INCORPORACIÓN DE BIENES DE PRODUCCIÓN A ÁREA SOCIAL DE LA ECONOMÍA. REFORMA CONSTITUCIONAL. VETO.El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde seguir votando las observaciones al proyecto de reforma constitucional que fija las tres áreas de la economía. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de reforma constitucional (moción de los señores Fuentealba y Hamilton): En primer trámite, sesión 5ª, en 20 de octubre de 1971. Observaciones: En primer trámite, sesión 9ª, en 11 de abril de 1972. Informes de Comisión: Legislación, sesión 9ª, en 27 de octubre de 1971. . Legislación (segundo), sesión 26ª, en 11 de noviembre de 1971. Legislación (veto), sesión 7ª, en 6 de junio de 1972. Discusión: Sesiones 13ª y 14ª, en 29 de octubre de 1971; 15ª y 16ª, en 30 de octubre de 1971; 17ª, 18ª, 19ª y 20ª, en 2 de noviembre de 1971; 27ª, en 16 de noviembre de 1971; 28ª, en 17 de noviembre de 1971; 29ª, en 18 de noviembre de 1971 (se aprueba en particular) ; sesión de Congreso Pleno, en 19 de febrero de 1972; 9ª, en 12 de junio de 1972; 11ª, en 13 de junio de 1972; 13ª, en 14 de junio de 1972; 24ª y 25ª, en 5 de julio de 1972; y 26ª, en 6 de julio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- El Ejecutivo propone agregar, en el inciso séptimo del Nº 10 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, entre los vocablos la y expropiación, las palabras nacionalización o. La Comisión recomienda rechazar la observación. Votaron por el rechazo los Honorables señores Bulnes Sanfuentes, Hamilton y Pablo, y por la aprobación, el Honorable señor Gumucio. Se abstuvo el Honorable señor Juliet. El señor PALMA (Presidente).- Antes de entrar a la votación, debo informar a la Sala que un grupo de parlamentarios ha solicitado que las próximas observaciones, que son aditivas, se voten en tres grupos, y cada uno de ellos en una sola votación, porque corresponden a tres materias precisas. Unas se refieren a la nacionalización; otras, a la expropiación de las 91 empresas y a las reglas que se aplicarán al respecto, y las últimas, a la participación de los trabajadores en las empresas de las áreas social, mixta y privada. Se ha propuesto usar 30 minutos para cada uno de los grupos mencionados: 15 minutos para los que aprueban las observaciones, y 15 para quienes las rechazan. No se podría usar el derecho a fundar el voto, ya que el procedimiento sugerido equivale a la fundación de voto de seis señores Senadores. Si le parece a la Sala, así se procederá. El señor MONTES.- Quisiera que el señor Presidente nos indicara los límites de cada grupo de observaciones, a fin de ubicarnos en la proposición. El señor PALMA (Presidente).- El primer grupo está contenido en las páginas 14 y 15 del boletín comparado; el segundo, de la página 16 hasta la 25 inclusive; y el tercero, se inicia en la página 25, y termina al final del boletín. El señor BULNES SANFUENTES.- Solicito la palabra sobre la proposición. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. El señor BULNES SANFUENTES.- Estamos dispuestos a prestar aprobación al procedimiento propuesto, siempre que se cumpla el acuerdo, porque en la tarde se aceptó que fundaran el voto en cada observación dos Senadores de la Unidad Popular; dos de la Democracia Cristiana; uno del PIR, y uno por la Democracia Radical y los nacionales, pero ese acuerdo se vulneró permanentemente. El señor LUENGO.- No hubo acuerdo, señor Senador. El señor GARCÍA.- Hubo un acuerdo entre caballeros. El señor BULNES SANFUENTES.- De manera que si la Mesa está dispuesta a hacer cumplir el acuerdo repito, aprobaremos la solicitud. De lo contrario, la rechazaremos. El señor PALMA (Presidente).- Efectivamente, hubo un acuerdo de caballeros, pero no una resolución de la Sala en torno de la fórmula señalada por el Honorable señor Bulnes Sanfuentes, por lo cual no podía la Mesa aplicarlo en forma estricta. Si le parece a la Sala, se procederá en la forma que indiqué al comienzo. Acordado. Respecto del primer grupo de observaciones referentes a la nacionalización, ofrezco la palabra a quienes aprueben la observación. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra a quienes rechacen este veto. El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente, en debates de otras reformas constitucionales, se ha planteado la cuestión de si el Nº10 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado reconoce la nacionalización como una institución distinta de la expropiación. En otras palabras, si cuando se emplea el término de nacionalizar, el legislador estaría libre de las exigencias que la Carta Fundamental hace en materia de expropiación, o si por el contrario está sujeto a ellas. En verdad, se trata de un problema ampliamente debatido en el Senado, que naturalmente no puedo plantear en esta oportunidad. El veto tiende a resolver el problema en esta reforma constitucional, pero la observación no tiene relación alguna con el contenido de aquélla, ya que el proyecto no modifica las reglas de la expropiación; no pretende dilucidar la cuestión planteada en materia de nacionalización: se limita a establecer las tres áreas de propiedad de la economía; o sea, dicta normas ajenas a la institución de la nacionalización. Por tal motivo, como lo consigna el informe de la Comisión, cuatro de los Senadores que la integran los Honorables señores Pablo, Hamilton, Juliet y el que habla estimaron que esta observación nada tiene que ver con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Por lo tanto, se trata de una observación inconstitucional, y si no hemos planteado su inadmisibilidad, es por el concepto sostenido anteriormente en el sentido de que queremos dejar en libertad al Presidente de la República para consultar al pueblo en un plebiscito sobre las ideas que ha sometido a nuestra consideración y que nosotros rechazamos. Pero, en rigor, esta parte del veto debió ser declarada inadmisible por falta de relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Si los señores Senadores revisan el informe, comprobarán que ese criterio lo sustentaron cuatro de los cinco miembros de la Comisión. El señor PABLO.- No quiero abordar en profundidad las ideas contenidas en el veto. Algunas de ellas son aceptables para la Democracia Cristiana, independientemente de las cuestiones constitucionales en juego. El problema radica en que no se han dado las condiciones para llegar a entendimiento con el Gobierno. No pretendo culpar de ello al Ejecutivo, pero tampoco quiero que responsabilicen a la Democracia Cristiana o a otros partidos de Oposición por lo ocurrido. A esta altura del debate, está claro para muchos sectores que hice lo posible por llegar a un entendimiento entre el Gobierno y la Oposición, respecto de algo extraordinariamente importante para el futuro de Chile. Esas conversaciones no prosperaron, no por diferencias ideológicas dentro de la Democracia Cristiana. Yo diría que en muchas oportunidades no llegamos a acuerdo por problemas tácticos, porque hay visiones y apreciaciones distintas de la situación política que estamos viviendo. Sin embargo, abrigo la esperanza de que este proceso, que aparenta ser tan negro esta noche, pueda tener alguna solución. Indudablemente, muchos aspectos quedarán entregados a la ley. Sin duda alguna, en ella quedarán claros los criterios diferentes y legítimos de las distintas colectividades políticas opositoras. Porque el hecho de estar en la Oposición no nos obliga a cambiar nuestro ideario programático, ni mucho menos. Pero es evidente, también, que el hecho de guiarnos el propósito de buscar un entendimiento para bien de Chile, tampoco significa que podamos ignorar la realidad política del país. Y esa realidad es de desconcierto y desconfianza en el Gobierno. Declaro que aun entre la gente de mejor voluntad de mi partido encontré serias reticencias, no a las proposiciones que llevábamos, sino con relación a la confianza que se hacía en el Supremo Gobierno. Y aquí, esta noche, el Honorable señor Teitelboim ha tenido una frase poco feliz. El señor Senador nos ha dicho que se acababa de llegar a acuerdo de clases con los partidos de Oposición. El Honorable señor Reyes le ha recordado que dicho acuerdo de clases, como aquél lo llamó, fue forzado por el Gobierno y por la Unidad Popular. En la Comisión respectiva despachamos con premura un proyecto de ley que implicaba un acuerdo entre la Unidad Popular y la Oposición, iniciativa que decía relación a la celebración, de pactos políticos en el país. Por desgracia, a última hora y por conveniencias internas de los partidos de Gobierno, se ha dejado de cumplir un compromiso formal. A pesar de que desde las altas esferas de Gobierno se nos dieron garantías en el sentido de que se aceptaría la ley de pactos electorales, la verdad es que hasta este momento no conocemos una actitud definida al respecto. Y a ello se agrega el hecho de que en estos mismos días teníamos que llegar a un entendimiento en un clima bastante odioso para todos nosotros. En estas condiciones es muy difícil conversar y mantener la calma. Reconozco que algunos diarios de Izquierda me han elogiado, del mismo modo que he recibido ataques de periódicos de otras tendencias políticas. Sin embargo, debo decir con toda claridad. El señor MONTES.- ¡Diga de la Derecha! El señor PABLO.- No todo es de Derecha en este país. No sé a quién representa, por ejemplo, PEC. Me parece que es de ultra Derecha; o sea, está más allá de la Derecha. En todo caso, esa publicación me ha calificado poco menos que de traidor a la patria y de no sé qué más. No me interesan ni me alcanzan los epítetos. Sé bien que los aplausos de hoy serán los ataques de mañana, y que los ataques que lance cada sector dependen de las conveniencias del momento. No he actuado movido, en instante alguno, ni por los aplausos ni por la crítica, sino por el propósito de realizar una labor determinada, que, mientras no se explica, se presta para recibir, como es natural, los ataques de muchos sectores. Por cierto, espero que en algún momento se imponga la cordura. Mas para ello se requiere que también haga un esfuerzo la Unidad Popular, porque quienes están solicitando colaboración para un Gobierno que tiene minoría, no pueden estar insultando permanentemente a sus adversarios. Porque el actual Gobierno, que pretende vivir fuera de la realidad, tiene minoría en el país. Y los Gobiernos que tienen minoría pueden subsistir, en virtud del presidencialismo chileno, pero necesariamente deben consultar a otras fuerzas. Inclusive, esa medida se contiene también en el programa de la Unidad Popular, pues ésta ofreció un Gobierno democrático, pluralista y libertario. Evidentemente, si es libertario, no puede imponer lo que no ha conquistado por la voluntad del pueblo, y debe considerar que no cuenta con mayorías adecuadas. Además, su Presidente, el actual Presidente de todos los chilenos, fue elegido con nuestros votos, y lo hemos apoyado mucho más allá de la colaboración que en algún momento nos prestó la Unidad Popular para cumplir nuestro propio programa de Gobierno. Por lo tanto, cuando se nos ataca en los términos que hemos escuchado esta tarde, lo rechazo terminantemente en nombre de todo el Partido Demócrata Cristiano. La Unidad Popular puede estar cierta de que es real el propósito de la Democracia Cristiana de sustituir el régimen capitalista. Sin embargo, frente al cambio tenemos concepciones distintas que nos separan profundamente. Ellos son estatistas sistema que, a nuestro juicio, suprime a la democracia, y nosotros propiciamos otras estructuras sociales, idea que también deberá ser considerada por quienes gobiernan, pues no somos monigotes, sino un partido al cual el pueblo le entregó su confianza. Por consiguiente, también vamos a ejercer nuestros derechos y a cumplir nuestras obligaciones. A pesar de la contienda de esta tarde y de lo difícil que es el momento que se vive, creo que habrá la cordura necesaria para volver a analizar muchas de estas materias, a fin de encontrar una solución satisfactoria para los intereses permanentes de Chile. El señor HAMILTON.