerirá de ley para traspasar una empresa al área social o a la mixta, o de esta última a la social; y la segunda consagra la garantía de no ser expropiado sin indemnización previa para los pequeños o medianos propietarios rústicos, los empresarios pequeños o medianos del comercio y la industria y también los de las actividades extractivas. Creo que el proyecto que pensaba enviarse en el día de hoy habría resultado mucho más significativo que lo que alcanzaremos a despachar, y habría sido un paso adelante en el camino de ir buscando una salida, no obstante nuestra clara y dura postura de Oposición; o sea, de seguir buscando un entendimiento, una fórmula de arreglo que favorezca a todo Chile. Jamás he entendido la Oposición en el sentido de negar la sal y el agua al Gobierno. Antes, cuando fuimos Gobierno, rechazamos ese criterio. Hoy pertenezco a la Oposición y soy consecuente con el pensamiento que mantuve antes. Reitero los puntos de vista que mantuve en la Comisión, y reconozco que a pesar de mis esfuerzos para materializar las gestiones, ellas han fracasado. Comprendo que aquí se produce el conflicto a que ha hecho referencia el Honorable señor Gumucio. La tesis que sostengo, y que comparte mi partido, es diametralmente opuesta a la del señor Senador. Pensamos, y lo creíamos aún antes de plantearse este proyecto de reforma constitucional, que basta la simple mayoría para rechazar el veto, y que para aprobar la observación del Ejecutivo se requiere de la mayoría de los Senadores y Diputados en ejercicio. En nuestro concepto, aquí no hay lugar a la insistencia, y anticipo que en esa misma añadida mi partido y el Senador que habla respaldaremos cualquier actitud que tenga la Mesa con relación a este criterio. Voto en contra de esta parte del veto. El señor BULNES SANFUENTES.- El inciso del proyecto despachado por el Congreso a que se refiere esta observación, dice textualmente: La ley determinará las empresas de producción de bienes o servicios que integrarán las áreas social y mixta de la economía. El Presidente de la República propone reemplazarlo por uno que diría: La actividad económica nacional se desarrollará a través de tres áreas de propiedad: la social, la mixta y la privada. Como se ve, el Primer Mandatario pretende eliminar de este inciso toda referencia a la ley; pretende eliminar el concepto de que debe ser la ley la que determine cuáles empresas integrarán las áreas social y mixta de la economía. Es evidente que esa idea, la determinación por ley de las empresas que se estatificarán, no es sólo una idea esencial del proyecto, sino la más fundamental de todas, y absolutamente concordante con todo nuestro sistema constitucional. Por eso, resulta absurdo, irrisorio, que el Presidente de la República, y menos que el Presidente de la República, simples organismos semifiscales, por determinación de sus consejos, puedan, sin intervención del legislador, proceder a estatificar empresas particulares. Si se recuerda que nuestra Constitución exige ley para imponer o suprimir contribuciones de cualquier especie, para comprometer el crédito del Estado en cualquier forma e, incluso, hasta para cambiar el nombre de una calle, resulta absolutamente contrario a todo nuestro sistema constitucional lo que actualmente está sucediendo: que el Gobierno, valiéndose de leyes que se dictaron con otra finalidad como hemos dicho muchas veces, haciendo fraude a esas leyes, proceda a las estatificaciones a espaldas del legislador. Consideramos que este veto, aparte ser inconveniente, es inconstitucional, porque en este caso el Presidente de la República sólo podía proponer modificaciones o correcciones a la idea aprobada por el Congreso. Sin embargo, lo propuesto no es una modificación ni una corrección, sino la eliminación total de esa idea; casi la sustitución de ella por una idea contraria. De acuerdo con todos los informes que ha habido sobre la materia, el Presidente de la República ha excedido sus atribuciones constitucionales. Sin embargo, no hemos planteado la cuestión de la inadmisibilidad, porque no queremos que quede duda alguna con respecto al procedimiento del Congreso, y sobre todo, porque queremos dar al Primer Mandatario la oportunidad de que en una materia tan fundamental consulte al pueblo, mediante un plebiscito, si no está de acuerdo con el pronunciamiento del Parlamento. Es el pueblo el que en definitiva debe pronunciarse acerca de si está o no está conforme con la absorción por el Estado vale decir, por los elementos gobernantes de toda la actividad económica principal del país. Por estas razones, estimamos que la disposición es sustancial en el proyecto; pensando que el veto es contrario al interés nacional, en el sentido en que nosotros lo entendemos, y considerando, además, que es inconstitucional, votamos negativamente la observación del Ejecutivo. Voto que no. El señor CHADWICK.- Nosotros, los socialistas, debemos decir una vez más que el pueblo ya se pronunció sobre esta idea en la elección presidencial de 1970. Tres fuerzas se presentaron en esa oportunidad a la contienda que llamó al electorado nacional a pronunciarse: una primera fuerza, la que hoy día representa el sector de extrema Derecha, la cual sostenía que para el país no había otra salida que la empresa privada; una segunda fuerza, representada por el Partido Demócrata Cristiano, que controvertía fundamentalmente ese punto de vista y anunciaba que haría la nacionalización inmediata de la gran minería del cobre y pasaría a tomar medidas radicales para transformar la economía chilena; y una tercera fuerza, la de la Unidad Popular, que tenía un programa perfectamente definido. Cuando el pueblo votó en 1970, lo hizo por ese programa. Y cuando los parlamentarios votaron en el Congreso con arreglo al artículo 96 de la Constitución Política, lo hicieron conociendo dicho programa y, por lo tanto, todos ellos tomaron la responsabilidad de elegir a un Presidente de la República que, si era leal consigo mismo, debía aplicar ese programa. Por consiguiente, no se trata de hacer referencia a plebiscitos futuros. Este plebiscito ya se efectuó. Además, es obvio y sencillo que, de acuerdo con el inciso sexto del artículo 108 de la Carta Fundamental, lo que está prohibido al Presidente de la República es rechazar totalmente el proyecto de reforma constitucional despachado por el Congreso Pleno. De manera que si el Primer Mandatario rechaza parcialmente una iniciativa de esa índole, no se puede decir que esté atropellando la Constitución. Quienes insisten sobre este punto se alzan contra una letra clara, que no admite dos interpretaciones. Porque no se necesita ser doctor en derecho ni haber realizado largos estudios para comprender que, cuando la Carta Política limita el rechazo de los proyectos de reforma despachados por el Congreso Pleno diciendo que no pueden rechazarse totalmente, en el fondo está sosteniendo en forma muy clara que admite su rechazo parcial. Descubrir cuáles son las ideas matrices o fundamentales de una iniciativa es tarea propia de un bizantino, pues nunca se podrá saber en definitiva cuál fue el ánimo o propósito que dio origen a una iniciativa. Sé, por ejemplo, que cada sector político tiene una propia y personal interpretación de la iniciativa tomada por la Democracia Cristiana. Esta colectividad hace radicar el proyecto en la empresa de los trabajadores. Nosotros, a la inversa, creemos que tiene por objeto impedir que el Gobierno realice el programa que se ofreció al pueblo en Septiembre de 1970 y que contó con la mayoría necesaria para elegir Presidente de la República. Entonces, las cosas aquí no tienen sólo un plano jurídico o puramente formal. Tienen un contenido político que podemos apreciar leyendo la prensa todos los días. Y a mí me escandaliza ver cómo el Senado permanece tranquilo votando estas disposiciones legales que nos ocupan, cuando los diarios de Estados Unidos señalan que hay toda una confabulación dirigida por una empresa perfectamente individualizada, la cual está empeñada en crear obstáculos y en tratar de derrocar al Jefe del Estado. Razón tuvo el Honorable señor Rodríguez en la mañana de hoy cuando sostuvo que con esta reforma constitucional se perseguía jaquear al poder popular e impedir que éste cumpliera su fin. No la tienen, en cambio, quienes niegan esto, porque eluden una evidencia que no escapa a nadie. La verdad es que no hay vicio constitucional alguno. El Primer Mandatario ha rechazado parcialmente el proyecto de ley que contiene la reforma constitucional despachada por el Congreso, y no totalmente. Por lo tanto, ha obrado dentro de las facultades que le señala el artículo 108 de la Carta Fundamental vigente. Tampoco se puede discutir que la idea que consigna el proyecto de reforma constitucional en discusión no trae novedad alguna, ya que en conformidad al artículo 4º de la Constitución, siempre se ha necesitado de ley para cualquier actividad del órgano de la Administración. Por consiguiente, cuando se dice ahora, como gran novedad, que es indispensable una ley para establecer el área social, se incurre en una demagogia inconsistente, en un juego de palabras que no engaña a nadie. Por eso, voto favorablemente la observación. El señor RODRIGUEZ.- Señor Presidente, en esta primera decisión del Senado sobre las observaciones del Ejecutivo, queda en evidencia lo que planteé en la mañana de hoy. Más allá de las formales afirmaciones jurídicas, legalistas y constitucionales, aquí se está decidiendo una voluntad política de la Oposición en contra del Gobierno de la Unidad Popular. Siempre la Derecha y la propia Democracia Cristiana, cada cual a su turno, levantaron la gran filosofía de vigorizar al Poder Ejecutivo. La vieja Derecha, llevada por el principio portaliano, habló de robustecer al Ejecutivo. Y cada uno de ellos, en su debida oportunidad, envió al Parlamento sendas reformas constitucionales que pretendieron reafirmar el poder central, el poder del Gobierno. Sin embargo, ahora, cuando hay un Gobierno popular que desea transformar las bases estructurales de la vieja sociedad y abrir paso a un régimen económico que dé lugar al socialismo, se produce un vuelco de 180 grados en lo que ayer pensaba y decía la Derecha y en lo que proponía la propia Democracia Cristiana. Ahora, al revés, se trata de despojar de facultades al Gobierno. Y cuando se quiere precisamente conformar el área de propiedad social, se restan al Ejecutivo incluso las facultades legales existentes en disposiciones y leyes aprobadas inclusive por ellos mismos en el pasado. En definitiva, al quitar estas atribuciones al Gobierno, que es expresión de la voluntad democrática del pueblo chileno, para traspasarlas al Parlamento, a los Diputados y Senadores de la Democracia Cristiana y de la Derecha, que son expresiones políticas opositoras, se está disminuyendo el poder que reclamaban ayer para el Ejecutivo. En otras palabras, más que una afirmación de competencia jurídica, se está ahora realmente obstaculizando e impidiendo la incorporación de las empresas que son estratégicas en la economía y que realmente pueden modificar las relaciones económicas, sociales y productivas del país. Esta es la gran falacia planteada en la controversia aparentemente jurídica de este momento; pero, en el fondo, en la realidad, se trata de detener el proceso y el camino hacia el socialismo. Por eso, voto en favor de la observación del Ejecutivo. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, quiero cumplir el encargo que he recibido de mis colegas Senadores para fundar nuestra posición respecto de este artículo concreto. En consecuencia, no recogeré las observaciones de carácter general vertidas aquí, ni repetiré nuevamente el debate general habido sobre la misma materia. El fundamento nuestro para rechazar el veto que nos ocupa se basa en cinco ideas fundamentales. En primer lugar, en el criterio de que impere o se restablezca el principio de la legalidad, hoy día sobrepasado por la política concreta y por la acción de agentes del Gobierno, y muy particularmente respecto de la definición de las áreas, de la formación del área social de la economía y del traspaso de las áreas privada y mixta a la social. En segundo lugar, desde el punto de vista político, el artículo que nos ocupa, tal como está redactado, se aprobó en la Comisión de Legislación por la unanimidad de sus miembros, o sea, con la participación de los representantes de la Unidad Popular. En seguida, se aprobó unánimemente por el Senado. Posteriormente, la Cámara se pronunció también en igual forma y, por último, lo ratificó el Congreso Pleno, con los votos conformes de los parlamentarios de todos los sectores, y naturalmente también de los de Gobierno. El señor RODRIGUEZ.- No es efectivo. El señor HAMILTON.- Es absolutamente efectivo. Puedo invocar el testimonio del señor Secretario y así figura en las actas respectivas, como también en todos los antecedentes del proyecto. La Unidad Popular estuvo de acuerdo con todas las disposiciones contenidas en esta primera materia que trata la iniciativa y que ha sido objeto de varias enmiendas por parte del Gobierno. En tercer lugar, y mediante las conversaciones que el Partido Demócrata Cristiano sostuvo con el Gobierno a través del entonces Ministro de Justicia, perteneciente al Partido de Izquierda Radical, señor Manuel Sanhueza, se convino en que las observaciones del Gobierno no tocarían ni alterarían esta parte del proyecto. En cuarto lugar, hemos conocido la opinión del Ministro de Justicia actual, presente en esta Sala, en el sentido de que en esta materia, en esta parte por lo demás, lo dice el fundamento del veto, la reforma constitucional no hace sino reiterar un principio que fluye naturalmente de otras normas de la propia Constitución. Por consiguiente, hay una inconsecuencia muy grande con lo que dicen que existe en la Carta Fundamental, con lo que ellos mismos han votado en el Parlamento, con lo que ahora están tratando de destruir por la vía de la observación. En quinto lugar, existen razones de orden constitucional, que expresamos, como señaló el Honorable señor Pablo, Presidente de la Comisión, en el informe y en la Comisión misma. Esas razones se basan en lo que no puede hacer el Gobierno, y lo señaló el Honorable señor Chadwick. No puede haber veto total por parte del Ejecutivo. Además, la Carta Política, acerca de la facultad de veto en materia de reforma constitucional, le dice lo único que puede hacer, y expresa textualmente al respecto: Sólo podrá proponer modificaciones o correcciones o reiterar ideas contenidas en indicaciones válidamente formuladas por el propio Presidente de la República. El propio Ministro de Justicia hay constancia de ello en las versiones estima que esta idea, la contenida en el primer artículo de la reforma, es una de las fundamentales del proyecto. Y esta idea no se está modificando ni corrigiendo, sino que se está procurando suprimirla, rechazarla, destruirla. En consecuencia, el Presidente de la República, en el ejercicio de sus facultades que hace en este caso concreto, se está excediendo con mucho de las que le otorga la Constitución, que sólo le permite corregir, modificar o reiterar ideas válidamente formuladas durante la discusión de la iniciativa. Esta es, por lo demás, la opinión emitida por la mayoría de los profesores de Derecho Constitucional. Y ésta es, también, la interpretación que el Senado dio antes, en informes de la Comisión de Legislación y en los planteamientos formulados por personas de ideas tan distintas como los señores Bulnes y Ampuero, que en su oportunidad dejaron establecida la restricción que la Carta Fundamental dispone en lo tocante a las facultades del Presidente de la República para vetar un proyecto de reforma constitucional. ¿Y qué deriva de esto? ¿Por qué es más restringida la facultad de veto en la reforma constitucional que cuando se trata de un proyecto de ley cualquiera? Porque en el primer caso el Congreso está ejerciendo el poder constituyente, que fundamentalmente radica en él, y en el otro caso, el Jefe del Estado comparte el Poder Legislativo con el Parlamento. Por eso, votamos negativamente el veto. El señor JULIET.- Señor Presidente, deseo manifestar en esta oportunidad la opinión que merece al Partido Izquierda Radical la observación que ahora consideramos y que es muy parecida a la siguiente. De modo que me ocuparé de ambas, en honor a la brevedad. Es difícil para mí entrar en un debate cuando se han expresado aberraciones de derecho, errores inconcebibles en materia legal, falacias y conceptos que no se avienen con la actitud de quienes han votado honradamente una disposición en los términos que jurídicamente aceptaron. Pienso que no estamos tan huérfanos en lo que respecta a tales apreciaciones, pues el Congreso Pleno, y más bien esta Corporación, aprobó la disposición ahora vetada, por 33 votos y una abstención. De manera que mi palabra no está tan solitaria y desprovista de argumentos. Nos parece, como lo dije hace pocos días en un discurso, que cada reforma constitucional constituye un proyecto de reforma; que cada una de ellas tiene este carácter, porque de otra manera sería inconsecuente pensar que, por ejemplo, en este caso se trata de la constitución de las áreas de la economía y más allá estuviese la Cámara Unica. No sería un solo proyecto de ley, sino que tantos como reformas se pretenda encauzar y someter al veredicto del Congreso. Deseo manifestar que no estoy tan falto de argumentos ante el señor Ministro, quien hace algunos días me dedicó algunos párrafos por mi insistencia en lo relativo a la idea matriz del proyecto, y mi concepto de la ley. Recordé al señor Ministro que en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento dijo a la letra lo siguiente; Ella consiste en establecer un sistema en virtud del cual sólo por ley podrían transferirse empresas del área privada al área social o mixta de la economía. Pero apartémonos de esas palabras del señor Ministro, que pudieron deberse a error o exageración. En la reunión de los abogados del Partido Radical, el señor Ministro de Justicia sostuvo que este Gobierno revolucionario, del que forma parte, todo lo haría de acuerdo con la ley. De modo que la equivocación que pudo haberse deslizado hace pocos días, la subrayó y reiteró. En realidad, no me extraña porque él, al igual que yo, nació en una tienda política en que sólo la ley determina nuestra conducta, porque es lo único que resguarda a todos los hombres que pisan nuestra tierra. En seguida, daré lectura a la disposición, pues es difícil comprenderla si no se la lee. ¿Qué dijo el Congreso? La ley determinará las empresas de producción de bienes o servicios que integrarán las áreas social y mixta de la economía. ¿Qué dice el veto? La actividad económica nacional se desarrollará a través de tres áreas de propiedad: la social, la mixta y la privada. Por un lado, el imperativo de la ley, y por el otro, una declaración lírica, que puede cumplirse o no. Pero aquí invoco la palabra del Presidente de la República, quien en miles de discursos señaló que jamás desarrollaría su programa sin considerar la ley como determinante de su conducta o de los lineamientos de su manera de proceder. Por lo tanto, nuestra colectividad, en forma modesta, vota en la misma forma que el señor Ministro y que el Excelentísimo señor Allende, pero con una salvedad: no cambia la ley por una declaración platónica. Por eso, sin acusar la inconstitucionalidad, a fin de dar oportunidad a la Cámara de Diputados para pronunciarse al respecto, rechaza la observación, advirtiendo que no actúa así por falacia ni por negar la consecución de un programa que también compartimos y aprobaremos en lo futuro. Simplemente, lo hacemos en defensa de lo que hemos prometido a Chile desde 1865, cuando el Partido Radical nació en Copiapó, y porque seguimos llevando las banderas de la ley, de la dignidad del hombre y del respeto a los derechos más esenciales de los ciudadanos. Voto en contra. El señor VON MUHLENBROCK.- Señor Presidente, pocas veces en el curso de nuestra historia Chile ha vivido momentos más estelares de su destino. Con razón toda la opinión pública sigue este debate y el largo proceso de la reforma constitucional. De ahí que sea interesante, a pesar de que los juristas han fijado ya «1 contexto y alcance de las disposiciones constitucionales, precisar ideas y principios, porque el debate, a mi juicio, significa para nuestro país el comienzo de una nueva etapa en su decurso social. El Honorable señor Chadwick, al fundar su voto, definió la elección de 1970 de una manera muy sencilla, pero muy débil. Manifestó que, por un lado, se había alzado la Derecha, pretendiendo calificar al movimiento del Partido Nacional, de los independientes y de la Democracia Radical, que constituyó la segunda fuerza a escasísimos votos del señor Allende, como un rebrote de conceptos anacrónicos, pasados, perdidos y olvidados para siempre. No es efectivo que el Partido Nacional y sus aliados hayan alzado sólo la bandera de la defensa de la iniciativa, privada. Para nosotros, la iniciativa privada es el espíritu del hombre, el motor que mueve a la sociedad, la capacidad creadora de la especie, y la reconocemos como tal. Pero, al mismo tiempo, la asociamos a todas las otras fuerzas que forman la persona humana. Mal podríamos estar adorando ídolos pasados. El señor Senador insistió en sus argumentos. Ese es el error de la Izquierda, que no ha aprendido absolutamente nada en un mundo de revolución tecnológica, en un mundo que evoluciona, y en el que la propia Unión Soviética está creando nuevas dimensiones en el marxismo leninismo, obsoleto ya, porque ha transcurrido más de un siglo desde que fuera enunciado, en condiciones totalmente distintas de las de hoy. El señor Alessandri, en nombre del Partido Nacional, que es una colectividad nueva, que quiere una nueva sociedad y un nuevo nombre para Chile, y en nombre de los independientes y de la Democracia Radical, llamó claramente al país, y ésa fue la razón de que su palabra, su lenguaje y contenido pudieran superar a la Democracia Cristiana, que también es una colectividad con ideas claras y precisas. Y su llamado fue a la integración y a la participación. A la integración en el poder del pueblo, de la juventud y de la mujer, en nuevas dimensiones políticas; y fundamentalmente, a la participación. Por eso, cuando se votó esta reforma constitucional en el Senado, yo hablé aquí de reforma del régimen de empresas, hablé de cogestión, hablé de la conducción de las empresas por los trabajadores, hablé de la necesidad de reemplazar las formas de un capitalismo que ya cumplió su etapa y que subordina al hombre, y de un concepto del Estado que también subordina al hombre, para crear la nueva etapa que se abre ante la humanidad: la sociedad de capital y trabajo, tomando lo mejor del socialismo y lo mejor del capitalismo creador para abrir un nuevo rumbo a Chile. Ese proceso está en marcha en todo el orbe. Eso es lo que somos e interpretamos. Por tales razones, hemos votado esta reforma constitucional. La sostiene mi partido, y en las leyes sucesivas que deberán dictarse probaremos cuál es nuestro camino y cuán distintos somos de lo que el Honorable señor Chadwick sostuvo que es la Derecha, y que nosotros llamamos de creación de un nuevo orden social para el país. En consecuencia, voto en contra de la observación del Ejecutivo. El señor MONTES.