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- rdf:value = " El señor MUSALEM.-
Honorable Senado:
A. Chile atraviesa por una crisis global.
Hace ya más de 18 meses que la Unidad Popular asumió el Gobierno. Pudo hacerlo, aun cuando en las urnas sólo obtuvo 36% de las preferencias, porque la Democracia Cristiana, fiel a sus convicciones y a su trayectoria política, le dio el respaldo necesario. Al hacerlo, asumimos también la responsabilidad ante el país de constituirnos en los más decididos guardianes de las libertades individuales y de la preservación del régimen democrático, que sabíamos amenazado por la existencia dentro de la Unidad Popular de fuertes sectores de tendencia totalitaria.
Hemos cumplido con esa responsabilidad, y ello nos ha significado tener que afrontar las iras de todos aquellos que di-can creer en la democracia, pero que sólo están dispuestos a practicarla mientras les conviene.
En el ejercicio de esa responsabilidad, desde un principio fuimos señalando con claridad ante el país las desviaciones totalitarias implícitas en las políticas y estrategias que los hombres nuevos trataban de imponer. Así fue como denunciamos que la irresponsable estrategia económica, diseñada por el Ministro Vuskovic, mediante la cual se pretendía comprar la conciencia de los chilenos por la vía de ofrecerles posibilidades y expectativas de consumo y bienestar irreales, desembocaría necesariamente en la peor crisis económica de la historia del país. Así fue como denunciamos que el cuoteo, el Gobierno colegiado, el sectarismo, la incapacidad de la Unidad Popular para obtener apoyo político efectivo de las grandes masas, aun de los propios trabajadores, en donde ha quedado claro que apenas controlan las superestructuras, conducirían inevitablemente a una grave crisis de autoridad y de eficiencia, situaciones que llevan implícito el derrumbe moral. Así fue como denunciamos que la política del Gobierno, cuyo objeto era obtener apoyo por la vía del amedrentamiento, de separar a los chilenos entre buenos y malos, entre revolucionarios y reaccionarios, entre ricos y pobres, entre trabajadores y capitalistas, entre fascistas y no fascistas, entre sediciosos y no sediciosos, etcétera, sólo favorecería a quienes buscaban convertir a Chile en un campo de batalla. Así fue como denunciamos que la estrategia de descalificar moralmente a los demás Poderes del Estado, además de agravar el enfrentamiento social, provocaría una crisis institucional de insospechadas proyecciones. Así fue como denunciamos que el intento de la Unidad Popular de gobernar a Chile al margen del pueblo, del Congreso y de los demás partidos políticos, ahondaría la crisis institucional y derivaría en la peor crisis política de nuestra historia.
El país sabe cuan acertados estuvimos en las denuncias formuladas. Para nadie es un misterio, ni aun para el propio Gobierno, que Chile atraviesa hoy por una situación extremadamente difícil en lo económico, en lo social, en lo político, en lo institucional y en lo moral. En síntesis, Chile está en crisis. La crisis de Chile es una crisis global.
B. La crisis es la consecuencia lógica del diagnóstico y de la estrategia de la Unidad Popular.
¿Por qué se produce la crisis? ¿Se origina ella sólo en la ineptitud y el desgobierno de los hombres nuevos? No. La crisis, además de constituir un claro reflejo de incapacidad e irresponsabilidad en la conducción política y administrativa del país, es el producto necesario de la estrategia de la Unidad Popular, que a su vez es el resultado de la mezcla de dos factores: primero, el diagnóstico que los marxistas tienen de Chile y la aplicación a esa realidad de las enseñanzas del marxismo-leninismo; y segundo, la necesidad de afianzar su precario apoyo político.
1) El diagnóstico de la Unidad Popular y sus consecuencias.
Respecto del diagnóstico, el programa de la Unidad Popular no revela nada nuevo. Es el mismo que los marxistas hacían en los años 40. Veinte años de historia no cuentan para nada. Los problemas de Chile siguen siendo sólo problemas estructurales; superados éstos, Chile se transforma, por obra y gracia de la voluntad marxista y de otros allegados, en un país desarrollado, pujante, digno y solidario. No interesa que entremedio se hayan iniciado la reforma agraria y la recuperación de nuestras riquezas básicas; que se haya realizado un esfuerzo importante de organización social y de educación; que se hayan diversificado nuestras exportaciones, acumulado una cantidad importante de reservas y alcanzado niveles de ingreso per cápita de alrededor de 600 dólares al año.
Para la Unidad Popular, todo esto no existe. Para ellos, Chile responde a la imagen de una república centroamericana de la década del 40. Que Chile es un país sub-desarrollado, que su tasa de crecimiento, histórico es menor que la necesaria para superar esa condición, que la distribución del ingreso es desigual, que existe un porcentaje importante de la población marginado de la satisfacción de sus necesidades básicas, etcétera, nadie lo discute. El problema del diagnóstico marxista no está allí, sino en lo que se define como causales principales de la situación de subdesarro-11o. Para ellos son sólo el imperialismo norteamericano, la explotación capitalista y los problemas de estructura que afectan las relaciones de producción en el campo, el sector externo, etcétera. Por deformación ideológica y dogmatismo, omiten los efectos que tienen sobre el desarrollo la ineficiencia, el burocratismo, la inestabilidad política, la implementación de políticas erradas, etcétera.
Este cuadro, que es el que condiciona toda su estrategia, es el que les conviene, porque les permite aplicar irreflexivamente a nuestra realidad la experiencia de otros países en tránsito hacia el socialismo. Que así se ha hecho queda demostrado a la luz de lo que E. Preobrozhensky, insigne economista ruso de la época de la revolución, señala en su libro La Nueva Economía, cuando discute la forma como opera la ley de la acumulación socialista en la etapa que él llama de acumulación socialista primitiva. Distingue entre lo que él denomina métodos extraeconómicos y métodos económicos. Entre los primeros clasifica casi textualmente los siguientes: la enajenación de una parte del sobreproducto del campo y el artesanado; el cobro de impuestos a la utilidad capitalista privada; los préstamos del Estado; y la emisión de dinero, porque el deterioro de la moneda subsecuente representa impuestos del Estado a toda la población, incluidos en parte los capitales mobiliarios de la burguesía y los salarios de los obreros y empleados. Entre los segundos menciona: el monopolio del sistema bancario; la inserción de intermediarios comerciales estatales que venden los productos a mayor precio que el pagado a los productores privados -vale decir, los estancos-; el monopolio del comercio exterior; y una política de precios conscientemente calculada con miras a la enajenación de determinada parte de la sobreproducción de la economía privada en todas sus formas.