- Deseo fundar mi voto, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Sala, puede hacer uso de la palabra Su Señoría. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, volveré a insistir en un tema que confieso me ha dejado bastante preocupado, porque lo que estamos diciendo aquí, fundamentalmente, puede servir mañana para la interpretación y aplicación de esta reforma constitucional. Muchas veces habíamos leído y escuchado el argumento, efectista más que real, de que el efecto de la aplicación y vigencia de la reforma consiste en que se tendría que devolver las fábricas a sus antiguos dueños. Pero eso nunca lo habíamos escuchado responsablemente en una Comisión ni en la Sala; ni en el Senado, ni en la Cámara ni en el Congreso Pleno. Por eso, en los pocos minutos de que dispongo para fundar el voto, quiero insistir en este aspecto. En primer lugar, para declarar enfáticamente que la aplicación y vigencia de la reforma no produce jurídicamente el efecto de que una fábrica o industria, requisada o intervenida, tenga que ser devuelta a sus propietarios antiguos, actuales o futuros, desde el momento en que se promulgue, y por efecto de la aplicación y vigencia de la reforma. El señor TARUD.- Eso no se entiende. El señor HAMILTON.- Si me escucha, me va a entender. De lo contrario, no. En segundo lugar, quiero afirmar que la aplicación de la reforma no perjudica ni beneficia; es decir, no altera las relaciones jurídicas que los propietarios tienen respecto de los interventores o del Gobierno, con relación a esas fábricas, muchos de los cuales han ejercido acciones ante la justicia ordinaria, que no se alteran en sentido alguno por la aplicación de la reforma. En tercer lugar, reitero que la requisición o intervención no son jurídicamente medios de transferir el dominio de la propiedad en nuestro derecho. Por consiguiente, se engaña deliberadamente a los trabajadores o a la opinión pública cuando se dice que una fábrica controlada por el Gobierno, requisada, tomada o intervenida, ha pasado al área social, a poder del Gobierno y al de los trabajadores. En cuarto lugar, precisamente para resolver los eventuales conflictos que puedan crearse en las industrias controladas en cualquier forma por el Gobierno, por las acciones que sus propietarios puedan emprender para hacer valer sus derechos, es necesaria la dictación de una ley que autorice la expropiación, en las condiciones que la misma ley determine. En las diversas oportunidades en que la Democracia Cristiana y el Gobierno, por la vía democrática del diálogo, han tratado de llegar a acuerdo para resolver los conflictos de interpretación creados en torno del proyecto que nos ocupa, siempre por parte nuestra se le ha dicho a aquél que ésta es nuestra interpretación de ella hemos dejado constancia en todos los trámites de la ley y que si el Gobierno tiene o tenía otra, que nos la aclarara. Está en la Sala el Honorable señor Baltra, que participó en las negociaciones sostenidas con el Ministro de Justicia del Partido Izquierda Radical señor Manuel Sanhueza, a quien incluso se le pidió un veto aclaratorio o modificatorio de estas disposiciones, a fin de resolver la situación de las industrias requisadas o intervenidas con anterioridad. Por último, en lo referente al poder comprador o a las industrias que la COR-FO o alguna entidad pudiera haber adquirido, o su mayoría, desde el 14 de octubre hasta ahora, reitero lo que se dijo aquí; en el sentido de que también hubo disposición nuestra para modificar la fecha, cosa que tampoco se acogió en el veto. Y no existe, que nosotros sepamos conflicto grave alguno en empresas de esa naturaleza. El señor PALMA (Presidente).- Ha terminado el debate sobre el primer grupo de observaciones. Se rechazan las observaciones del Ejecutivo (21 votos contra 15, 3 abstenciones y 1 pareo). El señor PALMA (Presidente).- Quedan rechazadas, entonces, las observaciones del Ejecutivo C. I y C. II, que se consignan en las páginas 14 y 15 del boletín correspondiente. En votación las observaciones del Gobierno que facultan para incorporar al área de propiedad social una serie de empresas que se enumeran, señalándose, al mismo tiempo, las condiciones en que se realizará esta incorporación, la manera como se indemnizarán, etcétera. Los artículos pertinentes aparecen consignados entre las páginas 16 y 25 del boletín comparado. Ofrezco la palabra a quienes impugnan el veto. (Durante la votación). El señor LORCA.- Pido la palabra para fundar mi voto, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Sala, puede usar de la palabra Su Señoría. El señor LORCA.- Señor Presidente, en el curso del debate de esta tarde, algunos señores Senadores emitieron conceptos relativos a la posición doctrinario-política del Partido Demócrata Cristiano. Además, Senadores del Partido Socialista sostuvieron que nuestra actitud era inconsecuente; que estábamos al margen de la historia; que no servíamos al pueblo, y que permanecíamos en una posición reaccionaria, porque no dábamos cumplimiento a los programas que habíamos ofrecido al pueblo en nuestras campañas. En verdad, cuando se habla de inconsecuencia uno no tiene para qué recurrir a la historia. Basta apreciar lo que ha vivido la Unidad Popular en estos pocos días. El Honorable señor Contreras preguntaba en alta voz: ¿Qué les diremos a los trabajadores? ¿Qué piensan los trabajadores de las industrias que ustedes pretenden devolver a sus antiguos dueños? No sé qué expresión usar para calificarlos. Cuando uno se refiere a un católico que no actúa de acuerdo con su doctrina, lo llama fariseo. Pero ignoro cómo calificar a la Unidad Popular cuando no es consecuente con lo que ha estado realizando en estos últimos días. Debo decir a los Senadores que me interrumpen que pierdo la tranquilidad cuando actúan en esta forma. Si Sus Señorías se mantienen tranquilos, yo me comportaré en la misma forma y hasta, voy a tirarles flores si es necesario. Si se violentan, van a recibir los mismos mordiscos que dan ellos cuando se enojan. El señor VALENTE.- ¡Otro bull-dog...! El señor LORCA.- Quiero decirle al Honorable colega Valente, al Honorable colega contador, que la Unidad Popular, en las conversaciones que sostuvo con la Democracia Cristiana, afirmó que en este momento había tomadas, requisadas e intervenidas 280 industrias en el país. La señora CAMPUSANO.- ¡No tiene poesía esta intervención...! El señor SEPULVEDA.- ¡La calidad de la intervención...! El señor LORCA.- No sé por qué se molestan los señores Senadores. El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar, señor Lorca. El señor LORCA.- Así lo haré. Y el Honorable señor Sepúlveda, que primero amenazó, después, como siempre, retrocedió y dijo que no amenazaba, sino que solamente nos quería decir que miráramos con tranquilidad el momento que vive el país y que fuéramos consecuentes. Su Señoría sabe que en las conversaciones en que intervino en representación de su partido si no lo hizo él, ignoro qué personero participó en ellas, se expresó a la Democracia Cristiana que existían 280 industrias estatificadas, entre requisadas, intervenidas y tomadas, en el país, y que en las conversaciones se quería llegar a acuerdo sobre 91 de ellas. Las otras, Honorable señor Sepúlveda, Senador de obreros, Senador proletario, Senador revolucionario, como él se llama,... La señora CAMPUSANO.- ¡Qué más le saca! El señor LORCA.- ... Serían todas devueltas a sus dueños, Honorable señora Campusano, ¡a sus dueños! Esto decían Sus Señorías: que se iban a devolver todas las industrias a sus dueños y que se legislaría respecto de las 91 que figuran en esta disposición. Ello en razón de que eran medianas o pequeñas; pero sucede que en las industrias pequeñas, medianas y no tan medianas han de saberlo los señores Senadores de la Unidad Popular, hay seres humanos que trabajan, que se llaman obreros; más pareciera que a Sus Señorías no les importa la situación de los trabajadores de las pequeñas industrias, ni les preguntan siquiera qué piensan. El señor VALENTE.- ¡Porque no es así! El señor LORCA.- Su Señoría se enoja porque estoy diciendo la verdad. Las verdades molestan a los Senadores comunistas, porque ellos... El señor SEPÚLVEDA.- Es preferible que hable el Honorable señor Hamilton. La señora CAMPUSANO.- ¡Ganamos el mismo sueldo los dos! El señor MORENO.- ¡El problema reside en cómo se gana! El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar Su Señoría. El señor LORCA.- Mientras me interrumpan, no podré seguir. Tengo tanto interés en que me escuchen, que prefiero su silencio, sobre todo para que puedan explicar después, a pesar de que tampoco han pedido la palabra. No se cómo lo harán. Tal vez en la próxima votación, si tienen interés en hacerlo, podrán referirse a mis palabras. Pues bien, la primera incongruencia de la Izquierda Cristiana, de la Unidad Popular es que en un momento determinado dijeron al país y a la Democracia Cristiana que devolverían 189 industrias, a sus antiguos dueños. El señor MONTES.- Nadie ha dicho eso. El señor LORCA.- Lo que sostenían ayer lo están negando hoy día; pero no me importa, pues yo estoy señalando lo que decían. Pues bien, ¿qué agregaron después? La señora CARRERA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor LORCA.- No puedo, Honorable Senadora. Agregaron algo muy importante. Los socialistas expresaron que estaban dispuestos a suscribir un acuerdo con la Democracia Cristiana a no ser que también vayan a negarlo, a fin de resolver lo referente a las 91 industrias. Por medio de una ley si no se votaba ahora ellos establecerían cuáles industrias serían del Estado, cuáles mixtas, cuáles de los trabajadores y cuáles volverían al sector privado. Entonces, uno se pregunta, cuando quieren que resolvamos el problema, sin ley, en una reforma constitucional, ¿y no se consultó a los trabajadores qué querían y qué pensaban sobre el particular? El señor MONTES.- ¡Hay que preguntarles...! El señor LORCA.- Eso es lo que Sus Señorías no les preguntaron. Si lo hubieran hecho, se habrían encontrado con una respuesta que no les habría agradado. No los consultaron, y ahora pretenden imponerse por la fuerza, por la violencia, por eso que podría denominarse la…… que no deja hablar. La señora CAMPUSANO.- No es posible permitir el uso de tales expresiones. El señor MONTES.- Supongo que serán borradas de la versión. El señor LORCA.- En la disposición que estamos discutiendo, se enumeran 91 industrias, respecto de las cuales el Presidente de la República dispondrá no sé si lo hará asesorado por la gente de la Unidad Popular, por los contadores y sabios que hay en ella cuáles pasarán al área social y cuáles a las áreas mixta o privada. No me explico en qué antecedentes se basaron para elegir esas 91 industrias. Y uno se pregunta por qué no figuran otras en esa lista. Eso es lo que molesta de esos señores de la Unidad Popular. Si nosotros hubiéramos estado en el Gobierno y hubiéramos presentado un proyecto de reforma constitucional proponiendo pasar determinadas, industrias al sector estatal y otras al área mixta,... El señor MONTES.- ¡Listo...! El señor LORCA.