REPÚBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACIÓN OFICIAL. LEGISLATURA 316ª, ORDINARIA. Sesión 42ª, en miércoles 26 de julio de 1972. Especial. (De 16.15 a 17.40). PRESIDENCIA DEL SEÑOR IGNACIO PALMA VICUÑA. SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO. ÍNDICE. Versión taquigráfica. . I.- ASISTENCIA 2271 II.- APERTURA DE LA SESIÓN 2271 III.- TRAMITACIÓN DE ACTAS 2271 IV.- LECTURA DE LA CUENTA 2271 V.- ORDEN DEL DÍA: Acusación constitucional contra el señor Ministro del Interior, don Hernán del Canto Riquelme 2272 Anexos. 1.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que amplía el escalafón femenino de Orden y Seguridad del Cuerpo de Carabineros 2289 2.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que denomina Diego de Almagro a la calle Callejón Angosto, de Los Andes 2289 3.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que denomina Rector Abdón Andrade Coloma al Liceo de Hombres de La Unión . .. 2290 4.- Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre determinación de las pensiones de jubilación del Servicio de Correos y Telégrafos . . 2290 5.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que beneficia al personal del Instituto de Seguros del Estado 2291 6.- Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre transferencia a actuales ocupantes de sitios que forman la población Ismael Martín Mieres, de San Nicolás 2291 VERSIÓN TAQUIGRAFICA. I.- ASISTENCIA. Asistieron los señores: Acuña Rosas, Américo Aguirre Doolan, Humberto Aylwin Azocar, Patricio Baltra Cortés, Alberto Ballesteros Reyes, Eugenio Bulnes Sanfuentes, Francisco Carmona Peralta, Juan de Dios Carrera Villavicencio, María Elena Contreras Tapia, Víctor Chadwick Valdés, Tomás Duran Neumann, Julio Ferrando Keun, Ricardo Fuentealba Moena, Renán García Garzena, Víctor Gumucio Vives, Rafael Agustín Hamilton Depassier, Juan Irureta Aburto, Narciso Juliet Gómez, Raúl Lorca Valencia, Alfredo Luengo Escalona, Luis Fernando Miranda Ramírez, Hugo Montes Moraga, Jorge Morales Adriasola, Raúl Moreno Rojas, Rafael Musalem Saffie, José Noemi Huerta, Alejandro Ochagavía Valdés, Fernando Pablo Elorza, Tomás Palma Vicuña, Ignacio Papic Ramos, Luis Prado Casas, Benjamín Reyes Vicuña, Tomás Rodríguez Arenas, Aniceto Silva Ulloa, Ramón Sule Candía, Anselmo Teitelboim Volosky, Volodia Valente Rossi, Luis y Valenzuela Sáez, Ricardo. Los Diputados señores: Mario Amello Romo Baldemar Carrasco Muñoz, y Rafael Señoret Lapsley. Y el señor Ministro acusado, don Hernán del Canto Riquelme. Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda, don Orlando Millas Correa; de Justicia, don Jorge Tapia Valdés; de Obras Públicas y Transportes, don Pascual Barraza Barraza; de Tierras y Colonización, don Humberto Martones Morales; y de Salud Pública, don Juan Carlos Concha, y de Minería, don Alfonso David Lebón. Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro. II.- APERTURA DE LA SESIÓN. Se abrió la sesión a las 16.15, en presencia de 21 señores Senadores. El señor PALMA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III.- TRAMITACIÓN DE ACTAS. El señor PALMA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 34º y 35º, que no han sido observadas. (Véanse en el Boletín las actas aprobadas). IV.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor SECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios. Seis de la Honorable Cámara de Diputados, con los cuales comunica que ha tenido a bien aprobar los siguientes proyectos de ley: 1) El que amplía el escalafón femenino de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile (véase en los Anexos, documento 1). 2) El que denomina Diego de Almagro a la calle Callejón Angosto, de Los Andes (véase en los Anexos, documento 2). Pasan a la Comisión de Gobierno. 3) El que denomina Rector Abdón Andrade Coloma al Liceo de Hombres de La Unión (véase en los Anexos, documento 3). Pasa a la Comisión de Educación Pública. El que dispone la forma de determinar el monto de las pensiones de los jubilados del Servicio de Correos y Telégrafos (véase en los Anexos, documento 4). 5) El que establece beneficios para el personal del Instituto de Seguros del Estado (véase en los Anexos, documento 5). Pasan a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 6) El que autoriza al Presidente de la República para transferir gratuitamente a sus actuales ocupantes los sitios que forman la población Ismael Martín Mieres, de la comuna de San Nicolás (véase en los Anexos, documento 6). Pasa a la Comisión de Agricultura y Colonización. V.- ORDEN DEL DÍA. ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MINISTRO DEL INTERIOR, SEÑOR HERNÁN DEL CANTO RIQUELME. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde proseguir el estudio de la acusación deducida por la Cámara de Diputados contra el Ministro del Interior, señor Hernán del Canto Riquelme. El señor PALMA (Presidente).- Puede seguir haciendo uso de la palabra el señor Ministro. El señor DEL CANTO (Ministro acusado).- Señor Presidente, ayer di a conocer mi pensamiento sobre el punto primero de la acusación constitucional. Hoy debo exponer mi criterio respecto del punto segundo, referente a Vinculación con supuestos delitos comunes de contrabando o fraude. Por mandato constitucional, el Senado de la República debe emitir un pronunciamiento sobre culpabilidad; es decir, debe cumplir una función enteramente jurisdiccional. Los señores Senadores que me escuchan deben colocarse, entonces, en la posición moral del juez. Esto significa que las personas que habrán de resolver, como acontece con todo tribunal de derecho, deberán formarse la convicción, más allá de toda duda razonable, de que el Ministro acusado incurrió en conducta dolosa o ilegítima. Dije sobre el particular en mi defensa ante la Cámara: Con calculada perfidia y falta de escrúpulos, los acusadores han querido añadir a sus imputaciones políticas algún elemento sórdido y deshonroso, con el propósito evidente de dañar la imagen moral del Ministro y del Gobierno. Nada más fácil, cuando existe tal ánimo, que insinuar que la autoridad está comprometida, de algún modo, con la perpetración de un delito común, y todavía más seductor resulta si el asunto, como acontece con el contrabando y el fraude, suscita imágenes dudosas sobre la probidad en materia económica del Ministro acusado. La materia, como se sabe, concierne a, una supuesta intervención del Ministro del Interior en la internación de unos bultos traídos al país en un avión de la Empresa Cubana de Aviación. A este respecto se da por supuesto que existió algún delito y que el Ministro tuvo alguna responsabilidad, cuando menos la calidad de cómplice. Como se ve, los propios acusadores no las tienen todas consigo sobre la clase de responsabilidad y la clase de delito de que se me acusa. Ayer o anteayer un Diputado expresó en: esta Sala, responsablemente creo yo que no se ponía en duda la honorabilidad del Ministro del Interior. Y otro Diputado, sobre la base de juntar argumentaciones y declaraciones contradictorias, dijo que le daba mucha, no pena, sino lástima, plantear un problema de este tipo en el Senado de la República. Debo decir que no me alcanzan las palabras que mucho han repetido los diarios del país acerca de ese supuesto fraude o contrabando. Y no me alcanzan, porque en ninguna de las declaraciones que leyó el Diputado señor Carrasco durante el día de ayer se sostiene la imputación qué se me hace en la acusación, de haber presionado a funcionario alguno de la aduana para internar bultos que constituirían contrabando. Creo que, al margen de la pasión política, no sólo ha quedado demostrada ante el país mi inocencia, sino también la absoluta falta de seriedad y responsabilidad en que se ha incurrido al imputarse, no a un Ministro del Interior exclusivamente, sino a un chileno, un delito tan serio como el señalado. Estimo que los tribunales competentes demostrarán lo que sostengo hoy en el Senado, sin hacer uso, indudablemente, de los elementos pasionales que pusieron en la acusación algunos sectores políticos. Y agrego en mi defensa ante la Cámara: La acusación descarta que el Ministro del Interior pueda concurrir al aeropuerto con fines legítimos. El único objetivo posible dicen era el de hacer despachar en forma irregular los referidos bultos, sin que haya aparecido siquiera otra explicación de su presencia en el aeropuerto. Hice constar, a través del oficio que envié a la Contraloría General de la República, el 11 de abril de 1972, que el día indicado concurrí a Pudahuel con el fin de esperar a la señora Directora Nacional de Arte de Cuba ilustre personalidad de la cultura cubana, que además venía encargada de una comisión de maestros pintores de esa nacionalidad que por primera vez habrían de exhibir en Chile aprovechando esa oportunidad