- En esta votación deseamos referirnos a lo que estimamos fundamental. Hemos escuchado aquí palabras bonitas, y hasta una suerte de repugnante hipocresía por parte de algunos sectores, como cuando el Honorable señor Von Mühlenbrock afirma que el Partido Nacional es una colectividad nueva. Con ello, sin duda, no logrará engañar a nadie, pues todo el mundo sabe que ese partido no es sino la expresión vergonzante, hoy día tras un nuevo nombre, de la vieja casta de los reaccionarios de este país... El señor OCHAGAVIA.- ¡Cállese, insolente! El señor MONTES.- ... y contrarios al interés nacional, como lo han demostrado a lo largo de la historia de nuestro país. El señor GARCIA.- ¡No podemos permitir que se insulte a nuestra colectividad política de esa manera! El señor TARUD.- ¡El señor Presidente tiene la obligación de hacer respetar los derechos del orador! El señor BULNES SANFUENTES.- ¡Tiene la obligación de llamarlo al orden! El señor TARUD.- ¡Estoy solicitando la aplicación del Reglamento! El señor MONTES.- Entiendo que las interrupciones se descontarán de mi tiempo. De modo que esas hermosas palabras acerca del espíritu humano, de la fraternidad, dichas en un instante como éste, nos parecen fuera de la realidad. ¿Cuál es el problema que enfrentamos hoy? Comenzamos a votar una serie de disposiciones, en una votación que se quiso evitar, porque todo el país sabe que la materia que hoy día estamos resolviendo creará conflictos, problemas, dificultades, no para cada uno de nosotros o para nuestra colectividad política u otra. Lo que nos interesa es la suerte del país, y deploramos, naturalmente, que este conflicto previsible, que podía evitarse, no lo haya sido. El Gobierno era partidario de llegar a una solución. Planteó el problema y encontró eco en algunos sectores de la Oposición, que comprendieron que era preferible zanjar las dificultades recurriendo a otros medios, adoptando otras medidas, para evitar la provocación del conflicto, que en este momento parece inevitable. Esos sectores de Oposición también comprendieron que, más allá de los intereses u orgullos personales, es necesario tener en cuenta la suerte del país. Es evidente que en otros grupos opositores este problema no se ha resuelto de una manera adecuada, según nuestro punto de vista. Otros sectores no han escuchado este llamado, esta proposición, esto que podríamos calificar de esperanza para resolver el conflicto por vías distintas del enfrentamiento institucional, que podría producirse, que se producirá, y cuya solución no vislumbramos. Por cierto, lamentamos que determinados sectores de la Oposición que en un momento estuvieron de acuerdo con tal solución por estimarla patriótica, en un instante dado también hayan resuelto obstruirla, sin que podamos ver de manera clara y real la verdadera intención que los ha guiado. Por eso, entramos a la votación de estas observaciones con tranquilidad... El señor BULNES SANFUENTES.- ¡Hace rato terminó el tiempo del Honorable señor Montes! El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador, la Mesa ha tolerado extender la fundación de voto por algunos minutos a todos los señores Senadores. El señor MONTES.- Termino señalando que para nosotros es muy claro que los representantes de la Derecha chilena continuarán insistiendo en sus posiciones destinadas a llevar a nuestro país al caos. Voto que sí. El señor LUENGO.- Nosotros hemos sostenido que en la elección presidencial pasada una gran mayoría ciudadana se pronunció por los cambios. Otros sectores han querido interpretar de manera diferente el resultado de esos comicios, en que no fueron dos, sino tres los sectores que en esa oportunidad se enfrentaron, como aquí ya se ha explicado suficientemente. Sin embargo, cualquiera que sea la interpretación que se quiera dar a ese evento cívico, nadie puede negar que, en todo caso, el actual Ejecutivo tiene la obligación de cumplir el programa que prometió durante la campaña presidencial. Por esa razón, el Gobierno de la Unidad Popular comenzó a hacer uso de leyes vigentes, dictadas desde hacía bastante tiempo, para formar lo que el programa llama el área social de la economía. Consideramos que un sector importante, que no apoyó la candidatura del señor Allende, debía coincidir con nosotros en esa idea fundamental. También pensábamos que tenían alguna razón para no concurrir absolutamente con nosotros y que en muchos detalles podrían existir diferencias. Por esa razón, el Gobierno realizó el máximo de esfuerzo posible para llegar a un acuerdo, a fin de que esta reforma constitucional no se convirtiera, en definitiva, en un arma peligrosísima en dos aspectos: uno de carácter jurídico constitucional, que mencionaron el Honorable señor Gumucio y otros señores Senadores y el segundo en el sentido de que esta reforma no impidiera el cumplimiento del programa con que la Unidad Popular se presentó en la elección presidencial. Aquí se ha dicho que la enmienda constitucional que tratamos tiene por objeto restablecer el imperio de la ley. Al respecto, reitero en esta oportunidad lo que ya manifesté en otras: a mi juicio, el Ejecutivo ha estado obrando dentro de la ley, y el área social, en lo que hasta ahora ha podido conformar, la ha ido concretando mediante la aplicación de leyes dictadas anteriormente y vigentes en la actualidad. Durante la discusión en general de este proyecto de reforma constitucional, sostuve que vivíamos en un Estado de derecho y que, en consecuencia, quien se sintiera afectado por alguna medida del Gobierno podía recurrir a los tribunales. Agregué en esa ocasión que no tenía noticias de que alguien hubiera procedido de esta manera para dejar sin efecto las medidas adoptadas por el Gobierno dirigidas a constituir el área social. Después hubo algunos casos en que el Poder Judicial rechazó algunas medidas del Ejecutivo. Estimo que el hecho de que el más alto tribunal de la República haya declarado en algunas oportunidades que el Gobierno no ha procedido dentro de la Constitución y las leyes es, precisamente, la confirmación más evidente de que en todos los otros casos se ha ajustado a la Carta Fundamental y a la ley. En consecuencia, este proyecto de reforma constitucional no tiene por finalidad reestablecer el imperio de la ley. Esta no es sino una frase con la cual se quiere esconder, en definitiva, la intención que se encuentra detrás de este proyecto, cual es la de impedir de manera absoluta la formación de las áreas social y mixta de la economía, y de retrotraer las cosas a un estado peor al que existía cuando triunfó el Gobierno que hoy rige los destinos de Chile; porque inclusive en este proyecto de reforma constitucional se están derogando disposiciones vigentes desde hace cuarenta años y cuya validez nunca se discutió. Y ahora, precisamente por estar ellas vigentes, ha sido necesario incluir en este texto algunos preceptos destinados a derogarlas. Por los motivos expuestos, en esta primera oportunidad en que fundo el voto, lamento que por una simple cuestión de procedimiento no haya prosperado un acuerdo que, estamos seguros, era beneficioso para el pueblo de Chile, para su progreso en general. Deploro que aquellas fuerzas que siempre estuvieron impidiendo la posibilidad de lograr ese acuerdo hayan triunfado y ahora nos estén abocando a una votación cuyas consecuencias nadie puede prever en este instante. Voto que sí. Se rechaza la observación (31 votos por la negativa y 18 por la afirmativa). El señor RODRIGUEZ.- Ahora nos corresponde pronunciarnos sobre la insistencia. La señora CAMPUSANO.- Así es. El señor PALMA (Presidente).- La Mesa ha estudiado detenidamente este asunto; lo ha consultado con numerosos sectores del Parlamento, y estima que, realmente sobre esta materia no tiene dudas, no cabe insistir. La señora CAMPUSANO.- ¿Por qué? El señor PALMA (Presidente).- Porque los artículos pertinentes de la Constitución son muy claros. Por eso, no puede votarse la insistencia. El señor TAPIA (Ministro de Justicia).- Pido la palabra. El señor BULNES SANFUENTES.- Estamos en votación. El señor MUSALEM.- ¿No estamos en votación? El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. El señor TAPIA (Ministro de Justicia).- El Gobierno no ha tenido oportunidad, por las alternativas que ha tenido la tramitación de esta reforma... El señor BULNES SANFUENTES.- El señor Ministro necesita el consentimiento unánime de la Sala para intervenir, y la Mesa no lo ha solicitado. El señor PALMA (Presidente).- Excúseme, señor Ministro, la Mesa cometió un error. Solicito el asentimiento de la Sala para que el señor Ministro use de la palabra. El señor GARCIA.- ¡No hay acuerdo! El señor LUENGO.- ¡Cómo no va a dar acuerdo, señor Senador, tratándose de un asunto tan importante, como el que discutimos! El señor GARCIA.- ¡Cómo vamos a acceder a la petición de la Mesa, si se nos acaba de decir que somos antipatriotas, por gente que va a Rusia a aprender lo que debe hacerse en Chile! ¡No damos acuerdo! ¡Procedamos a votar, señor Presidente! Estoy haciendo uso de mi derecho. El señor LUENGO.- ¡No puede ser! El señor GUMUCIO.- ¡Que quede constancia en la versión de la conducta del Honorable señor García! El señor LUENGO.- ¡Pero si éste es el asunto más delicado que se ha tratado en el Senado en el último tiempo! El señor GARCIA.- ¡Hay constancia en la versión, hay constancia frente a los periodistas, hay constancia frente a la opinión pública! El señor SEPULVEDA.- ¡Y ante Chile! El señor GARCIA.- ¡Y también ante Chile! El señor LUENGO.- ¡No puede ser! ¡Nosotros no permitiremos que continúe esta sesión si no se aclara debidamente esta materia! A lo menos, tenemos derecho a emitir nuestra opinión sobre si procede o no votar la insistencia. El señor PALMA (Presidente).- Solicité autorización de la Sala para que el señor Ministro usara de la palabra y hubo oposición. El señor TAPIA (Ministro de Justicia).- Ruego al Honorable señor García que retire su oposición. El señor PALMA (Presidente).- No sé si el Honorable señor García estaría dispuesto a retirar su oposición. El señor TARUD.- ¡Es la primera vez que esto ocurre en el Senado! El señor BULNES SANFUENTES.- Nos oponemos porque si el señor Ministro interviene sobre este tema también tendríamos que hacerlo nosotros, y así se consumaría el plan para estorbar la tramitación de este proyecto. El señor GUMUCIO.- ¡Pero usted está hablando! El señor BULNES SANFUENTES.- Además, es absolutamente ocioso este debate, porque esta iniciativa ya se ha discutido durante tres meses. El señor LUENGO.- ¿Cómo vamos a resolver aquí este asunto, si no se debate? El señor GARCIA.- En la fundación del voto pueden hacerlo. Disponen de dos horas para ello. ¡No sigamos demorando el despacho de esta iniciativa, señor Presidente! El señor LUENGO.- ¡Pero si hay un problema de constitucionalidad! El señor PALMA (Presidente).- No hay acuerdo para que hable el señor Ministro. El señor GUMUCIO.- Pero el Honorable señor Bulnes Sanfuentes habló. El señor PALMA (Presidente).- Lo hizo para decir que no daba acuerdo; nacía más. Continúa la votación. El señor LUENGO.- El señor Presidente debe estimar que ésta es una materia suficientemente grave como para que en su calidad de tal otorgue la palabra al señor Ministro. El señor PALMA (Presidente).- Continúa la votación. El señor LUENGO.- ¿Cuánto tiempo resta del Orden del Día? El señor FIGUEROA (Secretario).- El Orden del Día durará hasta un cuarto para las nueve. El señor LUENGO.- ¡No puede ser, porque el debate empezó hace más de una hora! El señor GARCIA.- ¡Usted quiere hacerlo más breve para terminar luego...! El señor PALMA (Presidente).- El debate previo no se toma en cuenta. El señor LUENGO.- Pido a la Mesa que aclare este punto. El señor PALMA (Presidente).- Estamos en votación. El señor LUENGO.- ¡No, no estamos en votación, señor Presidente! Estamos reclamando por una cuestión previa. El señor PALMA (Presidente).- No cabe acogerla, porque estamos en votación. El señor LUENGO.- A lo menos, ya hemos ocupado una hora y cuarto del Orden del Día. El señor PALMA (Presidente).- Continúa la votación. A Su Señoría ya se le informó que el Orden del Día finaliza a un cuarto para las nueve. El señor LUENGO.- ¡No puede ser! La Mesa comete un error. El señor PALMA (Presidente).- En esta materia el señor Secretario es ministro de fe. El señor LUENGO.- ¿Me permite, señor Presidente, hacer una consulta? El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador,... El señor LUENGO.- Quiero formular la consulta, porque tengo a la vista la versión de la sesión de esta tarde. El señor PALMA (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para que el Honorable señor Luengo plantee una consulta a la Mesa... El señor GARCIA.- Unicamente sobre el tiempo del Orden del Día. El señor PALMA (Presidente).- ... acerca del tiempo del Orden del Día. Acordado. Tiene la palabra Su Señoría. El señor LUENGO.- El señor Presidente ha expresado que el Orden del Día concluye a un cuarto para las nueve, lo cual significa que esta parte de la sesión comenzó hace una hora, en el momento en que se reanudó. La versión a que me referí, que solicité a la Redacción, dice lo siguiente: V. ORDEN DEL DIA. Incorporación de bienes de producción a área social de la economía nacional. Reforma constitucional. Veto. El señor Figueroa (Secretario).- En conformidad, al acuerdo de Comités, corresponde proseguir considerando las observaciones del Presidente de la República, en primer trámite constitucional, al proyecto de reforma constitucional que modifica diversas disposiciones de la Carta Fundamental en lo relativo a la incorporación de diversos bienes de producción al área social de la economía nacional. Y el señor Secretario agrega: La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en informe suscrito por los Honorables señores Pablo (Presidente), Bulnes Sanfuentes, Hamilton, Palma, Gumucio, Luengo y Juliet, recomienda a la Sala adoptar las resoluciones contenidas en el boletín número 25. 950. El impreso comparado está signado con el número 25. 950-B. El señor GARCIA.- ¡Hasta cuándo! ¿Por qué no traen al señor Senador la versión taquigráfica completa para que la lea? El señor LUENGO.- No voy a leer más. Me basta esto para demostrar que el Orden del Día empezó hace mucho rato, puesto que el señor Secretario inclusive señaló el contenido de la primera observación que debíamos entrar a votar. Inmediatamente después, y antes que el señor Presidente la pusiera en votación, el Honorable señor Montes dijo: Previamente, solicito el aplazamiento de la votación. O sea, en ese momento nos encontrábamos ya en pleno Orden del Día. En consecuencia, hemos estado discutiendo durante una hora o más la cuestión planteada a raíz de la solicitud de aplazamiento de la votación, debate que concluyó con el pronunciamiento de la Sala en el sentido de que no procedía acoger la petición del Honorable señor Montes. De manera que es inadmisible sostener ahora que el Orden del Día se inició hace una hora, porque esta parte de la sesión principió cuando el señor Secretario dijo que correspondía, en primer lugar, tratar estas observaciones del Presidente de la República. El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador, el problema que plantea no está suficientemente aclarado en el Reglamento. Por ello la Mesa recurrió a los precedentes que sobre la materia existen, los cuales indican que las cuestiones previas no se consideran para los efectos del Orden del Día, cuando se plantean oportunamente. En votación. El señor LUENGO.- ¡No puede ser! El señor RODRIGUEZ.- ¿Cuáles precedentes? El señor MONTES.- Pido la palabra para fundar mi voto. El señor SEPULVEDA.- ¿Hasta cuándo se sientan precedentes? ¡Está bueno que no sienten más precedentes! El señor TARUD.- No era una cuestión previa. El señor LUENGO.- ¿Cómo va a ser una cuestión previa pedir el aplazamiento de una votación? El señor FIGUEROA (Secretario).- La segunda observación... El señor RODRIGUEZ.- Dé usted las explicaciones sobre los precedentes, porque usted está cometiendo una arbitrariedad como Secretario. El señor FIGUEROA (Secretario).- Yo hago lo que me dice el señor Presidente. El señor RODRIGUEZ.- ¿Cuáles son los precedentes? El señor TARUD.- Tenemos que conocer los precedentes. El señor PALMA (Presidente).- Son numerosos; en diversas oportunidades los ha habido. Así se ha hecho siempre. En votación. El señor MONTES.- Pido la palabra para fundar el voto. El señor GARCIA.- ¡No! Que la votación vaya por orden. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde votar la segunda observación, que se refiere al inciso cuarto, número 2º. El señor LUENGO.- Pido votación nominal. El señor FIGUEROA (Secretario).- El Ejecutivo propone sustituir el inciso cuarto, Nº 2º, por el siguiente: El área privada estará formada por las empresas productoras de bienes o servicios no comprendidas en alguna de las dos áreas anteriores. La disposición aprobada por el Congreso dice: El área privada estará formada por las empresas productoras de bienes o servicios no incluidas por la ley en alguna de las dos áreas anteriores. El señor MONTES.- Apelo a la democrática Derecha, a fin de que me permita fundar el voto primero. El señor GARCIA.- ¡Esa Derecha ha dado lecciones de democracia! El señor LUENGO.- Pedimos votación nominal. El señor PALMA (Presidente).- En votación nominal la observación. (Durante la votación). El señor ACUÑA.- Los Senadores del Partido de Izquierda Radical vamos a votar este segundo veto en la misma forma que lo hicimos respecto de la observación anterior, por estimar, tal como lo planteó en forma muy clara y precisa el Honorable señor Juliet, que los vetos formulados por el Ejecutivo tienden, precisamente, a desvirtuar lo que ha sido el espíritu fundamental de todo el proceso de transformación económica nacional; es decir que él se haga por la vía de la ley y que las áreas sociales o estatales, la mixta y la privada queden claramente delimitadas en un campo jurídico, a fin de que todos los ciudadanos de Chile comprendan perfectamente el esquema jurídico dentro del cual se puede subsistir en este proceso de cambios y transformaciones, que nosotros compartimos, para lograr metas de bienestar y justicia social. Sin embargo, quiero recoger algunas observaciones planteadas por algunos oradores de Gobierno al fundar su voto, hace algunos minutos, sobre todo en la parte en que han hecho mención a que algunos grupos que han estado en el Gobierno se estarían colocando en una postura de inconsecuencia frente a las observaciones del Ejecutivo que hoy día estamos votando. Queremos expresar al respecto la consecuencia de nuestro pensamiento, de nuestra actitud con lo que hemos hecho permanentemente aquí en el Congreso, lo cual es muy claro y lo conoce el país. Deseamos repetir que frente a preceptos como el que votamos recientemente y en relación al Nº 2º, tanto en la Comisión como en la Sala del Senado y en la Cámara de Diputados actuamos en la misma forma en que lo estamos haciendo hoy día; y que en esas votaciones fuimos acompañados por muchos parlamentarios de la Unidad Popular que hoy día, naturalmente, ante un veto caprichoso y una nueva estrategia del Gobierno, vienen a plantear una nueva postura, sin perjuicio de hacer también algunas acusaciones, carentes de fundamento, que no tienen ningún respaldo en la verdad de los hechos ni menos en la ética con que debe actuarse en el plano político. Por eso, votamos en contra. El señor BULNES SANFUENTES.- Por las mismas razones que dimos respecto de la observación anterior, votamos en contra. La señora CAMPUSANO.- Durante mucho tiempo, los Senadores obreros que estamos en esta Cámara hemos oído a los señores Senadores empleando un término vulgar enjuagarse la boca con la democracia, con la libertad, con el articulado de los reglamentos, de la Constitución, etcétera. Los Senadores de la Unidad Popular consideramos que debiera insistirse respecto de estas observaciones. Pero la Oposición ha dicho que no. Para la historia de esto, para que el pueblo lo sepa, quiero leer el artículo 172 del Reglamento, que es totalmente claro. Dice: Las observaciones del Presidente de la República a un proyecto de ley o de reforma constitucional aprobado por el Congreso Nacional, conforme a lo dispuesto en los artículos 53, 54 y 109 de la Constitución Política del Estado, se sujetarán a los trámites siguientes y producirán los efectos que se indican: 1º.- Tendrán discusión general y particular a la vez; 2º.- Cada una de ellas se votará separadamente; 3º.- Se tendrá por aprobada la observación que lo sea por la mayoría de una y otra Cámara; 4º.- Cuando se deseche una observación se consultará nuevamente a la respectiva Cámara si insiste o no en el texto observado;. Ese es el problema. Los señores Senadores que están en contra del veto del Presidente de la República debieran haber votado la insistencia. Pero la Mesa de la Corporación, los señores Senadores y todos los abogados que hay aquí han dicho que no; es decir, se salen de la Constitución y de la ley. Mientras estuvieron, en el Poder los señores de la Derecha nos manejaron y nos mantuvieron en la degollina, aplicándonos el Reglamento, la Constitución y todo lo demás; pero cuando por fin se dio vuelta la tortilla y el pueblo está en el Poder, entonces esas leyes, esa Constitución y los artículos no sirven. Esto es lo que deseo que quede totalmente claro: que la Derecha se sienta en todas las cosas que ha defendido a través de los años, mientras el pueblo no llegaba al Poder. Voto que sí. El señor CARMONA.- Respecto de la intervención de la Honorable señora Campusano, quiero hacer presente al Honorable Senado que Su Señoría ha leído el texto antiguo de la Constitución, porque el artículo 109 establecía lo que ella ha leído: Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones del Presidente de la República e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación, o para que, si éste lo estime conveniente, consulte a la Nación, dentro del término de treinta días, los puntos en desacuerdo, por medio de un plebiscito. El proyecto que se apruebe en el plebiscito se promulgará como reforma constitucional. Este era el texto antiguo. Pero el nuevo texto de la Constitución que rige desde el 4 de noviembre de 1970, establece lo siguiente: Sí las observaciones que formulare el Presidente de la República en conformidad al inciso anterior fueren aprobadas por la mayoría que establece el inciso segundo, se devolverá el proyecto al Presidente para su promulgación. Art. 109.- El Presidente de la República podrá consultar a los ciudadanos, mediante un plebiscito, cuando un proyecto de reforma constitucional presentado por él sea rechazado totalmente por el Congreso, en cualquier estado de su tramitación. Igual convocatoria podrá efectuar cuando el Congreso haya rechazado total o parcialmente las observaciones que hubiere formulado, sea que el proyecto haya sido iniciado por mensaje o moción. O sea, el texto en que se hacía una referencia expresa a la insistencia y a los dos tercios fue expresamente dejado de lado por la reforma constitucional del 4 de noviembre de 1970. Quería hacer esta aclaración, porque la conducta de la Mesa en este sentido ha sido clara y adecuada totalmente al texto de la Ley Fundamental vigente; y para que el pueblo sepa a qué atenerse sobre las disposiciones claras de nuestro texto constitucional actual. Por estas razones, voto negativamente las observaciones del Presidente de la República. El señor CONTRERAS.