- ... los que ahora dicen Listo habrían protestado en estos términos: ¿Por qué nos traen esta industria? ¿Qué gato encerrado habrá? ¿Cuántos negociados existirán? ¿Por qué están éstas y no esas otras? Porque en esta nómina figuran, por ejemplo, industrias del calzado. Los señores socialistas se ríen, porque no están las industrias del calzado pertenecientes a sus amigos. Porque en la lista hay algunas industrias del calzado, y otras no. Hay algunas industrias textiles, y otras no. Es decir, en esta disposición, el Presidente de la República, el Partido Comunista y el Partido Socialista han procedido a su arbitrio. Han incluido fábricas de confecciones que desean que estén en manos del Gobierno. Quizás a estos hombres nuevos les agrada que les confeccionen trajes de modelo especial, porque no creo que sea para arreglar el país que industrias con 200 obreros, que fabrican lana, vestidos y trajes, pasen a menos del Estado. Si seguimos la lista de las industrias, uno llega a la conclusión de que la actitud de la Unidad Popular de exigir y criticar el hecho de que no apoyamos los artículos de esta reforma que no solucionan los problemas del país, constituye una política equivocada. Y quienes somos contrarios al veto, creemos estar sirviendo realmente al pueblo, porque no aceptamos que se transfieran las industrias sin consultar a los trabajadores y por medio de una reforma constitucional, en vez de hacerlo por ley. Con la Unidad Popular estamos volviendo a la antigua época de la colonia, en la cual se vendían las tierras con los indios adentro. Ahora se entregan las industrias al Estado, sin preguntar su opinión a los trabajadores, como si éstos fueran cosas adheridas al inmueble. Por tales razones, votamos en contra. El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente, desde que rige la Constitución de 1925 se ha admitido uniformemente que en los vetos del Presidente de la República no pueden proponerse ideas nuevas, que constituyan reformas distintas de las aprobadas por el Congreso. Tal principio tiene hoy día una excepción, que es la de que el Primer Mandatario puede proponer ideas, puede reiterar ideas contenidas en el mensaje o en indicaciones válidamente formuladas por el propio Jefe del Estado durante la tramitación del proyecto. Pues bien, la idea de mencionar 91 empresas, con nombres y apellidos, y de facultar al Presidente de la República para expropiarlas, es una idea nueva, distinta de todas las que se encuentran contenidas en el proyecto. El señor Ministro de Justicia pretendió sostener en la Comisión que la proposición del Jefe del Estado constituía la reiteración de una idea ya propuesta en la Cámara de Diputados durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional. Debo señalar que no es efectiva la afirmación de dicho Secretario de Estado. En realidad, el Ejecutivo propuso, durante la tramitación del proyecto, que se autorizara al Presidente de la República a determinada fecha para expropiar todas las empresas con más de 14 millones de escudos de capital y reserva, a una determinada fecha. Según declaraciones del propio Ministro de Justicia, tales empresas eran más de 250. En esta observación, no reiteró la idea de expropiar esas empresas con más de 14 millones de escudos de capital y reservas, sino que llega con una idea distinta, consistente en seleccionar, de entre esas 260 y tantas empresas, 91. Y aquí viene la interrogante que se planteó el Honorable señor Lorca. ¿Por qué estas 91 empresas? ¿Por qué no están las 170 restantes? ¿Por qué figura aquí, por ejemplo, Licores Mitjans, y no está Martini y Rossi? ¿Por qué está determinada fábrica textil, y no la otra? ¿Por qué el Presidente de la República, después de ser partidario de expropiar todas las empresas con más de 14 millones de escudos de capital y reservas, ahora desiste de su idea y nomina 91 empresas, dejando fuera cerca de 200 que se encontraban en la misma situación? A mi juicio, tal proposición no sólo es inconstitucional por ser una idea nueva que no fue debidamente preparada, sino que, además, es profundamente inconveniente. El Congreso actuaría con irresponsabilidad al autorizar la expropiación de 91 empresas que no conoce, dejando fuera de tal medida otras 160, que tampoco conoce, sin estudiar los antecedentes que obran en cada caso. El señor PALMA (Presidente).- Ofrezco la palabra a quienes aprueban la observación del Ejecutivo. Tiene la palabra el Honorable señor Valente. El señor VALENTE.- Señor Presidente, creo que pocas veces se ha demostrado en el Senado en forma tan manifiesta la inconsecuencia de la Oposición, como al tratarse el artículo que estamos debatiendo. La Derecha y el sector empresarial de la Democracia Cristiana han señalado permanentemente que estarían dispuestos a incorporar determinados monopolios al área social de la economía, siempre que esta formalización se haga por ley. El Gobierno, sin echar marcha atrás en lo ya realizado, envió hace algún tiempo un proyecto a la Cámara, que establecía cuáles empresas pasarían al área social de la economía. En dicha rama del Congreso, la mayoría formada por la Derecha económica, el Partido Nacional y el grupo empresarial que maneja la Democracia Cristiana y que tiene influencia en ella, hizo tal cúmulo de modificaciones a la iniciativa, que la aprobó a gusto de los monopolios, razón por la cual debió retirarse de ese trámite constitucional. Al estudiar los vetos correspondientes, el Ejecutivo reiteró esa idea, y lo hizo en forma de un veto aditivo. El argumento supremo de los opositores a esta disposición es la inconstitucionalidad, pues, a juicio de ellos, por la vía de la indicación no se puede legislar en una materia tan importante, sino que debe hacerse por medio de un proyecto estudiado con mayor detención en el Parlamento. Precisamente, la iniciativa que estuvo sometida a un mayor estudio y profundización de la materia en la Cámara fue desvirtuada por la Oposición. Ahora alegan la inconstitucionalidad del veto para objetar en el fondo la estatificación de los monopolios. Porque esta actitud significa, clara y simplemente, la defensa de los monopolios por aquellos sectores interesados en no crear el área estatal de la economía. Cuando en el debate general planteé la posición del Partido Comunista, dimos a conocer algunas informaciones que demostraban que en 70% o 75% las empresas incluidas en el proyecto primitivo enviado a la Cámara por el Gobierno, y ahora en esta observación, habían sido organizadas, constituidas y financiadas por la COEFO; es decir, creadas por esta institución con recursos fiscales, del Estado. Agregué que con posterioridad se apropiaron de ellas indebidamente y las sustrajeron a la propiedad del Estado los grupos monopólicos, cuando llegaron a asumir el Poder de la nación. Estimamos que hay una irresponsabilidad manifiesta en la Oposición cuando primero impugna el proyecto de ley que sobre esta materia envió el Gobierno y ahora este veto, que es exactamente igual a esa iniciativa. Este proceder implica oponerse a incorporar determinadas empresas al área social de la economía, no obstante que el número de empresas afectadas por esta medida no alcanza siquiera a constituir el 3 % de los grandes monopolios organizados en el país. Por las razones expuestas, voto favorablemente el veto. El señor GUMUCIO.- Primero, deseo contestar muy brevemente la objeción del Honorable señor Bulnes Sanfuentes en cuanto a que esta observación sería inconstitucional. A mi juicio, este veto reitera una idea y, por lo tanto, no vulnera el artículo 108 de la Carta Fundamental. Recuerdo que en la tramitación del proyecto se presentó una indicación para nacionalizar o expropiar las empresas con capitales superiores a 14 millones de escudos. Contrario sensu, las que tuvieren capitales inferiores a tal cantidad no podrían nacionalizarse. En consecuencia, para decidir sí esta observación es constitucional o inconstitucional, debe revisarse si entre las 91 empresas que ella menciona figuran algunas con capitales de menos de 14 millones de escudos. Ahora bien, en lo tocante al problema constitucional, el profesor Silva Bascuñán sostuvo en la Comisión de Legislación que este veto se había presentado válidamente, pues se formuló dentro de los plazos respectivos. En segundo lugar, para reiterar una indicación no es necesario repetir sus términos, sino la idea contenida en ella; y en este caso consistía en nacionalizar las empresas con capitales superiores a 14 millones de escudos. Es decir, la idea es la misma y, por lo tanto, no existe tal impedimento de inconstitucionalidad. Por otra parte, no habría querido entrar a considerar la materia, que en seguida señalaré, pero el Honorable señor Lorca me ha arrastrado a hacerlo. El señor Senador hizo mención de las conversaciones sostenidas entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular en torno de la lista de 91 empresas. Efectivamente, en las comisiones que estudiaron este punto, quedó bien en claro que el consejo del Partido Demócrata Cristiano no dio ninguna aprobación a esa clase de conversaciones que mantuvimos. Pero, en realidad, ellas existieron, ya que a propuesta de los delegados democratacristianos se acordó subir de 14 millones de escudos a 30 millones de escudos el capital mínimo de las empresas que debían nacionalizarse o expropiarse. Al resolverse este aumento, debían excluirse algunas empresas de las 91 consideradas. Y para que el Honorable señor Lorca quede tranquilo, las que no se incorporaban al área de propiedad social o mixta eran las siguientes: Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, la que, pese a tener un capital superior a 30 millones de escudos, no se incluyó en dicha lista porque la Democracia Cristiana, desde el principio de las conversaciones, fue muy clara en el sentido de excluirla; Aceites y Alcoholes Patria S. A.; Ferriloza S. A. Industria de Metales; Fea. Nacional de Aceites S. A.; Cía. Productora Nacional de Aceites S. A.; Licores Mitjans S. A.; Calderón Confecciones S. A. C.; Confecciones Oxford S. A.; Dos Alamos S. A. I. y C.; Lechera del Sur SociedadAnónima Llanquihue; Farmoquímica del Pacífico S. A.; Empresa Pesquera Eperva S. A.; Sociedad Productores de Leche S. A. En consecuencia, la lista quedaría formada por las siguientes empresas: Sociedad Pesquera Guanaye S. A.; Compañía de Teléfonos de Chile; Manufacturas Sumar S. A.; Compañía de Cervecerías Unidas; Algodones Hirmas S. A.; S. A. Yarur Manufacturas Chilenas de Algodón; Tejidos Caupolicán S. A.; Rayón Said Industrias Químicas S. A.; Textil Progreso S. A.; Paños Oveja Tomé S. A.; Rayonhil Industria Nacional de Rayón S. A.; Lanera Austral S. A.; Textiles Banvarte S. A.; Compañía Industrial El Volcán S. A.; Fábrica Nacional de Loza de Penco; Compañía Sudamericana de Vapores S. A.; Compañía General de Electricidad Industrial; Compañía de Petróleos de Chile; Compañía Industrial; Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar; Compañía de Consumidores de Gas de Santiago; Manufacturera de Metales S. A. (MADEMSA) ; Fábrica de Enlozados S. A.; Compañía Industrias Chilenas CIC S. A.; Cristalerías de Chile Sociedad Anónima; Compañía Molinos y Fideos Carozzi; Acero Andes S. A.; Carburo y Metalurgia S. A.; Compañía Chilena de Navegación Interoceánica; Sindelén S. A. I. C. Sociedad de Industrias Eléctricas Nacionales ; Cemento Bío-Bío S. A.; Gildemeister S. A. C; Industrias Químicas Du Pont S. A.; Pesquera Indo S. A.; Industria Chilena de Soldadura S. A. INDURA; Refractarios Lota Green S. A.; Compañía Industrial Metalúrgica S. A.; Compañía Nacional de Teléfonos Sociedad Anónima; Compañía de Gas de Concepción Manufacturera de Cobre. S. A. MADECO; Industria Chilena de Alambre Inchalam S. A.; Vidrios Planos Lirquén S. A.; Fábrica de Pernos y Tornillos American Screw Chile S. A.; Compañía Standard Electric S. A. C.; Naviera Interoceangas S. A.; Aga Chile S. A. Representaciones; Indus Lever S. A. C. I.; Compañía Industrial Hilos Cadena S. A.; Phillips Chilena S.A. de Productos Eléctricos; Embotelladora Andina S. A.; Codesa S. A. Unidades y Complementos de R.; S. A. de Navegación Petrolera; Chiprodal S. A. I.; Cía. Nacional de Fuerza Eléctrica S. A.; Agencias Graham S. A. C.; Grace y Co. (Chile) S. A.; Compañía Chilena de Tabacos S. A.; Sociedad Industrial Pizarreño S. A.; Bata Sociedad Anónima Comercial; Sociedad Industrial de Calzado SOINCA; Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho Tejidos y Cueros; Compañía Chilena de Fósforos; Cobre Cerrillos Sociedad Anónima; Fábrica de Envases S. A.; Nieto Hnos. S. A. C. I. Consorcio; Confecciones Burger Sociedad Anónima Comercial e Industrial; Electromat S. A. Fea de Materiales Eléctricos; Industrias Textiles Pollak Hnos. y Cía. S. A.; Fea. de Paños Continental S. A.; Comandari S. A. Hilos y Paños de Lana; Cía. de Tejidos El Salvador; Sociedad Anónima Comercial Saavedra Benard; Laja Crown S. A. Papeles Especiales; Elaboradora de Productos Químicos Sintex S. A.; Oxiquim Ltda.; Maderas y Sintéticos S. A. Masisa; Maderas Prensadas y Pinos de Cholguán S. A.; I.T.T. Com.; Transradio Chilena; COIA; Elecmetal. Fuera de estas empresas, naturalmente también figuraban los bancos, casi totalmente nacionalizados o por nacionalizarse. Yo quería decir que... El señor FUENTE ALBA.