REPUBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACION OFICIAL LEGISLATURA 316ª, ORDINARIA. Sesión 48ª, en martes 8 de agosto de 1972. Ordinaria. (De 16.14 a 20.17). PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE, Y PATRICIO AYLWIN AZOCAR, PRESIDENTE ACCIDENTAL. SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y EL PROCRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA. INDICE. Versión taquigráfica. I.- ASISTENCIA 2591 II.- APERTURA DE LA SESION 2591 III.- TRAMITACION DE ACTAS 2591 V.- LECTURA DE LA CUENTA 2591 Exención de patentes a taxistas y transportistas propietarios de un solo vehículo. Preferencia 2593 Creación del Ministerio del Mar. Trámite a Comisión de Economía . . 2593 Proyecto sobre delito económico. Prórroga de plazo a Comisión . . 2593 V.- FACIL DESPACHO: Proyecto de ley, en primer trámite, que concede personalidad jurídica a la Confederación de Colegios Profesionales de Chile (queda pendiente el debate) ... 2594 VI.- ORDEN DEL DIA: Observaciones, en primer trámite, al proyecto que autoriza los pactos electorales (quedan despachadas) 2601 Observaciones, en segundo trámite, al proyecto que ratifica transacciones celebradas por las instituciones previsionales con su personal (quedan despachadas) 2602 Proyecto de ley, en segundo trámite, que beneficia a actuales ocupantes de inmuebles de la Corporación de Servicios Habitacionales, Corporación de la Vivienda y otras instituciones (se aprueba) . . 2603 Sesión secreta 2604 Proyecto de acuerdo, en segundo trámite, aprobatorio de una enmienda al Convenio de Aviación Civil Internacional (se aprueba) .. 2604 Proyecto de ley, en segundo trámite, que autoriza la importación de 200 automóviles por Chiloé (queda pendiente el debate) . . . . 2604 Proyecto de ley, en segundo trámite, que beneficia al personal del Instituto de Seguros del Estado (se aprueba) 2608 Proyecto de ley, en segundo trámite, relativo al monto de las pensiones de jubilados del Servicio de Correos y Telégrafos (se aprueba) 2609 Constitucionalidad de proyecto que beneficia a funcionarios chilenos de empresas del Estado y de administración autónoma que se hayan desempeñado por más de dos años en el exterior. Informe de la Comisión de Legislación (se aprueba el informe) 2609 Proyecto de ley, en primer trámite, sobre modificación de Estatuto de Empleados Municipales y Ley Orgánica de Municipalidades (se aprueba) 2610 Proyecto de ley, en primer trámite, sobre empréstitos para la Municipalidad de Ancud (se aprueba) 2610 Tabla de Fácil Despacho para la próxima semana (se anuncia) .... 2612 VII.- TIEMPO DE VOTACIONES: Publicación de discursos 2613 Homenaje a la memoria de don Isauro Torres Cereceda 2613 VIII.- INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncian) 2615 Exposición del Presidente de la República acerca del desarrollo de la economía (observaciones del señor Baltra) 2626 La educación chilena como instrumento político del actual Gobierno. Oficios (observaciones del señor Pablo) 2636 Situación del mineral de Chuquicamata (observaciones del señor Carmona) 2643 Situación de la industria salitrera (observaciones del señor Carmona) 2651 Anexos. 1.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que faculta al Presidente de la República para fijar nuevas escalas de sueldos del personal de instituciones semifiscales 2655 2.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que destina fondos para Hogar Infantil del Club de Leones de Talca 2657 3.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que dispone que la Corporación de Magallanes, el Instituto CORFO do Aisén y el Instituto CORFO de Chiloé contribuirán al financiamiento de la educación en sus provincias 2658 4.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que destina fondos para terminación del Estadio Naval de Talcahuano 2659 5.- Nuevo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que prohíbe la internación al resto del país de mercaderías rematadas por aduanas de Chiloé, Aisén y Magallanes 2660 6.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que establece que los taxistas y transportistas propietarios de un solo vehículo no pagarán la patente respectiva 2662 7.- Informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en el proyecto que autoriza la expropiación de un inmueble para transferirlo al Club Deportivo Jorge V, de Iquique 2663 8.- Informe de la Comisión de Agricultura y Colonización recaído en el proyecto que declara inaplicables las disposiciones de la ley de Reforma Agraria en Aisén y Chiloé continental 2665 9.- Informe de la Comisión de Agricultura y Colonización recaído en el proyecto que dispone la asignación de tierras para dueños de predios rústicos expropiados por construcción de embalse Convento Viejo 2670 10.- Mociones de los señores Aguirre Doolan, Baltra, Bossay, Hamilton y Juliet, con la que inician un proyecto que define el concepto de empresas periodísticas y dicta normas sobre su funcionamiento 2673 11.- Moción del señor Lorca, con la cual inicia un proyecto que autoriza a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para condonar reajustes e intereses de préstamos concedidos a estudiantes universitarios 2677 12.- Moción del señor Ballesteros, con la cual inicia un proyecto que destina fondos para Federación Nacional de Deportes Submarinos 2678 13.- Moción del señor Lorca, con la que inicia un proyecto que condona préstamos concedidos por CORFO y otras instituciones a pequeños y medianos agricultores e industriales de Chiloé, Aisén y Magallanes 2679 14.- Moción del señor Lorca, con la que inicia un proyecto sobre condonación de créditos concedidos por el Instituto de Desarrollo Agropecuario a la Federación de Sindicatos Agrícolas Unidad Campesina, de Magallanes 2680 15.- Moción del señor Hamilton, con la que inicia un proyecto que autoriza a la Municipalidad de Castro para expropiar el teatro Rex de esa ciudad 2681 16.- Moción del Lorca, con la que inicia un proyecto sobre expropiación del teatro Rex, de Castro 2683 VERSION TAQUIGRAFICA. I.- ASISTENCIA. Asistieron los señores: Acuña Rosas, Américo Aguirre Doolan, Humberto Aylwin Azócar, Patricio Baltra Cortés, Alberto Ballesteros Reyes, Eugenio Bossay Leiva, Luis Bulnes Sanfuentes, Francisco Campusano Chávez, Julieta Carmona Peralta, Juan de Dios Carrera Villavicencio, María Elena Contreras Tapia, Víctor Corvalán Lépez, Luis Chadwick Valdés, Tomás Durán Neumann, Julio Ferrando Keun, Ricardo Foncea Aedo, José Fuentealba Moena, Renán García Garzena, Víctor Gormaz Molina, Raúl Gumucio Vives, Rafael Agustín Hamilton Depassier, Juan Ibáñez Ojeda, Pedro Irureta Aburto, Narciso Jerez Horta, Alberto Juliet Gómez, Raúl Lorca Valencia, Alfredo Luengo Escalona, Luis Fernando Moreno Rojas, Rafael Musalem Saffie, José Noemi Huerta, Alejandro Ochagavía Valdés, Fernando Olguín Zapata, Osvaldo Pablo Elorza, Tomás Palma Vicuña, Ignacio Prado Casas, Benjamín Reyes Vicuña, Tomás Sepúlveda Acuña, Adonis Silva Ulloa, Ramón Sule Candía, Anselmo Tarud Siwady, Rafael Teitelboim Volosky, Volodia Valente Rossi, Luis, y Valenzuela Sáez, Ricardo. Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamala. II.- APERTURA DE LA SESION. Se abrió la sesión a las 16.14, en presencia de 24 señores Senadores. El señor PALMA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III.- TRAMITACION DE ACTAS. El señor PALMA (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 45ª, que no ha sido observada. (Véase en el Boletín el acta aprobada). IV.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios. Dos de la Honorable Cámara de Diputados. Con el primero, comunica que ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley que faculta al Presidente de la República para fijar las nuevas escalas de sueldos del personal de las instituciones semifiscales (véase en los Anexos, documento 1). Pasa a la Comisión de Gobierno. Con el segundo, comunica que ha tenido a bien insistir en el rechazo de algunas de las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que establece normas sobre indígenas. Se manda archivarlo. Informes. Cinco de la Comisión de Hacienda, recaídos en los siguientes asuntos: 1) Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que destina fondos para el Hogar Infantil del Club de Leones de Talca (véase en los Anexos, documento 2). 2) Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Hamilton, que dispone que la Corporación de Magallanes, el Instituto CORFO de Aisén y el Instituto CORFO de Chiloé contribuirán al financiamiento de la educación superior en sus respectivas provincias (véase en los Anexos, documento 3). 3) Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Jerez, Montes y Pablo, que destina recursos al Servicio de Bienestar de la Armada Nacional para la terminación del Estadio Naval de Talcahuano (véase en los Anexos, documento 4). 4) Nuevo informe recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Lorca, que prohíbe la internación al resto del país de las mercaderías que remate el Servicio de Aduanas en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes (véase en los Anexos, documento 5). 5) Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Valente, que declara que, interpretando el Nº 224 del Cuadro Anexo Nº 2 de la ley Nº 11.704, los taxistas y transportistas propietarios de un solo vehículo no pagarán patente de transportista (véase en los Anexos, documento 6). Uno de la Comisión de Obras Públicas, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Carmona, Hamilton y Olguín, que declara de utilidad pública y autoriza la expropiación de un inmueble ubicado en Iquique para transferirlo al Club Deportivo Jorge V, de esa ciudad (véase en los Anexos, documento 7). Dos de la Comisión de Agricultura y Colonización, recaídos en los siguientes asuntos: 1) Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Morales, que declara que las disposiciones de la ley de Reforma Agraria no son aplicables a la provincia de Aisén ni a Chiloé continental (véase en los Anexos, documento 8). 2) Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Aylwin, que establece que los dueños de predios rústicos de superficie no superior a 40 hectáreas de riego básicas que sean expropiados por la construcción del embalse Convento Viejo, tendrán derecho a que CORA les asigne tierras de valor equivalente (véase en los Anexos, documento 9). Quedan para tabla. Mociones. Una de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Baltra, Bossay, Hamilton y Juliet, con la cual inician un proyecto de ley que define el concepto de empresas periodísticas y dicta normas sobre su funcionamiento (véase en los Anexos, documento 10). Pasa a la Comisión de Gobierno. Una del Honorable señor Lorca, con la cual inicia un proyecto de ley que autoriza a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para condonar reajustes e intereses de préstamos concedidos a estudiantes universitarios (véase en los Anexos, documento 11). Pasa a la Comisión de Educación Pública. Otra del Honorable Senador señor Ballesteros, con la cual inicia un proyecto de ley que destina fondos para la Federación Nacional de Deportes Submarinos (véase en los Anexos, documento 12). Pasa a la Comisión de Hacienda. Dos del Honorable Senador señor Lorca, con las cuales inicia los siguientes proyectos de ley: 1) El que condona deudas por préstamos concedidos por la Corporación de Fomento de la Producción y otras instituciones en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, a pequeños y medianos agricultores e industriales (véase en los Anexos, documento 13). Pasa a la Comisión de Economía y Comercio. 2) El que determina que el Instituto de Desarrollo Agropecuario condonará determinados créditos concedidos a la Federación de Sindicatos Agrícolas Unidad Campesina, de Magallanes (véase en los Anexos, documento 14). Pasa a la Comisión de Agricultura y Colonización. Una del Honorable Senador señor Hamilton, con la cual inicia un proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Castro para expropiar el teatro Rex de esa ciudad (véase en los Anexos, documento 15). Otra del Honorable Senador señor Lorca, con la cual inicia un proyecto de ley que declara de utilidad pública y autoriza a la Municipalidad de Castro para expropiar el teatro Rex de esa ciudad (véase en los Anexos, documento 16). Pasan a la Comisión de Obras Públicas. El señor PALMA (Presidente).- Terminada la Cuenta. El señor VALENTE.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra sobre el Cuenta el Honorable señor Valente. EXENCION DE PATENTE A TAXISTAS Y TRANSPORTISTAS PROPIETARIOS DE UN SOLO VEHICULO. PREFERENCIA. El señor VALENTE.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda ha informado un proyecto de ley que tiene por objeto interpretar el Nº 224 del Cuadro Anexo Nº 2 de la ley Nº 11.704, de Rentas Municipales, en el sentido de que los taxistas y transportistas dueños de un solo vehículo no paguen patente de transportista. La iniciativa – repito - interpreta una ley que existe desde hace diez años y resuelve un problema creado últimamente, como consecuencia de la misma, a la Municipalidad de Iquique. Ruego a la Mesa solicitar el acuerdo de los Comités para destinar al despacho de este proyecto los últimos cinco o diez minutos del Orden del Día. El señor PALMA (Presidente).- Se consultará a los Comités. El señor LORCA.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Sobre la Cuenta, tiene la palabra Su Señoría. CREACION DEL MINISTERIO DEL MAR. TRAMITE A COMISION DE ECONOMIA. El señor LORCA.- Señor Presidente, la Comisión de Gobierno, que tengo el honor de presidir, ha estimado que no le corresponde el examen del proyecto que crea el Ministerio del Mar. Por eso, me ha encargado solicitar que dicha iniciativa pase a la Comisión de Economía, idea que comparte también el actual Ministro de Tierras y futuro Ministro del Mar. Debo aclarar que la Comisión de Gobierno está abocada al estudio de innumerables materias; la de Economía, en cambio, no tiene en estos momentos proyecto alguno para su análisis. Por lo tanto, creo que no habrá inconveniente en la Sala para acceder a la petición que formulo, en el sentido de pasar dicho proyecto a la Comisión de Economía. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se procederá en la forma sugerida por el Honorable señor Lorca. Acordado. El señor PABLO.- Pido la palabra sobre la Cuenta. El señor PALMA (Presidente).- Puede hacer uso de ella Su Señoría. PROYECTO SOBRE DELITO ECONOMICO. PRORROGA DE PLAZO A COMISION. El señor PABLO.- Ruego a la Mesa pedir la venia de la Sala para prorrogar, hasta el término del constitucional, el plazo otorgado a la Comisión de Legislación para informar el proyecto que legisla sobre delito económico. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. V.- FACIL DESPACHO. PERSONALIDAD JURIDICA PARA CONFEDERACION DE COLEGIOS PROFESIONALES DE CHILE. El señor FIGUEROA (Secretario).- En el primer lugar de la tabla de Fácil Despacho, corresponde continuar ocupándose en el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Aylwin, que otorga personalidad jurídica a la Confederación de Colegios Profesionales de Chile. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción del señor Aylwin): En primer trámite, sesión 38ª, en 18 de agosto de 1971. Informe de Comisión: Legislación, sesión 18ª, en 21 de junio de 1972. Discusión: Sesión 46ª, en miércoles 2 de agosto de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Legislación, en informe suscrito por los Honorables señores Pablo (Presidente), Bulnes Sanfuentes, Carmona, Juliet y Rodríguez, recomienda aprobar el proyecto en los términos que constan en el boletín respectivo. En la sesión anterior en que se trató esta materia, quedó pendiente el debate, y con la palabra el Honorable señor Aylwin. El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar Su Señoría. El señor AYLWIN.- Señor Presidente, en la sesión anterior en que se analizó este asunto algunos señores Senadores objetaron el inciso segundo del artículo 3º y el artículo 4°. La primera de estas disposiciones establece que los colegios profesionales que no son fundadores pueden ingresar a la Confederación, y para ello exige como requisitos que la solicitud se presente por escrito y que se apruebe por la mayoría absoluta de los miembros de la Confederación. El artículo 4º, por su parte, consagra el derecho de los colegios incorporados a retirarse de la Confederación. Vale decir, prevé un sistema de afiliación voluntaria de los colegios, lo que mereció objeciones a algunos señores Senadores, por estimar que, si la Confederación se creaba por ley, los colegios profesionales ya creados del mismo modo, o que legalmente se reconozcan en el futuro como tales, debieran, por ministerio de la ley, pertenecer a ella. Personalmente, creo que la observación es razonable, y no me merece mayores reparos. Por consiguiente, si ése fuera el obstáculo para aprobar la iniciativa, por nuestra parte no habría inconveniente en aceptar una indicación sustitutiva de los artículos 3º y 4º por otro en que se consignara que todo colegio profesional cuya personalidad jurídica sea reconocida por ley pertenecerá de pleno derecho a la Confederación. Nada más. El señor GARCIA.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor VALENTE.- Pido la palabra. El señor GARCIA.- Señor Presidente, quiero decir, ante todo, que daremos nuestros votos favorables a este proyecto de ley. En seguida, deseo manifestar que, en opinión del Senador que habla, ésta es la Confederación más importante que habrá en Chile. Desde luego, cabe destacar que estará compuesta por cerca de 70 mil personas, todas las cuales han alcanzado el más alto grado de cultura que es posible obtener en el país. Muchas de esas personas tienen una tradición, por haber pertenecido más de 40 años a un colegio profesional. Más todavía, antes que la ley reconociera la existencia de ese tipo de colegios, los médicos, ingenieros y abogados se hallaban agrupados en institutos y asociaciones. Y no sólo cuentan con una trayectoria de trabajo en común; además, su labor en favor de sus respectivas actividades ha sido totalmente desinteresada. Todo ello ha contribuido a dar alto prestigio a las profesiones. Por consiguiente, la confederación de esos colegios dará mucha fuerza a la opinión que sobre problemas generales del país puedan emitir. Respecto de lo que el señor Aylwin propone, la verdad es que, en atención a la calidad de las personas de que se trata, al hecho de que su propósito sólo es de mejoramiento profesional, y a que nunca hay problemas subalternos en estas materias, no tiene importancia que esos acuerdos se tomen por los dos tercios o por la mayoría. Por lo demás, generalmente las resoluciones se adoptan por unanimidad. En consecuencia, tal como está el proyecto le daríamos nuestra aprobación; y si fuera obstáculo alguno de sus artículos, no tendríamos inconveniente en concurrir también con nuestros votos a modificarlo. Era cuanto quería decir. El señor VALENTE.- Señor Presidente, en sesión anterior objeté el artículo 3º de este proyecto, por considerarlo discriminatorio. Expresé mi pensamiento en el sentido de que no podría constreñirse a la Confederación de Colegios Profesionales Universitarios a admitir sólo a los colegios creados por ley a la fecha de promulgación de la ley en debate, que es lo que se deduce de los términos en que se halla redactado el artículo 3º. Por lo demás, el inciso segundo de este mismo artículo expresa: Se entenderá incorporado el Colegio solicitante una vez que citada especialmente al efecto la Confederación y con la concurrencia de la mayoría absoluta de sus miembros, fuera aceptado por los dos tercios de los concurrentes; vale decir, la incorporación de un colegio profesional universitario queda circunscrita a la aceptación de su solicitud en ese sentido por parte de la mayoría del consejo. Queremos introducir algunas modificaciones a ese artículo 3º, que es el único que nos merece reparos, y con tal objeto hemos hecho llegar a la Mesa la indicación del caso. Lo que proponemos es lo siguiente, y ruego al señor Aylwin que me escuche, pues como autor del proyecto podría considerar la posibilidad de aceptar la proposición: reemplazar, en el inciso primero, la expresión podrá admitir por admitirá; en seguida, intercalar entre creados y por ley las palabras y que se creen, con el fin de posibilitar el ingreso a la Confederación de aquellos colegios que se establezcan después de la promulgación de la ley en debate; y suprimir el inciso segundo, porque, a mi entender, puede producir la discriminación. A nuestro juicio, el solo hecho de que una organización de profesionales obtenga por ley la creación de su colegio le da derecho a incorporarse a la Confederación si lo pide; es decir, el único requisito que debería cumplir el nuevo colegio sería la presentación de una solicitud. El señor PALMA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el Honorable señor Luengo. El señor AYLWIN.- Perdón... El señor LUENGO.- Que use de la palabra el señor Aylwin primero. El señor AYLWIN.- La indicación del Honorable señor Valente coincide enteramente con el planteamiento que yo había expuesto, con una pequeña diferencia, por la que, a mi entender, desde el punto de vista de la técnica jurídica es mejor la fórmula que yo proponía: que, por ministerio de la ley, forme parte de la Confederación todo colegio cuya personalidad jurídica se reconozca legalmente. Esto exigiría - lo mismo que la fórmula propuesta por el señor Valente - la supresión del artículo 4°, porque, si hay afiliación obligatoria, mal podría un colegio separarse de la Confederación. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Luengo. El señor LUENGO.- Señor Presidente, yo discuerdo de la proposición del colega señor Aylwin, y creo que también discrepa bastante de ella la del señor Valente. Por lo menos haré presente lo que estimo que debiera ser esta iniciativa, en los aspectos a que se refieren los artículos 3º y 4º. Coincido con lo expuesto por el señor Valente en cuanto a que en el inciso primero del artículo 3º debiera reemplazarse la expresión podrá admitir por admitirá, a fin de que un colegio profesional, por el solo hecho de solicitar su ingreso a esta Confederación, deba ser admitido. No me parece conveniente que tal admisión ocurra por ministerio de la ley, porque podría ser que un colegio o algunos colegios no desearan pertenecer a ese organismo, y si se los obligara a ello no le prestarían ninguna cooperación: participarían en la Confederación sólo por la letra de la ley, pero no efectivamente. Por otra parte, si basta el acuerdo de un colegio profesional para que la Confederación deba admitirlo, con arreglo a la indicación del señor Valente, y según la idea que tengo sobre el particular, el retiro de ese colegio de la Confederación debe también ser voluntario; en consecuencia, ha de bastar también el acuerdo del consejo del respectivo colegio para que deje de formar parte de aquélla. ¿Cuál sería, entonces, mi idea central? Que tanto para el ingreso a la Confederación como para el retiro de ella baste la voluntad del respectivo colegio; que se mantenga en la Confederación el que lo desee, y que se retire el que así lo acuerde. No procedería, pues, suprimir el artículo 4º, que es el que permite a cualquier colegio retirarse de la Confederación. En resumen, las modificaciones en que concuerdo son las del artículo 3º que ya he señalado: reemplazar podrá admitir por admitirá y suprimir el inciso segundo. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, daré por aprobado en general el proyecto. Tiene la palabra el Honorable señor Gumucio. El señor GUMUCIO.- Señor Presidente, no me referiré al articulado mismo del proyecto, sino que haré presente, con toda franqueza, una inquietud de orden político. No estoy viviendo al margen de la realidad. Y la verdad es que en este último tiempo, se ha podido comprobar que algunos colegios profesionales se han excedido de sus funciones propias y, aun, de sus estatutos. Caso muy preciso ha sido el del Colegio de Abogados, cuya directiva se elige por lista completa. A causa de esto último, si resulta ganadora una lista, el directorio de ese colegio representa sencillamente o una ideología o un sentir determinado y cierra la posibilidad de intervención de la minoría. En este último tiempo, hemos visto actitudes discordantes con mi punto de vista, como la del Colegio de Abogados de pretender suprimir el título a algunos de sus afiliados que desempeñaban cargos funcionarios. Tal pretensión mereció el repudio del Consejo de Defensa Fiscal, el que en forma unánime resolvió que no cabía a ese colegio tomar dicha medida. Parecido fue el caso tan discutido del desafuero del Intendente de Santiago: el Presidente del Colegio de Abogados firmaba la solicitud - aunque no en nombre del colegio - en que se pedía tal desafuero, por motivos bastante discutibles, como lo prueba el hecho de que en tres informes la Comisión de Legislación del Senado se manifestara adversa al mismo. No tendría objeción que formular a la existencia de una Confederación de Colegios Profesionales; pero quiero manifestar mi inquietud en el sentido de que su actuación pueda trasladarse al terreno político, en el que, por acuerdos que se adopten por mayorías determinadas, la Confederación signifique para el país momentos muy difíciles, porque, naturalmente, si se tomara un acuerdo de índole política, por la magnitud de los colegios que formarían la Confederación, los hechos que de aquél podrían derivarse serían de extrema gravedad. Formulo votos por que este proyecto no vaya a ser una base para que se produzca tal situación y se ahonde una lucha que, indudablemente, puede ser una lucha de clases por venir, pues no estoy tan ciego como para atenerme sólo al articulado del proyecto y hacer caso omiso de ese riesgo evidente, que existe. El señor PALMA (Presidente).- Si al Senado le parece, se aprobaría en general el proyecto. Aprobado. El señor GUMUCIO.- Con mi voto negativo. El señor VALENTE.- Todavía no, señor Presidente. Entiendo que, aprobado en general el proyecto, se cierra el debate y, en todo caso, no podrían formularse indicaciones. Estamos redactando una indicación y no demoraremos más de dos minutos en hacerlo. ¿Podemos presentarla? El señor PALMA (Presidente).- ¿A qué artículo se refiere Su Señoría? El señor VALENTE.- Se trata de un artículo nuevo. El señor LUENGO.- ¿Por qué no damos un par de días de plazo para formular indicaciones? El señor PALMA (Presidente).- Este proyecto lo aprobó por unanimidad la Comisión, con la asistencia de Senadores de todas las corrientes. El señor LUENGO.- Sí, pero en primer informe. Admite indicaciones. Propongo que demos sólo dos días de plazo. El señor PALMA (Presidente).- Su Señoría sabe que, de acuerdo con las normas relativas al Fácil Despacho, debe tratarse de inmediato en particular el proyecto. Se han presentado dos indicaciones, que inciden en los artículos 3° y 4°. Serán tres con la que anuncia el Honorable señor Valente. El señor FIGUEROA (Secretario).- La primera indicación, del Honorable señor Chadwick, tiene por objeto agregar un artículo que diría: Todo profesional afectado por una medida disciplinaria o una resolución de la Confederación de Colegios Profesionales o de un colegio profesional cualquiera, tendrá el derecho a reclamar de ella, dentro del plazo de cinco días, ante el juez civil de turno del departamento que sirviere de sede al organismo que tomó la medida o adoptó la resolución. El señor JULIET.- No guarda relación con el proyecto. El señor PALMA (Presidente).- Sería un artículo nuevo, señor Senador. El señor JULIET.- Pero no tiene relación con el proyecto. El señor CHADWICK.- ¿Por qué? Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick. El señor CHADWICK.- Señor Presidente, al presentar esta indicación tuve en cuenta la idea matriz del proyecto: reglamentar los colegios profesionales. Y me parece que falta una regla, en la mayor parte de las leyes orgánicas de los colegios profesionales existentes en Chile, que dé garantías a todos los profesionales de no ser objeto de medidas disciplinarias manifiestamente injustas, sin disponer de ningún recurso. En general, las leyes orgánicas han previsto un recurso, ante la Corte Suprema, cuando se trata de una medida máxima, como la cancelación del título; pero yo me refiero, en esta indicación, a cualquiera otra medida disciplinaria que pudiera ser injusta. Ella debe dar derecho a reclamar ante el juez civil de turno del departamento en que tenga su sede el organismo que aplique la medida, para asegurar que no se cometan injusticias o tropelías. En realidad, la observación del Honorable señor Gumucio no está carente de toda base. La experiencia indica que los organismos sociales, a medida que toman fuerza, tienden a transformarse en organismos políticos. Yo diría que es casi una ley sociológica. Por lo tanto, los distintos profesionales están expuestos a ser víctimas de verdaderas persecuciones por falta de recursos que los amparen ante las medidas injustas de los respectivos colegios. Ahora bien, no puedo concebir por qué esa idea haya de considerarse sin conexión con el proyecto. Este, repito, tiene por objeto fijar un estatuto general para todos los colegios profesionales. Dentro de ese estatuto cabe una disposición como la que propongo; es del todo pertinente. El señor PALMA (Presidente).- En votación la indicación del Honorable señor Chadwick. (Durante la votación). El señor GARCIA.- Para los efectos de dejar constancia en el acta, quiero decir que la indicación creará innumerables problemas, porque en cada colegio hay un mecanismo distinto para las reclamaciones; algunos con dos instancias, y otros, con tres. De modo que el procedimiento propuesto significa legislar acerca de los mecanismos internos de cada colegio profesional. Por tales razones, voto que no. El señor BULNES SANFUENTES.- Además de estar de acuerdo con la opinión que acaba de expresar el Honorable señor García, considero que la indicación es manifiestamente inconexa con el proyecto. Sólo pueden admitirse a discusión - lo dice la Constitución Política del Estado - las indicaciones que tengan relación directa con la idea básica de la iniciativa. En este caso, es una sola: crear la Confederación de Colegios Profesionales de Chile. En ninguna de sus disposiciones se entra a modificar el régimen interno o la jurisdicción de los colegios. Y la indicación que estamos votando tiene por objeto introducir una modificación sustancial a ese régimen. Por lo demás, me pareció oír que se iba a apelar de las medidas disciplinarias al juez de letras respectivo. A mi juicio, habría cierta desproporción en que la medida aplicada dentro de la profesión por el Consejo General del Colegio de Abogados, por el Consejo General del Colegio Médico o por el Consejo General del Colegio de Periodistas, pudiera ser revocada o modificada por un juez de letras. Sobre todo si se considera que las medidas que aplican tales corporaciones se refieren generalmente, no a transgresiones de ley, sino que a faltas de ética profesional, que cada colegio está en mejores condiciones para apreciar que un tribunal ordinario. Por esas consideraciones, voto que no. El señor CHADWICK.- Quiero hacerme cargo de las observaciones del Honorable señor Bulnes Sanfuentes, quien considera que no existe conexión entre la proposición que he presentado y el proyecto que nos ocupa. En realidad, si se tiene en cuenta que la iniciativa crea la Confederación de Colegios Profesionales de Chile, hay que concluir que, a través de ese organismo, todos los profesionales van a quedar sometidos a una disciplina que los afecta profundamente en el ejercicio de sus profesiones y en el desarrollo de sus vidas. De modo que no hay falta de conexión. Se trata de una situación de hecho comprendida en la idea general del proyecto. En cuanto a las otras objeciones, debo aclarar que se persigue exclusivamente crear una garantía en el sentido de que un profesional no pueda ser afectado por una medida disciplinaria, sin tener un recurso que permita intervenir a la justicia ordinaria, por la vía de la reclamación. Por lo demás, esto no constituye novedad alguna. Cada vez que la autoridad adopta una medida, se admite, en el Derecho Administrativo, el derecho a reclamación, que no es una apelación. Sencillamente, es abrir una nueva instancia para que, con criterio diferente, se revise la procedencia o improcedencia de las medidas tomadas. Creo que me he ajustado a los principios generales, y voto que sí. El señor REYES.- Evidentemente, la idea propuesta significa una disminución de las facultades de los colegios profesionales que nada aconseja adoptar, pues los propios colegiados, al incorporarse a sus respectivos gremios, conocen perfectamente los términos en que estarán sometidos a la reglamentación interna. En seguida, vale la pena señalar que hay diversas materias en las que se excede, si pudiéramos decirlo así, la culpabilidad y, en consecuencia, la penalidad habitual. Hay transgresiones típicamente profesionales que nadie mejor que el colegio respectivo puede juzgar. Debemos considerar también que los colegios están integrados en forma multipartidaria; que dentro de ellos tienen cabida todas las tendencias. El señor JEREZ.- La minoría no tiene representación proporcional en el Colegio de Abogados. El señor REYES.- Porque no tiene capacidad de expresarse en otra forma. En definitiva, creo que la indicación es nefasta por donde se la mire, especialmente si llegara a establecerse como norma para lo futuro. Voto que no. El señor JULIET.- Yo no me atrevería a emplear el término nefasta con respecto a una indicación relativa a los colegios profesionales, ni tampoco a pronunciarme definitivamente acerca de si ella tiene relación o no con la idea matriz o fundamental del proyecto. Pero quiero advertir y vale la pena hacerlo - que los miembros del Colegio de Abogados recurren a los tribunales de justicia cuando se aplica una medida máxima. En los demás colegios profesionales, cuando la medida se ha aplicado por un organismo provincial, se recurre al consejo general. Pero si la medida la aplica este consejo, no cabe otro recurso. Por lo tanto, en cierto modo es atendible dar al acusado la posibilidad de defenderse; proporcionarle una ocasión de esclarecer su conducta y de no ser dañado, a veces, por malquerencias o por juicios precipitados en su propio colegio. Por eso, no creo que la medida propuesta vaya a producir en los colegios profesionales mayor alteración en su convivencia y en su natural unidad de propósitos. Solicité la palabra con el objeto de referirme a las observaciones del Honorable señor Gumucio, aunque para ello no disponga sino de los dos o tres minutos que deben restarme del fundamento del voto. Comparto las inquietudes señaladas por el señor Senador, pero debo recalcar, para la historia de esta legislación, que la Confederación de Colegios Profesionales no tiene otro objetivo - porque así se nos expresó - que tratar de producir entre ellos un concepto de solidaridad, de buen entendimiento, de suavizar asperezas, de buscar entre ellos una fórmula de conducirse, de acuerdo con métodos o propósitos conducentes a un mejor ejercicio profesional. No podría hábilmente haberme expresado en favor si se tratara de que los colegios profesionales tuviesen un súper-colegio que interviniera o se entrometiera en sus actividades, porque eso sí que sería nefasto para la consecución de los objetivos que todos los colegios profesionales tienen. De allí que reafirme el concepto del Honorable señor Gumucio, pues me asaltaría la misma inquietud de Su Señoría con respecto a esa Confederación de Colegios Profesionales si mañana viéramos que habríamos creado una organización de carácter político que se tradujese en órdenes, disposiciones o acuerdos que produjeran entre todos los colegios una unidad resistiva o una unidad gremial sin discusión, o que se defina la actitud de ese colegio en virtud de mayorías o minorías. Con la licencia de la Mesa y de los señores Senadores, he aprovechado esta oportunidad para referirme a las palabras del Honorable señor Gumucio. En cuanto a la indicación del Honorable señor Chadwick, si bien no he meditado acerca de si guarda relación o no con la idea central del proyecto, me parece que abre la posibilidad de actuar con justicia con los afectados por medidas disciplinarias que puedan dañar su honor y su economía. Se rechaza la indicación (23 votos contra 17 y 3 pareos). El señor FIGUEROA (Secretario).