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor CONTRERAS.- Entiendo que el tiempo no me corre hasta que empiece a hablar. El señor RODRIGUEZ- ¡Hay precedentes...! El señor CONTRERAS.- Es difícil poder expresarse esta tarde frente a una reforma constitucional. Y mucho más difícil es cuando alguno de nosotros, sin tener la capacidad suficiente, sin haber llegado a una universidad, debe enhebrar unas cuantas frases para responder después de haber estado en este recinto durante doce años y ver de qué manera se interpretan los reglamentos y se hace uso de las mayorías. El Reglamento se aplica de acuerdo con la conveniencia de la mayoría. Y cada vez que se trata de llevar a cabo una reforma que permita entregar a los trabajadores un medio de vida más avanzado, que les permita aliviar la condición esclavizada en que han vivido durante tantos años, siempre se encuentran los recursos y argumentos necesarios para lograr frustrar sus aspiraciones. Aquí se habla de lo humano y de lo divino; de la capacidad creadora y de la juventud del Partido Nacional. Pero, ¿nos van a venir a contar estos cuentos a nosotros los viejos, que hemos vivido una cantidad de años, que sabemos en qué condiciones el pueblo de nuestro país ha tenido que soportar crisis, catástrofes, persecuciones y miserias? ¡Pero de la noche a la mañana nos vienen a hablar de democracia! Y yo pregunto en este recinto: ¿De qué manera hicieron uso de la democracia en este país, especialmente los señores de la Derecha que gobernaron durante 150 años? ¿Le dieron alguna vez participación al pueblo? ¿Hubo alguna vez un Ministro obrero, un parlamentario obrero de sus filas? ¿Hubo por casualidad un intendente o un gobernador obrero? Ellos han entendido la democracia de acuerdo con sus intereses, porque para ellos ha habido libertad, democracia y de todo. Han llegado con ese lenguaje infinidad de veces durante las elecciones a golpear las puertas de los trabajadores y a ofrecerles un futuro promisorio. Y aquí, esta tarde, se les pone a los partidos de la Unidad Popular una de las principales vallas, para que los trabajadores no puedan ver cumplirse ese programa que fue conocido por toda la opinión pública del país. Seguramente los trabajadores que están en las industrias, en las fábricas, piensan que mañana tendrán una noticia promisoria. ¡Todo lo contrario! Porque cuando se va tras la conquista de los votos se emplea un lenguaje amplio, para convencer a la gente de que vote por quienes dicen querer llegar al Congreso en nombre de la libertad y de la democracia a defender los intereses del pueblo; pero cuando están en este recinto, los que así hablaron tienen ante todo la mano puesta en el bolsillo y el corazón en sus intereses. Jamás han pensado que en este país viven doce millones de habitantes y que, como legisladores, debieran preocuparse de atender, cada vez más, los intereses del país principalmente y no los intereses personales. Aunque se quiera negar, aquí hay gente que está inhabilitada, en muchas oportunidades, para votar las leyes, por estar inmiscuida en grandes negociados. En consecuencia, voto afirmativamente, siguiendo la línea de toda mi vida, en que he votado por que el país surja, porque el país progrese; he votado siempre por los hombres progresistas de nuestra patria. El señor CHADWICK.- Señor Presidente, la extraña circunstancia de que hubiera oposición para que el señor Ministro de Justicia, aquí presente, pudiera manifestar la opinión del Gobierno, ha de-derminado que este Secretario de Estado solicitara al Senador que habla que haga presente al Senado el punto de vista del Gobierno, de modo oficial. El Gobierno estima que el proyecto de ley que contiene la reforma constitucional, al ser observado por el Ejecutivo, ha de contar con los dos tercios de los Senadores presentes para promulgarse como ley de la República. En consecuencia, el Gobierno anuncia oficialmente por mi intermedio y esto lo digo a petición del señor Ministro, aquí presente que someterá la cuestión al Tribunal Constitucional, para que éste decida si, de acuerdo con el inciso primero del artículo 108 de la Constitución vigente, con relación al artículo 54 de la misma, puede el Congreso, como lo está haciendo a nuestro juicio irregularmente no pronunciarse sobre el punto esencialísimo de si cuenta o no con los dos tercios de los Senadores presentes para insistir en disposiciones de un proyecto de ley que han sido observadas por el Presidente de la República. A nuestro juicio y hablo ahora en nombre personal, como Senador socialista, la cuestión es sencillísima y obvia, de aquellas que no admiten ninguna discusión frente a un entendimiento lúcido, frente a un entendimiento no comprometido. Es sencilla y obvia porque el artículo 108 de la Constitución vigente, Honorable señor Carmona, desde el 4 de noviembre de 1970, como usted lo recordaba, expresa que el proyecto de reforma constitucional se someterá a las mismas tramitaciones que el proyecto de ley, salvas dice las excepciones que a continuación se indican. Y si la tramitación es la misma, tiene aplicación el artículo 54, contenido en el capítulo sobre formación de las leyes. Este artículo 54, en el inciso segundo, que voy a leer, dispone: Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes, en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación. En consecuencia, el Presidente de la República no promulgará esta reforma constitucional, porque acata las disposiciones del inciso primero del artículo 108 y del inciso segundo del artículo 54. Yo creo, como socialista y como Senador, que ha llegado el momento de que alguna gente se saque la careta en este país; de que digan los que defienden los intereses privados, los que están defendiendo los intereses de los algodoneros, si ellos hacen causa común con la extrema Derecha; de que digan que la elección de 1970 fue una farsa y si, cuando el ex Senador Tomic levantaba la bandera de un programa enteramente semejante al de la Unidad Popular, estaba diciendo la verdad a su pueblo o hablaba una voz de minoría que no tenía respaldo del partido que lo llevaba como candidato a la Presidencia. Nosotros hemos entendido siempre que la Democracia Cristiana es un partido democrático, distinto de la extrema Derecha; y por esto creemos que ahora se están decidiendo las cosas y que no tiene tanta importancia que perdamos esta votación. Recuerdo perfectamente que cuando se votaron aquí, en este Senado, los llamados convenios del cobre, el Senador que habla también advirtió que aquella votación no era definitiva y que no tenían por qué alegrarse tanto las compañías por el hecho de que ganaban aquí la votación, porque el pueblo iba a rectificar esa medida. Y la verdad es que se cumplió ese pronóstico, que obedecía a un conocimiento de la realidad nacional. El país no quiere... El señor IRURETA.- Procedimos dentro de la Constitución y de la ley. El señor CHADWICK.- Se actuó de acuerdo con la Constitución y la ley por voluntad soberana del pueblo, y los llamados convenios del cobre, a pesar de la gran algazara con que aquí se votaron, quedaron de hecho sin aplicación. El propio Gobierno del señor Frei tuvo que, rectificarlos. El señor PALMA (Presidente).- ¿Cómo vota Su Señoría? El señor CHADWICK.- Señor Presidente, como me ha interrumpido el Honorable señor Irureta, seguramente me queda tiempo aún. El señor PALMA (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador. El señor CHADWICK.- Voto a favor de la observación. El señor GARCIA.- Señor Presidente, deseo fundar el voto. El señor PALMA (Presidente).- Puede hacerlo Su Señoría. El señor GARCIA.- Señor Presidente, ante todo quiero dejar en claro, dadas las buenas relaciones que he tenido con el señor Ministro de Justicia, que debemos oponernos a todo lo que signifique demorar el despacho de este proyecto. Este lleva ya dos meses en el Senado, y se ha procurado por todos los medios postergar la decisión que debemos tomar y que todo el país espera. Por consiguiente, nada que demore más esta tramitación contará con nuestro asentimiento. Segundo: sobre el enredo que se ha armado aquí respecto de las disposiciones constitucionales, diré dos palabras. La Honorable señora Campusano leyó el Reglamento del Senado dictado de acuerdo con la antigua Constitución Política, y de ahí deriva su equivocación. La antigua Constitución Política decía lo siguiente voy a repetir en parte lo que leyó el señor Carmona: Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones del Presidente de la República e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes... Esto decía el texto de la Constitución antigua. ¿Y qué dice el de la de hoy día? Que el Presidente de la República podrá consultar a los ciudadanos, mediante un plebiscito, cuando el Congreso haya rechazado total o parcialmente las observaciones. Y, para poner a esto el sello final, agrega: La Convocatoria a plebiscito deberá efectuarse dentro de los treinta días siguientes a aquél en que una de las Cámaras o el Congreso Pleno deseche el proyecto de reforma o en que el Congreso rechace las observaciones... De modo que no se necesitan los dos tercios, porque no hay insistencia, en las reformas constitucionales. En cuanto al argumento del Honorable señor Chadwick de que una disposición establece que para las reformas constitucionales se aplicarán las mismas normas que rigen para los vetos recaídos en los proyecto de ley, efectivamente deben aplicarse esas normas en el caso de una reforma constitucional, pero con las excepciones siguientes. ¿Y cuáles son estas excepciones? Que para tal caso no se necesitan los dos tercios, porque sólo cabe rechazar o aprobar el veto. No hace falta, para conocer las excepciones, que ellas se especifiquen una por una. Basta con cambiar la terminología, el mecanismo, el sistema, para que de ello deriven las consiguientes excepciones. De ahí que sea una excepción al sistema habitual que se aplica al despacho de las observaciones del Presidente a los proyectos de ley, la de que no se requieran los dos tercios, porque para las reformas constitucionales se cambiaron las, expresiones de la Constitución antigua que se referían a ese quórum, porque ahora está previsto el plebiscito para cuando se desechen las observaciones del Presidente de la República. Y si se desechan las observaciones, no hay necesidad de nada más, y no cumpliría su deber la Mesa, como lo ha cumplido en esta oportunidad, si sometiera a votación algo que no existe dentro de la Constitución Política. El señor Ministro, por lo demás, ha tenido todo el tiempo que quiso, porque se consultó a los Comités sobre el tiempo del señor Ministro, y lo que para él se pidió se concedió por unanimidad. De modo que ha dispuesto de todo el tiempo necesario para plantear estos problemas, y no corresponde hacerlo ahora, en que estamos en votación y tratando de que no se perturbe el desarrollo de este importante acto de nuestra vida cívica. Por su parte, la amenaza de que esto se trasladará al Tribunal Constitucional significa doble transgresión a la ley: una, la de no llamar a plebiscito o de no cumplir con lo que acuerde el Congreso; dos, la de llevar el problema al Tribunal Constitucional, que no tiene competencia, en lo que atañe a una reforma constitucional, en las diferencias que ésta suscite entre el Congreso y el Presidente de la República. Colocado en esta situación, le digo al señor Ministro de Justicia, que siempre ha manifestado estar conforme con la Constitución y las leyes, que se saldría de la Constitución y de las leyes el Gobierno si tomara la actitud que usted está señalando. El señor SEPULVEDA.- ¡El cerco de la ley! El señor TARUD.- El señor Ministro no le puede contestar. No se dirija a él. El señor GARCIA.- ¿Y no hay Senadores que puedan contestar? Es una lástima. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gumucio. El señor GUMUCIO.- Señor Presidente, el Honorable señor García ha hecho mención al largo tiempo que ha demorado nuestra resolución sobre estas observaciones del Ejecutivo. ¡Bendita demora ésta! Durante ese lapso hemos podido comprobar muchas cosas que hoy día son evidentes. Para darse cuenta de ellas, basta observar el ataque furibundo de la Derecha reaccionaria de Chile cuando el Partido Demócrata Cristiano, en un momento de cordura, acordó conversar con la Unidad Popular para llegar a un arreglo; basta leer los comentarios de El Mercurio, basta leer la prensa de Derecha, para ver que lo que se ha buscado en esta larga espera es el conflicto que ha de producir, precisamente, la discusión de estos vetos. Porque la Derecha quiere el enfrentamiento y sabe positivamente que ésta es una ocasión propicia para adelantar ese enfrentamiento que, en el fondo, lleva involucrada lo voy a decir con franqueza, la caída del Gobierno constitucional de Chile. El señor GARCIA.- ¡Ya dan por perdido el plebiscito! El señor GUMUCIO.- Me voy a referir a esta famosa historia del plebiscito. El Honorable señor Bulnes, recientemente, y el Honorable señor Juliet, han hecho presente que no han querido plantear la inconstitucionalidad de las dos observaciones que llevamos vistas; pero el propio Senador señor Bulnes, en la discusión general, refiriéndose precisamente a la observación relativa a las noventa y una empresas, que es aditiva, dijo que los Senadores de Derecha declararían inadmisible esa observación. O sea, le están sacando el cuerpo al plebiscito en el único punto que era definitorio, en el único que significaba crear el área social en Chile. Por lo tanto, dejémonos de farsas. Y en los demás casos donde podía haber plebiscito, están aplicando una teoría, a mi juicio inconstitucional, lo que imposibilita también que se llame a plebiscito, porque si se hiciera sería darles la razón, por parte del Ejecutivo, en una tesis equivocada. ¿Qué queda, entonces, como materias para un plebiscito? Sólo los vetos secundarios, aditivos, que no se hayan declarado inconstitucionales. Esa es la verdad. Y lo demás es una farsa: hablar de plebiscito por un lado, en circunstancias dé que por el otro se lo elude en los puntos más definitorios. Me referiré en seguida al aspecto de la inconstitucionalidad. En ésta materia hay dos puntos centrales. Primero, el alcance de la expresión modificaciones o correcciones contenida en el artículo 108 de la Carta Fundamental. Y al respecto quiero hacer un recuerdo al Honorable señor Hamilton. En 1966, como miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, asistí a las reuniones que contaron con la presencia del Ministro de Justicia don Pedro Jesús Rodríguez, quien sostuvo la teoría de la amplitud de los términos correcciones y modificaciones; y yo, Como parlamentario entonces de la Democracia Cristiana, sostuve igual teoría, y la contraria fue sustentada por dos Senadores de Oposición: los Honorables señores Bulnes y Ampuero. Pero la verdad es que la interpretación restrictiva dé esas expresiones no tiene base alguna, porque si sólo se puede modificar o corregir algo accidental, secundario, no se justificaría el plebiscito. ¿Cómo se va a llamar a plebiscito para discutir algo secundario y no aspectos fundamentales? Por lo tanto, es indudable que las palabras modificaciones y correcciones tienen un sentido mucho más lato que el que le atribuye la Oposición. Por otro lado, el artículo 108 de la Constitución prohíbe al Presidente de la República rechazar totalmente un proyecto de reforma constitucional. Contrario sensu, el Primer Mandatario puede desechar parcialmente una iniciativa de esa índole; entonces, naturalmente, puede reglamentarse un veto. Por su parte, el Honorable señor García expresa que al cambiarse de sistema ya no rigen las disposiciones de la Carta Fundamental atinentes a la exigencia del quórum de dos tercios para los efectos de insistir. El derecho constitucional es un derecho escricto. Por lo tanto, al establecer la Carta Política qué la reforma de sus disposiciones se someterá a las tramitaciones de un proyecto de ley, salvas las excepciones que a continuación se indican, es preciso examinar cuáles son esas excepciones. Y éstas son nada más que las establecidas en los artículos 108 y 109: el primero, respecto de lo que puede contener la observación, y el segundo, sobre el quórum requerido para aprobar una reforma constitucional, o sea la mayoría de los Senadores y Diputados en ejercicio. No hay más excepciones. Por lo tanto, queda vigente la obligación de tramitar las enmiendas de la Carta Fundamental como un proyecto de ley. Y toda ley común, cuando se trata de vetos supresivos, exige dos tercios para insistir en la disposición primitiva. Luego, la cuestión es clarísima. Y el señor Senador está equivocado al creer que el cambio de sistema basta para interpretar la materia de modo diferente, porque, como dije, el derecho constitucional es estricto. Reiterando que no hay más excepciones que las señaladas, voto que sí. El señor HAMILTON.- Con relación a este veto, quiero reiterar los conceptos que vertí con motivo de la votación anterior, que son aplicables también a las restantes observaciones del Ejecutivo al mismo artículo de la reforma constitucional. Deseo recordar brevemente que es una de las ideas matrices de la reforma constitucional la de que el proceso se lleve a cabo en virtud de la ley. El Honorable señor Gumucio y la Unidad Popular la aprobaron en la Comisión, en la Sala y en el Congreso Pleno, y ahora Su Señoría está votando en contradicción con lo que sostuvo antes. Y el Ejecutivo, luego de las gestiones que hizo el ex Ministro señor Sanhueza y después del anuncio que hizo hoy día el actual Secretario de Justicia, está dispuesto a retirar la observación pertinente. Quiero referirme brevemente porque entiendo que en 5 minutos no podemos analizar el problema a la exigencia inconstitucional planteada por el Gobierno al sostener la tesis de que, en materia de reforma constitucional, el rechazo de los vetos queda sometido al procedimiento de la insistencia. Como lo dijo claramente el Honorable señor Carmona, comparando los textos de la Carta Fundamental existente antes de la reforma del 4 de noviembre de 1970 y después de ella, esa institución se suprimió de manera expresa. Y tal aseveración tiene un fundamento. El plebiscito estaba consagrado en la Constitución desde el año 1925, y nunca, hasta 1970, se recurrió a la consulta plebiscitaria, precisamente por la exigencia de la insistencia. ¿Qué se quiso, entonces, al suprimirse la institución de la insistencia? Dar mayor participación directa al pueblo, al electorado, en las decisiones fundamentales; que así como el mecanismo de la insistencia era la forma de resolver los conflictos suscitados entre el Parlamento y el Gobierno en la tramitación de la ley, el plebiscito fuera el medio para solucionar las dificultades derivadas de la tramitación de las enmiendas introducidas a la Carta Fundamental. Desde ese punto de vista, deseo recordar lo que sostuvo el Presidente Frei, autor de la reforma de 1970, en una obra que publicó con mucha anterioridad a la presentación del proyecto que ahora estudiamos. Sostuvo el señor Frei: La reforma parte del principio de que el poder constituyente pertenece, en una democracia, al pueblo y que éste es el llamado a pronunciar la última palabra cuando sus mandatarios el Presidente de la República y el Congreso Nacional no se ponen de acuerdo sobre un asunto tan importante como es una reforma de la Constitución Política. Con este fin faculta al Presidente de la República para consultar a los ciudadanos mediante un plebiscito cada vez que un proyecto de reforma constitucional presentado por él sea rechazado totalmente por el Congreso o cuando éste rechace total o parcialmente las observaciones que el Jefe del Estado hubiera formulado. Puede decirse, sin lugar a dudas, que esta modificación constituye la más trascendental de las reformas aprobadas por el Congreso, ya que abre dentro de la ley el camino para la futura reforma de las instituciones fundamentales del país sin quebrar la tradición jurídica que ha caracterizado la historia política de Chile. De esta manera, el país tendrá los instrumentos para afrontar los problemas más esenciales que se le presentarán inevitablemente a Chile, como a todas las sociedades contemporáneas, en especial a los países que tienen que vencer un grado inferior de desarrollo para lograr su plena expresión humana. Esa es la finalidad del plebiscito: resolver los conflictos inevitables que el cambio de la institucionalidad, que las modificaciones de la Carta Fundamental engendren entre el Gobierno y el Parlamento. De manera que no nos hablen aquí de enfrentamiento, porque, como lo sostuvo esta mañana el Ministro de Justicia, hay una manera legal, honesta y democrática de evitarlo: el plebiscito. Por otra parte, en vista de que aquí se ha pretendido establecer una especie de contradicción entre lo que sostenían el Presidente Frei y la Democracia Cristiana en su Gobierno, y lo que afirmaban el programa presidencial de Tomic y el Partido Demócrata Cristiano, que lo acompañaba, expreso a los señores Senadores que así opinaron que dicho programa consagraba el plebiscito no sólo para consultar al pueblo en materia de reformas constitucionales, sino en todos los aspectos importantes de la aplicación del programa. Más aún: el candidato democratacristiano llegó a sostener que a los tres años de su gestión como Presidente de la República pondría su cargo a disposición del pueblo mediante la consulta popular, y que continuaría sólo si la ciudadanía lo confirmaba, porque una repuesta negativa lo obligaría a dejar la Primera Magistratura, pues nadie es dueño del Poder. O sea, es preciso recurrir a la consulta popular como fuente legítima y democrática para llegar al Poder y para mantenerse en él. Voto que no. El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, se ha sostenido que los Senadores de estas bancas, al rechazar los vetos de Su Excelencia el Presidente de la República, procedemos en forma inconsecuente; que nosotros siempre hemos sido partidarios de un Poder Ejecutivo fuerte. Al respecto, debo declarar que, efectivamente, hemos sido, somos y seguiremos siendo partidarios de un Gobierno fuerte. Pero lo que se persigue mediante la reforma constitucional en estudio es algo muy distinto: evitar los abusos de Poder, precaverse ante una situación que no previeron ni la Constitución ni el legislador en épocas anteriores. Me refiero a la situación que se ha originado a raíz de la aplicación torcida de la ley, de la aplicación con mala fe de nuestras disposiciones legales. Frente a ello ha sido necesario estudiar, proponer y apoyar la reforma constitucional que votamos en este instante. Por consiguiente, no hay cambio en la posición de los Senadores nacionales, sino, por el contrario, una reafirmación en el sentido de que es necesario para el país un Ejecutivo fuerte y, al mismo tiempo, que existan los mecanismos constitucionales indispensables para evitar los abusos del Poder y la aplicación torcida de las leyes, como lo ha hecho el actual Gobierno. Me haré cargo también de otra opinión vertida aquí para intentar controvertir nuestra posición. Me refiero a la del Honorable señor Chadwick, quien sostuvo que el pueblo ya se pronunció plebiscitariamente sobre estas reformas. Expreso al señor Senador qué jamás ha existido ese pronunciamiento. Treinta y seis por ciento del electorado respaldó al actual Presidente de la República, don Salvador Allende, y estoy cierto de que gran parte de ese porcentaje, o no leyó el programa del candidato de la Unidad Popular, o no lo tomó debidamente en serio. Con posterioridad a esa magra votación, fue necesario pedir garantías constitucionales adicionales. Sin embargo, los hechos han demostrado que ellas no bastaron. ¿Por qué? Porque muy pocas personas tal vez ninguna se pusieron en el caso de la aplicación torcida de la ley. A eso obedece la reforma constitucional en estudio, y por esa razón la apoyamos y rechazamos las observaciones formuladas por el Presidente de la República. Finalmente, pido a los señores Senadores de la Unidad Popular, que invocan al pueblo en todas sus intervenciones, que le concedan a ese pueblo el derecho mínimo a cambiar de opinión, a la luz de experiencias dolorosas como las que ha vivido Chile desde que ese conglomerado político asumió el Gobierno. Es absolutamente cierto tan cierto como que los Senadores de la Unidad Popular tienen temor pánico al plebiscito que una alta proporción del pueblo que votó por el señor Allende y esto me consta ha cambiado de parecer. Es preciso respetar los cambios de parecer que puede experimentar el pueblo, y para demostrar ese respeto es fundamental que los partidos integrantes de la Unidad Popular se allanen a consultar al pueblo y se sometan al veredicto popular. Es inadmisible que sigan gobernando a espaldas de la ciudadanía y que traten de imponer una política contraria a la voluntad de aquélla. ¡Consulten al pueblo a través de un plebiscito, y todos acataremos su decisión! Terminaré mi intervención haciendo dos rectificaciones de hecho. Ha llamado la atención a algunos Senadores comunistas el que se diga que el Partido Nacional es una colectividad nueva. Quiero contestarles citando un hecho que podría parecer pequeño, pero que es muy significativo. En uno de los baluartes del Partido Comunista, en la Universidad Técnica del Estado, donde se cometen las más odiosas discriminaciones en contra de profesores y alumnos, en la última elección los comunistas apenas lograron mantener su votación en el sector estudiantil, mientras que el Partido Nacional duplicó la suya. Igualmente, debo señalar que junto a nosotros ha habido, un gran número de Ministros obreros, entre ellos el propio Senador Víctor Contreras, quien ocupó una Secretaría de Estado durante el Gobierno de Gabriel González Videla. Y podría citar muchos otros nombres, a no mediar el término del tiempo de que disponía para fundar el voto. Por las razones expuestas, rechazo la observación. El señor LUENGO.