Las palabras anteriores reflejan con claridad dónde está el inspirador de nuestros estrategas. La diferencia radica en que Preobrozhensky, ubicado en Chile de 1970, hubiese sido capaz, al menos, de adaptar su receta a las condiciones totalmente distintas que enfrentaba. Ella fue concebida para un país como Rusia de esa época, con un ingreso per cápita de 180 dólares anuales, sin organización social, sin conciencia política, con alto grado de analfabetismo, con la mayor parte de su producto generado en la agricultura, con un tremendo desquiciamiento interno, fruto de la revolución, y con un sistema político en que se imponía la dictadura del Partido Comunista.
2) Todo el Poder para la Unidad Popular.
Si a lo ya analizado ^sumamos la necesidad de la Unidad Popular de afianzar su precario apoyo político, tenemos el cuadro completo. El objetivo programático de todo el Poder para la Unidad Popular es la obra constante de la estrategia. En función de él se diseñan la política económica de corto plazo y la estrategia política.
El único elemento distinto que enfrentan los marxistas criollos radica en que, al menos mientras no logren consolidar totalmente su poder, deben enfrentar periódicamente el juicio popular expresado a través de elecciones. Su recetario falla a este respecto, por cuanto es fruto de experiencias en que el pueblo no tiene posibilidades de manifestar libremente sus preferencias. Enfrentados a este dilema, los marxistas chilenos optan por sacrificar temporalmente parte de su receta más pura, con el propósito de comprar apoyo político: las elecciones de regidores de marzo de 1971 constituyeron un hito importante a este respecto.
C. La crisis y sus manifestaciones.
1) La crisis moral.
La crisis moral es la consecuencia lógica de la acción de un Gobierno totalitario que, siendo minoría -aun entre los propios trabajadores, a los que dice representar, pero a quienes no vacila en perseguir si no le son incondicionales-, trata de imponerle al país formas de organización social y económica mayoritariamente repudiadas.
Consciente de su condición de minoría y dado su carácter totalitario, rehuye la búsqueda del consenso por la vía del debate público; prefiere la desviación y el abuso de poder, usar de la interpretación mañosa de la ley y de la discriminación en su aplicación, del amedrentamiento y del engaño para imponer sus puntos de vista. Así se da origen a la nueva moral: todo lo que es útil a los designios del Gobierno es legítimo. No importa de qué parte estén la verdad, la ley o la voluntad de las mayorías.
La nueva moral, junto a la falta de coherencia interna del equipo gobernante y a la carencia absoluta de conducción política y administrativa, han llevado al país a una situación de vacío de autoridad y de relajamiento moral antes nunca visto. Este relajamiento no sólo se manifiesta en los síntomas ya señalados, sino que también en el ausentismo laboral, la caída de la productividad y en el mal uso y abuso -cada día más frecuente- de los dineros públicos.
Estas no son palabras sin contenido. La experiencia de los últimos meses las avalan. ¿Quién no recuerda los atentados contra el Presidente de la República, que nunca existieron? ¿Quién no recuerda el escándalo del Puelche y el fabuloso contrabando que se desvaneció como espuma
después que pasaron los acontecimientos políticos que se quiso ocultar? ¿Quién no recuerda el gran escándalo nacional que se armó a raíz del cobre, en que el Presidente de nuestro partido, Senador Narciso Irureta, tuvo participación muy clara desenmascarando la maniobra del Ejecutivo que se hacía justo antes de una elección? ¿Quién no recuerda la increíble intervención y el cohecho que se realizó en la elección de Valparaíso, engañando al pueblo, dándole préstamos que se terminaron el mismo día en que los resultados fueron desfavorables al Gobierno? ¿Quién no está enterado del despilfarro que han provocado funcionarios gubernamentales viajando al extranjero, haciendo uso de viáticos cuantiosos? ¿Quién no sabe de los contratos millonarios a asesores de países extranjeros, fundamentalmente de países socialistas? ¿Quién no conoce o quién no recuerda las serias denuncias formuladas por el Diputado democratacristiano señor Del Fierro, a raíz del patrimonio que posee la secretaria del Presidente de la República? ¿Quién no recuerda la muerte del estudiante mirista en Concepción, a manos de la Brigada Ramona Parra, asunto en que el Gobierno planteó que se trataba de un problema político y no de un hecho en que pudiera o debiera tener ingerencia la justicia ordinaria? ¿Quién puede haber olvidado los hechos acaecidos en la última semana, en que destacados militantes de la Unidad Popular participan en un intento de derrocamiento del Gobierno y en un asesinato a mansalva de un joven obrero, y que en ambos casos el Ejecutivo, por medio de la Dirección de Investigaciones, trata de esconder y minimizar los hechos ?
Pero esto no es todo. Hace apenas unos días que el Congreso, en uso de sus facultades, ha acusado constitucionalmente al señor Del Canto, razón por la cual éste ha debido ser destituido como Ministro del Interior. La razón fundamental que movió al Parlamento a tomar esta determinación fue su participación directa en tratar de evitar que se descubriese a su subalterno, el Director de Investigaciones, cuando pretendía ingresar ilegalmente al país -vale decir, como contrabando- bultos que éste traía consigo desde Cuba.
La crisis moral se manifiesta también en el uso y desuso que hace el Gobierno de la herramienta legal dentro de la nueva tesis de la aplicación revolucionaria de la ley. Habitualmente no la usa, particularmente cuando quienes sobrepasan la ley le son, directa o indirectamente, afines o útiles. Tal es el caso de todas las tomas y retomas de fundos y predios agrícolas medianos y pequeños, industrias de todo tamaño, terrenos, etcétera, cuando éstas son dirigidas por elementos de la Unidad Popular o de la ultraizquierda. No sucede lo mismo cuando acciones similares son encabezadas por propietarios o por trabajadores que no son adictos a la Unidad Popular.