- La segunda indicación incide en el artículo 3º. La formuló el Honorable señor Valente, para reemplazar, en el inciso primero, la expresión podrá admitir por admitirá; agregar, después de la palabra creados la frase y que se creen, y suprimir el inciso segundo. Se aprueba (27 votos contra 7, 1 abstención y 4 pareos). El señor FIGUEROA (Secretario).- La última indicación, suscrita por los Honorables señores Valente y Jerez, es para agregar un artículo nuevo: La elección de las directivas de los Colegios Profesionales Universitarios deberá efectuarse en votación secreta y será proporcional, de manera que en sus directivas todas las tendencias estén democrática y proporcionalmente representadas. El señor PALMA (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. El señor AYLWIN.- A mi juicio, la indicación es claramente inadmisible, porque no tiene relación directa con la materia propia de la ley en proyecto. La iniciativa se refiere exclusivamente a la creación de la Confederación de Colegios Profesionales y sus facultades. En cambio, la indicación tiende a legislar sobre la forma de elegir las directivas de los colegios, materia que regulan sus respectivas leyes orgánicas. Es decir, con esta indicación se entra a modificar las normas imperantes respecto de cada uno de los colegios. Por ese motivo, pido a la Mesa declarar inadmisible la indicación. El señor JEREZ.- La verdad es que en cuanto a otros aspectos de esta iniciativa de ley no han existido tantos escrúpulos como los que demuestra el Honorable señor Aylwin. En primer término, este asunto no es de Fácil Despacho. Aprovecho esta oportunidad para señalar que durante el último tiempo he venido observando que diferentes proyectos, tal como éste, que no pueden ser de Fácil Despacho, gozan del privilegio de aparecer en esta tabla. Lo digo porque no me parece que tal situación se pueda tolerar más. Es francamente un abuso la forma como la Mesa estructura esta tabla. El señor REYES.-La tabla la aprueba la Sala, señor Senador. El señor JEREZ.- De todas maneras. No importa. El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador, la tabla de Fácil Despacho la prepara el Presidente del Senado, pero la anuncia con una semana de anticipación; y cualquier Senador que tenga dudas sobre la materia puede pedir que se excluya algún proyecto de ella. Así, se han retirado de esta tabla varios proyectos anunciados por la Mesa. El señor JEREZ.- No importa, señor Presidente. Mi observación se encaminaba sólo a destacar que yo no he sido tan puntilloso en torno de este problema. Y la he formulado porque me pareció prudente hacerlo después de ver la excesiva quisquillosidad del Honorable señor Aylwin frente a una materia que, a mi juicio, es tan importante, que bien merecía no atenerse tanto a la letra del Reglamento. El señor AYLWIN.- En cuestiones de Reglamento, el señor Senador siempre es poco puntilloso. El señor JEREZ.- No oí la interrupción del señor Senador. Pero no le atribuyo importancia, pues no tengo interés en entablar diálogos con Su Señoría. Si se trata de crear un organismo que represente de manera superior a la generalidad de los colegios profesionales, es bueno, en todo sentido, que él exprese aquellos valores que suelen ser objeto de una defensa muy enfática de parte de ciertos sectores. El ejemplo que expuso el Honorable señor Gumucio respecto del Colegio de Abogados me parece irrebatible. De paso, manifesté al Honorable señor Reyes que no existía proporcionalidad en las directivas de los colegios. Su Señoría me respondió que el asunto estriba en que las tendencias minoritarias no tienen fuerza. No se trata de eso. El problema radica en el sistema de elección: por listas cerradas, donde el que tiene un voto más gana, y el que tiene un voto menos, pierde. Entonces, toda la defensa del pluralismo, de la representación proporcional, de la democracia, etcétera, se va al tacho con ese sistema eleccionario. Estimo que nunca es inoportuno - y quisiera que el Honorable señor Aylwin entendiera lo que trato de afirmar - corregir los procedimientos a fin de que realmente cobren efectividad aquellos valores que tanto se proclaman. Estos valores deben hacerse valer siempre, no sólo cuando interesan a determinadas posiciones. Y esto lo digo en términos muy generales, porque puede ser que en determinada circunstancia la directiva de un colegio profesional, cualquiera que sea su tendencia, abuse del ejercicio de su poder. ¿Qué defensa tiene, por ejemplo, un colegiado cualquiera, si en la directiva del organismo que integra no hay una persona que pueda representar sus intereses, su opinión o sus derechos? Pienso que no se trata de un problema tanto de forma, de legalidad, de Reglamento. Se trata de un problema de purificación de ciertos sistemas, sobre todo por parte de aquellos que han llevado tan lejos su amor a la legalidad, al derecho, al respeto a la justicia, a la dignidad de la persona humana, a la democracia y, en fin, al pluralismo, que inclusive han realizado desfiles dentro de los tribunales de justicia, incurriendo con ello casi en desacato al Poder Judicial. Me parece que ésta es una observación que vale la pena considerar y que no puede desecharse sobre la base de argumentaciones tan débiles como las de simple carácter procesal o formal. El señor VALENTE.- Considero que la indicación es pertinente a la idea central del proyecto. Se trata de conceder personalidad jurídica a la Confederación de Colegios Profesionales Universitarios. El artículo 2º expresa que son miembros fundadores de la Confederación los colegios profesionales que allí se señalan, en tanto que el artículo 3º permite que se incorporen... El señor PALMA (Presidente).- ¿Me permite, señor Senador? Ha terminado el tiempo de Fácil Despacho. El señor VALENTE.- ¿No estamos en votación, señor Presidente? El señor PALMA (Presidente).- No, señor Senador. Solicito el acuerdo unánime de la Sala para continuar tratando este proyecto. No hay acuerdo. Queda pendiente la discusión, y con la palabra el señor Senador. VI.- ORDEN DEL DIA. AUTORIZACION DE PACTOS ELECTORALES. VETO. El señor FIGUEROA (Secretario).- En primer término, corresponde ocuparse, en segunda discusión, en las observaciones en primer trámite constitucional recaídas en el proyecto que modifica la ley General de Elecciones con el objeto de autorizar los pactos electorales. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción de los señores Bulnes Sanfuentes, Luengo, Montes, Palma y Sepúlveda): En primer trámite, sesión 12ª, en 19 de abril de 1972. En tercer trámite, sesión 14ª, en 15 de junio de 1972. Observaciones en primer trámite, sesión 29ª, en 18 de julio de 1972. Informes de Comisión: Legislación, sesión 15ª, en 2 de mayo de 1972. Legislación, sesión 24ª, en 16 de mayo de 1972. Legislación (veto), sesión 45ª, en 1º de agosto de 1972. Discusión: Sesiones 15ª, en 2 de mayo de 1972; 19ª, 20ª y 21ª, en 4 de mayo de 1972 (se aprueba en general); 26ª, en 18 de mayo de 1972; 2ª, en 23 de mayo de 1972; 3ª, en 24 de mayo de 1972 (se aprueba en particular) ; 14ª, en 15 de junio de 1972 (se despacha en tercer trámite), y 46ª, en 2 de agosto de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en informe suscrito por los Honorables señores Pablo (Presidente), Bulnes Sanfuentes, Hamilton, Juliet y Luengo, recomienda rechazar la observación, consistente en la supresión de la totalidad de las disposiciones del proyecto. Votaron en contra de la observación los Honorables señores Bulnes Sanfuentes; Hamilton; Juliet y Pablo. Se pronunció en favor de ella el Honorable señor Luengo. El señor PALMA (Presidente).- En la segunda discusión, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 18 y 1 pareo. El señor PALMA (Presidente).- Corresponde repetir la votación. Si le parece a la Sala, se dará por repetida. No hay acuerdo. (Durante la votación). El señor CORVALAN.- ¿Me permite, señor Presidente? Pensando que se trataba de la insistencia, voté por la afirmativa... El señor PALMA (Presidente).- No se está votando la insistencia, señor Senador, sino la observación misma. El señor CORVALAN.- Entonces, estoy pareado. Se rechaza la observación (21 votos por la negativa, 18 por la afirmativa y 1 pareo). El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, con la misma votación no se insistiría. Acordado. Terminada la discusión de la observación. RATIFICACION DE TRANSACCIONES CELEBRADAS CON SU PERSONAL POR LAS INSTITUCIONES DE PREVISION SOCIAL, INCLUIDO EL SERVICIO MEDICO NACIONAL DE EMPLEADOS. VETO. El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, corresponde tratar la observación en segundo trámite constitucional recaída en el proyecto que ratifica las transacciones celebradas con sus personales por las instituciones de previsión social, incluido el Servicio Médico Nacional de Empleados. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 14ª, en 15 de junio de 1972. Observación en segundo trámite, sesión 46ª, en 2 de agosto de 1972. Informe de Comisión: Gobierno, sesión 19ª, en 27 de junio de 1972. Discusión: Sesión 20ª, en 28 de junio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- Por acuerdo de Comités, esta materia se eximió del trámite de Comisión. La observación consiste en agregar el siguiente inciso final al artículo único del proyecto: Ratifícase también la transacción celebrada con sus personales por el Instituto de Seguros del Estado, para poner término a litigios pendientes y precaver eventuales litigios por concepto de diferencias de remuneraciones derivadas de la aplicación de los artículos 4º y 5º de la ley Nº 16.617 y 80 de la ley Nº 16.840, relacionadas con otras disposiciones conexas, como son los artículos 19 de la ley Nº 14.501, 1º de la ley Nº 15.077 y 2º de la ley Nº 15.474; y ratifícase, asimismo, todo lo actuado por dicha Institución a objeto de dar cumplimiento a los acuerdos adoptados sobre el particular y a la expresada transacción, en tal virtud celebrada. La Cámara de Diputados aprobó esta observación. El señor PALMA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobará la observación del Ejecutivo. El señor AGUIRRE DOOLAN.- No hay acuerdo. Que se vote. El señor PALMA (Presidente).- En votación. Se aprueba la observación (31 votos por la afirmativa). NORMAS EN BENEFICIO DE OCUPANTES DE INMUEBLES DE CORHABIT, CORVI Y OTRAS INSTITUCIONES. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que establece normas en beneficio de los actuales ocupantes de inmuebles de propiedad de la Corporación de Servicios Habitacionales, Corporación de la Vivienda u otras instituciones. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 51ª, en 14 de septiembre de 1971. Informe de Comisión: Obras Públicas, sesión 57ª, en 15 de septiembre de 1971. Discusión: Sesión, 46ª, en miércoles 2 de agosto de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Obras Públicas, en informe suscrito por los Honorables señores Hamilton (Presidente), Acuña y Musalem, recomienda aprobar el proyecto con las modificaciones contenidas en el boletín que tienen en su poder los señores Senadores. El proyecto está en segunda discusión. El señor PALMA (Presidente).- En la segunda discusión, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. Si le parece a la Sala, se aprobará el informe de la Comisión. Aprobado. SESION SECRETA. Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 17.11, y designó Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Gobierno de la República de Zambia al señor Hernán San Martín Ferrari. Se reanudó la sesión pública a las 17.28. ENMIENDA A CONVENIO DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL. El señor PALMA (Presidente).- Continúa la sesión pública. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados sobre aprobación de Protocolo relativo a la enmienda del artículo 50 a) del Convenio de Aviación Civil Internacional. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de acuerdo: En segundo trámite, sesión 51ª, en 14 de septiembre de 1971. Informe de Comisión: Relaciones Exteriores, sesión 19ª, en 27 de junio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Relaciones Exteriores, en informe suscrito por los Honorables señores Pablo (Presidente accidental), Bulnes Sanfuentes, Juliet y Teitelboim, recomienda a la Sala aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara. Se aprueba. IMPORTACION DE AUTOMOVILES POR CHILOE. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Lorca, que autoriza la importación de 200 automóviles por la provincia de Chiloé. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción del señor Lorca): En primer trámite, sesión 6ª, en 5 de abril de 1972. Informe de Comisión: Hacienda, sesión 19ª, en 27 de junio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), García y Lorca, recomienda a la Sala aprobar el proyecto, que consta de un artículo único. El señor PALMA (Presidente).- En discusión general y particular. Ofrezco la palabra. El señor VALENTE.- Pido la palabra. Esta iniciativa autoriza por una sola vez la internación de doscientos automóviles para destinarlos al servicio de taxis, según entiendo. El señor LORCA.- No. El señor VALENTE.- O para cubrir las necesidades de las provincias australes, concretamente la de Chiloé. Vale decir, doscientos particulares podrán tener un automóvil de valor CIF no superior a 3.500 dólares ni inferior a 3.000 dólares. Tengo la impresión de que el proyecto en debate es innecesario, porque, de acuerdo con la legislación que rige en la zona austral, en este instante hay autorización legal para poder importar tales vehículos. En efecto, el inciso quinto del artículo 2º de la ley 14.824 dispone que la internación de vehículos en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes está liberada y autorizada no sólo para la importación de elementos destinados a locomoción colectiva, sino también para que se acojan a ella los particulares. Según mi modo de entender, esta iniciativa provocará dificultades al Banco Central, porque establece nada menos que la inversión de 600 mil dólares en adquirir estos vehículos en el extranjero, lo que a mi juicio en este momento, de acuerdo con la situación de la balanza de pagos y la política monetaria del Banco Central, es absolutamente inconveniente. Rogamos a la Mesa nos explique las razones por las cuales este proyecto tuvo su origen en el Senado y no en la Cámara, como correspondía, ya que plantea una liberación de importaciones. El señor LORCA.- Todo lo contrario. El señor VALENTE.- Según el proyecto, los doscientos automóviles no podrán internarse en ningún caso al resto del país y sólo podrán ser importados por personas que tengan un mínimo de diez años de residencia en la provincia referida., es decir en la de Chiloé. El rendimiento que produzca esta importación por concepto de gravámenes aduaneros se invertirá de la siguiente manera: ¿Y qué se entiende por gravámenes aduaneros? Todos los que se aplican a un bien importado por las aduanas del país, de acuerdo con la ley tributaria. De manera que aunque se haya ocultado en la redacción del proyecto la aplicación de han impuesto, en el hecho hay un gravamen que está establecido y distribuido en el resto del artículo único. En consecuencia, reclamo del aspecto constitucional de esta iniciativa legal, pues debió tener origen en la Cámara por suponer la aplicación de un impuesto que está distribuido del siguiente modo: ocho millones de escudos para la construcción del nuevo Liceo en la ciudad de Castro, y el resto de los recursos para la Dirección de Deportes del Estado a fin de que ésta, a través del Consejo Local de Deportes de Castro, ejecute las siguientes obras: construcción de graderías, cierros y tribunas, y dotación de iluminación al Estadio Municipal de Castro; construcción de la Cancha Municipal Cuarto Centenario; construcción de un Estadio en Ten-Tén; construcción de un Estadio en la población CORVI de Castro; construcción de un Estadio en la Escuela Agrícola Cuarto Centenario de Castro; y para el Financiamiento de los gastos que irrogará la celebración en la ciudad de Castro del Campeonato Nacional de Fútbol Amateur del año 1973. No estamos en desacuerdo con la destinación de los fondos que aquí se plantea, pero nos parece que el procedimiento no se ciñe estrictamente a la Constitución. A nuestro juicio, este proyecto debió tener origen en la Cámara de Diputados. Si no fuera así, desearía que se me explicara de dónde salen los recursos, cuáles son los gravámenes que se fijarán a los automóviles y en virtud de qué ley se los aplica. El señor LORCA.- La verdad es que en esta materia tanto mi estimado amigo el Senador Valente como el que habla no podemos opinar con mucha técnica sobre el problema constitucional, pues yo no soy abogado y él es contador. El señor VALENTE.- Pero conozco el Reglamento y la Constitución. El señor LORCA.- Sí, pero el error en que ha incurrido Su Señoría es no haber leído la iniciativa, lo cual lo ha hecho caer en una pequeña equivocación. En primer lugar, lo único que pretendo con este proyecto de ley es autorizar al Banco Central para que, mediante su presupuesto de divisas, permita importar doscientos automóviles. Lo que la Constitución me prohíbe es crear o suprimir impuestos. Yo no estoy creando ningún impuesto; éstos ya existen, porque quienes internan automóviles deben pagar impuestos y gravámenes, Reitero: no estoy creando nada nuevo. Simplemente, propongo otorgar autorización para internar doscientos automóviles en la provincia de Chiloé. Ahora bien, las condiciones en que tal internación se permite están destinadas, precisamente, a evitar cualquier espíritu de especulación en que pudiera pensarse a raíz de un proyecto de esta naturaleza. Los autos deben quedar para siempre en la provincia de Chiloé y sólo pueden adquirirlos quienes tengan por lo menos una residencia de quince años en dicha provincia. ¿Por qué he patrocinado esta moción? He buscado una solución dentro de mi capacidad y ánimo de colaboración para con el Gobierno de mi país. Resulta que el Liceo de Castro imparte instrucción en la actualidad a mil alumnos, en circunstancias de que hace más o menos cuatro o cinco años se construyó para tener una matrícula de 300 educandos. Y tratando de ayudar al Gobierno, no se me ha ocurrido otra forma posible de hacerlo que proponer la construcción de un nuevo Liceo para Castro, obra en la cual toda la ciudadanía de Chiloé tiene interés. Hemos escuchado a Su Excelencia el Presidente de la República, a quien tan bien representan los partidos populares en el Senado, que él es partidario de importar diez mil automóviles. Pero cuando un modesto Senador patrocina una iniciativa para importar doscientos, resulta que ello va en contra de la política económica del Gobierno. Además, en una entrevista que sostuve con el señor Ministro de Hacienda, a propósito de un proyecto de ley que favorecería a los periodistas y que también patrociné, me dijo: No estoy de acuerdo con importar mil autos para periodistas, porque usted plantea en su moción que para tal fin el Banco del Estado deberá otorgarles préstamos, y si nosotros estamos estudiando la importación de diez mil automóviles, es para quemar circulante. Es decir, el señor Ministro de Hacienda comparte totalmente mi punto de vista, con la única diferencia de que yo soy modesto y propongo la importación de doscientos automóviles y no de diez mil. Y la internación de estos vehículos, que deberán quedarse para siempre en la provincia de Chiloé, permitirá financiar la construcción de un nuevo local para el Liceo de Castro con capacidad para 1.200 alumnos. Si algún señor Senador junto con pedirme que retire el proyecto me dijera: Aquí está la indicación para que en el Presupuesto de la Nación se destinen los fondos para construir tal liceo, yo no sería más papista que el Papa, y accedería de inmediato. Ya la juventud de Chiloé realizó un paro por esta causa. Se ha parado todo el liceo, porque tanto alumnos como profesores están angustiados por el hecho de tener que concurrir a un local construido en gran parte de madera, expuesto a incendiarse en cualquier momento. Comprendo que algunas veces, cuando un parlamentario se preocupa mucho por las provincias que representa y traduce su inquietud en diversas iniciativas legales, se rechacen algunas de ellas; pero sucede que todos los proyectos que presento siempre tropiezan en la Sala con argumentaciones que yo respeto, pero que en el fondo sólo están dirigidas a obstaculizar su despacho. El señor VALENTE.- No ha sido así, señor Senador. El señor LORCA.- Sé que en su caso no ha sido así. En este instante, no veo qué argumento más fuerte puedo aducir a favor de mi moción que el hecho de que Su Excelencia el Presidente de la República haya expresado ser partidario de importar diez mil automóviles y que el señor Ministro de Hacienda me haya dicho a mí, no en relación con esta iniciativa, sino con la otra a que me referí y que favorecía a los periodistas, que se oponía a ella porque disponía la concesión de préstamos a esos profesionales con el objeto de que adquirieran automóviles; pero que también era partidario de importar automóviles, inclusive más caros, con el exclusivo objeto de que los compraran personas pudientes y así quemar circulante. Yo planteo este problema tan sencillo... El señor GARCIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor LORCA.- Con mucho gusto, con la venia de la Mesa. El señor GARCIA.- El costo de los automóviles, convirtiendo a moneda nacional los 3 mil dólares que valdrá cada uno de ellos, alcanzaría a 180 mil escudos o 200 mil escudos. Ahora bien, el costo total de la importación, debido a que es necesario depositar en aduana 10 mil por ciento por cada producto importado, se obtendría multiplicando 200 mil escudos, que es el precio unitario de cada vehículo, por diez mil. No creo que en Chiloé ni en todo el país haya una persona que esté en condiciones de adquirir un vehículo a ese precio, y menos aún, si se exige el requisito de que viva en esa provincia más de 15 años. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Todos los que nacieron hace dieciséis años en esa zona ya tienen quince años de residencia en la provincia. El señor GARCIA.- Sí, pero no disponen de esta suma increíblemente alta de dinero que se necesita para comprar esos automóviles. A lo menos, el señor Senador podría presentar indicación para que en este caso no se exigiera el depósito previo de 10.000%, ya que para poder internar los doscientos automóviles, si no me equivoco, se requerirán tres millones de escudos por ese concepto. No estoy seguro de la cifra, porque estoy haciendo los cálculos muy a la ligera. El señor Presidente me puede ayudar. La pregunta que iba a formular es la siguiente: dados estos antecedentes, ¿no sería necesario plantear una reducción de los tributos y una disminución del depósito previo? El señor LORCA.- Yo no quisiera que mi respuesta molestara al señor Senador, pero en este caso podría aplicarse el adagio que dice que los cuidados del sacristán están matando al señor cura. Señor Senador, deje que estos posibles problemas los resuelvan quienes importarán los automóviles. Su Señoría me dice: Rebajemos los tributos. No podemos hacerlo, porque no tenemos facultades para ello. Si procediéramos de esa manera, entonces sí que sería inconstitucional el proyecto. El señor JULIET.- Pero sí se puede liberar a esa importación del depósito previo. El señor LORCA.- Si procedemos así, podemos correr el riesgo de que el proyecto sea vetado, aduciéndose que estamos fijando una política al Banco Central. El Banco Central es muy meticuloso y exigente, y uno ni siquiera puede saludar a su Presidente. Ello ha ocurrido tanto en los Gobiernos anteriores como en el actual. Por eso, creo que es un error que entremos ya a fijar una política al Banco Central. Si Sus Señorías realmente quieren ayudar a la gente de Chiloé, aprueben el proyecto en la forma propuesta por la Comisión; sin pretender mejorarlo ni ponerle dificultades. El señor LUENGO.- Deseo hacer una consulta al Honorable señor Lorca, porque en este instante no recuerdo lo que dice la ley. En estos momentos, ¿es posible importar, por la gente que vive en la provincia de Chiloé, automóviles de valor de tres mil y hasta de tres mil quinientos dólares? El señor LORCA.- Es posible, señor Senador. Pero lo que ocurre es que Chiloé cuenta, con un presupuesto de divisas de cuatro millones quinientos mil dólares, de los cuales puede destinarse el 10% para la adquisición de artículos suntuarios, rubro en el cual están considerados los automóviles. El señor LUENGO.- Agradezco la información del señor Senador, porque me aclara bastante algunas dudas que tenía sobre esta iniciativa. La verdad es que no sé por qué razón tendríamos que autorizar la internación extraordinaria de doscientos automóviles para la provincia de Chiloé - según dice el Honorable señor Lorca, para quemar circulante -, en circunstancias de que esa zona goza de un régimen especial de importaciones, que le permite internar vehículos sin pagar todos los derechos a lo menos, y la internación que se autoriza deberá hacerse de acuerdo con las leyes generales, o sea, pagando todos los derechos. Pregunto: ¿por qué tiene que ser por Chiloé la importación de esos automóviles y no por Valparaíso o San Antonio? El señor LORCA.- Porque se quiere financiar la construcción de un liceo en Chiloé. El señor LUENGO.- Pero si se trata de construir un liceo en esa provincia, yo puedo decir al señor Senador que a lo largo de todo Chile existen muchas prioridades y necesidades en cuanto a edificaciones escolares. Insisto: realmente no veo la razón que justifique autorizar en forma extraordinaria una importación de automóviles precisamente en una zona que goza de un régimen especial, aparte que a los eventuales compradores se les exigirá 15 años de residencia... El señor GARCIA.- Diez años. El señor LUENGO.- Hablé de 15 años porque ésa fue la cifra que se dio durante el transcurso del debate, y pensé que la Comisión había modificado el plazo primitivo. De todas maneras, creo que la ley que rige las importaciones para esa zona sólo exige 5 años de residencia en la provincia a quien quiera internar un automóvil. En consecuencia, si esa región tiene ya una ventaja de tipo aduanero que permite a la gente con recursos importar un vehículo, ¿por qué motivo tenemos que entregarle una nueva ventaja para que se importen en forma extraordinaria, y pagando todos los derechos, doscientos automóviles por Chiloé? Si el Estado tiene algunas necesidades, él podrá proponer internaciones de este tipo, las cuales no tienen por qué hacerse por Chiloé, aparte que tampoco se ve la razón de destinar sólo a esa provincia los tributos recogidos. El señor PALMA (Presidente).- ¿Me permite, señor Senador? Corresponde ocuparse en diversos proyectos para los cuales se ha pedido preferencia. Queda con la palabra Su Señoría. BENEFICIOS PARA PERSONAL DEL INSTITUTO DE SEGUROS DEL ESTADO. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de la Cámara de Diputados que establece beneficios para el personal del Instituto de Seguros del Estado. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, Sesión 42ª, en 26 de julio de 1972. Informe de Comisión: Trabajo, sesión 47ª, en 7 de agosto de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Trabajo y Previsión Social, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Contreras, García y Valenzuela, recomienda, por unanimidad, aprobar el proyecto, que consta de un artículo único en los mismos términos en que lo hizo la Cámara. Se aprueba en general y en particular. MONTO DE PENSIONES DE JUBILADOS DEL SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de la Cámara de Diputados que dispone la forma de determinar el monto de las pensiones de los jubilados del Servicio de Correos y Telégrafos. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 42ª, en 26 de julio de 1972. Informe de Comisión: Trabajo, sesión 47ª, en 7 de agosto de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Trabajo y Previsión Social, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Contreras, García y Valenzuela, por unanimidad recomienda aprobar el proyecto, que consta de un artículo único, en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados. Se aprueba en general y en particular. BENEFICIO PARA FUNCIONARIOS CHILENOS DE EMPRESAS DEL ESTADO Y DE ADMINISTRACION AUTONOMA QUE SE HAYAN DESEMPEÑADO POR MAS DE DOS AÑOS EN EL EXTERIOR. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde ocuparse en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en la constitucionalidad de la iniciativa parlamentaria del Honorable señor Foncea que declara que el beneficio consignado en el artículo 256 de la ley Nº 16.840 comprende también a los funcionarios chilenos de empresas del Estado y de administración autónoma que se hayan desempeñado por más de dos años en el exterior. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción del señor Foncea): En primer trámite, sesión 20ª, en 28 de junio de 1972. Informe de Comisión: Legislación, sesión 46ª, en 2 de agosto de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- El informe termina señalando que a juicio de la unanimidad de la Comisión la moción mencionada puede ser de iniciativa parlamentaria, siempre que se refiera a los funcionarios de planta de las empresas del Estado y de las empresas u organismos de la Administración Autónoma del Estado. Se aprueba el informe, y el proyecto pasa a la Comisión respectiva. MODIFICACION DE ESTATUTO DE EMPLEADOS MUNICIPALES DE LA REPUBLICA Y LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Foncea, que modifica los artículos 30 de la ley Nº 11.469, sobre Estatuto de los Empleados Municipales de la República, y 107 de la ley Nº 11.860, Orgánica de Municipalidades. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley {moción del señor Foncea): En primer trámite, sesión 29ª, en 18 de julio de 1972. Informe de Comisión: Gobierno, sesión 40ª, en 25 de julio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Morales y Valenzuela, recomienda, por unanimidad, aprobar el proyecto en referencia. Se aprueba en general y, por no haber sido objeto de indicaciones, también en particular. EMPRESTITO PARA MUNICIPALIDAD DE ANCUD. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Hamilton, que autoriza a la Municipalidad de Ancud para contratar empréstitos. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción del señor Hamilton): En primer trámite sesión 7ª, en 6 de junio de 1972. Informe de Comisión: Gobierno, sesión 34ª, en 20 de julio de 1972. Discusión: Sesión 38ª, en 25 de julio de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Acuña y Hamilton, recomienda, por unanimidad, aprobar este proyecto, que se debatió en la sesión de 25 de julio, oportunidad en que quedó con la palabra el Honorables señor Montes. El señor PALMA (Presidente).- Ofrezco la palabra. El señor CONTRERAS.- Un momento, por favor, señor Presidente, pues no conocemos la redacción final que se dio a esta iniciativa. El señor VALENTE.- Al analizar los antecedentes recibidos por la Oficina de Informaciones del Senado, en cuanto al rendimiento de la contribución de bienes raíces en la provincia de Chiloé, nos encontramos con que éste es bastante bajo y no alcanzará para servir la deuda contraída. No sé si hay alguna otra información complementaria respecto de cómo se financiará el préstamo que se concede. Si mal no recuerdo, el veinte por mil del avalúo total de los bienes raíces rurales y urbanos de Aisén asciende a una suma cercana a los 180 mil escudos; de manera que el uno por mil sobre el avalúo imponible de los bienes raíces, que piensa destinarse al servicio de la deuda, alcanza a una suma mucho menor, a cerca de 28 mil 500 escudos. Ahora bien, de acuerdo al artículo 1º, la deuda se amortizará en un plazo máximo de diez años, y como el préstamo es de cinco millones de escudos, anualmente, se deben cancelar, sin considerar intereses, 500 mil escudos. Es decir, no habrá forma de cubrir el servicio de la deuda. Esa es la única duda que nos asalta, en cuanto a que el proyecto no cuenta con financiamiento adecuado. Si existe alguna información que satisfaga nuestras inquietudes, no tendremos inconveniente en aprobarlo. El señor HAMILTON.- Respecto de la observación del Honorable señor Valente, quiero decir que el proyecto autoriza a la Municipalidad de Ancud para contratar en el Banco del Estado de Chile o en otras instituciones de crédito bancario uno o más empréstitos, por una cantidad determinada. O sea, se trata de una facultad. En cuanto al financiamiento, en la Comisión de Gobierno, después de un estudio acucioso, se llegó a la conclusión de que la Municipalidad sólo podría cubrir la mitad de la cifra contenida en la moción, por lo que rebajó el empréstito de 10 millones de escudos a 5 millones de escudos. El señor CONTRERAS.