REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL.
LEGISLATURA 316ª, ORDINARIA.
Sesión 29ª, en martes 18 de julio de 1972.
Ordinaria. (De 16.12 a 21.14).
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE; LUIS PAPIC RAMOS, VICEPRESIDENTE, Y PATRICIO AYLWIN AZOCAR, PRESIDENTE ACCIDENTAL.
SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA.

INDICE.

Versión taquigráfica.

I.- ASISTENCIA 	 .	 	1807
II.- APERTURA DE LA SESION 		1807
III.- TRAMITACION DE ACTAS 	.	1807
IV.- LECTURA DE LA CUENTA 		1807
Normas sobre consultas plebiscitarias. Prórroga de plazo a Comisión		1811 y	1822
Autorización a Comisión de Gobierno para sesionar simultáneamente con la Sala...	1812
Censura a la Mesa (se rechaza) 	1812
V.- FACIL DESPACHO:
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica la ley que destina recursos a municipalidades de Chiloé (queda para segunda discusión) 	1814
Proyecto de ley, en primer trámite, que denomina Mártires Céspedes y González a calle Unión, de Iquique (queda para segunda discusión)	1819
Proyecto de ley, en primer trámite, que concede personalidad jurídica a la Arquidiócesis Católica Apostólica Ortodoxa de Chile (se aprueba)	1820
Proyecto de ley, en primer trámite, que deroga disposiciones sobre exigencia de certificados para renovación de patentes (queda pendiente) 	1820
VI.- ORDEN DEL DIA:
Asuntos de gracia	1821
Proyecto de ley, en cuarto trámite, que establece normas sobre indígenas (se despacha) 1822
Proyecto de ley, en primer trámite, que establece poder comprador permanente de papas por ECA en Chiloé (se aprueba) 1824
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica el régimen previsional de ex servidores de Fuerzas Armadas (se aprueba) 1826
Proyecto de ley, en primer trámite, sobre supresión de derechos previsionales por delitos cometidos (se aprueba) 1831
Observaciones, en segundo trámite, al proyecto que transfiere Parque La Estrella de Barrancas al Servicio Nacional de Salud (se despachan) 1833
Observaciones, en segundo trámite, al proyecto que modifica la ley sobre arrendamiento de inmuebles (se despachan) 1833
Proyecto de ley, en primer trámite, que otorga nuevo plazo a municipalidades para transferir terrenos a ocupantes que hubieren construido viviendas (se aprueba) 1836
Sesión secreta	1836
VII.- TIEMPO DE VOTACIONES:
Acusación constitucional en contra del Ministro del Interior, don Hernán del Canto Riquelme. Fijación del día en que se comenzará a conocer 1836
VIII.- INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncian)	1837
Tabla de Fácil Despacho para la próxima sesión ordinaria (se anuncia) ...	1847
Problemas de las comunas de Chépica, Paredones y Lolol de la provincia de Colchagua (observaciones del señor Moreno) 	1847
Aclaración del artículo 5º de decreto que declara zona de catástrofe las provincias de Atacama y Coquimbo. Oficios (observaciones del señor Noemi)	1851
Posición del Partido Demócrata Cristiano ante el resultado de la última elección complementaria de un Diputado por Coquimbo (observaciones del señor Lorca)	1852
Problema de multiplicadores de semillas de Quinchao (Chiloé). Oficios (observaciones del señor Lorca)	1853
Facilidades para el pago de impuestos y contribuciones y obtención de cédula de identidad en Lago Verde (Aisén). Oficio (observaciones del señor Lorca)	1854
Local para internado de Escuela Nº 13 de Puyuhuapi, comuna de Cisnes (Aisén). Oficio (observaciones del señor Lorca) 	1855
Abastecimiento de energía eléctrica para Chile Chico (Aisén). Oficio (observaciones del señor Lorca)	1855
Situación de mineral de Cutter Cove. Oficio (observaciones del señor Lorca)	1856
Conflicto de campesinos magallánicos por actuaciones de Jefe Zonal de CORA (observaciones del señor Lorca) 	1858
Administración de Empresa Nacional del Petróleo en Magallanes (observaciones del señor Lorca) 	1859
Análisis de la última elección complementaria en Coquimbo (observaciones de los señores Acuña y Montes) 	1862

Anexos.

DOCUMENTOS:
1.- Observaciones, en primer trámite, al proyecto que modifica la ley 14.852, General de Elecciones, para autorizar los pactos electorales	1875
2.- Proyecto de ley, en primer trámite, que establece normas sobre probidad administrativa		1875
3.- Proyecto de ley, en primer trámite, que hace público el movimiento de las cuentas corrientes bancarias y sus saldos	1882
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que incorpora al régimen de previsión de la Caja de Previsión Social de los Comerciantes a los pescadores artesanales y a otros sectores	1884
5.- Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto que declara que la asignación de zona a que se refiere el artículo 86 del D.F.L. 338, constituye un derecho de todos los trabajadores de la Administración Pública, cualquiera que sea el régimen a que estén afectos		1885
6.- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba la Convención para la represión del tráfico ilícito de drogas peligrosas	1887
7.- Informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto que establece un sistema de redondilla general diaria para el personal de movilizadores manuales del puerto de Valparaíso ... 	1893
8.- Moción del señor Foncea, con la que inicia un proyecto que modifica los artículos 30 de la ley 11.469, sobre Estatuto de los Empleados Municipales, y 107 de la ley 11.860, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades	1896
9.- Moción del señor Lorca, con la que inicia un proyecto que hace aplicables a los empleados públicos de Chiloé las normas sobre traslado que rigen para los de Magallanes 1897
10.- Moción del señor Morales Adriasola, con la que inicia un proyecto que hace aplicables a los empleados públicos de Chiloé y Aisén las normas sobre traslado que rigen para los de Magallanes
11.- Moción del señor Silva Ulloa, con la que inicia un proyecto que concede amnistía a los inculpados, procesados o condenados por delitos contemplados en la ley 14.852, General de Elecciones, cometidos antes del 16 de julio de 1972 	1899
12.- Moción del señor Hamilton, con la que inicia un proyecto que dispone que el Instituto CORFO de Aisén y el Instituto CORFO de Chiloé contribuirán al financiamiento de la educación superior en sus respectivas provincias		1900
13.- Moción del señor Moreno, con la que inicia un proyecto que modifica el artículo 1? de la ley 17.253, para que las municipalidades de las comunas en que existan fuentes de aguas minerales traspasen determinados recursos a sus presupuestos	1901
14.- Moción del señor Hamilton, con la que inicia un proyecto que dispone que la CORVI construirá muros cortafuego para separar las viviendas de la Población Fitz Roy, de Punta Arenas 	1902

VERSION TAQUIGRAFICA.

I.- ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
Acuña Rosas, Américo
Aguirre Doolan, Humberto
Aylwin Azocar, Patricio
Ballesteros Reyes, Eugenio
Bossay Leiva, Luis
Bulnes Sanfuentes, Francisco
Carmona Peralta, Juan de Dios
Contreras Tapia, Víctor
Duran Neumann, Julio
Ferrando Keun, Ricardo
Foncea Aedo, José
Fuentealba Moena, Renán
García Garzena, Víctor
Gormaz Molina, Raúl
Gumucio Vives, Rafael Agustín
Hamilton Depassier, Juan
Irureta Aburto, Narciso
Jerez Horta, Alberto
Juliet Gómez, Raúl
Lorca Valencia, Alfredo
Luengo Escalona, Luis Fernando
Montes Moraga, Jorge
Morales Adriasola, Raúl
Moreno Rojas, Rafael
Musalem Saffie, José
Noemi Huerta, Alejandro
Ochagavía Valdés, Fernando
Olguín Zapata, Osvaldo
Pablo Elorza, Tomás
Palma Vicuña, Ignacio
Papic Ramos, Luis
Prado Casas, Benjamín
Reyes Vicuña, Tomás
Rodríguez Arenas, Aniceto
Silva Ulloa, Ramón
Sule Candía, Anselmo
Teitelboim Volosky, Volodia
Valente Rossi, Luis y
Valenzuela Sáez, Ricardo.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamala.

II.- APERTURA DE LA SESION.

Se abrió la sesión a las 16.12, en presencia de 19 señores Senadores.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III.- TRAMITACION DE ACTAS.

El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Las actas de las sesiones 21ª a 27ª quedan en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima, para su aprobación.

IV.- LECTURA DE LA CUENTA.

El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Mensajes.

Ocho de Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el primero solicita el retiro del Congreso Nacional del proyecto de acuerdo, iniciado en Mensaje del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Convenio entre Chile y Argentina sobre derechos del personal de automotores que efectúa el tráfico de pasajeros entre Mendoza y Los Andes.
Queda para ser discutido y votado en el primer lugar de Fácil Despacho de la sesión ordinaria siguiente.

Con el segundo concede el patrocinio constitucional necesario para que se dé trámite al proyecto de ley que declara que la asignación de zona a que se refiere el artículo 86 del D.F.L. N° 338, constituye un derecho de todos los trabajadores de la Administración Pública, cualquiera que sea el régimen jurídico a que estén afectos.
Se mandó agregarlo a sus antecedentes.

Con los dos siguientes retira y hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que establece normas sobre indígenas.
Queda retirada la urgencia y la nueva se califica de simple.

Con el quinto formula observaciones al proyecto de ley que modifica la ley número 14.852, General de Elecciones, con el objeto de autorizar los Pactos Electorales (véase en los Anexos, documento 1).
Con el siguiente inicia un proyecto de ley que establece normas sobre probidad administrativa (véase en los Anexos, documento 2).
Pasan a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Con los dos últimos inicia los siguientes proyectos de ley y, al mismo tiempo, hace presente la urgencia para su despacho:

1) El que modifica el artículo 1º de la ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, con el objeto de hacer público el movimiento de la cuenta corriente y de sus saldos (véase en los Anexos, documento 3).
Pasa a la Comisión de Hacienda y la urgencia se califica de simple.

2) El que concede, por gracia, una pensión a doña Amalia Santos Sandoval.
Pasa a la Comisión de Asuntos de Gracia y la urgencia se califica de simple.

Oficios.

Cinco de la Honorable Cámara de Diputados.

Con el primero comunica que ha declarado admisible la proposición de acusación constitucional deducida por diez señores Diputados en contra del Ministro del Interior, don Hernán del Canto Riquelme, por las causales de infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado sin ejecución y por haber comprometido gravemente la seguridad de la Nación y, en consecuencia, ha nombrado una Comisión integrada por los Diputados señores Mario Arnello Romo, Baldemar Carrasco Muñoz y Rafael Señoret Lapsley para que la formalicen y prosigan ante esta Corporación.
Queda para el Tiempo de Votaciones de primera hora de esta sesión.

Con el siguiente comunica que ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley que incorpora al régimen de previsión de la Caja de Previsión Social de los Comerciantes a los pescadores artesanales y a otros sectores (véase en los Anexos, documento 4).
Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Con los tres siguientes comunica que ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo ha hecho el Senado, los proyectos de ley que se indican a continuación:

1) El que amplía los efectos de la ley Nº 16.260, que concedió amnistía a los infractores de la ley de Reclutamiento para las Fuerzas Armadas;

2) El que deroga el D.F.L. Nº 6, de 1967, que regula la intervención de los Cónsules de Chile en los actos relativos al comercio y cobro de dólares, y

3) El que modifica el artículo 6º transitorio de la ley Nº 17.620, que beneficia a determinados taxistas.

Se mandó comunicarlos a Su Excelencia el Presidente de la República.

Treinta y cinco de los señores Ministros del Interior, Economía, Fomento y Reconstrucción, Educación Pública, Justicia, Tierras y Colonización, Minería y Vivienda y Urbanismo; Subsecretarios de Justicia, Transportes y Vivienda y Urbanismo; Superintendente de Aduanas; Vicepresidentes Ejecutivos de la Corporación de Fomento de la Producción y de la Caja de Previsión de Empleados Particulares; Directores de la Empresa Marítima del Estado, de Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Administrativo del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y señora Directora de Educación Primaria y Normal; Subdirector Económico del Ministerio de Relaciones Exteriores; Gerente General de la Empresa Nacional de Minería; Secretario General de la Superintendencia de Seguridad Social; Visitador de la Quinta Zona de la Dirección de Educación Primaria y Normal; Gerente del Registro Nacional de Comerciantes, Pequeños Industriales y Artesanos de Chile y Gerente General de la Empresa Constructora Ralph M. Parsons S. A., con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores Acuña (1), Ballesteros (2), Baltra (3), Carmona (4), Foncea (5), Hamilton (6), Ibáñez (7), Luengo (8), Moreno (9), Ochagavia (10),Olguín (ll),Papic (12), Silva Ulloa (13), Valente (14) y Valenzuela (15):

1) Programa de construcción de viviendas en Valdivia, Osorno, Llanquihue y Chiloé;

2) Traslado de Juzgado de Letras de Mayor Cuantía de Putaendo a la ciudad de Villa Alemana;

3) Automóviles de alquiler para Cautín;
Dotación de mobiliario escolar para la Escuela Nº 19 El Naranjo, de Lonquimay;

4) Elevación de categoría del Juzgado de Letras de Mayor Cuantía del departamento de Puente Alto;
Investigación en Sociedad Química y Minera de Chile S. A.;

5) Construcción de un Retén de Carabineros en El Bolsico;
Sede Social para el Sindicato de Empleados Públicos de Linares;

6) Tarifas por trabajos extraordinarios de revisión de vehículos de pasajeros que realiza la Aduana de Chacao;
Mantención de la Dirección Local de Educación en Quellón; Antecedentes sobre tarifas que cobra el Servicio de Ferry-boat en el Canal de Chacao;

7) Conmemoración del Día Nacional del Comercio;

8) Reconstrucción y habilitación de la Escuela Nº 38 El Monte, de Huichahue;
Atención de la población Pedro Aguirre Cerda, de Villarrica;

9) Electrificación de San Pedro de Alcántara;
Aumento de la dotación de taxis de Requínoa;
Extensión de la red de alcantarillado al sector de las calles Rubio y Brasil, de Rancagua;
Instalación de teléfono en el Retén de Carabineros de La Punta;

10) Dotación de carro bomba para el Cuerpo de Bomberos de Puerto Natales;
Ampliación de vacaciones de invierno para los escolares de Chiloé, Aisén y Magallanes;

11) Pago de gratificaciones a sus trabajadores por la Empresa Constructora Ralph M. Parsons S. A.; Sede Social para el Club Deportivo Marítimo, de Mejillones;

12) Destinación de profesores a la Escuela ubicada en el sector La Paloma, de Los Lagos;

13) Inspección de faenas en la Compañía Minera Sagasca S. A.;
Envío de cemento a Iquique, para obras de instalación de agua potable y alcantarillado; Remisión de copia del dictamen número 2.235, de 1971, de la Superintendencia de Seguridad Social; Activación de estudios para habilitar el paso fronterizo de Jama, situado entre las provincias de Antofagasta y Jujuy (Argentina); Problemas relativos a las compañías mineras;

14) Instalación de un Instituto Técnico Industrial de Recursos del Mar, en la ciudad de Iquique;
Investigación sobre calidad de las viviendas construidas para la Caja de Previsión de Empleados Particulares en Arica;
Situación de las amasanderías e industrias del pan;
Provisión del cargo de Juez del Trabajo de Iquique;
Traslado de la Oficina de Registro Civil de Camina a Huara;

15) Antecedentes sobre la posibilidad de instalar algún tipo de planta industrializadora de productos agrícolas en San Vicente de Tagua-Tagua;
Préstamos a la Municipalidad de Santa Cruz para construcción de Mercado Municipal y terminal de buses en esa localidad, e Instalación de teléfonos públicos en diversas localidades de la provincia de Colchagua.
Quedan a disposición de los señores Senadores.

Dos del señor Intendente de Santiago con los que formula sus descargos en relación con las peticiones de desafuero solicitadas en su contra por los señores Alejandro Silva Bascuñán, en representación del Colegio de Abogados, y Jorge Alvayay C.
Pasaron a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, junto con los antecedentes respectivos.

Uno del señor Contralor General de la República en el que remite el estado de los fondos fiscales y balance presupuestario de entradas y gastos, correspondiente al mes de abril de 1972.
Pasa a la Oficina de Informaciones.

Otro del señor Director del Registro Electoral, en el que comunica la existencia legal del Partido Organización de Izquierda Cristiana.
Queda a disposición de los señores Senadores.

Informes.

Uno de la Comisión de Gobierno, recaído en la moción del Honorable Senador señor Hamilton, que declara que la asignación de zona a que se refiere el artículo 86 del D.F.L. 338, constituye un derecho de todos los trabajadoras de la Administración Pública, cualquiera que sea el régimen jurídico a que estén afectos (véase en los Anexos, documento 5).

Uno de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba la Convención para la represión del tráfico ilícito de drogas peligrosas (véase en los Anexos, documento 6).

Otro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Ballesteros, que establece un sistema de redondilla general diaria para el personal de movilizadores manuales del puerto de Valparaíso (véase en los Anexos, documento 7).
Quedan para tabla.

Mociones.

Tres, de los Honorables Senadores señores Foncea (1), Lorca (2) y Morales Adriasola (3), con las cuales inician, respectivamente, los siguientes proyectos de ley:

1) El que modifica los artículos 30 de la ley Nº 11.469, sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la República, y 107 de la ley Nº 11.880, sobre Organización y Atribuciones de las Municipalidades (véase en los Anexos, documento 8) ;

2) El que hace aplicables a los empleados públicos de Chiloé las normas sobre traslado que rigen para los de Magallanes (véase en los Anexos, documento 9), y

3) El que hace aplicables a los empleados públicos de Chiloé y Aisén las normas sobre traslado que rigen para los de Magallanes (véase en los Anexos, documento 10).
Pasan a la Comisión de Gobierno.
Una del Honorable Senador señor Silva Ulloa con la que inicia un proyecto de ley que concede amnistía a los inculpados, procesados o condenados por delitos contemplados en la ley Nº 14.852, General de Elecciones, cometidos antes del 16 de julio de 19.72 (véase en los Anexos, documento 11).
Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

Dos de los Honorables Senadores señores Hamilton (1) y Moreno (2), con las cuales inician, respectivamente, los siguientes proyectos de ley:

1) El que dispone que la Corporación de Magallanes, el Instituto CORFO de Aisén y el Instituto CORFO de Chiloé contribuirán al financiamiento de la educación superior en sus respectivas provincias (véase en los Anexos, documento 12);

2) El que modifica el artículo lº de la ley Nº 17.253, en el sentido de que las municipalidades de las comunas en que existan fuentes de aguas minerales podrán traspasar determinados recursos a sus presupuestos ordinarios (véase en los Anexos, documento 13).
Pasan a la Comisión de Hacienda.
Una del Honorable Senador señor Hamilton con la que inicia un proyecto de ley que dispone que la CORVI construirá muros cortafuego para separar las viviendas de la Población Fitz Roy, de Punta Arenas (véase en los Anexos, documento 14).
Pasa a la Comisión de Obras Públicas.

Otra del Honorable Senador señor Musalem con la cual inicia un proyecto de ley que establece un impuesto a beneficio de la Municipalidad de Renca, que deberá ser cancelado por los pasajeros que inicien un viaje desde el aeropuerto de Pudahuel con destino a Estados Unidos de América y otros países.
Pasa a la Honorable Cámara de Diputados donde constitucionalmente debe tener su origen.

Cuentas de Tesorería.
El señor Prosecretario y Tesorero del Senado presenta las Cuentas de Tesorería correspondientes al primer semestre de 1972.
Pasan a la Comisión de Policía Interior.

Solicitudes.

Dos, de la señora Adriana M. de Baeza y de don Bernardo Sánchez Olivares, en que solicitan copias autorizadas de los documentos que se adjuntaron a los proyectos de ley que los favorecieron.
Se accede a lo solicitado.

Comunicaciones.

Cinco de diversas comunidades indígenas del país en las cuales solicitan el pronto despacho del proyecto de ley que establece normas sobre indígenas.

Ocho de varias Organizaciones en las que solicitan el rechazo de la acusación constitucional deducida en contra del Ministro del Interior señor Hernán del Canto Riquelme.
Se manda archivarlas.
El señor PABLO.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Tiene la palabra sobre la Cuenta el Honorable señor Pablo.

NORMAS SOBRE CONSULTAS PLEBISCITARIAS. PRORROGA DE PLAZO A COMISION.

El señor PABLO.- Señor Presidente, ruego a la Mesa solicitar el asentimiento de la Sala para prorrogar, hasta el término constitucional, el plazo otorgado a la Comisión de Legislación para pronunciarse sobre el proyecto de ley que dicta normas sobre consultas plebiscitarias.
A pesar de que el primer informe que incide en dicha materia fue despachado en una sesión que esa Comisión celebró ayer, la verdad es que el plazo reglamentario está vencido. Por eso, me permito solicitar el acuerdo de la Sala en el sentido ya expuesto.
Se accede a lo solicitado.

AUTORIZACION A COMISION DE GOBIERNO PARA SESIONAR SIMULTANEAMENTE CON LA SALA.

El señor LORCA.- Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LORCA.- Señor Presidente, he sabido que la Corporación será citada a una sesión especial mañana en la mañana. Por eso, quiero rogar a la Mesa que solicite el acuerdo unánime de la Sala para autorizar a la Comisión de Gobierno a fin de que pueda funcionar simultáneamente con la Sala.
Dicha Comisión está citada a la misma hora para abocarse al estudio del proyecto que crea el Ministerio de la Familia y Desarrollo Social, y a dicha reunión asistirá, especialmente invitado, un representante de la UNESCO, quien viaja desde Buenos Aires.
Sería bastante desagradable, por lo tanto, que en una ocasión como ésta, cuando se trata de recibir en la Comisión a un visitante extranjero, ésta no pudiera reunirse por el hecho de que a la misma hora se citó a la Sala.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, y para el caso de que el Senado celebre sesión especial mañana en la mañana, se autorizará a la Comisión de Gobierno para funcionar simultáneamente con aquélla.
Acordado.
Terminada la Cuenta.

CENSURA A LA MESA.

El señor AYLWIN (Presidente accidental).- De conformidad con el artículo 26 del Reglamento, corresponde votar la censura a la Mesa.
En votación.
(Durante la votación).
El señor LUENGO.- Señor Presidente, ¿me permite sólo un minuto para fundar el voto?
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor LUENGO.- Señor Presidente, cuando censuré a la Mesa en nombre de la Unidad Popular, expuse las razones de esa censura. Tales razones no han variado; son las mismas que sirvieron de fundamento a nuestra posición las que ahora nos mueven a mantenerla. Creo, pues, innecesario referirme a ellas, y me limito a señalar este hecho.
Voto que sí.
El señor REYES.- Señor Presidente, nosotros rechazamos la censura. Consideramos que los fundamentos en que ella se basa no tienen validez, algunos por no guardar relación con las materias que pudieran ser de la responsabilidad de la Presidencia de la Corporación, cosa que el propio Senador señor Luengo se vio forzado a reconocer al fundar su voto. Tampoco tienen validez los otros uno de índole reglamentaria; otro de tipo constitucional, porque, a nuestro juicio, no se avienen a la recta interpretación que damos al Reglamento y la Constitución, con igual derecho con que el Honorable señor Luengo ha creído poder interpretarlos en nombre de la Unidad Popular.
No es éste el momento de iniciar una discusión sobre los fundamentos jurídicos de una y otra posiciones; pero entendemos que si la Presidencia de la Corporación hubiera solicitado el pronunciamiento de la Sala para insistir con los dos tercios de sus miembros, habría ido mucho más allá, no ya de los términos reglamentarios, sino de lo que la Carta Fundamental le permite.
Por eso respaldamos plenamente la actitud de la Mesa del Senado y rechazamos la censura.
El señor MONTES.- Señor Presidente, voy a fundar mi voto.
Votaremos favorablemente la censura interpuesta contra la conducta de la Mesa por el Senador señor Luengo, porque ella se formuló, no al impulso de alguna emoción del momento, no de manera arbitraria, sino como producto de una reflexión.
La actitud del Senador señor Luengo constituyó una lógica respuesta a los planteamientos que entonces se formularon y respondió a la posición que los Senadores de la Unidad Popular sostuvimos desde el comienzo de la discusión de los vetos al proyecto de reforma constitucional. En efecto, estimábamos entonces y estimamos ahora, como lo señaló oportunamente el Honorable señor Luengo, que el señor Presidente del Senado, de acuerdo con muy claras disposiciones constitucionales, debió poner en votación la insistencia en el texto constitucional aprobado por el Congreso, cada vez que la mayoría del Senado rechazaba alguna observación del Ejecutivo. Al no proceder la Mesa de esa manera, y estimando la unanimidad de los Senadores de la Unidad Popular que el señor Presidente del Senado no cumplía, en consecuencia, las normas constitucionales, que son tan claras al respecto, nos vimos obligados a reclamar, como lo hicimos por intermedio del Senador señor Luengo, por la conducta de la Mesa.
Exclusivamente por tales razones, muy claramente expuestas en aquella ocasión y que trato de recordar ahora para ratificar los términos de la censura, voto afirmativamente.
El señor JEREZ.- Señor Presidente, no resulta fácil, por supuesto, analizar la posición del Presidente del Senado en cuanto tal, a persona y a miembro de una mayoría ocasional que se ha pronunciado frente a un proyecto como el que trató la semana antepasada la Corporación.
Pero yo quisiera ser bastante enfático en un aspecto que tocó el Senador señor Luengo cuando fundó la censura en nombre de los Senadores de la Unidad Popular, el que, a mi juicio, no se ha reiterado suficientemente. Quiero señalar, en nombre del Senador señor Gumucio y en el mío entiendo que la misma actitud anima a los demás Senadores de la Unidad Popular en esta censura, cuyo fundamento han explicado de manera bastante categórica los señores Luengo y Montes, que nada personal hay en contra del señor Palma, Presidente del Senado. Por lo contrario, el señor Gumucio y el que habla reiteramos nuestro respeto y aprecio por él. Reconocemos su ecuanimidad y sus esfuerzos por evitar que el Senado se convierta en un campo de controversia más allá de lo que legítimamente le corresponde en el ejercicio de su mandato como Presidente.
No obstante, basándome en razones más de fondo que nuestro aprecio por la persona del Presidente del Senado, voto afirmativamente la censura, no sin antes reiterar en forma categórica que no enjuiciamos de manera negativa a la persona del Honorable señor Palma.
El señor PABLO.- Señor Presidente, aprecio debidamente el que la censura, dirigida contra un hombre de nuestras filas, no provenga de problemas de carácter personal o de que él haya ejercido en forma arbitraria sus funciones de Presidente del Senado, sino que obedece, como aquí se ha expresado y como lo testimonia el hecho de que la Unidad Popular no haya traído a todos sus Senadores para votarla, a que algunos conceptos políticos se confundan con otros de carácter jurídico.
La tesis que Sus Señorías defienden en este instante, como lo ha manifestado en esta oportunidad el Senador señor Montes, obedece a planteamientos estudiados por los hombres de la Unidad Popular. A ellos quiero expresarles que tales planteamientos nos eran conocidos con mucha anterioridad y que también nosotros, en el Partido Demócrata Cristiano, los estudiamos a cabalidad; que hay informes jurídicos sobre el particular, que no es del caso traer al debate en este instante; y que, como Presidente de la Comisión de Legislación, sabedor del clima producido por las discrepancias surgidas acerca de cómo debían tramitarse los vetos en el Congreso, quise buscar un camino para evitar el enfrentamiento que se veía venir.
En todo caso, reiteramos, por la unanimidad de nuestros Senadores, y no por acuerdos políticos, ni porque estemos dando un respaldo para obtener una ventaja circunstancial en la tramitación de un proyecto de reforma constitucional, que nuestro criterio es el que aplicó la Mesa; y que respaldamos la actitud de éste porque corresponde a la que asumió su partido después de analizar en profundidad el problema constitucional en cuestión.
Voto que no.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 25 votos por la negativa, 8 por la afirmativa, 1 abstención y 3 pareos.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Rechazada la censura.

V.- FACIL DESPACHO.

MODIFICACION DE ARTICULO DE LEY QUE DESTINA RECURSOS A MUNICIPALIDADES DE CHILOE.

El señor FIGUEROA (Secretario).- En Fácil Despacho corresponde seguir debatiendo el proyecto de ley iniciado en moción del Honorable señor Lorca que modifica el artículo 3º de la ley Nº 17.382, en lo relativo a la destinación de recursos en beneficio de las Municipalidades de Chiloé.
La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Ballesteros, Juliet, Morales Adriasola y Valente, recomienda al Senado, por unanimidad, aprobar el proyecto, que consta de un artículo único, en los términos que señala.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del señor Lorca):
En primer trámite, sesión 6ª, en 31 de mayo de 1972.

Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 7ª, en 6 de junio de 1972.

Discusión:
Sesión 25ª, en 5 de julio de 1972.