El caso de los trabajadores de Nieto Hermanos está aún en nuestra memoria. Y ahora, el de GASCO. No se trata entonces ni siquiera de distinguir entre trabajadores y capitalistas; el Ejecutivo sólo distingue entre Unidad Popular y no Unidad Popular. A los primeros no se les aplica la ley; a los segundos, sí.
Esta misma experiencia la viven a diario miles de chilenos. Basta recordar el trato de que fueron víctimas nuestras mujeres cuando protestaban contra el desabastecimiento. En otras oportunidades, cuando se decide usar la ley, ésta es interpretada torcidamente con el fin de justificar lo injustificable. Así se estatifican los bancos y se empieza a dar forma a la mal llamada área social, que no es sino un área estatal sin participación de los trabajadores ni del resto de la comunidad.
Si realmente el Gobierno está interesado en ser un fiel intérprete de las mayorías nacionales, ¿por qué no las consulta en materias tan trascendentales como ésta? No se trata de evitar la constitución del área social; la Democracia Cristiana ha sido clara y categórica al respecto. Se trata de que ésta se constituya de acuerdo con la Constitución y la ley, con criterios sustentados por la mayoría de los chilenos, y no de acuerdo con los de una minoría de burócratas totalitarios. La forma en que se está manejando la economía, confidencialmente y con engaño al país y a los trabajadores en sus remuneraciones, es otra expresión grave de esta crisis moral. Cuando durante dos años se manipula el índice de precios al consumidor a través de la política de precios que maneja el Gobierno y esto se denuncia, su única respuesta es la injuria soez y el epíteto infamante. Lo mismo sucede al advertir los múltiples errores que se cometen. ¿Acaso utilizar la economía de un país con el único propósito de ganar elecciones y el poder no es una de las peores inmoralidades?
El problema está en que el Gobierno se sabe minoría y, en consecuencia, siendo totalitario, opta por imponer su criterio por cualquier vía y a cualquier costo. Es aquí donde radica la mayor inmoralidad de esta Administración.
El programa de la Unidad Popular fue aprobado por sólo el 36% de los chilenos. La Unidad Popular no tiene autoridad moral para exigir a los chilenos hacerse cargo de los esfuerzos y del inmenso costo social que conlleva la aplicación de su programa, tanto porque la mayoría no votó por ese programa como porque esa misma mayor��a no está hoy en día con la Unidad Popular. La mejor demostración de ello ha sido el resultado de todas las últimas elecciones.
Múltiples son los ejemplos y situaciones que nos permiten apreciar la profunda crisis moral con que se enfrenta Chile. No podía ser de otra manera, puesto que cuando se reemplaza la norma objetiva de convivencia social, que es la ley, por normas subjetivas que se licitan en la medida en que las acciones y actitudes de los hombres son apropiadas cuando conducen a adueñarse del poder, toda la sociedad se derrumba en una crisis moral. ¿Cómo puede explicarse a un pueblo y conducir su actuar social si se producen situaciones como las que el país conoce, es decir, cuando matar puede ser lícito en determinadas circunstancias y repudiable en otras; cuando defraudar al Fisco y hacer contrabando a veces es bueno y otras veces es malo, etcétera?
Esta situación, de la que acusamos responsablemente al Gobierno, nos ha llevado a lo que inevitablemente tenía que producirse: el comienzo de la decadencia moral del país.
2) La crisis económica.
Los países, al revés de las empresas, nunca quiebran. Cuando una empresa está en crisis, ello se percibe en la caída de la actividad de la misma, en la paralización de secciones, en el desahucio de empleados y obreros, en la cesación de pagos. El desenlace, inevitablemente, es la quiebra y la paralización total de la empresa. Esto último no ocurre con los países. La crisis se manifiesta, en ese caso, en desabastecimiento', colas, mercados negros, inflación, caída en la inversión, dificultades para obtener divisas y para sostener tasas normales de empleo, etcétera. Un país está en crisis económica cuando, encontrándose en situación de paz, la economía funciona con profunda anormalidad.
A nadie caben dudas de que Chile atraviesa hoy por una situación de esta naturaleza; el grado de anormalidad económica es mayor aún que el que se produjo a raíz de la Gran Depresión. Aun a costa de ser repetitivos, creemos que vale la pena graficar los indicadores más resaltantes de la crisis, aun cuando sólo sirva para reivindicar opiniones que adelantamos hace ya bastante tiempo.
En lo que va corrido de la actual Administración:
a) La cantidad de dinero se ha casi triplicado, se ha incrementado en algo más de 180%, lo que equivale a un aumento diario de alrededor de 33 millones de escudos. Esto ha permitido un aumento sin precedentes del gasto fiscal -sólo en 1971 éste creció en 65%- y el financiamiento del déficit de caja de las empresas del área social, estimado, según el propio Ministerio de Hacienda, en 23 mil millones de escudos en 1972. Por primera vez, después de mucho tiempo, el Gobierno desahorra. En 1971 genera un déficit en cuenta corriente de 2.500 millones de escudos, situación que tiende a repetirse en 1972. El aumento del gasto fiscal tuvo por objeto, como ya lo señalamos, tratar de comprar la conciencia de los chilenos por la vía de hacerles creer que podrían aumentar permanentemente su consumo. Así se les indujo a consumir, y no a ahorrar, como es tradicional en las economías socialistas o en expansión. Se trataba de ganar apoyo político para las próximas elecciones. Como era previsible, el castillo se derrumbó, porque a pesar del aumento de producción interna -que alcanzó a cerca del 7% en 1971, y no a 8,5%, como adelantó el Gobierno sobre la base de estimaciones preliminares de ODEPLAN-, de la existencia de stocks, debido a la recesión de fines de 1970, de un buen año agrícola, fruto de siembras efectuadas en 1970, y de la existencia de 400 millones de dólares de reservas disponibles, la disponibilidad de bienes y servicios no fue suficiente para satisfacer los requerimientos de consumo, sostenidos en una capacidad de compra artificialmente incentivada. La inflación, el desabastecimiento y los mercados negros entraron en escena en forma gradual, pero inexorablemente creciente.