para recibir también al Director General de Investigaciones, quien viajaba en el mismo avión. Sí, señores Senadores: concurrí al Aeropuerto de Pudahuel. No lo he negado ni ante la Contraloría, ni ante la Comisión Investigadora de la Cámara, ni ante la Sala de ésta, ni ante el tribunal aduanero, ni ante los tribunales ordinarios de justicia, porque nada tengo que ocultar a este respecto. Añado en mi defensa: Nada tiene, pues, de sorprendente la incredulidad de mis acusadores. Durante sus Gobiernos los Ministros concurrían a saludar a banqueros y jefes de consorcios internacionales. No aciertan a comprender que para nosotros merezca más respeto la Directora Nacional de Arte de Cuba. Pretenden los autores del libelo acusatorio que he forzado o presionado a funcionarios aduaneros para que desconocieran la potestad de la ley. Esta es una burda invención. Nadie se ha atrevido a aseverar, sea ante la Contraloría General de la República, sea ante la Comisión de la Cámara, que yo dispuse o pedí que se despachara el equipaje destinado a la Presidencia de la República infringiendo las leyes. Me limité a formular la petición de que se cumpliera esta vez con los procedimientos de cortesía habituales para estos casos, sin que ello significara, por cierto, la infracción de normas legales. La justicia ordinaria investiga, en la actualidad, la totalidad de los hechos. Ella habrá de establecer si hubo alguna irregularidad, algún delito o algún perjuicio para el Fisco o el país. Mientras esto no acontezca constituye un abuso sin precedentes la utilización de este asunto como un pretexto para denostar a las autoridades del país. Una elementa] prudencia y un elemental patriotismo debieron detener a los que fraguaron este acto de aventurerismo político. El Ministro del Interior no es alcanzado por esta provocación, pero sí esta clase de infundios y politiquerías hieren a nuestra institucionalidad democrática, desacreditan a sus autores y a los partidos que subordinan la honra de las personas y el prestigio de nuestra democracia a sus pasiones y pequeños intereses. Señores Senadores, espero que mañana, cuando los tribunales competentes de nuestro país se pronuncien sobre este asunto quiero decir esto aquí y no en otro lugar, quienes han tenido la irresponsabilidad de imputar hechos personales a un Ministro de Estado tengan también el vigor y la claridad suficientes para reconocer en forma pública el delito de calumnia e injuria en que han incurrido. Los hombres pasan; las instituciones quedan. Y cada uno de nosotros debe responder de sus actos frente a los hombres y mujeres de este país. Sin duda, nosotros también lo haremos cuando corresponda, porque tenemos la conciencia limpia y una moral a prueba, porque sabemos lo que hacemos y porque estamos conscientes de que nada de esto nos alcanza en lo personal. Tenemos la seguridad de que mañana, cuando se esclarezcan los hechos, ninguno de los acusadores reconocerá públicamente que se me ha hecho una imputación calumniosa. Y si alguno lo hiciere, representaría un paso gigante para la democracia chilena. Ha habido muchos gobernantes en este país. Numerosos hombres han pasado por estos mismos problemas; a muchos se los ha acusado. Sin embargo, de algún modo la ciudadanía y la historia los han eximido de culpabilidad. Espero que ello acontezca en esta ocasión, porque tengo mi conciencia limpia y porque he cumplido con mis principios, con mis posiciones, con una causa por la cual he luchado toda una vida; no una larga vida, porque no soy tan viejo. Espero que la justicia aclare estos hechos y que como lo dijo algún partido mediante una declaración pública, al pronunciarse para juzgar políticamente o por un delito a un Ministro de Estado, se atenga a esas declaraciones, a esos principios, a esos planteamientos. Señor Presidente, el tercer punto que se plantea en la acusación constitucional se refiere a Atropello a garantías constitucionales que protegen el ejercicio del periodismo. En mis descargos expuse lo siguiente: Los mismos que persiguieron a la prensa obrera, manejaron durante generaciones y siguen haciéndolo a través de los medios de comunicación de masas que controlan sus empresarios, las mentes de las personas a través de la información distorsionada y la injuria procaz, tienen la impudicia de acusar al Ministro del Interior de atentar contra la libertad de prensa por el hecho de haber ejercitado acciones legales contra algunos de sus plumarios. Presentar requerimientos para que la justicia se pronuncie es una facultad legal que el Gobierno ha usado y seguirá usando contra todos los que de una u otra manera se encuentran comprometidos en afanes sediciosos; incluyendo, por cierto, a los que ensucian con sus felonías la alta función de informar e ilustrar a través Se la prensa. Ni un solo periodista ha sido ni será objeto de acciones de ninguna clase por el Gobierno popular debido a sus discrepancias o a su oposición democrática, por áspera y dura que sea ésta. Pero seremos asimismo implacables en reclamar el castigo de los injuriadores, de los que hacen de la mentira y del vilipendio su profesión habitual. En mi exposición escrita a la Cámara de Diputados, agregué un conjunto de informaciones, que no repetiré, pues supongo que los señores Senadores las conocen, que no sólo afectan a las posiciones políticas. Por lo demás, en ese caso no se trataría de un hecho grave. Sin embargo, si se desea discutir sobre la base de planteamientos ideológicos, políticos o doctrinarios entre personas que tienen distintas concepciones de la vida, del Estado y de la sociedad, estamos dispuestos a hacerlo. No tenemos temor a la discusión profunda de los problemas del país. Si hay que discutir sobre los temas del desarrollo económico, hagámoslo. Si hay que discutir sobre la burocracia, que aún impera en importantes organismos del Estado chileno, discutamos. Si hay que debatir las vías que emplearemos para construir una nueva sociedad, analicémoslas. Si hay que dialogar, señores Senadores, sobre los problemas internacionales y su incidencia en la vida de nuestra sociedad chilena, aboquémonos a ello. Pero no transformemos a la prensa de nuestro país, a nuestro periodismo, en una profesión que rebaje a los propios periodistas. Hoy son los gobernantes de la Unidad Popular quienes, diaria y sistemáticamente, están siendo injuriados. Mañana, en nuestro régimen democrático que establece las elecciones periódicas, puede tocarle a otros. Nosotros pensamos que se debe contribuir a elevar en el país la discusión ideológica, política y doctrinaria. El Colegio de Periodistas me ha manifestado que ellos están por hacer esa campaña, por considerar que se ha rebajado a límites extremos la condición del periodismo chileno. Esa institución gremial, la mayoría de cuyos componentes no comparte los criterios del que habla, me ha manifestado esto en reiteradas oportunidades y se lo ha dicho al país en diversas ocasiones. Pero no es posible, señores Senadores, que algunos periodistas, ensuciando su condición de tales, se dediquen todos los días, a cada instante, a colocar títulos que nada aportan al chileno, que en nada contribuyen a la discusión, que en nada ayudan al desarrollo de las instituciones democráticas, que en nada colaboran al debate para resolver los problemas sociales, económicos y culturales de nuestro pueblo. Señores Senadores, al margen de la acusación constitucional y del juicio que cada uno tenga sobre ella, hace falta que todos, a mi juicio, en alguna medida, contribuyamos a elevar la condición de lo que es la libertad de pensamiento. No la libertad para injuriar, sino la libertad para informar, para defender posiciones. Encuentro legítimo que algunos diarios del país, como El Mercurio y otros, defiendan el sistema capitalista, protejan los intereses de grupos que han controlado a nuestra nación, su economía y su institucionalidad. También encuentro legítimo que El Mercurio defienda a su propietario, el señor Edwards, que ha debido irse del país. Asimismo, considero legítimo que ése y otros diarios planteen que en Chile no debe expropiarse la tierra. En resumen, encuentro legítimo que ellos defiendan una concepción atrasada de lo que es la sociedad y que, inclusive, se den el lujo de sostenerla enfática, categórica y claramente, porque eso forma parte de la democracia chilena. Sin embargo, no considero legítimo que en un diario de la cadena de El Mercurio se diga a priori, sin contar con todos los antecedentes, que un Ministro de Estado es contrabandista, pues con esa forma de proceder ya di un ejemplo y puedo señalar muchos más, el día de mañana se podrá decir cualquier cosa en los diarios sobre cualquier persona de este país, sea dirigente o no lo sea, sin que se responsabilice de esa información al periódico que la publicó ni a su