- ¿Qué pasaba con esas industrias sobre las cuales se llegó a acuerdo? Las que mencionó no fueron ratificadas por el consejo de la Democracia Cristiana. El señor GUMUCIO.- Voy a eso. En ese caso, la lista que leí repito no fue ratificada por el consejo del Partido Demócrata Cristiano. El señor FUENTEALBA.- Pero, ¿qué pasaba? El señor GUMUCIO.- En parte esas empresas se incorporaban al área estatal; en parte, a la mixta, y en parte pasaban a ser empresas de trabajadores. El señor HAMILTON.- ¡Ah... ! El señor BALLESTEROS.- ¡Es muy distinto! El señor GUMUCIO.- Pero si no oculto nada. El señor FUENTEALBA.- Pero no ha dicho qué industrias constituirían empresas de trabajadores. Su Señoría tiene que ser honrado... El señor GUMUCIO.- No he expresado nada que no sea verdad. Se lo voy a decir: no llegamos a clasificar a las empresas en estatales, mixtas o de trabajadores. Así que no he dejado de decir nada de lo que pasó. El señor FUENTEALBA.- Lo ha dicho porque yo se lo pregunté. El señor GUMUCIO.- Iba a decirlo. El señor FUENTEALBA.- Usted ha actuado con muy mala intención. Sólo porque le pedí aclarar, usted lo dijo. El señor GUMUCIO.- ¡No me califique intenciones! El señor FUENTEALBA.- ¡Lo califico, porque usted ha leído una lista sin especificar nada! El señor SEPULVEDA.- ¡Pero déjelo hablar! El señor GUMUCIO.- ¡Usted no tiene derecho a suponerme intenciones! El señor FUENTEALBA.- ¡Tengo derecho, porque estoy en el Senado y soy Senador! El señor GUMUCIO.- ¡No lo tiene! ¡Escúcheme! ¿Cómo sabía lo que yo iba a decir? El señor FUENTEALBA.- ¡En virtud de mi pregunta usted hizo la aclaración! El señor GUMUCIO.- ¡No es así! ¿Cómo sabía usted lo que iba a decir? El señor PALMA (Presidente).- Advierto a los señores Senadores que se borrarán de la versión los términos antirreglamentarios. El señor PALMA (Presidente).- ¡Señores Senadores, el Honorable señor Gumucio está con la palabra! El señor JEREZ.- Señor Presidente, el Honorable señor Gumucio me ha concedido .una interrupción. El señor JEREZ.- No deseo enturbiar más este debate. En honor a la verdad, si se revisa la versión de esta sesión se comprobará que el Honorable señor Fuentealba manifestó al Honorable señor Gumucio: Usted no iba a decir esto, y he tenido que interrumpirlo. La verdad de las cosas es que he conversado sobre la materia con mi camarada de partido, y él me dijo que pensaba continuar su intervención pues no había concluido aún. En ese sentido, las palabras del Honorable señor Fuentealba no fueron felices, porque interrumpió al Honorable señor Gumucio antes que terminara de expresar sus ideas. El Senador Gumucio no ha pensado en tergiversar las cosas. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Jerez. El señor JEREZ.- Señor Presidente El señor JEREZ.- No nos contabilice ese tiempo, señor Presidente. Sólo quiero decir que estimo deplorable este debate y, con toda sinceridad, que la debilidad de la actitud del señor Fuentealba no reside en los epítetos que se cruzaron recíprocamente con el Honorable señor Gumucio, a pesar de que rechazo las cosas que ha dicho. El señor PALMA (Presidente).- Señores Senadores, ruego no interrumpir al Honorable señor Jerez. Los puntos suspensivos corresponden a expresiones suprimidas de la versión por orden de la Mesa. El señor JEREZ.- El Honorable señor Gumucio no ha negado que la Democracia Cristiana, en las conversaciones sostenidas sobre esta materia, pensaba que la lista de empresas debía diversificarse en tres grupos. El señor Senador no alcanzó a precisar las industrias que componían cada uno de ellos. En ese sentido, la interrupción del Honorable señor Fuentealba fue intempestiva. Yo lo deploro por una cosa: por lo valiosa que pudo haber resultado esta gestión, en la que participaron los Honorables señores Fuentealba y Gumucio; y porque no es bueno que hayan llegado a este tipo de calificativos, ya que en definitiva, los que salen ganando al margen de estas discusiones, que tendrán que pasar son quienes defienden intereses económicos. Ni el Honorable señor Fuentealba lo pienso sinceramente ni el Honorable señor Gumucio defienden intereses, sino posiciones, y es deplorable que gente que no tiene sus manos metidas en negocios particulares dé espectáculo en el Senado. Yo lo siento, y creo que el Honorable señor Fuentealba ha cometido un error al interrumpir al Honorable señor Gumucio antes de que terminara su idea. El señor PALMA (Presidente).- Ha terminado el tiempo. El señor RODRÍGUEZ.- ¡Los quince minutos nuestros se han reducido a diez con las interrupciones! Se rechazan las observaciones (23 votos contra 14, 1 abstención y 1 pareo). El señor PALMA (Presidente).- En discusión la observación del Ejecutivo signada con la sigla C.-III.-h), que propone agregar ,una disposición transitoria, nueva, a la Constitución Política del Estado, por medio de la cual los trabajadores se incorporan a la gestión de las empresas con las diversas características que el veto señala. El señor HAMILTON.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría. El señor GARCÍA.- Pido la palabra a continuación del Honorable señor Hamilton. El señor RODRÍGUEZ.- Pido la palabra. El señor PABLO.- Lamento mucho la intervención del Honorable señor Gumucio. Me la anunció en la mañana un periodista. Por tal motivo, me acerqué a hablar con Su Señoría, para expresarle que él sabía que esa lista no estaba ni aceptada por los negociadores, porque yo intervine como presidente en esa comisión y no estuve cuando se confeccionó esta nómina, no fue conocida por el consejo nacional del Partido... El señor GUMUCIO.- Lo dije. El señor PABLO.- ... ni evidenciaba el criterio nuestro. Aunque lo haya dicho, a mi modo de ver, ha cometido un grave error, porque cuando el MinistroTapia, el Subsecretario de Gobierno señor Insunza y Su Señoría enviaron una carta el día lunes al Presidente de mi partido, éste les contestó con otra que tengo la obligación de pedir que se inserte, porque no dispongo de tiempo para explicarla. Debo manifestar que esta situación es realmente lamentable, porque yo no esperaba que, después de haber advertido al Honorable señor Gumucio, se hiciera pública una lista que a él le consta, porque le enviamos una comunicación sobre el particular, que no había sido aceptada ni por los negociadores ni por el consejo y que al parecer era la expresión de las expectativas de la Unidad Popular. En segundo lugar, debo aclarar que hemos sido contrarios a la lista, no sólo por las razones dadas aquí, sino también por otras de tipo general, de acuerdo con los principios de la Unidad Popular. Según el programa de la Unidad Popular, se pretendía estatificar las industrias que condicionaran la economía de la nación. Por eso nada tenían que hacer las empresas de productos terminados y otras como las de confecciones, conservas, pesquerías, licores, lecherías, etcétera. Ellas nada tienen que ver con ese problema. ¡Absolutamente nada! La Unidad Popular no tenía más criterio que socializar lo grande, pretendiendo a la postre acrecentar su poder político a través del poder económico. Esto nunca lo aceptamos y pedimos criterios que no se señalaron. Por esta razón, solicito insertar el documento mencionado. Antes que todo, concedo una interrupción al Honorable señor Pablo. El señor HAMILTON.- El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se insertará el documento solicitado por el Honorable señor Pablo. Acordado. Está con la palabra el Honorable señor Hamilton. El señor TARUD.- ¿Se aprobó la inserción? El señor PALMA (Presidente).- Sí, señor Senador. El documento gue se acordó insertar es el siguiente: Santiago, 4 de Julio de 1972. Señor Jorge Tapia Valdés Ministro de Justicia Presidente. Muy señor mío: Acuso recibo de la carta de fecha de hoy suscrita por usted, por el senador señor Rafael Agustín Gumucio y por Subsecretario de Gobierno señor Sergio Inzunza en la que se refiere a un posible acuerdo respecto a los vetos del Ejecutivo planteados al proyecto de Reforma Constitucional sobre las áreas de la economía y su legislación complementaria. He consultado con los miembros de nuestra Comisión camaradas Tomás Pablo, Felipe Amunátegui y Sergio Saavedra, con el propósito de imponerme si el tenor de la misma refleja con fidelidad las coincidencias que Uds. señalan que se habrían producido durante el transcurso de las .conversaciones y hemos llegado a la conclusión que la carta de Uds. contiene errores de suma gravedad cuya intención no deseo calificar. En vista de ello, procedo a darle respuesta sin someterla previamente a la consideración del Consejo Nacional del Partido Demócrata Cristiano, porque de su tenor queda claro que no es posible hacer confianza en quienes, en una comunicación de tanta importancia, han desvirtuado en tal forma las bases y los propósitos de un posible acuerdo. Las proposiciones que las comisiones negociadoras someterían al Supremo Gobierno y al Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, respectivamente, difieren sustancialmente de la interpretación que Uds. le atribuyen en la carta que respondo, principalmente en los siguientes aspectos: 1) Se omite permanentemente el hecho de que los acuerdos serían tomados ad referéndum para ser sometidos a la aprobación de las autoridades de ambas partes y a la subsecuente discusión parlamentaria. 