A la fecha, el índice oficial marca para los once meses comprendidos entre diciembre de 1970 y junio de 1972 un alza de precios de 55,8%; sólo en el primer semestre de este año el alza oficial fue de 27,5%. ¿Cuánto mediría el índice si a él se agregara el efecto del desabastecimiento y los mercados negros? Las presiones inflacionarias para el período son superiores al 100%.
Hemos demostrado que para los sectores populares la inflación real ha sido superior a 120%) en dicho período. Para el resto debe ser aún mayor. ¿Quiénes son los que, en definitiva, pierden con esta política? Los sectores asalariados y, entre ellos, los con menor poder de contratación. El otro gran perdedor es el importante conglomerado humano de modestos trabajadores por cuenta propia. El Ejecutivo lo sabe y actúa en conciencia. Recordemos que nuestro economista E. Preobrozhenky señala la emisión de dinero como una forma de extraer excedente, en especial, a empleados y obreros. He aquí el engaño: con una mano se da y con la otra se quita, exactamente al revés de lo que afirmó ayer el Ministro Millas. La tan cacareada redistribución de ingresos no pasa de ser más que un efímero canto de sirenas. El dinero de nada sirve si no hay qué comprar. La redistribución ha tenido sólo un carácter monetario, no ha sido real. Los sectores de altos ingresos siguen consumiendo lo mismo que antes, y aún más. Así lo ha reconocido, por lo demás, el propio Gobierno, al efectuar sus acostumbradas acusaciones de acaparamiento.
b) Nuestras reservas de divisas se han agotado. La pérdida diaria de reservas ha sido del orden de un millón de dólares. En 18 meses nos hemos farreado lo que costó años juntar. En este momento estamos en la peor de las situaciones. Ya hemos girado hasta los Derechos Especiales de Giro. El oro es el próximo paso. Mucho se ha hablado de ello. Somos más dependientes que nunca, puesto que no tenemos alternativa. Tenemos que aceptar lo que nos ofrezcan y en las condiciones en que nos lo ofrezcan, a no ser que queramos prescindir de buena parte de nuestras importaciones, lo que no podemos. Tan así es que el Gobierno se ha visto en la necesidad de aceptar en la negociación bilateral con los bancos americanos la jurisdicción de los tribunales de Estados Unidos, a pesar de que por lo mismo rasgaron vestiduras hace un tiempo atrás. No sería extraño tampoco que a poco andar fuésemos informados -lo más probable por un periódico extranjero- de que Chile ha suscrito un crédito stand-by con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que los hombres nuevos siempre abjuraron de tan capitalista organismo.
Estamos enfrentados, en peores términos aún que en 1961, a la disyuntiva: aumento de la dependencia o caída en la actividad interna. Probablemente nos ocurran ambas cosas. Posiblemente no seremos más dependientes del capitalismo; ahora lo seremos del totalitarismo soviético, pero, en definitiva, dependientes. Por su parte, en 1971 tuvimos que disminuir nuestras importaciones de maquinarias y accesorios en alrededor de 20%. Todo hace pensar que en 1972 esta situación se repetirá. Nuestra capacidad productiva interna se verá así mermada y, en consecuencia, el fantasma del desempleo hasta ahora mantenido básicamente a raya mediante el uso indiscriminado de la contratación política y del subsidio de desempleo, financiado con fondos del presupuesto para inversiones, se cernirá sobre miles de chilenos.
c) La inversión geográfica bruta cayó en 1971 en 11%, situación que todo hace prever se repetirá en 1972. La irresponsable política de incentivo indiscriminado al consumo es la principal causante de ello. Como ya se dijo, el Gobierno tuvo en 1971 un ahorro negativo; por su parte, las empresas -dada la política de fijación de precios- tuvieron pérdidas. Sólo las personas aumentaron su ahorro, fundamentalmente por razones de insertidumbre. En 1972 la situación del Gobierno y de las empresas tiende a repetirse, pero todo hace prever que el ahorro de las personas disminuirá, fundamentalmente debido a las crecientes expectativas de inflación. En consecuencia, y por desgracia para Chile, debemos esperar una nueva caída en la inversión. Los países así no crecen; así se retrocede. Esto, en los tiempos actuales, es un lujo que cuesta caro. El mundo avanza; nuestra tarea es avanzar aún más.
d) En lo que se refiere a los sectores productivos, la situación tampoco se presenta como halagadora. Se ha demostrado que en 1971 la producción interna aumentó en alrededor de 7%. En 1972 esa tasa será sustancialmente menor. El propio Gobierno reconoce una baja de 2,5 puntos con relación a la tasa que, según dice, se alcanzó en 1971.
Se ha hecho mucho caudal de estas cifras para señalarlas como un éxito importante. Magro es el resultado cuando se las compara con las del período anterior y se tiene presente el costo social en cada caso. No es lo mismo obtener tasas altas de crecimiento, aumentando la inversión, disminuyendo la inflación, mejorando la situación de comercio exterior, etcétera, como aconteció en el Gobierno último, que haciendo exactamente lo contrario. En efecto, si se comparan los dos primeros meses del Gobierno de la Unidad Popular con los homónimos de la Administración democratacristiana, se obtienen tasas de crecimiento promedio de la producción interna del 6% en ambos casos (considerando una tasa muy optimista de 5% para 1972).
El crecimiento a la negra puede sostenerse poco tiempo.
Los hechos anteriores configuran claramente lo que constituye la peor crisis económica de la historia del país. Ella se manifiesta a través de los indicadores analizados, pero sus causas verdaderas están en el trasfondo. Para darse cuenta de ello es necesario retomar nuestro argumento inicial. Decíamos que la crisis global era la consecuencia lógica del errado diagnóstico de la U. P., de la aplicación irreflexiva a nuestra realidad de las enseñanzas del marxismo-leninismo y de la necesidad de la Unidad Popular de lograr mayor apoyo político. La estrategia económica de corto plazo, orientada a posibilitar un aumento importante y transitorio del consumo, por la vía de la expansión del gasto fiscal, obedece a lo último. Los desequilibrios fueron mayores que los previstos y, por ende, su éxito se vio frustrado.