El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra en la discusión general y particular.
El señor LORCA.- Pido la palabra.
El señor OCHAGAVIA.- Señor Presidente, yo había quedado con la palabra.
El señor MONTES.- Pido la palabra.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Estaba con la palabra el Honorable señor Ochagavía.
Puede continuar el señor Senador.
El señor OCHAGAVIA.- Señor Presidente, concedo una interrupción al Honorable señor Morales Adriasola.
El señor MORALES ADRIASOLA.- Señor Presidente, haré uso de la interrupción que me ha concedido el Honorable señor Ochagavía, con la venia de la Mesa.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES ADRIASOLA.- Quisiera saber si llegó ya a la Secretaría del Senado una información que me permití solicitar, por intermedio de la Comisión de Gobierno, respecto del rendimiento que, según la CORFO, ha tenido la ley Nº 17.382. En la Comisión reservé mi voto, con el propósito de pronunciarme en la Sala conforme a los antecedentes que pudieran recogerse acerca del rendimiento de ese texto legal. En la sesión anterior en que este asunto se trató hace quince días al comprobar que esos datos no habían llegado, me acerqué a la Secretaría de la Comisión para pedirle que se reiterara con urgencia mi solicitud, a fin de poder pronunciarme en consecuencia en esta sesión.
Al reiniciarse el debate en esta oportunidad, mucho agradeceré que se me dé la información que he solicitado, con el fin de intervenir después del Honorable señor Ochagavía.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Me informa el señor Secretario que esos datos no han llegado a la Secretaría del Senado.
El señor MORALES ADRIASOLA.- Con la venia del Honorable señor Ochagavía quiero señalar que resulta bastante difícil obtener los datos que se piden para un mejor estudio de los proyectos de ley. Me preocuparé de que en la Comisión de Gobierno recopilemos todas las peticiones de oficio que hemos formulado con el objeto de obtener antecedentes necesarios para la discusión de los asuntos que debemos resolver, y que no han llegado a nuestro conocimiento.
En cuanto al proyecto en debate, habría sido fundamental, para formarnos criterio, conocer el rendimiento, según la Corporación de Fomento, de la ley que se trata de enmendar.
Gracias, Honorable colega.
El señor OCHAGAVÍA.- Señor Presidente, en la sesión en que se inició el debate de este proyecto, que es de iniciativa del Honorable señor Lorca, me permití formular algunas observaciones de orden general con relación al destino del impuesto que establece la ley Nº 17.382 sobre el valor aduanero de las mercaderías que se internen por la provincia de Chiloé. Como saben los Honorables colegas, parte de ese gravamen debe invertirse en la construcción de caminos transversales en los sectores rurales de esa provincia que represento en el Senado.
He tenido, con el Honorable señor Lorca, algunas diferencias de apreciación sobre esta materia. Tuve el agrado de trabajar con él en la redacción de esa ley, que como lo manifestó el propio Senador señor Lorca, corresponde a una iniciativa del que habla.
Cuando se destinó a la construcción de caminos transversales parte de los recursos que se obtienen actualmente mediante el impuesto que grava a las mercaderías internadas por la provincia de Chiloé, se pretendió favorecer a los campesinos de la zona. Nos parece un hecho positivo entregar esos fondos a las municipalidades a fin de que la Dirección de Vialidad, en virtud de la legislación vigente, aporte una cantidad equivalente al doble de aquéllos.
La carencia de caminos en importantes sectores de la provincia impide la explotación de su principal riqueza: la agricultura.
Discrepo de los planteamientos formulados por el Honorable señor Lorca para satisfacer la petición que le ha hecho la Junta de Alcaldes. En una sesión anterior manifesté que es normal que los municipios, especialmente los de las comunas rurales, den preferencia a la realización de obras de adelanto dentro del sector urbano, es decir, donde son más visibles; ello en razón de que los alcaldes tratan de abordar tareas fáciles de apreciar. Sin embargo, considero injusto marginar a los sectores que carecen de caminos de los beneficios de preceptos que posibilitan su construcción, aun cuando esa tarea constituya una obligación estatal, que no ha sido encarada debidamente. Por eso, estimo que parte importante de los recursos destinados a tal fin debe entregarse para que una provincia tan pobre como Chiloé pueda explotar sus riquezas.
En seguida, el Honorable señor Lorca expresó que el costo de dichas obras, por concepto de pavimentación y otros, es demasiado grande como para que tenga valor práctico la distribución de seis millones de escudos entre las 13 comunas de la provincia.
Considero inadecuada dicha apreciación, por cuanto no pretendemos que los caminos transversales de la provincia sean pavimentados. Si ni siquiera tenemos vías pavimentadas en el último tramo del Camino Longitudinal: el de Castro a Quellón.
El señor LORCA.- Divida siquiera por cuatro, señor Senador. Son 25 millones. El kilómetro de camino ripiado debe tener un valor equivalente a la quinta parte. Entonces resultan cinco o seis millones.
El señor OCHAGAVIA.- Me parece ligera la apreciación del Honorable señor Lorca relativa al costo de un kilómetro de camino pavimentado, por cuanto se trata de construir huellas, sendas, que se inician con el destronque. Después debe hacerse el enripiado, pero si no se inicia por esa etapa, no puede ser la cuarta parte del valor. Y Su Señoría que conoce, por lo menos...
El señor LORCA.- Muy poco.
El señor OCHAGAVIA.- En realidad, no pensaba decir eso; pero ya que el señor Senador lo anota, debo decirle que la gente que vive en Chiloé, sumida...
El señor LORCA.- Ellos conocen la zona mejor que yo, y están de acuerdo con el proyecto. ¡Es un pequeño detalle!
El señor OCHAGAVIA.- No se trata de un problema político, sino de amor propio de los alcaldes, quienes, cualquiera que sea su tendencia doctrinaria, desean realizar algunas obras para satisfacer su aspiración de favorecer a la comunidad. Y los caminos son obras que deben realizarse con la erogación fiscal.
Si actualmente existe un régimen de excepción para la provincia de Chiloé, la cual se encuentra en situación desmedrada; si algunos excedentes produce el impuesto establecido por la ley 17.382, es de toda justicia entregar parte de ellos para la construcción de caminos que permitan la salida de los productos agrícolas de la zona.
Digo estas palabras sin ánimo de polemizar con el Honorable señor Lorca, pues creo que en esta materia está inspirado...
El señor GUMUCIO.- Fue duro en los conceptos.
El señor OCHAGAVIA.- Parece que Su Señoría pretende sembrar la discordia, pero yo no lo seguiré en ese terreno, ya que está muy lejos de mi ánimo producir divisiones, no diré en el aspecto político, sino en lo regional.
El señor LORCA.- Su Señoría es más papista que el Papa. Los recursos obtenidos durante 1971 en virtud de la ley de la cual somos autores la mayoría de los Senadores de la provincia, y que fue promulgada en noviembre de 1970, se encuentran en Tesorería. Y el Honorable señor Ochagavía pretende que continúen empozados y desvalorizándose en esa repartición. Los alcaldes de las diferentes comunas solicitan dichos fondos para ocuparlos en otros fines; pero Su Señoría es partidario de que los dineros sigan sin usarse. ¿Hasta cuándo? Cuando les reciban 100 mil escudos o 200 mil escudos en Chaitén para botar unos troncos. Ellos sólo desean que los recursos no sigan desvalorizándose y perdiéndose.
El señor OCHAGAVIA.- Deseo contestar al Honorable señor Lorca que la culpa de que se estén perdiendo los recursos no es ni de la ley ni de los alcaldes, sino del hecho de que no se estén entregando en la zona los elementos que el Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados debe proporcionar para la construcción de caminos transversales.
La distribución de los seis millones de escudos, en que se estima el rendimiento del impuesto para el presente año aun cuando se divida por doce, proporcionará 500 mil escudos a cada comuna. Si a ellos agregamos el doble, que corresponde a la erogación fiscal...
El señor LORCA.- Su Señoría no conoce la ley. Los recursos no pueden repartirse en forma caprichosa, sino en la forma como lo establece la ley.
El señor OCHAGAVIA.- Sólo estoy dando un ejemplo. Por lo demás, conozco la ley, pues soy coautor de ella, y el Honorable señor Lorca reconoció públicamente que este artículo es de iniciativa del Senador que habla. Me he limitado a hacer una observación a propósito de la crítica formulada por Su Señoría, quien manifestó que la petición se la plantearon los alcaldes, porque los recursos están empozados. Sin embargo, la disposición propuesta por el señor Senador permite a las municipalidades concertar con la Dirección de Obras Públicas diversas obras de adelanto. A mi juicio, la más importante de ellas es la construcción de sendas en el sector rural.
Los antecedentes que he expuesto me impulsan a discrepar totalmente de la posición de los alcaldes. Estimo que debemos exigir a la Dirección General de Obras Públicas la entrega de maquinarias, a fin de que las municipalidades hagan los aportes correspondientes y se evite que éstos continúen desvalorizándose. Más aún, en el momento en que las municipalidades procedan a entregar esos recursos, de inmediato el Fisco deberá entregar un aporte equivalente al doble. De este modo se contará con dineros para iniciar las faenas en esas sendas, muchas de las cuales han sido financiadas por los) campesinos. Recuerdo que mediante una ley anterior solicitamos condonar deudas por este concepto, porque no nos parece justo que los campesinos de una de las zonas más pobres del país afronten gastos que debe realizar el Estado.
Deploro que la solicitud del Honorable señor Morales Adriasola, para conocer exactamente el rendimiento de la ley, no haya sido satisfecha, pues de haberlo conocido y de acuerdo con la tabla de distribución para las diferentes comunas, hubiéramos podido informar al Honorable señor Lorca acerca de la suma que tiene empozada cada municipio.
Si las maquinarias necesarias se encuentran en la provincia, ¿por qué la comuna respectiva no puede hacer los aportes del caso? Hago esta pregunta al Honorable señor Lorca por estimar importante su respuesta. ¿Por qué no puede darse curso a los depósitos que en estos momentos se encuentran en los municipios, los cuales deberán ser triplicados con los aportes que debe hacer el Estado, y que pueden significar equis horas de destronque?
He formulado estos interrogantes, cuya respuesta es de mucha importancia para mí. No sé si el Honorable señor Lorca tiene interés en contestarlos, porque pareciera querer despachar la ley sin Otra argumentación.
El señor LORCA.- En primer lugar, el Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados no tiene maquinarias en las 13 comunas. Es decir, las únicas favorecidas en esta materia son las de Castro y Ancud, que han contado con tales elementos.
En segundo lugar, los fondos de que dispone cada una de ellas para el año en curso no pasan de 150 mil escudos en algunos casos, y de 200 mil escudos o 300 mil escudos en otros, cantidades muy exiguas para que las reciba el Estado.
Por último, tales recursos no constituyen beneficio alguno, porque no se dispone de maquinaria para hacer las huellas.
El señor OCHAGAVIA.- La respuesta del Honorable señor Lorca reafirma lo que yo he señalado. El manifestó que los recursos que se encuentran en las municipalidades no pueden ser usados por falta de maquinarias del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados. Tal vez aquí podamos concordar en un aspecto. Los comités de pequeños agricultores de Chiloé han hecho aportes y han conseguido las maquinarias indispensables. Por lo tanto, no creo en la imposibilidad de trasladarlas ya que ellos han aportado sumas muy inferiores de Ancud a Quemchi, de Quemchi a Dalcahue, de Dalcahue a Castro, de Castro a Chonchi, de Chonchi a Quellón, para pasar en seguida a la isla de Quinchao u otras, porque en la Isla Grande está concentrada la mayor parte de la población.
A mi juicio, el hecho de que no haya maquinarias constituye un incentivo para lograr que el Estado las proporcione. Por eso, salvo que se me den otros argumentos, debo manifestar que soy contrario a la disposición, y estoy dispuesto a enfrentar a la Junta de Alcaldes de la provincia para explicarles las razones de mi actitud. No me parece argumento suficiente para postergar la construcción de caminos en el sector rural de la provincia de Chiloé el hecho de que el Estado no haya entregado las maquinarias requeridas, ya que tales obras constituyen la necesidad más apremiante de dicha zona.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- A continuación, estaban inscritos para usar de la palabra los Honorables señores Lorca y Montes. Se ha pedido clausura del debate y, de acuerdo con el artículo 124 del Reglamento, corresponde votar dicha proposición al comenzar la tabla de Fácil Despacho de la sesión de mañana.
Tiene la palabra el Honorable señor Lorca.
El señor LORCA.- Retiro mi petición de clausura del debate, porque si nadie hace uso de la palabra, la iniciativa puede votarse ahora.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Está inscrito el Honorable señor Montes.
El señor LORCA.- Pero yo pedí la clausura del debate.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Sí, señor Senador, pero debe ser votada mañana.
El señor LORCA.- No haré uso de la palabra.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.- Brevemente, quiero decir que en una sesión celebrada hace dos o tres semanas, se trató este proyecto en la tabla de Fácil Despacho. Nosotros expresamos nuestra opinión favorable y señalamos también la actitud del Honorable señor Ochagavía, quien por todos los medios trataba de obstruir su despacho. Y en esta sesión lo hemos visto reiterar tal proceder.
A fin de no retardar la aprobación de esta iniciativa, no continuaremos hablando y desde ya anunciamos nuestros votos afirmativos.
El señor MORALES ADRIASOLA.- En principio estoy de acuerdo con la idea de legislar. Estimo que la Junta de Alcaldes de Chiloé tuvo razón. Todos los Senadores de la zona conocimos los considerandos que tuvieron en vista para adoptar tal resolución, y pienso que ellos son justos.
Sin embargo, es indispensable también que dicha Junta, la provincia de Chiloé y todas sus municipalidades no se hagan ilusiones respecto de los ingresos que percibirán provenientes del 8% sobre el valor aduanero de las mercaderías que se internen por esa, provincia, porque el dato acerca del monto de los recursos así recaudados, que se ha pedido reiteradamente se puede solicitar de nuevo al Banco Central, es realmente calamitoso para este año. El Banco Central prácticamente no autoriza internaciones en la provincia de Chiloé, por lo cual los fondos que se pretende obtener sólo quedarán en la teoría.
Estaría muy agradecido del Honorable señor Lorca si accediese a modificar su propósito de despachar ahora el proyecto, porque en este momento nadie sabe a cuánto asciende el rendimiento de ese 8%.
El señor LORCA.- Respondo a Su Señoría de la siguiente manera. El 8% de 4 millones de dólares son 320 mil dólares.
Pero no todos los productos se recargan en ese porcentaje. Según los datos, he calculado un rendimiento de 300 mil dólares al año, lo que al cambio de 20 escudos el dólar da una suma aproximada a 6 millones de escudos anuales. Esta es una cifra estimativa. Y yo no puedo dar datos precisos, porque no soy el Banco Central. El 30% de esa suma son Eº 1.800.000, que se distribuyen entre las trece comunas de acuerdo con la ley.
El señor MORALES ADRIASOLA.- Precisamente, Honorable señor Lorca. Porque el Banco Central no ha proporcionado los datos que se solicitaron y porque Su Señoría, como dice, no es el Banco Central, pido segunda discusión para este proyecto. Mientras tanto, podríamos recibir tales antecedentes.
Concedo una interrupción al Honorable señor Ochagavía.
El señor OCHAGAVÍA.- Seré muy breve.
Reitero una duda acerca de la iniciativa en debate. Al mismo tiempo, destaco la convicción de que la finalidad señalada por la ley 17.382 es la más importante para la provincia de Chiloé. Me refiero a la construcción y mejoramiento de los caminos transversales del sector rural de la provincia.
El Honorable señor Lorca estuvo de acuerdo conmigo en aquel tiempo, ya que por problemas que no guardan relación con los alcaldes ni con los autores de la ley, sino por culpa del Ministerio de Obras Públicas, no se dispuso que las maquinarias realizaran destronques y abrieran huellas en la zona, utilizando los recursos establecidos en la ley 17.382.
El señor FONCEA.- Ya se solicitó segunda discusión para este proyecto, señor Senador. Por eso, sería adecuado ocupar los minutos restantes de Fácil Despacho a tratar otros asuntos.
El señor OCHAGAVIA.- Si Su Señoría me lo pide en esos términos, accedo a terminar rápidamente mi intervención.
Me tienen sin cuidado los argumentos del Honorable señor Montes. El señor Senador ha quedado descalificado para opinar de esa manera, porque el Honorable señor Contreras, que es su colega de bancas, sostuvo una posición distinta cuando se inició el estudio de esta materia. En efecto, el Honorable señor Contreras expresó que era más importante la finalidad señalada en la ley 17.382 que la que ahora se propone. El Honorable señor Montes sólo plantea una apreciación de tipo político que no me alcanza y que no contestaré.
Deseo agregar lo siguiente a la petición formulada por el Honorable señor Morales Adriasola. Es de interés conocer el rendimiento de la ley o, mejor dicho, su estimación y los recursos que corresponderán a cada una de las municipalidades. Al mismo tiempo, es indispensable que la Dirección de Vialidad o el Ministerio de Obras Públicas nos informen si están en condiciones de construir los caminos transversales, cuyos estudios están realizados, mediante el Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados y sobre la base de la erogación correspondiente al doble del aporte municipal.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- En primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El proyecto queda para segunda discusión.

DENOMINACION DE MARTIRES CESPEDES Y GONZALEZ A CALLE UNION, DE IQUIQUE

El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Valente, que denomina Mártires Céspedes y González a la calle Unión, de Iquique.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del señor Valente):
En primer trámite, sesión 62ª, en 1º de marzo de 1972.

Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 7ª, en 6 de junio de 1972.

El señor FIGUEROA (Secretario).- El informe de la Comisión de Gobierno recomienda, por unanimidad, aprobar el proyecto, que consta de un artículo único. El Honorable señor Valente solicita despacharlo sin debate.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
¿Habría acuerdo para acceder a la petición del Honorable señor Valente?
El señor OCHAGAVIA.- No hay acuerdo. Pido que se lea el proyecto.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Hay oposición.
El señor Secretario dará lectura a la iniciativa.
El señor FIGUEROA (Secretario).- El artículo único dice:
La calle Unión de Iquique, se denominará Mártires Céspedes y González.
Asimismo, la Avenida Aeropuerto y la Población Aeropuerto de la mencionada ciudad se denominarán Avenida Luis Emilio Recabarren y Población Luis Emilio Recabarren, respectivamente.
El señor OCHAGAVIA.- Pido segunda discusión.
El señor AYLWIN (Presidente accidental).- En primera discusión, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Queda para segunda discusión.

PERSONALIDAD JURIDICA PARA ARQUIDIOCESIS CATOLICA APOSTOLICA ORTODOXA DE CHILE.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Foncea, que concede personalidad jurídica a la Arquidiócesis Católica Apostólica Ortodoxa de Chile.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del señor Foncea):
En primer trámite, sesión 39ª, en 24 de agosto de 1971.

Informes de Comisión:
Legislación, sesión 7ª, en 6 de junio de 1972.

El señor FIGUEROA (Secretario).- El informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recomienda, por unanimidad, aprobar la iniciativa, que consta de un artículo único.
Se aprueba en general y particular el proyecto.

DEROGACION DE DISPOSICIONES SOBRE EXIGENCIA DE CERTIFICADOS PARA RENOVACION DE PATENTES

El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Lorca, que deroga diversas disposiciones que exigen determinados certificados para la renovación de las patentes.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del señor Lorca):
En primer trámite, sesión 34ª, en 30 de noviembre de 1971.

Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 7ª, en 6 de junio de 1972.

El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Loria (Presidente), Montes y Valenzuela, recomienda aprobar el proyecto, que consta de un artículo único.
El señor PALMA (Presidente).- En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
El señor VALENTE.- El artículo único del proyecto en debate plantea la derogación de diferentes disposiciones legales.
Considero conveniente conocer el contenido de las normas que se derogan, con el propósito de llegar a una conclusión sobre si es positivo el proyecto o no lo es. El artículo 27 del D.F.L. Nº 76, de 1953, señala en su inciso primero: Los comerciantes, industriales o cualquiera institución que ocupe obreros o empleados, al tiempo de solicitar o renovar su respectiva patente, deberán acreditar por medio de un certificado del Servicio de Seguro Social o de la Caja de Previsión de Empleados Particulares que están al día en los depósitos de las imposiciones de su personal.
El señor PABLO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Pido prorrogar por 10 minutos la tabla de Fácil Despacho, a fin de que puedan tratarse otros proyectos.
El señor PALMA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar Fácil Despacho hasta despachar el proyecto en debate.
El señor VALENTE.- Siempre que se incluya en esta solicitud el despacho del proyecto que sigue al que está en discusión.
El señor PALMA (Presidente).- No hay acuerdo.
El señor VALENTE.- Voy a continuar.
El señor PALMA (Presidente).- ¿Me permite, señor Senador?
Ha terminado Fácil Despacho. Queda pendiente la discusión del proyecto y con la palabra Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ.- Hay proyectos que por su complejidad no deben figurar en Fácil Despacho, sino en el Orden del Día, y viceversa. Debe realizarse un ordenamiento más racional de las materias, señor Presidente.
El señor PALMA (Presidente).- Si así lo desea, el señor Senador puede formular las indicaciones del caso a la Mesa.

VI.- ORDEN DEL DIA.

ASUNTOS DE GRACIA.

El señor FIGUEROA (Secretario).- En el primer lugar de la tabla ordinaria figuran dos proyectos de ley que favorecen a las personas que se indican. Para despacharlos es necesario constituir la Sala en sesión secreta.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se tratarán en los últimos cinco minutos del Orden del Día.
El señor SILVA ULLOA.- Y todos los proyectos de gracia y ascensos que figuran en la tabla.
El señor OCHAGAVIA.- No hay acuerdo.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se destinarán los últimos 15 minutos del Orden del Día al despacho de estos proyectos y de aquellos que se acordó tratar.
El señor RODRIGUEZ.- Y también los asuntos de gracia y los ascensos.
El señor OCHAGAVIA.- No hay acuerdo.
El señor PALMA (Presidente).- La mayoría de los Comités acordó tratar algunos proyectos en los últimos 10 minutos del Orden del Día.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Los dos tercios de los Comités resolvieron dar preferencia al proyecto de ley que otorga un nuevo plazo a las municipalidades para transferir a sus actuales ocupantes los terrenos de su propiedad en los cuales aquéllos hubieren construido viviendas.
El señor PALMA (Presidente).- En virtud de este acuerdo, esta iniciativa debe tratarse al término del Orden del Día de hoy.
Algunos señores Senadores han solicitado destinar los últimos 15 minutos del Orden del Día a tratar los proyectos de gracia que figuran en la tabla.
El señor SILVA ULLOA.- Y también los ascensos.
El señor PALMA (Presidente).- Se tramitará el acuerdo de Comités correspondiente, porque hay oposición.

NORMAS SOBRE CONSULTAS PLEBISCITARIAS. AMPLIACION DE PLAZO.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley, iniciado en mensaje del Presidente de la República, que dicta normas sobre consultas plebiscitarias.
Ya se acordó ampliar el plazo hasta el término constitucional, para que la Sala inicie el conocimiento de esta iniciativa.

NORMAS SOBRE INDIGENAS.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley, en cuarto trámite constitucional, que establece normas sobre indígenas.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 31ª, en 23 de noviembre de 1971.
En cuarto trámite, sesión 17ª, en 20 de junio de 1972.

Informes de Comisión:
Agricultura, sesión 47ª, en 5 de enero de 1972.
Hacienda, sesión 47ª en 5 de enero de 1972.
Agricultura (segundo), sesión 22ª, en 9 de mayo de 1972. Legislación, sesión 22ª, en 9 de mayo de 1972.

Discusión:
Sesión 47ª, en 5 de enero de 1972 (se aprueba en general); 24, en 16 de mayo de 1972; 25ª, en 17 de mayo de 1972, y 27ª, en 18 de mayo de 1972 (se aprueba en particular).

El señor FIGUEROA (Secretario).- La Cámara de Diputados aprobó las enmiendas introducidas por el Senado, con excepción de las que indica. El boletín comparado tiene el número 26.091.
La primera modificación que rechazó la Cámara consiste en suprimir el Nº 3 del artículo 1º.
El señor PALMA (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor FERRANDO.- Propongo a la Sala lo siguiente. Cuando el Senado despachó en segundo trámite constitucional esta materia, las Comisiones de Agricultura y de Legislación destinaron a su estudio alrededor de 35 ó 40 horas de trabajo, y tal vez más. Pues bien, en esa oportunidad, después de haber sido despachado en un primer trámite por la Comisión de Agricultura, su articulado se renovó íntegramente en un nuevo informe de la misma Comisión, pasando en seguida a un trámite especial de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Cuando se empezó a discutir en la Sala, y en virtud de los antecedentes, del profundo estudio realizado y de los cambios introducidos, en los cuales surgieron criterios dispares frente a puntos fundamentales que seguramente serán materia de veto, a petición del Honorable señor Montes hubo acuerdo para que el Senado se pronunciara favorablemente por unanimidad acerca del proyecto tal como lo despachó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por ese motivo, no hubo debate sobre la materia, si bien se hizo presente que tendríamos que discutir de nuevo el asunto al tratar el veto.
Por estas consideraciones, así como se acordó en esa oportunidad actuar en la forma señalada, quiero pedir ahora a la Corporación que insista por unanimidad y reserve el debate para el momento de discutir los vetos, ocasión en la cual quedarán de manifiesto las discrepancias fundamentales entre la mayoría del Senado y el Ejecutivo. De esa manera, nos evitaríamos la discusión y en la práctica, repetir la totalidad de los argumentos, porque cada una de las partes objetadas por la Cámara de Diputados se vincula a todo el proyecto.
Por lo dicho, me atrevo a proponer a la Sala que insista en el criterio que mantuvo en el segundo trámite del proyecto.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Luengo.
El señor LUENGO.- Comparto la sugerencia del Honorable señor Ferrando.
Al discutir este proyecto en segundo trámite, tuvimos ocasión de manifestar nuestro criterio acerca de numerosas cuestiones fundamentales contenidas en él. Quiero recordar que con relación a algunas disposiciones que actualmente aparecen aprobadas por la Cámara y por el Senado, es decir, disposiciones en torno de las cuales no hay contradicción entre ambas Cámaras, anunciamos nuestra opinión contraria a la forma en que se despachaban y anticipamos que el Ejecutivo las vetaría. Me refiero particularmente a la norma que autoriza la subdivisión de las comunidades indígenas. De manera que con la debida antelación sabemos que este proyecto será vetado. A mi juicio, en buena medida será favorable el hecho de observar algunos preceptos que en este instante no tienen una redacción muy clara, la que tal vez podría conseguirse con un estudio más tranquilo, para conformidad de todos, no obstante mantener nuestras discrepancias en otros puntos.
Como una manera de abreviar el despacho de este proyecto, el que reclaman con insistencia las organizaciones indígenas consta en la Cuenta de la sesión de hoy que algunas de ellas han pedido la pronta tramitación de la iniciativa, podríamos proceder en la forma propuesta, es decir, que el Senado insista en todos aquellos artículos en que haya discrepancia con la Cámara de Diputados, con el objeto de que nos pronunciemos definitivamente sobre la materia con ocasión del veto del Ejecutivo.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes.
El señor MONTES.- Efectivamente, nosotros procedimos de la manera señalada por el Honorable señor Ferrando en las sesiones en que se trató este proyecto en el Senado. Sin embargo, quiero repetir la siguiente idea: en general, no estamos de acuerdo con las modificaciones introducidas por el Senado y, por lo tanto, coincidimos en lo aprobado por la Cámara, pues nos parece que resguarda mejor los intereses de las comunidades indígenas, cuyos representantes vinieron a conversar con nosotros y a plantear este problema en la propia Comisión. De manera que, siendo ése nuestro criterio, no podríamos acoger en su integridad la proposición del Honorable señor Ferrando, porque ello significaría insistir por unanimidad en proposiciones con las que no concordamos.
En consecuencia, nosotros no tendríamos inconveniente hablo en general, porque puede haber una u otra observación respecto de las cuales el propio Honorable señor Ferrando y nosotros podríamos sustentar una apreciación distinta en relación con lo aprobado por la Cámara o por el Senado en acoger la idea de pronunciarnos en una sola votación sobre todas las insistencias. En tal caso, votaríamos por el criterio de la Cámara, pues supongo que el Honorable señor Ferrando ha propuesto que el Senado insista. Pero solicitamos que esa votación se efectúe, porque es evidente que de otra manera no podríamos expresar nuestro criterio.
El señor FERRANDO.- El acuerdo podría tomarse dejando constancia de la oposición de los Senadores comunistas.
El señor PABLO.- En realidad, sólo se pretende buscar una fórmula expedita para actuar. Comprendo que los Senadores comunistas, que defienden la tesis del proyecto aprobado por la Cámara, quieran dar facilidades para la tramitación del proyecto, porque si tuviéramos que discutirlo deberíamos empezar por pedir que volviera a Comisión.
A mi modo de ver, aquí la Cámara no reparó en las modificaciones del Senado, como por ejemplo en la que dice relación a los números 3 y 4 del artículo 1º, los cuales, por estar repetidos, fueron condensados en uno solo. Por esa razón el debate sobre la materia únicamente entorpecería el despacho del proyecto. Y por eso mismo, sugiero que el Senado acuerde insistir en su, criterio, con la abstención de los Senadores comunistas, dejando constancia de que tal abstención obedece exclusivamente al ánimo de facilitar el despacho del proyecto, a fin de que se transforme en ley lo antes posible, que es lo que interesa a los indígenas y a nosotros.
El señor MONTES.- Me parece que mi proposición es lo bastante razonable como para que pueda considerarse.
No podríamos votar favorablemente aquellas disposiciones a que somos adversos. De manera que lo que insinúo es que en un solo acto votemos todas las insistencias; y en ese caso, nos pronunciaríamos por lo aprobado por la Cámara. A mí me parece factible el procedimiento, a fin de no demorar el despacho del proyecto con la discusión de cada norma.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se acogería el planteamiento del Honorable señor Montes en cuanto a votar en un solo acto todas las insistencias del Senado.
Acordado.
En votación.
(Durante la votación).
El señor LUENGO.- Quiero señalar que voto por la insistencia del Senado como manera de despachar rápidamente el proyecto, lo cual no quiere decir que esté de acuerdo en todo lo que aprobó el Senado. Además, como el asunto se resolverá en una sola votación, debo pronunciarme en un sentido o en otro.
Como hay algunas modificaciones del Senado que la Cámara no acogió y que son de fundamental importancia me refiero particularmente al artículo 6º, que determina a quiénes deberá considerarse ausentes en las comunidades indígenas en conformidad a esta ley, materia respecto de la cual he recibido peticiones concretas y personales de parte de organizaciones de indígenas de la zona que represento, porque son partidarias del criterio del Senado, me veo obligado a votar por la insistencia, en la seguridad de que aquellas disposiciones que no me satisfacen ampliamente serán materia de veto y se modificarán en el sentido que yo estimo correcto.
El Senado insiste en todas sus modificaciones (23 votos contra 4 y 1 pareo).

PODER COMPRADOR PERMANENTE DE PAPAS POR ECA EN CHILOE.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde continuar tratando el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Hamilton, que establece que la Empresa de Comercio Agrícola mantendrá permanentemente un poder comprador de papas en la provincia de Chiloé.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del señor Hamilton):
En primer trámite, sesión 9ª, en 16 de junio de 1971.

Informes de Comisión:
Economía, sesión 19ª, en 7 de julio de 1971.
Economía (segundo), sesión 43ª, en 31 de agosto de 1971.

Discusión.
Sesión 34ª, en 12 de agosto de 1971; 42ª, en 26 de agosto de 1971 (se aprueba en general); 47ª, en 7 de septiembre de 1971; 59ª, en 16 de septiembre de 1971; 3ª, en 24 de mayo de 1972, y 6ª, en 31 de mayo de 1972.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Está pendiente el artículo lº transitorio, que se halla en segunda discusión. Dice: El Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro del plazo de 30 días de publicada esta ley, fijará el precio mínimo que pagará por cada kilogramo de papas que compre la Empresa de Comercio Agrícola de acuerdo con la presente ley. Este precio regirá hasta que corresponda aplicar el procedimiento permanente de fijación de precios que se establece en el artículo 3º.
El señor PALMA (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
(Durante la votación).
El señor FIGUEROA (Secretario).- Se aprueba el artículo o no.
El señor HAMILTON.- ¡Estamos todos de acuerdo!
El señor OCHAGAVIA.- En realidad, hay una observación que formular respecto de este artículo transitorio: echo de menos que el Ministerio de Agricultura, a quien corresponde la responsabilidad de delinear la política agraria, no tenga ninguna participación en la fijación del precio de la papa.
El señor HAMILTON.- ¡La ECA depende del Ministerio de Economía! ¡Esa es la razón!
El señor PALMA (Presidente).- Con la venia del señor Ochagavía, podría hacer uso de una interrupción Su Señoría.
El señor MORENO.- ¡No se pueden admitir interrupciones, pues estamos en votación!
El señor PALMA (Presidente).- Tiene razón.
El señor OCHAGAVIA.- Decía que echaba de menos que en la formulación del precio de la papa no participara el Ministerio de Agricultura.
Efectivamente, la Empresa de Comercio Agrícola depende del Ministerio de Economía; pero mi preocupación radica en que éste fija sus precios basado más bien en que el consumidor pague el menor valor posible por los productos, ya que el alza del costo de la vida dice relación muy directa precisamente a los precios de los artículos incluidos en el rubro alimentación, como es el caso de la papa.
A nosotros nos interesa establecer una política de fomento que permita recuperar el costo de producción, con lo cual el campesino tendría garantías para los efectos de realizar determinados cultivos, y se evitaría al mismo tiempo que el Estado, en virtud de importaciones, pagara en moneda dura, en dólares que el país no tiene, a agricultores de otros países, en vez de hacer tal pago a los productores nacionales.
Esa es la única observación que me merece el artículo lº transitorio.
Sin embargo, como estoy de acuerdo con la idea contenida en el proyecto, en el sentido de asegurar la mantención de un poder comprador de papas permanente en la provincia de Chiloé incluso, en este mismo instante hay una especie de estancamiento a este respecto, voto favorablemente el artículo en referencia.
Se aprueba el artículo lº transitorio (20 votos contra 3, 1 abstención y 1 pareo), y queda terminada la discusión del proyecto.

MODIFICACION DE REGIMEN PREVISIONAL DE EX SERVIDORES DE FUERZAS ARMADAS.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de la Cámara de Diputados que modifica el régimen previsional de los ex servidores de las Fuerzas Armadas, con segundo informe de la Comisión de Defensa Nacional.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 22ª, en 9 de mayo de 1972.

Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 19ª, en 27 de junio de 1972.
Defensa, sesión 19ª, en 27 de junio de 1972.
Defensa (segundo), sesión 24ª, en 5 de julio de 1972.

Discusión:
Sesiones 12ª, en 21 de junio de 1972; 19ª, en 27 de junio de 1972 (se aprueba en general).

El señor FIGUEROA (Secretario).- En primer término, la Comisión hace presente que sólo fue objeto de indicaciones el artículo 3º.
En segundo lugar, propone diversas enmiendas a la iniciativa contenida en el primer informe.
El señor VALENTE.- ¿Por qué no aprobamos el informe de la Comisión?
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se acogerá la solicitud de Su Señoría.
El señor VALENTE.- Podríamos realizar una sola votación.
El señor CARMONA.- Muy bien.
El señor PALMA (Presidente).- Acordado.
Se aprueba el informe.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Ha llegado a la Mesa una indicación renovada, suscrita por los Honorables señores Pablo, Foncea, Lorca, Olguín, Ballesteros, Prado, Musalem, Valenzuela, Noemi, Gormaz, Irureta y Carmona, para los efectos reglamentarios, con el objeto de introducir el siguiente artículo nuevo:
Agréguese al artículo 213 del D. F. L. Nº 1, de 1968, del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, el siguiente inciso: Lo dispuesto en este artículo no será aplicable al personal con goce de pensión que, con anterioridad a su reingreso al servicio activo, haya percibido más de un desahucio en la Caja de Previsión de la Defensa Nacional.
El señor PALMA (Presidente).- En discusión la indicación.
Ofrezco la palabra.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, consideramos esta indicación al estudiar el segundo informe en la Comisión de Defensa Nacional, y salvo el Honorable señor García, los restantes miembros de ella estuvimos por desecharla.
Daré una explicación muy breve.
La indicación tiende a limitar a dos los desahucios que puede percibir el personal que goza de pensión y se reincorpora al servicio activo. En este momento no hay limitación.
Puede parecer un poco raro que, no existiendo tope sobre el particular, hayamos rechazado la indicación, porque puede presentarse el caso de personas que, al retirarse de algún organismo dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, cobren más de dos desahucios, y por el hecho de reincorporarse a determinados servicios dependientes de las instituciones armadas, tengan derecho a cobrar uno nuevo.
Concordamos en la necesidad de legislar sobre la materia; pero creemos y así lo hicimos presente en la Comisión de Defensa al discutir el segundo informe que debe legislarse sobre el desahucio en general, porque en la actualidad, a este respecto, las Fuerzas Armadas están en situación desventajosa con relación a la Administración Pública. Efectivamente, en ésta se paga el desahucio a la persona que jubila o se acoge a retiro, y con posterioridad el beneficiario no sigue integrando la imposición de 6% que da derecho a la obtención de ese beneficio, aporte que constituye un verdadero ahorro del funcionario durante el tiempo que permanece en actividad. En el caso de las Fuerzas Armadas, el personal debe seguir imponiendo ese porcentaje: el funcionario se retira, le pagan el desahucio correspondiente y luego, ya retirado, debe seguir aportando 6% hasta completar el monto de lo percibido por concepto de desahucio. Esta es la situación real; o sea, existe la posibilidad de cobrar dos o tres desahucios, en virtud de la situación especial imperante en las Fuerzas Armadas.
Por eso, preferimos, no el establecimiento de un tope en este caso, que menoscabaría aún más la situación de las Fuerzas Armadas con relación a la de la Administración Pública en lo atinente al desahucio, sino la presentación de una iniciativa de ley sobre el particular. El Ejecutivo ya nos anticipó que se halla estudiando el proyecto pertinente ésta es una de las materias en que el Gobierno tiene iniciativa exclusiva, para enviarlo con posterioridad al Congreso Nacional. En virtud de él se establecen normas comunes tanto para la Administración Pública como para las Fuerzas Armadas, en lo relativo al desahucio.
A nuestro juicio, ese procedimiento es más positivo que la simple limitación propuesta en la indicación en debate. Y aunque parezca contradictorio, el problema del desahucio en las Fuerzas Armadas es mucho más complejo que el que se pretende resolver mediante la referida limitación.
Por eso rechazamos la indicación al estudiarse el segundo informe en la Comisión, de Defensa Nacional.
El señor PABLO.- Señor Presidente, renové junto a otros señores Senadores la indicación en estudio la presentó el Honorable señor Chadwick, basado en diversas razones.
En la actualidad cualquier ex funcionario de las Fuerzas Armadas, al reincorporarse por tres años a este sector, tiene derecho a percibir un nuevo desahucio; pero no se consideran solamente esos tres años, sino que se agregan los ya computados para el pago de desahucios anteriores.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Se duplica.
El señor PABLO.- A veces, se triplica o cuadruplica.
Conozco el caso concreto de una persona que se acogió al beneficio del desahucio en 1954, percibiendo 600 mil pesos de la época; luego, en 1957 recibió 830 mil pesos; y ahora le corresponderían 300 mil o 400 mil escudos. Y existen muchos casos como éste.
Por eso, creo que al menos deben limitarse a dos los desahucios que puede percibir el personal que goza de pensión y se reincorpora al servicio activo. Porque, aparte existir derecho a cobrar dos o más desahucios, cuando se obtiene uno nuevo se computan los años que sirvieron para pagar los anteriores.
En síntesis, se trata de un exceso, por Jo cual, en mi concepto, debe regularizarse la situación. Posiblemente constituya una sana medida legislar sobre los desahucios en general; pero en este caso concreto me parece que la indicación renovada es atendible, razón que me induce a apoyarla.
E1 señor VALENTE.- Señor Presidente, estimo que para orientar al Senado debió leerse en primer término el artículo 213 del D. F. L. Nº 1. Por eso, antes de intervenir, ruego a la Mesa darlo a conocer.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Dice el artículo en referencia:
El personal con goce de pensión que vuelva al servicio, podrá gozar de un nuevo desahucio, siempre que cumpla los siguientes requisitos:
1º.- Que a contar de su reingreso contribuya al Fondo de Desahucio con una imposición igual al doble del porcentaje que estuviere efectuando, la que se descontará del total de su pensión de retiro y hasta el pago de lo percibido por concepto del primer desahucio;
2º.- Que, además, imponga al Fondo de Desahucio una suma equivalente al 6% asignado al nuevo cargo;
3º.- Que los nuevos servicios le den derecho a reliquidar su actual pensión de retiro, y
4º.- Si al acogerse a retiro aún no hubiere alcanzado a pagar el primer desahucio, el saldo insoluto le será descontado del nuevo desahucio a que tenga derecho.
Si los nuevos servicios no dieren derecho a rejubilar, lo impuesto por concepto de aplicación del Nº 2° de este artículo, será reembolsado, sin intereses, conforme lo dispuesto en el artículo 215.
El señor VALENTE.- Señor Presidente, en la Comisión de Defensa nos pronunciamos en contra de la indicación número 21, no por no estar de acuerdo con el fondo de la idea que planteó el Honorable señor Chadwick, sino por estimar que esta materia necesitaba un estudio más detenido. Y así fue como los Subsecretarios allí presentes plantearon que el Ejecutivo estaba terminando el estudio de un proyecto tendiente a normalizar en forma definitiva lo atinente a la percepción del beneficio del desahucio en las Fuerzas Armadas.
Somos partidarios de rechazar la indicación renovada, porque en este momento no hay límite en cuanto al número de veces que un jubilado, de los institutos armados puede impetrar dicho beneficio. Si se cumplen los requisitos que señala el artículo 213 del D. F. L. Nº 1 de 1968, cada vez que el personal acogido a retiro se reincorpore al servicio activo, tiene derecho a percibir desahucio.
Ante tal eventualidad, consideramos mucho más, positivo mantener vigente en su integridad el citado precepto y aguardamos que el Ejecutivo someta a la consideración del Congreso el proyecto pertinente para fijar nuestros puntos de vista sobre la forma de percibir el beneficio en referencia.
El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, deseo que algún miembro de la Comisión de Defensa nos dé una explicación a quienes no participamos en el debate promovido en dicho organismo.
Se plantea que el personal retirado de las Fuerzas Armadas que se reincorpore al servicio activo después de cierto tiempo, debe integrar una imposición especial. Mi duda radica en lo atinente a la percepción del segundo desahucio: ¿Se pagará con cargo a la imposición hecha al Fondo de Desahucio, o el beneficio se otorgará con cargo al Fondo Común de Desahucio? No sé si me explico.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carmona.
El señor CARMONA.- Sobre la consulta que acaba de hacer el Honorable señor Contreras, puedo expresar lo siguiente.
Tal como dije, en el caso de las Fuerzas Armadas debe pagarse una imposición de un monto equivalente al 6% de las remuneraciones imponibles, a fin de hacer factible la cancelación del desahucio. No obstante, después, el imponente que recibe este beneficio debe seguir aportando ese 6% aunque esté en retiro hasta enterar el monto que se le entregó como desahucio.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- O sea, se trata de restituir el beneficio con otra moneda, nada más.
El señor CARMONA.- Exacto.
En la Administración Pública en general ocurre algo diferente. La imposición del 6% sirve para pagar el desahucio cuando se retira o jubila un funcionario, sin considerar el monto de los fondos que él haya enterado y sin que después deba devolver lo que se le entregó como desahucio.
Esa es la diferencia fundamental existente entre un régimen y otro. Vale decir, en el caso de las Fuerzas Armadas, aunque se paguen dos o más desahucios, siempre hay la obligación legal de seguir imponiendo hasta la devolución total por parte del funcionario de la cantidad que se le entregó.
El señor VALENTE.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor CARMONA.- Con todo agrado.
El señor VALENTE.- Sólo para corroborar lo expresado por el Honorable señor Carmona y para aclarar un poco más la situación.
Para ello, leeré parte del artículo 213 del D. F. L. Nº 1 del Ministerio de Defensa Nacional, ya que es el que establece los requisitos que un postulante debe cumplir para poder gozar del nuevo desahucio. El artículo señala:
El personal con goce de pensión que vuelva al servicio, podrá gozar de un nuevo desahucio, siempre que cumpla los siguientes requisitos:
1) Que a contar de su reingreso contribuya al Fondo de Desahucio con una imposición igual al doble del porcentaje que estuviere efectuando, la que se descontará del total de su pensión de retiro y hasta el pago de lo percibido por concepto del primer desahucio.
Inclusive esta disposición, que permite reintegrar las sumas percibidas por concepto de desahucio, se aplica sobre la pensión que el imponente percibe; vale decir, ni siquiera se produce desvalorización de lo restituido, ya que repito se entera con un porcentaje de la pensión, la cual se reajusta periódicamente.
Aún más, luego se establece que aparte el doble porcentaje que debe imponerse, se debe enterar el 6% asignado al nuevo cargo, porcentaje relacionado en forma directa con el sueldo o salario respectivo. O sea, no hay problema de financiamiento ni mucho menos y, como dije, se salva la situación de la desvalorización monetaria.
Muchas gracias, Honorable colega.
El señor GARCIA.- ¿Me permite una interrupción, Honorable señor Carmona?
El señor CARMONA.- Como no.
El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor GARCIA.- Quiero recordar lo que sucedió en la Comisión.
El Honorable señor Chadwick presentó indicación para limitar este beneficio.
El señor CARMONA.- A sólo dos desahucios.
El señor GARCIA.- Así es.
Concurrí con mi voto a aprobar esa indicación, pero se rechazó, por lo cual en la actualidad no existe limitación alguna sobre el particular.
El señor CARMONA.- Efectivamente, ahora no hay ninguna limitación.
El señor GARCIA.- Lo que planteaba el Honorable señor Chadwick y que ahora se renueva es muy simple: limitar los desahucios a un máximo de dos, pues teníamos a la vista casos en que determinadas personas habrían percibido o podrían percibir hasta cuatro.
Por eso voté favorablemente la indicación, y quisiera preguntar al Honorable señor Carmona y al Senado si es posible que una persona reciba cuatro desahucios.
El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Carmona.
El señor CARMONA.- Entiendo que se ha producido el caso de que una persona cobre más de dos desahucios, aunque son muy contados. Creo que en este momento sólo existe una persona que va a recibir un tercer desahucio.
Sin embargo, quiero llamar la atención sobre lo siguiente.
Personalmente, considero necesario limitar el número de desahucios, pero también estimo conveniente legislar en forma total sobre el régimen de desahucio de los institutos armados, a fin de ponerlo en concordancia con el del resto de la Administración Pública. Porque si con posterioridad al retiro de los funcionarios no se siguiera cobrando en las Fuerzas Armadas el 6% referido para el reembolso del desahucio y se los dejara con un sistema igual al de la Administración Pública, indudablemente estaríamos en presencia de la posibilidad de mejorar en forma real y efectiva los beneficios de los servidores de la Defensa Nacional. Y como yo prefiero este método, esperaré el proyecto anunciado por el Ejecutivo que legisla sobre el particular, para establecer allí las limitaciones, con un régimen diferente.
El señor PABLO.- Las diferencias entre el desahucio de la Administración Pública y el de las Fuerzas Armadas que se han hecho presente en esta ocasión se originaron, según mis recuerdos, en el siguiente hecho.
Cuando se estableció el desahucio para la Administración Pública, ese derecho pecuniario se otorgó hasta por seis meses; cuando el fondo se acrecentó, el beneficio se dio hasta por ocho, luego por quince y después por veinticuatro, si mal no recuerdo. Vale decir, en la medida que el Fondo de Desahucio se fue acrecentando, gradualmente también los meses de desahucio fueron en aumento, tomando en consideración el número de años servidos.
En 1946 y 1947 se promulgaron las leyes que favorecen a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, respectivamente. A partir de esa época, si un jefe de las Fuerzas Armadas se retiraba con 24 años de servicio, tenía derecho a desahucio por igual cantidad de meses. Y esa persona seguía pagando la imposición al Fondo de Desahucio, para devolver con cargo a su pensión el monto recibido.
En el año 1964, 1965 o 1966, se presentaron muchos proyectos sobre el particular, porque se argumentaba que determinada persona había jubilado en 1950, y en esa época recibió un desahucio, por ejemplo, de 500 mil pesos, y en 1966 aparecía devolviendo 20 mil escudos, por decir una cifra. Entonces, el interesado argüía en la forma siguiente: Ya pagué totalmente mi desahucio. Pero nadie consideraba el valor real que el dinero tenía en la época en que se le otorgó el beneficio, el cual, evidentemente, no correspondía al de los años posteriores.
Sin embargo, por otra parte, una persona que empezó en 1947, a efectuar imposiciones para devolver un desahucio correspondiente a veinte años, pasado este período de descuentos no tendría por qué seguir devolviendo el desahucio, ya que la devolución no es eterna sino por tiempo determinado.
En segundo lugar, en el caso concreto que aquí expuse, debe restituirse el valor del desahucio considerando la desvalorización, ya que es evidente que en 1972 prácticamente con tres meses de descuento se podría reembolsar el monto del beneficio.
Pero, además, ¿qué está sucediendo? Ocurre que en la actualidad una persona se reintegra por tres años a las Fuerzas Armadas o a cualquier servicio, y yo encontraría legítimo que recibiera desahucio por esos tres años nuevamente servidos; sin embargo, se le computan esos tres años más los veinte o veinticinco servidos con anterioridad. En consecuencia, con este nuevo tiempo trabajado perciben desahucios equivalentes a 300 mil o 400 mil escudos, lo cual, a mi modo de ver, constituye un exceso.
Comprendo que una persona pueda jubilar dos veces, pero que se retire del servicio activo tres o cuatro veces me parece demasiado.
Por eso acompaño al Honorable señor Chadwick en su indicación y la voto favorablemente.
Se rechaza la indicación (9 votos por la negativa y 7 por la afirmativa), y queda terminada la discusión del proyecto.