2) En cuanto a las 90 empresas es absolutamente falso que se haya llegado a acuerdo de la concreción y mucho menos en los términos referidos en su carta. Cabe recordarles que durante todo el plazo de las negociaciones, la comisión del Gobierno no pudo suministrar elementos de juicio fundamentales para adoptar siquiera criterios provisionales respecto de las 90 empresas, como ser cuáles estaban ya adquiridas por el Estado, en qué proporción y en qué fechas; con que criterios fueron seleccionadas; qué relaciones existen entre ellas y los mercados y/o la tecnología extranjera; las relaciones de cada una de ellas en el mercado de insumos y en el de bienes o servicios generados por ellas, y otros criterios esenciales para formarse una opinión en, el Congreso Nacional, al momento de la discusión de las leyes en que se materializarían los acuerdos sobre cada una de esas empresas. La falta de esos elementos de juicio demuestra con claridad absoluta que ninguna opinión expresada en el seno de la comisión como elemento de análisis, pudo tomarse siquiera como proposición informal y menos como un acuerdo en los términos planteados por Uds. A mayor abundamiento, cabe recordar nuestra posición en orden a corregir la referencia de capital aumentándolo a 30 millones de escudos de diciembre de 1969, y a que bajo dicho monto sólo pudiesen considerarse algunos casos de excepción y la exclusión de determinados rubros como la pesca, las lecheras, las conservas, las confecciones y otros productos terminados, criterios que no pudieron ser técnicamente refutados por vuestra parte y contra el cual en los últimos instantes existió una sugerencia del Ministro señor Orlando Millas, recogiendo en parte nuestra posición pero proponiendo ampliar el marco de referencia más allá de las 90 empresas. La nómina de empresas que tan detalladamente Uds. señalan, aparte de no reflejar en muchos casos los criterios de la comisión por la razón anteriormente expuesta, no indica cuáles empresas deberían quedar en el área mixta, respecto a la cual sólo se acordó otorgar al Ejecutivo facultades para negociar con sus propietarios; cuáles en el área de trabajado res, y cuáles deberían tener una administración excepcional en razón de constituir casos muy especiales. Su carta omite, también, el compromiso a que había llegado esa comisión negociadora de obtener del Gobierno la devolución a sus propietarios de aproximadamente 150 empresas que se encuentran requizadas o intervenidas mediante procedimientos (de dudosa legalidad y la determinación por ley del derecho de sus dueños a ser indemnizados de los perjuicios ocasionados por las acciones arbitrarias de los interventores. 3) Con respecto a los bancos incurren Uds. en dos errores: a) Incluyen para ser nacionalizados los pequeños bancos regionales que se convino en mantener en el área privada, y b) En cuanto a los bancos Chile, Sudamericano, Crédito y Edwards, dicen aceptar en general nuestra proposición en el sentido de que sean administrados ma-yoritariamente por los trabajadores de dichos bancos; sin embargo sugieren agregar un cuarto representante estatal con el aparente propósito de desvirtuar el sentido de nuestra posición en orden a impedir que el Estado asuma el control directo y total de todo el crédito y la debida independencia de la administración por parte de los trabajadores. 4) En cuanto a empresas mixtas es efectivo que se han producido acuerdos en cuanto a la forma de administración, de manera que ella asegure una adecuada correlación entre el Estado, el capital privado y los trabajadores de dichas empresas. Sin embargo ello carece de sentido si no se establece con precisión cuáles son las empresas que dentro de las propuestas por el Ejecutivo tendrán este carácter. 5) En cuanto a las actividades reservadas al Estado no es efectivo que subsista exactamente el tenor del proyecto por Uds. mencionado, pues debería precisarse la situación de las compañías de seguros, las que en nuestra opinión deberán ser administradas por sus trabajadores en el caso de que esta actividad sea en el futuro traspasada al área social. 6) Con respecto a las empresas de trabajadores nuestras intenciones están claramente establecidas en el documento que les fue entregado. Debe eso sí precisar que en ningún caso se ha convenido con Uds. que ellas se limiten exclusivamente a dos rubros de producción y tal es así que oportunamente se planteó que también deberían ser empresas de trabajadores la Compañía de Electricidad Industrial, la Compañía Nacional de Fuerza Eléctrica, Copec, Gaseo, Gas Concepción, Cemento Bío-Bío y las demás que puedan resultar del análisis detallado de las empresas que en definitiva conformen la lista que determinará el área social y mixta. 7) En relación a las facultades del Ejecutivo para intervenir o requisar empresas hubo acuerdo en general en cuanto a limitar las causales, establecer su temporalidad, definir las facultades de los interventores y establecer un sistema de apelación. Sin embargo su carta no recoge lo ya convenido en cuanto a limitar el plazo a 90 días prorrogables por una sola vez, ni la posición oficial de nuestro Partido en orden a las instancias de apelación. 8) Tampoco se ha recogido la posición del Partido en orden a radicar en algún organismo, como podría ser la Corte Administrativa, las facultades para corregir las discriminaciones ¡de que puedan ser objeto las empresas productoras de bienes y servicios en materias económicas. Los puntos anteriores son sólo los más sobresalientes y sería largo de enumerar las restantes desinteligencias convenidas en su carta. En todo caso, considero necesario insistir en que solamente podrá producirse un acuerdo en la medida que Uds. comprendan nuestro propósito de someter a la Ley el proceso de cambios en la economía, de establecer la adecuada participación de los trabajadores en el proceso productivo, de asegurar la tranquilidad y el desarrollo de los sectores productivos privados, de trabajadores y mixtos, estableciendo mecanismos eficientes para impedir, corregir y sancionar cualquier discriminación o abuso de poder por parte del Estado, y de impedir que sin una nueva ley que expresamente lo faculte para ello pueda el Estado aumentar su poder económico y político estatizando o adquiriendo empresas. Destacamos como un elemento positivo la aceptación por vuestra parte del retiro de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones y la disposición de acercar sus criterios a los nuestros en materia de crear bancos administrados mayoritariamente por sus trabajadores. No obstante lo anterior, el retroceso qua su carta significa respecto a materias en las cuales ya habíamos avanzado y la falta de precisión en cuanto a otras, me llevan a la convicción de que ella no permite en modo alguno, modificar la posición del Partido Demócrata Cristiano en relación al despacho de los vetos del Ejecutivo referentes al proyecto de Reforma Constitucional sobre las tres áreas de la economía. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., Renán Fuentealba Moena, Presidente Nacional. El señor HAMILTON.- ¿Cuántos minutos quedan? El señor PALMA (Presidente).- Trece minutos, señor Senador. El señor HAMILTON.- Pido a los señores Senadores que me dejen hablar, con el exclusivo propósito de que los demás colegas que puedan participar en el debate no se vean disminuidos en su derecho a causa de la intervención mía. En primer lugar, como no se pudo fundar el voto respecto del artículo anterior, relacionado con las 91 empresas, muy brevemente quiero decir que, en realidad, ese artículo efectivamente es inconstitucional, porque se trata de un veto aditivo que contiene ideas nuevas no incluidas ni hechas valer durante la tramitación del proyecto por el Ejecutivo. La indicación a que se ha referido el Honorable señor Gumucio, planteada por el Gobierno en la Cámara de Diputados, no es la misma idea. Es muy distinta. A este respecto, sólo quiero señalar que, siendo absolutamente inconstitucional, podríamos proceder de dos maneras para hacer valer la inconstitucionalidad. En primer lugar, declarando su improcedencia por inconstitucional, con lo cual impediríamos que la materia siguiera su curso en la tramitación de los vetos, que la pudiera conocer la Cámara de Diputados y que pudiera ser objeto de un ulterior plebiscito. Como queremos evitar cualquier problema que impida la consultar popular que aquí ofreció el señor Ministro de Justicia, no recurriremos a esa forma de hacer valer la inconstitucionalidad. Procederemos en la otra forma, que es fundamentando nuestra oposición al veto por ser inconstitucional. Con relación al problema de la participación, quiero explicar que nosotros somos partidarios de toda iniciativa para establecer la participación de los trabajadores. La hemos auspiciado y apoyado. En este proyecto concebimos dos formas de participación: una limitada o subordinada al Estado o a los particulares, en las áreas estatal o privada, respectivamente, pero con participación efectiva, real y auténtica, en el sentido de que sean los propios trabajadores los que la designen. Y otra, que es nuestro modelo por eso hemos establecido la idea de las empresas de trabajadores, consistente en ir creando y haciendo crecer un área en que el poder la administración de los excedentes esté en manos de los trabajadores. Respecto de esta disposición del veto, votaremos favorablemente el informe, porque estamos de acuerdo con la idea esencial de que en el área propiamente estatal, donde reconocemos que el Estado debe tener la propiedad, el manejo y la responsabilidad como en el cobre, el salitre, el hierro, el acero, el carbón, la electricidad y otros, los trabajadores tengan realmente una participación efectiva y auténtica, aunque sea minoritaria, en la administración de las empresas. En cambio, rechazaremos para ser breves aquellas disposiciones con las que estamos en desacuerdo por razones doctrinarias; aquellas que no son materias propias de la Constitución, ni siquiera de la ley, sino de reglamento o de instrucciones, y que incluso en la aplicación práctica de esta experiencia en materia de participación podrían dar a la idea una rigidez que pudiera perjudicar la marcha productiva de las empresas estatales. De manera que vamos a votar favorablemente el informe, acogiendo la idea fundamental y la mayor parte de las expresiones que en esta materia ha planteado el Gobierno, y no así otras cosas con las cuales estamos francamente en desacuerdo que son las menos y aquellas que no corresponden al texto constitucional ni debieran estar en él. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. El señor GARCÍA.- Para rechazar estas disposiciones, el Honorable señor Bulnes tuvo en vista que ellas eran excesivamente reglamentarias y, usando la misma expresión, daban rigidez a un problema respecto del que debe haber mucha amplitud para poder resolverlo. Por esa sola razón votó en contra. Después de las expresiones que hemos tenido oportunidad de oír y de intercambiar ideas con el Honorable señor Bulnes, retiraremos la oposición que planteamos en la Comisión y votaremos favorablemente, en la misma forma en que actuó ese organismo. Pero deben tenerse en cuenta algunas cosas. En 1966, cuando se fundó nuestro partido, dijimos que había que establecer una nueva política laboral, que significara dar a los trabajadores efectiva oportunidad para participar responsablemente en el desarrollo de las empresas e incrementar sus salarios en razón de las utilidades de ellas. Los programas, las ideas, tienen a veces el momento oportuno para concretarse. Por eso, y aun cuando creemos que corresponde más bien a una ley que a una reforma constitucional, votaremos el precepto en la misma forma en que lo hizo la Comisión. Sin embargo, queremos dejar ciertas constancias y formular algunas advertencia en lo relativo al manejo de las empresas, algunas de las cuales reseñaré en seguida, como ejemplo. En primer lugar, la necesidad de mantener en el país un régimen de economía de mercado, para que se desarrolle un espíritu competitivo entre esas mismas empresas. Eso las hará más eficientes. No olvidemos que las empresas privadas constituyen hoy día, en realidad, un acusador testimonio frente al desastroso resultado de las empresas que han caído en manos estatales. Sólo los altos niveles de eficiencia de las empresas privadas y sus normas de justicia han hecho que mucha gente retroceda frente a la empresa estatal. Queremos también destacar que en estos últimos tiempos, tal vez en los últimos treinta años, la administración de las empresas privadas medianas y grandes ha salido de manos de quienes aportaron el capital. Durante ese tiempo las han administrado profesionales, los que tomaron a su cargo su delicada y compleja gestión. Por lo tanto, cuando se propone incorporar a los trabajadores a la gestión de las empresas, debe recordarse que se trata de una situación que ya existe y cuyo carácter progresivo se ha acelerado en el curso de los últimos años. Por consiguiente, lo que procede es estimular la ampliación de este proceso, extendiendo la propiedad de las empresas mediante incentivos que permitan a quienes laboran en ellas adquirir o cuotas de capital o todo el capital si es necesario, en forma personal y directa. Procede, además, poner atajo a los burdos engaños marxistas, como es, por ejemplo, el sostener que por el solo hecho de que una propiedad sea del Estado, ésta pasa automáticamente a la propiedad de los trabajadores. Tal afirmación no es efectiva. Es un engaño, sino una burla. El señor TEITELBOIM.