director, por haberse expresado los conceptos dentro del recinto parlamentario, ya que la inmunidad de los congresales no permite que alguien pueda querellarse en su contra. De esta manera, podemos caer por la pendiente de rebajar el periodismo a extremos ilimitados, y yo creo que ningún ciudadano de nuestro país lo desea. Como es indudable, la inmensa mayoría de Chile no comparte el periodismo practicado por algunos diarios como La Segunda y Tribuna. No me refiero a todos, porque también es indudable que hay algunos que concuerdan con este sistema para informar y para emitir juicios políticos. Entre los que atentan contra la seguridad del Estado y el orden público, hay algunos cuyos antecedentes personales, o las circunstancias en que perpetran sus fechorías, pueden hacer surgir sospechas vehementes de que si no se procede con celeridad, burlarán la acción de la justicia, por la demora en pedir la orden de detención de la autoridad judicial. Ello es particularmente verosímil cuando la publicación coincide con manejos sediciosos, en cuyo contexto se encuentran inscritas las publicaciones provocativas y, muy en especial, si el autor del infundio o de la injuria tiene características personales que no lo hacen digno de fiar. Durante el Gobierno del señor Frei, un Senador democratacristiano dijo que La Segunda era el diario que encabezaba la conspiración golpista en nuestro país. Esa persona sigue en su condición de Senador y de militante del Partido Demócrata Cristiano. Y el diario La Segunda ha continuado con esa campaña; ayer contra el Gobierno del señor Frei, hoy contra el de Salvador Allende; y seguirá en ella, porque sus propósitos finales son ésos: el golpismo. Quien en el pasado defendió ideas progresistas, quien en el pasado era un ferviente agitador revolucionario y sostenía la necesidad de implantar el socialismo como sistema de vida en nuestro país, hoy se dedica, desde las páginas de su diario, a motivar y a instigar el golpismo. Cuando esto último se hizo, nosotros lo repudiamos y movilizamos, como dirigentes sindicales, a los obreros, a los campesinos y a los trabajadores. Y le aseguro al Diputado señor Carrasco que eso constituye una honra para mí; se lo expresé ayer y lo repito ahora: a pesar de haber sido procesados por la Administración anterior, como dirigentes de la CUT movilizamos al pueblo cuando hubo que enfrentar al señor Viaux y el golpismo del diario La Segunda, porque había que barrer con todo lo que era golpismo y sedición. Así se explica que en el Gobierno anterior, por una publicación de prensa, haya sido detenida toda la directiva del Partido Nacional, con el hoy Senador García Garzena a la cabeza, precisamente en virtud de la facultad discrecional que concede a los Intendentes el artículo 49 de la ley de Régimen Interior, en armonía con el Código de Procedimiento Penal. Aunque por la vía del recurso de amparo estas personas recuperaron su libertad, a nadie que sepamos se le pasó por la mente acusar al Ministro del Interior. . No dudo de que el sabio legislador burgués, cuando dotaba a la autoridad de estas atribuciones, nunca soñó que los trabajadores llegarían al Gobierno y, por ende, que el yunque pudiera ser martillo. Centenares de trabajadores, dirigentes políticos y periodistas de Izquierda conocieron la cárcel por la aplicación de preceptos legales que hoy se han vuelto abominables. Hace sonreír que los autores de cuanta acción represiva y liberticida ha sufrido nuestro pueblo se esfuercen en colocarse encima la piel de oveja y derramen abundantes lágrimas por los indecibles padecimientos de nuestra democracia. Con razón decía Carlos Marx que, en la historia, los hechos suelen darse repetidos; la primera vez como tragedia, la segunda como farsa. Señor Presidente, esta acusación fue fraguada para lograr, entre otras cosas, que nuestro pueblo se exaspere con los provocadores y pierda su disciplina y su serenidad en la tarea revolucionaria, de dimensiones históricas, en que está empeñado. No lo han conseguido ni lo conseguirán. La solidaridad multitudinaria de los trabajadores para con un Ministro del pueblo acusado injustamente, se ha expresado, antes que nada, en la firme determinación de seguir, en forma implacable, pese a quien pese, en el cumplimiento del programa de la Unidad Popular, para abrir el camino al socialismo. El pueblo sabe reconocer a sus enemigos. Como miembro del Consejo Directivo Nacional de la Central Única de Trabajadores, fui condenado bajo el Gobierno anterior por mi responsabilidad en el memorable paro nacional contra los chiribonos. Me enorgullezco de esa condena, como ahora de esta acusación. Quiero decir al Senado de la República que no tengo temor a esta acusación. No lo tuve cuando ella se anunció ni cuando se aprobó en la Cámara de Diputados. Tampoco lo tendré mañana. Tengo una responsabilidad exclusivamente, y ella es sólo para con el pueblo, con una clase social a la que quiero y a la que pertenezco: construir el socialismo. Esa responsabilidad es para realizar una tarea: la revolución. Esa responsabilidad es para con los de mi origen: los trabajadores. Hay quienes piensan que, por el hecho de que un Ministro trabajó durante ocho años como obrero y después como empleado, no tiene derecho a cultivarse, a comprender la vida, a elevar su nivel cultural. Señores Senadores, yo no vengo aquí a hacer una defensa, sino a exponer mis puntos de vista. Estoy en el Senado para decirle a la Derecha que ellos sí que tienen responsabilidad en muchos hechos luctuosos existentes a lo largo de la historia de nuestro país; que ella ha masacrado obreros, y que ha perseguido y relegado periodistas. He venido al Senado no como acusado, sino como acusador de quienes han tenido la desdicha, para ellos, de creer que con esto atemorizan a un hombre; que por este medio pueden coartar el trabajo y el papel de un Gobierno revolucionario y democrático; que mediante este método pueden doblegar una política que significa no masacrar al pueblo. Los señores Diputados acusadores han sido divertidos en algunas partes de sus intervenciones. Se nos acusa de no dar la fuerza pública en determinadas circunstancias, pero también se nos acusa de concederla en otras. Como alguien dijo: Palos porque bogas, y palos porque no bogas. También se nos acusa de haber movilizado a Carabineros para sacar a los huelguistas de los Ferrocarriles del Estado. Sin embargo, se olvida que en esa institución desempeñaba la función de interventor un militar, el general González. Los funcionarios tenían tomadas las oficinas de Ferrocarriles. Y como el interventor debía entrar a ellas, pidió el auxilio de la fuerza pública, como correspondía. ¿Acaso se piensa que no deberíamos haberla proporcionado en circunstancias de que el interventor militar ni siquiera podía entrar a su despacho? Cabe destacar que no se produjo un sólo incidente, a diferencia de lo que ha dicho algún señor Diputado en la Cámara. Esa es una imputación falsa. Nosotros cumpliremos, como siempre lo hemos hecho, y en forma oportuna, con la decisión de operar con dos métodos: convencer a los trabajadores cuando están equivocados en determinadas etapas de las luchas que llevan a cabo, o sea, persuadirlos, pero, al mismo tiempo, aplicar la autoridad como corresponde en un momento dado, porque el poder del Gobierno popular se aplica de acuerdo con sus principios, de acuerdo con sus concepciones. La efectividad de las autoridades de cualquier país se funda en que éstas sepan resolver los conflictos que se les plantean, que sepan actuar en los momentos oportunos. El poder no consiste, como algunos quisieran, en la represión, en la masacre. Las experiencias en ese sentido han sido trágicas para el país. Como dijo cierta vez un Ministro de otro Gobierno, se sabe cuándo comienza la represión, pero se ignora cuándo puede terminar. Este ha sido nuestro criterio. Hoy estamos planteando aquí nuestra opinión, nuestra palabra. Como lo dije ayer, lo digo hoy y lo repetiré permanentemente, sólo el pueblo será el juez de quienes gobiernan el país, y sólo el pueblo, indudablemente, responderá ante acusaciones como ésta, que tienen por objeto dañar un proceso de cambios, detener las transformaciones sociales, perjudicar a la gente, dañar, en definitiva, a quienes tienen responsabilidad en la conducción de un país. No fui a la Cámara a defenderme. Pero no fue por temor a ninguno de los Diputados, ni por temor a discutir o plantear mis puntos de vista públicamente ante ellos. No lo hice porque sintiera temor de decir lo que pienso. Creo que se está haciendo mal uso del Parlamento. Estimo que se está jugando con él, que se lo está desprestigiando. Me parece, honradamente, que se está yendo por un camino incorrecto: como lo anunció alguien, se trata de acusar no a un hombre, sino a una conducta. Así