- Estimamos que los proyectos que tienen como finalidad resolver problemas de orden municipal deben tener el financiamiento adecuado. Estamos consciente de que la única forma en que los organismos edilicios pueden construir algunas obras de progreso local es mediante préstamos. Sin embargo, a nuestro entender, no deben crearse ilusiones a la gente que vive en la comuna de Ancud, que espera que con la dictación de esta ley se obtendrán los fondos necesarios para satisfacer los anhelos y esperanzas de progreso local. Creo que no es posible seguir despachando proyectos sin financiamiento adecuado, como éste. No vamos a votar negativamente esta iniciativa, pero sí queremos dejar en claro que en lo futuro la Municipalidad de Ancud se va a encontrar con el grave problema de no tener los recursos necesarios para amortizar la deuda. El artículo final del proyecto, si no me equivoco, dice que la municipalidad podrá recurrir a sus propios fondos para servir la amortización de la deuda, pero todos sabemos que la mayoría de estos organismos no cuentan con los fondos necesarios como para poder resolver este tipo de problemas económicos. Termino, pues, haciendo esta advertencia, y junto con anunciar que votaremos favorablemente el proyecto, queremos que la población de Ancud sepa que ésta es una iniciativa legal que carece del financiamiento adecuado. El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, yo tengo más o menos los mismos escrúpulos que inquietan al Honorable señor Contreras. No obstante, votaré a favor del proyecto. Quiero, sí, manifestar a la Sala mi deseo de que los proyectos relacionados con empréstitos a las municipalidades - de aquí en adelante, no para este caso - pasen también a la Comisión de Hacienda, a fin de que ésta estudie exclusivamente la parte del financiamiento y el Senado pueda, así, saber si éste es correcto o no lo es. A mi juicio, es la Comisión técnica la que debe entregar a la Sala los antecedentes respectivos, y ello nos permitiría a todos obrar en conciencia. En razón de lo anterior, quiero proponer – repito - que de aquí en adelante los proyectos sobre empréstitos a las municipalidades, además del trámite de la Comisión de Gobierno, sean informados también por la de Hacienda. El señor LORCA.- Señor Presidente, efectivamente este proyecto sólo fue estudiado por la Comisión de Gobierno. La de Hacienda no lo analizó, en primer lugar, porque ya había sido financiado en la primera al destinarse al servicio de la deuda el uno por mil del avalúo fiscal de los bienes raíces de la comuna de Ancud y, en segundo lugar, porque el ingreso que se menciona de la ley 17.382, que significa para aquella municipalidad 250 mil escudos al año, según se estableció en la Comisión de Gobierno - oportunidad en la que también estuvo presente el Honorable señor Montes -, también se utilizará para servir la deuda. A esto deben agregarse 250 mil escudos más que serán producidos por una iniciativa legal ya aprobada por el Senado y a la cual la Cámara seguramente también le prestará su apoyo, con lo cual se completarán 535 mil escudos, suma que permitirá financiar el servicio de la deuda. Por lo tanto, puedo asegurar al Honorable señor Contreras que el proyecto - no es mío; su autor es el Honorable señor Hamilton - efectivamente está financiado. Finalmente, quiero destacar que en la Comisión de Gobierno - es bueno que el Honorable señor Contreras también sepa esto -, a petición del Honorable señor Montes, acordamos postergar el estudio de esta iniciativa en espera de los antecedentes que el señor Senador solicitó. De manera que el proyecto fue despachado precisamente cuando la Comisión pudo conocer los datos que se pidieron. El señor PALMA (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se dará por aprobado en general el proyecto. Aprobado. Como no ha sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular. TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LA PROXIMA SEMANA. El señor FIGUEROA (Secretario).- El señor Presidente anuncia la siguiente tabla de Fácil Despacho para la sesión del miércoles de la semana próxima: 1) Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que condona deudas atrasadas a los pobladores que habiten una vivienda de emergencia que les haya sido asignada por la ex Fundación de Viviendas y Asistencia Social. 2) Proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados referente a la Convención sobre el Comercio de Tránsito de los Estados sin Litoral. 3) Proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba la Convención para la Represión del Tráfico Ilícito de Drogas Peligrosas. 4) Proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba el Convenio Interamericano para facilitar el transporte acuático internacional. 5) Proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que aprueba un Convenio sobre peso máximo de carga que puede transportar un trabajador. 6) Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que establece que los empleados y obreros de las cooperativas tendrán representantes en los organismos directivos de esas instituciones. 7) Proposición de la Cámara de Diputados para enviar al Archivo diversos proyectos de ley. 8) Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que establece el procedimiento que podrán utilizar las personas que hayan rectificado su partida de nacimiento para cancelar y requerir una nueva inscripción. 9) Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que declara que la nivelación establecida en el artículo 40 de la ley Nº 17.272, relativa a las remuneraciones de la Judicatura del Trabajo, no significó para dichos funcionarios la pérdida del beneficio del sueldo superior de que disfrutaban a la fecha de su vigencia. 10) Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que establece beneficios para el personal del Instituto de Seguros del Estado. 11) Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que dispone la forma de determinar el monto de las pensiones de los jubilados del Servicio de Correos y Telégrafos, y 12) Proposición de la Comisión de Agricultura y Colonización para enviar al Archivo una moción. VII.- TIEMPO DE VOTACIONES. PUBLICACION DE DISCURSOS. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Noemi para publicar in extenso las observaciones formuladas por el Honorable señor Ferrando en Incidentes de la sesión ordinaria del día 2 de agosto pasado. Se aprueba. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Ibáñez para publicar in extenso las observaciones que formuló en Incidentes de la sesión ordinaria del día 2 de agosto pasado. Se aprueba. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Juliet para rendir un homenaje. HOMENAJE A LA MEMORIA DEL EX SENADOR SEÑOR ISAURO TORRES CERECEDA. El señor JULIET.- Señor Presidente, Honorable Senado: Los hombres no son eternos ni en sus pasiones ni en sus vidas; pasan por la existencia de los pueblos y a veces de ellos no queda ni siquiera la sombra de un recuerdo. Así habló en una de sus últimas intervenciones aquí en el Senado, casi al término de su carrera parlamentaria, el Senador Isauro Torres Cereceda. Cuando ya debía empezar a presentir el fin de su existencia, aceptaba humildemente la idea de que de los hombres, por lo general, no queda ni siquiera la sombra de un recuerdo de su paso por la tierra. Rebela el espíritu, en realidad, aceptar tal designio, si pretendiera ejecutarse en la vida plena de preocupaciones por sus semejantes que nos dejó nuestro amigo y correligionario en innumerables jornadas. La vida parlamentaria del doctor Isauro Torres aparece marcada en forma indeleble como una lucha permanente por hacer más justa la vida de los trabajadores, cuidando especialmente de su salud y tratando de obtener para ellos los más altos ingresos. Incorporado desde muy joven a las luchas estudiantiles, en momentos de dura prueba para nuestra estabilidad republicana, lo encontramos vinculado al nacimiento de la Federación de Estudiantes de Chile, junto a Loyola, Maza, Labarca, Vicuña y tantos otros. Toda una pléyade de ilustres servidores de la democracia chilena. Elegido Diputado por primera vez para el período 1920-1930, por la circunscripción departamental de Chañaral, Copiapó, Freirina y Vallenar, se incorporó de inmediato a la Comisión de Higiene y Asistencia Pública, cargo que mantuvo en la Cámara de Diputados y después en el Senado, durante toda su vida parlamentaria, y en el cual buscó dar forma desde su base a sus permanentes inquietudes en el orden de la seguridad social. Su primera intervención como Diputado la tuvo en la sesión 52ª, en 16 de agosto de 1926, para denunciar la burla que ciertos agricultores estaban haciendo de la aplicación de la ley 4.054 para impedir que las leyes sociales extendieran sus beneficios a los obreros de los campos. Como consecuencia de lo mismo, se ve impelido a hacer una encendida defensa del Cuerpo Médico, al cual se pretendía imputar la deficiente aplicación de la referida ley. Terminó su discurso en esa oportunidad felicitando al Gobierno por haber nombrado una Comisión que estudiaría las posibles deficiencias de la ley 4.054, y recomendando a dicha Comisión tener presente la ley yugoslava sobre la materia, que consagraba un seguro maternal muy superior al de la nuestra y establecía una puericultura antenatal científica y completa. Desde esa fecha, no hay iniciativa alguna sobre seguridad social o de interés directo de los trabajadores en el Congreso Nacional que no cuente con su patrocinio o con el aporte de su interés y competencia en estas materias. Interminable es la lista de ellas de que dan testimonio los Diarios de Sesiones: 1) Asignación familiar y reajuste de pensiones para jubilados de la Caja de la Marina Mercante; 2) Aumento de pensiones otorgadas por el Servicio de Seguro Social; 3) Aumento de pensiones otorgadas a los periodistas; 4) Modificaciones de las leyes sobre jubilación de empleados particulares; 5) Montepío del personal ferroviario; 6) Reajuste de pensiones de accidentes del trabajo; 7) Modificación de la ley 10.986, sobre continuidad de la previsión; 8) Fijación de sueldo vital; 9) Estatuto del médico funcionario; 10) Creación de los Colegios de Médicos Veterinarios, de Constructores Civiles y de Periodistas, etcétera. Como nadie, comprendía que en materia de seguridad social en Chile todo estaba por hacerse, y fue así como su dilatada y fructífera labor en las Comisiones de Salud Pública y de Trabajo en la Cámara de Diputados y en el Senado la completaba desde la cátedra universitaria, porque tenía clara conciencia de que de nada serviría la más avanzada legislación en la materia si no se trabajaba paralelamente en la formación de la conciencia social del pueblo y de los profesionales llamados a aplicarla. Por la misma razón, innumerables fueron las ocasiones en que esta misma inquietud lo llevó a representar a Chile ante organismos internacionales, y siempre, a su vuelta, se le pudo ver bregando por imponer en nuestro país todos los logros sociales que había visto en otros pueblos y que él también quería para sus compatriotas. Si bien las materias referidas eran las que más convenían a su preparación médica, el doctor Isauro Torres desarrolló también especial preocupación por los problemas de las relaciones exteriores de Chile y, especialmente, los atinentes a las cuestiones de límites con Argentina, durante el Gobierno del General Perón. En sesión del Senado del 19 de abril de 1955, formuló una vigorosa protesta por la actitud pasiva del Gobierno de aquella época ante atropellos cometidos por el buque-escuela argentino Bahía Thetis. Tampoco le fueron ajenos los problemas relacionados con la economía, y suyas son iniciativas relativas a créditos para la pequeña industria y artesanos en el Banco del Estado, y la que reserva para el Estado la explotación de yacimientos petrolíferos nacionales. Las provincias de Coquimbo y Atacama, que representó durante toda su vida de parlamentario, le deben la realización de innumerables obras de progreso local, desde el año mismo de 1926, en que iniciara su actuación política. Ya en esa época, en efecto, aparece preocupado de utilizar a los hombres cesantes de las salitreras para iniciar cuanto antes las obras de regadío en Coquimbo y Atacama. En la plenitud de su carrera política y en difíciles momento de la vida del país, el doctor Isauro Torres fue elegido Vicepresidente de esta Corporación y, como era de esperarlo y fue así oportunamente reconocido, desde ese alto cargo supo hacer honor a su prestigio de hombre democrático y de sincero defensor de los derechos de todas las colectividades políticas representadas en el hemiciclo. En esta posición, cúpole también al personal del Senado conocerlo más íntimamente, y testigos son todos ellos de que siempre encontraron en él solución a sus problemas, dentro del más amplio espíritu de humanidad y comprensión. Lograba el Senador Torres Cereceda acentuar en forma muy característica su voz, con una tonalidad grave y de perfecta dicción, cuando quería enfatizar o dar energía a sus planteamientos. Al mismo tiempo, su jovialidad estremecía su menudo cuerpo sacudido por un reír franco y abierto, cuando se trataba de celebrar la picardía sana o el ingenio. Como todo político, pudo tener, y los tuvo por cierto, adversarios; pero, pasada la pasión del momento, también ellos se sumaban al grupo de sus amigos más íntimos, para disfrutar de su vivaz personalidad. El Partido Izquierda Radical rinde esta tarde cariñoso homenaje de recuerdo al gran radical sin claudicaciones que fue el doctor Isauro Torres Cereceda, por su vida dedicada a mantener en alto los principios puros y libertarios del radicalismo; por su lucha sin desmayos por las reivindicaciones de los oprimidos y, por sobre todo, por su pasión en la defensa de los sagrados intereses del país. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Reyes. El señor REYES.- Señor Presidente, la Democracia Cristiana quiere manifestar también su pesar con motivo del fallecimiento del ex Senador don Isauro Torres. En alguna medida, pocas personas como él, después de 45 años de vida parlamentaria, podían dar mejor testimonio del historial de nuestro Parlamento, vale decir el entrechocar de pasiones, de intereses regionales, de los grandes planteamientos ideológicos que se disputan el predominio en el destino nacional. Durante toda su vida, el doctor Isauro Torres fue un radical con las características tradicionales de esa colectividad política: partido laico, democrático, de avanzada. Cumplió en este hemiciclo y en la Cámara de Diputados una labor eminentemente vinculada a las dos provincias que lo reeligieron sistemáticamente porque encontraron en él a su mejor representante: Atacama, primero, como Diputado, y Atacama y Coquimbo, como su Senador, después. Nosotros, que lo conocimos y que convivimos con él, si no en este hemiciclo, por lo menos como parlamentario, lo recordamos como un hombre siempre abierto a las inquietudes y a las esperanzas que planteaba entonces la juventud. El se fue siendo, a pesar de sus años, un hombre joven, un hombre pleno de inquietudes. Yo diría que el doctor Isauro Torres, por haber recorrido, como tal vez ninguno de nosotros llegue a hacerlo, tan larga trayectoria parlamentaria, y por haber cumplido funciones tan elevadas como la de Vicepresidente de esta Corporación, merece el homenaje y el recuerdo de todos los sectores del Senado. Fue un hombre modesto, de trabajo, que supo entregarse a los demás. Es por esto por lo que la Democracia Cristiana le rinde este homenaje. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ibáñez. El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, los Senadores del Partido Nacional adherimos muy de corazón al homenaje que rinde el Senado esta tarde a la memoria de quien fue un político y un parlamentario ejemplar, un hombre íntegro y un amigo afectuoso y cordial como pocos. Lamentamos que una circunstancia inexplicable no nos haya permitido saber con anticipación que hoy se realizaría el homenaje que se lleva a efecto, porque los Senadores nacionales habríamos querido expresar con la amplitud necesaria la admiración que sentimos por el doctor Isauro Torres, el profundo pesar que hemos experimentado por su muerte y el ejemplo imborrable que nos legó durante su larga y fructífera trayectoria política. Mucho habríamos debido decir sobre su vida pública; y mucho queríamos decir sobre ella. Con todo, en estos breves instantes sólo me cabe expresar, en nombre de los Senadores de estas bancas, el sentimiento que nos ha causado su muerte, y decir que, para el Partido Nacional, el pesar de los radicales es también el pesar nuestro. Tan cerca de don Isauro Torres nos sentíamos y tan identificados estuvimos con sus principios, con su corrección, con la trayectoria de su vida pública. A título personal, no podría dejar de agregar algunas palabras, rememorando a quien fue un brillante Vicepresidente del Senado en la época en que al Senador que habla le tocó incorporarse a esta Alta Corporación. Deseo expresar un recuerdo de especial gratitud para el doctor Isauro Torres y reconocer con emoción y cariño que su espíritu jovial, su comprensión, su espíritu público, que no reconocían límites, constituyeron para el Senador que habla un estímulo inapreciable en los difíciles comienzos de su función parlamentaria. Jamás podré olvidarlo. Y lo recordará siempre en la testera del Senado, presidiendo sesiones agitadas y difíciles y conduciéndolas con el tino extraordinario que él poseía, con la simpatía de que gozaba en todos los sectores y rodeado del respeto y del afecto que todos los Senadores le teníamos. Por ello, a las expresiones de pesar que en estos momentos formulo en nombre del Partido Nacional, uno en forma muy sentida el sentimiento y las condolencias del Senador que habla, y que hago llegar a su distinguida familia y a los dirigentes de su partido. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Durán. El señor DURAN.- Señor Presidente, Honorable Senado: Con Isauro Torres Cereceda, como con Marcial Mora Miranda, a quien rendimos homenaje hace unos días en este mismo hemiciclo, el país está perdiendo a una generación de políticos que sirvieron a Chile en horas inquietas y duras y cuyas características honran a una nación y prestigian a un partido. Era uno de los nuestros, de este grupo de demócratas que con fe y claridad señaló los riesgos y enfrentó la lucha; era toarte de su estructura misma. Se había formado en las aulas universitarias, donde descolló como médico cirujano, y con su espíritu empapado en una profesión cuyas raíces se nutren del dolor humano para mitigarlo, se fue a las provincias del Norte Chico a entregar sus conocimientos, su espíritu humanitario a los tostados hombres y mujeres de la pampa. Su ánimo de servicio público se orienta en las tierras atacameñas con la firme brújula de los patriarcas de Los Loros y de Cerro Grande, y bajo el embrujo de su filosofía humanista que habla de libertad, de progreso, de justicia, de dignidad del hombre, llega como abanderado al Parlamento de Chile, en el que habría de permanecer por más de 45 años. Estas murallas, estas bancas, este hemiciclo, son testigos silenciosos de una actuación parlamentaria brillante, creadora y valerosa. Porque era un combatiente constante en defensa de sus principios, conoció la ruda lucha y no escabulló el cuerpo a la contienda; con ejemplar entereza y a pie firme resistió la incomprensión y la injuria; los que pretendieron roerle el alma se mellaron los dientes; pero él era cordial, fraterno y de ingenio rápido y chispeante. Isauro Torres Cereceda dejó muchos amigos, aun en las filas de sus propios adversarios políticos. En esta hora de recuerdo, la Democracia Radical rinde homenaje al viejo luchador parlamentario, al combatiente enhiesto y al amigo cordial, y le expresa a su distinguida cónyuge, a la que lo acompañó en la dura jornada, su condolencia y su adhesión; y a sus hijos, a los que formó en la recta línea de su vida señera, la promesa de que su nombre seguirá en nuestros registros decorando el cuadro de nuestros patriarcas ilustres. Agradezco profundamente a los partidos que han adherido a este homenaje a uno de nuestros mejores hombres. He dicho. El señor PALMA (Presidente).- Se suspende la sesión por veinte minutos. Se suspendió a las 18.22. Se reanudó a las 18.44. VIII.- INCIDENTES. PETICIONES DE OFICIOS. El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Continúa la sesión. El señor EGAS (Prosecretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Se les dará curso en la forma reglamentaria. Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes: Del señor Aylwin: LOCAL PARA ESCUELA Nº 92 DE BOTALCURA (TALCA). REITERACION DE OFICIO. Al señor Ministro de Educación Pública, reiterándole un oficio enviado en agosto de 1971, con relación a la construcción de un nuevo local para la Escuela Nº 92 de Botalcura, pues el existente se encuentra en pésimo estado. El señor Ministro respondió, por oficio Nº 7.205, de enero del año en curso, que se harían los estudios para incluir en el próximo programa de construcciones escolares la reposición de dicho local. Ruego al señor Ministro impartir las instrucciones necesarias a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, a fin de que esa obra se incluya en los planes de trabajo para el año 1973. Del señor Carmona: SITUACION DE LAVANDERIA MILITAR ANTEPROYECTO DE REMODELACION (ANTOFAGASTA). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, reiterándole petición anterior sobre la situación creada a la Lavandería Militar de la ciudad de Antofagasta con los proyectos de remodelación del sector donde funciona este establecimiento y prolongación de la avenida Argentina y habilitación de nuevos recorridos para la locomoción colectiva. Actualmente la guarnición militar cuenta con los equipos necesarios para la instalación de una nueva lavandería, faltándole sólo los recursos para su construcción, estimados en Eº 2.000.000. Del señor Hamilton: COMUNICACIONES TELEFONICAS Y TELEGRAFICAS ENTRE QUELLON (CHILOE) Y RESTO DEL PAIS. Al señor Ministro del Interior, en los siguientes términos: 1) Comunicaciones telefónicas.- Actualmente, en Quellón existen sólo dos canales para las comunicaciones telefónicas; para tal efecto, primero hay que pedir la comunicación a Puerto Montt, y si es factible, se comunica, pues de lo contrario se espera a veces horas para hacerlo, como en el caso de las comunicaciones con Santiago, que son muy difíciles. Es necesario poner coto a esta anomalía. 2) Comunicaciones telegráficas.- En la actualidad se comunica tarde, mal y nunca a través del viejo sistema Morse. Ello es posible siempre que las condiciones climáticas lo permitan; de lo contrario, los funcionarios trabajan a gritos para recibir y enviar una comunicación. En su defecto, los telegramas se reciben o despachan por el bus, con el consiguiente perjuicio. Es necesario dotar al servicio pertinente de un sistema más moderno, o del sistema de Radiooperador. GRATIFICACION DE ZONA PARA JUBILADOS DE QUELLON (CHILOE). Al señor Ministro de Hacienda, en los siguientes términos: Al promulgarse la ley sobre aumento de gratificación de zona para servidores de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, se cometió una injusticia sin límites, pues se excluyó a quienes jubilaron en la ciudad de Quellón, ex funcionarios que entregaron su vida al servicio de la patria. REALIZACION DE OBRAS PÚBLICAS EN QUELLON Y LOCOMOCION COLECTIVA PARA LA ZONA (CHILOE). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, en los siguientes términos: 1) Pavimentación.- Es de urgente necesidad gestionar la pavimentación de las calles de Quellón, para lo cual se requiere ley. Lo mismo sucede respecto del alcantarillado, por la distribución geográfica de la población. 2) Es indispensable construir de inmediato el molo de atraque en el puerto de Quellón, pues el muelle es intransitable. Hace algunos días, durante la noche, al arribar un barco, se derrumbó la escala del muelle, cayendo a las heladas aguas cinco personas que estuvieron a punto de parecer por inmersión; la escalera se había construido hacía alrededor de seis meses. 3) Sala múltiple y estadio.- Desde hace mucho tiempo se ha esperado que el Departamento de Arquitectura inicie los trabajos de la sala múltiple y del estadio de Quellón, sin que hasta el momento haya nada positivo. Es menester que la obra se concrete a la brevedad posible, para que la juventud tenga donde practicar deportes en invierno, dado que la temporada de bonanza para jugar fútbol es muy corta. 4) Locomoción colectiva.- En la práctica, ya no existe. Son innumerables las personas que desean viajar entre Quellón y Castro y no pueden hacerlo, pues los buses de la Empresa Regional Sur no dan abasto; además, las máquinas, que son anticuadas, sufren serios desperfectos que ponen en peligro la vida de los pasajeros y no dan seguridad en cuanto a llegar a destino. PETICIONES DE ALCALDE DE COCHRANE (AISEN). Al señor Ministro de Justicia, transcribiendo la siguiente petición que formula el Alcalde de Cochrane, provincia de Aisén: 1.- Que el cargo de Oficial Civil Adjunto y las mesas receptoras de sufragios sean trasladadas desde la localidad de Lago O'Higgins, lugar aislado de todo centro poblado, a Villa O'Higgins, único pueblo de la comuna de O'Higgins, en el departamento de Baker. Esto solucionaría el problema de muchos pobladores afectados por los difíciles medios de comunicación en ese departamento. 2.- Que se considera importante dictar un decreto que cambie la denominación, numeración y radio jurisdiccional de la Oficina de Registro Civil de Cochrane, que está actuando igual que antes de que fuese publicada la ley de creación del departamento de Baker. INSUFICIENCIA DE CAMAS EN HOSPITAL DE QUELLON (CHILOE). Al señor Ministro de Salud Pública, en los siguientes términos: En el Hospital de Quellón sólo existen 20 camas - insuficientes, considerando la numerosa población -, la misma cantidad destinada al habilitarse ese establecimiento. Sin embargo, hay por lo menos 70 funcionarios. Es indispensable dotar a dicho hospital de mayor número de camas, pues en algunos casos dos enfermos han debido ocupar una sola, situación que se presenta con mayor frecuencia en épocas de invierno. ADJUDICACION DE VEHICULOS POR CONSEJO DEL BANCO CENTRAL. Al señor presidente del Banco Central de Chile, pidiéndole información sobre los antecedentes que se tuvieron en vista para aprobar la adjudicación de vehículos en sesión del Consejo del Banco de fecha 29 de julio pasado. CONSTRUCCION DE ESCUELA 107, DE ORATORIO (CHILOE). Al señor Presidente de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, para que informe acerca de la construcción de la Escuela Nº 107 de la localidad de Oratorio, en la Isla Coldita, provincia de Chiloé, que actualmente funciona con 50 niños en un galpón insalubre. RETRASO EN CONSTRUCCION DE CAMINO PUNTRA-CHEPU (CHILOE). A la Dirección de Vialidad, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para que informe acerca de los motivos del retraso de la construcción del camino de Puntra a Chepu, por El Roble, provincia de Chiloé, que debió terminarse el año 1971, según oficios anteriores de la misma Dirección. PROBLEMAS DE TECHUMBRES EN POBLACIONES RENE SCHNEIDER Y NUEVA DE AUTOCONSTRUCCION (CHILOE). Al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Servicios Habitacionales, para que informe acerca de los problemas que tienen los techos de las poblaciones René Schneider y Nueva de Autoconstrucción, ambas de la ciudad de Castro, provincia de Chiloé. DEROGACION DE RESOLUCION DE ECA. Al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa de Comercio Agrícola, pidiéndole dejar sin efecto la resolución que prohíbe el embarque de papas con destino a Punta Arenas a los embarcadores y agricultores de Castro que habitualmente abastece esa plaza, lo que constituye su único medio de vida. ALUMBRADO ELECTRICO PARA QUELLON (CHILOE). Al señor Gerente de la Empresa Nacional de Electricidad, en los siguientes términos: Los trabajos que realiza Saesa para instalar la red eléctrica de Quellón se encuentran paralizados desde hace más de cuatro meses, porque no hay materiales y el BID no ha entregado los fondos necesarios. Falta cambiar postes. Reviste más urgencia el problema del sector Chonchi a Quellón, pues sólo existen los postes de concreto en el camino, pero no se ha hecho el despaste por donde pasará el tendido. Es necesario agilizar los trabajos, para concretar la obra a más tardar en el mes de septiembre próximo. En estos momentos la luz se suministra a través de un grupo electrógeno que Saesa hizo traer desde Lastarria; pero existe el inminente peligro de quedar en tinieblas de un instante a otro, debido a que el motor Caterpillar se recarga. EXTENSION DE TRANSMISIONES DE TELEVISIÓN NACIONAL A CASTRO, QUELLON, QUILEN Y MELINKA (CHILOE). Al señor Presidente de Televisión Nacional de Chile, transcribiéndole la siguiente comunicación: Estamos en conocimiento que nuestro Honorable Senador don Juan Hamilton Depassier, está muy interesado en que en Castro sea instalado un equipo de Televisión, y que abarcaría sólo unos 20 kilómetros a la redonda; pues en ese caso, Quellón, Quilén y Melinka no podrían beneficiarse con este elemento tan importante para esta zona, ya que no existe otras entretenciones que bares y tabernas. TRANSBORDADOR ENTRE QUELLON Y CHACAO (CHILOE). Al señor Director de la Empresa Marítima del Estado, solicitándole la pronta asignación de un transbordador para que efectúe el trayecto entre Quellón y Chacao. ELEVACION DE CATEGORIA DE INSPECTORIA DE CAJA DE EMPLEADOS PARTICULARES DE ANCUD Y CREACION DE SUBAGENCIA EN CASTRO (CHILOE). Al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, solicitando que la Inspectoría de esa Institución que funciona en Ancud sea elevada a la categoría de Agencia Provincial y, al mismo tiempo, que se cree la Inspectoría o Subagencia de la Caja en la ciudad de Castro. Del señor Ochagavía: NOMBRAMIENTO DE COCINERA DE INTERNADO DE ESCUELA PUBLICA Nº 10 DE LAGO VERDE (AISEN). Al señor Ministro de Educación Pública, representándole la queja del Centro de Padres y Apoderados de la Escuela Pública Nº 10, ubicada en Lago Verde, provincia de Aisén, y de la Junta de Vecinos de esa misma localidad, por la designación como cocinera del internado de ese establecimiento a doña Orfelina Carrera, quien no reuniría ninguna aptitud para desempeñar tal cargo. Estos organismos consideran de toda justicia que en esa tarea se designe de planta a doña Orfelina Solís Solís, quien la ha desempeñado con toda eficiencia, contando con el aprecio de los padres y niños de ese plantel, desde hace un año y siete meses. Del señor Olguín: EDIFICIO PARA ESCUELA ESPECIAL Nº 8 DE ANTOFAGASTA. A los señores Ministros de Hacienda y de Educación Pública, y Presidente de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, en los siguientes términos: En la ciudad de Antofagasta funciona la Escuela Especial Nº 8, que atiende a niños irregulares físicos y síquicos en un ruinoso edificio que fue cedido hace muchos años por la Escuela Normal Superior, después de que se había acordado demoler el mismo edificio. Por lo expuesto, se podrán comprender las pésimas condiciones del establecimiento de la actual Escuela Especial Nº 8, en donde, después de algunas ampliaciones de material ligero, los alumnos deficientes que allí reciben instrucción ya no cuentan con espacio suficiente para recrearse o hacer ejercicios, los deficientes físicos. Solicito a las autoridades mencionadas que, con urgencia, se inicien los estudios correspondientes para dotar a la Escuela Especial Nº 8 de un establecimiento digno y seguro para los que allí sirven, y especialmente para los niños que se encuentran expuestos continuamente a derrumbes u otras desgracias, Para estos efectos, ofrezco a las autoridades gubernativas todo mi apoyo y el de mi partido en el Parlamento, a fin de concretar a la brevedad los proyectos antes citados. Del señor Pablo: TEATRO-AUDITORIO PARA YUNGAY (ÑUBLE). Al señor Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción, para que, si lo tiene a bien, acceda a lo solicitado por la Ilustre Municipalidad de Yungay, en la provincia de Ñuble. Dicho municipio está empeñado en construir un Teatro-auditorio para ser administrado por la corporación edilicia y la comunidad organizada. Para ello requiere de un incremento de los fondos con que cuenta la institución, lo que en este caso consistiría en un crédito por la suma de Eº 2.000.000 (dos millones de escudos). Cabe hacer notar que se trata de una ciudad donde convergen los campesinos de una populosa zona rural, además de contar con un número de habitantes que hacen realmente necesario disponer de dicho local. Por lo demás, tanto el municipio como la comunidad organizada están también empeñados en dar cultura a los habitantes de la zona, sobre todo a campesinos y pobladores. Del señor Papic: SERVICIO DE INVESTIGACIONES EN RIO BUENO (VALDIVIA). Al señor Ministro del Interior, con el fin de que se estudie la posibilidad de reponer el Servicio de Investigaciones en el departamento de Río Bueno, provincia de Valdivia. Este servicio existió allí hasta hace pocos años, pero debido a la falta de un local adecuado se trasladó a su personal, hasta desaparecer totalmente. Por ser la cabecera del departamento - de extenso territorio -, la reposición del servicio mencionado se justifica plenamente, sin contar que, en la actualidad, el Cuerpo de Carabineros debe cumplir doble función: preventiva y represiva a la vez. REPARACION DE CAMINO Y PUENTE EN DEPARTAMENTO DE PANGUIPULLI (VALDIVIA). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, con el fin de que la Dirección de Vialidad de esa Secretaría de Estado tome las medidas necesarias para la reparación de un tramo de 18 kilómetros de camino en la ruta Liquiñe-Cuesta de Los Añiques, departamento de Panguipulli, provincia de Valdivia, el que se encuentra en pésimas condiciones de transitabilidad. Por otra parte, en la misma ruta, aproximadamente a 8 kilómetros de la localidad de Liquiñe, hay un puente que tiene una de sus bases quebrada, con evidente peligro para los usuarios, además del aislamiento que podría significar para esta población la inutilización de esta obra. Del señor Valente: VIVIENDAS PARA CARABINEROS DE VALLENAR (ATACAMA). Al señor Ministro del Interior, en los siguientes términos: A principios del año pasado, me permití formular al señor Ministro una petición relacionada con la destinación de viviendas para el personal de Carabineros que presta sus servicios en Vallenar, aprovechando que la Corporación de la Vivienda estaba construyendo la población Ampliación Las Ventanas. El señor Ministro del Interior de la época contestó afirmativamente esta solicitud, señalando que la Dirección General de Carabineros había obtenido que la CORVI reservara cinco casas para el personal en la citada población. Al entregarse las casas de la población Ampliación Las Ventanas se excluyó al personal de Carabineros, disponiéndose incluso de las cinco casas reservadas para ellos. De paso por Vallenar, pude imponerme de que la situación habitacional de los miembros del Cuerpo de Carabineros es difícil, y por esta razón me he permitido reiterar al señor Ministro mi petición anterior, con el objeto de que la Corporación de la Vivienda o cualquier otro organismo dependiente de ese Ministerio destine las viviendas indispensables para satisfacer las necesidades del personal de Carabineros de Vallenar. Junto a la presente, tengo el agrado de acompañar copia del oficio Nº 1637, de 24 de agosto de 1971, del Ministerio del Interior, como asimismo copia del informe del señor General Director de Carabineros. RECONOCIMIENTO DE TIEMPO SERVIDO POR PROFESORES DE ESCUELAS PRIVADAS O SUBVENCIONADAS. Al Ministro de Educación Pública, en los siguientes términos: Los profesores que trabajan en la pampa salitrera, en la zona del carbón y en otras actividades industriales, que sirvieron y sirven en escuelas particulares dependientes de algunas empresas que ahora están incorporadas al área social o nacionalizadas, están solicitando hace tiempo el reconocimiento del tiempo servido en esas escuelas, para que sea considerado para todos los efectos legales, reconocimientos trienales, etcétera. En este sentido, corresponde al Ejecutivo el patrocinio de un proyecto de ley o de alguna indicación que dé solución al problema del personal de las ex escuelas particulares. La señorita Directora General de Educación Primaria y Normal tiene antecedentes sobre esta materia. La redacción de la indicación o del proyecto de ley es simple y de justicia. Me permito insinuar al señor Ministro que esta situación sea resuelta en la ley de reajuste que estudia el Supremo Gobierno para los sectores público y privado, a modo de indicación, lo que evitaría la presentación de un proyecto de ley especial. Resolver este problema de los profesores mencionados es de urgencia. Hay profesores que han obtenido sus traslados desde las zonas salitreras, por ejemplo; para los efectos de su remuneración, no se les ha computado el tiempo servido en escuelas fiscales pero subvencionadas, hasta 1970, por la Compañía Anglo Lautaro. Profesores con 25 o más años de servicios prestados han perdido los beneficios correspondientes a 15 o más años servidos en las condiciones reseñadas. Agradeceré al señor Ministro que se sirva acoger esta petición, y de común acuerdo con los Ministros de Hacienda y del Trabajo, dar solución al problema expuesto. CREACION DE SALA DE CORTE DE APELACIONES EN ARICA (TARAPACA). Al señor Ministro de Justicia, en los siguientes términos: El intenso y creciente movimiento judicial del Departamento de Arica ha hecho necesario crear últimamente el Tercer Juzgado de Mayor Cuantía y el Juzgado de Menores. Arica atiende los problemas judiciales y procesales con tres Juzgados de Mayor Cuantía, un Juzgado de Menores y el Juzgado de Policía Local. Estos Tribunales conocen las causas en primera instancia. Las segundas instancias deben ser conocidas por la Corte de Apelaciones de Iquique. La capital de la provincia dista 300 kilómetros por carretera desde Arica, lo que no sólo dificulta, demora y encarece los trámites judiciales, sino que impide, prácticamente, que personas de escasos recursos puedan hacer uso del derecho de apelación consagrado en nuestras leyes. La creación de una Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Iquique, en la ciudad de Arica, es una necesidad latente; hacerlo significa, además, resolver numerosos problemas derivados de la tramitación administrativa y conceder a los afectados el goce de los derechos plenos a la defensa jurídica. Para ello, sería necesario presentar un proyecto de ley con la iniciativa del Ejecutivo, a fin de que la Corte de Apelaciones de Iquique esté integrada por seis Ministros y dos Salas. Una de estas Salas, la segunda, debe funcionar en Arica para conocer de todos los asuntos que estén sometidos o hayan sido sometidos a los Juzgados de esa ciudad. La Corte de Iquique continuaría funcionando con la primera Sala, teniendo competencia de los asuntos que conozcan los juzgados de los departamentos de Iquique y Pisagua. La proposición que me permito hacer al señor Ministro tiende a agilizar más los trámites judiciales dentro de la provincia de Tarapacá. El costo de instalación de la Segunda Sala, en la ciudad de Arica, es relativamente bajo en relación con el gran beneficio que su creación significará para el Departamento. Agradeceré al señor Ministro se sirva acoger esta proposición, en la seguridad de que se está resolviendo un grave problema relacionado con la necesidad de administrar justicia a plenitud. TERMINACION DE FAENAS EN CAMINO DE ACCESO A MEJILLONES (ANTOFAGASTA). Al Ministro de Obras Públicas y Transportes, en los siguientes términos: La Dirección Zonal de Obras Públicas de Antofagasta ha procedido a ensanchar el camino de acceso a Mejillones. El ensanche permitirá mejorar el tránsito hacia ese puerto. Sin embargo, la parte ensanchada no ha quedado terminada, pues está con la tierra removida y sin pavimentar. De mantenerse en esas condiciones, se ocasionarían molestias a los usuarios de la carretera y serios peligros a la seguridad de los vehículos, conductores y pasajeros. El ensanche en las condiciones actuales puede significar graves consecuencias para las personas que transitan por ese camino, por lo que se hace indispensable que Vialidad o la Zonal de Obras Públicas de Antofagasta pavimenten el camino dejándolo expedito y seguro. Agradeceré al señor Ministro acoger esta petición y resolver favorablemente la inquietud de las autoridades de Mejillones. DEFICIENCIAS EN SERVICIOS DE LOCOMOCION COLECTIVA DE ARICA (TARAPACA). Al Ministro de Obras Públicas y Transportes, en los siguientes términos: Varias juntas de vecinos de Arica han hecho llegar al suscrito sus protestas por el desorden que se advierte en los servicios de locomoción colectiva, que se traduce en molestias para los usuarios. Señalan los denunciantes que es de común ocurrencia que se saquen de los recorridos habituales las máquinas que deben atenderlos. A veces son reemplazadas por otros vehículos particulares, no siempre en condiciones mecánicas aceptables. También es necesario prolongar algunos recorridos a poblaciones nuevas, especialmente a los sectores de ampliaciones del cerro La Cruz, dando a estos y otros sectores de poblaciones nuevas un servicio de tipo popular. Es necesario que se comisione a un funcionario de la Subsecretaría de Transportes para que viaje a esa ciudad a resolver diversos problemas y a hacer cumplir algunas disposiciones legales, como por ejemplo la resolución Nº 1, de 14 de noviembre de 1969, que soluciona un problema entre las Líneas N.os 2 y 5-2 refundidas. El incumplimiento de esta resolución ha dificultado el ordenamiento del servicio que prestan esas líneas a los pobladores. VIVIENDAS PARA PERSONAL DE INDUSTRIA PESQUERA IQUIQUE, DE IQUIQUE (TARAPACA). Al Ministro del Trabajo y Previsión Social, en los siguientes términos: Los trabajadores del Sindicato Profesional de Empleados de la Industria Pesquera Iquique, de esa ciudad, han solicitado al suscrito plantear al señor Ministro la posibilidad de que la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional pueda adquirir viviendas de las que se encuentran en construcción o se construirán en Iquique. Los imponentes de la Caja citada están esperanzados en que ese Instituto Previsional llegue a acuerdos con la Corporación de la Vivienda, ya sea para la adquisición de casas o departamentos o para promover, por cuenta de la Caja, un plan de construcción. Los interesados en que se resuelva el problema habitacional cumplen con los requisitos legales y reglamentarios. Están en condiciones de solventar el valor de los dividendos, de aportar el ahorro previo, etcétera. Agradeceré al señor Ministro obtener de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional una información al respecto, a fin de poder dar a conocer a los imponentes de Iquique lo que corresponda. VIVIENDAS PARA PERSONAL DE SERVICIO NACIONAL DE SALUD DE ARICA (TARAPACA). Al señor Ministro de Salud Pública, en los siguientes términos: La situación habitacional del personal del Servicio Nacional de Salud, en la ciudad de Arica, se torna dramática, debido a que, para arrendar, deben pagar subidos cánones, fuera de sus posibilidades económicas. Los planes de contracción de viviendas elaborados por la Junta de Adelanto juntamente con el Ministerio de la Vivienda, han permitido construir un importante número de casas. En la actualidad hay varias poblaciones en construcción y se ha llamado a propuestas públicas para iniciar otras nuevas. La Caja de Previsión de los Empleados Públicos y Periodistas, como otras cajas de previsión, están llegando a acuerdo con el Ministerio de la Vivienda para adquirir determinado número de casas para sus imponentes. Estimo que ésta es una espléndida oportunidad para que, si lo tiene a bien el señor Ministro interponga su influencia, a fin de que la Caja de Empleados Públicos y Periodistas adquiera determinado número de viviendas para el personal del Servicio Nacional de Salud que reúna los requisitos para acogerse al beneficio. Por otra parte, estimo necesario también que el Ministerio de Salud adquiera una cantidad de casas para destinarlas al personal, en calidad de arriendo, mientras se solucionan los problemas de los funcionarios más afectados. Agradeceré al señor Ministro acoger estas peticiones e informar al suscrito en relación a su decisión. REAPERTURA DE ESCUELA DE PRACTICANTES EN IQUIQUE (TARAPACA). Al señor Ministro de Salud Pública, en los siguientes términos: El Consejo Provincial de Tarapacá del Colegio de Practicantes de Chile ha reiterado al suscrito la petición de que se reabra la Escuela de Practicantes dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y, dentro de lo posible, el funcionamiento de estas escuelas en las distintas zonas del país donde la Universidad de Chile tenga en funciones sus sedes universitarias. Piden, especialmente, la apertura de cursos para practicantes en la Universidad de Chile, sede Iquique, como una manera de dar impulso a la profesión y preparar más practicantes para las crecientes demandas de estos profesionales. Celebrándose un convenio entre la Universidad de Chile y el Servicio Nacional de Salud para los efectos de coordinar los estudios teóricos con la práctica en los centros hospitalarios de la zona, el éxito de estos cursos estaría asegurado. Agradeceré al señor Ministro que se sirva acoger esta petición, por lo importante especialmente para las provincias en donde los profesionales practicantes escasean. TITULOS DE DOMINIO PARA PROPIEDADES DE POBLACION ORLANDO LATORRE, DE CALAMA (ANTOFAGASTA). Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo en los siguientes términos: Los vecinos de la Población Orlando Latorre, de la ciudad de Calama, han expresado al suscrito su molestia por la demora de los organismos dependientes de ese Ministerio en otorgarles los títulos de dominio. En 1969 el suscrito patrocinó un proyecto de ley en virtud del cual se dispone la entrega de títulos de dominio y de sitios en diversas poblaciones de Calama, entre las cuales se incluyó la Población Orlando Latorre. Agradeceré al señor Ministro se sirva intervenir ante el organismo correspondiente a fin de que sea cumplida la citada ley y favorecidos los vecinos de esa población calameña. FISCALIZACION DE TRABAJOS DE REPARACION DE MUELLE DE CAVANCHA, IQUIQUE (TARAPACA). A los señores Ministros de Obras Públicas y Transportes y de Economía, Fomento y Reconstrucción, en los siguientes términos: El Sindicato de Pescadores Artesanales de Cavancha, Iquique, por medio de sus dirigentes han dado a conocer al suscrito la situación que se está presentando en la reparación y ampliación del muelle en ese sector. Señalan los dirigentes que esta empresa - Jünnemann y Cía. - utiliza para el relleno tierra, arena y otro material que, lejos de servir para construir sólidas bases del muelle, está embancando la playa con perjuicio para las labores de estos trabajadores del mar. La empresa hace caso omiso de los reclamos de los dirigentes sindicales. Las autoridades a quienes se ha recurrido, declaran su incompetencia en la fiscalización de estas obras. El financiamiento de estos trabajos ha sido con aportes de la CORFO, de manera que vengo en solicitar a los señores Ministros que instruyan a sus respectivos representantes zonales para que se intensifique la fiscalización de los trabajos que esta firma está efectuando en ese muelle y se revise lo ya construido para evitar perjuicios insalvables más adelante. APLICACION DE MULTA ILEGAL A TAXISTA POR JUEZ DE POLICIA LOCAL DE IQUIQUE (TARAPACA). Al señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos: Agradeceré al señor Presidente que se sirva disponer se me informe en relación con la aplicación de una multa por Eº 4.36460, aplicada por el señor Juez de Policía Local de Iquique al taxista propietario señor Rolando Danilla Leiva, por el supuesto de ejercer la profesión de empresario transportista, sin serlo efectivamente. La Municipalidad de esa ciudad procedió a notificar al señor Danilla, por intermedio del Juzgado de Policía Local, del pago de una patente de empresario transportista. La citación fue extendida el 18 de julio de 1972, según la copia de la orden de citación que acompaño. El señor Danilla hizo sus descargos ante el Tribunal, entregando por escrito su declaración cuya copia también acompaño. En ella señala que, siendo propietario que trabaja su propio taxi, sin tener chofer contratado, está exento del pago de patente de transportista, pues así lo estableció la ley Nº 11.704 en su parte pertinente, interpretación que ha sido ratificada por la Contraloría General de la República en dictamen Nº 5066 del Sub-departamento de Municipalidades, de fecha 20 de enero de 1972. No obstante esta declaración y la clara prueba del señor Danilla de no ser transportista y de estar amparado por la ley, el señor Juez de Policía Local, sin considerar esta declaración y desconociendo el imperio de la ley, aplicó una multa de Eº 4.364,60 por infracción a las leyes municipales. Estimo que el señor Juez de Policía Local se ha excedido en sus atribuciones y ha sentado un peligroso precedente al desestimar pruebas contundentes que benefician al inculpado. Por esta razón, agredeceré al señor Presidente que se sirva disponer una investigación de lo obrado por el señor Juez de Policía Local de Iquique y aplicar las sanciones ejemplares que correspondan en resguardo de la sana administración de justicia. DESAHUCIO DE OBREROS DE OBRAS PUBLICAS. Al señor Contralor General de la República, en los siguientes términos: El artículo 80 de la ley Nº 15.840 ha sido recientemente reglamentado en lo que respecta a la forma como debe percibirse el desahucio por los obreros del Ministerio de Obras Públicas afectos a esta ley. Sin embargo, tanto el decreto reglamentario como el artículo 80, al señalar que los funcionarios que presten servicios en calidad de obreros en las Direcciones de Vialidad, Arquitectura, Obras Portuarias y Riego del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y en la Dirección de Pavimentación Urbana, o que hayan jubilado a contar del 9 de noviembre de 1964, o con posterioridad en calidad de tales, tendrán derecho al beneficio del desahucio que se establece en el presente decreto, omite o excluye aparentemente de este beneficio a los obreros de las demás Direcciones del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como es el caso de Obras Sanitarias, Obras Públicas, Dirección de Aeropuertos, etcétera. Estimo que se trata, simplemente, de un error de información al dictarse el decreto reglamentario; o en su defecto, a una omisión involuntaria, ya que al señalarse que tienen derecho al desahucio los obreros afectos a la ley 15.840, se entienden comprendidos en este beneficio todos los obreros del Ministerio, sin omisión alguna. Agradeceré al señor Contralor General de la República dar a estas disposiciones la correcta interpretación y alcance, a fin de que su aplicación sea esencialmente justa. ASIGNACION DE TITULO PARA PROFESOR DE ESCUELA INDUSTRIAL DE IQUIQUE (TARAPACA). Al señor Contralor General de la República, en los siguientes términos: Don Darío Gálvez Barragán se desempeña como Jefe de la especialidad de Pesca en la Escuela Industrial de Iquique. Tiene el grado de Capitán de Corbeta (R). La Academia Politécnica Naval le otorgó el título de Especialista en Artillería después de aprobar los estudios correspondientes, por decreto supremo Nº 1073 de 28 de marzo de 1949. Según lo establecido en el D.S. Nº 59, de 22 de enero de 1971, y anteriores, aprobatorios del Plan de Estudios de esta Academia, todos los estudios y asignaturas tienen categoría universitaria. Sobre la base de estos antecedentes, el señor Gálvez Barragán ha solicitado al Ministerio de Educación Pública el pago de su asignación de título. La Dirección General de Enseñanza Profesional ha expresado negativamente su opinión, pues estima, precisamente, que los estudios y la especialidad del interesado no tienen carácter universitario, lo que está desmentido por la certificación cuya copia se acompaña y por el contenido del propio D.S. Nº 59, antes citado. En vista de esta discrepancia, vengo en solicitar al señor Contralor General se sirva dictaminar si procede o no procede que el profesor señor Darío Gálvez perciba su asignación de título por el cargo que desempeña y las horas de clases que sirve en la Escuela Industrial Superior de Iquique. INSTALACION DE FABRICA DE CARTON-YESO EN PISAGUA (TARAPACA). Al Vicepresidente de la Corporación de Fomento, en los siguientes términos: La Corporación de Fomento ha terminado los estudios para instalar en el norte del país una fábrica de cartón-yeso para ser utilizado en la construcción y para otros fines industriales. Las excelentes condiciones y la óptima calidad del yeso de los yacimientos existentes en el departamento de Pisagua hacen aconsejable la instalación allí de esta fábrica. Los yacimientos y las reservas de yeso son incalculables; tienen una ley de 99% de fino, lo que sitúa estos minerales entre los más puros del mundo. Pisagua ofrece en su territorio excelentes posibilidades industriales. Tiene fácil acceso a la vía marítima, cuenta con buenas vía de comunicación terrestre y puede, también, utilizarse el Ferrocarril Longitudinal, cuyo terminal se encuentra en Iquique. Frente a Zapiga está la línea eléctrica de alta tensión que viene desde la Central Hidroeléctrica de Chapiquiña, de manera que la dotación de energía es de bajo costo. Se estima que toda la inversión, incluyendo una subestación, no sería mayor de 2 millones 500 mil escudos. La zona de Pisagua-Iquique, Arica en materias primas y minerales inorgánicos, es, entre la provincia de Antofagasta y el departamento de Arica, la que menos atención ha recibido de los gobiernos en el aspecto industrial. La instalación de la fábrica de cartón-yeso y de oíros materiales y productos sería un excelente incentivo para la zona y el comiendo de una etapa de industrialización impostergable en la zona. La Corporación de Fomento está finalizando, también, los estudios para la instalación de un Complejo Químico Industrial Inorgánico, de modo que la complementación industrial, de ambas actividades, sería de alto beneficio para la zona y el país. Deseo solicitar al señor Vicepresidente de la Corporación de Fomento se sirva plantear en el Consejo de esa institución la conveniencia de instalar la fábrica de cartón-yeso proyectada para el primer semestre de 1973 en el departamento de Pisagua, pudiendo ser la mejor ubicación el sector Huara-Zapiga. El señor AYLWIN (Presidente accidental).- En Incidentes, usará de la palabra, en primer lugar, el Comité Izquierda Radical. Tiene la palabra el Honorable señor Baltra. EXPOSICION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ACERCA DEL DESARROLLO DE LA ECONOMÍA. El señor BALTRA.- A fines de julio, el Presidente de la República hizo una exposición acerca del desarrollo de la economía. En materias como éstas, de por sí técnicamente complejas y en que las estadísticas pueden utilizarse, hasta cierto punto, según el sentido de las conclusiones a que se desea llegar, la opinión pública necesita, tal vez más que nunca, una apreciación global en la cual no se destaquen sólo los aspectos sombríos, que, por cierto, los hay, pero en que esos aspectos tampoco se dejen de lado para presentar un cuadro luminoso pero irreal, y que, en definitiva, no convence, pues se aleja de lo que son los hechos concretos que el chileno constata en su vida cuotidiana. Pensamos que uno u otro tipo de exageración no conducen a nada útil y, por el contrario, desconciertan y confunden al ciudadano que se enfrenta con argumentos intrínsecamente contradictorios, pero que se defienden con razones que, en apariencia, son igualmente válidas. No pretendemos estar en posesión de la verdad; mas estamos convencidos de que debe hacerse un esfuerzo para emitir un juicio equilibrado y objetivo que ofrezca una visión ecuánime y, hasta donde se pueda, orientadora, en medio de los inquietantes problemas económicos que golpean con dureza al país. Cuando la Unidad Popular asumió el Poder, se había acentuado aún más, por motivos políticos relacionados con la elección presidencial, la tendencia depresiva que, en 1967, comenzó a hacer sentir sus efectos sobre nuestra economía. Así fue como, en 1970, el producto geográfico bruto apenas creció en 3,4% y en diciembre de ese año la desocupación llegó a ser de 8,3% de la población activa, lo que, en cualquier país o circunstancia, constituye un signo alarmante. La economía estaba, pues, casi paralizada y en el umbral de una crisis. La gestión económica del nuevo Gobierno tuvo, en el corto plazo, dos objetivos fundamentales y conexos: reactivar la economía y disminuir el desempleo. Decimos que son conexos, pues es obvio que resulta imposible que la desocupación disminuya si la actividad económica no aumenta o se reanima. Para lograr esos objetivos, el Gobierno recurrió a un elemento determinante, a tina fuerza motora: la redistribución progresiva del ingreso. Todos los otros aspectos de la política económica se subordinaron al funcionamiento y éxito de este modelo, que uno de los más lúcidos exponentes de la nueva generación de economistas chileno, Alejandro Foxley, ha llamado un modelo puro de redistribución. Como veremos más adelante, fueron varios y de suma importancia los aspectos que se prefirieron o sacrificaron en el propósito de llevar adelante el modelo ya descrito. Por medio de la redistribución del ingreso se tendió a aumentar la demanda, de modo que ésta actuase como factor de presión sobre la oferta que, para responder, disponía de fuertes stocks, capacidad industrial ociosa y fuerza de trabajo desocupada. Por otra parte, en la retaguardia, y para suplir o complementar la oferta, estaba la reserva de divisas del Banco Central, equivalente casi a un tercio de la importación anual de Chile, que permitía importar lo que internamente no se producía en cantidades suficientes. Para aumentar la demanda, había que dar trabajo a los que no lo tenían y reajustar las remuneraciones de los que estaban ocupados. En otras palabras, debía entregarse capacidad de compra a las mayorías, a los trabajadores, mediante un aumento significativo de sus ingresos reales, lo que presuponía el reajuste de sueldos y salarios, impidiendo que este reajuste se trasladara a los costos, repitiéndose el ciclo en que el aumento de las remuneraciones se disuelve en alzas de precios y, por último, se llega al mismo punto de partida. El ciclo tenía que romperse por un riguroso control administrativo de los precios, aprovechando los amplios márgenes de utilidad de los empresarios. Fue lo que hizo el Gobierno. Según el Instituto de Economía de la Universidad de Chile, el alza nominal promedio de las remuneraciones en los sectores público y privado fue del 45%. Para estos fines, se aumentó el gasto público en 42,8%, y algo así como el 50% del mayor gasto - o sea, 10 mil millones de escudos - se destinó al reajuste de remuneraciones, asignaciones familiares, etcétera. El mayor gasto del sector público se financió a través del endeudamiento interno, que cubrió aproximadamente un 90% del déficit bruto en moneda nacional y un 59% del déficit bruto en moneda extranjera, de modo que la cuantía de los préstamos internos fue de 6 veces el promedio de 1909-1970. Más o menos el 93% de este endeudamiento interno se contrajo con el Banco Central, lo que en parte principal explica que, en 1971, la emisión aumentara en más del 130%. Cuando examinemos el problema desde el ángulo específico de la inflación, tendremos oportunidad de analizar más a fondo los aspectos que ahora sólo quedan bosquejados, pero que, sin embargo, bastan para apreciar la magnitud del desequilibrio que se produjo debido al camino que se eligió para financiar la expansión del gasto público. En cuanto a los precios, el índice del costo de la vida subió en 22,1%, mientras que, en 1970, lo había hecho en 34,9%. Por tanto, hubo aumento de los ingresos reales de los trabajadores; o sea, se elevó su poder adquisitivo. Con fundamento, puede sostenerse que, en 1971, ese aumento real fue del 20%. El mecanismo descrito acarreó una mayor participación de los asalariados, empleados y obreros, en el ingreso nacional, como que dicha participación pasó de 53,7%, en 1970, a 58,6%, en 1971. La redistribución favoreció mayormente a las familias con ingresos que varían entre uno y tres sueldos vitales, pero no hubo beneficio para las familias con rentas entre tres a cinco sueldos vitales, que simplemente mantuvieron su situación. No puede desconocerse el paso adelante que, en 1971, se dio en cuanto a lograr que el sector trabajo disfrutara de una cuota más alta del ingreso nacional. Pero, en todo caso, debe dejarse constancia de que una política redistributiva basada en el instrumental clásico, como es la puesta en práctica por el Gobierno del señor Allende, no llega a sectores del trabajo que en nuestra sociedad son numerosos, como sucede con los trabajadores por cuenta propia, que se estima representan el 26% del 50% más pobre de la población chilena. Aun así, el consumo de las personas aumentó en 12,9%, y ello es fruto de una redistribución de los ingresos que se tradujo en aumentos reales del poder de compra de los trabajadores asalariados. Los efectos de la reactivación a través de una mayor demanda se sintetizan en el 8,5% de aumento que, en 1971, tuvo el producto geográfico bruto, que es la tasa más alta del decenio en lo que a Chile atañe, pero que, en 1971, fue superada por Brasil, cuyo producto aumentó en 11,3%; los Estados Asociados de las Indias Occidentales, en que el producto creció en 9 %, y Panamá, que tuvo igual tasa de desarrollo que Chile bajo la Presidencia del señor Torrijos. La respuesta de la producción y el control de los precios fueron elementos claves en el freno a la inflación. Sin embargo, también actuaron, por lo menos, otros dos factores. Primero, la importación masiva de bienes para el consumo, sobre todo de alimentos como carne, leche, aceite, arroz y cereales. Esta importación fue, en 1971, de 263,7 millones de dólares, en vez de los 173 millones de 1970. Al pasar, señalemos que, mientras la importación de alimentos aumentó en 52,4%, la de bienes de capital bajó en 16,8% como efecto de la fuerte caída de la inversión. También influyó en la contención del proceso inflacionista el que las importaciones se hicieran con un tipo de cambio - 12,21 escudos por dólar - que se mantuvo congelado hasta diciembre de 1971, no obstante el alza de los precios, lo que significó un subsidio a la importación de alimentos, materias primas, combustibles y otros insumos industriales. La devaluación de diciembre de 1971 está produciendo sus efectos ahora, en 1972, y otro tanto sucederá en los meses venideros con la nueva devaluación que acaba de hacerse el 3 de agosto. La reactivación de la economía trajo como consecuencia, además, un descenso en la desocupación, que, según la última encuesta, es del 3,3% de la población activa. Coincidimos, sin embargo, con ODEPLAN en cuanto a que esta tasa, aunque baja, no implica la eliminación del problema dado el importante contingente de mano de obra inactiva con deseo de trabajar y la alta proporción de subempleo que se oculta entre los que están trabajando. El Presidente de la República calcula en 6% el ritmo de expansión de la producción interna en 1972. Es decir, el año en curso habrá una disminución apreciable en la tasa de crecimiento de la economía chilena, como que se retrocederá a una cifra comparable con la de 1961, que también fue del 6%, e inferior a la de 1966, en que el producto geográfico bruto aumentó en 7%. El fenómeno no puede, ni mucho menos, juzgarse con ligereza, pues indica que la actividad económica está experimentando una contracción y que ésta es considerable. Según los antecedentes que ODEPLAN entregó en una conferencia de prensa ofrecida el 13 de julio último, la producción industrial, que en 1971 creció en 12%, ahora, en 1972, lo hará sólo con un ritmo del 8% al 10%. Exactamente lo mismo prevé que ocurrirá en la construcción. Por lo que atañe a la producción agropecuaria, el crecimiento de ésta, según ODEPLAN, descenderá del 5,8%, que tuvo en 1971, a sólo un 3,8%, lo que, por cierto, no puede menos que agravar los problemas de abastecimiento que los consumidores vienen soportando desde los últimos meses del año pasado, a la vez que acentuará la necesidad de importar alimentos destinados a complementar la insuficiente producción interna. Según datos proporcionados a la Oficina de Informaciones del Senado por el Director de la Oficina de Planificación Agrícola del Ministerio de Agricultura, durante 1972 se adquirirían en el extranjero alimentos por valor de 259 millones de dólares, cantidad notoriamente inferior a la de 1971 e insuficiente, por tanto, para satisfacer las necesidades del consumo, atendida además la fuerte baja en la producción agropecuaria que anuncia ODEPLAN. La disminución del ritmo de desarrollo, que pasará del 8,5% da 1971, a tan sólo un 6%, plantea diversas interrogantes. Desde luego, está la de saber si este descenso es el inicio de una tendencia según la cual, después de la auspiciosa mejoría de 1971, el desarrollo recaería, tal como ya ha sucedido otras veces en Chile; o si se trata del fruto de las limitaciones, debilidades y desequilibrios de una política económica que descuidó aspectos importantes en el afán de poner en práctica un modelo destinado, principalmente, a aumentar el consumo durante un año determinado, aun a costa del sacrificio del consumo de los años futuros. En segundo lugar está lo relacionado con las causas de este descenso, lo que constituye algo muy de fondo, pues tiene que ver con el proceso y bienestar de toda la sociedad. Hay aquí, en general, dos hechos inseparablemente conectados, cuales son el agotamiento de la capacidad instalada ociosa y la baja que la inversión global experimentó en 1971. Según ODEPLAN, en 1971 la inversión global disminuyó en 7,7%, lo que se expresó en una fuerte baja de la producción nacional y de la importación de maquinarias y equipos. Así, mientras en 1971 la producción industrial aumentó en 12%, la de las industrias metálicas básicas lo hizo sólo en 6,7%, y la de las industrias mecánicas y metalúrgicas, en un débil 5,1%. Por su parte, la importación de maquinarias y equipos bajó en 16,8%. El país invirtió 1.113 millones de escudos menos que en 1970. Es decir, Chile no acrecentó su capacidad de producción, sino que, presumiblemente, la redujo, pues la disminución fue de la inversión bruta, que comprende tanto las nuevas inversiones como la reposición, o sea, las inversiones destinadas a reemplazar bienes de capital que quedan fuera de uso. El Director de ODEPLAN, en carta a la revista Panorama Económico, resta importancia al hecho manifestando que, en 1969 y 1970, la inversión se elevó debido a que culminaron las inversiones en la gran minería del cobre y a que la inversión en 1971 es equivalente a la de 1968, que fue, en efecto, de 13.2(2) millones de escudos. Pero no es menos verdad que la baja en la inversión, por sí misma y en sí misma, tiene efectos económicos adversos, independientes del origen y destino de las inversiones realizadas. Es obvio que cuando disminuye la inversión, siempre hay un motivo que explica la baja, lo que no obsta para que el hecho produzca sus consecuencias negativas. También se argumenta por algunos que no importa que la inversión haya disminuido en 1971, pues Chile disponía de equipos y maquinarias que no estaban utilizándose, y que su uso efectivo equivale a un aumento de la capacidad productiva. El país está experimentando en carne propia que tal política es perjudicial y equivocada. Fue, en efecto, error gravísimo no haber aprovechado el respiro dado por la existencia de capacidad productiva ociosa con el fin, precisamente, de efectuar inversiones que aumentaran esa capacidad, sobre todo para la producción de artículos de primera necesidad y consumo popular. En cierto modo, fue el mismo error que cometió el Gobierno anterior al no aprovechar los años 1966 y 1967, en que, utilizando la capacidad productiva ociosa, también el producto geográfico bruto aumentó sustancialmente en 5% y 7%, respectivamente. Las nuevas inversiones tardan en madurar, y, por ello, no es de modo alguno indiferente que una inversión se haga en 1971 ó en 1972, pues su proceso de desarrollo requiere un tiempo. Por esto, un año perdido para la inversión no puede recuperarse, e impone sacrificios que el país podría perfectamente haberse evitado si la acción económica del Gobierno no hubiese descuidado la inversión destinada a acrecentar nuestra capacidad productiva. El Presidente de la República afirma que, en 1971, el crecimiento de la producción se logró, en forma especial, mediante el aumento en el uso de los equipos e instalaciones; que ahora se necesita aumentar la productividad y ampliar dichas instalaciones; pero que, sin embargo, estas inversiones toman un período de maduración que cubre más de un año, lo que significa que la producción en algunos sectores tendrá un retraso en el tiempo respecto de las necesidades, creando problemas de desabastecimiento parcial y que dada la situación de divisas no pueden satisfacerse fácilmente con importaciones. Pero lo que no dijo el Presidente de la República, es que todos estos graves trastornos son de responsabilidad de quienes permitieron que la inversión global disminuyera en 7,7%, y la privada, en un 25% a 30%. Si las inversiones correspondientes se hubiesen hecho en 1971, no tendríamos que esperar por lo menos un año para que esas inversiones maduren y puedan entregar a los consumidores los bienes o mercaderías que necesitan, que ahora no encuentran, debiendo soportar escaseces y colas que han pasado a formar parte de la vida diaria de las dueñas de casa. El Presidente de la República agrega que la situación de divisas no permite resolver fácilmente el desabastecimiento a través de importaciones. En efecto, y desde este punto de vista, la situación en 1972 es también distinta de la de 1971, pues ahora el país no dispone de una reserva de divisas cercana a los 400 millones de dólares, sino tal vez de algo así como el 20% de esa cantidad, lo que, indudablemente, significa que el Gobierno tiene mucho menos holgura en la posibilidad de importar alimentos. Además, la mantención prolongada e imprudente de un tipo de cambio muy por debajo de lo que debiera ser su nivel real influyó adversamente sobre las exportaciones, de suerte que, a