- ¿Qué documento está leyendo Su Señoría? El señor GARCÍA.- Estoy leyendo unos apuntes sobre integración de empresas que tenía, porque es la oportunidad de hacerlo. Procede, por último, impulsar al máximo las posibilidades de participación en cada uno de los niveles en que se lleve a cabo la gestión de la empresa. No se podrá conseguir jamás una buena gestión empresarial sin una participación creciente en los diferentes niveles de la gestión laboral y, por lo tanto, sin una identificación estrecha con el destino de la empresa por parte de todos los que trabajan en ella. Con todo, y atendida la extraordinaria complejidad que reviste un programa de esta naturaleza, complejidad inconcebible para quienes no conocen las gestiones de la empresa, se hace indispensable subrayar que los diversos grados de participación sólo pueden alcanzarse en la medida en que cada cual actúe dentro de la órbita de sus capacidades, esto es, en forma de que cada participante pueda responder plenamente de la eficiencia de las funciones que le señalen. Y si tengo algunos minutos más, señor Presidente, diré... El señor MONTES.- El señor Ibáñez no está de acuerdo con eso. El señor GARCÍA.- ¡Por favor, señor Senador, déjeme hablar! ¡Tengo paciencia, pero no mucha! Dentro del esquema de necesaria y acelerada evolución social que, repito, sólo la empresa privada hace posible, corresponde, por último, ampliar las oportunidades de formación profesional, para que el personal de esas empresas pueda llegar a desempeñar cabalmente hasta las más altas funciones directivas. No es éste un proceso fácil, porque precisamente las más escasas y, por lo tanto, las más difíciles de hallar son las capacidades directivas. La Unión Soviética lo ha entendido así, al pedir con insistencia su asociación con grandes consorcios norteamericanos, porque no tenía la capacidad empresarial que es absolutamente necesaria para el manejo de las empresas. Está muy claro que existe escasez de capitales para atender al desarrollo de los pueblos. También hay claridad en que se necesita tecnología. Pero lo que no está perfectamente claro es que en un proceso creativo se necesita tener personal que lo lleve a cabo. Y este escollo de no tener personal preparado para la dirección de las empresas, porque lo compone un número limitado de personas, aparte el problema de su disponibilidad, se presenta no sólo en Chile, sino en todo el mundo. Creer que sin esa formación se pueden manejar las empresas es lo que las hace caer en la ruina. Y los resultados de tal creencia quedan a la vista, nítidamente, con la gestión de los interventores o dirigentes colocados por la Unidad Popular en las sociedades que el Gobierno ha usurpado. Para la designación de esos dirigentes, la Unidad Popular, lejos de valorar su competencia profesional, ha establecido un régimen de redondilla de partidos, que se asemeja mucho a la ruleta rusa, aunque en realidad no es tanto lo que se asemeja, porque en ese régimen están todas las balas cargadas. Finalmente, de esta exposición se infiere lo siguiente: que existen sistemas eficaces de incorporación de los trabajadores a la propiedad, de participación de ellos en niveles adecuados y de responsabilidad en las funciones de la más alta dirección de las empresas. Si todas estas formas de participación se conciben y ejecutan en debida forma, como por ejemplo en la Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar, donde ya la imitad del capital ha pasado a manos de los obreros y el manejo de la empresa se realiza por gente muy eficiente, el resultado que se obtiene es el de una buena integración. Eso es lo que perseguimos. En consecuencia, votaremos afirmativamente. El señor PALMA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que se ha citado a la Corporación. Acordado. El señor GUMUCIO.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Sobre el tema de la participación, ofrezco la palabra al Honorable señor Rodríguez. El señor GUMUCIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor RODRÍGUEZ.- Perdóneme, Honorable colega, que no se la dé de inmediato, pero me sobrarán diez minutos. Yo quisiera, con el perdón del señor Presidente y del Senado, salirme un poco del contexto de la observación que estamos tratando para cumplir, con agrado, un mandato de mis compañeros de partido y de los de la Unidad Popular. En la discusión de esta noche, se ha producido un episodio ingrato. Injustamente, a mi juicio, se ha tratado en términos que considero graves a un compañero de la Unidad Popular, Rafael Agustín Gumucio. Creo que todos somos testigos de que Gumucio puso devoción honesta, intención patriótica, vocación democrática en la búsqueda de una solución a la controversia del Gobierno y la Unidad Popular con la Oposición. Yo diría que derrochó energías, derrochó preocupación. En ningún momento le vimos ningún asomo de jugar a la zancadilla barata. Actuó de buena fe. Por eso, creo que la agresión que ha sufrido esta noche no le alcanza en lo mínimo. Nunca Gumucio, ni esta noche, ni ayer, ni anteayer, ni antes, ha merecido calificativos como los que escuchamos esta noche. Podrá discreparse de su posición ideológica, pero nadie está autorizado para tratarlo en esa forma. Reivindico la fraternidad, la solidaridad combatiente de los colegas de la Unidad Popular para un hombre que conocemos desde hace más de treinta años en la lucha política chilena, con el cual ayer discreparos profundamente y hoy tenemos una gran coincidencia en la interpretación del esquema político, económico y social de Chile; que ayer fue nuestro adversario político, siempre respetable, y que ahora es nuestro aliado. Como adversario ayer, como aliado hoy, ha sido y sigue siendo una figura honesta de la política chilena. Por eso, para Gumucio vaya esta noche nuestra solidaridad ante los agravios injustos que ha sufrido por una mala interpretación de su conducta, cuando todavía no terminaba de exponer su pensamiento político. Era cuanto quería decir sobre el asunto. El señor PABLO.- La comisión tampoco la aprobó. El señor GUMUCIO.- A ese punto voy, Honorable señor Pablo. El día domingo, usted no asistió a una reunión a la que asistieron... ¡déjeme hablar! ...el señor Saavedra y el señor Amunátegui, en la que discutimos esa lista. Que después esa lista fuera susceptible de modificaciones, es cosa aparte. Por último, esa lista no es algo secreto ni vergonzoso: es la esencia del área social. Si la Democracia Cristiana creía que podía aceptarse equis lista, quiere decir que no estaba rehuyendo la posibilidad de que se nacionalizaran o expropiaran equis empresas. Entonces, ¿por qué sulfurarse tanto porque se lee una nómina? Ahora, quiero advertirle lo siguiente: que en la mañana, cuando usted me dijo eso, pensaba no leer la lista. Por desgracia, el Honorable señor Lorca hizo mención a la forma como se había discutido ella en las conversaciones y entonces me sentí autorizado para algo que, repito, no es vergonzoso, porque decir que tal es la lista de las empresas que se piensa nacionalizar no es motivo de vergüenza, máxime cuando he hecho presente que el consejo de la Democracia Cristiana no la aprobó, y, en segundo lugar, que en esa reunión existió consenso para lo que he leído. No he dicho más. Y usted no estaba presente. El señor PABLO.- ¿Me permite? El señor GUMUCIO.- No. Señor Presidente, como se ha pedido la inserción de la otra carta, yo pido que también se inserte en la versión la que mencionó el Honorable señor Fuentealba. El señor GUMUCIO.- Deseo, en primer término, agradecer muy sinceramente las palabras tan fraternales del Senador Rodríguez, que me compensan en abundancia del mal rato que acabo de pasar; y en segundo término, hacer presente que, frente a la agresión de que se me hizo objeto, reconozco que fui excesivo al referirme a Renán Fuentealba. Lo conozco desde muchos años y sé que es un hombre de honesta vida. Así, pues, no tengo en este caso ningún inconveniente en retirar las palabras que puedan haber sido injuriosas para él. Ahora, quiero dejar bien en claro que pensaba referirme precisamente a la distribución de las 91 empresas en empresas estatales, mixtas y de trabajadores. Con referencia a las expresiones del señor Pablo, quiero hacerle presente que dejé constancia precisa de que me constaba que el consejo de la Democracia Cristiana no había aprobado la lista que leí... El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, ¿podría solicitar el asentimiento del Senado para que se me permitiera usar de la palabra? El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aceptaría la proposición de insertar la carta a que ha hecho referencia el Honorable señor Gumucio. El señor PABLO.- Y la que mencioné yo. El señor PALMA (Presidente).- También. Acordado. El documento mencionado por el Senador señor Gumucio que se acordó insertar es el siguiente: Ministerio de Justicia Gabinete del MinistroSantiago, 4 de julio de 1972 Señor Senador Renán FuentealbaPresidente del PDC. Presente. Señor Senador: El día jueves 29 de junio nos dirigimos a Ud. solicitándole se prorrogara por algunos días el plazo que se había acordado para estudiar un posible acuerdo respecto de la votación de las observaciones al proyecto de Reforma Constitucional sobre las Tres Áreas de la Economía. Este planteamiento nuestro no fue aceptado por el Consejo del Partido Demócrata Cristiano quien, la noche de ese mismo día, acordó ratificar las determinaciones del Presidente y de la Directiva Nacional del PDC. en el sentido en que las conversaciones deben darse por terminadas y reanudarse la tramitación del proyecto y los vetos en el Congreso Nacional, trasladando a este organismo la posibilidad de que en dicha instancia se produzcan soluciones que permitan superar el conflicto existente, lo que dependerá fundamentalmente de la actitud que asuma el Poder Ejecutivo. Dentro del propósito enunciado en la transcrita declaración, en el sentido en que sería posible que en el Congreso Nacional se produzcan soluciones que permitan superar el conflicto existente nos parece necesario sintetizar el grado de acuerdo que existe en la actualidad. Creemos que este resumen facilitará la consecución de un acuerdo definitivo. I.- Facultad para nacionalizar o expropiar 90 empresas. En relación con la observación aditiva contenida en la letra a) del Nº III del Mensaje respectivo, cabe hacer presente que hubo acuerdo en la Comisión Negociadora DC-UP para retirar de esa lista las siguientes empresas: Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones S. A. Aceites y Alcoholes Patria S. A. Ferriloza S. A. Industria de Metales. Fea. Nacional de Aceites S. A. Cía. Productora Nacional de Aceites S. A. Licores Mitjans S. A. Calderón Confecciones S A. C. Confecciones Oxford S. A. Dos Alamos S. A. I. y C. Lechera del Sur Sociedad Anónima Llanquihue. Farmoquímica del Pacífico S. A. Empresa Pesquera Eperva S. A. Sociedad Productores de Leche S. A. Además, y sin perjuicio de agregar a dicha lista otras empresas que han sido adquiridas por el Estado en forma total o mayoritaria, hubo acuerdo para incorporar también las siguientes: I.T.T. Com., Transradio Chilena, COIA y Elecmetal. Se agregan también a esta lista, como consecuencia del acuerdo a que se llegó respecto a la nacionalización de la actividad bancaria y para el efecto de adquisición de los saldos de acciones respectivos, todos los bancos actualmente existentes en el país. En consecuencia, la lista quedaría formada por las siguientes empresas: 1.