lo dijo, tan simpáticamente, un Diputado marxista leninista de Gobierno. Las doctrinas no tienen por qué ser repudiables, aun cuando ellas no se compartan. Las doctrinas son comprensibles y respetables. Debe respetarse a quienes han escrito la historia del mundo, aunque no se concuerde con sus puntos de vista. Ser marxista no es una deshonra. En 1971, el 40% del electorado nacional votó por los candidatos marxistas a regidores. Representantes de dos partidos de esta tendencia han participado desde hace muchos años en este Parlamento. ¿Por qué, entonces, abominar tanto de una concepción que quiere transformar la sociedad y liberar al ser humano? ¿Por qué no combatir estas ideas y posiciones también con ideas y posiciones? ¿Por qué calumniar, injuriar y lanzar acusación tras la acusación sólo para ir desprestigiando a un Gobierno, a una posición política? ¿Por qué no luchar de otra manera: en los sindicatos, en los centros de madres, en las juntas de vecinos, en las universidades? ¿Por qué no plantear allí los puntos de vista de cada cual? ¿Por qué no esperar que el Gobierno realice su programa como corresponde, discutiendo y polemizando con él, pero no destruyendo y desprestigiando demagógicamente, a veces hasta tortuosamente? No fui a la Cámara, pero he venido al Senado porque creo que esta Corporación escucha más, escucha con respeto, tal como yo he escuchado con respeto algunas intervenciones, construidas sobre bases falsas, por las cuales se pretende sostener esta acusación. Reitero: tengo mi conciencia tranquila. Espero que el Senado resuelva como lo estime más conveniente. El pueblo dará mañana su opinión sobre esa decisión. El señor PALMA (Presidente).- En conformidad al artículo 180 del Reglamento, ofrezco la palabra a los Diputados que sostienen la acusación, que disponen, en conjunto, hasta de media h para replicar la contestación del señor Ministro. El señor ARNELLO (Diputado acusador).- Pido la palabra. Señor Presidente, Honorable Senado: estimamos que un Gobierno es democrático cuando, en su ejercicio, en sus funciones, se atiene a la legitimidad, esto es, cuando actúa respetando las normas constitucionales y las leyes, cuando las autoridades ejercen el poder en cumplimiento estricto de las disposiciones que juraron o prometieron cumplir y hacer cumplir. Tales normas lígales, a diferencia de lo que parece creer el señor Ministro, deben acatarse: debe otorgarse el auxilio de la fuerza pública cuando corresponde, y no sólo cuando lo solicita un General de Ejército designado interventor frente a una huelga. También debe concederse cuando lo pide un modesto juez o cuando un modesto campesino ha sido despojado de lo que le pertenece, cuando se han atropellado sus derechos y se ha invadido su morada, o cuando, en fin, se encuentra indefenso frente a la acción de grupos armados de delincuentes. No es tan simple eludir la responsabilidad que significa no aplicar la ley, no ejercer el mandato que implica el cargo de Ministro del Interior, que en hechos de esta naturaleza debe conceder siempre el auxilio de la fuerza pública, y no sólo cuando lo requiere una autoridad militar. No es efectivo que esta acusación constitucional exceda o desvirtúe las atribuciones que la Carta Fundamental nos otorga a los Diputados. Por el contrario, se ha presentado precisamente porque estimamos que se ha infringido la Constitución, se han atropellado las leyes o no se las ha cumplido; porque se ha abusado del poder gravemente y porque se ha afectado en forma seria la seguridad nacional. En la defensa expuesta por el señor Ministro tanto ayer como hoy, ha insistido en algunas afirmaciones que no se compadecen con la realidad, en cuanto ha pretendido imputarnos un propósito de persecución hacia el pensamiento marxista o hacia determinadas concepciones doctrinarias. Ello no es efectivo. En cambio, el señor Ministro sí que ha tergiversado los hechos y ha pretendido usar en su provecho, por ejemplo, un lamentable suceso delictual, que condenamos enérgicamente cuando ocurrió. Me refiero al caso concreto de la muerte de Hernán Mery, ocurrida en Linares, de la cual, el señor Ministro pretende sacar una conclusión adversa para todos los agricultores o latifundistas ; para toda la Derecha y el Partido Nacional, a quienes pretende inculpar en este suceso. Los señores Senadores y el señor Ministro deben tener respeto por el pueblo de Linares. Pues bien, he de decirles claramente en este instante que por la voluntad de la ciudadanía de Linares, manifestada en la elección de un Diputado del Partido Nacional el señor Sergio Diez, que felizmente está presente en estos momentos, fue derrotada la candidata que levantó la Unidad Popular pretendiendo explotar en forma inicua el hecho señalado. Esto demuestra que el pueblo de esa provincia no comparte ni las acusaciones ni la liviandad de los cargos formulados por el Ministro a este respecto. El día de ayer, siempre en su afán de tratar de inculpar en un virtual complot al partido a que pertenecen los Diputados que dedujeron la acusación lo que es más grave, también a la Corte Suprema y al Poder Judicial, el señor Ministro citó un caso que vale la pena recoger, porque demuestra claramente la absoluta carencia de fundamento de los hechos que él ha denunciado. Se refirió a las personas que trabajaban en los clubes sociales calificados como empleados domésticos, y respecto de las cuales hubo un fallo de la Corte Suprema que las consideró como tales y no como obreros. Al respecto, debo manifestar que no era sólo la Corte Suprema quien participaba de esta interpretación de las normas legales vigentes en ese entonces, sino también otros organismos del país. Aún más, el asunto no afectaba únicamente a los que trabajaban en el Club de la Unión, sino también a quienes prestaban servicios similares al propio Estado en la manipulación de alimentos y en otras labores de esta especie. Así sucedía, concretamente, con personal de las escuelas públicas. Pues bien, frente a este hecho, frente a la discrepancia jurídica producida, se dictó una ley que interpretaba las normas vigentes y terminaba así con toda posibilidad de discusión al respecto. Debo reconocer con honestidad que quien inició ese proyecto en la Cámara fue la Diputada Mireya Baltra. Su moción contó con nuestra amplia aprobación en la Comisión de Trabajo, al extremo de que ella misma me solicitó que fuera yo el Diputado informante del proyecto ante la Cámara. Así lo hice con mucho agrado, y obtuvo un amplio apoyo para la iniciativa, que posteriormente también acogió el Senado. En consecuencia, no ha habido esa especie de complot siniestro que el señor Ministro nos supone en contra de algunos trabajadores. En el caso concreto antes mencionado, repito que no se trataba sólo de personal del Club de la Unión, sino, principalmente, de gente que prestaba sus servicios al Ministerio de Educación. En otra parte de su intervención, contrariando lo que constituye la historia de nuestro país, nuestra tradición nacional, el señor Ministro ha pretendido demostrar que ella es sólo un cúmulo de actos contrarios a la ley, contrarios a la moral, contrarios al respeto y a la dignidad de las personas y de los trabajadores. Esto debo rechazarlo terminantemente, porque, como sostuve ayer, la historia de Chile no es una constante de actos de esa naturaleza, si bien algunos de esos hechos se han producido por dolorosos accidentes. Al contrario, nuestra historia es un ejemplo de esfuerzo comunitario, de esfuerzo ciudadano por dar al país dignidad y legalidad, de respeto a los derechos de todas las personas, y de fomento de las posibilidades de desarrollo cultural, económico y social de todos los sectores. Si hay algo de lo que se pueden enorgullecer quienes representan la herencia de los partidos históricos de este país, es de lo que ha sido la historia de Chile como creación social, como formación de una clase media mucho más vasta y amplia, con mucho mayor concepto de sus derechos y de su dignidad que las que existen en muchas naciones europeas que han conocido, desde hace cincuenta años, lo que constituye el marxismo. Por consiguiente, estas afirmaciones también deben ser rechazadas. Frente a la explicación de lo que constituye la filosofía del Gobierno en materia de no recurrir a las normas que legalmente debe aplicar en lo relativo a mantener el orden público, resguardar la seguridad y tranquilidad de la población, el señor Ministro vuelve a insistir en que los hechos que turban dicho orden público y alteran la tranquilidad y seguridad de miles de personas a lo largo de Chile constituyen un acontecimiento que emana de las condiciones sociales y que, en consecuencia, no son actos delictuales, sino un verdadero levantar de los oprimidos, , por así decirlo. No recuerdo exactamente las palabras del