- Señor Presidente, aquí se ha sostenido que la reforma constitucional de 1970 hace innecesaria la votación de la insistencia en los proyectos tendientes a enmendar la Carta Fundamental. Intentaré demostrar lo contrario, porque estoy convencido de que esa situación se mantiene; o sea, opino que el Congreso debe reunir el quórum de dos tercios para insistir en su criterio. En primer lugar, el inciso primero del artículo 108 no se ha modificado. Dice ese precepto: La reforma de las disposiciones constitucionales se someterá a las tramitaciones de un proyecto de ley, salvas las excepciones que a continuación se indican. En la tramitación de un proyecto de ley es necesario votar la insistencia; por lo tanto, de acuerdo con esa norma constitucional, también habrá que votarla si expresamente no se excepciona esa situación en los artículos 108 y 109, que son los que tratan de las reformas constitucionales. Ahora bien, el artículo 109 fue modificado, y ahora señala que el Presidente de la República podrá consultar a la ciudadanía mediante el plebiscito cuando un proyecto de reforma constitucional presentado por él sea rechazado totalmente por el Congreso en cualquier estado de su tramitación. Agrega el precepto que igual convocatoria podrá efectuar cuando el Congreso haya rechazado total o parcialmente las observaciones que hubiere formulado, sea que el proyecto haya sido iniciado por mensaje o moción. ¿Qué decía el texto antiguo? Que si ambas Cámaras desechaban todas o algunas de las observaciones del Presidente de la República, e insistían por dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolvería al Presidente para su promulgación, o para que, si éste lo estimaba conveniente, consultara a la nación dentro del término de 30 días los puntos en desacuerdo por medio de un plebiscito. Es decir, conforme al texto primitivo, después que las dos Cámaras habían insistido con los votos de los dos tercios de sus miembros, el Presidente aún podía hacer uso del recurso del plebiscito. Pero eso desapareció, y en la actualidad, de acuerdo con el artículo 109, basta que una sola de las Cámaras rechace íntegramente un proyecto de reforma constitucional para que el Jefe del Estado pueda llamar a plebiscito. Es una facultad que tiene el Primer Mandatario: si quiere, convoca; si no lo desea así, no convoca. Y si no llama a plebiscito, tiene que seguir jugando con las otras disposiciones atinentes a la tramitación de los proyectos de ley. Si el Senado y la Cámara insisten por los dos tercios, entonces sí que el Presidente de la República ha perdido la oportunidad de convocar a la ciudadanía. Por eso la reforma de 1970, destinada fundamentalmente a dar mayor poder al Ejecutivo, concedió esta facultad al Presidente: basta que una sola de las Cámaras rechace el proyecto para que pueda convocarse a plebiscito, sin necesidad de que ambas ramas insistan por dos tercios. Como esto es facultativo, el Gobierno insisto puede convocar o no convocar a plebiscito cuando una Cámara ha rechazado totalmente un proyecto, pero corriendo el riesgo de no reunir el tercio más uno de los miembros en cada Cámara para mantener su criterio. Esta es, en mi concepto, la interpretación correcta de la norma vigente en nuestra Constitución Política. Si se hubiese querido eliminar el mecanismo de la insistencia por los dos tercios, el constituyente debió haberlo dicho expresamente en el artículo 109, pues en tal caso también se habría tratado de una excepción a las reglas generales de la tramitación de los proyectos de ley. De haberlo establecido así, no habría procedido la insistencia, sino que al Presidente de la República le habría quedado solamente la facultad de llamar a plebiscito luego del rechazo de los vetos por una de las Cámaras. Termino este fundamento de mi voto consultando a la Mesa si es su criterio definitivo no someter a votación la insistencia de las observaciones que estamos tratando. En caso afirmativo, tendríamos que entrar a considerar, cuál será nuestra actitud en el resto de esta sesión o en aquellas en que se siga analizando el proyecto. Voto por la afirmativa. El señor CHADWICK.- ¿En qué queda la consulta a la Mesa? El señor PALMA (Presidente).- Estamos en votación, señor Senador. El señor CHADWICK.- Pero la Mesa puede hablar durante la votación. El señor MONTES.- Hago presente a la Mesa que, en conformidad a lo dispuesto en el Nº 3 del artículo 112 del Reglamento, y sin perjuicio del tiempo que me corresponde para fundar mi voto, planteo la cuestión de inhabilidad de un señor Senador para votar en esta materia, en virtud de lo preceptuado en el artículo 8º. El señor PALMA (Presidente).- Estamos en votación, señor Senador. El señor RODRIGUEZ.- ¿Hay otro precedente...? El señor PALMA (Presidente).- A mi juicio, el tema debió proponerlo Su Señoría inmediatamente antes de iniciarse la votación. El señor TEITELBOIM.- El señor Presidente no concedió el uso de la palabra al Honorable señor Montes. El señor PALMA (Presidente).- Es cierto, pero en este momento el señor Senador sólo puede fundar su voto. El señor MONTES.- Solicité la palabra en el momento oportuno y la Mesa no me la concedió, no sé por qué motivo. Sin embargo, es evidente que el Nº 3 del artículo 112 del Reglamento concede a cada Senador el derecho de promover la cuestión que he planteado. En consecuencia, pido al señor Presidente del Senado que en esta materia, y de acuerdo con esa disposición reglamentaria, me permita exponer el problema de que se trata. El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador, el artículo 154 del Reglamento dice: Comenzada la votación, sólo se podrá usar de la palabra: a) Para pedir que se repita la lectura o la relación de la proposición o la cuestión que se esté votando; b) Para fundar el voto, si se trata de una votación individual o nominal y por no más de 5 minutos, y c) Para reclamar del voto de un Senador a quien se considere inhabilitado según lo dicho en el artículo 8º. El señor MONTES.- Eso último es precisamente lo, que estoy haciendo. El señor PALMA (Presidente).- La disposición continúa: Entablada la reclamación, se procederá de inmediato a votarla. Por consiguiente, lo solicitado por Su Señoría significa proceder a una votación. El señor LUENGO.- Está claro, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Había entendido que el Honorable señor Montes pedía la autorización de la Sala para referirse a la inhabilidad de un señor Senador. Por lo tanto, la Corporación debe pronunciarse sobre la inhabilidad. El señor RODRIGUEZ.- Pero tiene que hablar para explicar la inhabilidad. El señor MONTES.- Por supuesto, señor Presidente: debo exponer el problema. El señor PALMA (Presidente).- El precepto continúa: El Senador de cuya inhabilidad se reclame, no tendrá derecho a voto. El Honorable señor Montes debe señalar al señor Senador de quien se trata. El señor LUENGO.- Eso es lo que hará. El señor MONTES.- Y si la Sala acoge el reclamo... El señor VALENTE.- La votación estaría viciada en tal caso. El señor PALMA (Presidente).- Ruego a Su Señoría nombrar al señor Senador a cuya inhabilidad se referirá. El señor MONTES.- Es el Senador don Pedro Ibáñez. El señor PALMA (Presidente).- En consecuencia, solicitaré autorización de la Sala para que el Honorable señor Montes pueda referirse a este punto. El señor MONTES.- ¿Por qué a la Sala? El señor PALMA (Presidente).- Porque lo dice el Reglamento: entablada la reclamación, se procederá de inmediato a votarla, señor Senador. El señor MONTES.- Exactamente. Pero para poder votar el reclamo por la inhabilidad del señor Senador, debo exponer el fundamento de aquél. Eso es evidente. El señor MORENO.- Que lo exponga. El señor PALMA (Presidente).- Muy bien. Tiene la palabra Su Señoría. El señor MONTES.- Muchas gracias, señor Presidente. Ya en otra ocasión, en este mismo recinto, tuve oportunidad de plantear el problema de la inhabilidad del Senador don Pedro Ibáñez en la votación de una materia. Me basé en la aplicación del artículo 8º del Reglamento, que dice: No podrán los Senadores promover, debatir ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos, a sus ascendientes, a sus descendientes, a su cónyuge y a sus colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y el tercero de afinidad, ambos inclusive. Sin embargo, señala el inciso segundo no regirá esta inhabilidad en negocios de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio a que pertenezcan, en elecciones, o en aquellos asuntos de que trata el Título XII de este Reglamento. Pretendo probar que al señor Pedro Ibáñez le son aplicables las disposiciones del inciso primero del artículo 8º. Y deseo recordar, para tal efecto, que en esta misma Sala, hace algún tiempo, el Honorable señor Hamilton se refirió, en un discurso que considero importante, a las actividades privadas, comerciales y políticas del señor Ibáñez, quien con posterioridad respondió esos cargos. Las aseveraciones formuladas entonces en contra del Senador Pedro Ibáñez por el señor Hamilton tienen plena validez, porque corresponden por entero a la realidad. Su Señoría expresó en aquella ocasión que el Senador Pedro Ibáñez es propietario, director y accionista de varias empresas. Señaló, además, el nombre de ellas, su capital y los créditos a los cuales ha tenido acceso el señor Ibáñez. Luego, dio lectura a la lista de esas sociedades, que tengo en estos instantes a la mano y que me permitiré reproducir en parte. Tenemos, por ejemplo, la Compañía de Comercio Montemar S. A.: su presidente es don Eric Palma Fürth, y sus directores, los señores Sergio Bunster del Solar y Víctor García Garzena. Su gerente es el señor Jorge Biggs Nobrige. El señor GARCIA.- En esa ocasión le aclaré que yo había renunciado a mis actividades comerciales en 1966. Está atrasado. ¡Lea cosas más modernas! El señor MONTES.- Señor Senador, luego viene la lista de los accionistas de la compañía, que deseo leer rápidamente para que se vea el fundamento de mi reclamo. Según el documento que cito, del Honorable señor Hamilton, ellos son: Pablo Bauer Portus, Elsa Wulf de Bethke, Fernando Engelbach Aichiardi, Gabriela Wulf de Feddersen, Víctor García Garzena, Luisa Wulf de Gleisner, Adela Santa María de Ibáñez, Ana Ibáñez Ojeda, Pedro Ibáñez Ojeda, Gonzalo Ibáñez Santa María, Ibáñez y Cía., Ismenia Ibáñez de Lira, etcétera, etcétera. El señor GARCIA.- Los etcétera son más de quinientos. Lea toda la lista de accionistas. Encontrará algunos amigos suyos. El señor MONTES.- Bien, voy a leerla completa, porque los etcétera no son muchos. El señor GARCIA.- Señale quiénes son los quinientos restantes. El señor MONTES.- Eric Palma Fürth, Supermercados Almac S. A., empresa de la cual es director y poderoso accionista don Pedro Ibáñez; Graciela Ibáñez de Tagle, Elsa Betzhold viuda de Wulf. El señor Hamilton señaló en esa oportunidad los nombres de los accionistas que tienen paquetes de hasta 56 mil acciones. No llegó más allá. Luego se refirió a otra empresa: la Fábrica Nacional de Aceites, de la cual también es accionista importante el señor Pedro Ibáñez Ojeda. En esta sociedad encontramos los nombres del señor Senador, de Ana Ibáñez Ojeda, de la Fundación Adolfo Ibáñez, de Manuel Ibáñez Ojeda, de Ibáñez y Cía., de Ismenia Ibáñez de Lira, etcétera. El señor GARCIA.- Lea los etcétera. El señor MONTES.- Los etcétera no son muchos, señor Senador. En seguida, tenemos la empresa Conservas Aconcagua S. A., donde encontramos a Ibáñez y Cía., Ana Ibáñez Ojeda, Manuel Ibáñez Ojeda, Pedro Ibáñez Ojeda, Adela Ibáñez Santa María, Ismenia Ibáñez de Lira, etcétera. Supermercados Almac S. A., Fundación Adolfo Ibáñez, Víctor García Garzena... ¡Mírenlo! El señor GARCIA.- ¡No sea envidioso! El señor MONTES.- Sigue la lista: Alicia García Garzena, Manuel Ibáñez Ojeda, Pedro Ibáñez Ojeda, José Luis Ibáñez Santa María, Ana Ibáñez Ojeda, Su-zanne Ibáñez Scott, Manuel Ibáñez Scott, Felipe Ibáñez Scott, Victoria Ibáñez Scott, Nicolás Ibáñez Scott, Gonzalo Ibáñez Santa María, Adolfo Ibáñez Santa María, Pedro Ibáñez Santa María, Adela Ibáñez Santa María, Ismenia Ibáñez de Lira, Graciela Ibáñez de Tagle, etcétera. Compañía Industrial y Comercial Tres Montes, que, por cierto, nada tiene que ver conmigo. También aquí tenemos, entre los accionistas, a don Pedro Ibáñez Ojeda y otros parientes suyos. Recogiendo una observación que formuló en esa oportunidad el Honorable señor Hamilton, con la cual estoy de acuerdo, debo señalar que ser accionista y empresario no es nada desdoroso. Eso es absolutamente claro. Compartimos esa opinión. Lo que estoy señalando es que don Pedro Ibáñez es propietario, director y poderoso accionista y también sus familiares de importantes empresas privadas. No seguiré leyendo los nombres de los accionistas. Sólo haré referencia a las empresas en las cuales participa el Honorable señor Ibáñez, para ser más breve. COMARSA. También en esta empresa... El señor GARCIA.- ¡Lo que quieren es que le vendan al Gobierno las acciones! ¡Eso es lo que desean! ¡No les vamos a dar en el gusto! El señor MONTES.- Creo haber probado, mediante un documento que aparece en la versión y que el Honorable señor Hamilton solicitó insertar, que el señor Ibáñez participa de manera activa en negocios, y que tanto él como sus familiares poseen importantes intereses en grandes empresas privadas. El señor OCHAGAVIA.- ¡Es un hombre de trabajo! El señor MONTES.- Sí, claro. Yo no digo nada al respecto. Por tanto, como el proyecto de reforma constitucional despachado por el Congreso establece en una parte que el área privada estará formada por las empresas productoras de bienes o servicios no incluidas por la ley en alguna de las dos áreas anteriores, y como el veto señala que el área privada estará formada por las empresas productoras de bienes o servicios no comprendidas en alguna de las dos áreas anteriores, tenemos la convicción de que si un señor Senador tiene intereses en el área privada está inhabilitado para votar, con mayor razón si tanto la fórmula del Congreso como la del Ejecutivo se refieren a ella. En consecuencia reitero, el Honorable señor Pedro Ibáñez no puede votar en una proposición que se refiere de manera directa y concreta a los intereses en los que está involucrado. Ya el inciso primero del artículo 8º del Reglamento de la Corporación señala: No podrán los Senadores promover, debatir ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos, a sus ascendientes, a sus descendientes, a su cónyuge y a sus colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y el tercero de afinidad, ambos inclusive. De manera que, basándome en lo dispuesto en el número tercero del artículo 112 del Reglamento... El señor PALMA (Presidente).- Y número cuarto de esa misma disposición. El señor MONTES.- Exactamente, y fundado también en el que señaló el señor Presidente, que en este instante dirige la Corporación, pido la inhabilidad del señor Senador. Por eso, teniendo en cuenta esos antecedentes, solicito un pronunciamiento del Senado sobre la inhabilidad del Honorable señor Pedro Ibáñez para que pueda entregar su opinión y su voto en la materia que debatimos. El señor RODRIGUEZ.- Pido votación nominal. El señor VALENTE.- Pido votación nominal. El señor PALMA (Presidente).- De acuerdo con el inciso correspondiente del artículo 154 del Reglamento, entablada la reclamación, se procederá de inmediato a votarla. El señor IBAÑEZ.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Primero debe llevarse a cabo la votación, señor Senador. El señor GARCIA.- El señor Senador ha sido aludido directamente. El señor OCHAGAVIA.- ¡Cómo no va ser absurdo que la persona aludida no pueda defenderse! Hay un vacío en esta parte del Reglamento. El señor PALMA (Presidente).- Perdón, señores Senadores. Ruego al señor Secretario dar lectura al Reglamento en la parte pertinente. El señor IBAÑEZ.- ¡Pero he sido aludido! El señor GARCIA.- Y si no es cierto lo que se ha dicho, ¿cómo se va a votar la inhabilidad? ¡Esto es absurdo! El señor FIGUEROA (Secretario).- Señores Senadores, en oportunidades anteriores, cuando se ha planteado la inhabilidad, como el Senador aludido no tiene derecho a votar, otro señor Senador ha hablado a su favor, en defensa de su tesis en el momento de la votación, porque el Reglamento señala que entablada la reclamación, se procederá de inmediato a votarla. En consecuencia, no cabe sino votar la petición de inhabilidad, y durante la votación se puede fundar el voto. El señor GARCIA.- ¿Y si no es cierto lo que se dijo? El señor OCHAGAVIA.- ¿No hay algún procedimiento para que el acusado pueda rebatir y contestar, a fin de que las demás personas que juzgarán al votar puedan tener los antecedentes de la persona aludida, y en este caso, para desvirtuar la infamia del Honorable señor Montes, sobre todo si se trata sólo de una repetición majadera, cuya finalidad todos conocemos? Recuerdo que cuando el Honorable señor Ibáñez en oportunidad anterior fue aludido con el mismo discursito por el Honorable señor Montes, pudo contestar antes de que se tomara la votación. El señor GARCIA.- El Honorable señor Ibáñez ya fue declarado una vez perfectamente hábil, de modo que no puede volverse a plantear la misma situación. Con este mecanismo sólo se persigue obstruir el trabajo del Senado, ya que sobre la base de los mismos antecedentes se solicita la inhabilidad de un señor Senador, en circunstancias de que no procede votar de nuevo algo ya resuelto. El señor PALMA (Presidente).- Perdón, señor Senador. Creo que el Senador aludido tiene derecho a hacer uso de la palabra para defenderse, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 97 del Reglamento, que dice: cuando la referencia dañe el buen nombre... tendrá derecho a usar de la palabra con preferencia a fin de vindicarse, para lo cual dispondrá hasta de diez minutos en cualquiera parte de la misma o de otra sesión, sea ésta ordinaria, extraordinaria o especial. El señor OCHAGAVIA.- ¡Qué más daño pretender que un señor Senador está descalificado para votar! ¡Eso es lo más grave que se le puede inferir! Y en seguida, no se le permite hacer uso de la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra el Honorable señor Ibáñez. El señor MONTES.- No hay acuerdo. El señor BULNES SANFUENTES.- El precepto especial prevalece sobre el general. La disposición referente a la cuestión previa es general, y la que se refiere al caso de que en una cuestión previa ha sido aludido un señor Senador, es una disposición especial. Por lo tanto, esta última prevalece. En consecuencia, debe aplicarse esa norma y reconocérsele el derecho al Honorable señor Ibáñez para usar de la palabra. Eso es indiscutible. El señor OCHAGAVIA.- En la oportunidad en que el Honorable señor Montes planteó la misma materia, el Honorable señor Ibáñez contestó, y eso debe de constar en las versiones del Senado. El señor PALMA (Presidente).- De acuerdo con el artículo 97 del Reglamento, por haber sido aludido en forma directa, el señor Senador tiene derecho a contestar en cualquier parte de la sesión, sea ésta ordinaria, extraordinaria o especial. Por otra parte, el Honorable señor Bulnes tiene razón en su planteamiento. La señora CARRERA.- Un señor Senador tiene derecho a contestar siempre que haya sido ofendido. El señor OCHAGAVIA.- ¿Y le parece poco lo que se dijo? La señora CARRERA.- He escuchado que los señores Senadores de las bancas de enfrente se sienten extremadamente ofendidos porque se les dice empresarios. El señor GARCIA.- No, no es por eso: es porque se quiere inhabilitar a un señor Senador. La señora CARRERA.- He escuchado decir al Honorable señor Montes que el ser empresario no constituye delito. Entonces, no veo por qué se sienten ofendidos. El señor GARCIA.- Si es así, ¿para qué se pide la inhabilidad? La señora CARRERA.- Se dice que se ha dañado el buen nombre del señor Ibáñez, en circunstancias de que el señor Senador no puede votar porque el Reglamento del Senado se lo impide, desde el momento en que se está votando un precepto que le atañe directamente. Por lo tanto, si no ha sido ofendido, no tiene derecho a usar del artículo 97, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ibáñez. El señor IBAÑEZ.