- Sociedad Pesquera Guanaye S. A. 2.- Compañía dé Teléfonos de Chile. 3.- Manufacturas Sumar S. A. 4.- Compañía de Cervecerías Unidas. 5.- Algodones Hirmas S. A. 6.- S. A. Yarur Manufacturas Chilenas de Algodón. 7.- Tejidos Caupolicán S. A. 8.- Rayón Said Industrias Químicas S. A. 9.- Textil Progreso S. A. 10.- Paños Oveja Tomé S. A. 11.- Rayonhil Industria Nacional de Rayón S. A. 12.- Lanera Austral S. A. 13.- Textiles Banvarte S. A. 14.- Compañía Industrial El Volcán S. A. 15.- Fábrica Nacional de Loza de Penco. 16.- Compañía Sudamericana de Vapores S. A. 17.- Compañía General de Electricidad Industrial. 18.- Compañía de Petróleos de Chile. 19.- Compañía Industrial. 20.- Compañía de Refinería de Azúcar de Viña del Mar. 21.- Compañía Consumidores de Gas de Santiago. 22.- Manufacturera de Metales S. A. (MADEMSA). 23.- Fábrica de Enlozados S. A. 24.- Compañía Industrias Chilenas CIC S. A. 25.- Cristalerías de Chile Sociedad Anónima. 26.- Compañía Molinos y Fideos Carozzi. 27.- Acero Andes S. A. 28.- Carburo y Metalurgia S. A. 29.- Compañía Chilena de Navegación Interoceánica. 30.- Sindelén S. A. I. C. Sociedad de Industrias Electrónicas Nacionales. 31.- Cemento Bío-Bío S. A. 32.- Gildemeister S. A. C. 33.- Industrias Químicas Du Pont S. A. 34.- Pesquera Indo S. A. 35.- Industria Chilena de Soldaduras S. A. INDURA. 36.- Refractarios Lota Green S. A. 37.- Compañía Industrial Metalúrgica S. A. 38.- Compañía Nacional de Teléfonos Sociedad Anónima. 39.- Compañía de Gas de Concepción. 40.- Manufacturera de Cobre S. A. MADECO. 41.- Industria Chilena de Alambres Inchalam S. A. 42.- Vidrios Planos Lirquén S. A. 43.- Fábrica de Pernos y Tornillos American Screw Chile S. A. 44.- Compañía Standard Electric S. A. C. 45.- Naviera Interoceangas S. A. 46.- Aga Chile S. A. Representaciones. 47.- Indus Lever S. A. C, I. 48.- Compañía Industrial Hilos Cadena S. A. 49.- Philips Chilena S. A. de Productos Eléctricos. 50.- Embotelladora Andina S. A. 51.- Coresa S. A. Unidades y Complementos de R. 52.- S. A. de Navegación Petrolera. 53.- Chiprodal S. A. I. 54.- Cía. Nacional de Fuerza Eléctrica S. A. 55.- Agencias Graham S. A. C. 56.- Grace y Co. (Chile) S. A. 57.- Compañía Chilena de Tabacos S. A. 58.- Sociedad Industrial Pizarreño S. A. 59.- Bata Sociedad Anónima Comercial. 60.- Sociedad Industrial de Calzado SOINCA. 61.- Sociedad Anónima Manufacturera de Caucho Tejidos y Cueros. 62.- Compañía Chilena de Fósforos. 63.- Cobre Cerrillos Sociedad Anónima. 64.- Fábrica de Envases S. A. 65.- Nieto Hnos. S. A. C. I. Consorcio. 66.- Confecciones Burger Sociedad Anónima Comercial e Industrial. 67.- Electromat S. A. Fea. de Materiales Eléctricos. 68.- Industrias Textiles Pollack Hnos., y Cía. S. A. 69.- Fea. de Paños Continental S. A. 70.- Comandan S. A. Hilos y Paños de Lana. 71.- Cía. de Tejidos El Salvador. 72.- Sociedad Anónima Comercial Saavedra Benard. 73.- Laja Crown S. A. Papeles Especiales. 74.- Elaboradora de Productos Químicos Sintex S. A. 75.- Oxiquim Ltda. 76.- Maderas y Sintéticos S. A. Masisa. 77.- Maderas Prensadas y Pinos de Cholguán S. A. 78.- I.T.T. Com. 79.- Transradio Chilena. 80.- COIA. 81.- Elecmetal. Bancos. 82.- Banco de Chile. 83.- Banco Sudamericano. 84.- Banco Nacional del Trabajo. 85.- Banco de Crédito e Inversiones. 86.- Banco Español de Chile. 87.- Banco Osorno y La Unión. 88.- Banco Concepción. 89.- Banco O’Higgins. 90.- Banco Continental. 91.- Banco de Talca. 92.- Banco Israelita. 93.- Banco Comercial de Curicó. 94.- Banco Sur de Chile. 95.- Banco Chileno Yugoslavo. 96.- Banco de Chillan. 97.- Banco de Valdivia. 98.- Banco de Linares. 99.- Banco de Constitución. 100.- Banco de Llanquihue. En cuanto a las modalidades de gestión de esas empresas, o sea, fundamentalmente a su incorporación al área social o al área mixta, hemos estado de acuerdo en basarnos en criterios técnicos y la consideración de las situaciones reales. Como se desprende de lo anterior, no figura la Empresa Manufacturera de Papeles y Cartones. Como se planteó por parte nuestra en las conversaciones, esta circunstancia no involucra compromiso alguno al respecto, especialmente en cuanto a la libertad del Gobierno de la Unidad Popular para obtener la incorporación de dicha empresa al área social de la economía, sin perjuicio de mantener su criterio, reiteradamente expuesto a Uds. en el sentido de facilitar la creación de un organismo autónomo encargado de administrar todo cuanto concierne a la producción de papel para diarios e imprentas y a la asignación de las cuotas respectivas, incluso con relación a las Empresas Estatales del rubro. II.- Bancos. En cuanto a las instituciones bancarias actualmente del área privada, hemos manifestado la proposición del Gobierno de que se deroguen las disposiciones que prohíben la participación de los trabajadores bancarios en los Directorios. En su reemplazo, planteamos el establecimiento de un sistema de plena participación, basado en que cada directorio quede constituido por cinco representantes del capital, un gerente designado por el Estado y cinco representantes de los trabajadores del respectivo Banco, elegidos en votación directa, impersonal y secreta. Coincidimos con Uds. en que, para abrir paso a una tan amplia participación, corresponde autorizar por ley la expropiación de los saldos de acciones en manos de particulares, completando el establecimiento de la propiedad estatal sobre todo el capital bancario. Pero Uds. reclamaron que cuatro instituciones bancarias los Bancos Chile, Sudamericano, Edwards y Crédito e Inversiones tuviesen un directorio diferente, formado por siete representantes de sus respectivos trabajadores y tres del Estado, con ciertas facultades decisorias en materias determinadas, y la elección del gerente por tal Directorio, debiendo contar con el voto favorable de los personeros estatales. Se aclaró, a satisfacción de Uds. que circunstancias de hecho impiden incluir en esta modalidad al Banco Edwards. Respecto de los otros tres Bancos, aceptamos la proposición de Uds., quedando por aclarar sólo quien será el presidente de cada uno de ellos, que a nuestro juicio, deberá ser un representante estatal, con derecho a voz y voto en el directorio. Creemos que, de hecho, en lo substancial es, así, coincidente la posición aceptada por ambas partes en cuanto a las instituciones bancarias, respecto de las cuales no se ha discutido su encuadramiento en el sistema bancario general del país, por ser esto obvio, ya que sería inconcebible imaginar que una parte del sistema bancario quedare al margen de la tuición y conducción que al Banco Central y a la Superintendencia respectiva corresponde en la materia. III.- Normas de indemnización de las empresas nacionalizadas, expropiadas o reservadas al Estado. El régimen de indemnización de estas empresas sería, en principio, el mismo establecido en el proyecto de ley de las tres áreas de la economía, despachado por la Cámara de Diputados (Boletín del Senado Nº 25397, página 43), que contiene los criterios sustentados al respecto por el Partido Demócrata Cristiano. En relación con este régimen de indemnización, sólo queda pendiente la revisión en común de los siguientes aspectos: plazo, naturaleza y forma de liquidación y pago de los bonos, integración del Tribunal de Reclamos y recursos contra sus resoluciones. IV.- Empresas mixtas. Nosotros entregamos un proyecto redactado de acuerdo con los criterios generales de ambas Comisiones. Hasta ahora no ha habido observaciones de parte de la Comisión de la Democracia Cristiana. V.- Definición de pequeña y mediana propiedad y del grupo familiar. Está aprobado de común acuerdo el texto del proyecto de ley sobre estas materias. VI.- Actividades reservadas al Estado. Un documento emanado del Departamento Técnico de la Democracia Cristiana, y entregado con posterioridad a la redacción conjunta del proyecto sobre esta materia, contiene criterios en que hay acuerdo en desestimar. Subsiste, en consecuencia, el tenor del proyecto aprobado conjuntamente sobre el particular. VII.- Atribuciones CORFO y de otros organismos estatales. El proyecto está aprobado por ambas Comisiones. VIII.- Régimen de participación. El criterio de la Unidad Popular quedó fijado en la observación referente a esta materia. Dicho criterio fue aprobado en sus líneas generales por la Democracia Cristiana al votarse tal observación en la Comisión de Legislación y Justicia del Senado. Como se acordó por las Comisiones negociadoras, este mismo criterio será la base para la redacción del proyecto conjunto. IX.- Empresas de trabajadores. Hemos concordado en que las empresas de trabajadores no se establezcan en áreas estratégicas de la economía o monopólicas. Por nuestra, parte, hemos aclarado que cuando una empresa pasa a ser de trabajadores, debe dejar de intervenir en su propiedad el capital privado. También hemos aclarado que los derechos de participación en la empresa de trabajadores tienen que corresponder a todos ellos, inclusive a aquellos que se desempeñen en un momento dado como trabajadores temporales. Hemos aceptado que, previa consulta a los trabajadores respectivos, se constituyan como empresas de trabajadores la totalidad de las correspondientes a los sectores textil y del calzado, cuyo capital era al 31 de diciembre de 1969 de 14.000.000 de escudos o más, figurasen o no en la lista de las noventa empresas. Por lo demás, sintetiza nuestro criterio lo expuesto por el Ejecutivo en las observaciones al proyecto de Reforma Constitucional, donde se expresa lo siguiente: En efecto, el Gobierno propicia el más amplio sistema de participación de los trabajadores en la administración de las empresas del área social y en las del área mixta controladas por el Estado. Se acepta también que los trabajadores administren por cuenta propia ciertas empresas siempre que no operen en actividades económicas esenciales que deben reservarse al Estado; que los trabajadores no posean la propiedad individual de los medios de producción de la empresa, y que no haya reparto de utilidades entre los trabajadores, sino que los excedentes estimados en el conjunto de la rama de producción respectiva, no accedan en beneficio individual, sino que sean capitalizados socialmente o repartidos en beneficios sociales. Hemos coincidido, en relación a las empresas de trabajadores, que a fin de hacer factible la experiencia, es preciso establecer un sistema nacional que permita acrecentar el control de los trabajadores sobre el aparato productivo, como asimismo, capitalizar socialmente el excedente. Dicho sistema deberá contener normas sobre el grado de autonomía de cada empresa a fin de que se eviten desviaciones particularistas. X.- Publicidad. Se ha llegado a un acuerdo para establecer un sistema de distribución equitativo de todos los recursos para publicidad estatal que aborde campañas de interés general y del 50% de los recursos publicitarios de las grandes empresas de las tres áreas de la economía. XI.- Regulación de precios. Ha habido acuerdo para constituir una Comisión Administrativa para conocer de los reclamos sobre regulación de precios. Sólo resta precisar la integración de dicha Comisión. XII.