Ministro, pero sí las que empleó el Presidente de la República en su Mensaje. Sin embargo, debo hacer presente al Senado que en este terreno el Gobierno incurre en abierta contradicción: Esta Corporación recibió el veto del Jefe del Estado que modifica disposiciones de un proyecto de ley enviado por el propio Ejecutivo, mediante el cual se pretende aumentar la actual pena de multa que se aplica por ocupaciones de predios rústicos o de inmuebles destinados a la habitación, a la de prisión. Pues bien, el señor Ministro parecía no dar relevancia a esos delitos por el hecho de ser causales, en la actualidad, sólo de pena de multa. El señor Ministro de Justicia presente en la Sala, que ha firmado ese veto, tendrá que reconocer que ésa es una iniciativa del Gobierno, y en el veto se propone repito sancionar con pena de prisión ese delito que hoy día sólo tiene la de multa. En consecuencia, yo pregunto a los Honorables Senadores si este hecho revela que el Gobierno no considera menester sancionar los delitos de esta especie; si este hecho no revela que es necesario terminar con la comisión de delitos que se han ido multiplicando a lo largo del territorio en el último tiempo, al extremo de significar grave quebrantamiento de la seguridad del país, del orden público y de la paz social. O acaso, cuando se cometan estos delitos, una vez dictada la ley en referencia, ¿tampoco se pondrá en práctica lo que su articulado dispone so pretexto de que ello provocaría una masacre o significaría reprimir al pueblo? Si ya hemos dicho y sostenido que, a nuestro juicio, el pueblo no está representado por los grupos armados u organizados que cometen este tipo de delitos a lo largo de Chile. Ellos no representan al pueblo. Por el contrario, son elementos que ofenden la legitimidad de un ordenamiento jurídico que el país se ha dado por medio de sus representantes legítimos. El señor Ministro pretende que la conducta del Gobierno, puesta en práctica por la Secretaría a su cargo, ha evitado la violencia y las muertes que el país ha experimentado en otras ocasiones. Por desgracia, no ha sido así. Hay una larga lista de 25 personas que han muerto por actos de violencia ocurridos durante la actual Administración, como consecuencia del incumplimiento de las normas constitucionales y legales que rigen la mantención del orden público y que resguardan debidamente la tranquilidad y seguridad de la nación. La lista en referencia, la encabeza el obrero Juan Félix Leiva Riquelme. A continuación figura doña Antonieta Maachel, que se suicidó en su predio, en la ciudad de Valdivia, el 29 de noviembre de 1970, en circunstancias de que había sido secuestrada por ocupantes miristas de dicho predio. Aparecen, en seguida, los nombres de Amoldo Ríos, muerto en la ciudad de Concepción; Rolando Matus, muerto por ocupantes extremistas que se apoderaron de un pequeño predio inferior a tres hectáreas; Raúl Méndez; Tomás Gutiérrez; Edmundo Pérez Zujovic; Mario Marín Silva; Gerardo Romero Infante y Carlos Pérez Bretti, todos ellos como consecuencia de actividades de grupos armados, algunos de cuyos integrantes fue ron indultados anteriormente por decreto de insistencia del Gobierno del señor Allende; los dos hermanos Rivera Calderón; Juan Millalonco; Gilberto González Gómez; Moisés Huentelaf; Enrique Hernández Jerez; Francisco Cheuquelén Melín; Ramón Segundo Cheuquelén; Raúl Quezada Moreno; Manuel Escobar González ; Nibaldo Soto Alarcón; Romilio Maturana; Enrique Núñez Alvarez; Eladio Caamaño Sobarzo; Arturo Mardones y José Navarro Hurtado. Estas son las víctimas de la tolerancia, de la impunidad con que el Ministro ha permitido que actúen grupos armados extremistas que se han colocado al margen de la ley, o del verdadero amparo que se les ha prestado. El señor Ministro no ha dado respuesta a los cargos en que se funda la acusación. Repite un lenguaje que no corresponde a quien tiene la responsabilidad directa de esos actos. Bastaría recordarle algunas de sus afirmaciones en la concentración realizada en la plaza MonttVaras, donde él cree no haber injuriado al Parlamento ni al Poder Judicial. Pero la verdad es que allí participaron personas que hicieron toda clase de cargos y lanzaron toda clase de amenazas e imputaciones. Por su parte, el señor Ministro no dejó de hacerlo cuando le tocó intervenir. No son los preceptos legales de la ley de Seguridad Interior del Estado ni del Código Penal los que han sido abominados. Lo es, a nuestro juicio, la conducta del Gobierno y, particularmente, la de las autoridades de Gobierno Interior, que dependen de ese Secretario de Estado, las cuales cumplen disposiciones legales y las ejercitan en contra de quienes discrepan del Ejecutivo, y no lo hacen, en cambio, frente a los delitos de sectores que de una u otra manera lo apoyan, o que de uno u otro modo comparten su posición política. En consecuencia, y frente a sus afirmaciones yo quiero preguntarle: ¿qué sanción ha ordenado el Ministro del Interior para el Subdelegado de Fresia por la actuación que le cupo y que instigó en el hospital de aquella localidad? ¿Qué sanciones aplicó al Intendente de Santiago o al Gobernador de Melipilla, como consecuencia de que éstos impidieron a Carabineros cumplir las instrucciones del juez? Y no es efectivo, como ha dicho el señor Ministro, que no existe sobre este hecho antecedente alguno fundado, por escrito. Certificado por notario, consta en las actas, señor Ministro, que eso ocurrió y que Su Señoría indicó concretamente que habían dado órdenes a Carabineros específicamente, a don Enrique Villarroel, el Intendente de Santiago y al Subsecretario de Justicia, a fin de no detener a las personas que ocupaban el juzgado de Melipilla. Repito: entre los antecedentes que posee la Comisión consta el certificado del notario de Melipilla, a que me he referido. Podríamos insistir en señalar, uno tras otro, todos los hechos, todas las actuaciones en que se ha delinquido y en que no se ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y constitucionales que corresponden. El señor Ministro tampoco ha podido decir por qué, durante 15 días, no manifestó que estuvo en Pudahuel en la oportunidad en que llegó el cargamento traído en un avión de Cubana de Aviación, ni por qué el Jefe del Estado demoró 45 días en asumir la responsabilidad por el contenido de esos bultos, el que hasta hoy día no se conoce. El señor PALMA (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Honorable Diputado señor Carrasco. El señor CARRASCO (Diputado acusador).- Señor Presidente, quiero empezar diciendo que las inconsecuencias son funestas para las personas, cuando éstas no saben atenerse siempre a una misma actitud. Ayer dijimos que para nosotros era un hecho doloroso, no por el señor Ministro, sino por el tipo de delitos a que teníamos que referirnos, tener que analizar esta acusación a una persona que ocupa tan alto cargo. Expresamos que nada personal nos anima en contra de ese Secretario de Estado, ya que ni siquiera lo conocíamos personalmente, y que sólo nos impulsaba la obligación de asumir nuestra responsabilidad de expresar hechos objetivos, de los cuales sólo fuimos portavoces en un momento determinado ante esta Corporación. Esos hechos no fueron desvirtuados por el señor Ministro, quien hasta pretendió negar declaraciones de trabajadores a los cuales el señor Del Canto se jacta de representar. Será la justicia la que se pronuncie en definitiva con relación a los delitos que imputamos al señor Ministro; pero para ello era necesario este antejuicio del Senado, y en eso estamos ahora. Sólo pedimos que sean los tribunales ordinarios de justicia los que se ocupen en el proceso, si es que el Senado aprueba la acusación, y que no se pretenda, como se está haciendo en este momento, con triquiñuelas, desconocer la competencia de aquéllos para llevar el asunto a otros tribunales que dirigen funcionarios de la confianza del Gobierno. Esperamos que cuando la justicia ordinaria dictamine, no empecemos nuevamente con la monserga de que esta justicia nuestra es clasista, burguesa, y desconozcamos sus fallos. Porque la justicia en este país, para algunas personas, es buena cuando falla a su favor, y es mala cuando las condena. Respecto de la prensa, queremos ser muy claros. Rechazamos el uso de la ley de Seguridad Interior del Estado como sistema para acallar a los periodistas deteniéndolos preventivamente. El Colegio Nacional de Periodistas no dijo lo que, según el señor Del Canto, expresó sobre el particular. Por lo contrario, fue muy claro en condenar la actitud del Ministro del Interior. El Colegio Nacional de Periodistas concuerda con el señor Del Canto en otras cosas que analizaremos después. También queremos ser muy nítidos y decir que el señor Ministro no está autorizado para hablar aquí del abuso de la función