SUPRESION DE DERECHOS PREVISIONALES POR DELITOS COMETIDOS.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde ocuparse en un proyecto iniciado en moción del Honorable señor García que deroga disposiciones legales que suprimen los derechos previsionales como sanción por delitos cometidos.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del señor García):
En primer trámite, sesión 35ª, en 1º de diciembre de 1971.

Informes de Comisión:
Legislación, sesión 54ª en 21 de enero de 1972.
Legislación (segundo), sesión, 19ª, en 27 de junio de 1972. Trabajo y Previsión Social, sesión 19ª, en 27 de junio de 1972.

Discusión:
Sesión 55ª, en 22 de enero de 1972.

El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha emitido un nuevo informe, el que, con la firma de los Honorables señores Pablo (Presidente), Acuña, Bulnes Sanfuentes, Luengo y Palma, recomienda aprobar el proyecto.
El señor PALMA (Presidente).- En discusión general.
Ofrezco la palabra.
El señor GARCIA.- Quisiera que por unos minutos el Honorable Senado prestara atención a este proyecto, que ha sido objeto de tres informes de Comisión.
En seguida explicaré en qué consistía la primera dificultad que se presentó.
Estando el Senado totalmente de acuerdo en que no podía existir como sanción penal la pérdida de los derechos previsionales, el Honorable señor Pablo planteó el problema de qué iba a pasar en los casos en que la única sanción la constituía la pérdida de tales derechos, como ocurría con los alcaldes que durante el desempeño de su cargo se presentaran como candidatos a una elección que no fuera de regidores. En ese caso repito, la sanción consiste en la pérdida de sus derechos previsionales.
La Comisión de Legislación, acogiendo las ideas del Honorable señor Pablo, estableció un mecanismo diferente para el caso en que los alcaldes o gobernadores se presenten a una elección de Diputados durante el ejercicio de sus funciones. La sanción ahora propuesta es la pérdida inmediata del cargo, dentro de los plazos fijados por este proyecto.
El segundo problema lo planteó el Honorable señor Foncea, para saber si se incluía en las palabras derechos previsionales el desahucio legal. Aquí se produjo, no diré una equivocación, sino un malentendido, porque la Superintendencia de Seguridad Social precisó que dentro del concepto de derechos previsionales se consideraba el desahucio, y debido a ello la Comisión de Trabajo aprobó la disposición dejando expresa constancia de ese hecho.
Pues bien, con posterioridad a la sesión en que se tomó dicho acuerdo, el Honorable señor Ballesteros descubrió que había dos informes de la Contraloría General de la República que establecían lo contrario de lo afirmado por el Superintendente de Seguridad Social. O sea, planteaban otra tesis: que dentro de las palabras derechos previsionales no se comprendía el desahucio.
Por lo tanto, pediría a la Sala volver nuevamente a la idea primitiva del Honorable señor Foncea y agregar a las palabras derechos previsionales las expresiones y desahucio, a fin de que no haya lugar a discusión sobre este particular, ya que la idea es que tampoco se pierda este último beneficio.
Finalmente, debo recordar que la Comisión de Trabajo agregó una disposición señalando que lo establecido en este proyecto es sin perjuicio de las responsabilidades civiles que puedan perseguirse en contra de los empleados. Ellas quedan vigentes. No era necesario decirlo expresamente, pero a mayor abundamiento se prescribió en forma expresa que no sólo quedan vigentes los derechos del Fisco para cobrar los impuestos, sino también los que permiten a los particulares hacer efectivo sobre el desahucio el pago de pensiones alimenticias y otras similares; aunque estas deducciones no obedecen a sanciones, sino a simples responsabilidades económicas en ciertos casos calificados en que nuestra legislación permite embargar derechos previsionales.
En estos términos se despachó por unanimidad el proyecto en la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El señor PALMA (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará el proyecto en los términos en que lo propone la Comisión, incluyendo la indicación del Honorable señor García.
El señor LUENGO.- Pero resulta que hay un informe posterior de la Comisión de Legislación, que modificó el proyecto aprobado por la de Trabajo. Entiendo que lo que despacharemos en esta oportunidad es el proyecto aprobado por aquella Comisión.
El señor GARCIA.- La Comisión de Trabajo aprobó todas las enmiendas introducidas por la de Legislación y agregó una frase según la cual, en casos determinados como en el cobro de pensiones alimenticias, se permite el embargo de los derechos previsionales y, como lo sugiere, también del desahucio.
El señor LUENGO.- O sea, en definitiva la Comisión de Trabajo aceptó las enmiendas de la de Legislación,...
El señor GARCIA.- Exactamente.
El señor LUENGO.- ... agregando la frase sin perjuicio de la responsabilidad civil que pudiera afectar a las personas a que se refiere la presente ley.
El señor GARCIA.- Efectivamente. Por mi parte, formulé indicación para aclarar que la responsabilidad civil también se podrá hacer efectiva sobre el desahucio. Lo planteo en vista de la disparidad de criterios existente entre la Superintendencia de Seguridad Social y la Contraloría General de la República respecto de si el desahucio constituye o no constituye un beneficio previsional. Esto no implica pronunciarnos sobre si se trata de una misma cosa.
El señor LUENGO.- Pero si con este proyecto estamos derogando las disposiciones que establecen como sanción la pérdida de los derechos previsionales, me parece innecesario agregar las expresiones que propone Su Señoría.
El señor GARCIA.- Sin embargo, resulta que la Contraloría ha estimado que el desahucio no es derecho previsional.
Me parece que el Honorable señor Silva Ulloa está de acuerdo con la proposición.
El señor LUENGO.- Si es así, y en ese entendido, lo acepto.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán el informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y la indicación formulada por el Honorable señor García al artículo lº.
Aprobados.
Terminada la discusión del proyecto en este trámite.
El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida correspondería tratar asuntos particulares de gracia; pero por acuerdo de Comités se destinarán a ese efecto los últimos minutos del Orden del Día.

TRANSFERENCIA DE PARQUE LA ESTRELLA, DE BARRANCAS, AL SERVICIO NACIONAL DE SALUD. VETO.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Observación, en segundo trámite constitucional, al proyecto de ley que desafecta de su calidad de bien nacional de uso público el terreno denominado Parque la Estrella, en la comuna de Barrancas.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 35ª, en 16 de agosto de 1971.

Observaciones:
En segundo trámite, sesión 34ª, en 30 de septiembre de 1971.

Informes de Comisión:
Agricultura, sesión 44ª, en lº de septiembre de 1971.
Agricultura (veto), sesión 14ª, en 15 de junio de 1972.

Discusión:
Sesión 46ª, en 2 de septiembre de 1971 (se aprueba en general y particular).

El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Agricultura, que ha informado esta observación, recomienda, en, informe suscrito por los Honorables señores Ferrando (Presidente), Acuña y Valente, aprobar el veto supresivo que incide en el artículo único del proyecto.
Por su parte, la Cámara de Diputados rechazó la observación, pero no insistió en el texto aprobado por el Congreso. En consecuencia, lo que resuelva el Senado sobre el particular no produce efectos jurídicos.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se adoptará el mismo criterio que la Cámara de Diputados.
Acordado.
Terminada la discusión del veto.

MODIFICACION DE LEY SOBRE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES. VETO.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde tratar las observaciones, en segundo trámite constitucional, recaídas en el proyecto que modifica la ley Nº 11.622, sobre arrendamientos.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 54ª, en 13 de mayo de 1971.
En cuarto trámite, sesión 27ª, en 28 de junio de 1971.

Observaciones:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 11 de noviembre de 1971. Nuevo trámite, sesión 17ª, en 20 de junio de 1972, sobre materias pendientes de la consideración del Tribunal Constitucional.

Informes de Comisión:
Legislación, sesión 1ª, en lº de junio de 1971.
Legislación (veto), sesión 35ª, en lº de diciembre de 1971.

Discusión:
Sesiones 2ª, en lº de junio de 1971; 4ª, en 2 de junio de 1971 (se aprueba en general); 10ª, en 22 de junio de 1971; 12ª, en 23 de junio de 1971; 14ª, en 29 de junio de 1971; 15ª, en 30 de junio de 1971 (se aprueba en particular) ; 44ª, en 1º de septiembre de 1971 (se despacha en 4º trámite) y 36ª, en 7 de diciembre de 1971 (decisión veto).

El señor FIGUEROA (Secretario).- El Senado ya se había ocupado de estas observaciones, pero debe pronunciarse ahora sobre la insistencia en el criterio del Congreso respecto de dos vetos, en virtud de lo resuelto por el Tribunal Constitucional.
El señor PALMA (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor GARCIA.- Luego de leer los antecedentes sobre este asunto, me permito improvisar algunas palabras para explicar el problema.
En el proyecto aprobado por el Congreso se establecía que los corredores de propiedades podrían recurrir de queja ante la Corte Suprema cuando, en ciertos casos, se les cancelare su inscripción como tales. Por su parte, el Presidente de la República no observó el proyecto señalando que su criterio era contrario a la existencia del recurso de queja, sino que se limitó a intercalar la palabra no entre las expresiones fallo y podrá. O sea, la disposición quedaba: ... y de su fallo no podrá recurrirse de queja ante la Corte Suprema. Con esto cambió totalmente el sentido de la frase aprobada por el Congreso.
Pues bien, ¿qué hicieron la Cámara y el Senado? Rechazaron la observación del Ejecutivo que intercalaba la palabra no, pero no insistieron en el texto primitivo.
El Tribunal Constitucional al Cual se recurrió para que se pronunciara sobre la materia señala que debe haber insistencia para que prevalezca el criterio del Congreso. Por mi parte, sostengo que no debería haber ley en este punto, ya que no hay acuerdo entre Congreso y Ejecutivo: el primero dice que debe existir recurso de queja, y el segundo sostiene lo contrario. La cosa es bien simple: no debe haber ley, porque no hay acuerdo entre los dos Poderes. Pienso que ésa es la única solución lógica y legal.
En todo caso, no entiendo qué vamos a votar en este momento.
El señor AYLWIN.- El problema surgió al estimar el Senado que los vetos recaídos en los artículos 1º y 2º eran aditivos y no sustitutivos, de manera que no procedía votar la insistencia en el criterio del Congreso al rechazarse la idea del Presidente de la República. Por su parte, el Tribunal Constitucional declaró que ambos vetos eran sustitutivos y no aditivos, de modo que ordenó devolver los antecedentes al Congreso a fin de terminar la tramitación de las observaciones, ya que no existía aún pronunciamiento completo de este Poder del Estado.
En consecuencia, lo que debemos votar en este momento es si insistimos o no insistimos en la disposición primitiva.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Sobre el particular, debo informar al Senado que la Cámara acordó no insistir en el texto primitivo. En consecuencia, lo que resuelva el Senado no produce efectos jurídicos, ya que en ningún caso habrá ley sobre la materia.
El señor GARCIA.- Haya ley o no o sea, lo digamos o no lo digamos, como la Corte Suprema, de acuerdo con nuestra Constitución Política, tiene la superintendencia correccional, económica y directiva de todos los tribunales de la nación, siempre podrá recurrirse de queja en los casos de que se trata, ya que éste es un recurso disciplinario. Para que no procediera la queja, sería necesario que una ley expresamente la prohibiera.
El señor PALMA (Presidente).- El problema es el que ha señalado el Honorable señor Aylwin.
Como la Cámara de Diputados no ha insistido en el texto anterior, lo que resuelva el Senado no producirá efectos.
Por lo tanto, si le parece a la Sala, se acordará no insistir.
Acordado.
En discusión la observación recaída en el artículo 2º, que agrega un artículo con el número 31 a la ley Nº 11.622.
Si bien la situación es distinta, lo que resuelva el Senado tampoco producirá efectos en la formación de la ley, ya que la Cámara de Diputados no insistió en el criterio primitivo.
Tiene la palabra el Honorable señor Aylwin.
El señor AYLWIN.- Aunque sólo sea para los efectos de la historia de la ley, y para salvar mi opinión, deseo dejar constancia de que, fundamentalmente, voto por la insistencia en este segundo artículo porque el Presidente de la República, al eliminar la frase inicial En los contratos que se celebren a contar de la vigencia de la ley, pretende consagrar una norma inconstitucional, pues se establecería una prohibición retroactiva respecto de contratos celebrados con anterioridad. En consecuencia, aunque no se altere el resultado práctico ni pueda imponerse el criterio del Congreso por no existir los dos tercios necesarios para ello, voto por la insistencia.
El señor GARCIA.- Siempre he manifestado, tanto al tratarse las observaciones del Ejecutivo como en los casos en que por el mecanismo de las insistencias no hay acuerdo entre ambas Cámaras, que no es posible alterar disposiciones generales cambiando una o dos expresiones contenidas en ellas.
En el caso que nos ocupa, creo que nadie habría aprobado esta disposición si no hubiese estado encabezada por la frase que propone suprimir el Ejecutivo. Según ella, la disposición en referencia sólo tendría aplicación para lo futuro. Yo la voté negativamente, no obstante esa aclaración; pero creo repito que no se habría aprobado el precepto de saberse en ese momento que, en definitiva, su encabezamiento desaparecería.
Ilustro la inconveniencia de esta práctica a través de un ejemplo: si el Congreso aprobara una disposición según la cual se aplicará la pena capital al que maltrate a su padre y le produzca la muerte, le bastaría al Ejecutivo suprimir estas últimas palabras para establecer la pena máxima prescindiendo de la voluntad de un Poder del Estado, o sea, por el simple juego del mecanismo de las insistencias en el criterio del Congreso y del Presidente de la República.
Lo que debió haber hecho el Tribunal Constitucional es lo mismo que hizo en dos fallos anteriores: no permitir que se distorsionara el sentido de una disposición, agregándole o quitándole palabras.
En cuanto al fondo del asunto, hago mías las expresiones del Honorable señor Aylwin, y agregaré algo más.
Yo expresé que, pese a la creencia, abonada con la mejor intención, de que con esto se favorecería a las grandes masas en materia de arrendamiento, llegaría un momento en que no habría casas ni locales para arrendar, porque ninguna persona construirá habitaciones para tal objeto si sabe que se le aplicarán estas disposiciones.
Quisiera saber si la población, cuyo más gravísimo problema lo constituye el arrendamiento de una vivienda, está contenta con la dictación de las normas legales que ahora nos ocupan. Es verdad que favorecieron a algunos arrendatarios; pero solo los beneficiaron por un tiempo, pues los dueños se han despreocupado de sus propiedades al extremo de no cuidarlas, dado que perciben una renta de arrendamiento fija y que no corresponde a la realidad, por cuanto los avalúos fiscales están muy distorsionados.
En la Sala yo luché mucho por lograr la aprobación de un proyecto que permitiera, mediante reglas justas, reavaluar los bienes raíces, a fin de que los cánones de arrendamiento pudieran ceñirse a normas aceptables, con algún viso de justicia. Porque en caso contrario, las cosas se arreglan de otra manera, como la que he señalado: todo el barrio bajo, desde la calle Amunátegui hasta la Quinta Normal, se ha destruido. Espléndidas propiedades no han sido refaccionadas como consecuencia de la limitación injusta a que están sometidas las rentas de arrendamiento.
La legislación que actualmente rige en materia de arrendamiento, que, por lo demás, tiene ya 30 o 40 años y que comprende alrededor de 35 leyes, no constituye, por cierto, una buena obra legislativa. De ahí que el problema en referencia haya alcanzado tal gravedad, que ha pasado a ser el número uno dentro de los que aquejan al país, especialmente si se considera a toda aquella gente joven que desea casarse y que no encuentra donde vivir. Ahora, mediante el precepto que en este instante analizamos, damos el golpe de gracia a la edificación de locales comerciales.
Voto por la insistencia.
Se acuerda no insistir (6 votos por la insistencia y 6 por la no insistencia) y queda terminada la discusión del proyecto.

NUEVO PLAZO A MUNICIPALIDADES PARA TRANSFERIR TERRENOS A OCUPANTES QUE HUBIEREN CONSTRUIDO VIVIENDAS.

El señor FIGUEROA (Secretario).- De conformidad con los acuerdos de Comités, corresponde ocuparse, en primer lugar, en un proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Musalem, que otorga nuevo plazo a las municipalidades para transferir a sus actuales ocupantes los terrenos de su propiedad en que aquéllos hubieren construido viviendas.
La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Baltra, Morales y Musalem, recomienda a la Sala, por unanimidad, aprobar el proyecto, que consta de un artículo único.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del señor Musalem):
En primer trámite, sesión 13ª, en 25 de abril de 1972.

Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 25ª, en 5 de julio de 1972.
Se aprueba en general y en particular el proyecto.

El señor PALMA (Presidente).- Se va a constituir la Sala en sesión secreta.

SESION SECRETA.

Se constituyó la, Sala en sesión secreta a las 18.15, y adoptó resolución acerca de los asuntos de gracia que benefician a las siguientes personas: Edmundo Horta Lucabeche, Margot Benavente Pérez, Oscar Madariaga Villegas, Elvira Echeverría de la Lastra, Javier Verino Aguilera Bustos, Maximino Aburto Jaque, parientes de obreros chilenos fallecidos en derrumbe producido en minas de Río Turbio (Argentina), Sergio Guilisasti Tagle y Pedro Amoldo Guerrero Rojas.
Se reanudó la sesión pública a las 18.30.

VII.- TIEMPO DE VOTACIONES.

ACUSACION CONSTITUCIONAL EN CONTRA DEL MINISTRO DEL INTERIOR, DON HERNAN DEL CANTO RIQUELME.

El señor PALMA (Presidente).- Continúa la sesión pública.
El señor FIGUEROA (Secretario).- En el Tiempo de Votaciones, corresponde fijar el día en que el Senado comience a conocer de la acusación entablada por la Cámara de Diputados en contra del Ministro del Interior, señor Del Canto.
El señor PALMA (Presidente).- De acuerdo con el Reglamento, el debate debe iniciarse entre los días hábiles cuarto y sexto posteriores al de la sesión en que se ha dado cuenta de la acusación; para este caso, el sábado, el lunes o el martes.
Hay proposición para iniciar el debate el lunes.
El señor RODRIGUEZ.- ¿Por qué no el martes?
El señor PALMA (Presidente).- Se ha hecho una proposición, y estoy ofreciendo la palabra sobre ella.
El señor MONTES.- ¿A qué hora del lunes?
El señor PALMA (Presidente).- Todos los días de cuatro a siete, hasta votar.
¿Habría acuerdo para iniciar el debate el próximo lunes?
Acordado.
Se suspende la sesión por veinte minutos.

Se suspendió a las 18.32.
Se reanudó a las 18.57.

VIII.- INCIDENTES.

PETICIONES DE OFICIOS.

El señor PAPIC (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
El señor EGAS (Prosecretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:

Del señor Baltra:

TRIBUNAL AGRARIO PARA PROVINCIA DE BIOBIO.

A los señores Ministro de Justicia y de Agricultura, solicitándoles se constituya en la provincia de Bío-Bío el tribunal agrario a que se refiere la ley Nº 16.640, pues no hacerlo significa, lisa y llanamente, dejar a los agricultores en la más absoluta indefensión, sin que se les proporcione la oportunidad de hacer valer sus derechos.

Del señor Carmona:

RECLAMO DE SINDICATO PROFESIONAL DE CHOFERES DUEÑOS DE TAXIS DE IQUIQUE (TARAPACA).

Al señor Contralor General de la República, solicitándole envíe un Inspector a la ciudad de Iquique con el objeto de que estudie el reclamo del Sindicato Profesional de Choferes Dueños de Taxis, por cobro, según su directiva, indebido de Tributo Municipal.
Me permito adjuntarle algunos antecedentes, rogándole informarme a la brevedad posible de lo que determine al respecto.

Del señor Foncea:

CONSTRUCCION DE LOCAL PARA SERVICIOS PUBLICOS EN SAN JAVIER DE LONCOMILLA (LINARES).

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, a fin de señalar la urgente necesidad de que se adopten las medidas pertinentes respecto de lo siguiente:
En la letra b) del artículo 54 de la ley Nº 17. 382, se destinó la suma de Eº 3.000.000 para la construcción de un local para el funcionamiento de los servicios públicos en la ciudad de San Javier de Loncomilla. En la misma disposición se establece que esta obra será ejecutada por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Con varios años de retraso se inició esta obra, lo que significó la desvalorización de los recursos asignados por la ley. Hasta la fecha se ha ejecutado sólo la obra gruesa, y la construcción marcha a un ritmo tan lento que da la impresión de estar paralizándose. Según la opinión de algunas autoridades de Linares, ello se debe a la falta de recursos.
La verdad es que de los Eº 3.000.000 no se han invertido más de un 60 o 70%, pues el resto la Dirección de Arquitectura lo habría destinado a pagar la expropiación de una serie de predios adyacentes con el objeto de realizar, en el futuro, otras construcciones absolutamente ajenas al edificio a que se refiere la ley Nº 17.382 citada.
Por todo lo anteriormente expresado, resulta de meridiana evidencia que no se puede imputar al valor de la obra otra expropiación, diferente de la que corresponde a los terrenos donde se está levantando la construcción, cuya superficie es de alrededor del 10% de los predios expropiados.
Solicito concretamente que el Ministro informe sobre el monto de lo invertido hasta la fecha en cumplimiento de la letra b) del artículo 54 de la ley Nº 17.382, con indicación de lo invertido en la adquisición del terreno y en la obra misma.

Del señor Hamilton:

CONFLICTO DE SINDICATO DE ESTIBADORES DE PUERTO NATALES (MAGALLANES).

Al señor Subsecretario de Transportes, pidiéndole arbitrar medidas acerca del problema expuesto por el Sindicato de Estibadores de Puerto Natales, en telegrama de fecha 10 del presente, que dice: Hoy nuestro personal suspendido indefinidamente faenas motonave Tocopilla encuéntrase descargando Natales ante tramitación engañosa sufre nuestro sindicato por EMPREMAR no cumplir compromiso recalar cada 30 días este puerto. Empresa exige tener setecientas toneladas para llegar este lugar sabiendo ello no es posible dada mala distribución naves viajan sólo Valparaíso Natales sin tocar Puerto Montt donde sacan medio Navarino trescientas cuatrocientas toneladas dejándolas Parenas sufriendo habitantes mayor recargo terrestre sin interesas ello autoridades esta provincia. No reiniciaremos faenas sin tener seguridad compromiso escrito ante organismos competentes solución problema. Rogamos intervenir ayuda aflictiva situación estibadores Natales. Fdo. Sindicato Estibadores Natales. Riera, Presidente; Loaiza, Secretario.

Del señor Juliet:

ELEMENTOS PARA ESCUELA Nº 5 DE VILLA PRAT (TALCA).

Al señor Ministro de Educación Pública, a fin de que se sirva disponer que se solucionen los urgentes problemas que afectan a Villa Prat y que son los siguientes:
lº) Que se cumpla el envío del mobiliario escolar, dispuesto desde 1970 por el Departamento de Locales y Mobiliario, en el sentido de dotar a la Escuela Nº 5 con 80 juegos bipersonales;
2º) Ampliar la Escuela Nº 5 en tres salas: Educación Tecnológica, Ciencias Naturales y Biblioteca, y
3º) Dotar de un mimeógrafo a la Junta de Vecinos o a la Escuela Nº 5, el cual sería una pequeña imprenta del pueblo y valioso vehículo de cultura.

DIVERSAS NECESIDADES DE VILLA PRAT (TALCA).

Al señor Ministro de Obras Públicas, a fin de que se sirva disponer que se solucionen los urgentes problemas que afectan a Villa Prat, y que son los siguientes:
lº) Que se cumpla en el presente año, con la ya dispuesta pavimentación de la única calle;
2º) Autorizar la locomoción directa a Santiago del recorrido iniciado en marzo del año en curso, por el empresario señor Rosalindo Moraga Parra, y que sirve a toda la ribera sur del río Mataquito (comuna de Curepto y Sagrada Familia), y
3º) Que la distribución del agua potable que actualmente depende del Servicio Nacional de Salud pase a la Dirección de Obras Sanitarias.

AMBULANCIA PARA VILLA PRAT (TALCA).

Al señor Ministro de Salud Pública, a fin de que se sirva disponer el envío de una ambulancia nueva a Villa Prat, por la urgencia que tiene de atender su vasto sector. Además, obtener del Servicio Nacional de Salud que las visitas médicas se realicen con una mayor frecuencia.

PROBLEMAS DE COMITE DE LOS SIN CASA DE VILLA PRAT (TALCA).

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, a fin de que se sirva disponer la pronta solución al problema del Comité de los sin casa de Villa Prat,

ESTACION REPETIDORA DE TELEVISION EN VALLE DE MATAQUITO (CURICO).

A las autoridades de Televisión Nacional de Chile, a fin de que se sirvan disponer la instalación de una antena repetidora que serviría a todo el valle de Mataquito, comprendido entre las comuna de Curepto y Sagrada Familia.

Del señor Lorca:

DECLARACION DE ZONA DE EMERGENCIA PARA PROVINCIA DE CHILOE.

Al Presidente de la República y al Ministro Secretario General de Gobierno, solicitándoles se considere una petición formulada por la Junta Provincial de Alcaldes de Chiloé, que representa a las autoridades comunales de toda la provincia, la cual solicita declarar a dicha provincia zona de emergencia, puesto que se ha visto afectada este año por duros temporales, lo que ha traído consigo innumerables perjuicios.

CONFLICTO DE ESTIBADORES DE PUERTO NATALES (MAGALLANES).

Al señor Ministro de Obras Públicas y al Director de EMPREMAR, con el objeto de hacerles presente la situación que viven los estibadores de Puerto Natales.
Para una mayor claridad del problema, me permito transcribir el telegrama que me ha hecho llegar el Sindicato de Estibadores de Natales, firmado por sus representantes.
Dicho telegrama dice así:
Hoy nuestro personal suspendió indefinidamente faenas Motonave Tocopi11a, encuéntrase descargando Natales, ante tramitación engañosa sufre nuestro Sindicato por EMPREMAR no cumplir compromiso recalar cada 30 días este puerto Punto. Empresa exige tener 700 toneladas para llegar este lugar sabiendo ello no es posible dada mala distribución naves viajan sólo Valparaíso Natales sin tocar Puerto Montt donde sacan medio Navarino 340 a 400 toneladas dejándolas P. Arenas, sufriendo habitantes mayor recargo terrestre sin interesas ello autoridades esta provincia. No reiniciaremos faenas sin tener seguridad compromiso escrito ante organismos competentes solución problema.

Del señor Luengo:

REESTRUCTURACION DE DIRECCION DE TURISMO.

Al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole interesarse por apoyar la posibilidad de una reestructuración de la Dirección de Turismo, conforme lo ha estado solicitando este organismo, ya que ello resulta imprescindible para que pueda cumplir con eficiencia su labor.
Su actual insuficiencia institucional le impide cumplir adecuadamente la exigente masificación del turismo, requerida por el actual Gobierno. Un proyecto de naturaleza restructurativa tendría un interés general tanto de parte de las fuerzas políticas de Gobierno como de Oposición, dada la importancia de la materia para el desarrollo del país.

PLAZA DE PEAJE DENTRO DE LÍMITES DE PROVINCIAS DE BIO-BIO A CAUTIN.

Al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole interesarse por apoyar la petición de la Junta de Desarrollo de Bío-Bío, Malleco y Cautín, de crear una Plaza de Peaje en la Carretera Panamericana, dentro de los límites geográficos de las provincias de Bío-Bío a Cautín, en lugar que determinen los estudios respectivos y el mejor criterio técnico del Ministerio de Obras Públicas.
En primera instancia, ese Ministerio habría recomendado rechazar la petición en referencia, basándose en la existencia de una similar en Perquilauquén, y además en algunas razones de presupuesto, especificándose que debería entenderse por tales la destinación ya programada de partidas para mejorar los caminos transversales en esas tres provincias.
El infranscrito cumple al respecto, en primer lugar, con hacer suyas las nuevas argumentaciones de la Junta, contenidas en presentación reciente ante la Subsecretaría de ese Ministerio, por medio de la cual piden una reconsideración del primer informe, basándose en que la gran extensión territorial de la región no impediría, como argumenta ese Ministerio, la creación de una nueva plaza, toda vez que hay puntos como Freire y Perquilauquén distantes a 400 kilómetros uno del otro.
Además, partiendo de la premisa de que la creación de una plaza como ésta, es, en el fondo, la conquista de un medio más práctico y eficaz para ayudar al progreso y desarrollo de esa zona, mejorando las vías de comunicación terrestres, resulta oportuno mencionar que en forma paralela al progreso y desarrollo que se logra, los directos beneficiados son los propios usuarios de esas vías, los que al pagar un pequeño valor por concepto de peaje están asegurando una buena mantención para esas vías y economizando ellos mismos neumáticos y un mejor trato para sus medios de transporte.
Habida consideración de lo expuesto, me permito pedir al señor Ministro su especial consideración para esta nueva presentación de la Junta de Desarrollo, que no hace otra cosa que velar por el futuro económico-social de esas provincias y de Chile.

SITUACION DE COLONOS BENEFICIADOS CON PREDIOS FISCALES.

Al señor Ministro de Tierras y Colonización, pidiéndole quiera tener a bien informar al infrascrito en qué situación se encuentran los colonos que han sido beneficiados con predios fiscales y regidos por los D.F.L. Nº 256 y Nº 65 del año 1931 y 1960, respectivamente, en cuanto al derecho que les asistiría para usufructuar de la madera de los bosques naturales de esos predios.
La información que se solicita está motivada por la inquietud de la Asociación Comunal de Pequeños Agricultores de Cunco, formada en su mayoría por colonos, quienes habrían sido informados extraoficialmente de que la madera de esos predios sería actualmente de usufructo fiscal, contrariándose, según ellos, las normas por las que se regían hasta el presente. Se ignora, desde luego, el asidero legal de esta información.