- Creo que si las imputaciones formuladas por el Honorable señor Montes viniesen de alguna otra persona que no fuese él, constituiría la imputación del peor de los delitos: el pretender que quien recibe el mandato popular utiliza el poder con que lo ha investido el pueblo para defender intereses personales. En boca de cualquiera otra persona, tal infamia habría sido gravísima. En boca del Honorable señor Montes pretendió ser una infamia, una canallada, y no pasó de ser una tontería; en vista de lo cual estimo innecesario hacer la defensa dé mi persona. No tiene ningún objeto que yo sostenga lo que todo el mundo sabe: que hace más de diez o quince años dejé de ser director de sociedades anónimas; que no soy dueño de esas empresas hace más de diez años, y que he vendido buena parte de las acciones que ha citado el Honorable señor Montes. La señora CAMPUSANO.- Pero no todas. El señor IBAÑEZ.- No todas. Sin embargo, le voy a dar en el gusto, señora Senadora, de venderlas todas; pero tenga la certeza de que ninguna de esas acciones va a ir a parar a manos del Gobierno de la Unidad Popular. Por tanto, las afirmaciones que se han hecho son absolutamente falsas. Tampoco voy a contestar lo que procedería replicar: hacer una rápida enumeración de los fuertes intereses que tienen distinguidos y preclaros próceres de la Unidad Popular, que no los inhiben para participar en los debates del Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado. Tampoco voy a reiterar en detalle lo que ya he sostenido en otras oportunidades: que el Honorable señor Montes es un individuo que recibe un sueldo de su partido para dedicarse a estas labores infames. De modo que lo considero absolutamente descalificado para pretender nuevamente inhabilitarme y, con ello, impedirme continuar participando en el debate. Por las razones que he dado, y en forma muy particular porque el Honorable señor Montes ha reiterado una majadería estúpida, renuncio a seguir haciendo la defensa de mi persona, por estimarlo absolutamente superfluo e innecesario, y pido que de inmediato se someta a votación la inhabilidad solicitada. El señor PALMA (Presidente).- De acuerdo con el artículo 154 del Reglamento, debe votarse de inmediato la inhabilidad solicitada por el Honorable señor Montes. Se ha pedido votación nominal por un Comité. En votación. (Durante la votación). La señora CARRERA.- Señor Presidente, quisiera dejar establecido que el Honorable señor Ibáñez reconoció tener acciones. Dijo que ha vendido algunas, la mayor parte, pero cualquiera que sea el número, reconoció que posee esos valores. Pero nada dijo acerca de si sus parientes las poseen. Y en este sentido debo hacer notar que el artículo 8º del Reglamento es bastante claro, ya que establece: No podrán los Senadores promover, debatir ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos, a sus ascendientes, a sus descendientes, a su cónyuge y a sus colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y el tercero de afinidad, ambos inclusive. Voto que sí. El señor GARCIA.- En verdad, la aplicación del Reglamento no puede quedar entregada a la grita y al insulto. Una de sus normas señala que un Senador no puede tomar parte en una discusión cuando le interese a él, a su familia, a sus primos, a sus tíos, a sus cuñados, a sus sobrinos políticos. O sea, no puede intervenir si lo tratado les interesa a ellos directamente. Ese es el sentido. Pero tal precepto no rige en negocios de índole general que interesen al gremio, a la profesión, industria o comercio a que pertenezca. La señora CAMPUSANO.- Dice en general. El señor GARCIA.- Sí, en general, pero ¡qué más general que una reforma constitucional, que no le interesa personalmente a nadie! Yo quisiera que alguien en el Senado afirmara que ninguno de sus parientes posee acciones. ¿Cuántos Altamiranos hay? Siento que el Honorable colega no esté en la Sala, para que me lo diga. ¿Cuántas personas con ese apellido hay entre los 23 mil accionistas de la Compañía de Gas o entre los que poseen valores en el Banco de Chile? ¿Quién de nosotros no tiene un pariente, o tal vez la esposa, que posea acciones, por ejemplo, de la Compañía de Gas? ¿Y nadie podrá votar porque esa empresa, figura dentro de las 91? La señora CAMPUSANO.- ¿Quiere nombres? ¡Aquí tiene uno! El señor SEPULVEDA.- Y aquí hay otro. El señor GARCIA.- Perdónenme, Honorables Senadores. ¡Si yo sé que el Partido Comunista no tiene las cosas a su nombre! No es como en el caso nuestro, que las tenemos a nuestro propio nombre. Además, yo hice presente en la Sala que tenía mil quinientos escudos en acciones de la Compañía de Gas, y que la CORFO me las quería comprar. Lo mencioné para demostrar que el Estado perseguía al chico, al mediano y al grande, y también, para hacer ver que dentro de la lista que tengo nadie se escapa a la posibilidad, ni en el Parlamento ni en ninguna otra actividad, de tener algún pariente un primo, un cuñado que posea acciones. ¡Díganme, señores Senadores, si no es cierto lo que estoy sosteniendo! ¡Dígame, Honorable señor Chadwick, si en su familia nadie tiene bienes en empresas ni nadie tiene acciones! ¡Dígame, Honorable señor Tarud, que tiene una empresa en Talca, si sus parientes o sus hermanos tampoco tienen intereses! ¿Quién se atreve a afirmar aquí, delante de mí, que es pobre de solemnidad y que no hay nadie en su familia que posea alguna clase de bienes? Entonces, ¿qué se pretende? Que quienes han trabajado toda una vida o pertenezcan a una familia que haya trabajado toda una vida y que haya juntado unos pocos bienes después de 35 años de trabajo, como los tuve yo antes de llegar a la política, oportunidad en que renuncié a todos mis cargos en las empresas de cualquier orden en que participaba, subsistan sin tener nada. ¿Creen ustedes que una persona que ha trabajado durante tantos años no tiene derecho a juntar algo? ¿Es posible que un hombre, después de laborar tanto en su vida, no pueda disponer del menor ahorro? ¿Acaso quieren Sus Señoría que todos sean incapaces de triunfar y que pertenezcan, incluso, a una familia de incapaces? La disposición del Reglamento que se ha mencionado se refiere exclusivamente al caso particular de cada uno. Es lógico que, tratándose de una pensión de gracia que se desea otorgar a un primo o a un tío, un señor Senador no pueda votar y esté inhabilitado para ello. Yo pregunto: ¿Qué abogado se inhabilitó aquí cuando se trató lo referente a la jubilación de esos profesionales? Ninguno, pues se trataba de un asunto que interesaba al gremio, o sea, era una materia de orden general. Y del mismo modo, podría preguntar: ¿Qué parlamentario se declaró inhabilitado cuando se trató lo relativo a las pensiones de los congresistas? Era cuanto deseaba decir. El señor GUMUCIO.- ¿Me permite, señor Presidente? Considero que cuando se plantea la inhabilidad debe votarse en conciencia y no por motivos políticos. Cada caso es distinto. En éste, y sin que ello signifique una ofensa para el Honorable señor Ibáñez, se trata de una persona dueña mayoritaria de una empresa distribuidora como son los Almacenes ALMAC. El señor IBAÑEZ.- No es así, señor Senador. Si ése es todo su argumento, puedo decirle que es falso. No soy socio mayoritario, sino un accionista como muchos. El señor GUMUCIO.- Por lo menos, es uno de los mayores accionistas. Si el Gobierno piensa que la distribución de artículos de primera necesidad debe estar en el área social, es natural que Su Señoría defienda el proyecto de ley despachado por el Congreso, pues se trata de una legislación que impide traspasar, mediante las facultades del decreto con fuerza de ley 520 o por intermedio de la CORFO, empresas privadas al área social. Sólo por eso, y en la duda, lo más lógico sería que el Honorable señor Ibáñez no votara. Por lo mismo, yo voto que sí. El señor HAMILTON.- Deseo fundar el voto, señor Presidente. Deploro que por segunda vez en los últimos meses se promueva, por el mismo señor Senador, la misma cuestión de inhabilidad en contra del mismo Senador y con el mismo fundamento. Al igual que la vez anterior, también ahora la votaré en contra, pues ella carece absolutamente de fundamento legal. Y apoyaré mi decisión en el discurso que en aquel entonces pronuncié a propósito de un problema que no es el que en este instante se está tratando. En esa ocasión tengo el texto a la mano, dije exactamente: Existe consenso general en todos los sectores en el sentido de que quienes manejan el poder económico no deberían simultáneamente desempeñar el poder político que significa un cargo de representación popular. Aquí me estaba refiriendo a expresiones de los Honorables señores Teitelboim e Ibáñez, quienes habían coincidido en la materia. Y continué: En particular, no deberían ser elegidos Diputados o Senadores o ejercer esos cargos. Respecto del desempeño de funciones públicas, la incompatibilidad está establecida sólo en forma parcial por el actual artículo 29 de la Constitución Política y no existe una norma similar para separar el ejercicio del poder político del económico cuando se trata del sector privado de la economía del país. Por lo tanto, no me estoy desdiciendo de lo que entonces sostuve y que, naturalmente, no obliga al Honorable señor Ibáñez ni a nadie, sino a mí, y respecto de lo cual ahora estoy siendo consecuente. Pero así como en esa oportunidad rechacé la colusión o el manejo, por una misma persona, de importantes e influyentes sectores de la economía privada y el ejercicio simultáneo de cargos de poder político o de representación popular, con el mismo énfasis y energía rechazo ahora la forma como se está usando en el Chile de hoy el poder político para enriquecerse. No quiero entrar en detalles sobre el particular. Pero está en la conciencia de todos el hecho de cómo hoy día, por intermedio de los cargos de interventores, a través de funciones que se desempeñan en La Moneda, mediante cargos parlamentarios, a través de la difusión, a través de los negocios, a través de las empresas estatificadas, etcétera, los hombres nuevos del Gobierno se están enriqueciendo, y se están enriqueciendo también sus partidos. Voto que no. El señor LUENGO.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría. El señor LUENGO.- Seré muy breve. Sólo quiero manifestar que rechazo categóricamente las expresiones a la bandada que lanzó el Honorable señor Hamilton. Por acalorado que sea el debate suscitado en esta Sala, un Senador no puede hacer afirmaciones como las formuladas por Su Señoría. Porque él, al referirse a los parlamentarios en general, nos ha incluido a todos. No sé si, por ser parlamentario, el Honorable señor Hamilton está muy instruido en estas materias. El señor HAMILTON.- Permítame una interrupción de cinco minutos y se lo explicaré. El señor LUENGO.- No le puedo conceder los cinco minutos que me solicita, pues estamos fundando el voto. Como de aquí en adelante el trato entre Gobierno y Oposición será bastante más duro de lo que lo ha sido hasta ahora, es posible que llegue un momento en que tengamos que entrar a un debate sobre esta materia. Es probable también que entonces todos tengamos que sentir vergüenza ajena, pues muchos de nosotros nos veremos obligados a decir algunas cosas que sabemos y que por decencia hemos callado. Voto que sí la inhabilidad. El señor OCHAGAVIA.- Pido la palabra para fundar el voto, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría. El señor OCHAGAVIA.- Señor Presi-. dente, el espectáculo que hemos presenciado esta noche, y del cual ha sido protagonista una vez más el Partido Comunista, no ha contribuido a mantener la imagen de respetabilidad que debe inspirar el Senado. La repetición de una infamia, porque no otra cosa... La señora CAMPUSANO.- ¡No es infamia! El señor OCHAGAVIA.- Es infamia que un señor Senador, interpretando la inhabilidad que el Reglamento establece en forma muy clara para aquellas personas que están directamente interesadas en negocios, pretenda aplicar aquélla a un parlamentario que ha trabajado durante toda su vida, que ha formado empresas, que ha creado fuentes de trabajo y que, desde el mismo instante en que ingresó a la política, se ha desligado de toda responsabilidad en la dirección de tales empresas. Resulta verdaderamente inaceptable pretender que un Senador, por el hecho de ser propietario de algunas acciones lo que no representa sino el fruto del trabajo realizado a lo largo de su vida, esté inhabilitado para votar, en un proyecto de reforma constitucional, disposiciones concernientes a la forma como el Estado procura controlar la economía de todo el sector privado. En mi opinión, el planteamiento del Honorable señor Montes, quien no es sino un obediente sirviente de su partido, constituye una estratagema para obtener la dilación en el despacho de un proyecto de ley que en estos momentos interesa a todo Chile. Y ello en razón de que la subsistencia de la empresa privada representa la posibilidad de que quienes laboran en ella puedan gozar de libertad para mantener un ideario político independiente. ¡Eso es lo que aquí está en juego! Cuando vemos al Estado administrar empresas de las que se ha apropiado en forma tal que las pérdidas para el presente año alcanzan a la estratosférica suma de 23 mil millones de escudos cifra que revela la incapacidad de la actual Administración y del sistema y que, al mismo tiempo, simboliza la negación por el interés de crear nuevas fuentes de trabajo, en circunstancias de que hay miles de chilenos que hoy día sufren la angustia de la cesantía, yo me pregunto: ¿qué es lo que interesa al Gobierno? ¿Acaso crear fuentes de trabajo? Simplemente, lo que le preocupa es tomar el control de todas las empresas para someter políticamente, a través de ellas, a todos los que tienen necesidad de trabajar. Pero están muy equivocados los marxistas. No lograrán su propósito. Son minoría, y cada día lo son en forma más notoria. Los asalariados están manifestando diariamente su repudio a un régimen que es absolutamente incapaz de administrar las empresas de las cuales el Estado ha pretendido apoderarse, empresas que ahora están haciendo agua y creando angustia en la población como consecuencia del desabastecimiento. Es indudable que la incapacidad, no digo de aumentar, sino de mantener la capacidad productiva, constituye el mayor desastre que experimentará la economía chilena y que ya está sufriendo la ciudadanía a causa de la escasez general de todo tipo de artículos. Quiero recalcar que la actitud de un hombre que ha trabajado toda una vida y que se ha entregado al servicio de la causa pública merece nuestro respeto y nuestro homenaje. Y no tienen autoridad moral alguna quienes en esta hora actúan simplemente como profesionales de la política, al servicio de un ideario partidista que se surte y se nutre de una ideología extranjera, y no de los intereses superiores de Chile. Por consiguiente, descalifico al Partido Comunista para hacer planteamientos que no obedecen sino a dogmas y que pretenden colocar al país en una órbita que éste no desea. En realidad, todos aquellos que dicen ser mandantes del pueblo, y en cuyo nombre plantean una serie de conceptos, carecen de valor para someterse al juicio democrático consistente en consultar al pueblo mediante el plebiscito, a fin de determinar si éste está o no está de acuerdo con la crítica que se formula. Junto a ello es importante destacar que las reiteradas derrotas que los partidos de Gobierno han venido sufriendo en diversas elecciones son la mejor demostración de que el pueblo los repudia, les da vuelta las espaldas, y de que no lograrán imponer su criterio, porque la mayoría en Chile es democrática y no está dispuesta a aceptar la dictadura de partido marxista alguno. La señora CAMPUSANO.- ¡Sí, la democracia al servicio de ustedes...! El señor CONTRERAS.- ¡Qué hablan ustedes de democracia! El señor OCHAGAVIA.- Voto que no. El señor PABLO.- Pido la palabra para fundar el voto, señor Presidente. Sólo quiero dejar constancia de que deploro que se haya promovido esta cuestión de inhabilidad, pues ello no prestigia al Parlamento, ya que los antecedentes exhibidos son trasnochados, y se debió traer antecedentes nuevos. Estamos frente a una iniciativa de reforma constitucional que a nadie inhabilita por el hecho de fijar las áreas de la economía. Si el poseer acciones fuera causal de inhabilidad, muchos de nosotros estaríamos inhabilitados para votar. Yo tengo algunas acciones de la CAP, que no he vendido. Y como es lógico, estoy perdiendo dinero en ellas. Las compré cuando desarrollaba tareas profesionales en Concepción, y lo hice para ayudar a la capitalización, pues se nos estimuló en este sentido. Tengo invertido en esas acciones no sé si un millón o dos millones de pesos. De acuerdo con los fundamentos que aquí se han dado para la inhabilidad, es indudable que yo quedaría inhabilitado. Ahora, si el día de mañana se legislara sobre impuestos a la propiedad de los bienes raíces soy dueño de una casa, no me cabe duda de que también quedaría inhabilitado por ese concepto. Repito: lo que se ha sostenido aquí desprestigia al Parlamento, y en esa misma medida lo rechazo. Por eso, voto que no. El señor SEPULVEDA.- Deseo fundar el voto, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Puede usar de la palabra, señor Senador. El señor SEPULVEDA.- ¿De qué se ríe el Honorable señor Hamilton? ¡ Ya me agaché!, dice usted. Voy a combatir a Su Señoría. ¡Tranquilo...! El señor MORENO.- ¡Está muy venenoso Su Señoría...! El señor SEPULVEDA.- La verdad es que he mirado al Honorable señor Hamilton, pero también estoy mirando al frente, pues en este momento hay que disparar para los dos lados, por parejo. El señor GARCIA.- ¡Es una lástima que nosotros no seamos un espejo, porque en ese caso Su Señoría miraría a un Adonis...! Risas. El señor SEPULVEDA.- Aquí hay espejos. Con el Honorable señor García nos reflejamos mutuamente. Señor Presidente, en verdad, el planteamiento hecho por el Honorable señor Montes es justificado. Y lo es, no desde el punto de vista pequeño como se pretende hacerlo aparecer aquí, reduciendo a la nada lo que constituye el fondo de un problema social. Porque no se trata de un hombre que posee una acción o un millón de pesos en acciones, como dijo denantes un señor Senador, sino de algo distinto. Aquí se ha hablado de las empresas que tiene un Senador y su familia, y que dice haber acumulado con el esfuerzo de su trabajo. Sin embargo, nunca nadie lo ha visto trabajar, pero, naturalmente, afirma que constituyen el fruto de su trabajo. Entre ellas podríamos mencionar, por ejemplo a la Fábrica de Conservas Aconcagua, empresa que conozco, pues trabajé muchos años allí y porque fui representante de los trabajadores en la Municipalidad de San Felipe. En ella está acumulado parte del capital que han producido los trabajadores que allí han laborado durante muchos años, percibiendo el salario mínimo vital y esclavizados por el Senador Ibáñez. El señor IBAÑEZ.- ¿De dónde sacó que estaban esclavizados? El señor SEPULVEDA.- Porque la conozco. Recuerdo que en cierta oportunidad un trabajador se cayó desde unos cajones de duraznos y se desnucó. Este hecho, según se dijo, fue producto de un ataque, cerebral y ni siquiera se le calificó de accidente del trabajo. Podemos seguir mencionando hechos de este tipo al Honorable señor Ibáñez, porque lo conocemos todo. Entonces, se habla de un hombre que se ha formado en el trabajo. Pero ésta es la característica del sistema capitalista, de las personas y de la clase que lo representa. Dicen que ellos han acumulado sus inmensas riquezas con su trabajo, pero en realidad es el producto de la explotación capitalista. Y después de explotar durante 30 o 40 años dejan los negocios y se convierten en políticos, y después en Senadores, para lo cual gastan sumas fabulosas. En esta forma compró el Honorable señor Ibáñez su senaturía, porque saca la chequera, y dice: ¿Cuánto vale éste comité? Y con lo que paga por el comité, el Honorable señor Ibáñez obtiene votos. El señor GARCIA.- Eso hacen los hombres huevos de la Unidad Popular. El señor IBAÑEZ.- En Valparaíso repartieron miles de millones de pesos. El señor SEPULVEDA.- ¡Qué van a tener hombres nuevos ustedes! Su Señoría y su clase han corrompido o tratado dé corromper a los trabajadores. Igualmente, el Honorable señor García sostiene orgullosamente que antes de ser Senador fue hombre de empresa y de trabajo. Efectivamente, dice que en la actualidad no posee acciones. Sin duda, no las tiene, pues las ha traspasado a alguien y no le pertenecen. Pero, individualizados como personas, son la expresión de una clase social explotadora, y cuando hablan aquí están defendiendo intereses de clase. El señor IBAÑEZ.- ¿Y Su Señoría no está defendiendo intereses? El señor SEPULVEDA.- Sí, pero defendemos a las clases explotadas. El señor IBAÑEZ.- Su Señoría es el explotador. El señor SEPULVEDA.- Ustedes han mantenido mancillada durante mucho tiempo a la clase trabajadora, históricamente la han mantenido humillada. Sus Señorías vienen a defender una falsa democracia, y cuando ven afectados sus intereses colocan por encima de ello una fanfarria, una falsedad, una mentira, que es la defensa de la legalidad y de los derechos humanos, en circunstancias de que tales valores los han pisoteado durante muchos años, cuando han entregado los intereses de Chile. Entonces, no tienen derecho a hablar aquí de esas cosas. Por eso, cuando se los juzga, lo hacemos en razón de estos hechos. No se trata de un hombre modesto que haya trabajado y adquirido una casita. No, porque ha acumulado el producto del esfuerzo de miles y miles de trabajadores. Voto que sí. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Valente. El señor VALENTE.- Señor Presidente, votaré a favor de la inhabilidad por las razones dadas por el Honorable señor Montes. Y al mismo tiempo, deseo hacerme cargo de algunas alusiones del Honorable señor Ochagavía, quien ha repetido lo que siempre han reiterado los monopolistas de este país. Ellos sostienen que el Estado, el Gobierno se estaría apropiando de algunas empresas privadas, y que sería incapaz de administrarlas. Esta es una falacia más y un mito que la Derecha siempre ha pretendido hacer creer al país. Todas las empresas privadas monopólicas o, por lo menos, la gran mayoría de las que ahora están en el área estatal, fueron creadas por el Estado, concretamente por la Corporación de Fomento, con capitales y técnica pagados por ésta, con dineros estatales. Y han sido precisamente los monopolios privados los que se han apoderado de ellas cuando gobernaron después de los años 1945 y 1946. De modo que no tiene razón el Honorable señor Ochagavía cuando afirma una cosa falaz. Si el Estado creó empresas que ahora constituyen, prácticamente, los pilares de la economía, y el Gobierno está planteando que vuelvan al área social para que nuevamente tengan la calidad de empresas estatales, es porque necesita de las tres áreas de la economía para impulsar el desarrollo del país, que ha permanecido estancado por años y décadas, especialmente por responsabilidad y culpa de aquellos sectores como la Derecha económica y el Partido Nacional, que están defendiendo sus propios intereses con esta reforma constitucional. Lamentablemente, se valen de la Democracia Cristiana para salvar los privilegios de los cuales siempre han hecho uso en este país en desmedro del desarrollo nacional. Votaré a favor de la inhabilidad por estimar que el Honorable señor Ibáñez no debe participar en esta votación, dada su condición, de empresario monopolista, afectado por las medidas propuestas en el veto por el Ejecutivo. El señor OCHAGAVIA.- ¿Y Su Señoría, que es contador de varias empresas en Arica? El señor. VALENTE.- No es cierto. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Von Mühlenbrock. El señor VON MUHLENBROCK.- Señor Presidente, nuevamente se ha repetido en este Senado la caída de un partido que, a pesar del antagonismo que sentimos hacia él, siempre nos ha inspirado respeto por su dureza y por representar una ideología a nivel mundial. Como políticos y demócratas, sabemos respetar las corrientes del pensamiento humano. ¡Baja maniobra, triste caída del Partido Comunista! De nuevo, al tratarse una ley cuya importancia ellos aprecian con su sagacidad política, han pretendido inhabilitar a un Senador de la República, a un creador de empresas, a un exponente soberbio del dinamismo de la empresa privada chilena. Más todavía: han pretendido privar de sus derechos a 50 mil chilenos que en Valparaíso y Aconcagua lo hicieron Senador en 1969. Yo también soy Senador portuario. He luchado por mi candidatura en Corral, en Valdivia y en Puerto Montt. Sé lo que significa ganar votos en un puerto. Y Pedro Ibáñez, con su coraje, con su hombría, con su valor y terrible tenacidad de perro bulldog, ha defendido la iniciativa privada en este Senado. Por eso, lo temen y no lo quieren. Debo denunciar en esta Sala que esa forma de inhabilitar a las personas se está aplicando a lo largo de todo el territorio. Sus Señorías están inhabilitando a quienes laboran y a quienes crean; así lo hicieron, en Riachuelo, con Alfredo Hubach, creador de un emporio de riquezas. En 600 hectáreas de la Cordillera de la Costa, ese hombre proporcionaba trabajo a 103 obreros. Tenía un criadero con 2 mil cerdos y producía dos millones de litros de leche. Mantenía más de mil vacunos en 600 hectáreas. Sin embargo, fue arrojado de su propiedad, a pesar de que alimentaba a 103 trabajadores. La inhabilidad que han solicitado los parlamentarios de la Unidad Popular en contra de Pedro Ibáñez es la misma que afectó a Alfredo Hubach, creador de riquezas; es la misma con que han barrido el lejano Aisén. En esa región se dice que la verdadera aristocracia, la ostentan quienes llegaron primero a esas tierras, Honorables colegas, y que con el hacha en la mano vencieron el mallín y la escarcha, los que desafiaron la muerte y se adentraron entre los hielos, en menos de treinta años, desde que el Presidente Ibáñez abrió esa provincia al trabajo. Y a los que llegaron primero los inhabilitan y les expropian sus terrenos! Los han lanzado a los caminos, y aquellos que los argenta nos expulsaban son ahora quienes están ocupando las tierras que abrieron con su trabajo los chilenos de la frontera en este siglo, repitiendo el milagro de la colonización alemana. Porque Sus Señorías están inhabilitando a los hombres de empresa, a los creadores de riqueza, a los verdaderos servidores de la patria, han perdido altura y solvencia moral con estas inhabilidades. Estas ofensas no alcanzan al Partido Nacional ni a Pedro Ibáñez. Estas ofensas retratan y exhiben a Sus Señorías de cuerpo entero. ¡Y qué gigante contrasentido! Reprochan a un hombre por ser accionista, en circunstancias de que ustedes manejan el Estado de Chile, dirigen las empresas estatales, están creando el área estatal para que toda la economía chilena pase a poder del Estado y sea manejada personalmente por Sus Señorías. Por eso, esta petición de inhabilidad prestigia al Honorable señor Pedro Ibáñez y ha servido para probar a Chile el triste destino que le aguarda con Sus Señorías. Voto que no. La señora CARRERA.- Su Señoría no puede votar por estar pareado con el Honorable señor Altamirano. El señor VON MUHLENBROCK.- Se trata de una inhabilidad en una reforma constitucional. La señora CARRERA.- No, señor Senador. Ruego al señor Presidente hacer respetar nuestro derecho. El señor FIGUEROA (Secretario).- No está registrado el pareo, señora Senadora. El señor VON MUHLENBROCK.- No rige para la reforma constitucional. La señora CARRERA.- Este no es un problema de reforma constitucional, sino una inhabilidad. El señor PALMA (Presidente).- El pareó no está inscrito, Honorable Senador. La señora CARRERA.- Siento mucho decir que el Honorable señor Von Mühlenbrock faltó a su palabra de caballero. El señor OCHAGAVIA.- Pero el señor Altamirano votó. La señora CARRERA.- El señor Altamirano señaló expresamente que votaría porque se encontraban los dos en la Sala. El señor VON MUHLLENBROCK.- Mi pareo no rige en las insistencias ni en las reformas constitucionales. El señor LUENGO.- No estamos tratando un veto. El señor VON MUHLENBROCK.- Es una reforma constitucional, y forma parte del cuerpo de ella. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Teitelboim. El señor TEITELBOIM.- Aquí se ha hablado de caballerosidad, pero se ha dejado pasar en silencio el hecho de que por primera vez se ha negado a un Ministro el derecho a usar de la palabra en una materia de esta trascendencia. Debo dejar constancia de ese hecho sin precedentes, que demuestra que la democracia funciona para un lado; pero cuando tiene que aplicarse hacia la izquierda, entonces es bueno cercenarla. Hubo aquí un señor Senador que se opuso a que el señor Ministro hablara, y por esa razón no pudo hacerlo. Quiero que quede constancia en esta Corporación de que cuando se trata de la democracia para la Izquierda, ésta se niega. ¡Es muy buena esta democracia en que la moneda tiene una sola cara: para la Derecha! En cuanto a la inhabilidad planteada por el Honorable señor Montes, deseo recordar lo que todos saben: que ella se fundó en antecedentes entregados al Senado por el Honorable señor Hamilton, quien proporcionó muchísimos más que los que recordó el Honorable señor Montes. El pequeño párrafo de su propio discurso que leyó el Honorable señor Hamilton, deja también en la sombra que el 95% de su intervención se pronunciaba precisamente contra ese problema. Y éste es un problema al que debe ponerse nombre. La verdad es que se trata de un asunto de gran entidad moral y política, que ha merecido preocupación en muchos países del mundo. Y aquí se han pronunciado más de cien discursos acerca de la necesidad de incompatibilizar las funciones políticas con las empresariales. El Honorable señor Montes manifestó que no ve desdoro ninguno en que una persona sea empresario. Lo que no acepta el Reglamento es, precisamente, que se confundan dos calidades y de que de ninguna manera la política pueda ser influida por la situación económica de determinado político, que en este caso es un Senador. Creo que este problema queda en pie... El señor OCHAGAVIA.- ¡Salvo que se trate de asuntos de interés general! ¡Usted prefiere a los profesionales de la política! ¡Nosotros creemos que los hombres que trabajan también deben tener oportunidad de ser políticos! El señor TEITELBOIM.- Aquí absolutamente todos somos profesionales de la política, porque todos ganamos un sueldo que nos paga el Senado de la República, el Estado, por desempeñarnos como tales. El señor OCHAGAVIA.- ¡Usted está inhabilitando a una persona por el hecho de haber trabajado en otra actividad! El señor TEITELBOIM.- Ese es el problema. Entiendo que a los parlamentarios se les pague un sueldo suficiente para una congrua sustentación, porque el legislador pensó que ellos no debían buscar otra fuente de financiamiento personal, ni mucho menos tener grandes negocios que incidieran de alguna manera en la formación de las leyes. Y no pueden participar, porque nadie puede ser juez y parte a la vez, ni votar en favor de sí mismos. Por estas razones, me pronuncio afirmativamente. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 17 votos por la negativa, 11 por la afirmativa y un pareo: Votaron por la negativa los señores Aguirre; Doolan; Bulnes Sanfuentes; Carmona; Ferrando; García; Hamilton; Morales Adriasola; Moreno; Musalem; Noemi; Ochagavía; Olguín; Pablo; Palma; Papic: Reyes y Von Mühlenbrock. Votaron por la afirmativa las señoras Campusano y Carrera, y los señores Contreras; Chadwick; Gumucio; Luengo; Montes; Rodríguez; Sepúlveda; Teitelboim y Valente. No votó por estar pareado el señor Durán. El señor PALMA (Presidente).- Queda rechazada la inhabilidad planteada por el Honorable señor Montes. Continúa la votación del segundo veto del Presidente de la República. (Durante la votación). El señor MONTES.- Cuando planteé el problema de la inhabilidad del Honorable señor Ibáñez durante la votación de este veto, la que ahora reiniciamos, se cubrió de injurias tanto al Senador que habla como al partido que represento. He pedido al señor Presidente del Senado que me otorgue el tiempo que reglamentariamente me corresponde para responder tales injurias. El señor PALMA (Presidente).- De acuerdo con el artículo 97 del Reglamento, Su Señoría dispone de diez minutos para vindicarse. El señor OCHAGAVIA.- Pero debe ocupar ese tiempo al final de la sesión. El señor GARCIA.- Cuando quiera. El señor PALMA (Presidente).- Efectivamente, ese derecho puede ejercerlo en cualquier parte de la sesión. El señor MONTES.- Entonces, paso a responder las injurias proferidas por los representantes del Partido Nacional. Yo he planteado hechos y me he basado en antecedentes fidedignos para invocar las disposiciones reglamentarias sobre el particular. De manera que toda la odiosidad contenida en las intervenciones de los Senadores nacionales surge, evidentemente, porque he puesto el dedo en la llaga, y ellos han estimado conveniente desvirtuar los fundamentos de la proposición que formulé. Se ha hablado aquí de la respetabilidad del Senado y de que mi solicitud la estaría vulnerando. ¡Absolutamente al revés! Hemos querido promover lo que se entiende por respetabilidad de la Corporación, destancando que un Senador con intereses en el campo privado carece de derecho para manifestar su opinión durante el despacho de una reforma constitucional que puede afectar sus propios intereses. Pienso que la respetabilidad del Senado se defiende con nuestra proposición; no al revés, como lo han entendido los Senadores del Partido Nacional. Ellos han señalado, entre otras cosas, que el Senador que habla es sirviente del Partido Comunista. El sentido peyorativo con que se utilizó el término sirviente, no guarda relación con el problema concreto de que se trata. Pero lo hemos declarado antes y lo podemos declarar ahora: Sí, servimos al Partido Comunista de Chile, tal como servimos los intereses de la clase obrera, de los trabajadores chilenos, quienes nos trajeron al Senado de la República para defender sus intereses. Por lo tanto, como digo, servimos sus intereses. Ese es nuestro papel, nuestro deber, nuestra función, la que, a nuestro juicio, cumplimos a cabalidad, no apartándonos ni un milímetro, poniendo toda nuestra actividad al servicio de los intereses de la clase obrera, del pueblo, que nos trajo a esta Corporación. El señor IBAÑEZ.- ¿Y quién nos eligió a nosotros? El señor SEPULVEDA.- ¡La plata! El señor VALENTE.- ¡El dinero y el cohecho! El señor MONTES.- ¡Sí, señores Senadores! Algunos colegas, como el señor Ibáñez, pretenden demostrar que el pueblo los eligió y no don dinero. Siempre, durante toda la historia del partido que hoy los cobija aparentemente con una nueva cara, pero que responde a los viejos intereses de los conservadores y liberales de este país, han acostumbrado prostituirlo todo, en defensa de sus intereses de clase y de sus privilegios. Jamás han vacilado siquiera en llegar a los más horrendos excesos, en dirigir el fuego de la represión contra importantes sectores del pueblo, produciendo masacres horribles a través de la historia de Chile, para defender esos cerrados intereses de clase y privilegios. Nunca en nuestra historia, cuando ellos asumieron papeles gobernantes, dejaron de aplicar una política que significó, en el fondo, descargar sobre la inmensa mayoría todo el dolor, la miseria y el sufrimiento, que nuestro pueblo soportó sobre sus espaldas durante siglos, a fin de que ellos pudieran vivir en la forma en que lo han hecho. Esa es la moralidad en que se basa la acción política del partido que hoy día se llama nacional, pero al que siempre hemos denominado como el más antinacional de los partidos, porque ni siquiera vaciló en vender jirones de nuestro territorio a los extranjeros, siempre que eso significara provecho para sus intereses de clase. Por lo tanto, cuando el Partido Nacional pretende vestirse con el ropaje del disimulo, cubrirse con la túnica de la hipocresía y presentarse ante la opinión pública como lo que no es, con el objeto de engañarla y confundirla, nosotros, a lo menos, y precisamente para otorgar respetabilidad y dignidad al Senado, debemos cumplir con el mandato de la clase que nos eligió para que la representáramos y hacer lo posible para que a través de nuestras palabras quede en descubierto la falacia de la actitud, la mezquindad de la posición, la hipocresía de los planteamientos de quienes se dicen defensores de los intereses del pueblo, pese a que durante nuestra historia sólo han sido los verdugos de la inmensa mayoría de los trabajadores de Chile. Por eso rechazamos las acusaciones contra el Partido Comunista, porque no corresponden a la realidad: Rechazamos las acusaciones contra el Partido Comunista. Y parodiando a viejos revolucionarios, podríamos concluir que algo bueno estamos haciendo cuando los reaccionarios nos critican. Y si hemos planteado la inhabilidad del Honorable señor Ibáñez, es porque estimamos que la Constitución y el Reglamento del Senado nos obligan a tratar de evitar que en este caso un empresario privado se pronuncie sobre una materia que le interesa de manera directa. Dejo el uso de la palabra, aunque no han transcurrido los diez minutos a que tengo derecho, y de inmediato voto favorablemente la segunda observación del Ejecutivo. Voto que sí. El señor MORENO.- Este veto del Presidente de la República a la reforma constitucional despachada por el Congreso Pleno marca, a mi juicio, una disparidad muy de fondo entre los métodos, la concepción y la norma de construir una nueva sociedad en nuestro país. La enmienda constitucional primitiva de la Democracia Cristiana la que resume no sólo aspectos técnicos, sino que expresa también nuestro pensamiento filosófico y maneras concretas de cómo organizar la vida económica y social de Chile en el presente y en el futuro ha merecido observaciones de fondo y de forma de parte de la Unidad Popular. El Primer Mandatario, en una materia esencial para la vida del país, ha sentado un criterio que no compartimos en su metodología y cuyas repercusiones indudablemente generarán un cuadro muy crítico en Chile. La reforma constitucional propuesta por los Honorables señores Hamilton y Fuentealba establece el mecanismo de la ley para construir las áreas de la economía, para definir la empresa de trabajadores y para fijar el criterio con el cual se cambiarán actividades del campo privado a la que se denomina área de empresas mixtas y al área estatal. Pero en la observación que votamos es precisamente la palabra ley la que el Ejecutivo rechaza; manifiesta su disconformidad para que ella figure en el texto constitucional. Este no es un hecho circunstancial ni semántico. En el fondo, están en juego los distintos caminos para organizar y construir el país. El Gobierno de la Unidad Popular ha querido de hecho, de f acto, por la vía del uso de herramientas de legalidad dudosa, ir incorporando al área estatal importantes sectores de la economía. La Democracia Cristiana es y seguirá siendo siempre partidaria de que, cualquiera que sea el mecanismo y la definición de la sociedad por la que optemos, la ley ha de ser el instrumento que debe emplearse y el camino que debe seguirse para establecer tal sociedad. Por ello, rechazamos este veto de manera categórica, con la misma energía con que impugnamos las observaciones que aquí formularon Senadores de la Unidad Popular, quienes pretenden hacer creer que el haber presentado esta reforma constitucional y haber llegado a esta votación es un dique o jaque a la autoridad presidencial, con el objeto de impedir que se realicen cambios y que el país se pueda organizar en una forma diferente, más justa y democrática. Eso no es efectivo. No es ésa la raíz de nuestro pensamiento, ni nuestra acción política, ni nuestra manera de enfocar los hechos. Probablemente en un esfuerzo no completo, hemos querido definir nuestra orientación y nuestro pensamiento acerca de la vida de nuestra patria y fijar las áreas de la economía. Hemos querido iniciar un debate y establecer en la Constitución Política del Estado el concepto del derecho de los trabajadores a participar en los beneficios y en la gestión, si es necesario y pertinente, de las empresas que puedan existir. Y también hemos querido, de manera muy clara, impedir que se continuara en forma arbitraria realizando un proceso de estatificación al margen de las leyes y al margen del Parlamento. Por eso, rechazamos los argumentos del Honorable señor Rodríguez y otros señores Senadores. No estamos colocando en jaque ni la autoridad presidencial ni nuestro criterio sobre los cambios, respecto de los cuales hemos dado un testimonio personal y no sólo verbal en esta Sala. El señor PALMA (Presidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría. El señor MORENO.- Concluiré mi pensamiento. Respecto del conflicto que de aquí surge, hay un camino que también hemos planteado y que el propio Partido Socialista lamento que no esté presente el secretario general de dicha colectividad, Honorable señor Altamirano ha enfatizado públicamente, al declararse partidario de ir a un plebiscito y de someterse a la voluntad mayoritaria del pueblo en lo concerniente a esta reforma y a los puntos en ella comprometidos. Asimismo lo ha expresado el señor Presidente de la República en reiteradas oportunidades. Estamos por la vía legal, por la sustentación del orden democrático. No queremos interrumpir el ejercicio presidencial de éste ni de ningún Jefe de Estado. Estamos en profundo desacuerdo con la manera de administrar el país, y sabemos que la crisis que hoy día afecta a nuestro país tiene un camino de solución, al que debiera recurrirse si hay consecuencia en las palabras del Honorable señor Altamirano y del propio Presidente de la República: llamar a plebiscito por estos motivos y por estas razones y aceptar el veredicto popular. Por eso, rechazo el veto del Presidente de la República. El señor OCHAGAVIA.- Deseo fundar muy brevemente mi voto, para subrayar el contrasentido existente entre los planteamientos del Gobierno y sus representantes en cuanto a cumplir un mandato popular, como ellos lo denominan, y el hecho de negarse a que sea la ley la que establezca las normas a través de las cuales se constituirá el área privada de la economía. Y esa falta de consecuencia no obedece sino a la carencia absoluta de respaldo popular, de la cual el Gobierno y sus partidarios tienen conciencia. La señora CAMPUSANO.- Usted sabe que no es así. El señor OCHAGAVIA.- Señora Senadora, los conceptos y palabras del Honorable señor Montes esta tarde, con los que pretendió descalificar a los Senadores de estas bancas, no son más que la repetición de las gastadas consignas del Partido Comunista. Lo concreto y real es que esa colectividad política tiene en Chile y en todo el mundo dependencia directa del comunismo de la Unión Soviética, Eso los descalifica absolutamente para sostener que los miembros de un partido chileno y que plantea una posición nacionalista, por el hecho de haber actuado en la vida privada y desempeñar ahora funciones públicas, no tienen derecho a participar en los debates del Senado y, en este caso, en la discusión de las reformas constitucionales. En realidad, cuando el Partido Comunista ha debido defender lo indefendible, como las masacres provocadas por el comunismo internacional en todos los pueblos, es difícil... El señor CONTRERAS.- ¿Por qué no habla de la Escuela Santa María, de La Coruña y de San Gregorio...? El señor OCHAGAVIA.- Sus Señorías no tienen autoridad para levantar la voz, pues lo único que quieren es negar el derecho a hablar a otros y que pase el tiempo destinado a fundar el voto. El señor CONTRERAS.- ¿Por qué no contestan? El señor OCHAGAVIA.- La única respuesta que quiero dar es que cuando ustedes niegan la posibilidad de que sea la ley la que establezca los términos en que se va a formar el área privada, es porque saben que, gestándose la ley en el Congreso, y siendo éste elegido por el pueblo, no están en condiciones de tener una mayoría, pues ni siquiera van a contar con un tercio del respaldo popular. Esto ya se ha probado en todas las elecciones: en Valparaíso, en O’Higgins y Colchagua, y en Linares. Y quiero adelantar a los señores Senadores que el candidato de la Oposición en Coquimbo obtendrá 20 mil votos más que la candidata comunista. ¡Esa es la respuesta que le interesa al pueblo de Chile y no la repetición de los conceptos y consignas que los señores Senadores acostumbran plantear, tales como explotadores, profesionales de la vida política y todo lo demás! El que represento en el Senado es un partido que se enorgullece de las colectividades que fueron sus antecesoras, las que forjaron a Chile y le dieron una organización que ha sido modelo en América y en el mundo. Y es a esas agrupaciones a las cuales se han referido los comunistas. La verdad es que con gritos no lograrán acallar la verdadera respuesta del pueblo de Chile, que está atento en todos los sectores del país y que el próximo 16 de julio, desde Coquimbo, también se hará escuchar. Voto en contra. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez. El señor RODRIGUEZ.- Al fundar mi voto, creo que ninguno de los Senadores de la mayoría parlamentaria de Oposición se irá esta noche con la conciencia tranquila. En realidad, la votación de esta tarde o esta noche ha nacido como ilegítima. Es una votación espuria, porque más allá de la decisión mayoritaria en los votos, no cabe duda de que todo el proceso de la votación está controvertido desde su origen, falseado: se empieza por alargar arbitrariamente el Orden del Día, alegando o argumentando ilusorios precedentes, por interpretación de un solo funcionario del Senado. Eso ya le da un vicio real a la votación. En segundo lugar... El señor OCHAGAVIA.- Quienes han alargado la votación son ustedes. El señor RORDRIGUEZ.- Ruego al Honorable señor Ochagavía no interrumpirme, porque yo no lo hago cuando interviene. El señor OCHAGAVIA.- Es una acusación bastante injusta la de Su Señoría. El señor RODRIGUEZ.