periodística. Yo pregunto al Senado, ¿quiénes han sembrado vientos para recoger ahora tempestades en lo relativo al abuso de esa función? ¿Qué diría aquí Edmundo Pérez, si pudiera levantarse de su tumba, respecto de cómo se lo trató y cómo se fomentaron odios que indujeron a asesinarlo? ¿Qué dijimos nosotros los democratacristianos, años atrás, cuando reclamábamos a los partidos del actual Gobierno sobre esta operación que yo considero criminal? ¿Cómo se atreve ahora el señor Ministro a pedir ponderación, cuando basta leer algunos diarios oficialistas tengo a la mano un ejemplar de Puro Chile para apreciar cómo se denigra y calumnia, día a día y sistemáticamente, a personas honorables y a las funciones que éstas cumplen? Porque aquí no se respeta a nadie. ¿Cuántos de los señores Senadores aquí presentes no han sido ultrajados por diarios de Gobierno, por periódicos que dirigen hombres de Gobierno, por diarios que representan el pensamiento oficial del Ejecutivo, como es por ejemplo, La Nación, o como la Televisión Nacional? ¿Cómo se puede entonces, con esos principios, venir a exigir ahora a los periodistas que depongan esa actitud si no se comienza por dar el ejemplo impartiendo órdenes para que esta campaña termine alguna vez en el país? Cuando se ponga término a esta actitud que repugna por parte de los diarios oficialistas, por parte de la prensa que controla el Gobierno, entonces el señor Ministro podrá venir a este Congreso a pedir que hagamos las paces, que depongamos esta actitud. Y yo estoy seguro de que en ese momento haremos lo que el señor Ministro nos pida, porque no podemos dejar de ser consecuentes con lo que venimos reclamando desde hace tan largo tiempo. Eso era lo que quería decir, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Ofrezco la palabra a algún señor Diputado que quiera sostener la acusación. Dispone de cinco minutos. Tiene la palabra el Honorable señor Amello. El señor ARNELLO (Diputado acusador).- Señor Presidente, deseo complementar algunas informaciones. El afán de los sectores de Gobierno, de los órganos periodísticos que le pertenecen, de los partidos que lo integran, de atacar a quienes discrepan de su actitud, llega ya a extremos verdaderamente escalofriantes. Al respecto, señalaré la información que dio el diario El Siglo sobre un hecho que indignó a los chilenos y que alarmó gravemente a los parlamentarios y a numerosos sectores de nuestro país; el asesinato de Enrique Núñez Álvarez. En esa oportunidad, el diario El Siglo publicó una información emanada, según se desprende de su texto, del Subsecretario del Interior, funcionario, en consecuencia subordinado al Ministro del Interior, y, también, de la misma ideología que el periódico en que aparece tal publicación. Dice así: El Subsecretario del Interior, Daniel Vergara, informó ayer que el mayordomo del frigorífico San Fernando, Enrique Núñez Álvarez, murió a consecuencia que un grupo comandado por el propietario intentó la retoma del establecimiento, con lo que se produjo un enfrentamiento. Agrega, más adelante: . . .en una camioneta, con otros individuos, derribó la reja de fierro y, junto con otros elementos, intentó desalojar a los trabajadores que ocupaban el local. En esos instantes agregó el Subsecretario del Interior se produjo un enfrentamiento a tiros, en el cual resultó herido el mayordomo Enrique Núñez, el que falleció más tarde en el Hospital Barros Luco. Informaciones de esta índole demuestran que existe, en consecuencia, cierta filiación espiritual, ideológica diría yo entre quien las entrega a los periódicos y los diarios adictos al Gobierno que las publican de ese modo, cuando todos los otros dan a conocer versiones mucho más cercanas a la realidad y totalmente discrepantes de aquéllas. Y revelan de antemano, como ha sucedido en todos los otros casos que han alarmado al país, el afán de pretender encubrir la acción de esos grupos de delincuentes que andan atentando contra las personas y que han causado muchas víctimas, y de querer traspasar la responsabilidad de los hechos a otros sectores. No en vano los señores Senadores podrán recordar que, respecto de sucesos de la gravedad que revistió el asesinato de don Edmundo Pérez Zujovic, se pretendió, en forma irresponsable, por altas autoridades del Gobierno, lanzar la responsabilidad de aquellos hechos hacia sectores absolutamente distintos de los que habían actuado. El Ministro señor Del Canto señalaba en el discurso que pronunció en la plaza Montt Varas he encontrado la frase exacta que dijo en aquella oportunidad, lo siguiente: Mañana tendremos un país entero, un país movilizado, en estado de alerta, dispuesto a aplastar a la burguesía afincada en el Parlamento. Si esto no constituye una incitación a la sedición por parte de un Ministro de Estado y Ministro del Interior, por añadidura, pocas cosas podrían constituirla, porque ya no se trata de sostener una discrepancia ideológica, posiciones distintas, planteamientos contrapuestos, sino, simplemente, de una incitación a movilizar a las masas para aplastar a quienes, en el Parlamento, usan de las atribuciones que constitucionalmente les corresponden. Por eso, señor Presidente, por todos los antecedentes expuestos, por todos los graves delitos enumerados a lo largo de esta acusación en la Comisión respectiva, y reiterados ante el Honorable Senado, quienes representamos a la Cámara de Diputados ante Vuestras Señorías confiamos en que esta Alta Corporación ha de declarar que al Ministro del Interior le asiste responsabilidad y es culpable por los delitos que se señalan en el libelo y por el grave abuso de poder que se le imputa. El señor PALMA (Presidente).- Ofrezco la palabra al señor Ministro. Su Señoría dispone de treinta minutos para duplicar. El señor DEL CANTO (Ministro acusado).- Gracias, señor Presidente. Trataré de ser lo más breve posible. Quisiera referirme fundamentalmente a algunos hechos que han mencionado los señores Diputados. Debo reiterar una vez más: nosotros y cuando digo nosotros me refiero a quienes militamos en los partidos que hoy dirigen el Gobierno del país sostenemos y hemos sostenido nuestra discrepancia con muchos fallos, con muchos juicios, con muchos criterios de la Corte Suprema y de jueces del país. Me parece que eso es legítimo y, además, que es norma de todo ser humano que desea precisar, no sólo entre bambalinas, sino públicamente, su criterio respecto de este tipo de materias. Y he puesto algunos ejemplos en este Honorable Senado para justificar nuestra apreciación discrepante y contradictoria con muchos fallos de la justicia chilena. Hemos reiterado, y lo reiteramos una vez más, que, en nuestra opinión, el Poder Judicial es un Poder del Estado, y que, consecuentemente, al Ejecutivo le merece respeto y garantía desde el punto de vista de su condición de tal. Pero también el Poder Ejecutivo y los hombres que militamos en el Gobierno Popular tenemos derecho a discrepar de los fallos que, a nuestro entender, no se ajustan a la realidad, a los hechos, a una nueva concepción de la sociedad. Eso me parece legítimo y democrático, señores Diputados. Y la justicia no es buena cuando nos favorece ni es mala cuando no nos favorece. La justicia es la justicia y tiene su concepción de la sociedad, su forma de verla y los conflictos que en ella se producen. Que nosotros no compartamos esa concepción en determinado momento, es problema nuestro, como es problema de ustedes no compartir el criterio del Gobierno o el de los partidos de la Unidad Popular respecto de la sociedad chilena y de su transformación. Me parece que ello se justifica enteramente y es legítimo. En segundo lugar, se ha dicho aquí que sólo damos la fuerza pública cuando está de interventor en un servicio un general de Ejército. He puesto el ejemplo del General González, interventor en Ferrocarriles cuando había allí un conflicto. Pero me parece que un abogado y Diputado no puede generalizar sobre la base de un ejemplo, ni tampoco hacer mal uso de éste. Es indudable que la fuerza pública se ha dado en innumerables casos. Pero se ha ponderado la forma de actuar, como lo he expresado reiteradamente en esta Sala. No cabe duda de que han existido conflictos laborales y sociales. Ninguno de nosotros niega este hecho; nadie quiere ocultarlo. Ha dado el Gobierno información oficial a los órganos que la han solicitado, porque no queremos desnaturalizar nuestra condición de gobernantes, respecto del número de conflictos suscitados en el campo o en la ciudad. Pero, evidentemente, nosotros estamos tratando de encarar la solución de tales problemas, y entendemos que causas objetivas e históricas producen esos conflictos sociales, y que una de dichas causas es la lucha de los campesinos por liberarse de la explotación de los latifundistas. Y entendemos que la