pesar de la inexplicablemente tardía renegociación de la deuda externa, la balanza de pagos será desfavorable a Chile en una suma que bordea los 400 millones de dólares. El desequilibrio que en 1971 se produjo entre consumo e inversión está resolviéndose en una situación crítica que afecta a la producción y el abastecimiento, lo que no habría sucedido si el año pasado se hubiesen creado las condiciones necesarias para estimular la inversión en el área privada y se hubiera decidido hacer lo mismo en el área social de la economía, a fin de que, al agotarse el margen de capacidad instalada ociosa, ya se hubiesen hecho y madurado las nuevas inversiones destinadas a ampliar esa capacidad, ahorrándola al país y a los consumidores muchas privaciones y penalidades. Cuando el entonces Ministro de Hacienda señor Zorrilla presentó a la Comisión Mixta el proyecto de Presupuestos para 1971 y propuso su financiamiento por medio del endeudamiento interno, manifesté que, en mi concepto, la emisión, en sí misma, no es necesariamente factor de inflación; y que, dada la capacidad instalada ociosa existente a la época, no me parecía que pudiera envolver mayores riesgos, pero que consideraba extremadamente grave que el Gobierno, entre tanto, no se preocupara de aumentar la capacidad productiva disponible a fin de poder hacer frente a los problemas que iban a presentarse cuando la capacidad ociosa se agotara. Es lo que no se hizo, y debido a esto nos encontramos en una situación que el Gobierno ahora enfrenta y aprecia en todo su alcance. Los desequilibrios en que ha estado basándose la acción económica del Gobierno se manifiestan en el costo de la vida, en cuyo índice pueden analizarse muchas de las dificultades que en este momento actúan conjuntamente para configurar el cuadro de los problemas que aquejan a la economía del país. Como se sabe, el año pasado el costo de la vida subió en 22,1%, en vez del 34,9% de 1970. Sin embargo, esta tasa no es la menor del decenio: en 1966 el alza fue sólo de 17%, y, en 1967, de 21,9%. No obstante, debe reconocerse que la desaceleración inflacionista se produjo en 1971 a pesar de que las remuneraciones nominales aumentaron en 45% y de que hubo, además, fuertes presiones monetarias. Pero un examen más en detalle del índice de variación del costo de la vida en 12 meses demuestra que la baja mensual se detiene en septiembre de 1971, con una variación en 12 meses del 15,8%, y que de ahí parte una tendencia al alza que persiste hasta ahora, como que en julio de 1972 el alza en 12 meses fue del 48%. Por otra parte, en los siete primeros meses del año en curso el costo de la vida se elevó en 33,2%, o sea, tuvo un aumento superior al de todo 1971, en que fue, repetimos, del 22,1%. Todo esto indica que las presiones inflacionistas ya empezaron a hacer sentir sus efectos en octubre de 1971. ¿Cuáles son, esencialmente, los factores de presión que actúan hay elevando los precios y provocando desabastecimiento? Desde el lado de la oferta, esos factores son varios: la capacidad productiva ociosa se ha agotado o está por agotarse, sin que se hayan hecho inversiones para complementarla ; las dificultades de la balanza de pagos han creado escasez de repuestos y otros insumos, con las consiguientes consecuencias sobre la producción; en las empresas nacionalizadas, requisadas e intervenidas ha habido una notoria pérdida de eficiencia y su gestión no se sujeta a criterios planificados, sino a decisiones aisladas o individuales. En la empresa privada, el margen de ganancia ya no permite absorber los mayores costos y éstos deben trasladarse a los precios. El déficit o pérdida en las empresas nacionalizadas debe, por su parte, obligarlas a hacer lo mismo. Las dos devaluaciones acordadas en un período de siete meses no pueden menos que encarecer los costos y, según se ha dicho, los precios. La producción agropecuaria aumenta con un ritmo sensiblemente inferior al de 1971, en circunstancias de que la situación de divisas no posibilita ni siquiera hacer las mismas importaciones de alimentos que en 1971. Tampoco hay stocks, y los comerciantes tienen que vender de inmediato lo que reciben, acentuando el fenómeno de la escasez. Desde el lado de la demanda, el análisis deba ser, sobre todo, monetario. Como ya dijimos, en 1971 hubo una gran expansión monetaria y la oferta de dinero excedió a su demanda en 34,6%, según el Instituto ríe Economía de la Universidad Católica. Es decir, hubo una brecha de importancia entre la oferta monetaria, que aumentó en 90,6%), y la demanda de dinero, que lo hizo sólo en 56%. Sin entrar a discutir la fórmula utilizada para el cálculo, cabe preguntarse cuáles pueden haber sido los factores que, en 1971, impidieron que el nivel de precios recibiera el impacto de esta tremenda presión, pues no cabe duda de que, de haberse vaciado al mercado la totalidad de ese 34,6%, los precios deberían haber subido muchísimo más de lo que fue su alza en 1971. ¿Qué ocurrió, pues, en 1971? Desde luego, no puede haber una explicación. Se trata de un fenómeno complejo en que, a lo sumo, es posible avanzar ciertas hipótesis. Desde luego, lo sucedido puede deberse a que la expansión monetaria produce sus efectos retardada y no simultáneamente. Es una bomba de tiempo. En el caso de Chile, hay quienes afirman que el rezago puede oscilar entre 6 a 18 meses. Es lo que, entonces, habría comenzado a ocurrir en octubre de 1971 y que seguiría operando hasta ahora. Por otra parte, en 1971, y quizás desde septiembre de 1970, se produjeron cambios bruscos y anormales en la llamada preferencia por la liquidez. Como observa el Instituto de Economía de la Universidad de Chile, el excedente del 34,6% de la oferta de dinero calculado en el estudio de la Universidad Católica corresponde a una demanda monetaria determinada sobre la base de funciones tradicionales que no están en condiciones de explicar lo que aconteció en Chile a causa de circunstancias del todo fuera de los marcos habituales de comportamiento. En este cambio de la preferencia por la liquidez, aparte la condición general de incertidumbre, operaron los motivos que, desde Keynes, se denominan de precaución, transacción y especulación. Cuando el hombre no tiene certidumbre acerca de lo que está por venir, busca seguridad, necesita seguridad, y, en lo económico, lo hace manteniendo en su poder activos líquidos y, entre éstos, el que lo es por excelencia: el dinero efectivo, ya sea como numerario o en cuenta corriente, pero sólo en la medida en que el sistema bancario inspira confianza en cuanto a que no habrá dificultades en el giro del dinero depositado. Son fenómenos que se producen en la conducta tanto de los individuos como de las empresas, y que en una coyuntura política como la de Chile revisten amplitud extraordinaria. El contexto social, económico y político indujo al empresario privado a aumentar la cuantía de sus activos líquidos, lo que se facilitó con el auge de las ventas y la dificultad para reponer los stocks. Para decirlo de otra manera, muchos empresarios reemplazaron el stock de mercaderías por el stock de dinero, de líquido. La tendencia se reforzó con decisiones de los propios empresarios, como, por ejemplo, reducir el plazo de las ventas a crédito; suspender o disminuir las inversiones; liquidar activos que, en otras circunstancias, no se habrían realizado, etcétera. Pareciera que también actuaron factores relacionados con el motivo transacción, pues se habría reducido o eliminado el crédito que los empresarios se conceden entre sí y que queda al margen del sistema bancario, pues los documentos, si los hay, no van al descuento. El pago al contado acentuó la necesidad de una mayor liquidez. El Instituto de Economía de la Universidad de Chile dice que el aumento en la preferencia por la liquidez fue la actitud de respuesta de una parte de la comunidad, en especial del empresario privado, al modelo de política de 1971. En este último sentido, la mayor retención de liquidez está reflejando un mecanismo primario de defensa puesto en marcha por este empresariado, en una coyuntura detectada como riesgosa, a través de la cual reduce el grado de compromiso financiero asociado a una eventual contingencia adversa y simultáneamente le permite proveerse de elementos para resistir el grado de control del modelo orientador de la actividad privada incluido en la política de corto plazo de 1971. El señor AYLWIN (Presidente accidental).- ¿Me permite, señor Senador? Ha terminado el tiempo del Comité Izquierda Radical. Puede continuar dentro del de la Democracia Cristiana. El señor BALTRA.- Gracias. Además, en algunas circunstancias la incertidumbre trata de cubrirse con la posesión de activos líquidos en moneda extranjera, y de ahí que puedan también haberse producido compras de dólares en el mercado negro. Asimismo, parecen haber contribuido a presionar sobre la tenencia de activos líquidos ciertas operaciones de carácter especulativo, como la compraventa de bienes raíces urbanos, automóviles, bienes durables de consumo, etcétera. Sin embargo, es posible que el aumento anormal de la preferencia por la liquidez no haya absorbido todo el exceso de oferta de dinero, y ello puede explicar, en parte, las alzas de precios que aparecen en el último trimestre de 1971. En 1972 actúan además otros factores agravantes. Desde luego, en 1972 hay expansión monetaria que, aun cuando pudiera resultar inferior a la del año pasado, será considerable, pues se estima que la emisión aumentará aproximadamente en un 100%. Por otro lado, la virulencia con que ha reaparecido el proceso inflacionista parece haber determinado un cambio en el sentido de la incertidumbre, en cuanto a que, ahora, ante precios en alza rápida y constante, el dinero presupone, en sí, una inseguridad y sus poseedores tratan de deshacerse de los activos líquidos comprando bienes, lo que intensifica las presiones inflacionistas y el desabastecimiento. Es muy difícil imaginar de qué manera podría impedirse que este cuadro se proyectara sobre la redistribución del ingreso a fin de que el sector del trabajo asalariado conservara las posiciones alcanzadas en 1971. En la conferencia de ODEPLAN a que me referí más arriba, se sostuvo que el Gobierno puede garantizar a los trabajadores que continuarán participando en cerca del 60% del ingreso nacional. Dudamos que esto sea realmente posible. Se dice, con cierta frecuencia, que en esta etapa procedería ir directamente a una redistribución real, en vez de confiar en la redistribución nominal del ingreso, lo que significa que los bienes disponibles tendrían que canalizarse materialmente hacia los sectores que se desea favorecer, lo que en alguna medida ya está sucediendo, pues hay barrios en que la escasez es notoriamente mayor que en otros. Pero, de generalizarse una política de este tipo, ello afectaría, como ya lo está haciendo, a grandes sectores de la clase media, y tendría, como es natural, un alto costo político para el Gobierno y los partidos que lo apoyan. En su exposición, el Presidente de la República habló de la necesidad de frenar las presiones inflacionarias y restablecer niveles más normales de abastecimiento. Reconoció, así, la anormalidad del actual abastecimiento, lo que es un avance, pues hasta no hace mucho era consigna oficial negar este grave aspecto del problema. En seguida, agregó que era imprescindible aplicar medidas de fomento del ahorro, de captación de saldos líquidos en poder de particulares y desviación del gasto de las personas hacia el uso de bienes y servicios en que exista capacidad de producción y tengan simultáneamente un bajo impacto sobre las importaciones. Señaló que, para este efecto, se aplicarían las siguientes medidas: planes de veraneo popular; establecimiento de un sistema de ahorro reajustable en condiciones preferentes para los próximos cinco años y en que, para acogerse a él, debería pagarse una comisión bancaria especial; el uso de sistemas de estancos en la comercialización de algunos productos suntuarios; el empleo más intensivo de pago de peajes para los automóviles particulares; el seguro obligatorio de automóviles, bienes raíces y vida para toda la población; y depósitos previos para las importaciones del sector privado. No entraremos al examen de estas medidas, pues, salvo una o dos, carecen de las condiciones que se requieren para cumplir la función que se les asigna o, lisa y llanamente, se trata de nuevos impuestos. Por de pronto, se advierte que varias de ellas afectarían, sobre todo, a la clase media, ya tan lesionada en sus intereses, aspiraciones y expectativas. Pensamos que el problema de la liquidez debe abordarse desde más arriba, en el plano de las macrodecisiones, en el orden de la política fiscal y monetaria, y, sobre todo, en la esfera de la determinación de los límites del área social de la economía, con lo que se pondría término a la incertidumbre que afecta al empresario privado y lo induciría a reanudar sus inversiones, siempre que esa determinación fuese aparejada con la firme y operante voluntad política de respetar y hacer respetar las normas establecidas. Aunque no es del todo ortodoxo, nos sentimos inclinados a pensar que, en el caso especial de Chile, la eliminación de la incertidumbre atenuaría la presión que un cuantioso volumen de saldos líquidos ejerce hoy sobre el mercado de bienes de consumo, pues, entonces, se destinarían a la inversión o al ahorro en valores y participaciones industriales. El Presidente de la República afirma que hoy el Estado controla gran cantidad de recursos productivos y que en consecuencia posee instrumentos de política económica que inciden tanto en el comportamiento económico del resto de los sectores como también en la producción misma y en los propios canales financieros. Todos estos elementos – añade - articulados en una política económica realista, nos permiten encarar los obstáculos señalados de acuerdo a un plan de acción inmediata que vaya rompiendo las dificultades y corrigiendo los desequilibrios sin sacrificar la expansión económica ni producir un deterioro en la distribución del ingreso. Coincidimos en que eso puede y debe ser así; pero no es precisamente lo que ha ocurrido en Chile. El área de propiedad social, por definición, tiene funciones muy importantes que cumplir. Desde luego, si los centros básicos de decisión se encuentran dentro de esta área, la autoridad puede formular planes y llevarlos a la práctica, sacarlos del papel a la vida y transformar la planificación en realidades. Además, el área social debe ser agente activo en el proceso de ahorro e inversión, ya que las empresas del área deben entregar a la sociedad los excedentes que le permitan acrecentar la acumulación y concretar en inversiones los proyectos programados. No es lo que sucede en Chile. El área de propiedad social no está sujeta a un desarrollo planificado. Desde este punto de vista, bien pudiera afirmarse que falta uno de los rasgos definitorios del socialismo, cual es la decisión consciente de la sociedad en la asignación de los recursos de que dispone. El actual Ministro de Hacienda, señor Orlando Millas, en un artículo aparecido en El Siglo de fecha 5 de junio, y reproducido en el último número de la revista Principios, dice, entre otras cosas, que proceden muy mal los que pretenden reemplazar los planes científicos de producción por chapucerías, como son las cifras improvisadas de metas que se indican sin examinar las disponibilidades de materias primas, las materias auxiliares, los combustibles, las necesidades del mercado y, a veces, ni siquiera la real capacidad instalada y sin ningún debate previo en que se escuchen las sugerencias de los trabajadores. Es evidente que las divagaciones de este tipo, aunque contengan cifras y se denominen pomposamente planes no pasan de ser algo así como planificaciones y no expresan cambios auténticos en la dirección de clase. Ahora, veamos si el área social produce o no los excedentes que deben servir para que (Chile encuentre, dentro de su propia economía, los recursos que necesita para desarrollarse. El quiebre de la dependencia económica supone que el país genere internamente todo o la mayor parte del ahorro requerido para realizar las inversiones que exige un crecimiento económico progresivo. Esta es una de las razones de ser del área de propiedad social: si los excedentes que se generaban o podían generarse cuando las empresas nacionalizadas eran de propiedad privada desaparecen o disminuyen, esto tiene serias consecuencias. Por de pronto, indica que el área social no está cumpliendo una de sus funciones esenciales. Además, advierte que la nacionalización se ha traducido en pérdida de eficiencia y que esto puede reflejarse en que la sociedad se haga aún más dependiente de los recursos extranjeros como complemento del ahorro nacional. Por eso mismo, nacionalización y eficiencia deben ir unidas para que el nivel de los excedentes, por lo menos, se mantenga y, en lo posible, mejore. Entre nosotros, nadie discute que el área social no está arrojando excedentes, sino déficit o pérdidas. Si la situación no se modifica, ello significaría que la irresponsabilidad está impidiendo que Chile pueda disponer de cuantiosos recursos para acelerar su desarrollo. El Ministro de Hacienda, en el artículo citado, expresa: Son contrarrevolucionarios los criterios oportunistas según los cuales podría tolerarse que no hubiese excedentes y que empresas del área social se conviertan en cargas onerosas para la sociedad. Ello implica que los excedentes, - dice el señor Millas - que antes acrecentaban las rentas de los capitalistas, ahora sean quemados en aras de la ineficiencia, de la insensibilidad pequeño-burguesa y de múltiples formas de corrupción burguesa. No es, pues, la nuestra una opinión exagerada o producto de una cierta visión política. El hecho es que se ha constituido en el país una extensa área de propiedad social, pero sin que ella esté cumpliendo las funciones que le corresponden como centro de decisiones planificadas y origen de excedentes que robustezcan la capacidad social de inversión. El área social de la economía no está entregando a Chile lo que Chile tiene derecho a exigirle. Por estas razones, las palabras del Presidente de la República no pasan de ser la expresión de buenos propósitos, aun cuando ya van transcurridos largos 20 meses de su gestión gubernativa. Al comienzo de esta intervención señalamos, con alarma, que en 1971 la inversión global había disminuido en 7,7%. Destacamos la importancia de este hecho, que, en concepto nuestro, constituye una de las grandes causas de que en 1972 la tasa de aumento del producto disminuya al 6%, que la inflación reaparezca con ritmo acelerado y que el desabastecimiento cobre caracteres singularmente graves. No puede un país renunciar, aunque tan sólo sea por un año, a acrecentar su capacidad productiva. Las consecuencias de tal política las están palpando y sufriendo el país y, más directamente, los consumidores. Durante un año se sacrificó la inversión al consumo, con el resultado de que, para 1972, ODEPLAN deba anunciar que el consumo crecerá a un ritmo menor que la inversión. Según ODEPLAN, en 1972 la inversión llegará al 16% del producto geográfico bruto, y el Presidente de la República habla ahora de un ambicioso plan de inversiones. Nos complace que así sea, pues perseverar en la política seguida hasta aquí significaba cerrarse las puertas del desarrollo y penetrar en un campo sembrado de explosivos desequilibrios, contradicciones y problemas que, en parte, ya estamos padeciendo y soportando. Al respecto, es útil recordar que, según el plan de la economía nacional para el período 1971-1976, la parte del producto que es necesario destinar a la inversión deberá subir ligeramente, desde un 16% en los últimos años, a un 18% promedio en el período. Recordemos, también, que en 1970 la inversión representó un 16,6% del producto nacional, de modo que en 1972 sólo se volvería a un coeficiente cercano a lo que Chile invirtió ese año. Esta circunstancia, junto a la baja del 7,7% que la inversión tuvo en 1971, permite decir que, para alcanzar el 18% proyectado por ODEPLAN y el Gobierno, sería preciso un extraordinario esfuerzo inversor en los últimos cuatro años de la actual administración. De acuerdo con las estimaciones del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, en 1971 la inversión privada disminuyó entre 23% y 30%. Es sabido que en Chile, desde hace ya tiempo, el peso de la inversión recae en el sector público, el que invierte algo así como 70% del total. La inversión de la empresa privada no va, pues, más allá de 30% de la inversión chilena. Pero se trata, por lo menos, de 30 mil empresarios que producen bienes necesarios al país y que dan empleo a muchos cientos de miles de trabajadores. El propio programa de la Unidad Popular reconoce la importancia de la función que las empresas privadas desempeñan en la economía nacional, sobre todo en lo que se refiere a los empresarios pequeños y medianos. Sin embargo, y hasta ahora, estos empresarios no sólo desconocen las normas que han de regir sus actividades, sino que ni siquiera están seguros de poder seguir trabajando, pues a diario hay empresas medianas o pequeñas que son intervenidas o requisadas, y se da el caso frecuente de otras que son tomadas para que, por lo común y en seguida, pasen también a integrar el área social en virtud de resoluciones administrativas. La clase media, es decir, los profesionales y empleados, los técnicos y los maestros, los intelectuales y artistas, como también los pequeños y medianos productores y comerciantes, contribuyeron decisivamente al triunfo de la Unidad Popular, pues creyeron que su programa se cumpliría sin transgresiones y que en la nueva sociedad tendrían mejores oportunidades de desplegar sus iniciativas y no serían meros aliados tácticos, de quienes el vencedor se olvidaría pronto. En los hechos, la alianza de clases que dio origen a la Unidad Popular e hizo posible su triunfo, se rompió desde el momento en que esos sectores del trabajo no sólo vieron frustradas sus legítimas aspiraciones, sino que, además, fueron objeto del atropello, el sectarismo, la persecución y el despojo. En el fondo de la caída de la inversión privada no hay, en consecuencia, un problema de carácter meramente económico, sino todo un contexto social y político de desconfianza e incertidumbre que paraliza la inversión, pues no hay empresario privado alguno que, procediendo con un mínimo de racionalidad, se decida a invertir si no tiene seguridades efectivas de que podrá recuperar la inversión hecha y obtener ganancias razonables. El Presidente de la República dice en su exposición que, en lo que llama nueva etapa de la construcción económica y social, está presente la voluntad de profundizar el proceso de cambios y la perspectiva de transformación socialista, de reafirmar seguridades de estabilidad y desarrollo en amplias capas de pequeños y medianos empresarios del campo, la industria y el comercio. ¡Cuántas veces el Presidente de la República ha tenido idénticas o análogas expresiones! Primero, se las recibía con júbilo y esperanza. Pero a medida que la realidad fue mostrando una larga distancia entre sus palabras y lo que acontecía en los hechos, se las escucha con el más absoluto y total escepticismo. Lamentamos que se haya llegado a tal situación, pues mientras no se restablezca la confianza es imposible que los pequeños y medianos empresarios del área privada se incorporen al esfuerzo de desarrollo, contribuyendo al progreso de Chile y su pueblo con su trabajo, su experiencia, sus iniciativas, su ahorro y sus inversiones. Nada más. El señor AYLWIN (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Pablo. LA EDUCACION CHILENA COMO INSTRUMENTO POLITICO DEL ACTUAL GOBIERNO. OFICIOS. El señor PABLO.- Honorable Senado: Sin estar ubicada obligadamente en un primer lugar de privilegio frente a las demás, la función educativa tiene, en el pensamiento social de nuestros días, una importancia relevante. Ella constituye un eje integrador y vertebrador de las otras funciones sociales y, dentro de ellas, es un elemento insustituible y principal. La educación para la vida social, para la vida económica, para la salud, para la participación creadora, etcétera, son aspectos diferenciados que se complementan e integran en un proceso educativo que busca la formación del ciudadano, el productor, el consumidor, el creador artístico, científico o técnico, entes todos cuyos papeles se ajustan, de modo definido, a las funciones que toda sociedad moderna cumple en procura de su propio perfeccionamiento y desarrollo. Educarse y educar es, por lo tanto, un proceso permanente de formación y liberación integral de la persona humana, considerada como ente individual y social, y es, al mismo tiempo, una permanente necesidad, un deber y una responsabilidad de la comunidad entera. Concebimos hoy la educación como un proceso de liberación humana. Liberación externa que significa formar un hombre capaz de enfrentar y transformar los esquemas sociales y económicos que permiten aún la dominación, la explotación económica, la masificación y la cosificación del hombre en un proceso da deshumanización creciente. No es libre el hombre constreñido y limitado por una estructura que se caracteriza por una estratificación social injusta. No es libre el hombre impedido de satisfacer sus necesidades vitales por la carencia de recursos económicos. No es libre el hombre sometido a la dominación cultural e ideológica de la metrópoli, de los grupos intelectualistas o de las minorías ilustradas. Y mientras estos sometimientos humanos configuran un estado de subdesarrollo del hombre y de los más amplios grupos sociales, se consolida en el seno de la sociedad la inferioridad, la marginalidad, la dependencia. Estos conceptos que pueden parecer abstracciones de teóricos o lucubraciones propias de intelectuales, encierran la realidad del hombre que no alcanza a ser persona porque sin oportunidades pierde sus potencias, porque sin sus derechos sólo se somete, porque sin ejercer su responsabilidad quema su creatividad, se doméstica. De todas las formas de dependencia y marginalidad, la marginalidad cultural es la que priva de modo más dramático la dignidad del ser humano. Puesto que la dignidad es un valor consustancial al hombre, propio de cada ser e inseparable, no existe código social alguno que no estatuya, en el deber ser que lo sustenta, aquel principio de dar al hombre dignidad a través de la libertad y la justicia. Mas el deber ser entra en el campo de los fines, de las aspiraciones últimas, de los valores éticos. Sin embargo, la dignidad de cada cual, la que es concreta y que se advierte en el diario vivir, no se da por decretos ni por leyes, ni en declaraciones de derechos. No es una gracia que emane del poder o de suprema autoridad, como una dádiva. Ella nace en la conciencia que el individuo tiene de su yo y de su destino; de su papel y de su situación frente al mundo; de su capacidad de hacer y transformar; de su vocación de crecimiento y perfección, que emana del espíritu y a él se revierte enriqueciéndolo. Por eso, la liberación que da la educación es también liberación interna. Es toma de conciencia, es crecimiento espiritual, que separa al hombre de un egoísmo primitivo, y en alguna medida lo torna solidario. El hombre liberado se hace así más participante y creador. Se incorpora al quehacer y lo enriquece; ejerce su responsabilidad y su derecho. ¡Cómo no ha de ser importante, dentro de un proceso revolucionario, el ejercicio de la que hemos llamado la educación liberadora! Grave cuestión es, en el fondo, hacer educación en estas dimensiones. Porque siendo la educación y la cultura una connotación propia y caracterizante de cada sociedad, tiene, a la vez, sentido de proceso, estructura de institución, calidad de producto. Nos preocupa la educación como institución, porque toda sociedad debe ser capaz de crear los sistemas educativos que respondan con acierto y eficacia a las aspiraciones y demandas educacionales y culturales de la pluralidad de grupos que la forman. Nos debe preocupar la educación como proceso, porque es importante, sin duda, el cómo formar al hombre y perfeccionar la sociedad. Aquí están en juego la intencionalidad de la educación, la orientación, la aplicación del método, la jerarquización y el uso de los medios. Nos debe preocupar la educación como producto, porque ninguna sociedad supera etapas históricas, sino cuando los hombres de una época sobrepasan, individual y colectivamente, los esquemas de valores, las concepciones científicas o las realizaciones técnicas que la caracterizan y proyectan su conducta y su quehacer humano en una nueva dimensión propia del cambio positivo. Si he dicho nos debe preocupar, es porque los últimos aspectos que he tocado constituyen la base de lo que hoy deseo destacar en pocas frases de un somero análisis. La educación es esencialmente finalista. Apunta a la esencia del ser y la transforma, en busca de un modelo que es, a la vez, modelo de hombre y modelo de una sociedad. Por ser liberadora, su fin es hacer del hombre un sujeto y no un objeto. Un sujeto que es libre, justo, crítico, creador y solidario es capaz de orientar su quehacer no hacia el beneficio de uno, sino de todos. Crea y transforma con sentido de solidaridad, proyectando y realizando su tarea en busca de la integración y de la participación de todas las fuerzas de la comunidad; hace del respeto a la calidad humana y de la promoción de los valores del saber científico, tecnológico o artístico, una norma invariable de justicia y una práctica constante de convivencia; aplica en su quehacer un sentido crítico profundo, agudo, científico, que permite el examen, que fundamenta el diagnóstico y el pronóstico, que orienta la realización y que justifica la más severa y objetiva evaluación. Es éste un sentido crítico que ha de entenderse no como el afán de encontrar sólo en los factores externos al hombre toda causa de injusticia o error, y apunte, en consecuencia, la animosidad hacia la lucha del hombre contra el hombre, sino que es un sentido crítico aplicable a la lucha del hombre consigo mismo, como un intento de auto perfeccionamiento, como un camino de superación de aquellas etapas en que la incomprensión, el egoísmo, el dogmatismo y la actitud sectaria han sido los grandes condicionantes de la conducta humana. La educación, por ser liberación y formación integral, no puede ser dogmática ni incondicional de ciertas posiciones ideológicas, ni un instrumento de fanatización. El hombre fanático es una desviación patológica del hombre crítico. Formar conciencias críticas es la tarea fundamental de todo centro de formación y de saber. No menos importante, por lo tanto, es la tarea de evitar que ese estado patológico llamado fanatismo se produzca en la conciencia individual y mucho menos en la conciencia social o colectiva. Permitir o introducir en la administración del sistema los criterios propios de la lucha ideológica, significa fatalmente que se destruye la posibilidad de lograr en las tareas docentes un clima de multiparticipación responsable, creador y dinámico. En una hora en que la formulación teórica de los nuevos modelos para la educación chilena se hace sobre la idea de la creación de la Comunidad Escolar y, dentro de ella, de la multiparticipación; mientras se destaca como uno de los fines de la educación la formación del hombre solidario, libre y justo; cuando se sostiene que el objetivo de lograr la mayor eficiencia educativa sólo se puede lograr con el aporte y el perfeccionamiento constante del docente, el padre, el educando, etcétera, lo cierto es que vemos aumentar cada día las animadversiones y los enfrentamientos, las odiosidades y los antagonismos entre los grupos políticos, los agitadores y los violentistas del campo educacional. Complejo campo de batalla es hoy la educación chilena. Dentro de él los grupos se atrincheran, atacan o defienden. La presión psicológica, el amedrentamiento, la amenaza, la agresión moral y física, son recursos con los que se busca imponer las consignas y poner anteojeras al libre raciocinio y metódico examen de los hechos. La manipulación de los grupos estudiantiles, la utilización de los padres y apoderados o de las organizaciones comunitarias, se comprueba cada día en las tomas y retomas de establecimientos educacionales, que siempre tienen, entre las aspiraciones de su planteamiento, la petición de remover, trasladar o abrir sumario a algún funcionario no adicto a las posiciones de Gobierno. Estas acciones, peligrosas en sí, no son, sin embargo, las más graves, porque ellas provienen, en gran parte, de grupos irresponsables o desvinculados de los organismos conductores del proceso educativo. Lo que a nuestro juicio resulta más grave es la repetición de hechos que provienen del personal docente y de los propios organismos oficiales, que están contribuyendo a crear un clima de fanatización política inaceptable y que, en último término, se traduce en hechos de violencia moral y psicológica. Nosotros sostenemos que, para hacer verdaderamente educación, el maestro necesita crear y vivir un clima de confianza, de comprensión, de fe común, de diálogo. Creemos que buscar la verdad, crear belleza, transformar el mundo natural y social para el servicio y bien del hombre, no es tarea que se haga con odios, con rencores, con reacción bestial. Por eso sentimos la legítima aprensión del hombre que no quiere caer en la violencia y que, sin embargo, se siente empujado a la trinchera. No podemos aceptar, sin denunciarlo, que se sigan utilizando los textos oficiales y programas de estudios para la concientización política con fin proselitista. Ya en septiembre de 1971 intervine en esta Sala para representar la unilateralidad ideológica que se advierte en el texto titulado Sugerencias para la Alfabetización, que se emplea en la educación de los adultos. Dije en aquella oportunidad que en ese libro se apreciaba claramente una orientación al materialismo histórico, a la lucha de clases, al sistema estatal de propiedad de los bienes de producción, y sostuve que, además de tendencioso, el texto podía calificarse también como político. Parece lógico que un Gobierno que busca la concientización de la juventud y los trabajadores para la construcción de una sociedad socialista y para consolidar los cambios políticos y económicos de base marxista, haya comenzado por elaborar instrumentos educativos que son utilizados preferentemente en la educación de adultos. Así, el proceso educativo se transforma en un instrumento político destinado a ejercer una influencia decisiva en el contingente electoral y en los grupos sociales más fácilmente penetrables. No es extraño que yo pueda presentar en este instante una nueva muestra de la intención manifestada reiteradamente por los educadores de la Unidad Popular. En el Programa de Ciencias Sociales elaborado recientemente por la Jefatura de Educación de Adultos, se formulan las conductas que aparecen