REGULARIZACION POR CORMU DE POBLACION ALTAMIRANO DE CURACAUTIN (MALLECO).

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, pidiéndole interesarse por disponer las medidas que estime pertinentes para que se proceda, por parte de CORMU, a la adquisición de los terrenos en que se encuentra ubicada la población Altamirano de la ciudad de Curacautín, provincia de Malleco, a fin de regularizar posteriormente la condición de propietarios de los pobladores allí residentes, que han construido sus viviendas con su esfuerzo personal.
El infrascrito está informado de que los dirigentes vienen solicitando desde el año 1963 que se les constituya propietarios de los sitios y viviendas que conforman esta población, y en tal sentido remitieron un memorándum a la Corporación de la Vivienda cuyo curso se perdió en la actual CORHABIT el año 1966.
En esta última institución se encuentran los planos de loteo y ubicación de la población en referencia (Sección Títulos dependiente de Fiscalía) y hace poco fui informado por un funcionario de apellido Ramaciotti que, a su parecer, esos terrenos serían de propiedad fiscal.
Dado el natural desconocimiento técnico que poseemos en materias relacionadas con problemas tan específicos como el planteado, interesa en resumen que a través de ese Ministerio se encauce una real y satisfactoria solución a este problema, en cuyo cometido está dispuesta a colaborar tanto la comunidad afectada como el infrascrito.

BONIFICACION DE DIVIDENDOS DE CORHABIT Y DE ASOCIACIONES DE AHORRO Y PRESTAMO

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, pidiéndole informar al infrascrito qué sistemas de bonificación de dividendos se encuentran vigentes en la actualidad, tanto para los deudores de la Corporación de Servicios Habitacionales como para los de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo, y en qué consisten. Es decir, interesa saber los requisitos que debe reunir un deudor para obtener bonificación en sus dividendos y forma en que se impetra el beneficio.

Del señor Morales Adriasola:

DESIGNACION DE CIUDAD DE CASTRO COMO SEDE DE PROXIMO CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL AMATEUR (CHILOE).

Al Ministerio de Defensa Nacional, a fin de que la Dirección de Deportes del Estado considere con especial interés la posibilidad de designar a. la ciudad de Castro, en la provincia de Chiloé, como sede del próximo Campeonato Nacional de Fútbol Amateur.

CONSTRUCCION DE PUENTE MAÑIHUALES (AISEN).

Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a fin de que se dispongan los fondos necesarios para iniciar en forma urgente la construcción del nuevo puente Mañihuales, en la provincia de Aisén, y, además, la inmediata construcción de uno provisional mientras se termina el definitivo, con el propósito de dar rápida solución al problema de transporte de carga que afecta a la mencionada zona en la actualidad.

FIJACION DE ITINERARIO DE DETERMINADAS NAVES DE EMPRESA MARITIMA DEL ESTADO.

A la Empresa Marítima del Estado, a fin de que fije en forma definitiva un itinerario para el recorrido de sus naves desde Valparaíso a Puerto Natales, vía Puerto Montt, con el propósito de que los comerciantes de esa zona tengan seguridad para la recepción de mercaderías, y se provea asimismo de trabajo a los obreros marítimos de Puerto Natales.

CONDONACION DE PRESTAMO A CLUB AEREO DE COIHAIQUE (AISEN).

A la Corporación de Fomento de la Producción, a fin de que considere con especial interés la posibilidad de condonar un préstamo que, con fecha 21 de noviembre de 1968 y por acuerdo Nº 494 del Consejo Resolutivo de Santiago, concedió al Club Aéreo de Coihaique, en atención a que éste no se halla en condiciones de cancelar la deuda pertinente y a que los fondos de que dispone en la actualidad deberá invertirlos en reparaciones y repuestos de los aviones que tiene en uso.

Del señor Moreno:

MOBILIARIO PARA RETEN DE COMUNA DE RANCAGUA (O’HIGGINS).

Al señor Ministro del Interior, solicitándole lo siguiente:
Dotar de mobiliario, para que pueda funcionar como tal, al Retén de Carabineros construido en la Junta de Vecinos Nº 16 El Esfuerzo, de la comuna de Rancagua, beneficiando con ello a un amplio sector poblacional.

DOS CARABINEROS MAS Y JEEP PARA RETEN DE PAREDONES (COLCHAGUA).

Al señor Ministro del Interior, solicitándole lo siguiente:
Dotar de dos Carabineros más y de un Jeep al Retén de la comuna de Paredones, provincia de Colchagua, ya que, por servir éste a una amplia zona campesina, su personal actual que consta de 5 funcionarios y que no cuenta con medios expeditos de movilización pues tiene sólo caballos para patrullajes, citaciones y cumplimientos de órdenes judiciales se hace insuficiente.

LOCAL PARA ANEXO DE ESCUELA Nº 31, DE RANCAGUA (O’HIGGINS).

Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándote incluir en el próximo presupuesto de ese Ministerio la construcción de un local para el Anexo de la Escuela Nº 31, de Rancagua, para servir a los asentamientos San Ramón, El Bosque y Flor del Valle para beneficiar con ello a una amplia población escolar.

ENTREGA DE TITULOS EN ASENTAMIENTO SAN ANTONIO, OVALLE (COQUIMBO).

Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole lo siguiente:
Proceder a la entrega de títulos a los socios del asentamiento San Antonio de la localidad de El Palqui, comuna de Ovalle, ya que tienen más de seis años la calidad de asentados y aún no se les asignan dichos títulos de propiedad.
Aprobar y dar curso al plan de explotación por una cantidad de Eº 1.900.000 para poder comenzar los trabajos de producción en dicho asentamiento.
Incluir en los fondos del 2% de emergencia los arreglos necesarios para el canal Semita Maurat, que beneficiará a la producción en que están empeñados los campesinos de ese asentamiento.

RECONOCIMIENTO DE DIRECTIVA DE ASENTAMIENTO PORVENIR, EN CHIMBARONGO (COLCHAGUA).

Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole lo siguiente:
Reconocer, por parte de CORA, a los integrantes de la directiva del Asentamiento Porvenir, de la comuna de Chimbarongo, provincia de Colchagua, elegido por voluntad de los 55 socios, tratando los funcionarios de dicha repartición de imponerles una directiva totalmente ajena a los intereses de los campesinos integrantes de ese asentamiento.

EXPROPIACION DE PREDIO LAS PALMAS DE COCALAN (O’HIGGINS).

Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole lo siguiente:
Actualmente está expropiado en su totalidad el predio Las Palmas de Cocalán, en la comuna de Las Cabras, provincia de O’Higgins. En él se quiere privar a los campesinos de la explotación de 50 hectáreas que incluyan Las Palmas, las que proporcionan una importante fuente de ingresos. Se pretende reservarlas para el Gobierno, lesionando a los campesinos, quienes desean que se les entregue en su totalidad dicho predio, respetándoseles sus derechos.

TERMINACION DE PUENTES SOBRE ESTEROS LAS TOSCAS Y PANILONCO, EN PAREDONES (COLCHAGUA).

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, solicitándole acelerar los trabajos de construcción del puente sobre el estero Las Toscas, en la Comuna de Paredones, provincia de Colchagua, ya que dicha obra urge por los recientes temporales que afectaron la zona; y reanudar los trabajos de construcción del puente sobre el estero Panilonco, de la misma comuna, que están paralizados desde hace varios meses, afectando a un amplio sector poblacional.

AGUA POTABLE PARA PAREDONES Y BUCALEMU (COLCHAGUA).

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, solicitándole incluir en el próximo presupuesto de ese Ministerio los fondos necesarios para dotar del servicio de agua potable a los habitantes de las localidades de Paredones y Bucalemu, en la provincia de Colchagua, ya que por el pésimo estado sanitario en que se encuentran las norias actualmente en servicio, hay un grave peligro para la salud de dichos pobladores.

PUENTES SOBRE RIO Y ESTERO SECO DE CODEGUA (O’HIGGINS).

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, solicitándole lo siguiente:
Incluir dentro del próximo presupuesto de ese Ministerio la construcción de los puentes sobre el río y Estero Seco de Codegua, comuna de Codegua, provincia de O’Higigns, y para lo cual adjunto copia del oficio enviado por la Ilustre Municipalidad a ese Ministerio.

Del señor Olguín:

MAYOR REMUNERACION PARA AUXILIARES DE ESCUELAS NOCTURNAS DE IQUIQUE QUE SE INDICAN (TARAPACA).

Al señor Ministro de Educación Pública y a la señorita Directora General de Educación Primaria y Normal:
Desde el puerto de Iquique y con fecha 26 de junio recién pasado enviaron nota conjunta tres auxiliares de escuelas nocturnas a la señorita Directora de Educación Primaria y Normal, en la cual solicitaban una mayor remuneración en sus salarios por haber aumentado para ellos tanto las horas de trabajos como el sector que deben atender.
Los auxiliares afectados son: Juan Castillo Luna, Rol 17.803, de la Escuela Nocturna Nº 1; Ramón Peña Yáñez, Rol 64.548, de la Escuela Nocturna Nº 3; Ernesto Crisosto Moraga, Rol 968, de la Escuela Nocturna Nº 1. Las tres personas son del puerto de Iquique.
Como la situación de los auxiliares el general es mala, la Asociación de Auxiliares de la Educación de Iquique realizó una huelga en días pasados en apoyo a todos los casos que afectan a sus asociados. Por esta razón, ruego al señor Ministro de Educación y a la Directora General de Educación Primaria y Normal impartir las instrucciones necesarias tendientes a normalizar lo expuesto y puedan informar de ello a la brevedad posible.

PRESTAMO A SOCIOS DE COOPERATIVA DE VIVIENDAS SANTIAGO WATT LTDA., DE IQUIQUE (TARAPACA).

A los señores Ministro del Trabajo y Previsión Social, Director General de Ferrocarriles del Estado y Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Fondos de Retiro de los Ferrocarriles, en los siguientes términos:
En el puerto de Iquique un grupo de trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, formaron una Cooperativa de Viviendas, denominada Santiago Watt Ltda., la que en la actualidad cuenta con personalidad jurídica otorgada por Decreto Nº 1-181 del 12 de mayo del presente año.
Los asociados de la Cooperativa antes mencionada han solicitado a la Caja de Fondos de Retiro de los Ferrocarriles un préstamo ascendente a los 15.000 escudos por socio, para completar de esta forma las cuotas de ahorro que les exige APRENOR y para suscribir el convenio correspondiente a la construcción de las viviendas que ellos anhelan.
Por lo expuesto y por la gran necesidad que tienen los integrantes de la Cooperativa de Viviendas Santiago Watt Ltda. de poder contar con una casa propia, solicito que las autoridades mencionadas se sirvan estudiar los antecedentes e impartir a la brevedad las instrucciones necesarias, a fin de otorgar el beneficio solicitado por estos esforzados trabajadores.

ASESORIA TECNICA PARA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO EL ANCLA, DE ANTOFAGASTA.

Al señor Vicepresidente de CORHABIT, en los siguientes términos:
La directiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Ancla, Sección Vivienda, de Antofagasta, en nombre de sus asociados está solicitando por mi intermedio la posibilidad de que el organismo que Ud. dirige estudie la forma de facilitar a esa Cooperativa asesoría técnica y, lo más importante, planos tipos, a fin de disminuir los costos de construcción de las viviendas de los 70 socios.
Para tal efecto compraron un terreno de 5. 387,25 metros cuadrados, donde construirán los 70 departamentos. Además, cuentan en principio con un préstamo de CORVI para urbanización.
Tengo entendido que con fecha 11 de mayo del presente año la directiva envió una nota al señor Luis Alvarado, Consejero de CORHABIT, y creador de un sistema que beneficia a las cooperativas, donde le exponían sus problemas y solicitaban ayuda técnica.

DIVERSOS PROBLEMAS DE PISAGUA (TARAPACA).

A la Empresa de Comercio Agrícola, al Servicio Nacional de Salud, a la Dirección de Deportes y Recreación y a la Empresa Nacional de Frigoríficos, sobre los graves problemas que afectan a Pisagua, expuestos por oficio de la Gobernación de ese abandonado puerto, y que en seguida se indican:
El abastecimiento en el puerto de Pisagua está atendido por un almacén de tercera categoría. Por ello, los alimentos son cada día más escasos, razón por la cual se solicita que la Empresa de Comercio Agrícola instale allí un almacén o bodega reguladora.
La atención de la Posta Médica que allí existe no presta servicios adecuados, pues el practicante que la atendía se acogió a jubilación hace más de un año. Por lo tanto, la Dirección del Servicio Nacional de Salud debe designar a la brevedad un nuevo funcionario.
La recreación que toda comunidad necesita en este puerto se centra en el equipo de fútbol del Club Deportivo Pisagua, el que para mantener la actividad requerida necesita una subvención permanente del Estado otorgada por la Dirección de Deportes y Recreación.
La fuente de trabajo que allí se explota en forma única es la pesca artesanal, que no rinde muchos frutos por la falta de un frigorífico apropiado para el almacenamiento de la pesca para su posterior comercialización. Por ello, es de imperiosa necesidad que la Empresa Nacional de Frigoríficos estudie la posibilidad de instalar un frigorífico con capacidad para 4.000 o 5.000 kilogramos.

Del señor Papic:

RETEN PARA CHIHUIO (VALDIVIA).

Al señor Ministro del Interior, a fin de que la Dirección General de Carabineros estudie la posibilidad de instalar un retén en la localidad de Chihuio, ubicado en la comuna de Lago Ranco, distrito de Llifén, provincia de Valdivia. Este retén cubriría el paso cordillerano de Lilpela, desguarnecido actualmente de todo control, y por el cual se transita intensamente, favoreciendo, incluso, el contrabando de armas, como pueden dar testimonio numerosos vecinos del sector. Justifica, además, la instalación de ese retén, el crecimiento de la población en esta zona.
Por otra parte, cabe hacer presente que, para estos efectos, existe ya un local construido, y los terrenos necesarios, cedidos por vecinos. En cuanto a posteriores necesidades, propias de la instalación, la Municipalidad de Lago Raneo ha ofrecido su amplia cooperación.

GABINETE DE IDENTIFICACION PARA COMUNA DE FUTRONO (VALDIVIA).

Al señor Ministro de Justicia, con el fin de que la Dirección del Registro Civil e Identificación pueda considerar la posibilidad de la creación de un Gabinete de Identificación en la comuna de Futrono, provincia de Valdivia.
El crecimiento de esta población y la necesidad de facilitar la obtención de los documentos propios de esa Oficina, hacen aconsejable esta creación, ya que en la actualidad los vecinos deben ocupar un día o dos en viajes a otras ciudades para obtenerlos, con el sacrificio y gastos consiguientes.
La Oficina del Registro Civil existente en la localidad cuenta con las dependencias necesarias para estos efectos en un edificio nuevo destinado a las oficinas públicas, todo lo cual facilita su instalación.

CREACION DE PRIMEROS AÑOS MEDIOS EN FUTRONO (VALDIVIA).

Al señor Ministro de Educación Pública, con el fin de que la Dirección de Educación respectiva considere la posibilidad de crear primeros años medios en alguna escuela de Futrono, provincia de Valdivia, lo que podría estudiarse en la Nº 71 o en la Nº 30, que son las que cuentan con mayores comodidades para estos efectos. Esta petición ya ha sido hecha al Ministerio en el año 1971 por la municipalidad de Futrono.
Aunque no se necesita de mayores antecedentes para justificar la creación de estos cursos, bastaría dar a conocer que esta localidad cuenta con una población escolar de aproximadamente 1.000 alumnos, de los cuales egresan anualmente 100 de los octavos años, la mayoría de los cuales no puede seguir estudiando por la razón señalada y por la falta de recursos de los grupos familiares que les impide efectuar los gastos de estudio en otras ciudades.
En consecuencia, estimo que el Ministerio debe considerar en sus planes de estudios la creación de los cursos mencionados para el período 1973.

CONTINUACION DE TRABAJOS EN RUTA LAGO RANCO-RIÑINAHUE-LLIFEN (VALDIVIA).

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, con el fin de que la Dirección de Vialidad pueda considerar la posibilidad de la continuación de los trabajos en la ruta Lago Ranco-Riñinahue-Llifén, en la provincia de Valdivia.
En diversas oportunidades se han realizado estudios para esta finalidad, no obstante lo cual no han llegado a concretarse en forma efectiva, lo que mantiene, aproximadamente, a 30.000 hectáreas sin pleno rendimiento agropecuario y perjudicando, por ende, a muchos pequeños agricultores y vecinos, cuyos productos no pueden salir oportunamente a los centros de consumo.

CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS PUBLICAS EN COMUNA DE LAGO RANCO (VALDIVIA).

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, con el fin de que el departamento respectivo de ese Ministerio pueda abocarse al estudio de la construcción de un edificio para oficinas públicas en la comuna de Lago Ranco, provincia de Valdivia.
Cabe hacer presente que se cuenta con el terreno adecuado para estos efectos y que, además, el proyecto en tal sentido está considerado dentro de los planes de construcción. En consecuencia, se trataría de otorgar alguna prioridad para satisfacer la justa aspiración de esta comuna, que espera desde largo tiempo la construcción de esta obra, la que se justifica ampliamente, debido a su numerosa población, aproximadamente de 15.000 habitantes.

ASISTENCIA MEDICA PARA COMUNA DE LAGO RANCO (VALDIVIA).

Al señor Ministro de Salud Pública, con el fin de que se estudie la posibilidad para la construcción de un centro asistencial capaz de proporcionar asistencia médica efectiva a la comuna de Lago Ranco, provincia de Valdivia, que cuenta con una población aproximada de 15.000 habitantes.
En la actualidad, cuenta con una posta de primeros auxilios, atendida por una sola funcionaría, lo que es absolutamente insuficiente para la atención de esta numerosa población.
Además, hasta hace un año, se contaba con una ambulancia, que fue retirada del servicio, aumentando con esto la crítica situación de la población ya mencionada.

Del señor Valenzuela:

PERSONAL Y MOBILIARIO PARA RETEN DE UNIDAD VECINAL EL ESFUERZO, DE RANCAGUA (O’HIGGINS).
Al señor Director General de Carabineros, haciéndole presente la urgencia de dotar a la brevedad posible del personal y mobiliario para el Retén que se ha construido en la Unidad Vecinal Nº 16 El Esfuerzo, en Rancagua.
Es de imperiosa necesidad dar una pronta solución a esta petición, ya que sin el mobiliario y personal, no puede iniciar sus funciones dicho cuartel.

De los señores Morales Adriasola y Ochagavía:

RENDIMIENTO DE LEY 17.382 DURANTE 1972.
Al Banco Central de Chile, para que informe acerca del rendimiento de la ley Nº 17.382 durante el primer semestre del año en curso.

TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LA PROXIMA SESION ORDINARIA.

El señor EGAS (Prosecretario).- El señor Presidente anuncia la siguiente tabla de Fácil Despacho para la próxima sesión ordinaria:
Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Musalem, que modifica el artículo 106 del D. F. L. Nº 338, de 1960, Relativo a la determinación del desahucio.

El señor PAPIC (Vicepresidente).- El primer turno de Incidentes corresponde al Comité del Partido Izquierda Radical, que ha cedido su tiempo al Comité Demócrata Cristiano.
Ofrezco la palabra.
El señor MORENO.- Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

PROBLEMAS DE LAS COMUNAS DE CHEPICA, PAREDONES Y LOLOL, DE LA PROVINCIA DE COLCHAGUA.

El señor MORENO.- Señor Presidente, en esta oportunidad debo abordar diversos problemas de las comunas de Chépica, Paredones y Lolol, de la provincia de Colchagua, a la cual, junto con la de O’Higgins, tengo el honor de representar ante el Senado.

Necesidades urgentes del Consejo Local de Salud de Chépica. Oficio.
La comuna de Chépica es una comuna rural con una población de 12.500 habitantes, en su mayoría de escasos recursos.
Hasta hace un mes el hospital de la localidad contaba con los servicios de un médico, quien atendía a las necesidades de esa comuna rural. Sin embargo, desde la fecha indicada se ha producido una difícil situación en ella, a raíz del traslado del doctor Renato Araya Barraza a la localidad de Rengo, con lo cual la comuna de Chépica quedó sin atención médica.
Hace algunas semanas, por distintos oficios, planteé al señor Ministro de Salud las necesidades de la comuna y de su hospital. Por eso, esta tarde deseo reiterar en el Senado que el primer problema que debe ser resuelto, a la brevedad posible, es la designación inmediata de un médico general de zona para el hospital de Chépica.
En segundo lugar, se requieren los servicios de una matrona para el control de embarazadas y la atención de partos en el mismo establecimiento. Este cargo está previsto por el Servicio Nacional de Salud, pero hasta el momento no ha podido ser cubierto.
En tercer término, se requiere la designación de un dentista, por cuanto el hospital cuenta con los elementos necesarios para sus funciones. Hace tres semanas visité la comuna, y en el hospital pude ver el sillón dental y los distintos implementos que se requieren para prestar dicha atención, y que en estos momentos se encuentran embalados en una oficina administrativa del establecimiento. Allí se encuentran desde hace varios meses desaprovechándose elementos muy escasos en la actualidad para la atención dental que se requiere en esa comuna rural tan populosa.
El cuarto problema, relacionado con los anteriores, es la necesidad de ampliar dicho hospital, que tiene una construcción de 173,91 metros cuadrados en un terreno de 8.000 metros cuadrados, con el fin de que preste no sólo atención de urgencia, sino además de hospitalización, por cuanto el hospital de Santa Cruz, que es el lugar hacia donde se traslada a los enferiríos cuando no logran ser atendidos en Chépica, en algunas ocasiones carece de los medios necesarios para atenderlos. Actualmente el hospital podría disponer de tres o cuatro camas para hospitalizar enfermos con tratamiento. Desgraciadamente, durante una visita que realicé hace algunas semanas, comprobé que las piezas que podrían habilitarse con tal fin se usan como bodegas y no para atender a las necesidades que requieren atención prioritaria.
En quinto lugar, la comuna de Chépica no cuenta con medios adecuados de locomoción para la atención médica. En la actualidad el hospital dispone sólo de una ambulancia G. M. C. 1967, la cual se encuentra deteriorada por el exceso de trabajo y por dos colisiones que la han dejado con serios problemas en su funcionamiento.
Por eso, es imprescindible contar con una ambulancia y un jeep, para trabajos de terreno en la atención de postas y en el reparto de leche.
Solicito oficiar al Ministro de Salud transcribiéndole mis palabras respecto de estas cinco necesidades apremiantes de la comuna de Chépica, las cuales, por lo demás, ya le fueron planteadas por el Consejo Local de Salud de Chépica, que se encuentra constituido y funcionando desde el 15 de mayo del presente año, de acuerdo con las disposiciones establecidas por el Gobierno.
También deseo que se haga presente en él oficio referente a esta comuna, que la posta de Auquinco requiere de los servicios de un médico, ya que en la actualidad es atendida por un auxiliar. En la Rinconada de Jáuregui, por su parte, urge el nombramiento de un auxiliar que preste servicios en la posta de esta localidad. Por último, en el lugar denominado Orilla de Auquinco, se construyó una posta por intermedio de donaciones de la comunidad y aportes fiscales, de cuyo origen no se tiene conocimiento exacto. Como esta construcción se encuentra totalmente terminada, es necesario que las autoridades de la Salud se preocupen de aclarar la situación, a fin de que el establecimiento funcione como corresponde.
Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.

Ejercicio ilegal de la profesión de médico por parte de ciudadano colombiano en Hospital de Paredones. Oficio.
El señor MORENO.- Otro problema que deseo plantear es el suscitado en la comuna de Paredones, ubicada en el sector costero de la provincia de Colchagua. Al igual que en la comuna de Chépica, se ha producido una difícil situación en el hospital de la localidad, ya que durante casi un año estuvo sirviendo el cargo de director del establecimiento el señor Rodolfo Raibret, de supuesta nacionalidad colombiana. La comunidad de Paredones, por intermedio de su Alcaldía, representada por la Alcaldesa, señorita Mireya Catalán, los sindicatos de pequeños agricultores, los sindicatos campesinos, la Cámara de Comercio, los centros de madres, la 4ª compañía de bomberos, la cooperativa Las Nieves Limitada, el club deportivo, y los regidores, solicitó que se iniciara una investigación sobre la idoneidad de dicha persona. Por tal razón, la señorita Mireya Catalán Urzúa, Alcaldesa de la comuna de Paredones, dirigió una carta al Consulado de Colombia, solicitando información acerca de si el ciudadano mencionado figuraba en Colombia con el título de médico en los registros respectivos del colegio profesional.
En segundo lugar, el 30 de marzo del año en curso, en oficio Nº 43 de la Municipalidad de Paredones, se pidió al Colegio Médico de Chile que informara si el ciudadano colombiano Rodolfo Raibret figuraba inscrito en sus registros y si estaba habilitado para desempeñarse como Director del Hospital y como médico cirujano.
Tales consultas se formularon después de comprobarse en la comuna situaciones de gravedad, como el fallecimiento de una joven por aborto a raíz de la intervención de ese ciudadano; diagnósticos errados que claramente representaban una situación de extremo peligro a varios dé los pacientes sometidos a su cuidado. Al mismo tiempo, se formularon diversos reclamos por actitudes deshonestas del señor Rodolfo Raibret y contrarias a la ética.
Como consecuencia de las consultas hechas por la señorita Alcaldesa, el señor Raibret abandonó el hospital, sin aviso previo, el 10 de abril, dejando inclusive parte de sus enseres domésticos. Y desde esa fecha no ha sido posible contar con un médico en el Hospital de Paredones, pero, además, lo que es igualmente grave, el Colegio Médico de Chile, con fecha 13 de abril de 1972, ofició a la señorita Mireya Catalán, Alcaldesa de Paredones, comunicándole, en informe suscrito por el doctor Emilio Villarroel, en su calidad de Presidente, que el ciudadano colombiano Rodolfo Raibret no figura inscrito en los registros del Colegio. En consecuencia, no puede ejercer las funciones de Director del hospital, ni menos de médico cirujano. Es decir, queda de manifiesto el grave hecho de que tal persona desempeñó dichas funciones durante casi un año sin que tuviera derecho para ello y sin que siquiera existiera constancia de su calidad de médico.
Desde esa fecha se ha solicitado que el Hospital de Paredones pueda contar con un médico director, sin que hasta el momento se haya logrado tal propósito. Tengo a la vista el oficio Nº 81, dirigido por la Municipalidad al señor Ministro de Salud el 16 de abril del año en curso, en el cual se le pide designar al médico del hospital y la destinación de una ambulancia o un jeep para la atención de una comuna que, me consta, es muy extensa y de carácter rural.
Por otra parte, con fecha 5 de mayo de 1972, se reitera al Director General del Servicio Nacional de Salud similar petición en lo referente a la designación de un médico para dicho hospital. También se solicitó al Director de la 6ª Zona, doctor Daniel Copaja, que procurara enviar un médico.
Son innumerables los oficios enviados por la Alcaldesa señorita Mireya Catalán, quien hasta este momento no ha logrado ser oída. Y la comuna de Paredones, que cuenta con establecimiento hospitalario, debió sufrir, en primer término, una situación tan irregular, anómala y perjudicial para su población, como la presencia de este ciudadano aparentemente colombiano, quien, ante los denuncios que se formularon en contra de él, prácticamente se arrancó de dicha comuna, y hasta el día de hoy el Hospital de Paredones carece de Médico Director. No hay ningún médico en esa comuna, razón por la cual su población tiene que recorrer largas distancias para poder recibir atención médica.
Pido oficiar al señor Ministro de Salud Pública planteándole esta situación y solicitándole que de inmediato designe un Médico Director para el Hospital de Paredones.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado por el señor Senador, en nombre de Su Señoría, de conformidad al Reglamento.

Actitudes arbitrarias del Subdelegado de Gobierno en Lolol. Oficio.
El señor MORENO.- Finalmente, me referiré a la situación ocurrida en la comuna rural de Lolol, ubicada al poniente de la ciudad de Santa Cruz.
Desde hace un tiempo, en esta comuna se han estado suscitando graves dificultades a raíz de las intervenciones del señor Subdelegado de Gobierno de Lolol, don Hernán Pino Navarro, militante del Partido Comunista. El señor Hernán Pino se ha caracterizado, desde que desempeña sus funciones, por una actitud de prepotencia, de incapacidad para ejercer el cargo y de un ánimo persecutorio contra aquellas personas que en la comuna no participan de sus ideas políticas y que, por ende, no están de acuerdo con la Unidad Popular.
Tengo a la vista dos oficios; el primero, remitido por el Alcalde de la Municipalidad de Lolol, don Agustín Contreras Duarte, y el segundo, por el señor Renán Corona, Presidente del Consejo Gremial de la Escuela 30 de esa comuna.
En una de esas cartas estimo que su contenido debe conocerlo la opinión públicase acusa al señor Subdelegado de una actitud prepotente en contra de campesinos que viven en dicha localidad En la comuna de Lolol se expropió la ex Hacienda Lolol, la cual pasó a constituirse en lo que se llamó Centro de Reforma Agraria. Cuando se llevó a cabo la expropiación, se otorgó reserva al propietario del predio. Algunos campesinos quedaron viviendo en casas de la reserva y otros en las del Centro de Reforma Agraria. El propietario de la ex hacienda, don Octavio Mujica, se había comprometido a construir viviendas para esos campesinos, y mientras éstas se edificaban quienes habitaban las del Centro de Reforma Agraria permitirían que fueran ocupadas por sus antiguos moradores. Y se dio plazo hasta diciembre próximo.
Pues bien, los actuales dirigentes del Centro de Reforma Agraria organización ilegal, porque no existen disposiciones en la ley 16.640 que permitan la existencia y funcionamiento de este tipo de entidades desconocieron dicho acuerdo y, apoyados por el Subdelegado de Gobierno ya referido en un día de pleno invierno, procedieron a desalojar a los campesinos que vivían en esas casas. El 27 de mayo último, día de gran temporal en esa zona, se hizo presente el Subdelegado, acompañado de los dirigentes de ese Centro de Reforma Agraria, quienes, junto con dos carabineros del Retén Lolol, armados, procedieron a atemorizar a los ocupantes de dos viviendas. El Subdelegado exigió al señor Elías Serrano Carvacho y a su esposa, ambos de sesenta y cinco años de edad, con siete personas viviendo en su casa incluyendo niños, que en cinco horas, contadas desde su apersonamiento, la desocupara, porque debía ser puesta a disposición del dirigente del CERA Tito Gómez, y también militante del Partido Comunista.
Don Elías Serrano desde que nació vivió en esa casa. Era chofer del propietario de la antigua hacienda. Para cambiarse a la vivienda que le destinaban debió atravesar el Estero Lolol, que recibe las aguas del tranque del mismo nombre y que ese día rebalsaba por todos los costados. En estas condiciones, esos modestos ancianos, bajo la presión del Subdelegado acompañado de la fuerza pública y sin que existiera reclamación judicial alguna, debieron desocupar la casa, con lo cual se consumó un acto de prepotencia y arbitrariedad.
Además de desalojar al señor Elías Serrano, el Subdelegado adoptó la misma medida con el señor Adolfo Espinoza, padre de 12 hijos, 7 de ellos menores de edad, a quien también se le exigió desocupar la casa, pues en ella debía vivir el compañero Reinaldo Poblete, miembro de la directiva de dicho Centro de Reforma Agraria.
Esta actitud del Subdelegado señor Hernán Pino no es nueva o aislada. Hace un año promovió la toma del Hospital de Lolol, a raíz de la cual el médico abandonó. Y desde hace más de un año la comuna de Lolol carece de atención médica, y sus habitantes deben concurrir a Santa Cruz para obtenerla, no obstante disponer de un establecimiento hospitalario.
En segundo lugar, el señor Subdelegado encabezó la presión contra los profesores de la Escuela Nº 30 de la comuna de Lolol. Hace aproximadamente dos meses se consumó allí una agresión en contra de la profesora señora Teresa Román Berríos y del señor Agustín Contreras Duarte. Estos maestros formularon la reclamación al SUTE respectivo, pidiendo que se terminara con este tipo de vejámenes.
En esta oportunidad, solicito oficiar al señor Ministro del Interior, a fin de que se investiguen las actividades del señor Subdelegado de Lolol, funcionario que en reiteradas ocasiones ha dado muestras de poco criterio y que ha presionado a las distintas organizaciones existentes en la comuna que no son de su filiación política, provocando una grave inquietud entre los habitantes de aquélla.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría, dé conformidad al Reglamento.
En seguida, en el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Noemi.

ACLARACION DEL ARTICULO 5º DE DECRETO QUE DECLARA ZONA DE CATASTROFE LAS PROVINCIAS DE ATACAMA Y COQUIMBO. OFICIOS.

El señor NOEMI.- El miércoles 5 de abril de este año me referí a una materia que afecta a Coquimbo y Atacama; vale decir, a la dictación de un decreto que declara zona de catástrofe a esas dos provincias.
En esa oportunidad manifesté que el señor Ministro de Agricultura había dictado el decreto Nº 1, con fecha 19 de febrero de 1972, que tiene vigencia sólo para el primer semestre de este año. En seguida, advertí que el señor Ministro había omitido la cláusula quinta, que figuraba en todos los decretos dictados en años anteriores, y que dice textualmente lo siguiente : Prorrógase, además, hasta el 31 de diciembre de 1971 esto se decía en un decreto de 1971 la autorización concedida en el número cuarto del decreto supremo Nº 1, de 1971, a los organismos fiscales, semifiscales y de administración autónoma, para condonar total o parcialmente, los impuestos, intereses penales, multas e intereses allí indicados, con las mismas limitaciones que en dicho número se establecen.
Pero en el decreto dictado para el primer semestre de 1972 no figuraba esta disposición. Por eso envié una nota al señor Ministro de Agricultura, quien me manifestó que al dictarse un nuevo decreto para este segundo semestre se iba a incluir esa norma. Efectivamente, en el Diario Oficial del viernes 7 de julio de 1972 figura el decreto Nº 146, que declara zona de catástrofe a las provincias dé Atacama y Coquimbo, el cual incluye en su artículo 5º el precepto omitido en el decreto dictado para el primer semestre. El artículo 5º del nuevo decreto expresa:
Los organismos fiscales, semifiscales y de administración autónoma del Estado quedan autorizados para condonar total o parcialmente los impuestos de cualquier naturaleza que graven la propiedad, las personas o sus rentas, actos y contratos y sanciones, y también para fijar nuevas fechas de pago o prórrogas.
A mi juicio, cuando se da lo más se da lo menos. Si este decreto condona total o parcialmente los impuestos, con mayor razón pueden condonarse los intereses. El decreto al que acabo de referirme habla de las sanciones; pero la redacción de los decretos anteriores era distinta, pues especificaba muy claramente que los organismos que señalé estaban autorizados para condonar total o parcialmente los impuestos, intereses penales, multas e intereses. En cambio, el decreto que acaba de dictar el Ministerio de Agricultura habla de sanciones. Y, como se autoriza a tales organismos para condonar total o parcialmente los impuestos y las sanciones, que son más que los intereses, pienso que, de hecho, están facultados para condonar los intereses.
En todo caso, para claridad de los organismos correspondientes de las provincias de Atacama y Coquimbo, donde los afectados son los contribuyentes que deben suscribir convenios de pagos con el Servicio de Impuestos Internos, con el Servicio de Seguro Social, etcétera, solicito oficiar a los señores Ministros de Hacienda y de Agricultura, a fin de que aclaren el sentido del artículo 5º del decreto indicado; es decir, tal como lo estimo, que también los organismos fiscales, semifiscales y de administración autónoma del Estado quedan autorizados para condonar las multas y los intereses penales.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, de conformidad al Reglamento.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Lorca.

POSICION DEL PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO ANTE EL RESULTADO DE LA ÚLTIMA ELECCION COMPLEMENTARIA DE UN DIPUTADO POR COQUIMBO.