ley de Reforma Agraria no surgió, en nuestro país, como un hecho arbitrario, como un hecho casual. Surgió como una necesidad del proceso de lucha de los campesinos, como una realidad que vivía nuestra patria: la de los campesinos que querían liberarse de la explotación de unos pocos que poseían la tierra. La ley de Reforma Agraria fue el producto de la historia de lucha del campesinado, no sólo de los militantes de un partido o de un grupo determinado, sino de la contienda que han venido sosteniendo por muchos años, por decenios, los campesinos de nuestro país. Consecuencialmente, cuando se producen conflictos, es porque se acentúan las contradicciones. Y muchas veces esos conflictos escapan de las manos de un Gobierno, no porque él quiera que así suceda, sino porque en ocasiones hay conducción irresponsable, como lo hemos reconocido públicamente aquí. ¿Cuándo, en la historia de Chile, no ha habido conflictos sociales? ¿Acaso no podemos recordar miles y miles de ejemplos a lo largo de nuestra historia? ¿Y qué han hecho muchos Gobiernos por resolver esos conflictos sociales? ¿Y cuánto ha hecho, inclusive, el movimiento sindical para evitar esos conflictos sociales o para que no se agraven ni acarreen tragedias y sinsabores a los hogares chilenos? Sí, señores Senadores. Nosotros mismos hemos contribuido, en etapas de la historia de este país, a desempeñar un papel para orientar y conducir, para que no se desborden determinados conflictos. Ayer se pararon los jueces de nuestro país; y en este mismo recinto parlamentario se han parado los secretarios de los señores Diputados, en algún momento, por problemas económicos y reivindicativos. ¿No son éstos conflictos sociales? ¿No son parte de la naturaleza del ser humano, que ansia resolver sus problemas? ¿Cómo no entender esta realidad, estos hechos? ¿O acaso alguien piensa que un Gobierno quiere que existan esos conflictos? ¿Queremos nosotros acaso que ello ocurra? Sería absurdo, ridículo, pensar que un Gobierno quiere tener conflictos, y sería majadero pretender que desea la producción de hechos lamentables. Por esto, cuando tales conflictos surgen, debe tratarse de encontrarles solución, deben buscarse sus causas y no sus consecuencias, para resolverlos. Aquí se ha dado a conocer, despreocupadamente, una larga lista de personas que han fallecido o que fueron asesinadas. Pero ¡qué irresponsabilidad tanta no puede haber, señores Senadores colocar en ella a los hermanos Rivera Calderón como víctimas del Gobierno Popular! Colocar en esa lista a los hermanos Rivera Calderón constituye una falta de respeto al Senado de la República. Los Rivera Calderón, señor Amello. .. El señor ARNELLO (Diputado acusador).- Fueron indultados. El señor DEL CANTO (Ministro acusado).- Yo no lo interrumpí. Tenga respeto. Los Rivera Calderón asesinaron a un hombre con el cual muchos de nosotros tuvimos discrepancias, pero al que respetamos... El señor ARNELLO (Diputado acusador).- ¡Pero después de su muerte! El señor DEL CANTO (Ministro acusado).- No me interrumpa, por favor, pues no está en la Cámara, sino en el Senado. Decía que no puede incluirse en esa nómina a quienes asesinaron a un hombre como Edmundo Pérez Zujovic, con el cual tuve muchas discusiones cuando desempeñé el cargo de Secretario General de la CUT. Nos separaban de él muchas discrepancias, pero lo respetamos, porque, además, tenía hombría y valor para sostener sus puntos de vista. Nosotros condenamos a esos elementos aventureros, a esos delincuentes que mataron a un hombre, porque la lucha revolucionaria de nuestro pueblo no tiene como objetivo asesinar a un hombre más o a un hombre menos, ni asesinar a nadie. Deseamos el bienestar de nuestro pueblo, que los habitantes de esta tierra vivan en mejor forma. Podemos equivocarnos, en determinado momento, respecto de ciertas concepciones, pero nos asiste derecho a tenerlas, porque los hombres valen cuando tienen concepciones frente a la vida y frente a la sociedad. Aquí se expuso como ejemplo un mal ejemplo, a mi juicio lo sucedido en el hospital de Fresia. ¡Fui yo quien solicitó la designación de un Ministro en Visita para que investigara lo acontecido en esa localidad! ¡Fue el compañero Ministro de Salud, aquí presente, quien pidió el nombramiento de ese Ministro, a fin de que se ocupara en el problema! Porque nos preocupan esos hechos, como también los que se produjeron en la provincia de Cautín contra otros médicos por parte de militantes de otras tiendas políticas. Nos preocupa que se vaya cayendo en desbordes en lo tocante a la profesión médica, que a nuestro juicio es respetable. Y naturalmente entendemos que, cuando se cometen delitos, deben ser investigados, y cuando se comprueba su existencia, debe sancionárselos. Fui yo, señores Senadores, quien pidió al Intendente de Llanquihue que, además del Ministro en Visita encargado de investigar los hechos, iniciara un sumario al respecto. Y nosotros enviamos una carta al Presidente del Colegio Médico exponiendo la situación y dando a conocer las medidas adoptadas. Los dirigentes de ese organismo nos expresaron haber recibido la nota y que esperaban la adopción de las medidas correspondientes y que se investigara a fondo esa situación, como cualquiera otra que se produzca, porque hoy día puede tratarse de médicos de una tendencia, y mañana de los de otras distintas. Hay que investigar los hechos para adoptar las medidas pertinentes, y no decir en forma irresponsable que no se ha hecho nada. Tengo derecho a hablar de periodismo, como lo tienen también los Honorables señores Senadores y cualquier habitante del país. Yo no he dicho que el Colegio de Periodistas estuvo de acuerdo con las medidas que se tomaron contra el director del diario La Segunda. Si se escuchan bien las palabras y están escritas, podrá comprobarse que no afirmé tal cosa. Yo planteé un problema general acerca de las características en que está cayendo el periodismo. Y planteé un problema general, porque he visto como puede apreciarlo cualquier chileno que se está llegando a límites inconvenientes. El Colegio de Periodistas sí que ha condenado ese hecho. Ese Colegio profesional expresó y esto no pueden desconocerlo que en su opinión se está llegando a límites que no corresponden, porque se está injuriando, calumniando y llevando al periodismo a un grado de degeneración. Sí, señores Senadores. Eso fue lo que dije. No afirmé que justificaran la acción, como ayer seguramente algunos grupos, personas o partidos tampoco justificaron la acción de un Ministro del Interior de un Gobierno pasado en contra de determinada directiva por causa de una publicación. Tenemos derecho a hacer uso de las facultades legales y a considerar el contexto en que se dan determinadas informaciones. Yo dije, y lo reitero, que ese diario se ha caracterizado por estar permanentemente en la línea de la conspiración, de exacerbar los ánimos, y ahora lo recalco una vez más. El propio Diputado señor Amello ha sido enfático para esclarecer la situación producida con motivo del acto celebrado en la plaza Montt Varas. Nosotros estamos en abierta discrepancia y contradicción de intereses económicos y políticos con la burguesía chilena. Estamos en abierta discrepancia con los intereses monopólicos y extranjeros. No queremos que subsista una clase minoritaria que controle el poder económico en nuestro país. Es la lucha que hemos llevado a cabo durante muchos años; es la lucha de muchos obreros, campesinos y empleados; es la lucha de muchos partidos políticos. ¡Sí, señores Senadores! La burguesía es la clase antagónica del proletariado. Y, consecuencialmente, estamos en la tarea para que ella no siga detentando el poder económico básico de la sociedad chilena. Indudablemente, es así; y es razonable que lo sea. Pero algo muy distinto es decir que queremos destruir el Parlamento. Algo muy distinto es decir que queremos destruir la justicia. Lo que hemos dicho es que deseamos transformar las instituciones chilenas. Y queremos hacerlo utilizando esta propia institucionalidad y legalidad. ¡Y eso es legítimo, justo y necesario hacerlo! Y lo han sostenido no sólo los militantes de la Unidad Popular, sino que muchos hombres que desean transformar la institucionalidad chilena. Inclusive personeros que no representan nuestras ideas, en el pasado afirmaron que el Parlamento es un obstáculo serio para el proceso o programa que quiera llevar adelante un Gobierno. Lo afirmaron hombres que han presidido el país. ¿Por qué no podemos afirmarlo nosotros? ¿Es acaso un pecado? No, señores Senadores. Podemos discrepar de la institucionalidad que entrabe un programa, un proceso, una forma de construir la sociedad. Y tenemos derecho a plantearlo públicamente, porque no somos cobardes morales para hacerlo de manera oculta. Lo manifestamos en forma pública