- Requisiciones e intervenciones. Estamos de acuerdo en la redacción del proyecto sobre reglamentación de las requisiciones e intervenciones. Sólo está pendiente la decisión acerca de quién o quiénes actuarían como Tribunal Administrativo provisional en tanto se crea la Corte Administrativa. XIII.- Tratamiento de las observaciones. Aunque parezca innecesario, damos por reproducido el acuerdo sobre la forma de despachar las observaciones al proyecto de Reforma Constitucional, contenido en el acuerdo ad referendum entre la UP y la DC, de fecha 13 de junio de 1972. Por lo precedentemente expuesto, nos parece indispensable convenir en un procedimiento para el tratamiento de las observaciones y para la redacción, presentación y despacho de los proyectos de ley, a fin de materializar los acuerdos ya logrados y los que aun restan por concretarse sobre las bases aquí indicadas. Estimamos nuestro deber hacer notar a Ud. que el país no comprendería que, habiéndose producido tal grado de aproximación entre ustedes y nosotros sobre estas materias, ello no pueda cristalizarse por impedimentos meramente formales. Saludan atentamente a Ud. (Fdo.): Jorge Tapia Valdés.- Rafael Agustín Gumucio Vives.- Sergio Insunza Barrios. El señor PALMA (Presidente).- Antes que terminen sus observaciones los señores Senadores, solicito el asentimiento de la Sala para permitir al Honorable señor Fuentealba usar de la palabra. El señor MONTES.- ¿Queda tiempo? El señor PALMA (Presidente).- Esta intervención se le descontará de su tiempo al señor Senador. Acordado. Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, yo quiero también manifestar mis excusas al señor Gumucio por las palabras duras que le expresé hace un momento en el debate. La verdad es que, dentro de la Democracia Cristiana, a pesar de que el señor Gumucio abandonó sus filas por razones que todos hemos respetado, a pesar de eso, digo, siempre lo hemos seguido considerando y apreciando como quien fue dentro de nuestro partido: uno de sus fundadores, presidente del partido y nuestro amigo. Repito mis excusas y pido perdón por haber dicho, en un momento de ofuscación, lo que escuchó el Senado. En estos días, hemos vivido momentos muy tensos dentro de la política nacional, con motivo de las conversaciones que hemos realizado con el Gobierno y que hemos creído necesario llevar a efecto por el interés del país, por el bien de Chile. Hemos recibido, los démocratacristianos, una andanada permanente de maledicencias, de injurias y de infamias, no obstante lo cual hemos seguido conversando sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo digno y honorable respecto del despacho del proyecto de reforma constitucional, que es de iniciativa de la Democracia Cristiana. En esas conversaciones se avanzó mucho. Podríamos decir que hubo un 80% o un 85% de acuerdo entre el Gobierno y la Democracia Cristiana acerca de materias muy importantes; y entre ellas, por supuesto, nunca nos negamos a considerar la dictación de una ley sobre el destino de las 91 empresas a que se ha referido el Honorable señor Gumucio. Sobre este particular, llegamos a algunas bases de acuerdo en virtud de las cuales ciertas empresas, en razón de poseer un capital inferior a 30 millones de escudos, cifra que nosotros propusimos y se aceptó, debían excluirse del traspaso al área social. Acerca de las restantes, llegamos a un acuerdo en principio por medio de la comisión, no ratificado por el consejo nacional, como muy bien lo ha expresado el Honorable señor Gumucio, en el sentido de que algunas de esas empresas, en número también considerable, debieran pasar a convertirse en empresas de trabajadores, y otras debían quedar comprendidas en el área mixta. Durante las conversaciones, ya al final de ellas, recibí una carta del señor Ministro de Justicia de la que ha hecho entrega el señor Gumucio en este instante en que nos expresaba su parecer y el del Gobierno en cuanto al sentido y alcance de nuestras conversaciones. Esa carta, como Be lo manifestamos al señor Ministro, no reflejaba sino en una medida muy pequeña la verdad de lo acontecido en nuestras conversaciones. En vista de ello expresamos al señor Ministro que considerábamos que esa carta debía retirarse. Como no se retiró, le dimos respuesta. La contesté personalmente. Ni siquiera la sometí a la consideración del consejo nacional de mi partido como se lo digo al Ministro en mi respuesta, porque no procedía hacerlo, ya que no reflejaba lo que se había conversado y acordado con la comisión designada por el Partido Demócrata Cristiano para negociar sobre el particular. Y de acuerdo con esta comisión redactamos la respuesta, que emana de mi puño y letra. Ambos textos se conocerán. ¿Qué ha sucedido en esta sesión? Que el Honorable señor Gumucio prácticamente estaba dando lectura a esa misma carta, en la cual no se discriminaba en modo alguno respecto de las diversas diferenciaciones que hacíamos acerca del destino de las empresas. Como el Senador señor Gumucio basaba su argumentación en esa carta, que consideramos absolutamente inadecuada, inoportuna e inexacta se lo expresamos al señor Ministro y se lo hago presente en mi respuesta, tenía fundamento para pensar que se repetía aquí el texto de ese documento en los mismos términos en que se nos envió. Por eso interrumpí al Honorable señor Gumucio: para pedirle que precisara qué destino debían tener en definitiva esas empresas. Y pensé, de buena fe, que el Honorable señor Gumucio no iba a hacerlo, porque no lo dice la carta, y él estaba leyendo su texto. El señor GUMUCIO.- Leía la lista incluida en la observación, e hice referencia a la carta. El señor FUENTEALBA.- En todo caso, eso fue lo que ocasionó mi natural indignación. Porque, como es lógico, represento en este instante, justificada o injustificadamente, merecida o inmerecidamente, al Partido Demócrata Cristiano. Y si esa carta en definitiva, convinimos que tanto ella como la respuesta quedarían en reserva se daba a conocer en una sesión del Senado en los mismos términos en que se envió y no se hacía lo propio con nuestra respuesta, me parecía del todo inconveniente, por lo cual debía rechazar que se diera lectura a ese documento dentro de un discurso como el que pronunciaba el Honorable señor Gumucio. Su Señoría dijo que iba a completar su información, para después referirse a la forma en que esas empresas iban a quedar definitivamente radicadas en el área estatal, en la privada o en la mixta, o como empresas de trabajadores. Por lo tanto, considero que, en ese sentido, mi reacción fue justificada. Y pienso que toda esta mala interpretación se aclarará definitivamente al publicarse tanto la carta que nos envió el Ministro de Justicia como nuestra respuesta, que reflejan el pensamiento del Gobierno, por una parte, y por la otra, el nuestro. Debo reiterar que el Secretario de Justicia, luego de leer nuestra respuesta, nos reconoció que esa carta no reflejaba los términos de la conversación, y, además, que fue en virtud de esto que se convino que ninguno de los dos documentos se hiciera público. Por lo tanto, insisto, mi reacción se justificó, si bien excedí los términos que hubiera deseado emplear, por lo cual reitero mis excusas. Me vi obligado a poner el debate en sus verdaderos términos mediante la interrupción que hice al Honorable señor Gumucio. Eso es lo acontecido, y de ahí mi reacción. Igual reacción no en la misma forma, por supuesto tuve con el señor Ministro cuando le manifesté que su carta se apartaba absolutamente de las conversaciones que habíamos sostenido. Por otra parte, durante el desarrollo de esas conversaciones convinimos en no dar publicidad a su contenido sino en el momento en que se llegara a algún acuerdo o desacuerdo definitivo. Ahora, durante el transcurso del debate de las observaciones en el Senado, el acuerdo no se ha producido. Pero en todo momento, sobre la base de que aún faltaba un trámite en la Cámara de Diputados, y como seguíamos estimando conveniente para el interés de Chile soslayar los aspectos conflictivos de la reforma, estábamos dispuestos a que en una fecha futura reconsideráramos la posibilidad de llegar a acuerdo durante el trámite en esa rama del Congreso. Fundamentalmente, siempre hemos Sostenido la necesidad de que todo el proceso de socialización se sujete al imperio de la ley, y de que los traspasos desde el área privada a la estatal o a la mixta se efectúen en virtud de normas legales. Esa ha sido nuestra posición; no ha sido negarnos a la dictación de esa ley. Estábamos dispuestos, y seguimos estándolo, a considerar las posibilidades de dictar ese cuerpo de disposiciones, porque es necesario que de una vez por todas en Chile se definan las reglas del juego en materia económica. Y eso, por considerarlo de interés para Chile, estamos llanos a hacerlo de todas maneras, si hay oportunidad para ello, porque aquí no estamos procediendo por móviles egoístas o por opiniones personales o de partido, sino con miras a establecer normas básicas que permitan a todos los empresarios del país, y especialmente a los medianos y pequeños propietarios y empresarios, conocer las reglas del juego, para que sepan a qué atenerse, dónde están y cuál será en definitiva el destino de sus empresas. Eso es todo lo que malamente puedo explicar, en medio de un debate tan tenso en algunos momentos, en respuesta a la intervención del Honorable señor Gumucio. Y vaya también como explicación por el exabrupto en que incurrí, y por lo cual nuevamente doy excusas. El señor PALMA (Presidente).- Quedan trece minutos al sector que apoya la observación. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación. El señor FIGUEROA (Secretario).- Los señores Senadores que aprueben el informe de la Comisión deben rechazar el veto. Resultado de la votación: por la aprobación del informe, 24 votos; por la aprobación del veto, 13 votos. El señor PALMA (Presidente).- Queda aprobado el informe. El señor FIGUEROA (Secretario).- Hay un problema, señores Senadores. El señor PALMA (Presidente).- Se ha producido una confusión. El señor FIGUEROA (Secretario).- Para aprobar el informe o la observación se necesitan 25 votos, y sólo se reunieron 24 votos favorables al informe. El señor CARMONA.- Pero hay votos a favor de la observación. Habría que sumarlos a los veinticuatro. El señor RODRÍGUEZ.- ¿Por qué? El señor CARMONA.- Porque hay parte del veto aprobado en el informe. El señor HAMILTON.- Se votó mal. El señor BULNES SANFUENTES.- Ya se aprobó el informe. El señor GARCÍA.- La cuestión es muy simple: habría que preguntar a quienes votaron por la observación si estarían dispuestos, ahora que ella se rechazó, a votar por el informe, que acoge parte del veto. Si así ocurriera, querría decir que habría unanimidad para acoger en esa parte la observación. De manera que la Mesa tiene la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Así es, señor Senador. Entonces, queda aprobado el informe por unanimidad, en todas aquellas partes... El señor RODRÍGUEZ.- Pero nosotros aprobamos también el total de la observación. Es importante dejar constancia de ello. El señor GARCÍA.- La segunda votación es por unanimidad; la primera, con el resultado dado. No se necesita repetir la votación. El señor LUENGO.- O sea, vamos a revivir lo que fue rechazado. El señor PALMA (Presidente).- La Sala entera ha votado por el informe. La señora CARRERA.- Nosotros votamos favorablemente el veto. Y como el informe favorece al veto, nos conformamos con lo que queda. El señor HAMILTON.- Eso es. El señor PALMA (Presidente).- Queda aclarado, entonces. Terminada la discusión del proyecto. Se va a constituir la Sala en sesión secreta.
INCORPORACIÓN DE BIENES DE PRODUCCIÓN A ÁREA SOCIAL DE LA ECONOMÍA. REFORMA CONSTITUCIONAL. VETO.