El señor LORCA.- En el tiempo que resta a nuestro Comité en esta hora de Incidentes, me referiré a algunos problemas de la zona que represento en el Senado, es decir, de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes.
Pero antes de entrar a esas materias, debo cumplir la tarea que se me ha encomendado, de dar a conocer en el Senado la posición del Partido Demócrata Cristiano respecto del resultado de la elección de un Diputado habida recientemente en la provincia de Coquimbo. Mi partido formuló una declaración pública ante el país, cuyo contenido constituye un acertado análisis de esa contienda electoral. Por eso la voy a leer, a fin de que conste en la versión y de que, mediante su publicidad, sea conocida por todos los ciudadanos de nuestra patria. Dice:
Ha terminado una jornada más electoral y esta vez ha tenido lugar en la provincia de Coquimbo. Según las cifras ya conocidas ha triunfado la candidata de la U.P., señora Amanda Altamirano, del P. C, el que mantiene así la diputación que detentaba en esta zona.
El PDC, con sus bases populares, hombres y mujeres, y su juventud, se encuentra satisfecho de haber participado en esta lucha en defensa de la tesis que siempre ha sustentado, propiciando en Chile una política de cambios y transformaciones dentro del espíritu tradicional que anima a los chilenos que quieren sean siempre respetados los derechos democráticos de todos.
Nuestros dirigentes nacionales y de bases, los senadores, diputados y regidores, se movilizaron a través de la provincia y cada uno en su sitio prestó su adhesión, apoyo y trabajo en busca del triunfo de nuestro abanderado Orlando Poblete. Como siempre actuaron en forma ejemplar.
Si bien la elección arroja un resultado favorable para el Gobierno, es evidente que éste ha experimentado un nuevo deterioro en sus fuerzas de sustentación, el que se ha venido manifestando en forma progresiva desde Valparaíso, en que fue de un 3 por ciento, en O’Higgins y Colchagua, en que fue de un 6 por ciento, y ahora en Coquimbo, en que fue de un 12 por ciento.
El Gobierno debió ganar por una cifra de más de 22 mil votos y ha obtenido una diferencia en su favor que sólo llega a 8 mil votos.
Pero lo más notable de señalar en esta elección es que la baja de la votación del Gobierno se debió a la pérdida del Partido Radical Cenista de prácticamente todas sus bases. Estas prefirieron votar por el auténtico exponente del pensamiento radical, Orlando Poblete, miembro del Partido de Izquierda Radical.
Ha sido para la Democracia Cristiana una satisfacción trabajar junto al PIR, a quien la unen aspiraciones comunes para la construcción en Chile de una sociedad socialista verdaderamente democrática.
Aguirre Cerda y Frei, en sus respectivos Gobiernos, realizaron en Chile caminos profundos, sin lesionar los derechos de las personas, ni sembrar el odio, la violencia ni el sectarismo que todos los chilenos repudian.
Por sobre todo, la D. C. expresa su homenaje de afecto y respeto al candidato Orlando Poblete, quien, sin ambición política alguna aceptó disciplinadamente tomar sobre sí la pesada tarea de representar a las fuerzas de oposición, lo que le significó soportar molestias, ataques e infamias, a las que se sobrepuso con singular hombría, propia solamente de personas que tienen tranquila su conciencia.
La D. C. vuelve luego de esta lucha a sus tareas habituales y continuará trabajando con igual denuedo en todos los ámbitos de la vida nacional por sus ideales de justicia y de liberación social, junto a los sectores populares que mayoritariamente le han honrado con su confianza.
Vayan, finalmente, nuestros agradecimientos a todos los ciudadanos de la provincia de Coquimbo, a nuestros militantes y simpatizantes, por la confianza, que una vez más nos dispensaron.
Partido Demócrata Cristiano.
Esa es la declaración del Partido Demócrata Cristiano a la cual he querido dar lectura, con el fin de que de ella quede constancia en el Diario de Sesiones del Senado de la República.

PROBLEMAS DE MULTIPLICADORES DE SEMILLAS DE QUINCHAO (CHILOE). OFICIO.

El señor LORCA.- Señor Presidente:
Ahora me referiré a algunos problemas regionales de las provincias que represento en el Senado.
En primer lugar, quiero analizar un hecho que está ocurriendo en la comuna de Achao, del departamento de Quinchao, de la provincia de Chiloé.
Como se sabe, todos los Gobiernos cometen errores y, algunas veces, injusticias. Pero éste les ha ganado a todos.
Hace poco, he recibido una comunicación del presidente de la Cooperativa Campesina Víctor Schenke, de Achao, don Moisés González, donde se plantea un hecho que, a juicio de algunos señores Senadores, pudiera ser de poca importancia por afectar a un pequeño número de personas; sin embargo, quienes tenemos una representación popular debemos considerar la opinión de todas las personas, no sólo por su significado humano, sino también por sus inquietudes y problemas: en la actualidad existen en Achao 32 pequeños agricultores multiplicadores de semillas de papas. Seis de ellos vendieron sus productos a la Empresa Nacional de Semillas en mayo del presente año. Las semillas fueron recibidas por tal empresa en las bodegas que los agricultores tienen en Achao.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Senador?
Ha terminado el tiempo del Comité del Partido Izquierda Radical, el cual lo había permutado con el correspondiente a la Democracia Cristiana. En consecuencia, Su Señoría puede continuar sus observaciones en el tiempo de la Democracia Cristiana, a la cual restan cuarenta minutos.
El señor LORCA.- Yo dispongo de todo el tiempo de mi Comité, menos los treinta minutos permutados con el Partido Izquierda Radical.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Efectivamente, señor Senador. Dispone de cuarenta minutos, porque treinta fueron permutados con el Partido Izquierda Radical. En consecuencia, Su Señoría podría continuar de inmediato si los Senadores de ese Comité acceden.
El señor ACUÑA.- ¿Cuánto tiempo necesitaría para sus observaciones, señor Senador?
El señor LORCA.- Voy a ocupar el resto de nuestro tiempo: 40 minutos.
El señor ACUÑA.- Ya lo hicieron.
El señor LORCA.- Nosotros disponíamos de cien minutos.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- El Comité Demócrata Cristiano dispone de setenta minutos, de los cuales treinta corresponden al Comité Izquierda Radical, que habían sido permutados.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- O sea, Su Señoría dispone de cuarenta minutos más.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Puede continuar el Honorable señor Lorca.
El señor LORCA.- Como decía, esos pequeños agricultores entregaron las semillas de papas a la Empresa Nacional de Semillas, cuyo jefe máximo en Osorno es el señor Constantino Cholaky. Pues bien, dicha empresa ha demorado en cancelar la compra desde el mes de mayo hasta ahora, no obstante los reclamos y tratarse de gente muy modesta.
¿Dónde se produce esa tremenda injusticia? Esta empresa con mentalidad capitalista y reaccionaria, a pesar de ser del Estado, pretende pagar a los agricultores los precios antiguos, o sea los vigentes en el mes de mayo, cuando hizo la compra de semillas, en circunstancias de que debió cancelarlas inmediatamente al precio que tenían ese mes. Sin embargo, estamos en julio y no se ha cancelado la deuda y ahora se pretende hacerlo con los precios de la época, sin compensar a los agricultores la pérdida que les ha significado la no cancelación de dicha deuda durante tanto tiempo.
Por lo tanto, solicito enviar oficio, en mi nombre, al Ministerio de Agricultura o a las autoridades que corresponda, a fin de que, a su vez, se dirijan al Gerente de la Empresa Nacional de Semillas para que repare el error, no se cometan injusticias y se pague inmediatamente a esos pequeños agricultores de Achao el precio justo que solicitan.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado, en la forma señalada por Su Señoría.

FACILIDADES PARA EL PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OBTENCION DE CEDULA DE IDENTIDAD EN LAGO VERDE. (AISEN). OFICIOS.

El señor LORCA.- En la lejana provincia de Aisén se han planteado algunos problemas cuyos antecedentes considero conveniente dar a conocer a las autoridades pertinentes.
La localidad de Lago Verde está bastante alejada de Puerto Cisnes. Sin embargo, todos los ciudadanos deben pagar sus impuestos y contribuciones en este último lugar, lo cual significa un esfuerzo considerable y una importante pérdida de tiempo a modestos hombres de trabajo, ya que los viajes que esas personas deben hacer desde Lago Verde a Puerto Cisnes demoran varias horas, implican gastos de 200 a 300 escudos por concepto de transporte, con la agravante de que muchas veces las contribuciones que deben pagar son menores que los gastos en que deben incurrir. Por tal razón, estimo indispensable que una comisión de la Tesorería Comunal de Puerto Cisnes viaje a Lago Verde y vea la posibilidad de cobrar allí los impuestos y contribuciones, lo cual se podría hacer semestralmente, a fin de evitar molestias y gastos a los modestos campesinos y trabajadores que viven en Lago Verde.
Al mismo tiempo, creo que debe oficiarse al Director del Registro Civil e Identificación para que envíe a algún funcionario de Puerto Cisnes a Lago Verde, a fin de que los ciudadanos de esta última localidad puedan obtener su carné de identidad, porque sería absurdo que tuvieran que viajar a hacer tal trámite, con gran costo y pérdida de tiempo.
Por estas consideraciones, pido enviar un oficio al Tesorero General de la República, transcribiéndole estas observaciones, con el objeto de que designe la comisión a que me referí; y otro al Ministerio de Justicia, pidiéndole que el Director del Registro Civil e Identificación envíe un funcionario de Puerto Cisnes a Lago Verde, a fin de otorgar carné de identidad a aquellos ciudadanos que no lo poseen.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.

LOCAL PARA INTERNADO DE ESCUELA Nº 13, DE PUYUHUAPI, COMUNA DE CISNES (AISEN). OFICIO.

El señor LORCA.- En la localidad de Puyuhuapi, comuna de Cisnes, provincia de Aisén, existe la Escuela Nº 13, en la cual hay una población escolar de cien o ciento veinte niños, los cuales para asistir a sus clases deben viajar desde muy lejos. Por esta razón el Centro de Padres, el Directorio y la comunidad toda, se han preocupado de construir un internado, obra llevada a cabo con el esfuerzo de todos los habitantes del lugar. Lógicamente, el local no es moderno ni reúne las comodidades a que tienen derecho todos los niños de nuestra patria, sobre todo en régimen de la Unidad Popular, el cual ha declarado ser el Gobierno de los niños, que son los únicos privilegiados. Deseo que las palabras que siempre pronuncian los líderes de la Izquierda en este país se traduzcan en realidades concretas y que signifiquen realmente, en este caso, servir a los niños. Por este motivo, quiero que se oficie al Ministerio de Educación Pública, a fin de que ordene construir con urgencia un internado en la localidad de Puyuhuapi, cuya creación data del 18 de noviembre de 1969, según decreto Nº 10,832.
Todos comprendemos que el clima y la distancia de los lugares de residencia de los alumnos justifican plenamente la existencia de ese internado. Lógicamente, en tal local debe crearse un cargo de inspector, que actualmente no existe, para que junto con los profesores no sólo cuide el local mismo, sino que vigile a los niños y los oriente en sus quehaceres diarios.
Por otra parte, los amigos de esa localidad, los campesinos y los hombres de trabajo han planteado la posibilidad de crear dos plantas de auxiliares en dicha escuela, porque actualmente no los hay, razón por la cual los propios niños tienen que hacer la limpieza de las salas de clase y los apoderados deben preocuparse de organizar el internado.
Por estas razones, pido enviar al Ministerio de Educación Pública las solicitudes de este Senador, en el sentido de que urge construir el internado para la Escuela Nº 13 de Puyuhuapi.
No dejo de felicitar, a través de mis modestas palabras, a los que dirigen el Centro de Padres, la Junta de Vecinos, el Comité de Pequeños Agricultores, el Comité Pro Adelanto del Distrito Rosselot, el Club Deportivo Colonial no recuerdo con precisión sus nombres, aun cuando los conozco personalmente: sus apellidos son Gómez, Muñoz, Torres, Campos, Jofré, todos los cuales deben quedar grabados, quienes me han conmovido por vivir tan hondamente preocupados por los problemas de la comunidad.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado en nombre de Su Señoría.

ABASTECIMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA PARA CHILE CHICO (AISEN). OFICIO.

El señor LORCA.- En lo referente a los problemas de la provincia de Aisén, también quiero referirme a los que afectan a Chile Chico.
Todos los parlamentarios de la zona han tomado conocimiento de la inquietud de los habitantes de Chile Chico en cuanto a la existencia de un problema que parece increíble: piden contar con energía eléctrica durante las 24 horas del día, ya que en la actualidad el servicio se presta hasta las 23 horas. Las luces se encienden al atardecer y, lógicamente, todo lo que puede crearse en Chile Chico está aplastado por esa absurda decisión de la Empresa de Energía Eléctrica, la cual no concede el beneficio tan pequeño de extender el servicio durante las 24 horas a todos los habitantes, a fin de mantener servicios vitales.
Es interesante anotar que está solicitud la hacen todos los sectores de la provincia, sin distinción de ideas políticas. Todos quieren saber, a través de la radiodifusión única manera de comunicación que tiene Chile Chico, lo que sucede en el país y en el mundo. Al suspenderse el suministro de energía eléctrica a estos habitantes, poco menos que se está volviendo al tiempo de las cavernas. A mi juicio, este Gobierno no puede permitirlo, sobre todo cuando ha declarado al país ser un Gobierno Popular y revolucionario.
Deseo que unánimemente el Senado plantee a la ENDESA o al Ministerio respectivo la posibilidad de resolver favorablemente la petición de las diversas directivas de organizaciones comunitarias Cámara de Comercio Minorista; Pequeños Industriales y Artesanos; Sindicato Profesional de Dueños de Hoteles, Restaurantes, Fuentes de Soda y ramos similares; Central Unica de Trabajadores; Agrupación de Empleados Fiscales; Federación de Trabajadores de la Salud; .Sindicato de la Construcción; Pequeños Agricultores y Cooperativa Campesina de contar con energía eléctrica durante las 24 horas del día.
Sería absurdo exponer a Senadores tan eruditos como los que están en esta Sala las razones de justicia y lógica que abonan dicha solicitud. Creo que unánimemente debemos pedir al Ministerio respectivo que se dirija a la CORFO y, por intermedio de ésta, a las autoridades de la ENDESA, a fin de que se satisfaga esa sentida aspiración de toda la comunidad de Chile Chico.
Firman la comunicación el Alcalde, don Roberto Zúñiga Yáñez, y el Secretario Municipal, señor Víctor Saldivia Ovando.
Espero que el Senado acepte el envío de dicho oficio al Ministerio pertinente, con el fin de que se pueda resolver ese apremiante problema de Chile Chico.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se enviará el oficio, en nombre de Su Señoría, de acuerdo con el Reglamento.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Que se agregue el nombre del Comité del Partido Izquierda Radical.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se agregará el nombre del Comité del Partido Izquierda Radical.

SITUACION DE MINERAL DE CUTTER COVE. OFICIO.

El señor LORCA.- Me referiré en seguida a algunos problemas, existentes en la provincia de Magallanes.
Si quisiera escandalizar al Senado, mostraría los títulos de los diarios de Magallanes atinentes a la incapacidad de la ENAMI para enfrentar la situación del mineral de Cutter Cove, de la referida provincia.
Existe una presentación de los Sindicatos Profesional e Industrial de dicho mineral, dirigida al Vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería, mediante la cual se le denuncia algo que se está haciendo presente desde hace mucho tiempo.
Cuando uno lee notas de esa índole, se siente orgulloso de la capacidad de los dirigentes sindicales que plantean en forma tan seria y responsable el momento que están viviendo en sus lugares de trabajo.
Los Sindicatos Industrial y Profesional de Cutter Cove plantean al Vicepresidente de ENAMI que cinco mil toneladas de cobre se están perdiendo en las bodegas y que gran porcentaje de mineral se halla a la intemperie por falta de transportes que lo traigan al Norte.
Leeré lo que dicen los trabajadores, porque no deseo que mis palabras se interpreten en el sentido de que estoy juzgando con apasionamiento al Gobierno, a la Empresa Nacional de Minería y a sus dirigentes.
A nuestro juicio, expresan los trabajadores el problema más grave en estos momentos, es el que se refiere a los concentrados de cobre. Como es de su conocimiento, y del Directorio de la Sociedad, por diversos informes que obran en su poder, hay aproximadamente 5.000 toneladas, las cuales se encuentran almacenadas en bodegas y un gran porcentaje a la intemperie. Esto último es aún más grave, pues las condiciones climáticas y el exceso de lluvia contribuyen a lavar el concentrado y por consiguiente al deterioro de los sacos.
Del mismo modo hacemos notar a usted la gran falta de repuestos,...
Señor Presidente, durante el Gobierno del Presidente Frei chilenizamos primero el cobre; luego realizamos la nacionalización pactada; y ahora, en la Administración del señor Allende aprobamos la nacionalización, y no estamos arrepentidos de haberlo hecho. Lo que sí nos indigna es que quienes dirigen la política cuprera no hayan pensado que lo fundamental era tener repuestos para las maquinarias utilizadas en la explotación de los yacimientos de cobre.
¿Qué dicen los dirigentes sindicales? No lo digo yo, Honorable Senado. Expresan lo siguiente:
Del mismo modo hacemos notar a usted la gran falta de repuestos, maquinarias, herramientas de trabajo para el normal desarollo de las faenas, ya que ello significa improvisar a cualquier precio, con el consiguiente aumento de los costos y el bajo rendimiento.
Es decir, la sabiduría de los trabajadores cuando analizan los problemas es digna de aplauso.
Y agregan:
Como ejemplo, damos a conocer el caso de la planta de concentrados, que se ha visto últimamente paralizada por falta de repuestos, lo que ha significado trabajos extras en Punta Arenas, con subidos costos que muchas veces la solución es momentánea para caer nuevamente en las mismas fallas mientras el concentrado se acumula.
O sea, el problema es grave.
Y añaden:
Otra de nuestras preocupaciones, es la que se refiere con el muelle mecanizado, que hasta el momento sabemos que han venido distintas comisiones a efectuar estudios sobre la materia, en el Gobierno pasado se criticó siempre que se nombraban muchas comisiones; pero en esta Administración parece que se han multiplicado las comisiones; se designan para todas partes: para el extranjero y para recorrer el país, desconociendo nosotros los proyectos y las perspectivas de que se comiencen luego los trabajos, mientras el concentrado se sigue acumulando.
El Honorable Senado puede darse cuenta de que el problema reviste gran seriedad.
Los trabajadores plantean en seguida situaciones de otra índole, como es el caso de problemas laborales. Y dicen:
Cabe hacer notar que, a los puntos anteriormente expuestos, no deja de ser menos importante la falta de elementos de seguridad,...
Este Gobierno Popular, de avanzada, de los trabajadores según quienes dirigen este país, no se preocupa de los elementos de seguridad. Ya no se puede culpar a los patrones reaccionarios, porque en este caso el patrón es el Estado: la referida mina está en manos del Estado. O sea, los reaccionarios, los cavernarios, los que no se preocupan como dicen los trabajadores de dotar de los mínimos elementos de seguridad, son los funcionarios de este Gobierno.
¡Para qué hacer mención de las otras críticas que formulan los trabajadores!
Por último, como tienen espíritu creador y constructivo, piden que vaya nuevamente una comisión. Tienen fe. Solicitan que vaya el Vicepresidente, que vaya el Fiscal. Y finalmente parece absurdo decirlo, tanta fe demuestran los trabajadores en su propia capacidad y tanta es su falta de prepotencia contrariamente a lo que algunos podrían suponer, que piden designar un gerente, porque la Cutter Cove carece de gerente titular. Lo ignoro esto no lo dicen los trabajadores: lo agrego yo, de mi propia cosecha; pero a lo mejor el Gobierno no ha resuelto aún a qué partido le corresponde esa gerencia: si al MAPU, a la Izquierda Cristiana, a los comunistas, a los socialistas o a los radicales del CEN, que quedan muy pocos. Pero el hecho es que hace seis meses que no se designa gerente de esa Sociedad.
Por eso, pido oficiar al Ministro de Minería, a fin de que imparta instrucciones a la ENAMI para que evite que se sigan perdiendo las riquezas del mineral de Cutter Cove, en Punta Arenas. Desde ya, el hermano Agüero, Alcalde de esa ciudad, militante del Partido Unión Socialista Popular, también hizo suya la petición de los trabajadores, y solicita dar a conocer su adhesión a los puntos de vista que estoy exponiendo ante el Honorable Senado.
¿Cuántos minutos me quedan, señor Presidente?
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se enviará el oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de acuerdo con el Reglamento.
A Su Señoría le restan veinte minutos.

CONFLICTO DE CAMPESINOS MAGALLANICOS POR ACTUACIONES DE JEFE ZONAL DE CORA.

El señor LORCA.- Deseo referirme a otros problemas existentes en la provincia de Magallanes.
Señor Presidente, soy muy respetuoso de las personas. Creo que todos los políticos son gente honesta, y no sería yo el llamado a calificar aquí la honestidad de los comunistas que actúan en Magallanes.
Los campesinos de esa provincia que integran las estancias o los centros agrícolas de producción dieron a la publicidad un manifiesto. No leeré su contenido, pero haré algunas reflexiones sobre el particular.
Actualmente, en Magallanes hay mil campesinos en huelga. Esos trabajadores no están en conflicto y eso es lo que parece absurdo a raíz de la presentación de un pliego de peticiones, porque deseen mejores reivindicaciones. No pertenecen a los asentamientos; se trata de campesinos integrantes de los centros de producción agrícola, que responden a una nueva política del Gobierno del señor Allende, en virtud de la cual se pretende crear las estancias estatales. Son mil campesinos que trabajan, por ejemplo, en el centro de producción de Cerro Castillo; en Cameron, en Tierra del Fuego; en Oazy Harbour y en otros centros de producción agrícola de Magallanes.
¿Y cuál es el conflicto? Seré absolutamente claro. No intento sembrar la cizaña entre los Partidos Comunista y Socialista, porque ellos están en el mismo conglomerado político, en la Unidad Popular, y arreglarán sus problemas en casa o fuera de ella. Esos mil campesinos, corriendo el riesgo de perjudicar su propia producción, se hallan en huelga a raíz de dificultades que han tenido con el Jefe Zonal de CORA. Dichos trabajadores esto resulta un tanto divertido dicen que el comunista Américo Fontana, que ejerce ese cargo, es un burgués, un hombre que no está con las inquietudes de los campesinos, que no gusta del diálogo, que no recorre los centros de producción agrícola. Expresan que no se pueden entender con él, porque no hay diálogo entre el nuevo patrón y los trabajadores de la tierra.
El manifiesto que los campesinos lanzaron a la publicidad se dio a conocer en La Prensa Austral y en El Magallanes es hiriente. Inclusive, puede contener conceptos equivocados. Si esos conceptos los vertiera yo esto lo digo pensando en cómo son los comunistas y socialistas cuando atacan, el Honorable señor Montes, que está aquí presente, gritaría indignado: ¡Infame! Sin embargo, esas expresiones las emiten los socialistas de Magallanes que están en huelga contra Américo Fontana. Le dicen que es latifundista, porque tiene dos mil hectáreas de tierra; pero ello es absurdo, pues en la zona una extensión como ésa equivale a menos de lo que se llama 80 hectáreas de riego básicas. Manifiestan los campesinos que el Jefe Zonal de CORA, además, no dialoga con ellos, no recorre las estancias y se ha aburguesado. Estos son los conceptos suaves y caballerosos que emiten contra Américo Fontana.
No deseo entrar en este juego, en esta pugna. Pero considero vital que el Ministro de Agricultura, el Subsecretario del ramo, el Vicepresidente de CORA o quien corresponda, se preocupe del problema y lo resuelva.
Desgraciadamente, como diría un mirista, un comunista o un socialista, los campesinos están en una posición muy revolucionaria: O se va Fontana, o seguimos en huelga.
No estoy de acuerdo con que esos mil trabajadores mantengan una posición tan intransigente, que podría perjudicar a sus familiares y, en último término, a la provincia de Magallanes.
En consecuencia, estimo urgente que el Gobierno intervenga para resolver las dificultades que dirigentes de los organismos del agro, como CORA, están creando en la provincia de Magallanes.

ADMINISTRACION DE EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO EN MAGALLANES.

El señor LORCA.- Por último, si el tiempo me lo permite, incorporaré al comentario que estoy haciendo sobre los problemas que afectan a la provincia de Magallanes algo que considero importante dar a conocer en esta Sala. Se trata de una carta enviada por el Frente Demócrata Cristiano del Petróleo al señor Héctor Donoso Rojas, Gerente General de ENAP, y que dice relación a cómo está dirigida y administrada dicha empresa. La firman José Ruiz De Giorgio, Presidente; Antonio Mímica B., Primer Vicepresidente; Pedro Vallejos, Segundo Vicepresidente y Ramón Aguilar V., Secretario General.
Leeré esa comunicación, porque creo de vital importancia dejar incorporado en la versión lo que textualmente expresan mis amigos, los trabajadores petroleros de Magallanes, respecto de la visión que tienen de la administración de la ENAP.
Comienzan diciendo:

Punta Arenas, 7 de julio de 1972.
Señor
Héctor Donoso Rojas
Gerente General de ENAP
PRESENTE.
Muy señor nuestro:
El Frente DC de Trabajadores del Petróleo de Magallanes estima conveniente hacer llegar a Ud., a través de esta carta abierta, algunas inquietudes de un sector importante de trabajadores de nuestra Empresa y que esperamos Ud. pueda responder.
Le enviamos carta abierta, porque la anterior, en carácter de confidencial, en la que hacíamos llegar a Ud. nuestra protesta por el sectarismo y la persecución desatada por algunos Hombres Nuevos, no fue contestada, pero fue ampliamente difundida aquí en la zona, con una intención que aún no logramos comprender.
Yo agrego que al señor Donoso tal vez se le cayó la carta, pero seguramente en manos del Jefe de Relaciones Públicas, de estos jefes de relaciones públicas que han creado los hombres nuevos, a fin de que los periodistas le cuenten al país lo que ellos no dicen públicamente.
En seguida, los trabajadores continúan diciendo:
Señor Gerente, como observación general, creemos que no es procedente que su visita a Magallanes, no obedezca a objetivos claros y a una programación adecuada. Su llegada a la zona, los objetivos del viaje y la programación del mismo la conocimos los trabajadores de Magallanes, a través de la prensa, radio y televisión, que se encontraban oportuna y conveniente informadas, lo que demuestra que hay mayor preocupación por publicidad que por la participación de los trabajadores.
Sin embargo, este, señor Donoso, que pertenece al Partido Socialista, que es una persona muy seria, responsable y de avanzada social, que pareciera interpretar siempre la inquietud de los trabajadores, hace un importante viaje a la provincia de Magallanes, pero los trabajadores sólo saben por intermedio de la televisión cuándo llega a la zona.
Luego la carta continúa:
Por lo anteriormente expuesto y dado que las bases y los dirigentes de la zona no han analizado las materias que inquietan a los trabajadores de Magallanes, nos permitimos hacerle los siguientes planteamientos:
TERMINALES DE ENAP. En este sentido los demócratas cristianos de Magallanes compartimos plenamente los planteamientos de los trabajadores de Antofagasta, que luchan por impedir el traspaso de dicho Terminal a la ENADI, lesionando seriamente los intereses de nuestra empresa y de los propios trabajadores. Nos oponemos a la creación de una maquinaria burocrática, con millonarios sueldos para los Ejecutivos y sueldos de hambre para los trabajadores, como en los mejores tiempos del capitalismo burgués. Solicitamos un planteamiento de la Gerencia que clarifique la posición de ENAP frente a este absurdo económico y social.
TRANSPORTE MARITIMO. Creemos indispensable que la Gerencia, a través de sus organismos técnicos, estudie y busque una pronta solución al problema del transporte marítimo del petróleo, ya que la crisis del momento puede agravarse en el futuro, repercutiendo en la producción y por ende en la moral de los trabajadores, que verían perderse inútilmente sus esfuerzos por ganar la batalla de la producción.
CARRERA FUNCIONARIA. Hemos seguido con honda preocupación y hemos protestado ante cada uno de los atropellos a la carrera funcionaría, de meritorios profesionales de nuestra Empresa, culpables del delito de no militar en la UP. Nos preocupa, señor Gerente, cuando se contratan Gerentes Técnico y Comercial en circunstancias que tenemos en nuestra propia Empresa personal de las más altas calificaciones y que con estas contrataciones se atropellan abiertamente las posibilidades de dichos profesionales y más aún cuando Ud. ha declarado públicamente que se respetará la capacidad y la carrera funcionaría dentro de ENAP.
Esto es increíble: que en la ENAP, donde todo el mundo reconoce que hay gente muy capaz, técnicos muy preparados, que pertenecen a todos los partidos políticos, se contrate gente nueva para ocupar cargos que pueden ser desempeñados por esos profesionales.
Los trabajadores del petróleo agregan:
¿O es que aún no se calma la insaciable voracidad de los militantes de la UP y la repartija que tantos millones le cuesta a nuestra Empresa no ha terminado? ¿Va a seguir pesando más un carnet de militante UP que la capacidad, experiencia o idoneidad profesional? ¿Hasta cuándo se sigue contratando personal en las zonas del norte, cuando aquí, en Magallanes, esforzados hijos de esta tierra esperan en vano la posibilidad de trabajo y al no obtenerlo deben emigrar incluso al país vecino? ¿Hasta cuándo va a primar el interés de la Empresa que es el interés de Chile por sobre los mezquinos intereses personales o partidistas? ¿Hasta cuándo señor Gerente?
Luego se refieren a otra materia que considero importante que el Senado conozca:
FONDO DE JUBILACION. Los trabajadores, especialmente los más antiguos, esperan el resultado de las gestiones que la Gerencia se comprometió a realizar ante el Gobierno para obtener el pronto despacho de una ley que cree un fondo para complementar las jubilaciones lo que permitiría a numerosos trabajadores iniciar sus trámites para jubilar. ¿Cuáles son los resultados de estas gestiones cuando estamos a seis meses de un nuevo Pliego de Peticiones?
REESTRUCTURACION DE LA LINEA DE PERSONAL. Los ejecutivos de la línea de personal se encuentran estudiando la reestructuración de este servicio, sin que los trabajadores a través de sus Comités de Producción hayan tenido alguna participación. ¿Dónde está la tan publicitada participación?
Como Senador de la República, debo decir que aquí hay algo que emociona y que lo hace a uno sentirse feliz de la organización fantástica que tienen los trabajadores de la ENAP, que, a través de elecciones y en votación secreta, organizan Comités de Producción.
Además, debo enfatizar en la Sala que estos Comités de Producción, que son elegidos en cada sección, están constituidos por comunistas, socialistas, radicales, democratacristianos; o sea, por personas pertenecientes a todos los partidos políticos. Sin embargo, tal como lo plantean los trabajadores del Frente Demócrata Cristiano del Petróleo, a los Comités de Producción no se les consulta absolutamente en nada sobre reestructuración de la línea del personal que se está haciendo en la ENAP.
Por último y con esto termino, el Frente del Petróleo expresa:
Señor Gerente, el futuro de la Empresa no está en manos de los militantes de la Unidad Popular, sino en manos de cada uno de los trabajadores, que diariamente entregan su aporte al desarrollo de esta importante Empresa. Sin el concurso de la totalidad de los trabajadores, va a ser imposible tener éxito en el logro de los objetivos y las metas propuestas. Es por eso que los trabajadores de la democracia cristiana interpretando el sentir de muchos trabajadores independientes, queremos llamar la atención de la Gerencia para decirle que todos queremos ayudar a levantar esta Empresa nacida en Magallanes y que tanto ha aportado al país, para que en conjunto, sin sectarismo, con seriedad, más trabajo y disciplina y por sobre todo CON UNA NUEVA MORAL FUNCIONARIA; enfrentemos la gran tarea que tenemos por delante por el bien del sufrido pueblo de Chile.
Firman las personas que mencioné hace un instante, y que son !os dirigentes del Frente Demócrata Cristiano del Petróleo de Magallanes.
Las observaciones que acabo de señalar son las que en esta oportunidad quería exponer para referirme a algunos de los problemas que enfrenta la provincia de Magallanes.
¿Cuánto tiempo me queda, señor Presidente?
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Seis minutos, señor Senador.
El señor LORCA.- Se los cedo al Comité de Izquierda Radical.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Acuña, en el tiempo que se le ha cedido y en el que le corresponde.

ANALISIS DE LA ÚLTIMA ELECCION COMPLEMENTARIA.