Pero, aún así, ella cumplió parte importante de su tarea. En efecto, permitió al Gobierno avanzar, en grado apreciable, en el logro de sus objetivos permanentes, los que pueden resumirse en la creación del área social y el control de la distribución. La política de toma del poder a través del uso del aparato económico va creando efectos negativos necesarios que se conocen de antemano. Para ocultarlos se aplican determinadas medidas, estrategias y tácticas. No a otra cosa obedecen el monopolio del aparato productivo por parte del Estado y el monopolio de la distribución -DINAC, SOCOAGRO, etcétera, y las JAP- para controlar al comerciante y al consumidor. De esta forma se va cerrando el cerco. Se empieza elaborando una política económica para tomar el poder total y los efectos negativos y perniciosos que produce se utilizan para justificar la aplicación de nuevas medidas, controles y organizaciones que a su vez sirvan para lograr el objetivo central: la toma del poder total.
3) La crisis social, la crisis institucional y la crisis política.
La crisis social. La crisis moral y la crisis económica han devenido en una profunda crisis social. El Gobierno, al igual que en los casos anteriores, es el gran causante de ellas, porque irresponsablemente ha pretendido dividir a los chilenos en grupos irreconciliables, tratando así de ganar un apoyo político que nunca tuvo. Se trató, en síntesis, de aplicar al nivel del país el viejo y fallido principio de dividir para reinar. Es difícil que mentes totalitarias entiendan que no hay posibilidad alguna de avanzar sin solidaridad; los países sólo pueden ser grandes cuando sus hombres son capaces de constituir un solo todo tras un objetivo común.
Cada vez que los burócratas de la U. P. enfrentan algún problema, usan de su imaginación para buscar un responsable a quien achacarle la responsabilidad por el mismo. Por supuesto, nunca les corresponde a ellos. Primero fueron los imperialistas, luego los capitalistas criollos, posteriormente las dueñas de casa del barrio alto, a continuación los trabajadores -en especial, los textiles y del cobre-; en fin, a todos nos ha tocado. A través de su acción, el Gobierno ha fomentado de hecho el odio entre los chilenos. Ha puesto al comerciante contra el consumidor, al comerciante grande contra el chico, al empleado contra el patrón, al obrero contra el empleado, al patrón chico contra el patrón grande, al profesional contra el no profesional; en síntesis, al trabajador contra el trabajador, al chileno contra el chileno. Testimonios tenemos varios. No hace mucho recordábamos el alevoso asesinato de nuestro camarada Edmundo Pérez Zujovie, una de las primeras víctimas de la política de odios desatada por los llamados hombres nuevos.
La crisis institucional. El antagonismo ha sido llevado también al seno de la institucionalidad. El Poder Judicial, la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional han sido víctimas de las más odiosas campañas de injurias y amedrentamiento por el solo expediente de querer cumplir con su deber. Una vez más, el totalitarismo marxista, consciente de su debilidad, buscó, por la vía de la presión indebida y del ataque descalificador, inhibir a los demás Poderes del Estado en el ejercicio de sus funciones propias. La fortaleza de nuestras instituciones ha impedido que dicho propósito se consume, pero no por ello la institucionalidad ha dejado de ser seriamente dañada.
Los ataques al Poder Judicial con motivo de la discusión de la ley de Tribunales Populares, que en definitiva el propio Ejecutivo tuvo que retirar; los más recientes con motivo de la manifestación en la plazoleta Montt-Varas, que originó un intercambio epistolar entre la Corte Suprema y el Ministro de Justicia; los ataques al Contralor General por no cursar determinados decretos ilegales, y las campañas reiteradas contra el Parlamento, constituyen elocuentes demostraciones de lo dicho.
El Gobierno, que es minoría, quiere pasar a llevar al resto de los Poderes del Estado, y para ello usa de todos los resortes a su alcance, legales y no legales, morales e inmorales. No trepida en negar autoridad moral al Congreso, en circunstancias de que la mayoría de éste, quiéralo o no la U. P., representa a la mayoría del país y eligió al Presidente de la República. El Congreso ha señalado como salida al conflicto constitucional producido a raíz de la discusión de los vetos a la reforma constitucional presentada por nuestros camaradas Fuentealba y Hamilton, el mecanismo del plebiscito. Quien rehusa efectuar la consulta popular no es el Congreso; es el Ejecutivo, pues él es quien tiene las atribuciones para llamar a plebiscito.
El uso indiscriminado que el Gobierno hace del mecanismo del decreto de insistencia ha agravado las tensiones. Este mecanismo fue pensado como de carácter excepcional y con una cobertura claramente definida. El Gobierno ha generalizado su uso, y por ese conducto ha podido formalmente legitimar acciones claramente inconstitucionales. El peligro está en que gobernar por la vía de los decretos de insistencia es prácticamente lo mismo que gobernar por la vía del decreto supremo, instrumento usado por los regímenes de facto para legislar al margen del Congreso. ¿Hasta dónde puede el Gobierno continuar por este camino?
La crisis institucional, intencionalmente incentivada por la Unidad Popular, que busca fortalecerse por medio de la descalificación de los demás Poderes, sin percatarse -o a lo mejor percatándose- de que por ese camino lo único que logra es debilitar los fundamentos mismos del régimen de convivencia democrática, tenía que derivar necesariamente en una gran crisis política.
Crisis del régimen político.
Dicha crisis se manifiesta básicamente en una creciente desconfianza de la opinión pública en el régimen político existente y, por ende, en las instituciones democráticas. Ya no se puede hablar de un empate social. Hay que hablar de un empate político; mejor dicho, de un empate legislativo. Cada día es más fuerte la percepción de los chilenos en el sentido de que la acción legislativa no conduce por sí solo a detener los excesos del Gobierno, y de que, para ser eficaces en la defensa del régimen democrático, los partidos políticos de la Oposición de Izquierda deben ser capaces de organizar y movilizar a las grandes mayorías nacionales y populares. La institución del veto y el uso y abuso que el Ejecutivo hace de la ley avalan la percepción antes señalada.