corno deseables para el trabajador chileno. Quisiera señalar sólo algunas por vía de ejemplo, para dejar en claro, una vez más, que un instrumento técnico se pone al servicio de una causa ideológica, con absoluta falta de respeto a la libre conciencia y al pluralismo ideológico que debe sustentar todo acto educativo, de acuerdo con las disposiciones constitucionales que nos rigen. Desde la página 10 para adelante, en la segunda unidad, se formulan las siguientes conductas: Conocimiento y comprensión de las ideas marxistas y su influencia en el movimiento obrero. Comprensión e interpretación de los principales conceptos marxistas sobre relaciones de producción. Conocimiento y comprensión del carácter y sentido de las primeras organizaciones de lucha de los trabajadores en Chile. Valoración de la personalidad de Luis Emilio Recabarren como motor de las luchas de la clase obrera. Conocimiento y comprensión de la formación y estructura ideológica de los partidos comprometidos con la clase trabajadora. Conocimiento y comprensión de la CUT como instrumento de los trabajadores en el movimiento popular. Actitud de valoración de la CUT en el proceso de cambios de Chile. Estoy convencido de que en estos estadios debiera valorizarse de igual manera la conducta moral de los grupos de la CUT que se robaron las elecciones en ella, a vista y paciencia del país, dando, sin duda alguna, un pésimo ejemplo de dignidad en el proceso de la lucha de los trabajadores, la que, por último, obliga al juego limpio. Procesos como éste, que se envilecen mediante el escamoteo de los resultados electorales, a la postre dañan moralmente al país y a la clase trabajadora. Aparte la mención directa que se hace de los partidos marxistas y de la necesidad de conocer y comprender sus ideas y su influencia, no se advierte en los programas mencionados intención alguna de destacar otras formas o líneas de pensamiento que pudiera servir para un examen verdaderamente crítico, científico y objetivo de la realidad en el pensamiento de los trabajadores chilenos. Desde este punto de vista, el documento pierde su objetividad y, por ende, su condición de instrumento técnico aceptable. Resulta, además, discutible su tendencia a presentar a la Central Única de Trabajadores como el organismo que impulsa la construcción de la nueva sociedad de los trabajadores. La sobreestimación que de ella se hace nos parece exagerada, especialmente si se considera, como ya lo dijimos, que en la reciente elección de sus autoridades provinciales y nacionales hemos podido comprobar que dentro de ella se repiten los mismos esquemas de una dominación ideológica absurda, divisionista y hasta torpe. Es evidente que, aparte el contenido ideológico de estos programas, los responsables de la educación de adultos han tomado también las providencias para que sean profesores afectos al Gobierno quienes realicen la tarea de difundir e imponer las conductas a que he hecho referencia. El maestro es pieza importante en ese juego, y aquellos que militan en la Unidad Popular saben a ciencia cierta, cada día, que su labor es ir sembrando las consignas, desfigurando la verdad, enajenando, con el propósito de conseguir el objetivo de lograr la incondicionalidad del educando en torno de los sistemas doctrinarios del marxismo. Esto que digo no es una simple presunción. Se puede comprobar todos los días y en distintos lugares simultáneamente. Sólo para dar una muestra quisiera mencionar aquello que los diarios ya han sacado a la luz pública: el caso de un profesor de la Escuela Consolidada de Puente Alto. En el diario La Prensa y en el periódico Puente Alto al Día - tengo a la mano el facsímil -, se publicó lo ocurrido a una alumna de esa escuela que, al rendir una prueba de ciencias sociales, mereció de su maestro la siguiente observación escrita de su puño y letra: Los grupos sociales coloniales eran tres: los burgueses españoles (aristocráticos); los burgueses criollos (chilenos) y los indígenas (trabajadores). Los españoles burgueses aristocráticos querían seguir dependiendo de España, los burgueses criollos querían la independencia de Chile. A los trabajadores les daba lo mismo porque seguirían siendo explotados. Hoy día sucede lo mismo (casi). Hay un grupo de burgueses que no quiere la independencia económica de Chile (P. N.). Hay otro grupo que no es ni chicha ni limonada (D. C). Otro grupo que quiere la independencia económica de Chile y que está por la revolución (trabajadores): la izquierda. ¿Con cuál te quedas tú? El texto de la anotación no sólo refleja una grosera ignorancia de la historia patria y un chabacano método de trabajo docente, sino que deja al desnudo la personal intencionalidad política que este presunto educador da a sus actividades frente al curso. Asaltante ideológico o victimario de conciencia podríamos llamar a quien se atreve, so pretexto de hacer educación, a distorsionar la verdad e inducir al engaño a los alumnos que le han sido confiados en la seguridad de que él puede velar por su maduración y formación individual libre, integral y pluralista. Es mistificador, en cuanto pretende hacer aparecer nuestra doctrina como un cuerpo de ideas anodino y trivial. Es falsario un maestro cuando presenta realidades históricas diversas bajo un prisma de interés político que primero induce a error y después presiona la conciencia del educando en busca de un pronunciamiento que signifique apoyo o adhesión a determinados esquemas tendenciosos. Me sumo a la protesta del partido, que ya en Puente Alto señaló estos hechos como graves y en pública declaración pidió la intervención de las autoridades para la corrección de estos excesos. Solicito oficiar en mi nombre al señor Ministro de Educación, denunciándole el hecho que acabo de reseñar, con el propósito de que se realice la investigación correspondiente y se apliquen las sanciones administrativas a que haya lugar por una acción tan incalificable cometida por un maestro. El señor AYLWIN (Presidente accidental).- De acuerdo con el Reglamento, se enviará el oficio en nombre de Su Señoría. El señor PABLO.- Pero eso no es todo. Hay otros hechos que permiten asegurar que dentro del campo de la enseñanza media la escalada por conseguir una mayor concientización del alumnado se mantiene vigente y es una preocupación de cada día. La prensa publicó no hace mucho la noticia de que en Farellones se habría producido una toma de las instalaciones, en los momentos en que grupos de estudiantes estaban realizando las primeras prácticas de un programa de difusión masiva del deporte, en el cual se incluyen las técnicas del esquí. Pocos saben tal vez que el origen de este hecho estuvo en el choque producido entre los profesores a cargo de los grupos y algunos instructores enviados por el Instituto de Educación Física de la Universidad de Chile, quienes, aparte la práctica propiamente deportiva, realizaban después de las horas de comida reuniones políticas destinadas al adoctrinamiento de sus jóvenes alumnos. También solicito que se oficie sobre la materia al Ministro indicado, porque estos hechos no han sido objeto de una investigación efectiva, y creo que es necesario empezar a ponerles atajo. No es posible que la confianza de los padres al enviar a sus hijos a realizar prácticas de esquí, se desvirtúe por grupos políticos organizados enviados por el Gobierno, que no dependen ya directamente del Ministerio de Educación, sino que de la propia Universidad de Chile, aprovechando las circunstancias anotadas para realizar un proselitismo que no corresponde. El señor AYLWIN (Presidente accidental).- De acuerdo con el Reglamento, se enviará el oficio en nombre del señor Senador. El señor PABLO.- Otro hecho poco conocido, pero sintomático dentro del contexto que hoy analizamos, es el siguiente: la Dirección de Educación Secundaria autorizó no hace muchos lías una concentración política de las juventudes del Partido Comunista en el Teatro Auditorium del Liceo de Niñas Nº 1, en un día normal de actividades y mientras las alumnas se hallaban en el establecimiento. Nadie en la Democracia Cristiana se opone a que los directores de enseñanza tengan y den a conocer su filiación política. Nadie se opone a que los maestros definan su pensamiento j den su testimonio en el momento del examen que es propio del estudio, la investigación o la información de tipo pedagógico. Nadie rechaza la posibilidad de que el educando, en la medida en que crece y se amplía su conciencia, vaya tomando posición. Nos oponemos, eso sí, a la dominación enajenante. Nos oponemos a la unidireccionalidad ideológica. Nos oponemos al dogma y al pensar fanático. Nos oponemos a la ideologización de la enseñanza y lo hacemos de acuerdo con las normas constitucionales que rigen la vida de la república. El riesgo que se corre es demasiado grande. La vida auténticamente democrática nos enseña que es en la práctica de la justicia y de la libertad en donde el hombre puede encontrar el ámbito seguro; que es en el ejercicio de la responsabilidad en donde adquiere dimensión la personalidad de cada ser; que es en la búsqueda de la verdad, su aceptación y su enseñanza en donde reside la única posibilidad del perfeccionamiento que hombre y sociedad necesitamos cada día. Por eso, quisiera recordar en este instante algunos de los conceptos que frente al problema educacional de nuestra patria emitió el conocido educador don Oscar Vera, con motivo de discutirse las ideas centrales de una reforma educacional que fue realmente científica, moderna y revolucionaria. Decía ese maestro: Querría, por último, llamar la atención de ustedes sobre tres grandes riesgos que acechan, aquí y en otras partes, al planeamiento de la educación. Ellos son: la interferencia, la incompetencia y la impaciencia. Cierta interferencia en el proceso técnico del planeamiento de la educación es, hasta cierto punco, inevitable. La tarea del estadista, del verdadero político, es reducirla a un mínimo. Ella proviene simultáneamente, aunque con mayor o menor intensidad, de cualquiera de los diversos grupos o sectores interesados en controlar la educación, sean ellos doctrinarios, partidistas, económicos, profesionales o gremiales. El predominio de uno cualquiera de estos grupos compromete, frustra o anula, por definición, la calidad de esfuerzo nacional qué debe caracterizar al planeamiento educativo en una sociedad auténticamente democrática. Subordina donde habría que coordinar; doblega o dicta donde habría que respetar o escuchar; excluye donde habría que incluir; engendra resentimiento o recelo donde debiera florecer el entusiasmo, la cooperación y la solidaridad. Las tareas del planeamiento de la educación no sólo son complejas; son particularmente delicadas en cuanto afectan a la niñez, a la juventud, al futuro de la nación, y exigen una amplísima gama de pericia y experiencia. Revisar programas de estudio; preparar material de enseñanza; analizar y estimar costos; conjugar los datos de la situación actual con el crecimiento demográfico y con las perspectivas del desarrollo económico; evaluar rendimientos; traducir los estudios de recursos humanos en programas de formación profesional; preparar metas y proponer alternativas que respondan tanto a las aspiraciones como a las posibilidades nacionales, son algunas de las numerosas tareas del planeamiento, que no pueden ser entregadas a manos inexpertas, a aficionados o a personas de buena voluntad, sino que exigen especialistas competentes. Hoy destaco estos hechos, porque estimo que no es la idea del señor Ministro, ni tal vez la de Su Excelencia el Presidente Allende, aceptar o propiciar que el proceso y la institución educativa en Chile sean un instrumento y un patrimonio de la Unidad Popular. Formulo mis observaciones para que desde estas altas esferas se corrija y se encauce el quehacer educativo dentro del marco que la comunidad desea y preconiza. Espero no hallar oídos sordos. La juventud y los trabajadores buscan en este instante, como en todo momento de la historia, la posibilidad de ingresar a la cultura a través de esa puerta tan ancha que es la educación para una verdadera democracia. He terminado, señor Presidente. El señor AYLWIN (Presidente accidental).- En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Carmona. SITUACION DEL MINERAL DE CHUQUICAMATA. El señor CARMONA.- Señor Presidente, hace algún tiempo efectué un análisis de la situación del mineral de Chuquicamata. En esa oportunidad sostuve la tesis central de que, debido a la subordinación de la técnica a objetivos de tipo político-partidista, se estaba afectando gravemente la producción de ese centro minero en perjuicio del país. Los resultados, en lo que iba corrido del año, demostraban que había menor producción que la programada, y que la diferencia representaba para el país entre 20 millones y 30 millones de dólares de pérdida. Ese factor, unido al hecho de la errada conducción política con respecto a los técnicos, fue la causa de que éstos comenzaran a abandonar la empresa, de manera que ciertamente se podía prever una situación de progresivo deterioro de la capacidad de producción de Chuquicamata. Sobre el particular, durante los días 20, 21 y 22 de julio de 1972, la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre celebró su segundo congreso extraordinario en la ciudad de Santiago, y llegó a conclusiones muy precisas sobre este tema y sobre la situación de los profesionales y técnicos y del personal administrativo de grado superior en los grandes minerales de cobre del país. Como las conclusiones adoptadas por ese congreso revisten gran interés para el país, en el momento oportuno pediré que se recabe el asentimiento de la Sala para insertarlas en el texto de mis observaciones. Los hechos ocurridos con posterioridad parecen confirmar lo que expresé en esa ocasión: la producción en ese mineral ha continuado bajando y no puede esperarse una recuperación. De acuerdo con informaciones provenientes de Chuquicamata, con el accidente ocurrido la semana pasada ha quedado fuera de servicio la totalidad de los convertidores de la fundición, lo que constituye un hecho insólito para la mina abierta más grande del mundo. En dicha unidad existen cinco convertidores, y lo normal es que operen por lo menos cuatro. Pues bien, fuera de uno que está siendo alargado para aumentar su capacidad, los cuatro restantes se hallan fuera de operación por mal manejo técnico. Esto significa, por concepto de costo directo en reparaciones, una suma aproximada al medio millón de dólares. Y el lucro cesante, durante el período en que no estén en funciones, se estima en 2 millones de dólares por horno, lo que da un total de 8 millones de dólares de pérdida para el país. Si se tiene presente la situación por que atraviesa el país actualmente en materia de divisas, lo anterior constituye una grave responsabilidad. Debe señalarse, además, que en estos momentos la fundición de sulfuros no está produciendo, hecho que ocurre por primera vez en veinte años. El caótico manejo de ese centro minero ha obligado a renunciar al gerente técnico, señor Luis O. Vera, designado por el actual Gobierno en febrero de este año. Otro tanto ha ocurrido con el subgerente de servicios, quien fue nombrado por la actual Administración en agosto de 1971. Vale la pena recordar que a este funcionario lo impuso el Gobierno en aquella oportunidad, y que a raíz de esta actitud se precipitó el conflicto de los supervisores, lo que significó la expulsión de varios de ellos de las empresas y su enjuiciamiento en los tribunales. Queremos reiterar al Ejecutivo la necesidad de enmendar rumbos, ya que no conviene al país ni al Gobierno el fracaso de la nacionalización. De perseverarse en la conducta actual, Chile, por obstinación de unos pocos, deberá pagar un alto precio. Queremos que el Ejecutivo tome nuevos rumbos no sólo en las declaraciones, sino también en los hechos. Arruinar las empresas nacionalizadas del cobre no implica únicamente un desprestigio para el Gobierno, sino también un atentado a la soberanía económica del país, que hará imposible la obtención del desarrollo económico que los chilenos anhelan. Quiero que en esta parte, al finalizar mis observaciones, se inserte el documento que pongo a disposición de la Mesa y que, a mi juicio, allegará mayores antecedentes sobre la situación y deficiencias de carácter técnico que en estos instantes se están produciendo en los tres más grandes minerales del país: El documento que más adelante se acuerda insertar, dice como sigue: Asociación Nacional de Supervisores del Cobre. Situación de la Industria del Cobre (Informe propuesto por la Comisión Nº 1 Situación de la Industria del Cobre y aprobado por el Plenario de Resoluciones del Segundo Congreso Extraordinario de la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre, celebrado en Santiago durante los días 20 a 22 de julio de 1972). La Asociación Nacional de Supervisores del Cobre, como institución que agrupa a los profesionales, técnicos y personal administrativo de grado superior que trabajan en las empresas del cobre afectadas por la nacionalización, se hace el deber histórico de fijar claramente su pensamiento sobre el proceso de estatificación de esta industria básica y precisar un diagnóstico de la situación existente a un año de su desarrollo. 1.- La responsabilidad del proceso. Si bien la nacionalización de las empresas que conformaban la llamada Gran Minería del Cobre y de Compañía Minera Andina trajo como consecuencia inmediata la toma de posesión material por parte de nuestro país de esta industria - que nadie duda es la base de sustentación de toda nuestra economía -, esta medida no tuvo la virtud de crear en la opinión pública la conciencia de que al mismo tiempo se había asumido una responsabilidad cuyas proyecciones y proporciones reales no son fáciles de captar, aun para los que han estado directamente relacionados con la industria a través de muchos años. Tanto se había hablado y teorizado en el pasado sobre lo que el país perdía por concepto de utilidades que irremediablemente se iban al extranjero, que se había creado en la ciudadanía el concepto de que bastaba el mero hecho de la nacionalización para que de inmediato entráramos a disfrutar de esos ingentes beneficios. Dicho en forma más clara y precisa, sólo nos limitamos a contemplar la inmensidad de los recursos que en teoría pasaban a ser patrimonio nuestro, sin detenernos previamente en el análisis cuidadoso y detallado de lo que se requería para obtener tales recursos económicos. Por ello pensamos que no basta el deseo de poseer algo; lo básico es saber qué y cómo hacer cuando llega el momento de pasar de la palabra a la acción. Es en tal momento que el problema se plantea en toda su magnitud e importancia. El futuro de toda nuestra economía y nuestras posibilidades de desarrollo dependen del menor o mayor grado de comprensión que posean las esferas ejecutivas de gobierno para encarar este problema con la decisión y objetividad que exige el delicado momento que estamos viviendo. De allí que creamos que quien sea capaz de sacar esta industria de su increíble desorden y confusión actuales pasará a la historia como un visionario que supo cambiarle su curso. 2.- La nacionalización y los supervisores. El proceso de nacionalización significaba y significa un desafío a los técnicos y profesionales del cobre porque abre inmensas posibilidades al desarrollo de sus facultades creadoras. El alejamiento de los ejecutivos y técnicos extranjeros implicaba necesariamente un esfuerzo extraordinario para mantener la eficiencia de las empresas, por una parte, y por la otra, ofrecía la expectativa de perfeccionar y superar dichos niveles. Los supervisores del cobre no podíamos sino recibir con vivo interés esta oportunidad de hacer valer nuestro potencial y capacidad técnica. La capacidad de los técnicos chilenos es ampliamente reconocida y ella es la mejor garantía que podíamos ofrecer quienes esperábamos una participación activa y decisiva en el manejo de las empresas. Por ello estuvimos prontos a asumir la gran tarea con la mejor voluntad de esfuerzo, cooperación y sacrificio. No puede olvidarse que ANSCO fue de las primeras organizaciones gremiales en ofrecer su aporte generoso a los intereses superiores del país (reunión conjunta ANSCO - Comisión Minera UP, de 24/-10/70). Ese era el ánimo de los supervisores. Pero los nuevos ejecutivos, si bien exteriorizaban una actitud comedida y hasta su agradecimiento, no estaban plenamente convencidos de nuestro aporte al proceso de la producción. Así, un presidente de Compañía de Cobre Chuquicamata sostenía que los supervisores no eran necesarios; otros ejecutivos, sin llegar a ese extremo, opinaban, en cambio, que los supervisores de las líneas administrativas y de servicios no eran tales y que, por lo tanto, no debían tener esa categoría. Es más, el propio Presidente de la República, en un congreso de la Confederación de Trabajadores del Cobre, realizado a comienzos de 1971 en Machalí, declaraba que sólo eran supervisores los técnicos de la producción. Tal concepción del proceso productivo implica el grueso error, que no podemos dejar de señalar, de olvidar que la empresa es un complejo integral que exige del funcionamiento armónico, coordinado y parejo de todos sus componentes para obtener resultados provechosos y mantener un ritmo de normalidad y progreso. Sin embargo, tal actitud no se detuvo en la formulación de simples declaraciones aisladas. Bastó muy poco tiempo para que los técnicos del cobre comprobaran, con sorpresa primero, con estupefacción y dolor luego, que no sólo se les impedía entregar su amplia y generosa iniciativa, sino que se llegaba a cuestionar su patriotismo. No deseamos recordar de nuevo la orquestada y bien financiada campaña de desprestigio sostenida en forma sistemática contra los supervisores, fenómeno que todo el país conoce y cuyos resultados, por estar a la vista, no requieren de mayor explicación. 3.- La politización en las faenas. En nuestro Congreso Constituyente de 1969, antes que existiera siquiera la actual combinación política de gobierno, sostuvimos que el manejo técnico de la industria, la adecuada selección y contratación del personal, la unidad de mando y respeto a las jerarquías, la definición clara de política y procedimientos, el perfeccionamiento constante con planes y metas conocidas por todos, eran necesidades imprescindibles. Con el transcurso, de los meses nuestras inquietudes vertidas en el Congreso Constituyente de 1969 se convirtieron en cruda realidad pues un proceso de politización creciente invadió todas las estructuras de las empresas. El sistema de cuoteo en las designaciones y contrataciones se vio por vez primera en los minerales. Pero éste no fue el único vicio porque también hemos podido comprobar el constante aumento de las dotaciones de personal: El Teniente, 20%. Chuquicamata, 10%. El Salvador, 10%. Dentro del nivel de supervisores la situación no es mejor: El Teniente más de 100 nuevos supervisores. Chuquicamata más de 110 nuevos supervisores. El Salvador más de 40 nuevos supervisores. Se argumentó que había que asumir en las plantas funciones que anteriormente se realizaban en el extranjero. Pero esta justificación carece de validez por cuanto CODELCO, supuestamente creada para tales efectos, ya ha aumentado su personal en más de cuatro veces; tan sólo la Gerencia de Adquisiciones tiene 180 nuevos empleados. Este proceso de hipertrofia, además del natural desquiciamiento que produce en las estructuras de las empresas, provoca desaliento en el personal antiguo por los continuos y sistemátieso atropellos en materia de ascensos y designaciones. Estos y otros factores, que más adelante explicamos, han creado el mayor éxodo de supervisores en toda la historia de la industria minera. Es así como, en 18 meses se han retirado (1): (1) Estas cifras incluyen a los supervisores arbitrariamente despedidos en agosto de 1971. (55 supervisores). En El Teniente, más de 290 supervisores de un total de 560. En Chuquicamata, más de 180 supervisores de un total de 470. En El Salvador, más de 100 supervisores de un total de 260. En Andina, más de 50 supervisores de un total de 150. Por otra parte, la creciente relajación de la disciplina laboral en todos los niveles, se debe principalmente a los activistas políticos que llegan diariamente a los minerales - en donde gozan de las más amplias franquicias y comodidades que la empresa paga - despertando en los trabajadores falsas ilusiones y expectativas - en especial, en materia de relaciones laborales -, que no tienen habitualmente intenciones de materializar, provocando con ello un grave daño en las líneas de jerarquía. Problemas minúsculos e insignificantes se convierten en actitudes de fuerza: paros, huelgas, amenazas, cuestionamiento y exigencias de despido de supervisores, que luego esos activistas no pueden controlar. La llamada concientización a través de los medios de comunicación interna, los carteles y afiches propagandísticos y proselitistas en oficinas y faenas, las innumerables reuniones políticas, inclusive en horas de trabajo, también afectan el orden y continuidad indispensables a esas labores, provocando gran desazón entre el personal técnico. A todos estos factores de perturbación e indisciplina se suma el desenfrenado abuso de elementos de trabajo de las empresas, como camionetas, camiones y automóviles, pinturas, talleres de imprenta, existencia de papel y hasta de ropa de trabajo, de los que los grupos de propaganda y activismo disponen a su antojo, y no siempre en actividades políticas, sino de simple provecho personal. Por otra parte, los nuevos jefes, en frenéticos afanes personales o meramente turísticos han destruido una cantidad inverosímil de vehículos de las empresas, los que, naturalmente, se restan a aplicaciones útiles de producción u operación. 4.- La burocracia en la toma de decisiones. Todo lo anterior se traduce en un paralizante burocratismo en la toma de decisiones. Toda la línea de mando, al estar desamparada en sus determinaciones, que se discuten entre los subordinados a nivel de sindicatos y de comités de todo orden, ha empezado a eludir sus responsabilidades descargando los problemas en otros niveles, grupos, reparticiones o burócratas para que decidan; o bien, se nombran comisiones que, reunidas en esporádicas juntas, realizan debates tan interminables como estériles. Se hará un estudio en profundidad, es imprescindible un análisis de factibilidad, hay que proceder a una evaluación crítica, abriremos un diálogo franco y objetivo, con el objeto de que las decisiones se adopten para mantener la continuidad del proceso productivo dentro de los nuevos esquemas de la nacionalización, con plena participación de los trabajadores para propender a la consecución de las metas y programas elaborados para ganar la batalla de la producción, definidos por el Gobierno Popular, son frases que se escuchan sin cesar. Esta impresionante verborrea es pan común en la toma de decisiones que, por cierto, no se traducen en acción concreta; y si ésta llega, es tan sólo en forma tímida y con comunicaciones precarias, por lo que muchos de los afectados no llegan a conocer lo que se ha decidido o, por fin, se ha puesto en marcha. Ejemplos de lo que afirmamos son innumerables. Súmese a esto la elevada rotación de supervisores que vuelca en las faenas un numeroso contingente de elementos de escasa experiencia en el manejo de empresas de esta magnitud. Resultado final es que muchas decisiones administrativas, a más de lentas, no son técnicas y significan un papeleo exuberante de informes, contrainformes, minutas, cartas y los más variados documentos. El aumento de los consumos de panel en todas las empresas es realmente impresionante; las líneas telefónicas están sobrecargadas y asimismo los servicios internos de télex y radio; y los aumentos de dotación de empleados son tales que no es raro que supervisores, por falta de máquinas de escribir, escritorios y hasta oficinas, deban trabajar en sus casas. Esta rápida síntesis puede dar a la opinión pública una imagen del funcionamiento de las empresas. 5.- La participación. La participación constituía un paso necesario y positivo para lograr una real integración de los trabajadores, de modo que de objetos pasaran a ser sujetos del proceso productivo. Este aporte real ha sido desafortunadamente desvirtuado, principalmente por fallas en la etapa informativa y preparatoria, que ha sido parcial o incompleta debido a la incapacidad de los promotores de la participación que la entienden como un arma política. Por otra parte, la presión de grupos y de aspiraciones individuales ha convertido la participación en un sistema institucionalizado para conseguir granjerías de todo orden (bonos, comisiones de servicio, cambios de clasificación, etc.) y para proyectar desahogos personales contra los jefes y también para invadir atribuciones propias de las líneas legítimas y racionales de mando. Los supervisores, por su parte, se han marginado en gran medida de la participación por temor a perder aún más su ya disminuida autoridad. Esto es un error que ANSCO deberá tratar de remediar a través de la discusión de técnicas y conocimientos del tema. Los trabajadores de base han palpado también esta situación manifestándose con grandes abstenciones en las asambleas y votaciones; es más, en Exótica los trabajadores rechazan la participación en forma absoluta. Los comités de producción establecidos han imbuido en sus participantes la pretensión de poderes decisorios en alguna medida, lo que ha provocado roces con los jefes afectados. Todo resulta desquiciador en este proceso en sí mismo positivo y en cuya aplicación es urgente adoptar medidas rectificadoras serias que permitan el real aporte de los trabajadores para perfeccionamiento da la gestión productora. Habrá que despolitizar la participación y transformarla en una herramienta administrativa y técnica, motivando para ello al trabajador. 6.- Los abastecimientos. Los supervisores no pueden eludir su responsabilidad de plantear con firmeza la profunda inquietud que sienten por el futuro de las empresas en relación con el deterioro que viene experimentando el proceso de abastecimiento de repuestos e insumos básicos provenientes del extranjero. La situación de las importaciones está produciendo actualmente problemas en la operación de las plantas y de no tomarse enérgicas medidas correctivas a la brevedad, estos problemas se irán agudizando, pudiendo llegar a corto plazo a la paralización de las maquinarias (de hecho ya se han producido paralizaciones parciales en algunas secciones), debido fundamentalmente a la excesiva tramitación en las oficinas de CODELCO. Al mismo tiempo, el abastecimiento de algunos productos nacionales tales como vestuario, zapatos y otros elementos de seguridad, etc., que la empresa tiene la obligación contractual de proporcionar a su personal, se cumple con bastante dificultad y, en muchos casos, la mala calidad de estos productos está provocando inquietudes gremiales. Igualmente, crítica por su incidencia en las faenas de la minería, es la situación existente con relación a los productos CAP y sus derivados (principalmente bolas y barras de molienda), que por problemas de producción hacen pensar en serias dificultades futuras de abastecimiento. Por otra parte, la absorción por CODELCO de numerosas funciones propias de las plantas conlleva a su crecimiento desproporcionado y a la incorporación de personal sin experiencia y sin los conocimientos do la realidad operacional de las industrias, todo lo cual produce, ciertamente, un efecto negativo. Esta dualidad de funciones entre CODELCO y las empresas (adquisiciones, producción, finanzas, ingeniería, etc.), se traduce en dificultades para la gestión de estas últimas. Solamente Compañía de Cobre Chuquicamata tiene 1750 requisiciones con más de 7.000 ítem pendientes en la oficina de compras de CODELCO en Canadá y algunas de estas requisiciones tienen más de un año. Compañía de Cobre El Salvador tiene 278 requisiciones pendientes de importación y Andina, más de 400. Es más, CODELCO, por desconfianza o falta de conocimientos, duda de las peticiones de las líneas de operación, exigiendo fundamentaciones, justificaciones y aclaraciones que no siempre se consideran y que entorpecen notablemente el proceso de abastecimiento de las plantas. 7.- Planificación. Para superar estas fallas es imprescindible delinear políticas generales, precisas y definidas. La importancia de una planificación nacional con plena participación de los trabajadores y, en especial, de los supervisores, es fundamental para precaver las dificultades. Dentro de esta planificación debe ocupar un papel preponderante el estudio de la fabricación nacional de repuestos. En relación a la industria minera nacionalizada, la planificación debe encararse en forma decidida, especialmente por cuanto en gran medida se hacía anteriormente en el extranjero y nuestros profesionales, en muchos casos, no tenían acceso a importantes antecedentes relacionados con estas labores. Sin embargo, la situación hoy en día es peor porque carecemos de planificación directiva a largo plazo en todos los niveles. Pero las más serias dificultades las tenemos por la grave deficiencia de planes a mediano y corto plazo. No hay planes serios a mediano plazo (3 a 10 años) en el cobre de Chile. Cabría mencionar que Andina está esbozando algunas iniciativas de planificación; pero debe hacerse constar la inquietante falta de planes a mediano plazo en algunas empresas: Compañía de Cobre Chuquicamata a) Futuro de Exótica, especialmente en cuanto a la parte del proceso metalúrgico que efectúa Cobrechuqui; b) Nuevas explotaciones. Compañía de Cobre El Salvador. a) Explotación de la mina. Problemas geológicos, principalmente en relación a la naturaleza mineralógica de importantes sectores del yacimiento; ingeniería, ventilación y desarrollo. La improvisación ha llegado a ser norma y costumbre en estas materias. Con la participación de los técnicos de terreno y de profesionales idóneos pueden elaborarse planes para llenar estos grandes vacíos. Al propio tiempo, estos planes deben ser confeccionados con estricto criterio técnico y, una vez elaborados, deben darse a conocer a todos los trabajadores con el objeto de que todos sepamos a dónde vamos y qué queremos del cobre, la mayor y más importante industria del país. En lo que se refiere a la planificación operativa, es útil que se sepa que nuestros técnicos están cumpliendo en estos momentos una labor que es altamente positiva, empeñados en dotar a las empresas de proyectos de operación específicos a corto, mediano y largo alcance, prácticamente viables y en concordancia con la verdadera noción de empresa: producir más, mejor y a menor costo. Esperamos, naturalmente, la colaboración indispensable de todos los trabajadores de las empresas. 8.