El señor ACUÑA.- Señor Presidente, en el curso de esta sesión, los Senadores del Partido Izquierda Radical deseamos hacer algunos alcances respecto de la última elección extraordinaria efectuada en la provincia de Coquimbo, en la cual nuestro partido levantó la candidatura de Orlando Poblete, distinguido correligionario, ex Diputado, ex alcalde, profesor normalista de las escuelas del Norte y gran luchador de los centros y las juntas de adelanto del Norte Chico.
Nuestra campaña, que desarrollamos en condiciones extraordinariamente forzadas y difíciles, contó, desde el comienzo con el apoyo espontáneo de los diversos partidos que están en oposición política al actual Gobierno de la República. Recibimos su adhesión y ahora expresamos nuestro reconocimiento y gratitud por el apoyo que se nos ofreció, al margen de cualquier compromiso político, para enfrentar una elección que no sólo tenía importancia en la provincia de Coquimbo para proyectar sus resultados y crear una imagen de la realidad nacional que vivíamos, sino que también para plantear en esa zona la expresión de nuestra naciente organización política, en una lucha que para nosotros era muy trascendente.
Esta contienda electoral, cuyos resultados conoce el país, favoreció a la candidata del Gobierno, la militante del Partido Comunista, señora Amanda Altamirano, quien obtuvo 50.481 sufragios, contra 42.309 del postulante y correligionario de nuestro partido, Orlando Poblete. Por consiguiente, la diferencia inicial de 23.000 sufragios a favor del Gobierno quedó reducida a 8.000.
En verdad, se trata de una elección que nos mueve a hacer algunos análisis y reflexiones, no sólo de los resultados mismos, sino también en cuando a la forma como se llevó la campaña electoral. Por eso, deseo exponer aquí lo que pudimos presenciar y ver en la provincia de Coquimbo.
La pasada contienda electoral la enfrentamos a pocos meses de habernos retirado del Gobierno de la Unidad Popular, a raíz de discrepancias políticas, claras, francas y abiertas, planteadas a la luz de todo Chile, con mucha limpieza moral.
En forma voluntaria y espontánea renunciamos a seguir participando en el Gobierno dirigido por el Presidente Allende, por estimar que lamentablemente muchos aspectos del programa de la Unidad Popular no se estaban cumpliendo; que se seguía un tortuoso camino para construir en Chile, no un esquema de socialismo democrático, sino, a pasos agigantados, un modelo o aparato político jurídico, yo diría, de estructura fundamentalmente totalitaria, liquidando las pequeñas actividades económicas de los trabajadores independientes que laboran en calidad de pequeños o medianos artesanos, industriales, campesinos o comerciantes, y sin que se respetara integralmente el propósito de construir una sociedad más democrática y más justa por un camino de apego a la legalidad existente, de someterse a la vía legal, de someterse a la vía democrática, como se había planteado categóricamente al estructurarse el compromiso de la Unidad Popular.
Como lo expresó públicamente también el Presidente del Partido Radical, nuestro Honorable colega el señor Bossay, nos retiramos del Gobierno en razón de que no aceptábamos la actitud de tolerancia frente a actos muchas veces estimulados por elementos políticos qué militan en la Unidad Popular, que pregonan la vía violenta, la ocupación y hasta la intervención arbitraria para realizar el proceso de constitución del área social que debió haber quedado en claro desde los inicios de este Gobierno; proceso que en realidad comenzó en Chile durante los años 1938 y 1939 bajo la Presidencia de don Pedro Aguirre Cerda, militante de nuestro partido.
Pero el país también sabe que una de las razones fundamentales de nuestra discrepancia, y que nos movió a dar el paso y tomar la decisión de abandonar el Gobierno, fue el problema de la redacción definitiva de los vetos que se enviarían al Congreso respecto del proyecto de reforma constitucional que crea y delimita las áreas de la economía. Y Chile sabe que el retiro, que se produjo en los primeros días de abril, obedeció al hecho real y categórico de que nuestra tesis consistía en llegar a la solución de muchas diferencias, posibles de superar por la vía del entendimiento, fundamentalmente con la Democracia Cristiana, a fin de evitar conflictos artificiales que está en el espíritu de todos nosotros evitar, porque pueden llevar a la destrucción de nuestro esquema democrático y permitir que los sectores ultras se aprovechen de estas diferencias para crear un aparato de destrucción de nuestra institucionalidad. Lamentablemente digo, nuestra tesis, planteada en la época en que estábamos en el Gobierno con dos Ministros, no tuvo eco. Después de que se nos había dado luz verde para llevar a cabo las negociaciones, éstas fueron rechazadas por la expresión mayoritaria de los partidos de la Unidad Popular, que encabeza las tareas gubernativas del país.
En consecuencia, el retiro de nuestra colectividad obedece a razones de limpieza moral y política, de clara honestidad. Renunciamos a seguir ejerciendo el Poder, que en un Estado como el nuestro implica el control de las actividades económicas más importantes, de la Administración Pública y de todo un aparato que permite movilizar al país en un sector muy importante del área económica. Nuestra renuncia a participar en el Gobierno repito corresponde a una clara limpieza moral: al hecho de que se rechazaran nuestras tesis, destinadas a llevar el proceso de cambios, la formación del área social, por un camino legal y sin violencia, sin odios, sin sectarismos, sin esa repartija descontrolada de cargos públicos, sino reemplazando el oportunismo político por la eficiencia funcionaría. Por eso, digo que la nuestra fue una actitud de absoluta honestidad, que el país reconoció y valorizó. Sólo los obcecados, los fanáticos, los dogmáticos, los que no quieren ver lo que sucede en Chile y se limitan a tratar de destruir a quienes discrepan de su pensamiento y su estrategia, pueden sostener, como lo han estado repitiendo muchos, que nuestro retiro obedeció a una actitud de oportunismo, de inconsecuencia o de deshonestidad política.
El país tiene otra opinión. Lo importante es que nuestra conciencia está perfectamente clara y tranquila en cuanto al paso que dimos, ya que los hechos que posteriormente ha vivido el país nos han dado la razón. Hemos sido testigos, junto con la opinión pública, de todo el proceso desencadenado después de enviarse al Senado los llamados vetos duros, en los que el Ejecutivo plantea su rechazo al acuerdo del Congreso en cuanto a la reforma constitucional de los Senadores Hamilton y Fuentealba.
Nuestra posición ha sido claramente comprendida por el país. Cuando estuvimos en el Gobierno nos esforzamos, fundamentalmente con la participación del ex Ministro de Justicia, señor Manuel Sanhueza, por crear un clima de entendimiento, un ambiente de pacificación, destinado a superar las grandes dificultades que el país podría sufrir en este camino de transformaciones económicas y jurídicas a que nos hallamos abocados y que nosotros deseamos seguir, pero sobre la base del respeto a la democracia, a la legalidad, a nuestras instituciones y a nuestra idiosincrasia.
Pues bien, hemos visto que en las últimas semanas, esta vez mediante la participación de otro Ministro de Justicia y con la conducción directa del Gobierno, se ha planteado nuevamente una fórmula para recuperar el tiempo perdido desde abril por obcecación, por exceso de dogmatismo o por la actitud febril de algunos grupos. Así, se han iniciado las negociaciones que el país conoce, que en un momento dado se realizaron fundamentalmente entre representantes del Gobierno y del Partido Demócrata Cristiano, y que en definitiva no se concretaron en resultados prácticos. Hemos tenido que votar las observaciones del Ejecutivo colocándonos en trincheras determinadas, porque el Gobierno, en forma tozuda, en forma extremadamente intransigente o apasionada en la defensa de sus tesis, pretende imponer a última hora un proceso que, por desgracia, no se planteó con claridad al país desde un comienzo. De haberlo hecho, se habría evitado una polémica desagradable, de la cual pueden aprovecharse los sectores ultras del país, y se habría logrado un avance razonado, técnico, científico, planificado, en la transformación de nuestra economía, evitando la destrucción inútil de muchas áreas económicas. De haberse procedido así, habríamos aprovechado nuestros recursos para proyectar os, con espíritu de mayor justicia, en un camino de socialismo democrático más beneficioso para Chile, a la vez que habríamos evitado la quiebra a que se han visto arrastradas muchas empresas por las ocupaciones, la violencia y la arbitrariedad. De esa manera, habríamos impedido la creación de un ambiente que atenta contra el destino del pueblo de Chile y sus instituciones. En fin, ésta es una etapa que el país ha juzgado con claridad.
Después de este proceso hemos actuado con absoluta consecuencia con nuestros idea es. Cuando votamos las observaciones del Ejecutivo a la reforma constitucional, lo hicimos en la misma forma como lo habíamos hecho en las Comisiones y como nos pronunciamos anteriormente al pronunciarnos sobre el proyecto, tanto en la Sala como en el Congreso Pleno, al ratificarse la expresión soberana de la Cámara y del Senado. En todas estas oportunidades procedimos exactamente igual, y así lo hicimos también tanto dentro del Gobierno de la Unidad Popular como fuera de él. Son otros los sectores que, después de haber votado igual que nosotros en las Comisiones y en la Sala, con posterioridad, colocados en la disyuntiva, tuvieron que adherir a las tesis del Gobierno apoyando categóricamente su posición, con lo cual contrariaron lo que habían sostenido anteriormente al expresar sus ideas y sus votos para sancionar estas transformaciones de nuestra Constitución Política. De modo que en ese terreno hemos sido muy claros. Y en este camino, la situación política nacional, la realidad, nos llevó a enfrentar una elección en Coquimbo.
Dimos esta lucha en las condiciones que el país conoce. Las fuerzas políticas partían en esta elección con antecedentes electorales muy claros y que conviene recordar.
Los sectores que apoyaban al Gobierno lograron, en abril de 1971, en las elecciones de regidores, una diferencia a su favor de 23 mil sufragios respecto de los votos logrados por la Oposición. Naturalmente, dentro de esa votación, una cuota importante correspondió al Partido Radical, que en esa zona contaba con 14 mil sufragios.
Fue una contienda dura, difícil, que debimos dar teniendo en contra una intervención electoral como nunca antes se había visto en nuestro país. Se usaron todos los recursos del Estado para tratar, a última hora, de impresionar al electorado más modesto de la zona. Se repartieron miles de mediaguas. Hubo abastecimiento extraordinario para paliar, en parte, los efectos dé la real escasez que vive el país. Se declaró zona de calamidad pública a la provincia de Coquimbo a raíz de una lluvia que los campesinos de la región habían recibido como uno de los dones más positivos de la naturaleza y que fue jubilosamente celebrada después de seis años de sequía, porque él agua representaba para ellos la esperanza del cultivo, de poder abrir la tierra y sembrarla, de poder superar su miseria. Pero el Gobierno, haciendo lo que no hizo con ocasión del terremoto del 8 de julio del año pasado, declaró a Coquimbo zona de calamidad pública y puso dos mil millones de pesos en manos del Intendente de la provincia, militante del Partido Comunista, para administrarlos con el objeto de paliar los efectos de esta catástrofe o  emergencia que viviría la zona.
Los parlamentarios que fuimos a trabajar en la campaña de Coquimbo vimos cómo el proceso de intervención electoral alcanzó un grado superlativo, que hacía recordar, incluso, los viejos tiempos de los Gobiernos más reaccionarios del país, que intervenían en la forma más desvergonzada en cada elección. En efecto, vimos llegar vehículos autos, camionetas y camiones de CORA, INDAP, ISAG, ODEPLAN, CORFO, etcétera. Anotamos sus patentes e hicimos las denuncias respectivas a la Contraloría General. Vimos llegar estos vehículos a la zona a trabajar desembozadamente a favor de la candidata del Gobierno.
La Oficina de Planificación Nacional llegó a última hora con exposiciones móviles que instaló en diversos puntos de Coquimbo. En la plaza, por ejemplo, montó una en que se señalaba lo que el Gobierno había hecho y, tal vez lo más importante para estos efectos, lo que pensaba hacer para superar la postergación de que ha sido víctima la provincia.
Todo ello, naturalmente, excede los márgenes de la normalidad para enfrentar una campaña electoral. No obstante, dimos la de Coquimbo con estoicismo, con sacrificio. La dimos en conjunto con las fuerzas políticas que nos apoyaron, enfrentando la intervención a que me he referido y de la cual no estuvo ajeno el propio Presidente de la República, quien se presentó en La Serena y en Ovalle en las dos principales ciudades de la provincia, a los pocos días de iniciarse la campaña, haciendo planteamientos categóricos y respondiendo a los periodistas, cuando le consultaban si su actitud significaba algún tipo de intervención, que él asumía la legítima defensa de su Gobierno.
Olvidó el Primer Mandatario que en 1969, cuando él era candidato a Senador por la Décima Agrupación, calificó de intervención política el hecho de que el ex Presidente de la República don Eduardo Frei hubiese permanecido en Magallanes uno o dos días, mientras se dirigía a la Antártida. Aún más, el señor Allende envió al entonces Presidente de la República una extensa carta, de diez carillas, expresándole que su actitud significaba una grave intervención electoral a favor de los candidatos de Gobierno y, lógicamente, en contra de los de la Oposición.
Bueno, así ocurre: las cosas se olvidan.
En esta oportunidad, junto con la intervención, hemos sido víctimas de toda una campaña de difamación destinada a plantearnos ante el país como un partido al servicio de la explotación, de la reacción y del imperialismo, confundido con la I.T.T. y los agentes de la CÍA. En fin, se ha utilizado todo este lenguaje de odiosidades que, muchas veces, personeros importantes del Gobierno dicen que hay que combatir. Sin embargo, nuevamente se ha empleado en contra nuestra, por el hecho de haber contado en estas elecciones con el apoyo de fuerzas políticas con las cuales tenemos discrepancias ideológicas. Se ha urdido toda una trama para envolvernos a todos quienes estuvimos por la candidatura de Poblete y señalarnos como un conjunto de elementos poco menos que explotadores, al servicio del latifundio, del imperialismo y de las compañías extranjeras. En fin, se ha usado toda esta sarta de monsergas gastadas, que el país conoce y a las cuales se recurre cuando se trata de descalificar a los hombres o a los parlamentarios por las posiciones que adoptan ante los proyectos que se discuten o por las definiciones o actitudes políticas que asumen. En fin, se llegó, incluso, a inventar todo un tortuoso mecanismo para desprestigiar a nuestro candidato. Debo deplorar, a este respecto, lo que ocurrió con nuestro candidato. Porque, como consecuencia de la actitud de complicidad de una juez subrogante, de clara militancia política extremista, se llegó a falsear la ley para obtener una orden de detención por algunas horas, aplicando preceptos legales derogados, con el objeto de montar toda una orquestación de escándalo público y presentar al candidato señor Poblete como un hombre deshonesto, como un reaccionario, como un explotador de trabajadores, en circunstancias de que aquél había sido víctima de la toma y ocupación arbitraria y violenta, del despojo de una pequeña mina de cobre en la comuna de Tierra Amarilla. Allí trabajaban con él doce obreros, respecto de los cuales se planteó una situación de juicio simulado, con notificaciones falsas que nunca llegaron a su conocimiento, para reclamar la previsión  de los últimos dos meses. En estas circunstancias se produjo la toma y ocupación, y Orlando Poblete fue privado de su único medio de subsistencia.
Planteo estas cosas para recordar la forma como se llevó la campaña. Y las planteo igualmente porque es preciso hacer algún comentario no sólo respecto de lo que ocurrió en esa campaña, sino también de las declaraciones que con motivo de aquélla se han emitido en el curso de estos últimos dos días.
La verdad es que esas declaraciones dan pena, porque revelan ya no un grado de apasionamiento extremo, sino un proceso de perturbación mental inimaginable. Y entre algunas de las reacciones producidas, quiero recordar las que, para comentar la reciente campaña y los resultados de la elección, ha tenido el Senador del Partido Comunista, nuestro colega Volodia Teitelboim Volosky, miembro destacado de la comisión política y uno de los más altos personeros de esa colectividad. El Senador Teitelboim, empleando un lenguaje que en más de alguna oportunidad él mismo ha condenado en discursos pronunciados aquí, al referirse a la guerra de odios y a la necesidad de evitar su profundización, empleó conceptos de los más groseros, injuriosos, calumniosos y denigrantes en contra de Orlando Poblete, por haber sido en aquella elección adversario político de una candidata del Partido Comunista.
¿Qué dijo el señor Volodia Teitelboim? El diario El Siglo, del lunes 17, se refiere al PIR, a este partido al cual se pidió en enero que ingresara al Gobierno y al que se manifestó que su concurso era importante porque se trataba de una colectividad integrada por gente capacitada, sana, honesta, que representaba a vastos sectores chilenos y, en fin, donde no había politiqueros. Sin embargo, el señor Teitelboim, en la euforia de la celebración del resultado electoral, que no constituye un triunfo para el Ejecutivo, porque para él implica una pérdida de quince mil sufragios, a diferencia de lo que ocurre con los obtenidos por los sectores de la Oposición, ha expresado: ¡Qué triste papel ha hecho! Ahora estos señores del PIR saben que el radicalismo ha votado por la Unidad Popular y saben que han sido lanzados al basural de la historia.
¿Y qué dice El Siglo del martes 18, de hoy? Nuevamente aparecen • expresiones del señor Volodia Teitelboim, vertidas en el Regional Capital. Con relación a la candidatura del señor Poblete, dice: Refiriéndose al triste papel jugado por el candidato de las fuerzas de oposición, manifestó Volodia que Poblete es el exponente preciso de la mediocridad más oscura, de los delincuentes y traficantes políticos, que hacen un negocio de todo su trabajo político.
¡Qué diferencia con el lenguaje que se empleaba hace algunos meses! ¡Qué tremendo pecado es, para algunas colectividades políticas, discrepar de otras y hacerlo con honestidad, por diferencias de principios y de enfoque, en torno de la conducción de un proceso de transformación histórico-social!
El señor Poblete, que en las conversaciones de El Arrayán era el representante del PIR, el vocero de esta colectividad; que iba a Tomás Moro; que se sentaba a la misma mesa con el señor Allende y con los dirigentes de los Partidos Comunista y Socialista y de los otros grupos de la Unidad Popular, ahora, por haber sido candidato en oposición a una militante del Partido Comunista, se transforma de hombre respetable, honesto, capacitado, considerado de avanzada y progresista, en delincuente y traficante político que hace de todas sus actuaciones un negocio político. ¡El negocio político que ha hecho el señor Poblete de todas sus actuaciones...!
¡Yo no sé qué negocio político hacía el señor Poblete cuando en El Arrayán participaba en las conversaciones de rectificación, de autocrítica, de esa autocrítica que nunca se aplica en el Gobierno de la Unidad Popular! ¿Qué negocio político ha hecho el señor Poblete? ¿Reclamó siquiera con publicidad, seriamente, que le devolvieran su medio de trabajo, esa pequeña mina donde él laboraba y producía para subsistir con su familia? No lo hizo. Se quedó tranquilo y soportando aquello como un riesgo o como una especie de entrega a un proceso que, naturalmente, tiene significación en muchas áreas y en muchos aspectos importantes. Se quedó silencioso frente al hecho de ser él mismo una de las primeras víctimas de actuaciones ilegales, de ocupación, de transgresión de la ley, de quebrantamiento del programa, de falta de respeto a los pequeños y medianos hombres de trabajo independientes, de atropello a la promesa de hacer de este proceso de transformación chilena un camino de cambios por la vía democrática y legal, como permanentemente lo pregona el señor Allende, sobre todo en sus conferencias de prensa con periodistas internacionales. Y así como el señor Poblete, muchos centenares de pequeños y medianos campesinos han sido víctimas, con la tolerancia del Gobierno y la participación activa de personeros de partidos importantes de esta Administración, de despojos arbitrarios e ilegales que los han privado de sus pequeñas fuentes de producción, que son a la vez sus medios de trabajo y respecto de los cuales tienen derechos sagrados y fundamentales que el Estado debe garantizarles, así como nosotros velamos por que se garanticen los derechos de los trabajadores independientes o estatales, de los empleados públicos o semifiscales, de los profesionales y de todos aquellos que, gozando muchas veces de remuneraciones elevadas, están en condiciones socioeconómicas extraordinariamente superiores a las que tienen los pequeños y medianos agricultores, artesanos y comerciantes, con relación a los cuales también se ha tolerado un proceso de usurpación, despojo y violencia que, indudablemente, en ningún país con racionalidad se hubiera permitido.
¿Cuántos casos como ésos podríamos citar? No es la oportunidad. Lo haremos en otras intervenciones. Ahora, con motivo de esta campaña y de los comentarios formulados, sólo quiero expresar, en nombre de nuestro partido, no diré nuestro malestar, sino, más que eso, nuestra tristeza por la inconsecuencia, por la transgresión en las actuaciones, por la forma como se cambian las posiciones políticas y como los que muchas veces se jactan de ser personas que combaten las ideas y las posiciones políticas en el terreno ideológico, no vacilan, como lo ha hecho el señor Volodia Teitelboim Volosky escritor e intelectual que está en las barricadas del proletariado marxista-leninista, en caer en la actitud grosera de la injuria, la calumnia y la difamación para catalogar a un adversario político de delincuente, bandido y oportunista y para lanzarle un montón de adjetivos más, que por respeto al Senado no se pueden seguir repitiendo.
Quiero poner énfasis, eso sí, en que todo este conjunto de calificativos, denuestos, injurias y calumnias no constituyen algo propio dé los últimos días. La verdad es que se inició cuando empezamos a caminar por una ruta discrepante de la Unidad Popular en muchos aspectos, con el fin de lograr que se respetara en Chile un proceso de transformaciones y cambios para buscar metas de justicia social; un proceso de democracia y legalidad, y no de destrucción inicua ni de sectarismo prepotente que se deja caer no sólo contra los trabajadores independientes que laboran en el agro, el comercio y la artesanía, sino también contra los trabajadores industriales, como en el caso de Sumar y de Helvetia, donde por el solo hecho de discrepar se expulsó de su trabajo incluso a dirigentes cuyo fuero sindical no se respetó y a los cuales se arrojó a la calle sin darles posibilidad de reclamar ante ningún tribunal de la República, en pleno Gobierno de la Unidad Popular.
Queremos manifestar repito que esta campaña no es sólo de ayer ni de hoy, ni derivada de la reciente elección. Es una campaña planificada y que, orquestada muy bien, hemos visto expresarse lo lamentamos de verdad fundamentalmente a través del órgano oficial del Partido Comunista: el diario El Siglo. Allí, a cada uno de nosotros no sé si por orden alfabético o de acuerdo con otra pauta se nos han venido dedicando editoriales por discrepar de la Unidad Popular. Y a todos se nos ha venido calificando de la manera más soez y denigrante. Lamentamos de verdad esta campaña.
¡Qué contradicción más tremenda con lo que expresaba aquí en el Senado, en una intervención de hace algunas semanas, el señor Volodia Teitelboim! En esa oportunidad el señor Senador llamaba a la concordia y decía: Creo que la atmósfera está sumamente espesa. Está llena de factores negativos en este instante. Por eso mismo expresé esa composición relativamente escéptica de que por largo tiempo estaremos sembrando en medio de la indiferencia o del odio triunfante.
Luego agregaba: Es odio. Y los sentimientos negativos se dirigen, sobre todo, a las zonas subliminales del ser humano. Son factores irracionales inconscientes, contagiosos, envolventes y muy fuertes. Racionalizar es mucho más difícil que odiar.
Y este señor que llamaba a la cordura y a desterrar el odio para evitar el enfrentamiento en Chile el Partido Comunista ha dicho en todas sus declaraciones que es posible evitarlo, no titubea en proferir, como consecuencia de esta campaña, todo un conjunto de expresiones que no quiero repetir, pero que revela una soberbia inaudita y una tremenda falta de respeto a la ética en política.
El señor PALMA (Presidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El turno siguiente corresponde al Comité Comunista.
Ofrezco la palabra.
El señor MONTES.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el señor Senador.
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero comenzar diciendo que ante el hemiciclo repleto de Senadores y las tribunas atestadas de público, expresaré algunas ideas acerca del resultado de la elección de Coquimbo, aun cuando pensaba hablar de otro problema en esta oportunidad. Después de los vaticinios de hecatombe, después de tanta calamidad pregonada sobre nuestro país por todos los Senadores que han hablado en esta ocasión, después de todos los discursos que hemos escuchado, yo, por lo menos, me sentiría satisfecho si pudiera traer a esta Sala un poco de aire fresco. Y reparen los señores Senadores en que todas esas intervenciones se han orientado, en último término, en contra de nuestro partido.
Si analizamos desde el primero al último los discursos pronunciados esta tarde, en esta hora de Incidentes, comprobaremos que el filo de cada uno de ellos se ha dirigido a golpear o desacreditar al Partido Comunista de Chile. Creo que no es una casualidad. Y como algún Senador ha dicho aquí, exponiendo sus propias ideas, yo también lamento muchos hechos políticos que en el proceso de los últimos días o de las últimas semanas ha estado viviendo nuestro país.
No soy quién para analizar la vida de una agrupación política; pero como todo partido tiene también su historia pública y ésta es del conocimiento de toda la gente, algún derecho tenemos nosotros, por esa razón, para tratar de la manera más objetiva posible de trazar una línea que no vaya muy lejos en la historia de Chile, desde acontecimientos que probablemente recordemos todavía la mayoría de nosotros, porque de alguna manera los vivimos.
¿Qué ha ocurrido desde 1938 hasta hoy día con la historia cívica, pública, del Partido Radical? Quiero referirme a ello, sobre todo por la intervención que ha cabido al Senador señor Acuña, del Partido Izquierda Radical, esta tarde en el Senado.
En 1938 se marca el primer gran vuelco histórico en la vida republicana, cívica, social de nuestro país; también en la política, también en la económica, también en la democrática, precisamente porque entonces un gran partido, el Partido Radical, levantó muy en alto, a los vientos de todas las latitudes de nuestro territorio, las banderas de la Izquierda, las banderas de las reivindicaciones populares y, al mismo tiempo, junto a esas banderas, los estandartes en los cuales estaba inscrito el lema del Partido Radical del año 38, de la lucha implacable contra los privilegios de la Derecha.
Y entonces, señor Presidente, y señores. Senadores, en esa confrontación decisiva, cardinal, en esa toma de posiciones del Partido Radical de aquella época, ante una disyuntiva histórica que consideramos válida también hoy, aun cuando el proceso social chileno haya caminado bastante, y será válida por un tiempo bastante prolongado en la historia social de nuestra patria, bajo la figura de Pedro Aguirre Cerda, recordada hoy día y señalada con mucha profusión durante la reciente campaña electoral de la provincia de Coquimbo, el pueblo de Chile, los pati-pelados de este país, los trabajadores campesinos, en ese tiempo siervos de la tierra no exagero si digo casi esclavos de los señores feudales de esa época, porque en discursos de entonces todavía figuran las palabras de latifundistas que en este propio Senado ofrecían vender sus haciendas incluidos todos sus inquilinos, esa gente, como los obreros mineros de Andacollo del cobre, de la plata, de] oro de esa zona, o los del carbón, o los viejos pampinos de tan heroica tradición desde los tiempos de Luis Emilio Recabarren, las empleadas domésticas, las lavanderas; la gente, diría yo, que siempre tuvo dignidad, pero a la cual siempre se trató de aplastarla, de pisotearla, tuvo fe en la unidad del pueblo, de la Izquierda chilena, en esas banderas levantadas por el Partido Radical de aquella época, en ese símbolo que fue para nuestro pueblo Pedro Aguirre Cerda. Y fue la primera vez en la historia de Chile que la Izquierda, unida, que los patriotas, unidos, destruyeron el mito de la invencibilidad de la Derecha chilena y propinaron la primera gran derrota a ese sector político, haciendo Presidente a Pedro Aguirre Cerda, tío carnal de uno de los Senadores aquí presentes, don Humberto Aguirre Doolan, quien fue, además, Secretario General de ese Gobierno.
Y luego, con Juan Antonio Ríos, también el pueblo unido conquistó una victoria democrática.
Lo hemos dicho en alguna oportunidad: nunca el desarrollo económico de Chile fue mayor que con Pedro Aguirre Cerda; y tampoco había sido mayor antes el desarrollo democrático. Si formulamos estas afirmaciones tan perentorias, no lo hacemos porque se nos ocurra. Les podrían caer mal, o les caerán mal todavía, a algunos derechistas de esta época. Pero es la verdad histórica. Es así.
Antes de la elección de Pedro Aguirre Cerda y después de ella, como con Juan Antonio Ríos, y como ayer, y como hoy, y probablemente como mañana y pasado mañana, la gran arma ideológica, la gran base de sustentación política del combate de los derechistas, enfilados contra la Izquierda, fue también el anticomunismo. Decían que íbamos a violar a las monjas si resultaba elegido Pedro Aguirre Cerda; que se quemarían las iglesias; que una suerte de maldición caería sobre la gente si triunfaba el pueblo. Fue elegido Pedro Aguirre Cerda y la realidad dio en las narices a aquellos aprendices de brujo, porque todos esos vaticinios de tragedia fueron aventados como castillos de naipes por el aire purificador del Frente Popular de 1938. Triunfamos luego con Juan Antonio Ríos, y después hicimos Presidente a Gabriel González Videla. En este país, una vez más, triunfó la Izquierda, que eligió sucesivamente a esos tres Presidentes radicales.
Pero entonces, a esa altura de nuestra historia, algo pareció quebrarse en este país. La lucha social adquirió una nueva dimensión y se elevó a una calidad nueva, a nuestro juicio, porque entonces un sector importante, prácticamente mayoritario, del Partido Radical no todo el partido, sin embargo creyó que los tiempos habían cambiado y que caminando por la vereda de la Derecha podría resolver de una manera mejor sus postulados programáticos, sus posiciones. Pero la historia, la realidad, la vida, los hechos no las palabras que digamos nosotros ni lo que afirmemos hoy día demostraron a corto plazo que cuando ese partido caminó, luchó, bregó, combatió con la Izquierda chilena, con nuestro pueblo, por sus aspiraciones, contra los privilegios de la Derecha, obtuvo siempre resonantes victorias, fue capaz de elegir a tres Presidentes de Chile de sus filas; pero cuando marchó por la vereda de enfrente, cuando se alió con la Derecha, cuando persiguió al pueblo, entonces las derrotas más estruendosas cayeron sobre el Partido Radical. Ibáñez lo demostró; y no se pudo recuperar después porque, a mi juicio, abandonó su línea natural, su función lógica, aquello para lo cual fue creado y para lo cual el pueblo le reconoció méritos: luchar por los intereses del trabajador, actuar y combatir con la Izquierda, ubicarse en las trincheras populares.
¡Qué gran victoria la obtenida por la Izquierda con el concurso del Partido Radical cuando eligió a Salvador Allende Presidente de Chile! También la consideramos un hito importante en nuestra historia.
Y aun cuando no todo el Partido Radical participó en esa lucha, pues otros sectores o grupos se denominaron también con su apellido, la historia más reciente demuestra que los radicales que marcharon con la Izquierda, con el pueblo, que fueron leales con su doctrina, con su causa, con la figura y la obra de Pedro Aguirre Cerda, merecieron el reconocimiento y el respaldo del pueblo. Pero aquellos que de una u otra manera, abierta o subrepticiamente, por encima o por debajo de la mesa, por delante o por detrás de la puerta, por la puerta o la ventana, caminaron del brazo con la Derecha chilena, no cosecharon sino derrotas, no hicieron más que tratar de explicar esas derrotas, procurando hacer responsables a otros de sus propias responsabilidades.
Fue muy recientemente cuando en la Universidad Técnica del Estado se levantó un candidato del Partido Izquierda Radical, apoyado por todos los sectores de la Oposición, para enfrentar al candidato comunista y de la Unidad Popular, señor Kirberg. La del señor Jungk, candidato de la Oposición, del anticomunismo, fue una candidatura de derrota. El señor Jungk fue derrotado en esa elección.
¿Qué ocurrió en la Universidad de Chile, en la Federación de Estudiantes de Chile? La Izquierda triunfó. Los muchachos, que tienen también, como los adultos, el corazón a la Izquierda, respaldando la acción revolucionaria y patriótica de este Gobierno, tan ferozmente vilipendiado aquí por tan diversos oradores, obtuvieron una resonante victoria.
Aun considerando aisladamente a los distintos partidos, si tomamos en cuenta lo que significa la Unidad Popular, ¡qué tremenda victoria la obtenida aunque muchos la nieguen, o le busquen las cinco patas al gato, o el cuesco a la breva por la Unidad Popular en la Central Unica de Trabajadores de Chile!
Y nuevamente, en Coquimbo, se levantan dos candidaturas representativas de clases sociales, de posiciones políticas muy concretas; se enfrentan la Izquierda y la Derecha. Aunque se tratara de eludir el problema fundamental y de confundir a la gente, presentándole otro cuadro, la verdad es que en Coquimbo el viejo dilema aparece de nuevo ante la perspectiva del pueblo, probablemente con nuevos perfiles y tras fisonomías distintas. Pero, en el fondo, allí se plantea la misma cuestión: la Izquierda, el pueblo, las fuerzas populares, con su propio abanderado en este caso una mujer del pueblo, una lavandera, hasta hace poco Gobernadora de Coquimbo, y un candidato del Partido Izquierda Radical, apoyado por todas las fuerzas de la reacción chilena y por algunas que, sin ser reaccionarias, también lo acompañaron, teniendo en cuenta determinados compromisos políticos. Pero el señor Poblete representó allí a la Derecha. De esto no le cupo duda a nadie, y la lucha se enfrentó así.
Y cuando algunos parlamentarios o dirigentes del Partido Izquierda Radical, o del Partido Nacional o de la Democracia Radical recordaban la figura de Pedro Aguirre Cerda, nosotros, con mayor razón que el Honorable señor Acuña, sentimos un poco de tristeza, y detrás de esa tristeza, cierta vergüenza, por el hecho de que la Derecha manoseara así la memoria de ese Mandatario, su obra, su tradición y su proyección histórica. Pedro Aguirre Cerda pertenece a la Izquierda chilena, a los explotados de este país, y cada trabajador explotado aunque este lenguaje no guste a algunos señores Senadores recordará siempre esa figura, porque fue del pueblo, porque luchó y combatió contra sus explotadores, contra la Derecha. ¡Y qué triste fue, señor Acuña y compañero Aguirre Doolan disculpen que relate algo personal, ver en las tribunas y calles de La Serena al profesor don Alberto Baltra, del Partido Izquierda Radical, con los representantes de la Derecha! ¡Qué tristeza y qué vergüenza sentí cuando recordé que no hace mucho tiempo, unos pocos meses atrás, nosotros mismos nos trabajando y luchando junto a él contra la Derecha, en Bío Bío, Malleco y Cautín, para hacerlo Senador como lo conseguimos y traerlo a este Senado también como expresión victoriosa de las fuerzas unidas de la Izquierda chilena, luchando contra los explotadores, contra los derechistas! Y ahora vimos en una tribuna, al lado de Sergio Onofre Jarpa y del Senador Ochagavía, de lo más recalcitrante y reaccionario de la política chilena, a quien postuló a un sillón senatorial en nombre de la Izquierda, a quien los comunistas entregamos no trato de representar nada no sólo nuestro trabajo y sacrificio, sino también nuestro afecto, en esa campaña de Bío Bío, Malleco y Cautín. Yo tuve el privilegio de hablar, en nombre del Partido Comunista, en la concentración de clausura de la última campaña de Alberto Baltra en la ciudad de Los Angeles, proclamándolo candidato de la Izquierda, llamando al pueblo a votar por él, porque luchábamos contra los derechistas y porque esa victoria significaba un paso adelante en el difícil combate del explotado pueblo de Chile.
Los puntos suspensivos (…) corresponden a expresiones suprimidas por la Mesa.
El señor ACUÑA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor MONTES.- En la última campaña electoral de Coquimbo se dio, sobre todo, una línea anticomunista.
Llama un poco la atención que algunos señores Senadores se sientan agraviados. Para ser franco porque probablemente estas palabras las conocerán también afuera, si es que alguien se preocupa de lo que se dice aquí en Incidentes, no me explico por qué se reclama contra nosotros y se olvida cuanto se ha dicho en contra nuestra. Me sorprende probablemente es problema de carácter, de la manera de ser de cada cual que a veces un señor Senador me salude en los pasillos después de haber dicho que los comunistas somos totalitarios, criminales; que hemos hecho esto y aquello; que liaremos lo de más allá; que somos poco menos que bestias. En los pasillos del Senado parece olvidarse todo, y a veces se nos estira la mano y se nos saluda con una sonrisa. Yo no saludo a un totalitario o a una bestia ni en la vida privada, ni en los pasillos, ni en la calle ni nunca. Personalmente, lo siento así. Y cuando llegó a la Intendencia de Coquimbo el Honorable señor Ochagavía, en representación de la candidatura del señor Poblete, acompañado del Honorable señor Aguirre Doolan, yo saludé sólo a este último; a nadie más. Actué así porque lo que decimos lo sentimos de manera muy profunda, y no tenemos otra actitud ni en la calle ni en la vida privada con los que quieren atentar contra la dignidad de nuestro pueblo, contra el progreso de nuestro país y contra el desarrollo de sus instituciones democráticas; con los que, por medio de tanta calumnia y. miseria, dicen las cosas más horripilantes para después sonreír con cara de caballeros, como si lo que han expresado antes no significara nada, como si los ofendidos por ellos, tal como ocurría en los antiguos tiempos con los siervos, tuvieran que acatar sus decisiones e inclinar la cabeza. Pero esos tiempos se terminaron para siempre, Honorable señor Senador. Preferimos quedarnos sin saludar a algunos reaccionarios, entre los cuales se cuentan algunos en este Honorable Senado, para mantener, por lo menos, nuestra dignidad y orgullo, porque un hombre, sea Senador o lo que fuere, responde a los intereses de la gente de afuera, de la gente humilde que lo eligió, no para venir aquí a escuchar filípicas en contra de los mismos trabajadores que nos dieron su apoyo, ni a palmotearnos el hombro con los reaccionarios en los pasillos del Senado.
¿Cuál fue la expresión de alto vuelo político o ideológico del candidato Orlando Poblete durante la última campaña? Quiero citar un solo ejemplo. En una reunión de pescadores celebrada en el litoral de esa provincia, habló más o menos en los siguientes términos: Compañeros pescadores, ¡cuidado! Andan los barcos rusos navegando en estas aguas, y eso constituye un gran peligro. Si triunfan los comunistas con Amanda Altamirano, llegarán después los tanques rusos, ¡y eso sí que va a ser terrible!
Así fue el debate. Esos fueron los planteamientos políticos del señor Poblete. Esa fue la caballerosidad del candidato. ¡Qué cosas no dijeron, por ejemplo, del símbolo de nuestro partido: la hoz y el martillo! Según los representantes de la candidatura de Oposición, esa actitud no significa nada, como si nosotros no significáramos nada, como si la echona y el martillo no significaran nada. Sí, señores Senadores, significa algo no sólo en este país, sino en el mundo. Aunque también más de alguno ha tratado de borrar de la faz de esta tierra esa insignia, la heroica insignia de la hoz y el martillo. Nunca lo pudieron lograr, por algo que ya hemos dicho y que deseo repetir ahora. Porque nuestro partido tiene una madre, y esa madre son las masas, el pueblo; y mientras el pueblo exista, mientras las masas existan, habrá Partido Comunista. Y no será posible borrarlo de la faz de la tierra ni de este país mediante la represión, los campos de concentración ni ninguna otra medida. Tampoco por medio de la guerra civil que algunos exhiben como amenaza contra el Gobierno popular podrá eliminarse la presencia, la voz y la dignidad de nuestro partido.
Por eso, analizamos la reciente elección diciendo, como lo señaló también la comisión política de nuestra colectividad, que el pueblo de Chile conquistó ayer una trascendental victoria contra las fuerzas reaccionarias al elegir Diputada por la provincia de Coquimbo a la candidata de la Unidad Popular, compañera Amanda Altamirano.
¡Sí! ¡Así fue! Pueden barajar cifras y tirar números en un sombrero, del cual pueden sacar conejos o palomas. No importa. En poco tiempo más llegará hasta aquí una mujer militante de la Unidad Popular a prometer como Diputada, porque ayer obtuvo una victoria inobjetable y clara contra probablemente la más vasta coalición de fuerzas reaccionarias del país, y lo afirmamos pensando no llevados por la emoción o el fuego pasional, porque allí estuvieron el Partido Nacional los viejos conservadores y liberales, disfrazados hoy día, porque tuvieron vergüenza de lo que fueron ayer y se denominan ahora de una manera nueva, aunque son los mismos, el Partido Izquierda Radical, el Demócrata Cristiano, la Democracia Radical y Patria y Libertad. A este movimiento nadie lo nombra...
El señor ACUÑA.- No estaba, señor Senador.
El señor MONTES.- Entonces, digamos que Patria y Libertad estuvo ausente. Sin embargo, parece que estuvo allí. De alguna manera también asomó sus orejas en Coquimbo, y, a mi juicio, ése constituyó un gran error de la candidatura de Oposición. Esta vasta alianza que respondió probablemente a la estrategia derechista, la más vasta alianza reaccionaria de los últimos tiempos en nuestro país, fue derrotada. De modo que esos 23 mil votos, o los otros 14 mil y no sé cuántos más, pueden barajarlos hasta el infinito, porque las estadísticas y las matemáticas lo permiten todo en ese terreno.
La verdad es que contra las fuerzas coaligadas de la Oposición, triunfó la Unidad Popular de manera clara y rotunda. Y la votación de mujeres, en la cual cifraban sus esperanzas los reaccionarios de esa provincia, se equiparó. Sucedió algo así como si la mujer hubiera dejado de ser reserva de la reacción en este país; hubiera comenzado a mirar con más claridad las cosas que ocurren y a comprender que su vida está ligada de manera indisoluble a las transformaciones revolucionarias económicas, políticas y sociales que está viviendo nuestro país.
A nuestro juicio, también en esa provincia se dio una condición extraordinariamente importante: la unidad de la Unidad Popular funcionó bien. Efectivamente, el Partido Radical trabajó y se jugó por la candidata de la Unidad Popular. Nosotros le reconocemos ese mérito. El Partido Radical de esa provincia estuvo en todas, peleó de frente, firmemente y ante el pueblo; tomó también, en sus manos las banderas de Pedro Aguirre Cerda junto a la Izquierda chilena y a las fuerzas populares, y triunfó con ellas el domingo pasado, aunque los aprendices de brujos saquen otras cuentas y digan que la Unidad Popular perdió.
También el Partido Socialista estuvo presente y trabajó con su vocación de siempre; lo mismo que el MAPU, la Izquierda Cristiana e incluso el API. Algunos me dirán que son fuerzas pequeñas. Son fuerzas importantes siempre, porque aun cuando quede en pie en la tierra tan sólo un hombre, será muy importante que por lo menos él no se ponga de rodillas ante los adversarios del pueblo.
Nosotros queremos, no diré rendir homenaje, sino decir una palabra muy sentida de agradecimiento, de reconocimiento, ante el cumplimiento de su deber, ante el pueblo y ante su propia doctrina, del Partido Radical de la provincia de Coquimbo, porque contribuyó, probablemente más que ninguno, a la victoria de la Unidad Popular, del Gobierno Popular de Chile.
La elección que comentamos también nos dejó otra lección y una responsabilidad. No desconocemos ni los errores ni las fallas ni las dificultades, las que continuarán siendo muchas. Basta escuchar las intervenciones en las sesiones del Senado, especialmente en la hora de Incidentes, para darse cuenta de esas dificultades, que estamos seguros podremos remontar...
El señor PAPIC (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Senador? Ha terminado el tiempo del Comité Comunista.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- No sé si puedo acogerme a la disposición reglamentaria que me permite usar de la palabra a fin de vindicarme.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Lamentablemente, no puedo otorgar la palabra al señor Senador, porque los turnos correspondientes a la hora de Incidentes ya terminaron.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Estoy invocando el artículo 97 del Reglamento, porque el Honorable señor Montes me citó. En consecuencia, quisiera expresar algunas breves palabras.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Lamentablemente, no es posible.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Simplemente he formulado una pregunta a la Mesa. Soy demócrata y, por consiguiente, respeto las decisiones de la Mesa del Senado. Por eso, sólo si el señor Presidente estima que tengo derecho a hablar, lo haré.
Lamentaría mucho que el Honorable señor Montes se retirara de la Sala, porque la agresividad no es característica de mi sistema de vida y de mi acción permanente, de los cuales me enorgullezco.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Las expresiones del Honorable señor Montes no son ofensivas para la honorabilidad del señor Senador.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Quería explicar algunas actuaciones políticas...
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Han llegado a la Mesa varias indicaciones.
El señor EGAS (Prosecretario).- Indicación del Honorable señor Lorca para publicar in extenso las observaciones formuladas en Incidentes de hoy por el Honorable señor Moreno.
Indicación del Honorable señor Moreno para publicar in extenso las observaciones pronunciadas en Incidentes de hoy por el Honorable señor Lorca.
Indicación del Honorable señor Aguirre Doolan para publicar in extenso la intervención del Honorable señor Acuña en Incidentes de hoy.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria.
Se levanta la sesión.
Se levantó a las 21.14.

Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.

ANEXOS.

1

OBSERVACION DEL EJECUTIVO, EN PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY Nº 14.852, GENERAL DE ELECCIONES, CON EL OBJETO DE AUTORIZAR PACTOS ELECTORALES.

Santiago, 14 de julio de 1972.
Por oficio Nº 13.370, de fecha 15 de junio del presente año, usted se ha servido comunicarme la aprobación del proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley Nº 14.852, General de Elecciones.
Tal proyecto destinado a autorizar pactos electorales se hizo superfluo luego del pronunciamiento del Tribunal Calificador de Elecciones, que posibilitó la formación de partidos federados, modalidad que, en el hecho, a través de las inscripciones correspondientes ya practicadas en el Registro Electoral por diversas corrientes políticas, ha revelado ser satisfactoria.
Es por ello que he resuelto formular observaciones al citado proyecto de ley, en el sentido de rechazarlo en todas sus partes.
En esa virtud, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 53 de la Constitución Política, vengo en observar el proyecto de ley que me fuera comunicado por oficio Nº 13.370, de 15 de junio del presente año, rechazando la totalidad de sus disposiciones, esto es, tanto su artículo único permanente, como sus dos artículos transitorios.
Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens, Presidente de la República.- Clodomiro Almeyda M., Ministro del Interior (Suplente).
Al señor
Presidente del Honorable Senado.
Presente.

2

MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY, QUE ESTABLECE NORMAS SOBRE PROBIDAD ADMINISTRATIVA.

Conciudadanos de la Honorable Cámara de Diputados y del Honorable Senado:
Una de las bases fundamentales de un régimen de derecho es la confianza de los administrados en la rectitud y honestidad de quienes tienen a su cargo el ejercicio de la función pública.
En este sentido es necesario hacer presente que la actual legislación contiene numerosas normas sobre esta materia, repartidas en diferentes cuerpos legales, cuya eficacia se ve disminuida por su falta de sistematización, su estrecho ámbito de aplicación y la inadecuada forma en que se describen las conductas constitutivas de falta de probidad.
Un proyecto que proponía dictar una reglamentación general sobre la materia fue presentado en el año 1957 por Diputados del Partido Radical, el que al igual que uno anterior no llegó a transformarse en ley de la República. De sus preceptivas el Ejecutivo ha recogido diversas normas y los principios que las inspiran, para concretarlas a través de la legislación que ahora se entrega para la consideración del Congreso Nacional, adecuándolas, naturalmente, a la evolución que estos conceptos han experimentado en relación con el proceso de cambios de nuestra sociedad.
Esta iniciativa tiene el propósito de crear una herramienta eficaz para cautelar la probidad pública y por ello se asigna al concepto de función pública un alcance que excede con mucho la actividad que desarrolla la Administración del Estado, y debe entenderse referido a todas aquellas funciones que de una u otra forma intervienen en actividades que persiguen el interés público en su más amplio sentido. Es por ello que, en lo que dice relación con el ámbito de aplicación de la, presente ley, se ha estimado indispensable incluir al Presidente de la República, a los Ministros de Estado, a los funcionarios de la Administración del Estado, a los Senadores y Diputados, a los Magistrados de los Tribunales de Justicia, a los Partidos Políticos, a los gremios y Colegios Profesionales y a sus respectivos dirigentes.
Como un presupuesto esencial, se contempla el deber de guardar lealtad a la función pública, entendida ésta como la obligación de velar, ante todo, por los intereses generales de la colectividad. Los funcionarios de la Administración del Estado deben, en el ejercicio de sus cargos, respetar las políticas generales que aquélla señale. Respecto de ellos, además, se hacen extensivas disposiciones del Estatuto Administrativo que eran aplicables solamente a un sector. Así ocurre con las normas sobre obligación de justificarse; la prohibición de tomar indebidamente la representación del Fisco o del Servicio, de intervenir en asuntos en los cuales tenga interés, actuar en favor de particulares en contra de los intereses del Estado, etcétera.
En el ejercicio de aquellas actividades que implican una función pública al margen de la estructura estatal, se reafirma la necesidad de ajustarse al principio de la legalidad, especialmente en cuanto a atenerse al ámbito de sus respectivas competencias.
Se establece como figura delictiva el enriquecimiento ilegítimo y se sanciona no sólo a las personas que, con olvido de sus deberes para con la sociedad, ejercen indebidamente la función pública, sino a los particulares que actúan como agentes corruptores para obtener privilegios o prebendas.
Para la configuración del tipo delictivo se han contemplado presunciones y, a objeto de facilitar la investigación y la prueba, se consagra la obligación de aquellos a quienes se aplica la ley, de formular una declaración justificada de sus bienes al momento de hacerse cargo de sus funciones, para lo cual se aprovechan los mecanismos tributarios vigentes.
En la declaración misma y en los procedimientos posteriores para investigar los posibles ilícitos, se entrega una efectiva participación a las organizaciones gremiales del servicio o institución al que pertenezca el afectado. Con ello, el Gobierno expresa, una vez más, su confianza en la responsabilidad con que actúan los trabajadores, en especial en las oportunidades en que se trata de resguardar el interés de la colectividad.
Con el objeto de evitar las denuncias injustificadas, se establece un procedimiento previo que constituye, en la práctica, un procedimiento sobre plausibilidad. Para ello se contempla la existencia de Comisiones de Probidad, por servicio o instituciones, y una Comisión Especial para pronunciarse sobre las denuncias que se formulen en contra de las autoridades políticas y administrativas, los Senadores y Diputados, los Magistrados y los dirigentes de los Partidos Políticos.
En otro orden de ideas, se ha estimado indispensable incluir normas que tengan por finalidad evitar el quebrantamiento de los deberes, como una forma preventiva antes que sancionatoria.
No cabe duda, por ejemplo, que la tramitación innecesaria y dilatada favorece la intervención de gestores y el entronizamiento de prácticas desde todo punto de vista consurables. Para evitar esto, se establecen normas mínimas en materia de plazos dentro de los cuales la administración debe pronunciarse y el procedimiento para perseguir la responsabilidad de aquellos que los infrinjan.
Se han consagrado normas que tienden a racionalizar el uso de los bienes del Estado, como es la creación de las Centrales de Automóviles.
El Ejecutivo estima de imperiosa necesidad contar con este cuerpo orgánico de disposiciones que sean un vehículo eficaz para perfeccionar nuestro sistema de convivencia democrática, en este aspecto de trascendental importancia, como es la Probidad Pública.
El Ejecutivo comprende perfectamente bien que ninguna Ley de Probidad ha de transformar en honesto a quien sustancialmente no lo es, pero estima indispensable que dentro de este enfoque superestructural, haya un elemento esencial de persuasión que siempre deberá imperar por sobre la coerción.
Esta persuaden cree el Presidente de la República que ha de radicar fundamentalmente en el poder de los trabajadores organizados, de tal manera que las Comisiones de Probidad integradas por ellos y personeros de la respectiva empresa, servicio o institución, podrán evitar querellas superfluas y habrán de lograr que en esta etapa de cambios pueda operarse el traspaso hacia una sociedad que haga realidad los auténticos ideales de igualdad y justicia, en la cual no habrá necesidad de una ley como ésta.
Quien sabe si por haber puesto énfasis en estos aspectos fundamentales es que los proyectos anteriores a que se ha hecho referencia no llegaron a aprobarse.
Por las razones antes señaladas, he decidido someter a la consideración del Honorable Congreso Nacional el siguiente

Proyecto de ley:
Proyecto de ley sobre Probidad Pública.
Artículo 1º.- El Presidente de la República; las autoridades políticas o administrativas; los parlamentarios; los Magistrados y los funcionarios del Poder Judicial; los Alcaldes y Regidores; los funcionarios de la Administración del Estado; los funcionarios de las empresas en que el Estado tenga una participación financiera; los dirigentes de entidades profesionales; los dirigentes de organizaciones de trabajadores; los dirigentes de organizaciones patronales, y los dirigentes de los Partidos Políticos, estarán sujetos a las disposiciones sobre probidad pública contenidas en la presente ley.
Artículo 2º.- Serán aplicables a todos los funcionarios del Sector Público y a los trabajadores de las empresas en las que el Estado tenga participación financiera, las disposiciones de los artículos 152, 153, 154, 155, 156, 157, 161, 162, 163 y 164 del Estatuto Administrativo, aprobado por el D. F. L. 338, de 1960.
Artículo 3º.- Agrégase al artículo 154 del D. F. L. 338, de 1960, el siguiente inciso segundo:
Asimismo, deberán guardar lealtad a las políticas que sus respectivos servicios establezcan.
Artículo 4º.- Las disposiciones del Estatuto Administrativo mencionadas en el artículo 2º, como principios generales de nuestra legislación y en tal calidad, serán aplicables en lo pertinente a las personas mencionadas en el artículo lº.
Artículo 5º.- Habrá comisiones de probidad en cada institución, formadas por miembros designados, en igual número por la Jefatura del respectivo servicio, empresa o institución, y por los trabajadores en elección directa. El Presidente de la República reglamentará la forma de hacer efectiva esta disposición.
Estas comisiones estarán encargadas de conocer de las denuncias que por falta de probidad pública se formulen en contra de los funcionarios del respectivo Servicio, Empresa o Institución, sin perjuicio de  su facultad de abocarse de oficio al conocimiento de las contravenciones de que tuviere noticia.
Artículo 6º.- Habrá además una Comisión Especial de Probidad Pública, formada por el Ministro Secretario General de Gobierno, el Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente del Consejo de Defensa del Estado y el Presidente Nacional de la CUT, encargada de conocer las denuncias que se formulen en contra de las autoridades políticas o administrativas, parlamentarios, jueces y dirigentes de los Partidos Políticos. Esta Comisión se integrará además, según el caso, por un Ministro de la Corte Suprema, el Presidente de la ANEF y el Presidente de la ANES o el de la correspondiente Asociación Nacional si la denuncia recae en un funcionario del sector respectivo.
Para los efectos de los artículos 5º e inciso lº del artículo 6º, cuando la denuncia afecte a uno de los miembros de la Comisión, éste quedará automáticamente excluido de ella para el examen del caso denunciado. Las normas para su reemplazo se determinarán en el Reglamento.
La Comisión elegirá de su seno un Presidente y desempeñará las funciones de Secretario quien sirva el cargo de Subsecretario General de Gobierno.
Artículo 7º.- Las Comisiones a que se refieren los artículos anteriores escucharán a los interesados, recibirán sus pruebas y declararán si ha o no lugar a la formación de la causa que corresponda.
Lo anterior no obsta al ejercicio paralelo de las atribuciones de las autoridades políticas, administrativas o judiciales.
Artículo 8º.- Las personas que desempeñen algunas de las funciones mencionadas en el artículo lº, deberán entregar anualmente copia de sus declaraciones de impuesto a la renta e impuesto al patrimonio, a la Secretaría del respectivo Servicio, Empresa o Institución.
Esta obligación deberá cumplirse aún cuando las leyes tributarias no exigieran tales declaraciones.
En todos los casos en que no pudiere aplicarse la norma del inciso 1º, la copia de estas declaraciones se entregará al Secretario de la Comisión Especial de Probidad.
Los estados de situación que se presentan a los Bancos deberán adicionarse de las copias a que se refiere este artículo. Si hubiere discrepancias entre uno y otro documento, el Banco estará obligado a formular la correspondiente denuncia al Servicio Nacional de Impuestos Internos y a la Comisión de Probidad que corresponda.
Artículo 9º.- El Secretario de la Institución respectiva o el Secretario de la Comisión Especial de Probidad, en su caso, registrarán y archivarán las copias de las declaraciones tributarias mencionadas.
Estas declaraciones podrán examinarse por cualquier persona que acredite un interés público en ello. Esta última circunstancia será calificada por el Secretario General de la respectiva Institución o de la Comisión Especial de Probidad, en su caso. En contra de la resolución denegatoria se podrá recurrir ante la Comisión Especial que consigna el artículo 6º.
Artículo 10.- Todo cambio o modificación en la situación de bienes o rentas deberá comunicarse por escrito a la Secretaría de la respectiva Institución o de la Comisión Especial de Probidad, en su caso. Estas autoridades quedan facultadas para requerir cualquier información que estimen indispensables para precisar tales declaraciones.
Artículo 11.- La entrega de las declaraciones antedichas, será requisito determinante para el ejercicio de la función política, administrativa o judicial de cada persona obligada a prestarlas y deberá efectuarse a quien corresponda dentro de los 60 días siguientes a la asunción de funciones bajo pena de cesación en el cargo, empleo o función.
Habrá denuncia pública en contra de quien no cumpla con esta obligación.
Artículo 12.- Sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal y en otras leyes especiales, serán sancionadas con presidio menor en su grado máximo o presidio mayor en su grado menor, las personas enumeradas en el artículo lº que, usando de la influencia que les conceden las funciones públicas que desempeñan, procuraren obtener u obtuvieren ilegalmente para sí o para un tercero bienes, rentas, créditos o cualesquiera otro beneficio pecuniario.
Los responsables de estos delitos serán sancionados, además, con el comiso de los bienes cuya adquisición no pudieren justificar judicialmente, y con la pena accesoria de inhabilidad absoluta y perpetua para el ejercicio de cargos u oficios del orden político, judicial y administrativo, y de las funciones indicadas en el artículo 1°.
Las personas que, no estando comprendidas en el artículo 1º de esta ley, participaren en la comisión de estos delitos, serán sancionadas como autores de los mismos. La mera proposición que haga para la comisión de estos delitos, será considerada como delito consumado de ellas.
Si en la comisión del delito participan representantes legales de personas jurídicas en cuanto a tales, se aplicará a éstas las penas de comiso a que se refiere el inciso 2º de este artículo, todo ello sin perjuicio de la responsabilidad penal que pudiere afectar a sus representantes legales.
Se presumirá que han cometido este delito aquellos que no pudieren justificar judicialmente los bienes, rentas, créditos u otros beneficios que formaren parte de su patrimonio, del de su cónyuge o de los hijos que estén sometidos a su patria potestad.
Artículo 13.- Los automóviles y vehículos de pasajeros que pertenecen a organismos, servicios o instituciones del sector público, están al servicio del interés público o social y no al de los funcionarios. En consecuencia, no podrán ser utilizados por éstos en actividades particulares. Existirán Centrales de Automóviles para regular el uso público de los vehículos de pasajeros que las integren.
Facúltase al Presidente de la República para dictar normas con fuerza de ley relativas al establecimiento de Centrales de Automóviles y al uso de todo los vehículos de pasajeros que pertenezcan al sector público, ya se trate de organismos de administración central, descentralizada territorial o funcional, y concedida, y ya sea mayor o menor la autonomía de que gocen. Para estos efectos podrá impartir toda clase de instrucciones que lo lleven a formar un catastro total de automóviles y demás vehículos de pasajeros que existan en el sector público. En todo caso deberá contemplarse la denuncia pública por infracción a las normas que se dicten.
Estas normas deberán dictarse dentro del plazo de 180 días y una vez que entren en vigencia, quedarán derogadas todas las disposiciones legales existentes relativas al uso de automóviles del Estado.
Las normas sobre Centrales de Automóviles procurarán que ellas se establezcan en lo posible por provincias, y contemplarán también la existencia de determinados organismos que, en razón de su autonomía y funciones específicas, hagan menester de su propia Central.
Todos los automóviles que con arreglo a aquellas normas no sean estimados necesarios para el servicio público, serán sacados a remate por el Servicio de Aprovisionamiento del Estado, y su producido pasará a integrar el fondo con personalidad jurídica que para la atención del problema de la deficiencia mental existe en el Ministerio de Educación y el establecimiento e implementación de salas cunas.
Las normas de este artículo, como asimismo las que dicte el Presidente de la República, no serán aplicables a los automóviles y demás vehículos de pasajeros al servicio de la Presidencia de la República, de la Presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados, de la Presidencia de la Corte Suprema y de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
Artículo 14.- Las comisiones o viajes al extranjero de personas o funcionarios del sector público que signifiquen gastos directos o indirectos para el erario nacional, sólo pueden disponerse por razones exclusivas de interés público especialmente calificado por la autoridad que deba ordenarlos o autorizarlos. El Presidente de la República reglamentará esta disposición.
Habrá denuncia pública ante las comisiones de probidad que señalan los artículos 5º y 6º por infracciones a esta prohibición, y de ellas serán responsables administrativa, civil y penalmente no sólo quien disfrute ilegítimamente del viaje o comisión sino quien la ordena o autoriza.
Artículo 15.- Los Colegios Profesionales, como corporaciones que desempeñan una función pública delegada, deben sujetarse en su gestión, rigurosamente, a la ley que los crea y señala sus atribuciones. Sus resoluciones disciplinarias serán siempre reclamables ante la Corte de Apelaciones de la jurisdicción respectiva, que actuará para estos efectos como subrogante de los Tribunales del artículo 87 de la Constitución Política del Estado. Todo ello sin perjuicio de los recursos especiales que contemplen las leyes respectivas.
Artículo 16.- Los Organismos, servicios o instituciones del sector público además de estar sujetos al principio de la legalidad deben desempeñar su cometido con eficiencia y oportunidad. El control de eficiencia de los organismos públicos será ejercido por el Presidente de la República por intermedio de la Secretaría General de Gobierno. Para estos efectos habrá acción pública ante dicha Secretaría General por la ineficiencia o inoportunidad de la gestión pública. Los agentes declarados culpables por esta causa serán sancionados con las mismas medidas que el Estatuto Administrativo aprobado por el D.F.L. 338 de 1960, señala para las contravenciones a la ley.
Artículo 17.- Los distintos Organos de la Administración del Estado están obligados a actuar para satisfacer el interés público. Quedan en consecuencia prohibidos definitivamente los empeños o recomendaciones de toda índole para ante la Administración. Se prohíbe asimismo la existencia de sectores administrativos que no actúen en el ejercicio legítimo de una profesión. Habrá acción pública ante las comisiones de los artículos 5° y 6° para denunciar las infracciones a este artículo.
Artículo 18.- La ley asegura a todos los habitantes de la República, el derecho a elevar peticiones a la autoridad constituida en términos respetuosos y convenientes.
Las autoridades y agentes públicos en general tienen el deber de dar respuesta oportuna a las peticiones y recursos que se les interpongan, evitando la realización de trámites innecesarios y acudiendo a las providencias, peticiones de informar u otras diligencias sólo cuando la ley lo exija o resulten imprescindibles para la adecuada resolución del asunto.
El recurrente tendrá acción ante la Comisión Especial de Probidad para reclamar por la falta de pronunciamiento oportuno respecto de la petición o recurso hecho valer. Esta resolverá con arreglo a lo previsto en los artículos 5º y 7º de la presente ley.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.
(Fdo.): Jorge Tapia Valdés.
Santiago, 6 de julio de 1972.

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MENSAJE DEL EJECUTIVO, CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 1º DE LA LEY SOBRE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS Y CHEQUES, CON EL OBJETO DE HACER PUBLICO EL MOVIMIENTO DE LA CUENTA CORRIENTE Y DE SUS SALDOS.

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:
El proceso revolucionario que vive nuestro país exige el establecimiento de ciertas normas básicas que permitan tomar conciencia al pueblo de Chile sobre la conveniencia de observar una conducta de probidad y moralidad económica, ya que los nuevos patrones de convivencia social que de este proceso surge día a día con mayor vigor es consubstancial a la erradicación total de malos hábitos que sobre esta materia lamentablemente debemos reconocer aún existen.
Una de las medidas que el Gobierno Popular estima indispensables para iniciar esta tarea es que los patrimonios de las personas naturales y jurídicas sean de conocimiento público, razón por la cual ya ha enviado a la consideración del Congreso Nacional un proyecto de ley sobre publicidad de declaraciones de renta y patrimonial.
Complementario de la finalidad que se persigue, es el establecimiento de disposiciones legales relativas a la publicidad de las cuentas corrientes bancarias, también tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas, única forma de obtener una participación efectiva del pueblo en el acceso y control de los grandes centros de poder financiero y en el logro de una real democracia económica.
Consideramos que es misión ineludible el reacondicionamiento de las instituciones a fin de ponerlas al servicio de las grandes mayorías nacionales. Históricamente el manejo bancario ha sido objeto de usos y abusos de minorías privilegiadas que a través del ejercicio de prácticas financieras especulativas amparadas por el secreto han desvirtuado la verdadera finalidad que estos institutos de crédito deben prestar en beneficio de la colectividad. Un régimen social es auténticamente democrático en la medida que proporciona a todos los ciudadanos posibilidades equivalentes.
Estamos ciertos que a través de la aplicación de este principio de la publicidad de las cuentas corrientes bancarias se avanza positivamente hacia la participación popular, esto es, la presencia activa del ciudadano en los asuntos comunes que inciden en la problemática social y económica. La práctica de esta medida posibilita el conocimiento público de una realidad financiera y coloca al pueblo en condición de denunciar procedimientos irregulares que pueden significar graves flagelos para el país.
Por lo demás, cabe consignar que en conformidad con la legislación vigente el secreto de las cuentas corrientes bancarias es de aplicación relativa, ya que se consulta en el derecho penal y tributario la posibilidad de tomar conocimiento de ellas en determinados casos cuando el mérito de la investigación lo requiere.
Es por ello que pensamos que la idea de legislar sobre esta materia no es enteramente novedosa, sino que incide más bien en un nuevo planteamiento que guarda concordancia con los principios que animan la política de este Gobierno.
Hemos combatido siempre la concepción individualista de la democracia, vinculada al egoísmo propio dé una organización capitalista. Es por ello que los grandes cambios efectuados en los últimos meses para imponer la democracia económica son los instrumentos indispensables para alcanzar la efectiva y real democracia social.
Con el mérito de las consideraciones precedentes propongo, con el carácter de urgente en todos sus trámites constitucionales, el siguiente

Proyecto de ley:
Artículo único.- Sustitúyense los incisos segundo y tercero del artículo 1º de la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, por el siguiente:
El movimiento de la cuenta corriente y sus saldos serán públicos y, en consecuencia, cualquiera persona podrá consultarlos y obtener copia de ellas o de sus datos y pormenores.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Orlando Millas Correa.

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PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE INCORPORA A DIVERSOS SECTORES AL REGIMEN PREVISION AL DE LA CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LOS COMERCIANTES.

Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:
Artículo 1°.- Incorpórase al régimen de previsión de la Caja de Previsión Social de los Comerciantes, Pequeños Industriales, Transportistas e Independientes, a los pescadores artesanales, los pirquineros y pequeños mineros, los transportistas de pasajeros de la locomoción colectiva particular, con excepción de los taxistas, y los religiosos o religiosas, en general, cualquiera que sea su fe o credo y su grado, rango o jerarquía, como ministros, pastores, sacerdotes, hermanos o hermanas.
En la denominación de transportistas de pasajeros de la locomoción colectiva particular quedarán además comprendidos los choferes de microbuses o taxibuses cuyas máquinas figuren a su nombre en las respectivas Asociaciones.
Artículo 2º.- La exigencia de pertenecer a un sindicato, organización gremial o Colegio Profesional, se entenderá cumplida, respecto de los religiosos, por el hecho de pertenecer a la respectiva orden o congregación, Iglesia o entidad religiosa.
Artículo 3º.- Será aplicable a los trabajadores a que se refiere esta esta ley lo dispuesto en el inciso final del artículo 45 de la ley Nº 17.066, modificada por la ley Nº 17.592 para los imponentes afiliados al Rol Nacional de Comerciantes de Ferias Libres, Ambulantes y Estacionados.
Artículo 4º.- Para los efectos del cumplimiento del requisito de 30 o más años de edad que exige el artículo 63 de la ley Nº 17.066, modificada por la ley Nº 17.592, se considerará la edad que los trabajadores indicados en los artículos 1º y 3° tengan a la fecha de publicación de la presente ley o del respectivo decreto con fuerza de ley que dicte el Presidente de la República en ejercicio de la facultad que se le confiere por el artículo 3º.
Asimismo, el plazo de un año que el artículo 65 de la citada ley Nº 17.066, con sus modificaciones fija para ejercer los derechos establecidos en los artículos 63 y 64 de esa misma ley, se contará desde la fecha de publicación de la presente ley o del respectivo decreto con fuerza de ley, en su caso.

Artículos transitorios.
Artículo lº.- Decláranse legalmente válidas, para todos los efectos legales, las imposiciones registradas en la Caja de Previsión de Empleados Particulares y los beneficios percibidos a nombre de choferes de microbuses, o taxibuses cuyas máquinas figuren a su nombre en las respectivas Asociaciones, debiendo sí dichas personas acogerse a las disposiciones de la presente ley cuando ésta entre en vigencia.
Artículo 2º.- Las personas a que se refiere esta ley dispondrán del plazo de tres meses contado desde la fecha de publicación de esta ley, o del respectivo decreto con fuerza de ley en el caso del artículo 3º, para declarar la renta sobre la cual harán sus imposiciones, bajo apercibimiento de tenerse como sueldo declarado el equivalente a un sueldo vital escala (A) del departamento de Santiago.
Dentro del mismo plazo señalado, las personas que a la fecha de publicación de esta ley, o del respectivo decreto con fuerza de ley en el caso del artículo 3º, hubieren cumplido 60 o 50 años de edad, según se trate de varones o mujeres, respectivamente, podrán excluirse de este sistema de previsión. Se presumirá de derecho que quien no manifieste su voluntad de ser excluido dentro de dicho plazo, quedará incorporado al sistema.
Gozarán de igual derecho quienes a la fecha indicada en los incisos anteriores se encuentren acogidos a otros sistemas previsionales como activos o pensionados. No obstante, si no manifiestan su voluntad de quedar excluidos dentro del plazo señalado en dichos incisos, se entenderá que continúan acogidos a sus actuales regímenes de previsión.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Fernando Sanhueza Herbage.- Raúl Guerrero Guerrero.

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INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN LA MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR HAMILTON CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DECLARA QUE LA ASIGNACION DE ZONA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 86 DEL D.F.L. N° 388, DE 1960, CONSTITUYE UN DERECHO DE TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, CUALQUIERA QUE SEA EL REGIMEN JURIDICO A QUE ESTEN AFECTOS.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros acerca del proyecto de ley iniciado en moción del Honorable Senador señor Hamilton que declara que la asignación de zona constituye un derecho de todos los trabajadores del Sector Público.
El Honorable Senador señor Hamilton expresó que su iniciativa tenía por objeto precisar el verdadero sentido y alcance de diversas normas relativas a la gratificación de zona, ya que una interpretación restrictiva de las mismas ha privado de este beneficio a vastos sectores de trabajadores, causándoles un grave e injusto perjuicio patrimonial.
Explicó Su Señoría que el artículo 86 del D.F.L. Nº 338, de 1960, denominado Estatuto Administrativo, otorga una gratificación o asignación de zona a aquellos funcionarios que para el desempeño de un empleo se vean obligados a residir en zonas del territorio nacional que reúnan condiciones especiales derivadas del aislamiento o del costo de la vida. El precepto dispone, además, que la Ley Anual de Presupuestos fijará las provincias o territorios que causen el referido beneficio, determinando asimismo el porcentaje de las remuneraciones a que éste ascenderá.
De acuerdo con lo anterior, el Parlamento aprobó el artículo 23 de la ley Nº 17.593, sobre Presupuestos de la Nación para 1972, que, además de fijar el monto de la asignación de zona correspondiente a las diversas regiones del país, dispone que también gozarán de ella, en el mismo porcentaje que tienen los empleados, los obreros de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes. Por otra parte, el inciso penúltimo del artículo en comentario señala que la gratificación de zona en él determinada será la única que regirá en 1972 para el personal de todos los Servicios e Instituciones y Empresas del Sector Público a los cuales la legislación vigente otorgue derecho a gratificación de zona.
La disposición transcrita ha sido interpretada por Contraloría General de la República en el sentido de que no tienen derecho al pago de asignación de zona los trabajadores del Sector Público que no se rigen por el Estatuto Administrativo sino por el Código del Trabajo u otras leyes especiales, ya que estos últimos textos normativos no contemplan dicho beneficio.
Tal interpretación, agregó el señor Senador, no se aviene con la historia fidedigna del establecimiento de la ley ni con el espíritu o intención que tuvo el legislador al dictar estos preceptos, toda vez que durante la discusión de ellos tanto la unanimidad de los Parlamentarios como el Ejecutivo entendieron que la asignación de zona beneficiaría a todos los trabajadores del Sector Público, fuere cual fuese el estatuto jurídico que rigiera sus relaciones de trabajo. La existencia de este criterio queda, por lo demás, probada con el Oficio Nº 112, de 19 de enero del año en curso, del señor Subsecretario de Hacienda, en el que se expresa que los porcentajes de asignación de zona que se indican en el proyecto de Ley de Presupuesto para 1972, consideran a todos los trabajadores de la Administración Pública (Administración Central y Sector Descentralizado). Es obvio pues, prosiguió Su Señoría, que en la ley indicada se han consultado los recursos necesarios para conceder el beneficio en los términos señalados en la moción en análisis.
La situación descrita, agregó el Honorable Senador señor Hamilton, ha determinado que algunos Organismos del Estado no estén pagando la asignación de zona o estén excluyendo del goce de la misma a los trabajadores regidos por el Código del Trabajo, y que otras Instituciones estén otorgando este beneficio con el inminente riesgo de que sus empleados y obreros sean obligados a restituir, en virtud de la interpretación de Contraloría, las cantidades percibidas por este concepto.
Para solucionar el problema planteado el proyecto en informe aclara que la asignación de zona constituye un derecho de todos los trabajadores del Sector Público, tanto de la Administración Centralizada como de la Descentralizada y Autónoma, ya sea que aquéllos estén sujetos al Estatuto Administrativo, al Código del Trabajo o a otros estatutos legales.
Vuestra Comisión de Gobierno, por unanimidad, aprobó en general y particular la proposición de ley que cuenta con el patrocinio constitucional de Su Excelencia el Presidente de la República y, en consecuencia, tiene el honor de recomendaros que aprobéis el siguiente

Proyecto de ley:
Artículo único.- Declárase que la asignación o gratificación de zona a que se refiere el artículo 86 del D.F.L. Nº 338, de 1960, y otras disposiciones legales vigentes sobre la misma materia, constituyen un derecho de todos los trabajadores del Sector Público, tanto de la administración centralizada como de la descentralizada y autónoma, ya sea que ellos estén sujetos al Estatuto Administrativo, al Código del Trabajo o a otros estatutos legales.
El mayor gasto que demande la aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior se financiará con cargo a la Ley de Presupuestos de la Nación..
Sala de la Comisión, a 18 de julio de 1972.
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Hamilton y Montes.
(Fdo.): Rafael Eyzaguirre E., Secretario.