Es en este contexto en el que se define la crisis del régimen político que afecta al país, como consecuencia del accionar de la U. P. Los partidos políticos se ven abocados así a un desafío que, de no enfrentarlo, puede arrastrarlos a una situación en que se vean superados por la aparición de nuevas fuerzas sociales capaces de recoger y canalizar las inquietudes de las grandes masas. Estas no son otras que la defensa combativa de los derechos, aspiraciones y libertades de los distintos sectores que conforman la población: comerciantes, agricultores, empleados públicos, empleados bancarios, trabajadores industriales, dueñas de casa, etcétera. En la medida en que los partidos políticos no sean capaces de destinar parte importante de su esfuerzo a las tareas de plantear con claridad y sin sectarismo sus propias banderas y de interpretar y movilizar en torno de ellas a los distintos grupos sociales, corren el grave riesgo de transformarse definitivamente en superestructuras sin apoyo efectivo, y, lo que es peor, dejan abierta la puerta para que lo que en otras condiciones podría haber sido aventuras sin sentido pueda concretarse.
La complicidad del Gobierno en la existencia y proliferación de grupos armados ya es manifiesta. Cada día es más común que destacados militantes de diferentes partidos de la Unidad Popular aparezcan mezclados en actos de matonaje o de subversión del orden público. Los actores son conocidos, varios de ellos han sido indultados por el Presidente. Parece que gozaran de algún fuero especial, lo que también se manifiesta cuando son aprehendidos. Todo hace pensar que, lejos de ser locos aventureros o delincuentes comunes, realmente constituyen elementos de milicias organizadas, al menos bajo la vista gorda de los hombres de Gobierno. El país no puede aceptar que por un lado se reniegue de la violencia y que por otro se encubra a quienes hacen profesión de ella, para preservar la organización armada clandestina.
La Unidad Popular, a través de su estrategia bifronte, que se manifiesta en un respeto formal al régimen de derecho y en un esfuerzo paralelo y solapado de quebrantamiento del mismo, genera condiciones que agravan la crisis. Lo hacen intencionalmente, puesto que en definitiva no creen en la supervivencia del régimen democrático. Hoy lo aceptan, pero paralelamente lo debilitan. Al actuar así, la U. P. juega con fuego. No es necesario recordarle que la debilidad actual de nuestro régimen político puede revertirse en contra de ella misma.
En síntesis, Chile atraviesa por un período de gran fragilidad política, que se caracteriza por una pérdida de confianza popular en la acción de los partidos políticos y por un grado cada vez mayor de polarización. En este cuadro, como es obvio, el riesgo de un grave enfrenamiento social se torna cada vez más alarmante.
La crisis es una realidad.
La crisis global es una realidad. Ella se expresa de distintas formas y es una consecuencia lógica del objetivo de todo el poder para la U. P. y de las políticas que se adoptaron para alcanzarlo, las que descansan, a su vez, en un diagnóstico errado y simplista de la realidad chilena.
Que estamos en crisis, ha sido reconocido por el propio Gobierno. Indicadores de ese reconocimiento son: el largo cónclave de la Unidad Popular, del cual todavía no se conoce un informe oficial; el cambio en el equipo ministerial; los documentos del Partido Comunista; en especial, el último Documento Millas, y el último discurso económico del Presidente. En éste, aunque solapadamente, se reconoce la existencia, al menos, de la crisis económica.
Pero, frente a esta realidad, ¿qué nos ofrece la U. P.?
No ofrece una nueva política.
D) Un nuevo engaño y una nueva crisis frente a una nueva elección.
La nueva política, fruto de la reestructuración ministerial, está orientada, según el nuevo Ministro de Economía, a consolidar avanzando y enmendando errores. Sus líneas matrices están contenidas en el último discurso económico del Presidente Allende. ¿En qué consiste la nueva política? A nuestro juicio, la así llamada nueva política no es más que un nuevo engaño, diseñado cuidadosamente con el solo propósito de enfrentar las elecciones de marzo de 1973 en las mejores condiciones políticas posibles. Para ello se piensa usar la política de salarios, la política de precios y la reforma tributaria. Además, en un intento de sofisticación, se pretende influir en las expectativas de la población por la vía de ofrecer garantías y de asegurar un futuro placentero mediante un improvisado plan de inversiones. Nuevamente, están dispuestos a pagar un alto costo social con el objeto de obtener apoyo político. Por otra parte, en lo que es realmente sustantivo no se innova. Más bien, se reafirma la voluntad de seguir por la misma senda: el área social debe terminar de constituirse, no importando ni el costo, ni el procedimiento, ni los resultados, ni la voluntad de los trabajadores. La política de precios se suma a este objetivo; igualmente el comercio exterior, el que se pretende monopolizar. Las enseñanzas de Probozhensky terminan de aplicarse en esta etapa.
El ciclo se repite. En este caso, el diagnóstico se reemplaza por lo que en el discurso se llama Balance Económico y Dificultades Básicas. Allí se plantea una realidad desfigurada, y a partir de ella se proponen las tareas para la nueva etapa. El resultado tendrá que ser, al igual que en el caso anterior, una nueva crisis, o mejor dicho, el agudizamiento de la crisis actual.
Pero, vamos viendo. De acuerdo con el Presidente, el año 1971 se caracteriza por un aumento de la producción interna del 8,5% y por un fuerte proceso de redistribución de ingresos. Tal como lo demostramos en acápites anteriores, ello no es efectivo. Su significación desaparece cuando se tienen en cuenta logros similares de períodos anteriores, el costo social implícito y la fuerte inflación existente. Dentro del mismo análisis, se señalan como obstáculos a un crecimiento más acelerado, básicamente, los siguientes:
1) Escasez de divisas.-Muchas son las razones que se dan para ello. De entre las más importantes sólo una es válida. Veamos:
a) Cobre. Se argumenta sobre la base de la caída en el precio del cobre, señalando que su precio bajó de 59 centavos (1970) a 46 (1971). El precio efectivo en 1971 fue de 49.27 centavos, según CODELCO, y no de 46. Esto representa 3,27 centavos más, por libra de cobre, de lo que el Gobierno consideró para el cálculo del Presupuesto Nacional y la Balanza de Pagos. O sea, al precio de 46 centavos el Gobierno pensaba financiar ambos presupuestos y obtuvo 49,27 centavos.