- Investigación tecnológica y científica. Este es uno de los objetivos principales de nuestra Asociación y que motivan su acción, siendo por otra parte una función esencial para el desarrollo del país. En esta materia hay una gran variedad de iniciativas, recursos y esfuerzos inconexos y desperdiciados, situación que hace necesario el establecimiento de un organismo coordinador central, pequeño, ágil y dinámico, que proponga metas armónicas y asigne y distribuya, a nivel nacional, las respectivas tareas. A este organismo deben llegar las universidades, institutos de investigación y empresas para efectuar aportes positivos y establecer líneas de acción fructífera. Debe haber una difusión adecuada y oportuna de los resultados de las diversas investigaciones de modo que todos los trabajadores del cobre conozcan los esfuerzos realizados y que los técnicos y profesionales aprovechen esas experiencias en sus áreas de trabajo. El intercambio universidad-empresa debe establecerse permanentemente y en un doble sentido: que los científicos adquieran los conocimientos prácticos que derivan del diario quehacer frente a la máquina y que también los supervisores y trabajadores alcancen y conozcan las técnicas de investigación. Para conseguir estos propósitos deberán destinar ingentes recursos que han de invertirse sin sectarismo de ninguna índole. ANSCO promoverá por todos los medios a su alcance la consecución de estos fines, que nadie duda de su inmensa necesidad, exigiendo una investigación científica, previsora y visionaria de la que, en gran medida, depende el futuro de Chile. De otro modo, perderemos en tal forma la pugna tecnológica mundial - en plena y acelerada evolución en la producción de cobre - que nuestros costos de producción nos dejarán lejos de toda posibilidad competitiva. Constantemente nos visitan expertos extranjeros, especialmente contratados, comisiones mineras, etc., pero sus actividades, aparte de entorpecer el normal funcionamiento de las plantas, redundan casi siempre en grave atentado contra el país al tener que entregárseles planos y documentación técnica reservada de nuestras instalaciones y procedimientos industriales. Y siempre, sin que estas visitas se compensen siquiera con el conocimiento de las conclusiones que deberían presentar esos expertos ni cuáles son sus recomendaciones para llevarlas a la práctica. 9.- Conclusiones y soluciones. Los problemas creados durante el período de su ambientación por personas con responsabilidades y misiones políticas que llegan a las plantas, han provocado en la supervisión y en los trabajadores de todo nivel, grave desconcierto, malestar e incertidumbre que se traducen en paros, conflictos, alteración de las líneas habituales de mando, inseguridad en la toma de decisiones, pugna de poderes, renuncias individuales y colectivas, dualidad o multiplicidad de mandos, transgresión de principios fundamentales de organización de empresas y pérdida de autoridad. Se vislumbra en este momento una nueva faceta en esta disonante situación y que consiste en la intromisión improcedente de elementos politizados en las áreas de decisión estrictamente técnicas, colocando luego en el tapete de la discusión la capacidad profesional del afectado. Ello, por sí solo, significa que las personas responsables de la marcha de la industria deben encarar un enfrentamiento político-técnico inconveniente para el normal desenvolvimiento de las empresas. Debemos recordar que toda esta situación fue analizada por ejecutivos, dirigentes sindicales y supervisores en Compañía de Cobre Chuquicamata y en reuniones conjuntas, con el fin de trazar una línea de acción que abriera el camino para llegar a soluciones integrales y en concordancia con los superiores intereses del país. En ese entonces se consideraron siete puntos fundamentales y concretos que sirvieran de base para neutralizar aquellos factores negativos ya mencionados: restablecer el orden laboral y operativo definiendo la autoridad de la empresa, fijación de políticas claras y difundidas hacia la comunidad laboral, reafirmar y aplicar los verdaderos principios de participación, eliminación del sectarismo y contratación de personal idóneo, capaz y responsable, fueron premisas sentidas a todo nivel. Sin embargo, grupos ajenos a la estructura interna de la empresa (grupos políticos) estimaron que había puntos lesivos a sus particulares intereses e interfirieron e influyeron en los diversos niveles de trabajadores para que éstos desconfiaran de los propósitos perseguidos y rechazaran estas proposiciones, lo que, naturalmente, significa la perpetuación de una situación negativa, discordante con los anhelos de nuestra supervisión, de los trabajadores del cobre y de los reales intereses de nuestro país. Es por ello que debemos insistir una vez más, sobre la necesidad de que se adopten estas medidas imprescindibles. a) Se clarifique y establezca, sin el menor asomo de duda, la organización que en definitiva se desea dar a la industria del cobre. b) Que los organismos directivos se atengan exclusivamente a un criterio técnico-económico. Y en tanto se atengan a dichos criterios, han de ser esos organismos los encargados de dictar las pautas generales para la futura marcha de las plantas. c) Se delimitan con absoluta claridad las áreas de influencia, su relación y coordinación que permitan su ensamblamiento en los diversos niveles y un desarrollo ordenado de las faenas. d) Se decidan las líneas generales y particulares de la producción con entrega de la debida autoridad a cada mando y la eliminación de las tramitaciones innecesarias. Se busca de este modo crear una organización esencialmente ejecutiva, capaz de determinar un ritmo de trabajo y mantenerlo sin titubeos, en concordancia con el panorama de la producción que va cambiando día a día y, a veces, de hora en hora, con estricta adecuación a las particularidades propias de cada planta que, sin duda, tienen problemas técnicos y situaciones particulares y diversas. Hemos querido presentar, descarnadamente, un cuadro más o menos completo sobre la realidad de la industria de la Gran Minería del Cobre a partir de su nacionalización, sin desear hacer escuela con cifras estadísticas ni palabras técnicas. Nuestra Asociación Nacional tiene plena conciencia de la necesidad de llegar con urgencia a la opinión pública dando a conocer su pensamiento y su actitud frente a los hechos que desde entonces han estado ocurriendo en los minerales y que escapan a su control, por lo mismo que emanan de niveles políticos que prescinden de los trabajadores y técnicos. La Asociación Nacional de Supervisores del Cobre es una institución gremial y apolítica, cuyo fin principal es en la hora presente servir a los superiores intereses del país a través de la acción de sus asociados en las faenas entregadas a su responsabilidad. Por ello, no asume una actitud crítica respecto de ninguna ideología política, pero sí, se considera con derecho y, concretamente, con la obligación de establecer con claridad la opinión que le merece la forma cómo se está manejando en Chile esta industria que unos calificaron, con toda razón, de viga maestra de nuestra economía y otros, con tanta o más razón, de sueldo de Chile. Concordamos plenamente con esos conceptos y afirmamos que la actual crisis no separa niveles de trabajadores: todos estamos afectados y a todos nos corresponde una determinada cuota de esfuerzo para que la nacionalización sea el éxito que todos esperamos y necesitamos. ANSCO confía en que finalmente se impondrán la razón y la cordura y que como país nos decidamos a marchar por una senda común a todos los chilenos. Impregnada de ese espíritu, nuestra institución prefiere dar vuelta la página respecto de muchos hechos injustos e ingratos a que ella y sus asociados se han visto sometidos y reitera sus anhelos de que Chile sea el único triunfador en esta lucha. ANSCO está lista para hacer su parte en esta tarea y reclama igual decisión de todos aquellos que hoy se encuentran vinculados al destino y manejo de la industria productora de cobre en Chile. Tal voluntad unánime es esencial para salir airosos en la difícil prueba. Santiago, julio 1972. SITUACION DE LA INDUSTRIA SALITRERA. El señor CARMONA.- Señor Presidente, me referiré en seguida a otra materia. Hace algún tiempo formulé aquí diversas denuncias relacionadas con la situación del salitre en Chile. Esas denuncias las contestó, en esta misma Sala, hace alrededor de un mes y medio, el Honorable señor Valente. No abordaré hoy todas las materias, sino que sólo insinuaré algunas de ellas, ya que, junto con esbozarlas, pediré la confirmación de algunos antecedentes que voy a exponer, para, una vez obtenida la respuesta de parte de los organismos del Gobierno - el Banco Central y la Sociedad Química y Minera de Chile -, estar en Condiciones de hacerme cargo en forma completa de las observaciones que en esta Sala formuló el señor Senador. En la oportunidad anterior en que hablé, yo dije, por cuarta o quinta vez, que en la operación de completar la nacionalización de las empresas del salitre en Chile había una diferencia cercana a los 800 mil dólares entre el monto que se dio a conocer a la opinión pública y la cantidad de que efectivamente se dio por recibida la Anglo Lautaro en Estados Unidos, al dar cuenta el señor Peeples a los accionistas de esa compañía del resultado de dicha operación. Quiero insistir en el tema, pues las explicaciones que se han dado hasta el momento no son satisfactorias, no sólo para mí, sino que tampoco para la opinión pública. Hay, como expresé en esa ocasión, alrededor de 380 mil ó 400 mil dólares cuyo destino se desconoce. Se ha dicho que corresponden al pago de honorarios de los abogados que intervinieron en la operación. Creo poder afirmar, porque tengo antecedentes al respecto, que los abogados tradicionales de la Compañía Salitrera Anglo Lautaro no percibieron honorarios especiales por su intervención, sino que estuvieron sujetos, como siempre, al pago de sus remuneraciones mensuales. Por lo demás, pienso que el punto podría aclararse si el Gerente General de la Sociedad Química y Minera de Chile, don Miguel Labarca, obtuviera del abogado don Mariano Puga, a quien también se hace aparecer como defendiendo los intereses del señor Peeples o de otras personas, una carta dirigida al señor Peeples en que lo autorice expresamente para comunicar al Señor Ministro de Minería los honorarios totales que se le pagaron por su intervención en este asunto. Tengo la impresión de que en esta forma el señor Labarca esclarecería definitivamente este aspecto, que, estoy seguro, preocupa a la opinión nacional. Insisto en que hay una diferencia de 380 mil o 400 mil dólares cuyo destino no se ha explicado al país. Por eso, para aclarar la situación en provecho y beneficio de todos los chilenos, he sugerido el procedimiento descrito. En ese entonces hablé también de que había atraso o arreglo en el balance del año salitrero que terminó en junio de 1970. El Honorable señor Valente explicó que había un cambio o modificación muy fundamental en el balance de la Sociedad Química y Minera. Me parece que esa alteración está vigente en la actualidad, pues ya ha pasado con creces el 30 de junio de 1972, fecha en que terminó el año salitrero corriente y, sin embargo, el balance de la compañía no se ha dado a conocer. Pienso que el cambio fundamental consistirá en dar a la publicidad dicho balance el 31 de diciembre de 1972, con lo cual las cifras que expondré en estos instantes resultarán inmensamente superiores. En mi primera intervención manifesté que en el año salitrero 1970-1971 había habido una pérdida cercana a los 13 millones de dólares. En el año salitrero que terminó el 30 de junio de 1972, según mis informaciones, esta pérdida superará los 26 millones de dólares. Aún más, debo decir que en el año salitrero 1968-1969 se pagaron por drawbacks alrededor de 860 mil dólares, y que en el año salitrero 1970-1971 - desconozco el que terminó en 1972- el drawback alcanzó a 9 millones 750 mil dólares. O sea, sumando esa cantidad a los 26 millones de dólares por concepto de pérdidas, obtenemos una cifra superior a los 35 millones de dólares, en una empresa que tiene 40 millones de dólares de capital. En otra parte de su discurso, el Honorable señor Valente refutó las aseveraciones que yo hice respecto de la contratación de más personal en las oficinas salitreras. Sostuve que hasta marzo de 1972 se había contratado a 732 nuevos trabajadores, cifra que el señor Senador reconoció, junto con manifestar que se había reemplazado el método de trabajo, que era el de los llamados redobles. Expresó que como el trabajo de las oficinas salitreras se realizaba por turnos, dicho sistema consistía en que los trabajadores, para poder ganar una remuneración mayor, redoblaban los turnos, o sea, en vez de trabajar un turno de ocho horas, sumaban otro turno más, para llegar a dieciséis horas; y añadió que esto se debía a la explotación que hacía la administración anterior de los trabajadores del salitre. Debo manifestar que al señor Valente no lo informaron bien. La situación de los redobles sigue exactamente igual; yo diría, peor que antes. Y sucede algo muy curioso, porque entiendo que la oficina central, de Santiago, no tiene el método de trabajo de turnos, sino el de ocho horas, simplemente. Sin embargo, la oficina central, de doscientos empleados que había en ella cuando terminó la Administración anterior, ha pasado a tener más de cuatrocientos. ¿Dónde están los redobles aquí? En realidad, es una cifra sumamente importante, dentro de la de 732 nuevos trabajadores que han tomado las oficinas salitreras, la de 200 empleados de más que tienen las oficinas de la capital. Quiero referirme, finalmente, a un punto que estimo de extraordinaria importancia y gravedad. Chile y el Japón son los únicos productores de yodo del mundo. El yodo es un subproducto que obtiene el país de la explotación salitrera. Se estima que Chile posee, en general, mejores aptitudes para producir yodo en mayor cantidad y a más bajo precio que Japón. Por eso mismo, ha tenido, prácticamente, 60% del mercado mundial de consumo de yodo. El Gobierno de la Unidad Popular, al hacerse cargo de la industria salitrera y, por lo tanto, de la administración de la Sociedad Química y Minera de Chile, elevó el precio de tres dólares por kilo de yodo a cinco dólares. Sostuvo entonces que esta medida beneficiaría a la industria, y criticó el que Gobiernos anteriores no lo hubieran hecho antes, con lo que habrían perjudicado gravemente los intereses económicos del país. El Senador señor Va-lente también enfocó ampliamente esta materia en su discurso. Como consecuencia de esa alza de precio, de esta medida adoptada por el Gobierno de la Unidad Popular, especialmente por el Gerente señor Labarca - aumento de precio que no fue seguido por los japoneses, después, respecto del yodo de su producción -, Chile redujo su participación en el mercado mundial, de 60%, a 28%. Por este motivo, se empezaron a acumular stocks de yodo, principalmente en el extranjero, con el consiguiente costo de almacenaje y de financiamiento. Creo que en determinado momento llegamos a tener un stock de 1 millón 300 mil kilos de yodo en el exterior. Ahora bien, tengo antecedentes que estimo fidedignos, en el sentido de que - y esto es lo grave - como medida para salir de la crisis provocada en la forma que acabo de explicar, los actuales administradores de la industria salitrera habrían llegado a un acuerdo con sus competidores, con los japoneses, acuerdo según el cual les transferirían todo el stock de yodo al precio de 3 dólares el kilo, yodo que se estaría vendiendo por el Japón a 4,30 dólares el kilo en los mercados mundiales. De esta manera, se estarían dando a ganar a los japoneses, sin absolutamente ninguna justificación, 1,30 dólar por kilo de yodo, y Chile habría perdido, tal vez para siempre, sus posibilidades de competir con Japón en los mercados mundiales, al perder todo contacto directo con los consumidores y clientes habituales. Entiendo que, para disimular los efectos de estos acuerdos tan onerosos para el país y tan perjudiciales para el interés nacional, en la contabilidad de la Sociedad Química y Minera de Chile estas ventas a los japoneses no se habrían asentado como tales, sino que estarían en un rubro especial, bajo el ítem Ventas en los países de Oriente. Yo creo que esto es de una gravedad excepcional. Sobre estas materias, sobre estas observaciones relativas a la industria del salitre, yo pediría que se dirigiera oficio, en mi nombre, al Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a la misma Sociedad Química y Minera y al Banco Central de Chile, con el cual la Sociedad Química y Minera ha llegado a acuerdos y convenios muy especiales de financiamiento, que en este momento permiten que el Banco Central haya tomado casi un verdadero control de la administración de la industria salitrera; y ello para que se compruebe si los datos que estoy entregando en estos momentos son totalmente efectivos. Quiero esta confirmación porque, una vez que lleguen las respuestas, abordaré en forma completa y global lo que en estos momentos me parece un verdadero escándalo, sobre todo las ventas de yodo que he descrito. El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Se enviarán los oficios a que se ha referido el señor Senador, en nombre de Su Señoría. En el saldo del tiempo del Comité Demócrata Cristiano, ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El próximo turno corresponde al Comité Comunista. Ofrezco la palabra. No habiendo ningún Senador Comunista en la Sala, se dará cuenta de algunas indicaciones. El señor EGAS (Prosecretario).- El Honorable señor Acuña formula indicación para publicar in extenso la intervención del Honorable señor Baltra en Incidentes de esta sesión. El Honorable señor Carmona formula indicación para publicar in extenso las observaciones hechas por el Honorable señor Pablo en Incidentes de la sesión de hoy. El Honorable señor Pablo formula indicación para publicar in extenso el discurso pronunciado recientemente por el Honorable señor Carmona. El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria. Se levanta la sesión. Se levantó a las 20.17. Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción. ANEXOS, 1 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE FACULTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA FIJAR LAS NUEVAS ESCALAS DE SUELDOS DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES SEMIFISCALES. Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: Artículo 1.- Facúltase al Presidente de la República para que fije las nuevas escalas de sueldos bases del personal de las Instituciones Semifiscales y del Servicio Médico Nacional de Empleados, que regirán a partir del 1º de julio de 1972, otorgándosele el plazo de 60 días para decretarlas, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley. Este aumento no constituirá, por ningún motivo, la absorción de las planillas suplementarias, renta de grado superior, asignación de estímulo de 2% por año de servicio y otros beneficios e ingresos que perciben estos personales. Declárase legalmente otorgado el anticipo de Eº 4.000.- concedido a partir del 22 de mayo de 1972, a cada uno de los personales de las instituciones a que se refiere la presente ley. Dicho anticipo se imputará a los reajustes que corresponda percibir a los funcionarios con motivo de lo dispuesto en el inciso primero de este artículo. Artículo 2.- Facúltase al Ministro del Trabajo y Previsión Social y a la Dirección Nacional de la Agrupación Nacional de los Trabajadores Semifiscales (ANATS) conjuntamente con un representante del Instituto de Seguros del Estado, para que sometan a la decisión de un árbitro arbitrador la petición de los personales de las Instituciones Semifiscales que se encontraban en servicio en diciembre de 1966, para que se les incorpore en el cálculo de sus sueldos bases a enero de 1967, las horas extraordinarias real y efectivamente trabajadas en diciembre de 1966, y para que concurran a su designación. El árbitro que se designe determinará con las más amplias facultades el procedimiento y fallará en conciencia, sin limitarse en su fallo a ninguna disposición legal conexa en trámite o ya promulgada sobre transacciones en la materia, efectuadas por las Cajas de Previsión y el Servicio Médico Nacional de Empleados. Exceptúanse de la norma de este artículo las Cajas de Previsión de la Defensa Nacional, Marina Mercante Nacional, Carabineros de Chile y Departamento de indemnización a Obreros Molineros, que ya calcularon y pagaron el promedio de las horas extraordinarias de 1966, que debió haberse incluido en el reajuste del año 1967, de conformidad al artículo 5, Nº 3, de la ley Nº 16.617. Artículo 3.- Facúltase al Presidente de la República para que en el plazo de 30 días, contado desde la vigencia de la presente ley, proceda a ampliar las plantas de los Servicios a que se refiere el artículo 1, con las siguientes limitaciones: a) El número de nuevos cargos será el necesario para encasillar al personal que se encontraba en servicio entre el 28 de abril y el 18 de mayo de 1972, sea en calidad de contratados o suplentes y a los funcionarios regidos por el Código del Trabajo y leyes complementarias. Su incorporación se hará en la última categoría o grado del respectivo escalafón. Sin embargo, no ingresarán a las Plantas los funcionarios que teniendo un cargo en propiedad, en las Instituciones mencionadas, hubieren estado desempeñando otro cargo en calidad de suplente. En aquellos casos en que un funcionario esté desempeñando un cargo de grado superior del cual sea titular, no podrá ser incorporado a la planta en el grado que esté supliendo ni en otro que altere las normas regulares establecidas para los ascensos. b) Para los efectos del encasillamiento tendrán prioridad los trabajadores contratados a los suplentes, y, entre ellos, se establecerá un estricto orden de antigüedad basado en la permanencia en el respectivo Servicio. c) No procederá la ampliación de las Plantas cuando la suplencia se origine en la comisión de servicio o cambio de destinación del titular, y d) La aplicación de este artículo no podrá significar, en manera alguna, la disminución de las remuneraciones del personal a que se refiere esta disposición. Las ampliaciones de Plantas y la incorporación de estos personales a ellas regirán desde el 19 de mayo de 1972. Artículo 4.- El Ministro de Hacienda, tendrá respecto del personal del Instituto de Seguros del Estado, la misma facultad que el artículo 2 confiere al Ministro del Trabajo y Previsión Social. Artículo 5.- La aplicación de esta ley no afectará la remuneración del personal regido por la ley Nº 15.076 y sus modificaciones posteriores. Artículo 6.- Decláranse aplicables al personal a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, los artículos 147, inciso primero, y 150 del D. F. L. Nº 338, de 1960, y derógase el inciso segundo del artículo 35 del citado texto legal. Artículo 7.- Ningún funcionario de las instituciones referidas en esta ley, podrá ser objeto de destinación que implique cambio del cargo que desempeña o cambio de su residencia habitual, sin su consentimiento expreso, dado por escrito, bajo su firma. Artículo 8.- Las disposiciones del artículo 1 de esta ley serán aplicables al personal de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional. Facúltase, asimismo, al Presidente de la República para ampliar las Plantas de la Caja señalada en el inciso anterior, con el fin de producir la incorporación a ellas del personal contratado y suplente al 18 de mayo de 1972, sin que ello signifique, en manera alguna, la disminución de las remuneraciones de este personal. Artículo 9.- El mayor gasto que signifique el cumplimiento de la presente ley, será de cargo de las respectivas instituciones, para cuyo efecto se entenderán modificados los presupuestos correspondientes.. Dios guarde a V. E. (Fdo.): Eduardo Cerda.- Fernando Parga Santelices. 2 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE DESTINA FONDOS PARA EL HOGAR INFANTIL DEL CLUB DE LEONES DE TALCA. Honorable Senado: Este proyecto de la Honorable Cámara de Diputados dispone que las cantidades a que asciendan los premios no cobrados, dentro de los plazos legales estipulados, de los sorteos de boletas de compraventas emitidas en la provincia de Talca, ingresarán a una cuenta especial, que se abrirá en la Tesorería General de la República y que se denominará Fundación Hogar Infantil del Club de Leones de Talca. La Fundación mencionada realiza una vasta labor social entre los niños de escaso recursos residentes en la provincia de Talca, financiándose, exclusivamente, con ayudas del sector privado. Sin embargo, es indispensable darle estabilidad económica a fin de que pueda planificar adecuadamente su desarrollo. Por estas consideraciones, os recomendamos aprobar el proyecto de ley en informe, no obstante que los recursos que ingresarán a la cuenta especial que se crea serán de escasa significación. En consecuencia, os proponemos que aprobéis el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, sin modificaciones. Sala de la Comisión, a 7 de agosto de 1972 Acordado en sesión celebrada el día 2 del presente, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente accidental), Ha-milton y García. (Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario. 3 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, RECAÍDO EN LA MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR HAMILTON, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DISPONE QUE LA CORPORACION DE MAGALLANES, EL INSTITUTO CORFO AISEN Y EL INSTITUTO CORFO DE CHILOE CONTRIBUIRAN AL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN SUS RESPECTIVAS PROVINCIAS. Honorable Senado: El Honorable Senador señor Hamilton, al debatirse el proyecto de ley que entramos a informaros y del cual es autor, señaló su preocupación por la urgencia de educación y formación de mandos medios en la zona que representa ante esta Honorable Corporación. Destacó, en este sentido, la labor que realiza la Universidad Católica de Chile, por intermedio del Departamento Universitario Obrero y Campesino. Analizó el señor Senador la precaria situación financiera de los organismos que, como el DUOC, se ocupan de la educación superior y capacitación de los niveles medios en las provincias del extremo sur. Como una manera de contribuir a superar este problema financiero que imposibilita el crecimiento de institutos de tanta significación zonal, el señor Senador propone en el proyecto de ley que la Corporación de Magallanes y los Institutos Corfo de Aisén y de Chiloé, respectivamente, contribuyan con, a lo menos, un 5% de sus entradas anuales la primera y un 3% las dos últimos, al financiamiento de la Universidad Técnica del Estado, Sede de Punta Arenas, del DUOC y del Instituto de la Patagonia. El Honorable Senador señor Lorca, en un comienzo, se mostró contrario a la idea de distorsionar la labor que cumplen la Corporación de Magallanes y los Institutos Corfo de Chiloé y Aisén, obligándoles a invertir fondos en fines que no les son propios. Señaló, demás, que en el hecho las Corporaciones de Desarrollo indicadas ayudan al financiamiento de distintos programas de educación superior y media, como es el caso de convenios vigentes con la Universidad Técnica del Estado y el Instituto de la Patagonia. Concuerda, sí, el señor Lorca en la necesidad de uniformar estas contribuciones financieras extendiéndolas a la Universidad Católica. Finalmente, acogiendo una indicación del Honorable Senador señor Lorca, se aprobó, por unanimidad, en general y en particular el proyecto, modificándolo en el sentido de imputar a los porcentajes de contribución obligatoria que se establecen para las Corporaciones de desarrollo mencionadas, las sumas que por cualquier concepto entreguen esos organismos a los Institutos de educación media y superior que se benefician con el proyecto. En consecuencia, os proponemos aprobar el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- La Corporación de Magallanes, el Instituto CORFO de Chiloé colaborarán al financiamiento de la educación superior y capacitación del nivel medio en las respectivas provincias. La Corporación de Magallanes dispondrá, a lo menos, de un cinco por ciento de sus entradas anuales para los fines indicados y distribuirá dicho porcentaje de la siguiente manera: un dos por ciento para la Universidad Técnica del Estado, Sede de Punta Arenas; un dos por ciento para el Departamento Universitario Obrero y Campesino de la Universidad Católica de Chile en la misma ciudad, y un uno por ciento para el Instituto de la Patagonia. Los institutos Corfo de Aisén y de Chiloé dispondrán, a lo menos, de un tres por ciento de sus respectivas entradas para las actividades del Departamento Universitario Obrero y Campesino de la Universidad Católica de Chile en cada una de las respectivas provincias. Los organismos de desarrollo regionales referidos anteriormente imputarán a las sumas que corresponda entregar a la Universidad Técnica del Estado, Sede de Punta Arenas, al Departamento Universitario Obrero y Campesino de la Universidad Católica de Chile y al Instituto de la Patagonia, las cantidades que estén obligados a pagarles a cualquier título, como son las obligaciones provenientes de contratos o convenios vigentes. Los aportes de la Corporación de Magallanes y de los Institutos CORFO mencionados se harán a las instituciones beneficiadas, a contar del 1º de enero de 1973, en duodécimos mensuales, y su inversión en los fines antes señalados será de la exclusiva responsabilidad de los beneficiarios. Sala de la Comisión, a 7 de agosto de 1972. Acordado en sesión celebrada con fecha 2 del presente, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente accidental), García y Hamilton. (Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario. 4 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, RECAICAIDO EN LA MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES AGUIRRE DOOLAN, JEREZ, MONTES Y PABLO, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE DESTINA RECURSOS AL SERVICIO DE BIENESTAR DE LA ARMADA NACIONAL PARA LA TERMINACION DEL ESTADIO NAVAL DE TALCAHUANO Honorable Senado: La Comisión de Hacienda ha aprobado un proyecto de ley iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan, Jerez, Montes y Pablo, en la cual se destina Eº 10.000.000 al Servicio de Bienestar de la Armada Nacional con el objeto de que los invierta en las obras de construcción del Estadio Naval de Talcahuano. Este Estadio se encuentra inconcluso desde hace años, existiendo un compromiso de parte del Supremo Gobierno de proporcionar los recursos necesarios para su habilitación, el que no se ha concretado. El proyecto se financia con el remanente existente en la cuenta F-48, Sorteo Nacional de Boletas de Compraventas y Servicios, que supera la cantidad de que se dispone en esta iniciativa de ley. Por las consideraciones expuestas os proponemos aprobar el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Destínase al Servicio de Bienestar de la Armada Nacional, la suma de Eº 10.000.000 con el objeto de que la invierta en las obras de construcción y terminación del Estadio Naval, en Talcahuano. El gasto que demande la aplicación de esta ley se imputará a la parte no distribuida de los excedentes de la cuenta F-48, Sorteo Nacional de Boletas de Compraventas y Servicios. Sala de la Comisión, a 2 de agosto de 1972. Aprobado con la asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), García y Hamilton. (Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario. 5 NUEVO INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, RECAIDO EN LA MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR LORCA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE PROHIBE LA INTERNACION AL RESTO DEL PAIS DE LAS MERCADERIAS QUE SEAN REMATADAS POR EL SERVICIO DE ADUANAS EN LAS PROVINCIAS DE CHILOE, AISEN Y MAGALLANES. Honorable Senado: En sesión del Honorable Senado celebrado el día 25 de julio de 1972 procedisteis a la discusión general de nuestro primer informe, ocasión en la que participaron en el debate, además del autor de la moción, los Honorables Senadores señores Carmona, Rodríguez, Contreras, Baltra, Silva Ulloa, García y Ballesteros. A su término se acordó volver el proyecto de ley a esta Comisión en un nuevo informe, en atención a que hubo opiniones divergentes acerca de los fundamentos que inspirarían esta iniciativa de ley, en cuanto a precisar el tipo de mercaderías cuya importación al resto del país se prohibiría y acerca del origen de las especies que son objeto de remates de Aduana en las zonas liberadas del país, sosteniéndose por algunos señores Senadores que ellas serían fundamentalmente mercaderías de contrabando, que no gravitarían en los presupuestos de divisas de dichas regiones. Al discutirse en la Comisión este nuevo informe el Honorable Senador señor Lorca desvirtuó la afirmación de que las especies que se subastan en los remates de Aduana sean principalmente mercaderías de contrabando, dando a conocer un certificado expedido por el Administrador de la Aduana de Punta Arenas en el que se expresa que el 70% de las especies subastadas en el remate Nº 4 efectuado en el año en curso corresponde a Mercancías de Importación conforme a disposiciones vigentes, que llegan a ese puerto por diferentes vías, ya sea marítima, aérea, postal o como equipajes no acompañados. La Comisión acordó insistir en la necesidad de legislar sobre el particular, pero reconociendo la complejidad de la materia acordó proponeros dar facultades al Presidente de la República para que, a través de los servicios especializados, pueda, si lo tiene a bien, proceder al establecimiento de la prohibición de importación al resto del país de las mercaderías que se subasten en los remates que efectúe el Servicio de Aduanas en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes y en el departamento de Arica. Sabe la Comisión la opinión favorable que esta iniciativa de ley merece a la Superintendencia de Aduanas, quien la considera precisamente como una herramienta encaminada a desalentar el contrabando a través de zonas liberadas, al constreñirse obligatoriamente la comercialización de esas mercaderías a la misma zona de su internación, razón por la cual está cierta que el Ejecutivo, haciendo uso de la facultad que se le confiere, acogerá la idea contenida en el proyecto de ley. Por las consideraciones expuestas os proponemos aprobar el proyecto de ley contenido en nuestro primer informe, con la siguiente modificación: Artículo 1º Sustituirlo por el siguiente: Artículo 1º.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 180 días, prohíba la importación al resto del país de las mercaderías que se subasten en los remates que efectúe el Servicio de Aduanas en las provincias de Chile, Aisén y Magallanes y en el departamento de Arica. En mérito de la modificación precedente, el proyecto de ley queda como sigue: Proyecto de ley: Artículo 1º.