porque tenemos conciencia de que lo que estamos haciendo es una tarea en bien de todo el país, y de que lo que estamos diciendo corresponde a nuestros juicios e ideales. La honestidad es una cualidad que también debe valorarse en política. Ojalá que todos pudiéramos siempre decir lo que pensamos; ojalá que todos pudiéramos decir lo que queremos, porque así nos entenderíamos mejor, o no nos entenderíamos. Deseo terminar expresando que aquí se ha sostenido que debemos ordenar a los periodistas que dejen de lado esas campañas, que no corresponden a la discusión profunda que debe realizarse en un país. Nosotros no podemos dar órdenes a los periodistas, ni tampoco Su Señorías, porque la esencia de la libertad de prensa es que los periodistas no sean manejados de esa manera, por importantes que sean los hombres que gobiernan o que no gobiernan el país. Supongo que el Partido Nacional no da órdenes al director del diario Tribuna, porque si lo hiciera, no publicaría tantos títulos canallescos e insolentes en sus páginas. Se puede decir que en otros periódicos se ha incurrido en los mismos procedimientos. Si es así, ¿por qué no contribuimos todos para no caer más en lo mismo? Yo quisiera discutir con el señor Arnello, no aquí, sino frente a los trabajadores, sobre los problemas de Chile, sobre los problemas de los trabajadores, no con injurias, no con canalladas, no con mentiras, sino basados en nuestras posiciones frente a la sociedad. Que él defienda el sistema capitalista y a los sectores empresariales en nuestro país. Yo defenderé el socialismo y a los trabajadores. Que él defienda las concepciones portalianas, como lo dice con tanto orgullo. Uno puede discrepar de esas concepciones; puede tener diferencias respecto de ellas, y puede discutirlas públicamente. Podemos discutir sobre la historia de nuestro país y también sobre nuestra participación en ella, sin olvidar nuestro pasado ni lo que hemos sido, porque es un epílogo muy extraño para un hombre haber sostenido tesis contrarias al derecho en el pasado y hoy día ser tan defensor del derecho. Muchas gracias. El señor PALMA (Presidente).- En conformidad al artículo 180 del Reglamento, la acusación planteada por la Cámara de Diputados en contra del señor Ministro del Interior se votará mañana, al iniciarse el Orden del Día de la sesión especial citada para las 4 de la tarde. Se levanta la sesión. Se levantó a las 17.40. Dr. Raúl Valenzuela García., Jefe de la Redacción. ANEXOS. 1 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE AMPLIA EL ESCALAFÓN FEMENINO DE ORDEN Y SEGURIDAD DE CARABINEROS DE CHILE. Con motivo del Mensaje, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Artículo 1.- Auméntase la Planta del Personal de Carabineros de Chile, fijada en el artículo 1º del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 17 de octubre de 1968, del Ministerio del Interior en el rubro Personal de Fila, Servicio de Orden y Seguridad, Oficiales, en las siguientes plazas: plazas: 1 Mayor VI Categoría 3 Capitanes Grado 1° 19 Tenientes Grado 3º 20 Subtenientes Grado 6º Este aumento de plazas regirá desde el 1° de enero de 1973. Artículo 2º.- Modifícase el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 1968, del Ministerio del Interior en la forma que a continuación se indica: Substituyese la frase estará formado por una plaza de Capitán, 2 de Teniente y 12 de Subteniente, por la siguiente: estará formado por una plaza de Mayor, 4 de Capitán, 21 de Teniente y 32 de Subteniente. Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Fernando Sanhueza Herbage.-Raúl Guerrrero G. 2 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE DENOMINA DIEGO DE ALMAGRO A LA CALLE CALLEJÓN ANGOSTO, DE LOS ANDES. Con motivo de la moción e informe que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Denomínase Diego de Almagro la actual calle denominada Callejón Angosto de la ciudad de Los Andes. Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Fernando Sanhueza Herbage.- Raúl Guerrero G. 3 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE DENOMINA RECTOR ABDON ANDRADE COLOMA AL LICEO DE HOMBRES DE LA UNION. Con motivo de las mociones, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Denomínase en la forma que a continuación se indica a los siguientes establecimientos educacionales: a) Rector Abdón Andrade Coloma al Liceo de Hombres de La Unión; b) Enrique Graf Reyes a la Escuela Nº 64 de la localidad de Roblería, comuna de Coihueco, departamento de Chillan; c) Rómulo J. Peña Maturana a la Escuela Nº 9, de Antofagasta; d) Artemón Pérez a la Escuela Rural Nº 111, de Santa Cruz; e) Escuela Vicepresidente Edmundo Pérez Zojovic a la Escuela Nº 23 del departamento de Antofagasta, ubicada en la Estación Baquedano; f) Rosa Cerda Aguilera a la Escuela Nº 1 de Hombres, ubicada en la ciudad de Freirina, provincia de Atacama; g) Luis Uribe Díaz a la Escuela Nº 1 de Castro, y h) Escuela Inés Muñoz de García a la Escuela Nº 2 de Castro.. Dios guerda a US. (Fdo.) : Fernando Sanhueza Herbage.Raúl Guerrero G. 4 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE DISPONE LA FORMA DE DETERMINAR EL MONTO DE LAS PENSIONES DE LOS JUBILADOS DEL SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS. Con motivo del Mensaje e informe que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Para los efectos de determinar el monto de las pensiones que se reajustan de acuerdo con la renta de los funcionarios en servicio activo, causadas con anterioridad al 2 de octubre de 1971, de los jubilados del Servicio de Correos y Telégrafos, será computable el incentivo establecido en la letra B) del artículo 6 del Decreto Nº 1.409, del Ministerio del Interior, publicado en el Diario Oficial del 22 de octubre de 1970. El mayor gasto que represente la aplicación de esta disposición será financiado con cargo al ítem de Pensiones del Presupuesto del Ministerio de Hacienda.. Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Fernando Sanhueza Herbage.Raúl Guerrero G. 5 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE ESTABLECE BENEFICIOS PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO. Con motivo del Mensaje e informe que tengo a honra pasar a manos a V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- En virtud de lo preceptuado en el artículo 70 del D.F.L. Nº 7, publicado en el Diario Oficial de 23 de octubre de 1970, el personal del Instituto de Seguros del Estado tendrá igualmente, el derecho consagrado por el artículo 2º transitorio del D.F.L. Nº 2, publicado en el Diario Oficial de 2 de diciembre de 1970, para el personal de las Instituciones que allí se mencionan. Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Fernando Sanhueza Herbage.Raúl Guerrero G. 6 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA TRANSFERIR GRATUITAMENTE A SUS ACTUALES OCUPANTES, LOS SITIOS QUE FORMAN LA POBLACIÓN ISMAEL MARTIN MIERES, DE SAN NICOLÁS. Con motivo de la moción, informe y antecedente que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Artículo 1°.- Autorízase al Presidente de la República para que, por medio del Ministerio de Tierras y Colonización, transfiera gratuitamente a sus actuales ocupantes el dominio de los sitios que respectivamente ocupan en la población Ismael Martín Mieres, ubicada en la comuna de San Nicolás, del departamento de San Carlos. El Ministerio de Tierras y Colonización inscribirá estos sitios a nombre del Fisco, previamente, de acuerdo al procedimiento establecido en el artículo 58 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces. En el otorgamiento de estos títulos no regirán las disposiciones sobre urbanización y loteamiento de terrenos. Artículo 2º.- Autorízase al Presidente de la República para que, por medio del Ministerio de Tierras y Colonización, transfiera gratuitamente a la Asociación de Rehabilitación de Alcohólicos ARDA de San Carlos, el inmueble que ocupa, ubicado en calle Chacabuco al llegar a calle Portales, de la ciudad de San Carlos. Artículo 3º.- La Corporación de Servicios Habitacionales o la Corporación de la Vivienda, en su caso, venderá y transferirá a los arrendatarios que soliciten adquirir la vivienda que ocupan en las poblaciones de su propiedad. La venta y transferencia se hará a más tardar un año después de la presentación de la solicitud del interesado. El precio de venta será igual al avalúo fiscal para el efecto de la contribución territorial, que se encuentre vigente a la publicación de esta ley, y se enterará en el plazo mínimo de diez años, sin reajuste y con el interés del 6% anual. En el otorgamiento de estos últimos títulos de dominio, las Corporaciones mencionadas no estarán afectas a las disposiciones legales vigentes sobre urbanización y loteamiento de terrenos. Dios guarde a V. E. (Fdo.): Fernando Sanhueza Herbage.-Raúl Guerrero G.