¿Cuáles fueron, entonces, las causas reales del déficit?
En primer lugar, se encuentra la discrepancia entre la producción programada por el Gobierno, que alcanzaría a 722 mil toneladas, gracias al programa de expansión realizado en la Administración anterior, y la producción de 571 mil toneladas que efectivamente se logró. Es decir, una menor producción de 150 mil toneladas.
En segundo término, la necesidad de aumentar las importaciones de alimentos en una cifra cercana a los 150 millones, de dólares, que no estaban programados, hizo que la situación de reservas se agravara sustancialmente.
b) El bloqueo imperialista de los créditos. El propio Presidente señala que el problema lo ha resuelto recurriendo a las dádivas socialistas. No creemos que sean dádivas, y lo hemos señalado. El vergonzoso caso de los depósitos rusos en moneda extranjera habla por sí solo. En todo caso, el problema ha sido resuelto. En su solución también han cooperado los europeos, el Japón y países latinoamericanos.
El país debe alegrarse de ello.
c) Factores internos. En su último discurso, el Presidente de la República, reconociendo las causa reales de la crisis económica, todas debidas a decisiones del Gobierno, dice textualmente: Otro gran
obstáculo económico que estamos encontrando... es el relacionado con fuertes presiones inflacionistas que ponen en peligro el ingreso real ganado por los trabajadores. El aumento de la cantidad de dinero resultado de los niveles de gasto público alcanzado, y del financiamiento de algunas empresas estatales, con precios y tarifas congeladas...
Además, el Presidente agrega entre otros factores el aumento del nivel de la demanda que la política redistributiva ha desatado.
Estas son, efectivamente, algunas de las razones más importantes. La otra es la absurda política de tipo de cambio seguida, que ha significado una caída de nuestras exportaciones.
Las importaciones totales aumentan, en 1971, en 22,9%, mientras que las exportaciones disminuyen en 19,8%. No sólo se trata del cobre, pues las exportaciones de productos agropecuarios y del mar decaen en 11,8%. La situación de caída en las exportaciones se agrava nuevamente en el primer semestre de 1972. Ellas disminuyen en alrededor de 100 millones de dólares. Respecto de las importaciones, cabe señalar que su situación se tornará más crítica, debido a que este año deberemos importar cerca de 400 millones de dólares en alimentos; vale decir, cerca de 25% más que en 1971, lo que sólo puede explicarse en función de la caída en la producción interna. Ya nos pusieron sobre aviso acerca del desaparecimiento de la carne y la mantequilla. Nos dijeron también que habría problemas para desembarcar granos; lo más seguro es que también falten. El problema no se soluciona sólo ampliando puertos, mejorando caminos, etcétera, sino por la vía de restablecer la normalidad en la agricultura.
En consecuencia, la escasez de divisas se explica por lo que se ha llamado factores internos, cuya responsabilidad corresponde íntegramente al Gobierno. Dentro de ellos habría que considerar también la dilapidación fruto de los viáticos millonarios y las acertadas del Banco Central con el Fondo Monetario Internacional. Sólo estas últimas, nos han costado más de 8,5 millones de dólares.
2) Agotamiento de la capacidad ociosa.- Crecimiento implica ahorro e inversión. Hasta ahora la Unidad Popular ha despilfarrado; desde el Gobierno ha llamado al pueblo a consumir, tratando de comprar sus conciencias por esta vía. Hoy, frente a la inflación, al desabastecimiento y a la crisis del comercio exterior, trata de enmendar rumbos y lo llama a apretarse el cinturón, alegando el agotamiento de la capacidad productiva. Esto es un engaño, por cuanto la estrategia de la Unidad Popular conducía necesariamente a ello. La estrategia estaba concebida para producir un rápido agotamiento de la capacidad instalada por cuanto, además, se desincentivó la reposición de maquinarias y equipos y la inversión. Frente a esto, aun cuando parezca un contrasentido, el Presidente de la República plantea como salida un vasto plan de inversiones. Quiera el país que esto no sea sólo un volador de luces, pero tenemos razones para pensar que ello será así.
a) ¿Cómo se financiarán estas inversiones? Lo más probable es que el ahorro interno sea este año nuevamente negativo. El ahorro del Gobierno y de las empresas lo será, y lo más razonable es pensar que el de las personas disminuirá con respecto al año pasado, debido fundamentalmente a las crecientes expectativas de inflación. El ahorro financiero es claramente deficitario. Debe tenerse presente que el Presidente habla de 12 mil millones de escudos de inversión para este año, sumando lo que él llama proyectos para generar divisas y proyectos industriales.
b) ¿De dónde se obtendrán los dólares? Sólo en lo que resta del año en curso, se necesitarían 155 millones de dólares para ambos recursos.
c) ¿Cuándo se comenzarán esas inversiones? ¿Cuánto tiempo demorarán en madurar?
Parece ser que la inclusión del Plan de Inversiones sólo respondía a la necesidad de tratar de proyectar una imagen halagüeña para el futuro, con el objeto de producir algún efecto sobre las expectativas de la comunidad. En todo caso, no parece serio hacerlo, cuando las posibilidades de llevarlo a la práctica son casi nulas.
3) Presiones inflacionarias. El Jefe del Estado habla de fuertes presiones inflacionistas, que ponen en peligro el ingreso real ganado por los trabajadores. Sólo podemos agregar que no se trata de que el ingreso real ganado por los trabajadores esté en peligro; éste ya no existe, la inflación se lo ha comido todo.
Queda demostrado, en consecuencia, que las así llamadas Dificultades Básicas sólo se explican por ineptitud o como consecuencia de errores de diagnóstico y de estrategias provenientes del dogma.
Tareas para una segunda etapa.