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INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS SOBRE APROBACION DE LA CONVENCION PARA LA REPRESENTACION DEL TRAFICO ILICITO DE DROGAS PELIGROSAS.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros respecto del proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados sobre aprobación de la Convención para la represión del tráfico ilícito de drogas peligrosas.
A la sesión en que se aprobó el proyecto de acuerdo en estudio asistieron, además de los miembros de vuestra Comisión, el señor Subsecretario de Relaciones Exteriores, don Luis Orlandini; el Director subrogante de Relaciones Internacionales, don Carlos Mardones; el Jefe del Departamento de Tratados, don Jaime Lagos, y el relacionador del Ministerio de Relaciones Exteriores con el Congreso Nacional, don Iván Pohch.
La Convención en estudio fue concluida en Ginebra el 26 de junio de 1936 y enmendada por el Protocolo que se firmó en Lake Success, Estados Unidos, el 11 de diciembre de 1946.
Es necesario hacer presente que Chile suscribió el año 1931, y ratificó siete años después, en 1938, la llamada Convención Unica de Estupefacientes, que en su articulado derogó y sustituyó todos los tratados, acuerdos y convenios internacionales en vigencia en materia de estupefacientes. Sin embargo, se hizo expresa excepción de la Convención que nos preocupa. Es decir, se exceptuó de esta derogación o sustitución la Convención para la represión del tráfico ilícito de drogas peligrosas.
Vuestra Comisión estudió con detenimiento el Convenio antes referido y solicitó informe de diversas autoridades, para poder así establecer si existía alguna discrepancia entre la legislación vigente en Ch\le y el Convenio cuya aprobación se propone.
El Servicio Nacional de Salud, por medio del Jefe de la Sección Farmacia de ese organismo, informó a vuestra Comisión que según opinión dé ese Servicio el tratado no contiene ninguna disposición que contradiga los preceptos del proyecto de ley sobre represión del tráfico de estupefacientes que aprobó recientemente el Senado.
Además, el profesor Miguel Schweitzer, del Instituto de Ciencias Penales, informó a vuestra Comisión en el mismo sentido, expresando que las disposiciones del Convenio en estudio se compadecen tanto con la legislación vigente (Ley 17.155) como asimismo con el proyecto de reforma a esta legislación y aprobado por el Senado y pendiente en la Cámara de Diputados.
El propio Ministerio de Relaciones Exteriores consultó al de Justicia para que informara al respecto; en este informe también se deja la misma constancia al decir que no existen tales contradicciones entre ambos documentos.
Finalmente, el profesor Armando Roa informó verbalmente a la Secretaría de vuestra Comisión en el sentido de que él considera que el proyecto de acuerdo en estudio no se opone a la legislación nacional.
Con estos antecedentes, vuestra Comisión de Relaciones Exteriores se abocó al estudio del articulado del proyecto, al que unánimemente prestó su aprobación.

La Convención.
El instrumento internacional que nos ocupa consta de 25 artículos cuyo breve análisis haremos a continuación.
El artículo lº hace sinónimos, para los efectos de esta Convención, los términos estupefacientes y drogas narcóticas y agrega que son tales las drogas y substancias a las cuales se aplican, o se aplicarán las disposiciones de la Convención de La Haya de 1912 y las Convenciones de Ginebra de 1925 y 1932. Añade este artículo que se entiende por extracción la operación por la cual se separa un estupefaciente o droga narcótica de la sustancia o de la composición de la que formaba parte, sin que haya fabricación o transformación propiamente dichas.
Agrega finalmente este artículo que esta definición de extracción no comprende los procedimientos por los cuales se obtiene el opio bruto de la planta del opio, estando estos procedimientos previstos por el término producción.
El artículo 2º obliga a las Altas Partes Contratantes y, en consecuencia, en caso de ser aprobada por Chile esta Convención obligará a nuestro país, a castigar severamente, particularmente con prisión u otras penas privativas de libertad, los hechos que a continuación se enumeran:
a) La fabricación, la transformación, la extracción, la preparación, la posesión, la oferta, el ofrecimiento de venta, la distribución, la compra, la venta, la cesión a cualquier título, el corretaje, la importación y la exportación de estupefacientes contrarias a las estipulaciones de las Convenciones mencionadas;
b) La participación internacional en los hechos enumerados en este artículo;
c) La asociación o el entendido para realizar uno de los hechos arriba mencionados;
d) Las tentativas y, en las condiciones previstas por la ley nacional, los actos preparatorios.,
Es menester dejar constancia dé que vuestra Comisión acordó para la historia fidedigna de la aprobación del presente instrumento que entendía que la expresión la compra que figura en la letra a) del presente artículo, no involucra la adquisición de drogas por el toxicómano que directamente las ha de utilizar.
El artículo 3º se refiere a las Altas Partes Contratantes que tengan jurisdicción extraterritorial sobre el territorio de otra de las Altas Partes Contratantes y obliga a la primera de éstas a consagrar disposiciones destinadas a castigar a sus nacionales cuando éstos se hagan culpables de los hechos previstos en el artículo 2º, en el territorio bajo su jurisdicción extraterritorial, tan severamente como si lo hubiera cometido en su territorio propio.
El artículo 3º agrega que cada uno de los hechos enumerados por el artículo 2º será considerado como una infracción distinta si es Cometido en diferentes países.
El artículo 5º se refiere a los países en los cuales la ley nacional regula el cultivo, la cosecha y la producción de estupefacientes, estableciendo que estos países castigarán severamente toda infracción a esta ley.
El artículo 6º se refiere a aquellas Partes Contratantes que admitan el principio del reconocimiento internacional de la reincidencia en las mismas condiciones previstas en su ley interna y preceptúa que estos países reconocerán esta reincidencia cuando haya una condenación extranjera que se refiera a alguno de los hechos consignados en el artículo 6º.
El artículo 7º se preocupa del caso de los países que no admiten la extradición de sus nacionales y establece que, cuando los nacionales hayan regresado al territorio de su país luego de haber cometido fuera de él alguna de las infracciones enumeradas en el artículo 2°, deberán ser ellos ser procesados y castigados en la misma forma que si la ofensa hubiere sido cometida en su territorio, aún en el caso de que el culpable haya adquirido su nacionalidad después de haber cometido el hecho. Termina este artículo, en su número 2, estableciendo que sus disposiciones no son aplicables si, en un caso semejante, la extradición de un extranjero no puede ser acordada.
El .artículo 8º se refiere a la circunstancia de que un extranjero haya cometido en el extranjero uno de los hechos previstos por el artículo 2º del Convenio en estudio y que posteriormente se encuentre en el territorio de alguna de las Altas Partes Contratantes, estableciendo que en tal caso deben ser perseguidos y castigados como si el hecho fuese cometido en su territorio, cuando concurran las siguientes condiciones:
a) Cuando habiéndose pedido la extradición ésta no haya podido ser acordada por una razón extraña al hecho mismo;
b) Cuando la legislación del país de refugio admite como regla general la persecución de infracciones cometidas por los extranjeros en el extranjero.
El artículo 9º se refiere a la extradición, consignando diversas normas, como la de su número tres por ejemplo, que establece que la extradición será acordada de conformidad con las leyes del país requerido, disposición que concuerda plenamente con nuestra legislación procesal. Merece destacarse especialmente el número 1 de este artículo que establece que los hechos previstos en el artículo 2º, tantas veces citado, se consideran comprendidos de pleno derecho como casos de extradición en todo tratado de extradición concluido, y que se concluya en el futuro entre las Altas Partes Contratantes.
El número 2 de este artículo establece que los países que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado o de una condición de reciprocidad por medio del presente Convenio reconocen los hechos arriba previstos como causas de extradición entre ellos.
El artículo 10 se refiere al embargo o confiscación de las materias e instrumentos destinados a la realización de uno de los hechos previstos en el artículo 2º.
El artículo 11 establece que cada Parte Contratante tendrá la obligación de establecer una oficina central encargada de supervigilar y de coordinar todas las operaciones indispensables para prevenir los hechos previstos en el artículo 2º y asegurar la adopción de medidas para perseguir las personas culpables de hechos de este género.
Agrega este artículo las obligaciones que deberá cumplir esta oficina central: mantener contactos con otras instituciones, centralizar informaciones, correspondencia con las oficinas centrales de otros países, etcétera, y, además, se refiere el artículo en estudio a los países que estén organizados en forma federal y al caso en que esta Convención pudiere ser aplicada en otro territorio en virtud del artículo 18 que más adelante estudiaremos.
El artículo 12 se refiere a la colaboración que debe prestar esta oficina central a las oficinas extranjeras. La mera lectura de sus disposiciones es suficientemente clara. Dice así:
1) La oficina central Colaborará de la manera más amplia posible con las oficinas centrales extranjeras para facilitar la prevención y la represión de los hechos previstos por el artículo 2º.
2) Este organismo comunicará, dentro de los límites que se consideren útiles, a la oficina de cualquier otro país que esté interesada:
a) Las informaciones que puedan permitir proceder a todas las verificaciones y operaciones relativas a las transacciones que se están haciendo o que se proyectan;
b) Las informaciones que haya podido recibir sobre la identidad y la descripción de los traficantes a fin de supervigilar sus movimientos;
c) El descubrimiento de fábricas clandestinas de estupefacientes.
El artículo 13 se refiere a la transmisión de las denominadas comisiones rogatorias que se relacionen a las infracciones previstas en el artículo 2°. Estas solicitudes podrán efectuarse por vía de comunicación directa entre las autoridades competentes, preferentemente; por correspondencia directa entre los Ministros de Justicia de ambas partes u otra autoridad competente o por intermedio de un agente diplomático o consular del país requirente en el país requerido. Las demás normas de este artículo son normas de procedimiento: a quién debe enviarse estas comisiones rogatorias, idioma, redacción, notificación, etcétera. Asimismo, establece que la ejecución de la comisión rogatoria no podrá dar lugar al reembolso de impuestos u otros gastos distintos a los gastos de experticio.
Es importante consignar que el número 8 del presente artículo 13 establece que ninguna disposición del presente artículo podrá interpretarse como un sobreentendido de las Altas Partes Contratantes en adoptar en materia criminal cualesquiera formas o métodos de prueba contrarios a sus leyes o de ejecutar las comisiones rogatorias de una manera distinta a como figuran dentro de los límites de sus propias leyes.
El artículo 14 establece que la participación de una de las Partes Contratantes de la presente Convención no debe interpretarse como que afecte su actitud sobre la cuestión general de la competencia de la jurisdicción penal como cuestión de derecho internacional.
El artículo 15 salvaguarda el principio de la soberanía al decir que los hechos punibles establecidos en la presente Convención, deben en cada país, ser calificados, perseguidos y juzgados de acuerdo a las reglas generales de la legislación nacional.
El artículo 16 se refiere a la comunicación que harán las Partes Contratantes, por intermedio del Secretario General de las Naciones Unidas, de las leyes y reglamentos que se promulguen para llevar a la práctica la presente Convención, como asimismo un informe anual relativo al funcionamiento de esta Convención en los respectivos territorios.
El artículo 17 se refiere a cualquier diferencia que pudiera producirse entre las Altas Partes Contratantes respecto de la interpretación o aplicación de la presente Convención y establece todo un procedimiento de avenimiento y termina, a falta de todo acuerdo, estableciendo que la diferencia será sometida a la Corte Internacional de Justicia, si las Partes Contratantes son también partes de su Estatuto. Y, para el caso de que la discrepancia surja entre países que no pertenezcan a dicho Estatuto, se establece que las dificultades serán zanjadas por un tribunal arbitral constituido en conformidad con las disposiciones de la Convención de La Haya de 1907, para la solución de los conflictos internacionales.
El artículo 18 se refiere a la aplicación del presente Convenio por alguna de las Altas Partes Contratantes en todo el conjunto o una parte de sus colonias, protectorados, territorios de ultramar o territorios colocados bajo su soberanía o bajo su mandato, estableciendo que aquéllas pueden hacer expresa reserva de su aplicación a éstos.
Finalmente, los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, establecen las normas usuales en todo tipo de convención internacional, respecto al idioma de sus textos oficiales, procedimientos de ratificación y de adhesión, fecha de entrada en vigor de la Convención (90 días después que el Secretario General de la Liga de las Naciones hubiera recibido las ratificaciones o adhesiones de diez miembros de la citada Liga o de Estados no miembros), fecha de entrada en vigor respecto de los países que ratifiquen o adhieran con posterioridad a estos diez primeros países, procedimientos de denuncia de la Convención y posibilidades de revisión de ella.
Por último, el Protocolo de Enmienda a la Convención en estudio, firmado en Lake Success en el año 1946, está constituido por dos instrumentos internacionales. El primero de ellos somete a fiscalización internacional determinadas drogas, especialmente drogas sintéticas, con el objeto de limitar, por la vía de un acuerdo internacional, su fabricación a las legítimas necesidades médicas y científicas mundiales y reglamentar su distribución. El segundo es un Protocolo destinado a limitar y reglamentar el cultivo de la adormidera y la producción, el comercio internacional, el comercio al por mayor y el uso del opio.

Vuestra Comisión, en mérito de los antecedentes antes reseñados y teniendo en vista que el Mensaje que propone la aprobación del presente Convenio establece que las autoridades técnicas del Gobierno creen necesaria y conveniente para nuestro país la aprobación de este instrumento internacional, acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, aprobar el proyecto de acuerdo en estudio y, en consecuencia, os recomienda adoptar idéntica resolución.
Sala de la Comisión, a 21 de junio de 1972.
Acordado en sesiones de fechas 3 de mayo pasado, con asistencia de los Honorables Senadores señores Reyes (Presidente), Contreras, Juliet y Pablo; 10 del mismo mes, con asistencia de los Honorables Senadores señores Pablo (Presidente accidental), Bulnes, Juliet y Teitelboim, del día de hoy, con asistencia de los Honorables Senadores señores Pablo (Presidente accidental), Bulnes, Juliet y Teitelboim.
(Fdo.): Carlos Hoffmann Contreras, Secretario.

7

INFORME DE LA COMISION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL, RECAIDO EN LA MOCION DEL HONOBLE SENADOR SEÑOR BALLESTEROS MEDIANTE LA CUAL SE ESTABLECE UN SISTEMA DE REDONDILLA GENERAL DIARIA PARA EL PERSONAL DE MOVILIZADORES MANUALES DEL PUERTO DE VALPARAISO.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha estudiado un proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Eugenio Ballesteros, mediante el cual se establece un sistema de Redondilla General diaria para el persona! de Movilizadores Manuales del puerto de Valparaíso, dependientes de la Empresa Portuaria de Chile.
La Comisión escuchó a los dirigentes de la Unión de Obreros Portuarios y de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios. El Director de la Empresa Portuaria no asistió a ninguna de las sesiones celebradas para el estudio de esta materia, no obstante haber sido citado en forma reiterada.

El Decreto Supremo Nº 46, de 9 de enero de 1968, fijó una dotación de 525 movilizadores manuales para el puerto de Valparaíso, con la calidad de obreros fiscales y debidamente enrolados por la Contraloría General de la República.
Las organizaciones locales UNIOPOR (Unión, de Obreros Portuarios) y la Asociación José Mariano Valenzuela acordaron de inmediato establecer ante el Departamento de Operaciones de la Empresa Portuaria un sistema de redondilla general, la que permitió una distribución equitativa del trabajo y, por consiguiente, de las remuneraciones de estos obreros, que se determinan en base a garantías diarias, salario, grado y movilización de carga en los días ordinarios y extraordinarios.
Cabe destacar que los sistemas de redondillas, tanto en el sector marítimo como en el portuario, han sido aplicados a nivel nacional en todo el litoral, pues eliminan los sectores postergados, mantienen la armonía entre los trabajadores e incentivan su rendimiento laboral, permitiendo el mismo acceso al trabajo de tonelaje, que constituye la parte sustancial de sus jornales.
En el puerto de Valparaíso se justifica plenamente la redondilla de la movilización manual por la variedad existente en la conformación de los sitios o Secciones del área portuaria. Estas Secciones son seis, a saber: Primera, Segunda, Tercera y Cuarta Sección, corresponden a Aduana; la Quinta Sección es el Espigón, y la Sexta está constituida por la Planta Mecanizada de Barón. Cada una de estas Secciones presenta características especiales. Así, la Primera y Segunda Sección atienden naves de gran calado y de mayor capacidad de carga, para lo cual cuentan con mayor capacidad de mano de obra y con almacenes y edificios apropiados; la Tercera Sección tiene características similares, pero en menor escala; la Cuarta Sección atiende naves de menor calado y carece de almacenes; la Quinta Sección es el Espigón, el cual se encuentra sometido a reconstrucción y remodelación desde 1969, lo que ha significado casi el cierre total para el atraque de naves menores. Esta Sección, desde el punto de vista remuneracional, es inferior a las demás Secciones del puerto, ya que la carga que recepciona o despacha no da margen para que los movilizadores que allí laboran en forma permanente obtengan un jornal mensual equivalente al de los obreros que trabajan en las Secciones de la Aduana; finalmente, la Sexta Sección se denomina Barón Planta Mecanizada, y trabaja especialmente en mercaderías a granel, siendo mínima la participación de mano de obra con un tarifado muy bajo.
Este esquema del puerto de Valparaíso demuestra que la fijación de dotaciones de movilizadores por Secciones en forma permanente, tiene que provocar enormes diferencias entre estos obreros.
El decreto Nº 49, de 23 de enero de 1970, simplificó los sistemas de trabajo y tarifado de los obreros portuarios a nivel nacional. Cada puerto dependiente de la Empresa Portuaria reglamentó por resolución, de la cual tomó razón la Contraloría General de la República, este decreto, de acuerdo con las condiciones particulares de cada uno. En Valparaíso se dictó la resolución Nº 138, de 17 de febrero de 1971. y en ésta se ratificó el sistema de Redondilla de la Movilización Manual que operaba desde 1968, lo cual se efectuó con la participación de las organizaciones UNIOPOR y José Mariano Valenzuela.
Sin embargo, el 1º de junio de 1971 se dictó la resolución Nº 706 de la Administración del Puerto, la cual implantó en forma ilegal e inconsulta con las bases afectadas de la Unión de Obreros Portuarios, las siguientes dotaciones permanentes por sitios o Secciones: Primera Sección, 75 movilizadores; Segunda Sección, 75; Tercera Sección, 69; Cuarta Sección, 80; Quinta Sección, 129, y Sexta Sección, 19 movilizadores.
Estas dotaciones no representan la verdadera capacidad laboral que poseen las diferentes Secciones del puerto de Valparaíso.
Debido a esta medida, los trabajadores afectados de UNIOPOR, apoyados por el Consejo Local Marítimo Portuario, iniciaron un paro de protesta que paralizó el puerto de Valparaíso por espacio de 48 horas, y formularon un reclamo a la Contraloría General de la República, organismo, que por dictamen Nº 66.650, de 21 de septiembre de 1971, determinó que el sistema de redondilla establecido en la resolución Nº 138 no podía modificarse por simple resolución de la Administración del Puerto, pero señalando que el Director podría hacerlo de acuerdo con las facultades que le otorga el decreto Nº 49. Igualmente, la Contraloría exigió en su dictamen la reposición del sistema de Redondilla del referido personal.
Posteriormente, por resolución Nº 784, de 17 de noviembre de 1971, firmada por el Director de la Empresa Portuaria, se legalizaron definitivamente las dotaciones permanentes, lo cual ha originado una serie de anomalías, entre las que cabe destacar el desorden en la recepción de mercaderías e incendios por depósitos de inflamables en lugares prohibidos, en el interior del puerto; vulneración diaria de los reglamentos que rigen las faenas, por acomodamiento de unos pocos trabajadores; reclamación, de los usuarios por mala atención del Servicio, motivada, en particular, por la designación de personal superior que desconoce la estructura laboral del puerto y, en suma, un mayor costo o desembolso para la Empresa Portuaria.
Además, cabe hacer presente que este cambio en el sistema de trabajo significó una baja ostensible en las remuneraciones de determinados sectores de trabajadores, lo cual motivó un nuevo reclamo a la Contraloría con el objeto de que la Empresa pagase las diferencias producidas. Este organismo se limitó a exigir que se repusiera el sistema de redondilla.
En la parte expositiva de la moción en informe se señala que, de acuerdo con lo expuesto, es preciso solucionar esta situación mediante un proyecto de ley específico sobre la materia, con el objeto de instaurar definitivamente el sistema de redondilla, que es el más justo para los trabajadores del puerto de Valparaíso.

En el seno de vuestra Comisión hubo discrepancia de criterio entre los dirigentes de la Federación Nacional de Trabajadores Portuarios en relación con el proyecto en informe, en vista de lo cual, por unanimidad, se acordó oficiar al Director de la Empresa Portuaria con el objeto de que provocase una reunión entre dicha Federación y los organismos locales Uniopor y José Mariano Valenzuela, a fin de lograr un acuerdo completo sobre esta materia. Asimismo, se le pidió que informara a esta Comisión a la mayor brevedad sobre el particular. Dicho oficio fue recibido por el Director de EMPORCHI el día 28 de junio pasado, sin que hasta la fecha de este informe se haya recibido respuesta.
En vista de lo anterior vuestra Comisión, con los votos de los Honorables Senadores señores Ballesteros, García y Lorca y el voto contrario del Honorable Senador señor Contreras, prestó su aprobación a la moción en informe.
El Honorable Senador señor Contreras manifestó que este problema podría solucionarse en forma administrativa, sin necesidad de ley.
En consecuencia, os proponemos el siguiente

Proyecto de ley:
Artículo único.- Establécese un sistema de Redondilla General diaria para el personal de Movilizadores Manuales del puerto de Valparaíso, dependientes de la Empresa Portuaria de Chile.
Sin perjuicio de la inmediata implantación de este sistema, la reglamentación deberá establecer la movilidad de todos los operarios Movilizadores Manuales de Valparaíso, desde la Primera a la Sexta Sección Operacional, en forma diaria, permitiendo una participación equitativa en las labores que les corresponde desempeñar en las distintas Secciones.
Sala de la Comisión, a 5 de julio de 1972.
Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Contreras, García y Lorca.
(Fdo.) : Andrés Rodríguez Cruchaga, Secretario.

8

MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR FONCEA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 30 DE LA LEY N° 11.469, SOBRE ESTATUTO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA REPUBLICA, Y 107 DE LA LEY Nº 11.860, ORGANICA DE MUNICIPALIDADES.

Honorable Senado:
El artículo 30 de la ley Nº 11.469, sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la República, y el artículo 107 de la ley Nº 11.860, Orgánica de Municipalidades, autorizan a las Corporaciones Edilicias para acordar, en las condiciones y con el quórum que indican, modificaciones de la planta y remuneraciones de sus empleados y obreros, respectivamente. Sin embargo, esta facultad está limitada por el inciso segundo de ambas disposiciones agregado por los artículos 45 y 46 de la ley Nº 15.561 que condiciona el ejercicio de ella al hecho de que el correspondiente municipio se encuentre al día en el pago de sueldos, salarios, gastos previsionales por sus personales y deudas y obligaciones exigibles.
La mencionada limitación que ha impedido, en la práctica a las Municipalidades conceder mejoramientos económicos voluntarios a su personal tiene una plausible finalidad ordenadora de la administración económica de los municipios, al evitar que éstos, ante la presión de sus trabajadores, dejen impagas sus obligaciones por destinar los recursos con que ellas deben solucionarse al pago de remuneraciones u otros beneficios económicos.
No obstante, la generalidad de la comentada restricción no se aviene con la realidad del manejo financiero de las corporaciones edilicias. En efecto, las Municipalidades pueden contraer dos tipos de obligaciones, atendido el origen de los recursos con que deben ser pagadas: aquéllas que se sirven con los ingresos ordinarios y aquéllas que se sirven con los ingresos extraordinarios, como, por ejemplo, el producto de los empréstitos; fondos provenientes de impuestos especiales; producto del impuesto adicional del dos por mil a los bienes raíces para atender, el servicio de alumbrado público, y producto del recargo a las multas de alcoholes establecido en el artículo 181 de la ley Nº 11.256.
Toda vez que las remuneraciones se imputan exclusivamente a los ingresos ordinarios, se justifica plenamente que no puedan acordarse ampliaciones de planta o aumentos de remuneraciones si el municipio respectivo no está al día en el pago de obligaciones exigibles que deben cancelarse con dichos ingresos ordinarios. Pierde todo sentido, sin embargo, la limitación comentada respecto de las deudas u obligaciones que se imputan a los ingresos extraordinarios, ya que en razón de que los sueldos y salarios no se pagan con cargo a estos ingresos, es irrelevante para las finalidades de tal limitación que el municipio se encuentre o no al día en el cumplimiento de estas deudas u obligaciones.
Creemos, en consecuencia, que deben modificarse las normas que contienen la referida limitación, en el sentido de restringirla sólo a aquellas deudas y obligaciones que se pagan con los recursos ordinarios. Con ello, además de obtenerse el fin perseguido por el legislador al dictar estos preceptos, se logrará que los municipios puedan conceder voluntariamente beneficios económicos a sus personales siempre que las remuneraciones de éstos no excedan de los límites máximos contenidos en los artículos 35 de la ley Nº 11.469 y 109 de la ley Nº 11.860, preceptos que conservan toda su vigencia.
Estamos ciertos que las razones expuestas os moverán a prestar vuestra aprobación al siguiente

Proyecto de ley:
Artículo lº.- Agrégase el siguiente inciso tercero a los artículos 30 de la ley Nº 11.469 y 107 de la ley Nº 11.860:
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, no se considerarán deudas y/u obligaciones exigibles aquéllas que corresponda servir con cargo a ingresos extraordinarios, a recursos provenientes de la tasa parcial establecida en la letra c) del artículo 16 de la ley Nº 17.235 y/o a los fondos que produzca el recargo a las multas de alcoholes contenido en el artículo 181 de la ley Nº 11.256...
Artículo 2º.- Lo establecido en el artículo precedente no afectará en caso alguno el límite máximo de remuneraciones señalado en los artículos 35 de la ley Nº 11.469 y 109 de la ley Nº 11.860.
(Fdo.): José Foncea, Aedo.

9

MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR LORCA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE HACE APLICABLES A LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE CHILOE LAS NORMAS SOBRE TRASLADO QUE RIGEN PARA LOS DE MAGALLANES.

El artículo 28 de la ley Nº 17.382 introdujo al D. F. L. Nº 338, de 1960, denominado Estatuto Administrativo, una disposición transitoria en virtud de la cual los funcionarios públicos de la provincia de Magallanes sólo pueden ser trasladados en los meses de enero o febrero, a menos que se cuente con la conformidad del empleado.
Variadas razones tuvo el legislador para dictar esta disposición, siendo las principales aquéllas que se relacionan con los intereses patrimoniales y familiares de los empleados. En efecto, la ley Nº 13.039, que permite a éstos internar el menaje de su casa al resto del país, contiene normas que implican largas y engorrosas tramitaciones, por lo que las gestiones respectivas deben iniciarse con la debida anticipación. Además, las condiciones climáticas de la zona austral tornan extraordinariamente difícil el transporte de enseres en los demás meses del año. Desde otro ángulo, se tuvo presente que la enorme distancia que separa a la provincia de Magallanes del resto del país, así como el aislamiento en que ella se debate por la carencia de adecuadas vías de comunicación, determinan que la casi totalidad de los hijos estudiantes de los trabajadores públicos que son trasladados al norte del país en época escolar, sufra serios trastornos en su educación originados por el obligado cambio de establecimiento los que generalmente determinan que pierdan el correspondiente año escolar.
Las razones someramente descritas también tienen plena validez respecto de la provincia de Chiloé, toda vez que su régimen aduanero y características geográficas son idénticas, para estos efectos, a los de Magallanes. Tal circunstancia justifica sobradamente que se otorgue a la primera el mismo tratamiento que a esta última, por lo que no dudo que prestéis vuestra aprobación al siguiente

Proyecto de ley:
Artículo único.- Reemplázase en el artículo 28 de la ley Nº 17.382 la expresión la provincia de Magallanes por las provincias de Magallanes y Chiloé.
(Fdo.): Alfredo Lorca, Valencia.

10

MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR MORALES, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE HACE APLICABLES A LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE CHILOE Y AISEN LAS NORMAS SOBRE TRASLADO QUE RIGEN PARA LOS DE MAGALLANES.

Honorable Senado:
El artículo 28 de la Ley Nº 17.382, publicada en el Diario Oficial de fecha 6 de noviembre de 1970, preceptúa:
Agrégase a las disposiciones transitorias del D. F. L. Nº 338, de 1960, la siguiente nueva:
Artículo ...- Los funcionarios públicos de la provincia de Magallanes sólo podrán ser trasladados en los meses de enero y febrero de cada año, a menos que se cuente con la conformidad del empleado.
Tanto la provincia de Aisén como Chiloé, se rigen también por las mismas normas aduaneras que la provincia de Magallanes, lo que se traduce en largas y engorrosas tramitaciones para los funcionarios que deben trasladar su menaje al norte del país.
Lo anterior, agregado a la enorme distancia que separan a estas provincias con el resto del país y, fundamentalmente por su aislamiento, que es consecuencia de la falta de una adecuada comunicación de toda índole, hacen que casi la totalidad de los hijos estudiantes de los trabajadores públicos de esta provincia, que son trasladados al norte del país en los meses o época escolar, sufran lógicos trastornos en sus estudios, originados por los cambios de establecimientos escolares, no siendo pocos los casos, que han debido perder el año escolar.
Con el único objeto de evitar esta situación que perjudica especialmente a los niños de las provincias australes, y haciendo propio el clamor y las justas peticiones que en este sentido están formulando los trabajadores del Estado, de Aisén, me permito proponer el siguiente

Proyecto de ley:
Artículo único.- Reemplázase en el artículo 28 de la ley Nº 17.382, de 6 de noviembre de 1970, la expresión provincia de Magallanes por la siguiente: provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes.
(Fdo.): Raúl Morales Adriasola.

11

MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR SILVA ULLOA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AMNISTIA A LOS INCULPADOS, PROCESADOS O CONDENADOS POR LOS DELITOS CONTEMPLADOS EN LA LEY N° 14.852, GENERAL DE ELECCIONES, COMETIDOS ANTES DEL 16 DE JULIO DE 1972.

La ley Nº 14.852, General de Elecciones, describe y sanciona diversos delitos que pueden ser cometidos con ocasión de un acto electoral. Si se tiene presente que durante las elecciones se produce en los distintos sectores de la población, un justificado o comprensible estado emocional que induce a algunas personas a actuar con infracción de estas normas, movidas por un legítimo deseo de favorecer a sus candidatos, y sin que en circunstancias normales puedan ser consideradas como temerarias o peligrosas, puede comprenderse que sea frecuente en nuestro país la dictación de leyes de amnistía que tienden a beneficiarlas.
El electorado nacional ha adquirido suficiente madurez cívica para hacer frente a la responsabilidad ciudadana que implica participar en eventos de esta naturaleza. Los hechos delictuales que ocurren durante las elecciones son, por lo general, aquellos contemplados en los Códigos Penal y de Justicia Militar, o en la ley de Seguridad Interior del Estado, y no los que tipifica y sanciona la Ley General de Elecciones, los que por lo demás son de una naturaleza muy diferente que los anteriores.
Esta iniciativa legal persigue el propósito de dar una oportunidad a quienes han infringido la ley de elecciones, de que se rehabiliten y no ostenten en sus antecedentes, contravenciones legales cometidas en circunstancias emocionales que de no haber mediado, jamás las habrían realizado y que influyen posteriormente en las actividades que quieran desarrollar.
El proyecto de ley que presento a la consideración del Honorable Senado concede amnistía a todas las personas que son responsables o se encuentran condenadas o actualmente procesadas por delitos cometidos con anterioridad al 16 de julio de 1972, y a aquellos que se encuentren en igual situación por infracción de la Ley General de Elecciones, con ocasión de la elección extraordinaria de esa fecha, por un Diputado por la 4ª Agrupación Departamental.
En consecuencia, tengo a honra proponer al Honorable Senado la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:

Artículo único.- Concédese amnistía a los inculpados, procesados o condenados por alguno de los delitos que describe y sanciona la ley Nº 14.852, General de Elecciones, y sus modificaciones posteriores, que hubieren sido cometidos con anterioridad al 16 de julio de 1972, así como con ocasión de la elección extraordinaria realizada en esta fecha.
(Fdo.): Ramón Silva Ulloa.

12

MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR HAMILTON,CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DISPONE QUE LA CORPORACION DE MAGALLANES, EL INSTITUTO CORFO AISEN Y EL INSTITUTO CORFO DE CHILOE CONTRIBUIRAN AL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN SUS RESPECTIVAS PROVINCIAS.

Artículo único.- La Corporación de Magallanes, el Instituto CORFO Aisén y el Instituto CORFO de Chiloé colaborarán al financiamiento de la educación superior y capacitación del nivel medio en las respectivas provincias.
La Corporación de Magallanes dispondrá, a los menos, da un cinco por ciento de sus entradas anuales para los fines indicados y distribuirá dicho porcentaje de la siguiente manera: un dos por ciento para la Universidad Técnica de Punta Arenas; un dos por ciento para el Departamento Universitario Obrero y Campesino de la Universidad Católica en la misma ciudad, y un uno por ciento para el Instituto de la Patagonia.
Los Institutos CORFO de Aisén y de Chiloé dispondrán, a lo menos, de un tres por ciento de sus respectivas entradas para las actividades del Departamento Universitario Obrero y Campesino de la Universidad Católica en cada una de las respectivas provincias.
Los aportes de la Corporación de Magallanes y de los Institutos CORFO mencionados se harán a las instituciones beneficiadas, a contar del lº de enero de 1973, en duodécimos mensuales, y su inversión en los fines antes señalados será de la exclusiva responsabilidad de los beneficiarios.
(Fdo.): Juan Hamilton D.

13

MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR MORENO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 1° DE LA LEY N° 17.253, EN EL SENTIDO DE QUE LAS MUNICIPALIDADES DE LAS COMUNAS EN QUE EXISTAN FUENTES DE AGUAS MINERALES, PODRAN TRASPASAR DETERMINADOS RECURSOS A SUS PRESUPUESTOS ORDINARIOS.

Honorable Senado:
En el año 1969, las Municipalidades donde se explotaban fuentes de aguas minerales, fueron favorecidas con un impuesto en beneficio municipal que gravaba a cada botella que sé envasara en las respectivas fuentes; impuesto que se debía destinar a financiar un presupuesto extraordinario de obras de progreso comunal.
En efecto, la ley Nº 17.253, publicada en el Diario Oficial de fecha 6 de diciembre de 1969, agregó un inciso tercero a la letra k) de la ley Nº 12.120, artículo 4º, cuyo texto es el siguiente:
En todo caso las empresas envasadoras de aguas minerales pagarán un impuesto de Eº 0,025 por botella de 285 ce. a beneficio de la Municipalidad donde exista la fuente de aguas minerales. Si el envase se hiciera en la proporción correspondiente, la Municipalidad beneficiada deberá destinar estos recursos para financiar un presupuesto extraordinario de obras de progreso comunal de acuerdo a un plan que deberá elaborar anualmente, salvo las Municipalidades del departamento de Iquique, que entregarán los mencionados recursos a la Universidad de Chile, para que ésta financie su sede en la ciudad del mismo nombre.
Esto ha significado que las Municipalidades beneficiadas han podido disponer de un presupuesto extraordinario con ingresos que les han permitido iniciar obras de gran envergadura; pero al mismo tiempo se han visto limitadas ya que su Presupuesto Ordinario es muy escaso y es con dicho presupuesto con cargo al cual pueden contratar funcionarios técnicos, hacer publicaciones, financiar gastos de Secretaría y, en general, mantener una estructura administrativa capaz de sacar adelante los diversos proyectos.
Así es por ejemplo que la Ilustre Municipalidad de Coínco, provincia de O’Higgins, durante el año 1971, en virtud de la ley Nº 17.253, contó con un presupuesto extraordinario de Eº 1.591.352,00 y con un presupuesto ordinario de sólo Eº 354.390,00.
Esto ha significado un grave inconveniente para dichas Municipalidades ya que no pueden realizar adecuadamente las obras de progreso extraordinario, por no contar con la estructura administrativa ni el personal técnico idóneo.
Con el objeto de solucionar este problema, someto a vuestra consideración el siguiente

Proyecto de ley:
Artículo único.- Agrégase el siguiente inciso nuevo al artículo 1º de la ley Nº 17.253:
Las Municipalidades a que se refiere el inciso anterior, podrán destinar mensualmente hasta un 20 % de estos recursos a incrementar su presupuesto ordinario.
(Fdo.): Rafael Moreno Rojas.

14

MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR HAMILTON, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DISPONE QUE CORVI CONSTRUIR MUROS CORTAFUEGO PARA SEPARAR LAS VIVIENDAS DE LA POBLACION FITZ ROY, DE PUNTA ARENAS.

Artículo único.- La Corporación de la Vivienda construirá muros cortafuego para separar las viviendas de la población Fitz Roy, de Punta Arenas, con el fin de evitar o disminuir los riesgos de incendio.
Dichas obras se financiarán con cargo a los excedentes que Corvi percibe de los institutos de previsión y los imponentes beneficiados devolverán a éstos las sumas correspondientes en el término de 10 años, a contar de la fecha de la respectiva recepción municipal, sin intereses ni reajustes.
(Fdo.): Juan Hamilton D.