- En segundo lugar, como se ha recordado, ni siquiera se ha tenido la elegancia de mantener la forma del diálogo democrático, porque al señor Ministro de Justicia debió habérsele dejado hablar por su sola condición de tal, ya que él tenía que responder en nombre del Gobierno las observaciones de la Oposición, y por haber sido un poco de la familia del Senado, un funcionario a quien todos estimamos. Sin embargo, ni siquiera esa valió para concederle la, palabra. De manera que hacen mal quienes rasgan vestiduras democráticas para sostener sus argumentos, en circunstancias de que por vez primera, como lo decía el Honorable señor Teitelboim, se ha negado a un Ministro de Estado el derecho a la palabra. En tercer término, se ha procedido mal al no poner en votación la insistencia. Aquí, en el pronunciamiento que ya se conoce, escasamente la votación de la mayoría opositora ha reunido 31 votos, contra 18 de la minoría. De manera que ahí estaba la prueba de que, para mantener su criterio, requerían 34 votos. Por lo tanto... Ruego a la Mesa que me preste atención. ¡No siente más precedentes! Se necesitaban, digo, 34 votos para la insistencia. Es otro de los vicios que afectan a la votación. Por lo tanto, creo interpretar al Gobierno, creo interpretar lo que seguramente no alcanzó a decir el señor Ministro de Justicia, al sostener que al Gobierno le queda abierto el camino de apelar al Tribunal Constitucional. Esta resolución del Senado no obliga al Gobierno ni constitucional ni moralmente, para reconocerla como una decisión democrática que deba respetar. Debo contestar al Honorable señor Moreno que la posición de mi partido es clara en materia de plebiscito; pero no deseamos someter a la consideración del pueblo de Chile materias jurídicas abstractas. Queremos que el pueblo chileno se pronuncie sobre problemas concretos, que tengan relación con su vida, con su existencia, con su derecho al trabajo, con su derecho a nacionalizar, con su derecho a la salud, con su derecho, en suma, a ganar y concretar en disposiciones sólidas y estables lo que le ha costado largos años de esfuerzo. Ya nuestro criterio se dio a conocer en una resolución política de nuestro partido, de manera que no necesito repetirlo, sin perjuicio de que mañana o pasado volvamos sobre la materia. Finalmente, quiero reafirmar lo que dije esta mañana: se equivocan los sectores ultras de la Oposición si creen que con este revés parlamentario, con esta deformación jurídico-constitucional, pueden llegar a la escalada de precipitar la crisis presidencial. Reitero lo que dije esta mañana: eso no lo van a lograr por este camino, porque la crisis presidencial no la vamos a aceptar por resoluciones jurídico-constitucionales de la mayoría opositora. Y el compañero Allende va a terminar su período. Si acaso realmente quieren precipitar su caída, eso va a significar la guerra civil, va a significar sangre y dolor sobre este país. De manera que ustedes no esperen que por el camino legalista van a lograr la caída del Gobierno. Eso no lo van a obtener. De manera que el empeño es vano e inútil en cuanto a los forcejeos de la escalada que se ha reiterado esta tarde. Por lo tanto, los socialistas negamos como espuria, falsa, antidemocrática e ilegítima la votación que se está consumando en estos momentos, y la desconocemos. El señor IBAÑEZ.- ¡Eso sí que es grave! La señora CARRERA.- ¡Aquí todo es grave! El señor RODRIGUEZ.- ¡Todo es grave, hasta negarle el derecho a opinar al Ministro de Justicia! El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sepúlveda: El señor SEPULVEDA.- Es curioso lo que ocurre siempre: una declaración nuestra, en la que el partido expresa virilmente su actitud, de inmediato se convierte en grave para los señores Senadores de Oposición; pero resulta que ellos sí que pueden decir todo lo que se les ocurre e interpretar las leyes como quieran. ¡Y eso no es grave! Amarrar a un Gobierno y paralizar sus posibilidades, ¡no es grave! Amenazar, como lo han hecho algunos parlamentarios también con la guerra fratricida, con la desobediencia civil planteada como teoría, ¿qué significa, señores defensores del derecho? ¡Eso no es grave, porque ustedes sí que tienen el sacrosanto derecho de expresarse como dueños de Chile! ¡Esta democrática oligarquía que representan algunos señores Senadores, aquí, en este Parlamento, tiene todos los derechos! Cada vez que nosotros decimos que hay una soberanía que manda, que es la voluntad mayoritaria del pueblo, entonces están los artículos, la Constitución y todos, aquellos elementos de la juridicidad y de la defensa de los derechos humanos, toda esta monserga que utilizan cuando conviene a sus intereses. Nosotros les decimos claramente y lo repetimos, y no como amenaza: no vamos a aceptar, indudablemente, que a través de triquiñuelas jurídicas se quiera escamotear el poder del pueblo. Se equivocan en esto. Y ténganlo presente aquellos a quienes corresponde la responsabilidad de haber llevado las cosas a este terreno. Porque a los señores del Partido Demócrata Cristiano les puedo decir claramente aquí que, después de haber estado conversando con la Unidad Popular hasta hace segundos atrás, vienen después a defender de nuevo, jurídicamente, aspectos en los cuales han estado de acuerdo. Entonces, se colocan en una situación de defensa de posiciones que en el hecho los comprometen en un proceso de reversión en Chile, al igual que los caballeros de enfrente. Esto hay que decírselo a ustedes, porque se están echando sobre sus espaldas la responsabilidad de parar y detener el proceso de avance en el país. Ustedes han cedido a las presiones de la reacción chilena, ustedes han cedido a los consejos de El Mercurio, ustedes han cedido a todos aquellos intereses ocultos que están procurando por todos los medios impedir el avance de este país. Y ese impedimento que ustedes están logrando, lo buscan siempre por medio de la interpretación de aspectos jurídicos, y así es como han descalificado ya la posibilidad de que el Gobierno acuda al Tribunal Constitucional: ¡No; no puede ser! ¡No tiene derecho! Esto, para ustedes, no es grave. A su juicio, el Gobierno no puede hacer uso de una interpretación de la ley para acudir a un instrumento legal. Pero esto no es grave. Que nosotros digamos que recurriremos a ese expediente y que pidamos respeto de nuestro derecho, ¡ah!, ¡eso sí que es grave! No. Saquémonos alguna vez la careta. Si algún arreglo puede tener esto, depende, evidentemente, aún de la actitud de la Democracia Cristiana, porque aquí queda definido históricamente su real papel. Como está dicho, su reformismo, su avance, todo su programa sucumben aquí, con cada voto que emiten y que van a seguir emitiendo mañana. Sucumben frente al pueblo, frente a la alianza histórica reaccionaria que detiene el proceso. Esta es la realidad, ése es el fondo del asunto, y no el problemita de si aquí hay un tercio o dos1 tercios. Esas son las argucias legales de las que ustedes se valen para detener un proceso. Esos son los pretextos que se buscan y se han buscado siempre para impedir el avance. Esos son los elementos que los Poderes constituidos han utilizado siempre en contra de quienes están avanzando o quieren cambiar la forma de poder, en contra de quienes han querido hacer estas modificaciones. Caemos, pues, en lo de siempre: en que la Democracia Cristiana dice que va a hacer cambios, pero cuando llega la hora se une a los caballeros de allá... El señor MORENO.- Por la ley. El señor SEPULVEDA.- Por lo que sea. El señor MORENO.- No por lo que sea. El señor SEPULVEDA.- Usted es responsable, más que otros. Y será responsable ante la historia, tendrá que responder.... El señor MORENO.- Respondo de mis actos. El señor SEPULVEDA.- Indudablemente, ante el pueblo de Chile tendrá que responder de paralizar este proceso en que un Gobierno, mediante la ley, quiere hacer las transformaciones. Voto que sí. El señor VON MUHLENBROCK.- Señor Presidente, la máquina decapitado-ra de los vetos cayó de nuevo sobre el área privada en este inciso, como más adelante, en otra observación del Ejecutivo, la misma guillotina caerá implacable sobre el anhelo democratacristiano de establecer en Chile las primeras empresas de trabajadores, anhelo en el cual encontrara a nuestro partido dispuesto a cooperar. Este veto, como lo han dicho ya los colegas especialistas en asuntos jurídicos, es ambiguo, impreciso y quita toda protección, toda sensación de confianza al área privada. El texto que aprobó el Congreso Pleno establecía la obligación de que en el área privada estuvieran las empresas que determinara la ley. El Poder Ejecutivo elimina la mención de la ley y deja un concepto prácticamente anodino. De ahí que sea muy interesante hacer algunas comparaciones. El área privada ha sido esta nación, en el pasado; la que creó todas sus estructuras económicas; la que creó su desarrollo jurídico; la que creó el Estado chileno en su prestigio y en su tradición. Observemos por un segundo la marcha de las áreas, porque ha caído Chile en este momento en el estatismo. Pensemos por un instante cómo está constituido el Esta-en sí, cómo está esa naciente esperanza de los trabajadores de los grandes sectores marginados, y qué va quedando del área privada. Señor Presidente, el índice del costo de la vida llegará en junio a alrededor del 30%. El Poder Ejecutivo se enfrenta al cumplimiento de uno de los puntos de sus cuarenta medidas, o sea, la devolución del poder adquisitivo de las clases trabajadoras. ¿Con qué va a financiarlo? Había sido norma sana en este país tratar de aplicar impuestos directos. Hoy día, se tendrá que recurrir a los impuestos indirectos. Como consecuencia de la política económica seguida por este Gobierno, el látigo terrible de la fatiga tributaria caerá ahora sobre los consumidores, sobre el pueblo. Miremos en qué situación se encuentran las áreas. Desapareció el latifundio; ya no existe. Se han expropiado más de 7 millones de hectáreas. El área reformada ocupa el 60% de la tierra agrícola chilena. Casi el 50% del área industrial porque no hablemos del artesanado ni de los pequeños industriales está ya en poder del Estado. La banca: en sus primeros seis meses de Gobierno, la Unidad Popular nacionalizó los bancos con el sistema de la compra de acciones, aprovechando los resquicios de la legislación chilena, tan poco ejecutiva, tan poco dura en especificar los procedimientos. En el primer balance, de seis meses, ya los bancos empezaron a registrar pérdidas. Ahora van a tener que ser bonificados por el Estado. Se esfumó la ilusión, producto posiblemente, se podría decir, de la alucinación de quienes creían que las empresas estatificadas generarían excedentes. Desaparecieron las fuentes de financiamiento del Presupuesto. ¿Qué controla el Estado? La Administración Pública total; la Corporación de Fomento y todas sus instituciones y filiales; la construcción, por intermedio de la CORVI y la CORMU; el transporte: Empresa Nacional de Transportes, Ferrocarriles, LAN, Empresa Portuaria; el crédito, a través del Banco Central; el crédito selectivo y cuantitativo, por intermedio del Banco del Estado. Ya he dicho que todas las empresas bancarias estatificadas registran grandes pérdidas. No se ha desmentido que las empresas del área estatal están perdiendo ya el 50% de todo el Presupuesto de la nación. El señor PALMA (Presidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría. El señor VON MUHLENBROCK.- Señor Presidente, permítame un minuto, la gracia que ha concedido a todos los señores Senadores. Agréguense el salitre, el acero, el petróleo, el azúcar, la energía, el carbón; y, en la cumbre de esta pirámide, el cobre. El cobre, que daba a Chile 300 millones de dólares de utilidades, hoy día arroja pérdidas. Esta es la gigantesca área estatal, incapaz de financiar ningún tributo, incapaz de financiar ninguna obra pública, incapaz de financiar reajustes de sueldos y salarios. Y en el área privada, ¿qué va quedando? La industria pequeña y mediana, los artesanos, los pequeños comerciantes, los pequeños agricultores. Más adelante, el veto también los condena. De ahí que esta redacción ambigua sea triste. Esto se derrumbará solo, como un castillo de naipes. La iniciativa privada, creadora, la que hizo a Chile, en este veto se reduce a un papel secundario, anodino. Los señores de la Unidad Popular cosecharán lo que han sembrado. En consecuencia, reiterando los ideas de mi partido, voto que no. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 30 votos por la negativa, 18 votos por la afirmativa. Votaron por la negativa los señores Acuña; Aguirre Doolan; Baltra; Ballesteros; Bossay; Bulnes Sanfuentes; Carmona; Durán; Ferrando; Foncea; Fuentealba; García; Gormaz; Hamilton; Ibáñez; Irureta; Lorca; Morales Adriasola; Moreno; Musalem; Noemi; Ochagavía; Olguín; Pablo; Palma; Papic; Prado; Reyes; Valenzuela y Von Müklenbrock. Votaron por la afirmativa las señoras Campusano y Carrera, y los señores Altamirano; Contreras; Corvalán; Chadwick; Gumucio; Jerez; Luengo; Miranda; Montes; Rodríguez; Sepúlveda; Silva Ulloa; Sule; Tarud; Teitelboim y Valente. El señor PALMA (Presidente).- Rechazada la observación. El señor RODRIGUEZ.- No hay los dos tercios. También es ilegítima esta votación. El señor VALENTE.- Reclamamos la insistencia. El señor PALMA (Presidente).- Corresponde al Senado iniciar la hora de Incidentes. VI.- INCIDENTES. PETICIONES DE OFICIOS. El señor FIGUEROA (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El señor PALMA (Presidente).- En conformidad al Reglamento, se enviarán dichos oficios, en nombre de los señores Senadores que los han solicitado. Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes: Del señor Aguirre Doolan: LOCAL PARA ESCUELA TECNICA FEMENINA DE CHILLAN (ÑUBLE). Al señor Ministro de Educación Pública y, por su intermedio, a la Sociedad de Establecimientos Educacionales, a fin de que se considere debidamente la urgente construcción de un edificio en que pueda funcionar, sin las graves deficiencias del actual, la Escuela Técnica Femenina de Chillán, de la provincia de Ñuble, consultándose además capacidad para un moderno internado, con capacidad para no menos de 300 alumnas. GIMNASIO TECHADO PARA LA SERENA (COQUIMBO). Al señor Ministro de Defensa Nacional, y por su intermedio al Director de Deportes y Recreación, a fin de que se apresure la contratación de los trabajos de construcción del gimnasio techado en la ciudad de La Serena, provincia de Coquimbo, largamente programado. OBRAS PÚBLICAS EN CURANILAHUE (ARAUCO). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, y por su intermedio al Departamento de Arquitectura, a fin de que se atienda la petición de la Ilustre Municipalidad de Curanilahue, provincia de Arauco, tendiente a trabajos de construcción, ya financiados, dando prioridad a construcción del estadio fiscal, terrenos donados a Obras Públicas, por ENACAR; cuartel general del Cuerpo de Bomberos, en terrenos de esa institución y construcción del restaurante popular, en el balneario de la piscina municipal, que fueron donados por la Sociedad Agrícola y Forestal Colcura S. A. Todo esto significa una inversión de Eº 4. 800. 000. CONSTRUCCION DE GIMNASIO TECHADO EN LA SERENA (COQUIMBO). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, y por su intermedio a la Dirección de Arquitectura, a fin de que se ordene la pronta contratación de los trabajos de construcción del gimnasio techado ofrecido a la ciudad de La Serena, provincia de Coquimbo, desde hace mucho tiempo. Del señor Fuentealba: BENEFICIO, POR GRACIA, PARA DON JUAN VEGA CONTRERAS. A Su Excelencia el Presidente de la República, a fin de que, con los nuevos antecedentes que acompaño a la moción que beneficia, por gracia, a don Juan Vega Contreras, se sirva otorgar el patrocinio constitucional respectivo. Del señor Hamilton: CONSTRUCCION DE PUENTE MANIHUALES (AISEN). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, transmitiéndole la petición formulada por el Sindicato Profesional de Dueños de Camiones de Aisén en el sentido de construir a la brevedad el puente Manihuales. Del señor Jerez: RIPIADURA DE CAMINO DESDE COMUNA DE PINTO A CHILLAN (ÑUBLE). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, en los siguientes términos: Haciéndome eco de la preocupación que tienen los habitantes de la comuna de Pinto, departamento de Chillán, provincia de Ñuble, quienes solicitan ripiadura para camino Ciruelito Balza Zapallar, me permito manifestarle lo siguiente: Que este camino fue ripiado hace 6 años, lo que ha permitido sacar con mayor facilidad a Chillán, trigo, papas, carbón, remolacha y otros productos. Debido al continuo uso, el ripio ha desaparecido y en la actualidad es imposible el tránsito de cualquier vehículo motorizado. Por lo anteriormente expuesto, solicito al señor Ministro se sirva tomar las medidas del caso a fin de que se destinen los fondos necesarios para la obra que indico. Ruego informarme sobre el particular. GIMNASIO TECHADO PARA CAÑETE (ARAUCO). Al señor Director de Deportes del Estado, en los siguientes términos: El Consejo Local de Deportes de la ciudad de Cañete, presidido por don Aquiles Pereira Muñoz, me ha planteado la necesidad de construir gimnasio techado, ya que, debido a lo lluvioso del clima, gran parte del año no se puede practicar ningún deporte. Los cañetinos están decididos a prestar el máximo de cooperación, contando ya con el terreno, la arena, el ripio y un aporte económico. Estimo que este esfuerzo de los propios interesados debe ser tenido en la consideración que corresponde, y por lo anteriormente expuesto solicito al señor Director se sirva tomar las medidas del caso a fin de que esta obra sea una pronta realidad. Ruego informarme sobre el particular. Del señor Lorca: INCLUSION DE LA PROVINCIA DE CHILOE EN NORMAS RELATIVAS A VIVIENDAS ECONOMICAS DE ZONA AUSTRAL. Al Presidente de la República, en los siguientes términos: Las provincias australes del país, Chiloé, Aisén y Magallanes, constituyen una unidad geográfica, política y económica, regida por una legislación generalmente común. Sin embargo, el Reglamento Especial de Viviendas Económicas, contenido en el Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas Nº 1. 608, publicado en el Diario Oficial de 5 de septiembre de 1959, dispone en su artículo 10 algunas normas especiales en beneficio de las viviendas económicas que se construyan en las provincias de Aisén y Magallanes, que no se aplican a las de la provincia de Chiloé. Tales normas especiales consisten en la posibilidad de agregar a las viviendas económicas construcciones exteriores a la vivienda misma, que no incluyan instalaciones de servicios higiénicos, y cuya superficie no sobrepase 16 metros cuadrados, las cuales no serán computables para los efectos de aplicar a dicha vivienda los beneficios, franquicias y exenciones que contiene el D. F. L. Nº 2, de 1959. Estos preceptos, ampliamente justificados por la dureza de las condiciones climáticas de la zona, excluyen, sin razón aparente, a la provincia de Chiloé, que las posee similares. Para solucionar este problema basta la dictación de un decreto supremo que modifique el Reglamento citado, en el sentido de incluir dentro de las normas especiales referidas a la provincia de Chiloé. En consecuencia, solicito a Vuestra Excelencia tenga a bien disponer la dictación de un Decreto Supremo del siguiente tenor: Decreto: Artículo único.- Intercálase, en el inciso final del artículo 10 del Decreto Supremo del Ministerio de Obras Públicas Nº 1. 608, publicado en el Diario Oficial de 5 de septiembre de 1959, entre las palabras de y Aisén lo siguiente: Chiloé,. Del señor Morales Adriasola: HABILITACION DE PUERTO DE QUELLON (CHILOE). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, a fin de que la Dirección de Obras Públicas estudie la posibilidad, consignando los fondos necesarios, de habilitar el puerto de Quellón, provincia de Chiloé, con el propósito de que pueda operar en carga y descarga un ferry-boat de alta mar que uniría ese puerto con el de Chacabuco, en la provincia de Aisén, solucionándose en esta forma el problema de aislamiento que aqueja a esta última provincia, que se ve obligada a movilizar la mayor parte de su carga, a través de la República Argentina, con las consiguientes demora y molestia. Del señor Moreno: PERSONALIDAD JURIDICA PARA SINDICATO DE LA CONSTRUCCION DE SALAMANCA (COQUIMBO). Al señor Ministro de Justicia, solicitándole lo siguiente: Acelerar los trámites para conceder personalidad jurídica al Sindicato de la Construcción de la localidad de Salamanca, provincia de Coquimbo, ya que tiene actualmente más de doscientos socios y le es imprescindible contar con dicha personalidad jurídica para desarrollar sus actividades. LUZ ELECTRICA PARA MIEMBROS DE COMITE DESPERTAR CAMPESINO (O’HIGGINS). Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole lo siguiente: Dotar de luz eléctrica a las casas de los miembros del Comité Despertar Campesino, de la comuna de El Olivar, provincia de O’Higgins, ya que actualmente se cuenta con la instalación respectiva en algunas casas, pero fue cortada por falta de pago. ENTREGA DE VIVIENDAS A COOPERATIVA ASIGNATARIA PUPILLA LIMITADA (COLCHAGUA). Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole lo siguiente: Proceder a hacer entrega de una casa que se encuentra asignada a los socios de la Cooperativa Asignataria Pupilla Limitada, de la provincia de Colchagua, ya que con dicha entrega se normalizará un problema de vivienda en dicha Cooperativa. PRIORIDAD EN ASIGNACION DE VIVIENDAS EN RANCAGUA (O’HIGGINS). Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, solicitándole lo siguiente: Dar prioridad en la asignación de viviendas a los socios de la comunidad ex propietaria de la Quinta Nanito, de la ciudad de Rancagua, quienes vendieron dicha propiedad a la Corporación de la Vivienda, por acuerdo Nº 7357, de fecha 2 de marzo de 1971, acordándose dicha prioridad para los comuneros pertenecientes al Sindicato Profesional, en Rancagua, de la Sociedad Minera El Teniente. MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA COOPERATIVA CHOCALAN (O’HIGGINS). Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, solicitándole lo siguiente: Dotar a la Cooperativa Multiactiva Regional Choealán Limitada de 2. 000 planchas de zinc de 3 metros cada una y 2. 000 planchas de pizarreño, para ser usadas en techar las casas de los socios de dicha Cooperativa, ya que por los violentos temporales que han azotado a la provincia de O’Higgins y por la no entrega de estos materiales, esas personas están viviendo casi a la intemperie. Dicha Cooperativa está en condiciones de pagar al contado la compra de los referidos materiales de construcción. SERVICIOS ELECTRICOS PARA SECTORES DE COMUNA DE COLTAUCO (O’HIGGINS). Al señor Director General de Servicios Eléctricos, solicitándole lo siguiente: Dotar de servicios eléctricos a los sectores denominados Almendro, Camino Nuevo, Rosita Elizondo, El Rosal, San Juan, Paradero Almendro y Camino José Luis Vidal, de la comuna de Coltauco, provincia de O’Higgins, ya que les es indispensable contar con dicho servicio. SEPARACION DE CUENTAS BANCARIAS DE ASENTAMIENTO PURISIMA EN BANCO DEL ESTADO, OFICINA NANCAGUA (COLCHAGUA). Al señor Agente del Banco del Estado de la comuna de Nancagua, solicitándole lo siguiente: Separar las cuentas bancarias de los grupos A-12 y B-13, del Asentamiento Purísima, de la localidad de Puquillay, comuna de Nancagua, provincia de Colchagua. Del señor Ochagavía: TELEFONO PÚBLICO PARA TOCOIHUE (CHILOE). Al señor Ministro del Interior, solicitándole tomar medidas a fin de instalar un teléfono público en la localidad de Tocoihue, comuna de Dalcahue, provincia de Chiloé. Debo hacerle presente que, para este fin, existe un ofrecimiento de donar los postes y facilitar una pieza para su colocación. MOBILIARIO, ENSERES DIVERSOS Y DESTINACION DE FUNCIONARIO PARA ESCUELA Nº 8, DE COCHRANE (AISEN). Al señor Ministro de Educación Pública, reiterándole mi oficio de fecha 19 de mayo de 1972, en el cual le solicitaba tomar las medidas tendientes a solucionar el grave problema que afecta a la Escuela Nº 8, de la localidad de Cochrane, provincia de Aisén, como son la falta de mobiliario, vajilla para el comedor, material didáctico, material de aseo, creación de plaza de inspectores, y destinación de un funcionario de la Junta de Auxilio Escolar y Becas. Debo hacer presente que el Centro de Padres y Apoderados de dicho establecimiento escolar, en asamblea efectuada el día 16 de mayo del presente año, ha acordado realizar una huelga no enviando sus niños a clases hasta contar con la materialización de estas aspiraciones. CONSTRUCCION DE CAMINO COSTERO EN TOCOIHUE (CHILOE). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, solicitándole que la Dirección de Vialidad tome medidas a fin de construir el camino costero en la localidad de Tocoihue, comuna de Dalcahue, provincia de Chiloé. ATENCION MÉDICA PERMANENTE EN QUEILEN (CHILOE). Al señor Ministro de Salud Pública, solicitándole la posibilidad de ordenar el traslado permanente de un médico que atienda a los numerosos pobladores de la comuna de Queilén, Departamento de Castro, Chiloé, ya que en la actualidad sólo una vez al mes, o cada dos meses, llega un facultativo a esa localidad. Del señor Silva Ulloa: INTERPRETACION DE DECRETOS RELACIONADOS CON INDUSTRIAS DE ARICA (TARAPACA). Al señor Ministro de Hacienda y señor Contralor General de la República, solicitándoles arbitrar medidas que permitan resolver discrepancias en interpretación de decretos relacionados con industrias establecidas en Arica, discrepancias entre señores Inspectores de la Contraloría y el Círculo de Vistas de Aduanas de ese puerto. Del señor Valente: ALZAS DE TARIFAS ELECTRICAS, EN TALTAL Y TOCOPILLA (ANTOFAGASTA). Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en los siguientes términos: He sido informado de que la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) reajustará los valores de las tarifas eléctricas para Taltal y Tocopilla. He recibido numerosas peticiones de los diversos sectores de la población en el sentido de solicitar de ENDESA la fijación de tarifas equitativas para ambos departamentos, dadas las condiciones económicas en que se desarrollan. Agradeceré al señor Ministro que se sirva hacer llegar a la citada Empresa esta petición, sea en el sentido de no aplicar alzas en las tarifas, o, en subsidio, para que estas alzas sean leves y no afecten mayormente a los usuarios de los servicios de electricidad. DEFICIENCIAS DEL LICEO DE HOMBRES DE SANTA CRUZ (COLCHAGUA). Al señor Ministro de Educación Pública, en los siguientes términos: El señor Rector del Liceo de Hombres de Santa Cruz ha enviado al suscrito el memorándum que me permito hacer llegar al señor Ministro, en el que señala las deficiencias y las necesidades de ese Colegio. Resumiendo la información, expongo al señor Ministro los antecedentes entregados por el señor Rector: 1.- Salas de Clases. Son insuficientes. Para 19 cursos se cuenta sólo con 12 salas Se necesita, con urgencia, la ampliación del local, la construcción de nuevas salas de clases considerando, que la matrícula para 1972 alcanza a 670 alumnos y se prevé un incremento importante para los próximos años; 2.- Sala Auditorium o de Actos. Se carece de una sala como la detallada. Los actos culturales, artísticos, deportivos y de otra índole no se desarrollan con la normalidad del caso por estas dificultades. Se precisa la construcción de una sala de este tipo. 3.- Comedor de Alumnos. Con la eficaz y notable colaboración del Centro de Padres y Apoderados se financió y habilitó un comedor provisional de 4 m. x 8 m. donde pueden almorzar 80 alumnos. También desayunan 200 estudiantes. Es una sala estrecha, de material ligero, inadecuada para estas funciones. Se impone la construcción de una sala-comedor de material sólido, con mayores comodidades y más capacidad, dotada de los elementos indispensables para atender adecuadamente a los estudiantes. El señor Rector me manifiesta que son varios los problemas materiales del edificio del liceo y que la necesidad de ampliar sus instalaciones, sus salas de clases y otros recintos, es impostergable. Agradeceré al señor Ministro se sirva disponer que se acojan las sugerencias del señor Rector y se resuelvan los problemas que ha expuesto en su memorándum. ENTREGA POR EMPRESARIOS DE FONDOS SINDICALES A SINDICATO DE TRANSPORTISTAS DE LECHE (VALDIVIA Y LLANQUIHUE). A la señora Ministra de Trabajo y Previsión Social, en los siguientes términos: El Sindicato de Transportistas de Leche de la zona comprendida entre las provincias de Valdivia y Llanquihue ha expresado al suscrito él grave problema que se le presenta debido a que no recibe las cuotas sindicales retenidas por los productores y que corresponde percibir a ese Sindicato. En efecto, por el sistema vigente, los sectores empresariales perciben globalmente, junto a otros valores, la parte correspondiente a las cuotas sindicales, las que son enteradas al Sindicato después de cuatro meses. Este procedimiento perjudica al Sindicato, que no puede cumplir sus compromisos económicos, por el atraso en la percepción de los recursos. Me han solicitado sus dirigentes pedir a la señora Ministra que se sirva disponer que la autoridad competente de la zona resuelva a la brevedad este problema, exigiendo a los empresarios la entrega de los fondos; sindicales al Sindicato dentro de los primeros cinco días del mes siguiente al de su percepción. VENTA DE VIVIENDAS DEL FERROCARRIL DE ANTOFAGASTA A BOLIVIA. Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, en los siguientes términos: La Ley 17. 412 dispuso en su artículo 13 la venta de las viviendas de propiedad del Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia a sus actuales ocupantes. Esta disposición está siendo cumplida por el Ministerio y se han realizado las primeras gestiones para concretar esta operación. Las viviendas por vender corresponden a las que pertenecen a la Empresa del F. C. A. B. tanto en Mejillones como en Antofagasta, Calama y otras ciudades de la provincia de Antofagasta. Sin embargo, es obvio que esta venta no beneficiará a las personas que, siendo ocupantes de estas casas, tengan otra propiedad, pues la ley declara incompatibles ambas posibilidades. En este caso, agradeceré al señor Ministro disponer que aquellas casas no asignadas a sus ocupantes, por las razones expuestas, es decir, por tener ya el ocupante la calidad de propietario de una casa, les sean asignadas a los integrantes de la Cooperativa de Viviendas General Baquedano, de Antofagasta, que está realizando las gestiones para adquirir las viviendas no transferidas y para lograr, en el sector, la construcción de viviendas en altura para solucionar el problema habitacional de sus cooperados. Al respecto, ruego al señor Ministro disponer que la Delegación del Ministerio en Antofagasta, tenga en cuenta esta petición al hacer las gestiones de venta, realizar un censo de los ocupantes dueños y tomar contacto con los dirigentes de esta Cooperativa para los afectos de esta petición. ASIGNACION DE VIVIENDAS A MIEMBROS DEL SINDICATO PROFESIONAL DE EMPLEADOS DE BAHIA Y RIBERA, DE IQUIQUE (TARAPACA). Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo y a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, en los siguientes términos: El Sindicato Profesional de Empleados de Bahía y Ribera, de Iquique, ha expuesto al suscrito la dramática situación de sus asociados en cuanto al problema habitacional. Agregan que existen en Iquique diversas construcciones de viviendas y se proyecta un plan de remodelación para resolver este problema en forma efectiva. Como son imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional, solicitan al suscrito que interceda ante el señor Ministro para, que la Caja adquiera departamentos en estas construcciones y las asigne a sus imponentes. De acuerdo con las informaciones proporcionadas, la Caja de Previsión citada cuenta con los recursos para estas adquisiciones de manera que, o puede adquirir las viviendas que se construyan por intermedio de la CORMU u otro organismo, o llamar a propuestas públicas para la construcción de casas directamente con los aportes de la Caja. En Iquique existen terrenos disponibles para estas construcciones y la Corporación de Mejoramiento Urbano está autorizada para expropiar los terrenos eriazos a fin de convertirlos en zonas habitacionales. Agradeceré al señor Ministro disponer que la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional acoja estas peticiones. Del señor Valenzuela: CONSTRUCCION DE PUENTES SOBRE RIO Y ESTERO DE CODEGUA (O’HIGGINS). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, a fin de solicitarle se sirva considerar a la brevedad posible la construcción de puentes sobre río y estero Codegua, de la comuna de Codegua, de la provincia de O’Higgins, ya que con los últimos temporales aumentó el caudal del río y del estero Codegua, quedando el primero cortado 50 metros más al sur y todo el trabajo de canalización fue destruido, estando actualmente el río Codegua idéntico como estaba antes de la canalización. Además, el estero Codegua, que no tiene puente, obstaculiza el tránsito hacia la Compañía y Graneros, con lo cual se perjudica a los contribuyentes con lamentables consecuencias de locomoción colectiva y particular. El señor PALMA (Presidente).- En Incidentes, ofrezco la palabra al Comité Socialista. El señor RODRIGUEZ.- Renunciamos a nuestro tiempo, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Mixto. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Al Comité Nacional, ofrezco la palabra. El señor GARCIA.- Renunciamos a nuestro tiempo, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Se levanta la sesión. Se levantó a las 22. 39. Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción. ANEXOS. DOCUMENTOS. 1 INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN LA MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR MUSALEM, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UN NUEVO PLAZO A LAS MUNICIPALIDADES PARA TRANSFERIR A SUS ACTUALES OCUPANTES LOS TERRENOS DE SU PROPIEDAD EN QUE AQUELLOS HUBIEREN CONSTRUIDO VIVIENDAS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros el proyecto de ley iniciado en Moción del Honorable Senador señor Musalem que concede un nuevo plazo para que las Municipalidades puedan transferir a sus actuales ocupantes determinados terrenos en conformidad a la ley Nº 15. 629. El artículo 1º de la citada ley facultó a los Municipios para que, en sesión especialmente citada al efecto y con el voto de los dos tercios de los Regidores en ejercicio, transferirán a sus actuales ocupantes los terrenos de su propiedad en que aquéllos hubieren construido viviendas cuyo costo no excediera de seis sueldos vitales anuales. Asimismo, fijó normas para el pago a plazo de los inmuebles transferidos, y autorizó, en casos calificados, la donación de ellos a personas de escasos recursos. El primitivo plazo de vigencia de la disposición comentada, que expiraba el 21 de agosto de 1965, fue ampliado por el artículo 141, Nº 1, de la ley Nº 16. 840, por el artículo 4º de la ley Nº 17. 283 y por el artículo único de la ley Nº 17. 456, habiendo vencido la última prórroga el 27 de enero del año en curso. El artículo 1º de la iniciativa en informe concede a los Municipios un nuevo término de 180 días para ejercer la referida facultad. El Honorable Senador señor Musalem manifestó que numerosos sectores le habían hecho presente la necesidad de otorgar a las Corporaciones Edilicias este nuevo plazo para hacer uso de la autorización mencionada, ya que por diversos motivos de índole administrativa no habían podido aún gozar de los beneficios de esta ley los habitantes de una importante cantidad de poblaciones. Agregó Su Señoría que, para evitar que sea necesario volver a legislar sobre el particular, sería aconsejable extender a un año el plazo que concede el proyecto. El artículo 2º de la iniciativa dispone, que han sido y son aplicables en las comunas declaradas como afectadas por un sismo o catástrofe, las normas del artículo U, agregado a la ley Nº 16. 282 por el artículo 1º de la ley Nº 17. 564, sin que rija la limitación establecida en el inciso séptimo de dicho artículo U, que señala que las disposiciones de éste sólo beneficiarán a las poblaciones que existieren de hecho a la fecha de dictación del decreto que declara a la respectiva comuna como afectada por un sismo o catástrofe. El artículo U contiene diversos preceptos que, en general, establecen procedimientos para regularizar los títulos de dominio de los habitantes de poblaciones de tipo popular y autorizan a las Municipalidades para aprobar definitivamente los planos de loteos y subdivisiones de predios en los cuales existan de hecho estas poblaciones, aun cuando dichos predios no cuenten con la urbanización y demás requisitos exigidos por la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización o las ordenanzas municipales respectivas y aun cuando estas poblaciones se encuentren ubicadas fuera del radio urbano de la correspondiente comuna. Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó en general la iniciativa, aceptando con la misma votación su artículo 1°. Sin embargo, estimó demasiado amplios los términos en que estaba concebido el artículo 2º de la Moción y resolvió restringirlos con el objeto de aplicar las normas esenciales y atinentes del mencionado artículo U sólo a aquellas poblaciones instaladas, con anterioridad al sismo del 8 de julio de 1971, en terrenos de propiedad municipal que las correspondientes Corporaciones Edilicias acuerden transferir a sus actuales ocupantes en virtud de la ley Nº 15. 629, cuyo plazo de vigencia como hemos dicho se amplía en el artículo 1º de la iniciativa. Además, resolvió aprobar la sugerencia del Honorable Senador señor Musalem en orden a extender a un año el nuevo plazo que se concede y reordenó el articulado de la Moción en una disposición única. En mérito de lo relacionado, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros, por unanimidad, que aprobéis el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Otórgase un nuevo plazo de un año, contado desde la fecha de publicación de esta ley, para que las Municipalidades puedan ejercer la facultad concedida en el artículo 1º de la ley Nº 15. 629, modificado por los artículos 141, Nº 1, de la ley Nº 16. 840, 8 de la ley Nº 17. 031 y 4º de la ley Nº 17. 283, y por el artículo único de la ley Nº 17. 456. Al hacer uso de la autorización referida en el inciso anterior, los Municipios de las comunas que en virtud del artículo 1º de la ley Nº 16. 282 hayan sido declaradas como afectadas por el sismo ocurrido el 8 de julio de 1971, podrán, con el voto de los dos tercios de los Regidores en ejercicio, proceder a la aprobación definitiva de los planos de loteos y subdivisión de predios en los cuales existían de hecho, a la fecha del mencionado sismo, poblaciones de tipo popular, aun cuando dichos predios no cuenten con la urbanización y demás requisitos exigidos por la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización o las ordenanzas municipales respectivas y aun cuando estas poblaciones se encuentren ubicadas fuera del radio urbano de las correspondientes comunas. Todas las escrituras a inscripciones que sean necesarias para materializar lo dispuesto en la citada ley Nº 15. 629 y en el presente artículo, serán absolutamente gratuitas para los interesados. Las respectivas Municipalidades deberán levantar y protocolizar planos de las poblaciones que se acogieren a los beneficios otorgados en la ley Nº 15. 629 y en este artículo. Sala de la Comisión, a 4 de julio de 1972. Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Baltra, Morales y Musalem. (Fdo.): Rafael Eyzaguirre E., Secretario. 2 INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR BALLESTEROS, QUE OTORGA UN NUEVO PLAZO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, A FIN DE QUE DE CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 14 DE LA LEY Nº 17. 564, RELATIVO A LA DICTACION DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO ORGANICO PARA LA CORPORACION DE DESARROLLO DE VALPARAISO Y ACONCAGUA. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Economía y Comercio ha estudiado el proyecto de ley del rubro, para lo cual contó con informaciones proporcionadas personalmente tanto por el señor Contralor General de la República, don Héctor Humeres, como por el Director de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), don Gonzalo Marhner. La ley Nº 17. 564, de 22 de noviembre de 1971, creó las Corporaciones de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua, y Coquimbo y Atacama. El artículo 14 de este cuerpo legal, dispone textualmente lo siguiente: Artículo 14.- Dentro del plazo de 60 días contado desde la publicación de esta ley, el Presidente de la República dictará el Estatuto y Reglamento Orgánico, que regirá la Corporación. El Ejecutivo no dictó los referidos Estatutos y Reglamentos dentro del término establecido, razón por la cual no ha podido constituirse la Corporación de Valparaíso y Aconcagua que tiene por finalidad programar y fomentar las actividades agrícolas, mineras, industriales, comerciales y turísticas de las zonas, a través de la elaboración, ejecución y financiamiento de programas y proyectos de inversión. Posteriormente, con fecha 24 de abril último, por Decreto Nº271, expedido tres meses después de la finalización del plazo fijado por la ley, fue enviado un Decreto a la Contraloría General de la República, el cual fue devuelto sin tramitar por este Organismo con fecha 2 de junio en curso, por razones relativas a procedimiento o meramente formales. En el seno de vuestra Comisión, el propio señor Contralor aclaró que el Presidente de la República podía dictar este decreto fuera del plazo fijado, pues en este caso no se trataba de un Decreto con Fuerza de Ley ni de un Reglamento Incorporado, en cuyos casos no habría podido hacerlo, sino del mero ejercicio de su Potestad Reglamentaria. Sobre el particular, el Organismo Contralor informó textualmente lo siguiente: Mediante el decreto del rubro, se aprueba el Reglamento de la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua. Desde luego, entiende este Organismo que el documento en examen, atendida su naturaleza y el contenido de las normas que en él se consignan, constituye un simple decreto supremo y, por ende, no es dable estimar que esos preceptos tendrían fuerza de ley o configurarían un reglamento incorporado. En tal virtud, la circunstancia de que el decreto haya sido dictado fuera del plazo de 60 días señalado en el artículo 14 de la ley 17. 564, no obstaría a la legalidad del documento. El Director de la Oficina Planificación Nacional señaló que la ley Nº 17. 564 contiene un conjunto de disposiciones legales que en realidad constituyen la esencia del Estatuto Orgánico, razón por la cual no es necesario que el Ejecutivo proceda a dictar un Estatuto de esta naturaleza, y que el Reglamento debía limitarse a meros aspectos formales. De ahí que el Ejecutivo no le haya dado importancia al plazo existente, preocupándose en cambio, de otros aspectos relativos a la constitución de la Corporación. Así, fue designado su Vice Presidente y quedó seleccionado el personal técnico que será contratado, existiendo un programa a seis años con proyectos claros y definidos. Terminó haciendo presente su duda de si podía constituirse la Corporación sin que se haya designado la totalidad de los miembros que por mandato legal forman su Consejo. El Honorable Senador señor Ballesteros expresó, en primer término, que el propósito que se tuvo en vista para la aprobación del artículo 14 de la ley Nº 17. 564, fue el de delegar en el Ejecutivo la facultad de dictar el Estatuto Orgánico de la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua. En segundo lugar, confirmó la duda del señor Martner en el sentido de que la referida Corporación no podía constituirse por no estar designados la totalidad de los integrantes del Consejo y por no haberse dictado el correspondiente decreto, opinión esta última que fue compartida en la Comisión por el señor Contralor General de la República, el cual se la hizo presente a las autoridades respectivas que lo consultaron sobre el particular. En tercer lugar, el mismo señor Senador manifestó que, atendida la declaración formulada por el señor Director de ODEPLAN, relativa a que el Ejecutivo no precisa de la dictación de un Estatuto Orgánico, y que no tiene intención ni interés en hacer uso de la facultad conferida, ya que, a juicio de dicho funcionario, la ley es suficientemente completa al respecto, razón por la cual resulta innecesaria la facultad conferida por el artículo 14 de la ley citada, no insiste en la idea contenida en el proyecto de que es autor, relativa a conceder una ampliación del plazo primitivo de 60 días para que el referido Estatuto fuera dictado. En reemplazo de la idea original, el mismo señor Senador expresó que es importante consultar entonces una norma que establezca que la referida Corporación pueda constituirse legalmente y en forma provisoria con aquellas personas que representen a instituciones u organismos que cuenten con personalidad jurídica, y que la situación definitiva puede regularizarse dentro de un plazo de 60 días, de conformidad con el Reglamento que se dicte. En este sentido, formuló indicaciones para sustituir el texto del proyecto con la finalidad señalada, lo cual fue unánimemente aprobado. Por su parte, el Honorable Senador señor Valente sugirió se autorizase a la mencionada Corporación para constituirse en forma provisoria, de acuerdo con una concepción similar a la contenida en la ley sobre Previsión de los Comerciantes. El Honorable Senador señor Carmona pidió contemplar también en el proyecto la situación semejante en que se encuentra la Corporación de Desarrollo de Coquimbo y Atacama, idea que fue unánimemente aprobada. Finalmente, la Comisión se impuso de una indicación del Honorable Senador señor Baltra, mediante la cual se dispone que el Presidente de la República, dentro del plazo de 60 días luego de publicada esta ley, deberá dictar el Reglamento Orgánico de la Junta de Desarrollo Industrial de Bío Bío, Malleco y Cautín. Respecto de esta indicación, no hubo pronunciamiento de la Comisión en atención a que la facultad que ella contempla, en opinión del señor Martner, es innecesaria, ya que el Presidente de la República puede para este efecto hacer uso de su Potestad Reglamentaria. Tampoco fue incluida dicha Junta dentro del artículo único del proyecto de ley que os proponemos, pues ella se encuentra constituida. De acuerdo con lo expuesto, tenemos a honra recomendaros la aprobación del siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Los organismos denominados Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua y Corporación de Desarrollo de Atacama y Coquimbo, creados por la ley Nº 17. 564, de 22 de noviembre de 1971, podrán constituirse provisionalmente con aquellos Consejeros que representen a instituciones u organismos que cuenten con personalidad jurídica. En todo caso, dentro del plazo de 60 días contado desde la publicación de la presente ley, deberá procederse a la constitución definitiva de dichas Corporaciones, en conformidad al reglamento. Sala de la Comisión, a 28 de junio de 1972. Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Musalem (Presidente), Ballesteros, Carmona y Valente. (Fdo.): Andrés Rodríguez Cruchaga, Secretario.