Es dentro de este cuadro que el Presidente Allende nos plantea las tareas para la segunda etapa. Como ya lo indicamos, ellas tienen dos propósitos básicos: permitir a la Unidad Popular llegar en las mejores condiciones posibles a la elección de 1973 y profundizar en lo que constituyen sus objetivos permanentes. Consideremos únicamente lo primero. Lo segundo ya sabemos de qué se trata. Sólo podemos agregar que la acción de los trabajadores, en los cuales confiamos, permitirá canalizar el proceso por el camino de la verdadera liberación, cual es la auténtica economía de trabajadores. La voluntad de lucha expresada por los trabajadores y dirigentes sindicales despedidos arbitrariamente de Sumar, Helvetia, Yarur, Said y muchos otros, y ahora último los de Nieto Hermanos, sumado al cuestionamiento creciente de los interventores, nos permite abrigar fundadas esperanzas de que sean los propios trabajadores quienes rectifiquen a los burócratas marxistas.
Dentro de las tareas de claro propósito demagógico electoral, podemos distinguir las siguientes:
1) Definición de garantías, mediante un proyecto de ley, a los pequeños y medianos empresarios agrícolas, industriales y comerciales. Nos parece que el problema no está en producir nueva legislación. Lo importante es que se manifieste voluntad política en el sentido de cumplir y hacer cumplir la ley. Hasta ahora, el Gobierno ha estado en la barricada opuesta, dejando hacer a los suyos y aplicando el rigor de la ley a los demás, especialmente a los pequeños y medianos. ¿Qué actitud hay que haga pensar en un cambio efectivo de estrategia en este sentido? ¿No se tratará más bien de un postrero y desesperado intento de ganarse parte de estos sectores para la elección de marzo y después olvidarse de ello? ¿Quién asegura que la actitud no cambiará después de la elección, negándose los ofrecimientos, como se hizo en Valparaíso?
2) Política de sueldos y salarios.
La política de sueldos y salarios que recientemente planteó el Gobierno, en sus lineamientos generales, no es sino un nuevo engaño a las masas trabajadoras, que últimamente han estado poniendo en difícil situación al Gobierno, con una gran cantidad de conflictos laborales de enorme justicia reivindicativa. Por estas justas presiones de los trabajadores, debidas a la pérdida que han sufrido sus ingresos durante este año, como consecuencia de la inflación que azota nuestra economía, de la que no se pretenderá culpar a otros, se quiere hacerlos creer que adelantándoles tres meses el tradicional reajuste de sueldos y salarios, se les está defendiendo y restituyendo sus legítimos derechos. Tal como el Gobierno lo ha planteado, no es sino una acción tendiente a escamotear a los asalariados la pérdida de ingresos que sufrirán durante los últimos tres meses del año, que, a juzgar por el ritmo que ha adquirido la inflación, será una suma no menor al 20% ó 25% de sus remuneraciones. Nosotros creemos que esta nueva maniobra es inaceptable y demuestra, una vez más, cómo este Gobierno, que tanto cacarea defender a los trabajadores, con una mano les da y con la otra les quita. Los obreros y empleados chilenos deben estar alertas y no dejarse engañar por algo que no es más que un volador de luces. Creemos que este reajuste debe ser planteado como un anticipo del alza del costo de la vida que ocurrirá durante este año, que ya va a estar subestimada por las maniobras que todo el país sabe que se han hecho con el índice de precios para mostrar una inflación menor de la que realmente ha existido.
Por otra parte, y con gran sutileza, se trata de coartar a los trabajadores que tienen pliegos colectivos, su legítimo derecho a solicitar reajustes más justos que el 100% de inflación señalado por el torcido índice de precios que calcula el Gobierno.
Creemos que cuando se nos haga entrega del proyecto podremos discutir en detalle las torcidas maniobras que contra los trabajadores se están tramando en esta nueva fase de la antipolítica económica.
3) Política de precios.
Se anuncia por el Presidente de la República y sus Ministros el desate de los precios en términos de una real avalancha, rectificando de esta manera uno de los errores más sonados de este Gobierno, que precipitó la crisis financiera y la del aparato productor del país. A esto hay que agregar lo que el Gobierno no puede anticipar: una nueva y significativa devaluación del dólar.
Todo esto se adoba con una bonificación y un reajuste que serán una pluma en un vendaval.
4) Reforma tributaria.
Por la información avanzada, que es poca, se promete por tercera vez el control eficaz en el pago de impuestos y la racionalización. Se dice que se va a apretar a los que tienen más y a desgravar a los que tienen menos. El problema está en que el mayor ingreso fiscal debe ser capaz de financiar no sólo el inmenso déficit existente, sino que también el reajuste.
La consecuencia será mayor déficit fiscal, mayor emisión y mayor inflación.
De ahí es que la reforma total al sistema tributario es más que un nuevo engaño, porque la inflación adicional se convertirá en el más fuerte de los gravámenes, anulando con creces, en muy corto plazo, cualquier alivio que se ofrece. De ahí el carácter demagógico y electorero de esta medida.
Nueva política para una nueva elección.
La así llamada nueva política no es más que la segunda versión de una misma experiencia; en otras palabras, la segunda pata de la misma cueca. Se vuelve a repetir el esquema. Falso e interesado diagnóstico que permite aplicar estrategias tendientes a imponer el marxismo-leninismo, necesidad de ganar apoyo político e intención de seguir avanzando en la construcción del socialismo marxista, independientemente del costo que ello conlleve y de la voluntad de las mayorías. El resultado tampoco puede ser distinto: la crisis por la que hoy Chile atraviesa se agravará.
La única solución está en obligar al Gobierno a someter al pueblo la decisión de seguir avanzando por éste u otro camino. Por de pronto, hay dos tareas complementarias para hacerlo. Una es rescatar el poder para los trabajadores derrotándolo abiertamente en las urnas el próximo marzo. La otra, es constituirse en vanguardia de la lucha activa del pueblo por sus prerrogativas, derechos y libertades. Esta es nuestra tarea en la hora actual. El Partido Demócrata Cristiano y nuestros militantes sabrán cumplirla.
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