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 180 días, prohíba la importación al resto del país de las mercaderías que se subasten en los remates que efectúe el Servicio de Aduanas en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes y en el departamento de Arica. Artículo 2º.- El precio de adjudicación de las mercancías que se subasten por la Aduana en las zonas referidas en el artículo anterior, tendrá un recargo de un 10%. El producto del recargo indicado en el inciso anterior incrementará los fondos de los Institutos Corto de Chiloé y Aisén, de la Corporación de Magallanes o de la Junta de Adelanto de Arica, según sea el organismo que ejerza jurisdicción en la zona donde se efectúe el remate. El Servicio de Aduanas transferirá mensualmente al organismo de desarrollo respectivo los recursos que obtenga por aplicación de este artículo. Sala de la Comisión, a 7 de agosto de 1972. Acordado en sesión celebrada el día 2 del presente, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente accidental) García y Hamilton. (Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario. CERTIFICADO El Administrador de Aduana que suscribe, certifica que la procedencia de las diversas mercancías sometidas a subasta en el Remate Nº 4, efectuado en esta Administración, con fecha 23 de marzo del presente año, puede desglosarse - en forma aproximada -, como sigue: Setenta por ciento (70%) proveniente de Mercancías de Importación conforme a disposiciones vigentes que, llegan a este puerto por diferentes vías, ya sea, marítima (Emporchi), aérea, postal o como equipajes no acompañados, y Treinta por ciento (30%) proviene de especies decomisadas por contrabando y/o fraudes, abandonos a beneficio fiscal o retenciones, efectuadas a los pasajeros, tanto en los Pasos Fronterizos como, en Aeropuerto y Resguardo; Mensajes acogidos a la Ley 13.039 con plazo vencido y especies sin antecedentes. Punta Arenas, 27 de julio de 1972. (Fdo.): Antonio Bosch Llarena, Administrador de Aduana.- Luis Barrientos González, Jefe Sección Rezagos. 6 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, RECAIDO EN LA MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR VALENTE, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DECLARA QUE, INTERPRETANDO EL Nº 224 DEL CUADRO ANEXO Nº 2 DE LA LEY Nº 11.704, LOS TAXISTAS Y TRANSPORTISTAS PROPIETARIOS DE UN SOLO VEHICULO NO PAGARAN PATENTE DE TRANSPORTISTA. Honorable Senado: El número 224 del Cuadro Anexo Nº 2 sobre la ley de Rentas Municipales grava con patentes profesionales, industriales o comerciales a las empresas de recepción o remisión de carga o transporte de pasajeros o mercaderías por tierra o aire, sin perjuicio de la respectiva patente de vehículos. Siempre se había considerado como empresas de carga o transporte a las personas propietarias de dos o más vehículos, sin embargo el Honorable Senador señor Valente en los fundamentos de la moción de que es autor expresa que después de dieciocho años de vigencia de la ley Nº 11.704 sobre Rentas Municipales, la Municipalidad de Iquique ha procedido a girar los boletines de cobro de patente como empresa de transporte a todos los taxistas propietarios de un vehículo de transporte de pasajeros o carga, lo que ha significado un fuerte impacto económico para los afectados, a quienes se les ha girado por este concepto una suma de cuatro a cinco veces el valor de la placa patente. La Comisión, por unanimidad, acogió la solución que propone el Senador señor Valente en el proyecto de ley que os informamos y que consiste en declarar que los taxistas o transportistas propietarios de un sólo vehículo destinado a estas actividades no tiene la calidad de empresario y por lo tanto no quedan afectos al pago de la patente señalada en el citado Cuadro Anexo. Por las consideraciones expuestas os proponemos aprobar el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Declárase, interpretado el Nº 224 del Cuadro Anexos Nº 2 de la ley Nº 11.704, de noviembre de 1954, que aquellos taxistas propietarios de un automóvil o los transportistas de carga y de pasajeros propietarios de un solo vehículo destinado a esta actividad, no tienen la condición de empresarios transportistas y, por lo tanto, no les afecta el pago de la patente señalada en el citado Cuadro Anexo. Sala de la Comisión a 2 de agosto de 1972. Acordado en sesión de esta fecha con la asistencia de los Honorables Senadores señores Hamilton (Presidente), García y Lorca. (Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario. 7 INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES CARMÓNA, OLGUIN Y VALENTE, QUE DECLARA DE UTILIDAD PUBLICA Y AUTORIZA LA EXPROPIACION DE UN INMUEBLE UBICADO EN IQUIQUE PARA TRANSFERIR AL CLUB DEPORTIVO JORGE V DE ESA CIUDAD. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene a honra informaros el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Carmona, Olguín y Valente, que declara de utilidad pública el inmueble ubicado en calle Barros Arana Nºs. 713-717 de la ciudad de Iquique y autoriza a la Corporación de Mejoramiento Urbano para expropiarlo por cuenta del Club Deportivo Jorge V, de esa ciudad. Esta iniciativa fue refundida con una disposición semejante que se contiene en el articulado de un proyecto de ley iniciado en moción del Honorable señor Valente, quien estuvo de acuerdo en proceder a su desglose a fin de despacharla separadamente y en adherir a patrocinar la moción en estudio, de la cual el Honorable Senador señor Hamilton retiró su firma por referirse a un problema local ajeno a la zona que representa en el Senado. El objeto que se persigue es posibilitar al Club Deportivo Jorge V la adquisición del dominio del inmueble que como arrendatario ocupa desde hace más de 25 años. En él funciona su sede social y por tanto desea se le transfiera para facilitar la inversión de mayores recursos con el propósito de mejorar las condiciones materiales de la construcción y permitir un mejor desenvolvimiento de sus actividades deportivas. Según antecedentes proporcionados por el Honorable Senador señor Valente, este inmueble es uno de los tantos que pertenecen a la sucesión Fromm Hilliger, ex Isabel Ugarte, cuyos integrantes no residen en Iquique por espacio de más de 20 años, suponiéndose que están radicados en Europa. El proyecto que se propone consta de un artículo único. En él se individualiza debidamente el inmueble y se faculta a la Corporación de Mejoramiento Urbano para efectuar la expropiación, por cuenta del referido Club. Se fija el monto de la indemnización en una cantidad equivalente al avalúo fiscal del bien expropiado y en lo demás la expropiación se rige por las reglas generales que para estos casos aplica la institución nombrada. Vuestra Comisión estuvo de acuerdo con la iniciativa en informe y en consecuencia, por la unanimidad de sus miembros presentes, os recomienda aprobar el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Declárase de utilidad pública y autorízase a la Corporación de Mejoramiento Urbano para expropiar, por cuenta del Club Deportivo Jorge V, de la ciudad de Iquique, el inmueble ubicado en calle Barros Arana Nºs. 713-717 de esa ciudad, inscrito a nombre de doña Luis Fromm Hilliger a fojas 356 vta., Nº 331, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, correspondiente al año 1944. El monto de la indemnización será equivalente al avalúo fiscal del inmueble expropiado y en lo demás la expropiación se regirá por lo dispuesto en los artículos 24 a 36 de la ley Nº 5.604, cuyo texto definitivo se fijó por decreto supremo Nº 103, de Vivienda y Urbanismo, de 21 de febrero de 1968. Sala de la Comisión, a 3 de agosto de 1972. Acordado en sesión de fecha de ayer, con asistencia de los Honorables Senadores señores Hamilton (Presidente), Noemi y Valente. (Fdo.): Rodemil Torres Vásquez, Secretario. 8 INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCION DEL HONORABLE SEÑOR MORALES, QUE DECLARA QUE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE REFORMA AGRARIA NO SON APLICABLES A LA PROVINCIA DE AISEN NI A CHILOE CONTINENTAL. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización tiene a honra informaros el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Morales, que declara que las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria no son aplicables a la provincia de Aisén ni a Chiloé continental. La iniciativa en informe se trató en dos sesiones de vuestra Comisión, que en cada oportunidad estuvo integrada por miembros distintos. En la primera, por los Honorables Senadores señores Lorca, Foncea y Ochagavía. A ella asistió también el Honorable Senador señor Morales, autor de la moción. En la segunda, por los Honorables Senadores señores Ferrando, Moreno y Valente. En la primera sesión, celebrada el 22 de junio último, el Honorable Senador señor Raúl Morales expresó que, en atención al ambiente nacional reinante, se atrevía a predecir que el propósito de no aplicar la Ley de Reforma Agraria a una determinada zona del país va a dar margen a que se diga que se trata de un proyecto de ley reaccionario que atenta contra el actual proceso de cambios. Sin embargo, consideró que su iniciativa es necesaria dado que la aplicación de dicha ley en la provincia de Aisén y en Chiloé continental provocará serios conflictos, que pueden llegar a cualquier extremo, pues se ha empezado a hacer con abuso de las causales legales de expropiación. Señaló que la incorporación de las labores de la mencionada provincia a las actividades nacionales se ha logrado gracias a leyes de excepción que, de un u otra manera, siempre han otorgado incentivos a quienes se han radicado allí. Y teniendo en cuenta que en dicha provincia los empleadores agrícolas - sean personas naturales o sociedades - comparten las tareas productoras con sus obreros, en términos tales que hasta ahora no ha originado ninguna dificultad, concluyó que la pretensión de aplicar la reforma agraria a esa zona, como algo absolutamente indispensable, constituye un verdadero prejuicio. Sostuvo que el contenido de su moción debe mirarse desde un punto de vista estrictamente regional, sin olvidar que la provincia de Aisén ha tenido y merece seguir teniendo un tratamiento preferencial a causa de su ubicación y demás factores geográficos. Ella requiere seguir progresando, pero la aplicación de la reforma agraria, a su juicio, es precisamente una forma de detener su progreso y de despoblarla. Y, hasta el momento, la política ganadera de Aisén ha producido buen efecto, como lo demuestran el nacimiento de nuevas ciudades, el crecimiento de Coihaique e incluso la creación de una comuna - la de Baker - a donde antes nadie se atrevía a llegar. Si ha tenido espléndido resultado una ley especial, como la de Propiedad Austral, que fijó las normas y condiciones para la concesión de terrenos fiscales en esa provincia, no se ve por qué se va a cambiar esa política sui géneris por otra que es perfectamente aplicable a las demás regiones del país, con características del todo distintas. De ahí que, en su concepto, sea perjudicial la aplicación intensiva de la Ley de Reforma Agraria en la referida zona. Con ello se aniquilarán los esfuerzos que los diferentes Gobiernos han venido desarrollando para hacer surgir y mantener la soberanía de ese vasto territorio y se destruirán las expectativas de que esa región sea una especie de gran reserva con que Chile pueda contar en el futuro, por sus inmensas extensiones de bosques, de campos de cultivo agrícola y de crianza de animales. Recalcó que su iniciativa puede ser objeto de modificaciones, puesto que hay muchos aspectos que deben incluirse por la vía de la indicación. Su fin principal es abrir debate acerca de una decisión gubernativa que inquieta a los habitantes de la zona austral. Lo que realmente interesa es el fomento de su progreso y bienestar. Así, es menester que la provincia de Aisén siga poblándose y disponga de una producción ganadera abundante. Pero, para lograr estos objetivos, es necesario incentivar al inversionista, ya que el desarrollo de la provincia requiere en buena medida de la inversión de enormes capitales. Y si éste es uno de los caminos para crear fuentes de trabajo y producir riqueza, es preciso reconocer que el origen de esos capitales está en las grandes sociedades, las cuales no pueden actuar dentro de la política inspirada en la Ley de Reforma Agraria, ya que ninguna se va a establecer con maquinarias, va a abrir caminos o va a ejecutar otras obras semejantes si no dispone de seguridades para garantizar el inmenso costo de producción. En consecuencia, el solo hecho de limitar la superficie de terreno significa extirpar la posibilidad de que se instalen dichas sociedades. Respecto de los 47 fundos expropiados y otras materias, manifestó la conveniencia de formular indicaciones para provocar un estudio completo sobre ellas y toda la política agraria a seguir en la provincia de Aisén, lo que en definitiva contribuirá a perfeccionar el proyecto. Dijo, asimismo, que creía indispensable establecer una fecha a partir de la cual deben quedar nulas las expropiaciones efectuadas. Por último, formuló indicación para que la Comisión acordara trasladarse a la región nombrada, como medio de tomar contacto directo con las fuerzas vivas de la zona y conocer los problemas que la preocupan. El Honorable Senador señor Fernando Ochagavía recordó que la única expropiación de predios rústicos efectuada en la provincia de Aisén es la del mes de mayo último, que afecta a 47 fundos, ya que lo hecho antes de esa fecha consistió únicamente en recuperar tierras fiscales arrendadas a sociedades. En apoyo a los planteamientos del señor Morales agregó que, en su criterio, la acción del Gobierno ha sobrepasado las disposiciones de la ley Nº 16.640. Por una parte, dijo, ha estado en contra del espíritu y de la letra de la ley porque no ha asignado tierras, salvo algunas excepciones, como las que tuvieron lugar en plena campaña electoral en la provincia de Linares; y, por otra, porque no ha habido aumento de la producción, a tal extremo que la importación de alimentos debe llegar a 450 millones de dólares este año. Además, observó que el señor Ministro de Agricultura ha faltado a la letra de la ley en lo que respecta a la calificación de abandono y mala explotación de un predio, como consecuencia de haberse prescindido de los estudios técnicos competentes y de estarse haciendo todo el proceso desde las oficinas, sin siquiera visitar los fundos, como lo han denunciado los propios Colegios Profesionales. Y ello, fuera de ser arbitrario, resulta extremadamente injusto para los propietarios porque lleva envuelta la privación del derecho de reserva. Luego añadió que se ha hecho una aplicación indebida de la tabla de conversión, lo que naturalmente ha provocado innumerables reclamos. Así, por ejemplo, en el valle del río Simpson, hay campos de 800 hectáreas físicas que tienen muchos terrenos quebrados, es decir, que jamás tendrían ni 600 hectáreas del tipo que en esa tabla se establece; pero, no obstante han sido expropiados por exceso de cabida, fuera de que todos se calificaron como mal explotados. Más adelante recalcó que en la provincia de Aisén, todavía no se han constituido los Tribunales Agrarios creados por la ley, materia en que cabe responsabilidad al Ejecutivo, en circunstancias que es de la esencia misma de un proceso de expropiación la existencia de los tribunales a los cuales poder recurrir. Por consiguiente, los propietarios se encuentran en la más absoluta indefensión. Y no se trata de un problema relativo a poderosos latifundistas, sino a personas modestas, quienes quedan en franca indefensión no sólo durante sino después del desalojo violento de sus propios hogares. Todas estas anormalidades, sintetizó, es faltar a la ley. A su juicio, la aprobación de la idea de legislar debería contener los siguientes aspectos: 1º.- Modificar la Ley de Reforma Agraria en el sentido de hacer inexpropiables los predios rústicos cuya superficie sea menor a 80 hectáreas de riego básicas, ubicados en la provincia de Aisén y Chiloé continental ; 2º.- Declarar expropiable sólo el exceso de la superficie antes señalada, con derecho a libre elección de la reserva, y 3°.- Hacer inaplicables en dicha zona las actuales causales de abandono y mala explotación de los predios rústicos. El Honorable Senador señor Alfredo Lorca sostuvo que, si se afirma que la tierra es para quien la trabaja, no puede legislarse en el sentido de marginar a la provincia de Aisén y a Chiloé continental de todo proceso de reforma agraria. Por esto, estimó que el proyecto debe estudiarse a fondo y aprobarse la idea de legislar para corregir las deficiencias que puedan advertirse, considerando la situación particular de esa región. Manifestó que las condiciones difíciles de Chiloé y Aisén, referidas a su geografía y a factores de orden demográfico y económico, le hacían pensar en la conveniencia de efectuar un estudio serio de su realidad agraria, ganadera y forestal. En cuanto a las últimas expropiaciones a que se hizo mención, opinó que debiera legislarse en el sentido de suspenderlas hasta que cumplan todos los requisitos y exigencias legales, o en el sentido de anularlas cuando se han basado en las causales de abandono o mala explotación, ya que en la mencionada zona no existen tierras que tengan estas cualidades. El Honorable Senador señor José Foncea manifestó que la aplicación de la Ley de la Reforma Agraria se estaba haciendo con criterio un tanto malicioso, faltando a su espíritu de entregar la propiedad de la tierra a los campesinos y de aumentar la producción. Añadió que teniendo en cuenta estos antecedentes y aplicando la ley en su correcto sentido no le cabía duda que habrá zonas donde no se justifica tal reforma, porque no guarda relación con los propósitos que se tuvieron en vista y porque los efectos que en tales casos se producen parecen ser precisamente los opuestos. Por unanimidad, la Comisión acordó aprobar la idea de legislar en el sentido de que no se apliquen o se restrinjan las causales de expropiación en la provincia de Aisén y en Chiloé continental y, asimismo, en el sentido de consultar las siguientes ideas fundamentales: 1ª.- La inexpropiabilidad por las causales establecidas en el Capítulo I del Título I de la ley 16.640, con excepción de las contenidas en los artículos 10 y 13 de esa ley, de los predios rústicos ubicados en la zona señalada cuya superficie no exceda de 80 hectáreas de riego básicas; 2ª.- La inexpropiabilidad de los predios rústicos de superficie superior a 80 hectáreas de riego básicas, situados en la mencionada zona, por las causales de mala explotación o abandono; 3ª.- La anulación o suspensión de las expropiaciones efectuadas en dicha zona con anterioridad a una fecha determinada, y 4ª.- La prohibición de acordar expropiaciones de predios rústicos ubicados en provincias donde no estén legalmente constituidos los Tribunales Agrarios. Sobre la base de las ideas anteriores, se acordó redactar el o los artículos respectivos, cuya discusión particular se iniciaría en la sesión próxima. Además, se aprobó la indicación para que la Comisión se traslade a la referida zona en la fecha que se fije posteriormente. En la segunda sesión, celebrada el 2 de agosto en curso, los miembros presentes se impusieron por primera vez del alcance de la iniciativa en estudio y del estado de su tramitación. Antes de iniciarse la discusión particular, el Honorable Senador señor Valente formuló indicación para reabrir la discusión general, la que fue aprobada por unanimidad. En seguida, los tres miembros presentes estuvieron de acuerdo en rechazar esta iniciativa, debido a que en sesión del 31 de julio recién pasado la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento probó un proyecto de reforma constitucional que declara inexpropiables los predios rústicos de una cabida igual o inferior a 40 hectáreas de riego básicas; y a dicho proyecto el Honorable señor Hamilton ha formulado una indicación, que se encuentra pendiente, en virtud de la cual se establece precisamente que, para los fines de la reforma agraria, no podrán expropiarse los predios rústicos ubicados en las provincias de Aisén y Magallanes y en el territorio continental de la provincia de Chiloé que tengan un superficie menor a 80 hectáreas de riego básicas. Por esta circunstancias, la unanimidad de los miembros presentes acordó recomendaros el rechazo de la iniciativa en estudio. Sala de la Comisión, a 4 de agosto de 1972. Acordado en sesiones de fechas 22 de junio del presente año, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Foncea y Ochagavía, y 2 de agosto en curso, con asistencia de los Honorables señores Ferrando (Presidente), Moreno y Valente. (Fdo.): Rodemil Torres Vásquez, Secretario. 9 INFORME DE LA COMISION DE AGRICULTURA Y COLONIZACION, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR AYLWIN, QUE ESTABLECE QUE LOS PREDIOS RUSTICOS DE SUPERFICIES NO SEPERIORES A 40 HECTAREAS DE RIEGO BASICAS QUE SEAN EXPROPIADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL EMBALSE CONVENTO VIEJO, TENDRAN DERECHO A QUE LA CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA LES ASIGNE TIERRAS DE VALOR EQUIVALENTE. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Agricultura y Colonización tiene a honra informaros el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Aylwin, que establece que los dueños de predios rústicos .de superficies no superiores a 40 hectáreas de riego básicas que sean expropiados para la construcción del Embalse Convento Viejo, tendrán derecho a que la Corporación de la Reforma Agraria les asigne tierras de valor equivalente. A la sesión en que se trató esta materia asistió también el Honorable Senador señor Aylwin, quien, fundamentando los objetivos de esta iniciativa legal, manifestó que con ocasión de construirse el Embalse Convento Viejo y sus obras complementarias, en las provincias de Colchagua y Curicó, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha iniciado la expropiación de numerosos predios tanto urbanos como rurales. Dichas expropiaciones se están realizando de conformidad con la ley Nº 15.840, orgánica de ese Ministerio y con el artículo 25 de la ley Nº 16.742. Según estas disposiciones, la indemnización a que tendrán derecho los afectados será la que determine la Comisión de Hombres Buenos designada por la referida Secretaría de Estado. Esa indemnización, en el caso de predios rústicos, es equivalente al avalúo vigente para los efectos de la contribución territorial, más el valor de las mejoras que no estén comprendidas en ese avalúo, sin perjuicio de la resolución definitiva de los tribunales en caso de reclamo. La indemnización así regulada deberá pagarse a los propietarios con un quinto al contado y el saldo en cinco anualidades. Entre los afectados por estas expropiaciones se encuentran muchos modestos agricultores que viven del trabajo de pequeños o medianos predios, incluso parceleros asignatarios de la antigua Caja de Colonización Agrícola, como es el caso de los de Colonia Quinta, y aun campesinos asentados en predios expropiados por la Corporación de la Reforma Agraria. Estos modestos agricultores, al sufrir la expropiación de la tierra que trabajan, contribuirán de un modo mucho más gravoso que los demás miembros de la comunidad, incluso los dueños de predios urbanos que sean expropiados, al progreso y desarrollo que para la colectividad significarán las obras del Embalse en construcción. En efecto, ellos se verán privados no sólo de su vivienda, susceptible de reemplazarse por otra, sino que, al mismo tiempo, de su antiguo instrumento de trabajo y medio de subsistencia. Se trata en su mayoría de personas que llevan una vida dedicada a la agricultura y que, al ser privadas ahora de sus tierras, no se encontrarán en condiciones apropiadas de ganarse la vida en otra actividad. Para la solución de este problema, es preciso que su caso sea considerado especialmente. La ley Nº 16.640, sobre Reforma Agraria, contiene normas para regular la situación de los propietarios afectados por expropiaciones que efectúe la Corporación de la Reforma Agraria en áreas declaradas de riego por el Presidente de la República, que posibiliten a dichos propietarios para adquirir terrenos de valor equivalente a los que les fueron expropiados a fin de que puedan continuar su trabajo agrícola. Esas reglas, sin embargo, no son aplicables a las expropiaciones hechas con motivo de la construcción del Embalse Convento Viejo, puesto que ellas se están realizando por el Ministerio de Obras Públicas. Por esta razón, el proyecto que se propone tiene por objeto crear para este caso, un sistema similar al establecido por la ley Nº 16.640 respecto de las expropiaciones de predios rústicos comprendidos dentro de una zona declarada área de riego. La unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión estimó justa la iniciativa y por consiguiente la aprobó en general. En el artículo 1º se dispone que los dueños de predios rústicos de superficie no superior a 40 hectáreas de riego básicas que sean expropiados para la construcción del citado Embalse y sus obras complementarias tendrán derecho a que la Corporación de la Reforma Agraria les asigne, en la misma zona, tierras de valor equivalente al de los predios expropiados. Para gozar de este derecho se exige que los propietarios exploten directa y efectivamente sus predios y que la expropiación deje reducidos sus actuales predios a una superficie inferior a la unidad agrícola familiar. La disposición hace extensivo el otorgamiento del derecho a los miembros de las sucesiones que participen o colaboren personalmente en la explotación de los predios; a los arrendatarios que los hayan trabajado directa y efectivamente a lo menos durante los tres años anteriores a la expropiación, y a los campesinos asentados en los predios que hayan sido expropiados por la Corporación de la Reforma Agraria. Finalmente, se establece la forma de ejercer este derecho y el plazo dentro del cual debe invocarse. El artículo 2º dispone que en los departamentos de San Fernando y Curicó la Corporación de la Reforma Agraria deberá expropiar, con arreglo a la ley Nº 16.640, los terrenos necesarios para hacer las asignaciones que correspondan. Los artículos 3º y 4º establecen la forma de imputar el valor de los predios asignados al monto de la indemnización que corresponda por la expropiación. El artículo 5° señala el procedimiento a que se ceñirá el saneamiento de los títulos de dominio que no estén debidamene constituidos. En mérito de las razones expuestas, la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión os recomienda aprobar el siguiente Proyecto de ley: Artículo 1°.- Los dueños de predios rústicos de superficie no superior a 40 hectáreas de riego básicas que sean expropiados para la construcción del Embalse Convento Viejo y sus obras complementarias, tendrán derecho a que la Corporación de la Reforma Agraria les asigne tierras de valor equivalente al de sus actuales predios, dentro de los límites territoriales de los departamentos de San Fernando y Curicó. Sólo gozarán de este derecho los propietarios que exploten directa y efectivamente sus predios y siempre que la expropiación no les permita conservar en su dominio una parte de sus actuales predios equivalente a la unidad agrícola familiar, todo ello con arreglo a las definiciones del artículo 1º de la ley Nº 16.640. Tratándose de sucesiones, gozarán de este derecho los miembros que participen o colaboren personalmente en la explotación de los respectivos predios. Tratándose de predios que se encuentren arrendados, el derecho corresponderá al arrendatario que haya explotado directa y efectivamente el terreno, a lo menos durante los últimos tres años anteriores a la expropiación. Tratándose de predios que hayan sido expropiados por la Corporación de la Reforma Agraria, el beneficio corresponderá a los campesinos asentados. Para gozar de este derecho, los interesados deberán solicitarlo por escrito a la Corporación de la Reforma Agraria dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que sean notificados del decreto del Ministro de Obras Públicas y Transportes que autoriza la expropiación. Con todo, respecto de los predios cuya expropiación haya sido decretada con anterioridad a la vigencia de la presente ley, dicho plazo se contará desde que esta ley sea publicada en el Diario Oficial. Artículo 2º.- Para el cumplimiento de esta ley la Corporación de la Reforma Agraria expropiará con arreglo a la ley Nº 16.640, los terrenos que sean necesarios dentro del territorio señalado en el artículo anterior y procederá a su adecuada parcelación. Artículo 3º.- El valor de los predios que sean asignados por la Corporación de la Reforma Agraria en conformidad a esta ley, será imputado al monto de la indemnización que corresponda a los asignatarios por la expropiación de sus actuales predios. Para estos efectos, el monto de la indemnización que, con arreglo al artículo 25 de la ley Nº 16.742 corresponda a los propietarios afectados que se acojan a los beneficios de esta ley, será puesto a disposición de la Corporación de la Reforma Agraria. Cuando el derecho se haga efectivo por un arrendatario, éste deberá pagar el valor del predio que se le asigne con un quinto al contado y el saldo en cinco cuotas anuales iguales. El 70% del valor de cada cuota anual se reajustará a la fecha de su pago en proporción a la variación que hubiere experimentado el índice de precios al consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes calendario anterior al acuerdo de expropiación y el mes calendario anterior al vencimiento de cada cuota. Cada cuota devengará un interés del 3% anual, que se calculará sobre el monto de la cuota aumentado en el 50% del reajuste. Cuando el derecho se haga efectivo por campesinos asentados en predios actualmente expropiados por la Corporación de la Reforma Agraria, la asignación y su pago se sujetará a las reglas de la ley Nº 16.640. En caso de hacerse efectivo este derecho en un nuevo asentamiento, éste se considerará corno continuación del anterior para todos los efectos legales. Artículo 4º.- Cualquiera diferencia a favor o en contra del asignatario que resulte por no ser idénticos los valores de la indemnización que corresponda por el predio expropiado y el nuevo predio, se pagará con un quinto al contado y el saldo hasta en 5 cuotas anuales del modo previsto en el inciso tercero del artículo anterior. Artículo 5º.- En caso de no estar debidamente constituidos los títulos de dominio de los predios rústicos expropiados a que se refiere esta ley, el Ministerio de Tierras y Colonización saneará esos títulos en favor de sus ocupantes conforme al procedimiento establecido en el D. F. L. Nº 6, de 5 de enero de 1968, publicado en el Diario Oficial el 17 de enero del mismo año. Sala de la Comisión, a 7 de agosto de 1972. Acordado en sesión de fecha 2 de agosto, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ferrando (Presidente), García, Moreno y Valente. (Fdo.): Rodemil Torres Vásquez, Secretario. 10 MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES AGUIRRE DOOLAN, BALTRA, BOSSAY, HAMILTON Y JULIET, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE DEFINE EL CONCEPTO DE EMPRESAS PERIODISTICAS Y DICTA NORMAS SOBRE SU FUNCIONAMIENTO. La Constitución Política del Estado, en su artículo 10º asegura a todos los habitantes de la República la libertad de emitir, sin censura previa, sus opiniones, de palabra o por escrito. Asimismo, dispone que la importación y comercialización de libros, impresos y revistas serán libres, sin perjuicio de las reglamentaciones y gravámenes que la ley imponga. Igualmente, prohibe discriminar arbitrariamente entre las empresas propietarias de editoriales, diarios, periódicos, revistas y otros, en lo relativo a venta y suministro en cualquier forma de papel, tinta, maquinaria u otros elementos de trabajo, o respecto de las autorizaciones o permisos que fueren necesarios para efectuar tales adquisiciones, dentro o fuera del país. Agrega la Constitución Política que queda garantizada la circulación y remisión, por cualquier medio, de escritos, impresos y noticias. Todo ello, para asegurar la existencia de la libre expresión de las ideas. Para que estas garantías y derechos sean plenamente efectivas, resulta indispensable asegurar que, por la vía administrativa, no se creen condiciones que hagan económicamente imposible la operación de las empresas periodísticas y editoriales, y que se pueda vulnerar así la pluralidad ideológica que consagra la Constitución. Se propone por esto, el siguiente proyecto de ley destinado a asegurar un régimen de abastecimiento, producción, venta, distribución y precios que efectivamente permita a las empresas periodísticas una existencia libre. El proyecto establece que, sólo por medio de una ley, podrá someterse a régimen de fijación de precios a las publicaciones periódicas y a la publicidad que ellas contienen; se congela el régimen aduanero vigente para las importaciones, tanto de materiales como de equipos, para la impresión de diarios y revistas, obligando al Banco Central a otorgar las coberturas necesarias, y asegura que las empresas de transporte, de cualquier naturaleza, no puedan discriminar en contra de determinadas publicación periódicas. Están además obligadas a dar servicio oportuno para su libre circulación en todo el ámbito de la República. El proyecto otorga facilidades especiales para el cumplimiento de las deudas que tengan con la Caja de Empleados Públicos y Periodistas las empresas periodísticas que editen diarios de menos de 10.000 ejemplares diarios de circulación. Por último, el proyecto establece un procedimiento sumario de reclamo y limita las atribuciones de los Intendentes en la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en cuanto no podrán ordenar la detención preventiva de periodistas. Proyecto de ley: Artículo 1º.- Se entiende por empresas periodísticas aquellos establecimientos que editan por su cuenta, de una manera permanente y regular, un diario, periódico o revista en períodos que no excedan de un mes. Artículo 2º.- Las empresas de servicios públicos estarán obligadas a atender especialmente las necesidades, requerimientos y pedidos de las empresas periodísticas tanto en lo que se refiere a la elaboración o edición de los impresos indicados en el artículo 1º como en su circulación, comercialización y distribución, sujetándose a las tarifas vigentes para esas empresas y en las condiciones comerciales corrientes establecidas. Artículo 3º.- Las empresas periodísticas tienen derecho a vender, distribuir o comercializar y, en general, hacer circular sus impresos sin restricciones de ninguna naturaleza o especie no quedando sujetas, en consecuencia, a cuotas de producción, fijación de precios, limitaciones territoriales, de oportunidad o periodicidad, etc. Esta disposición comprenderá los ejemplares de libros, diarios, revistas u otras publicaciones a la vez que los espacios publicitarios y de propaganda y los impresos que circulen como anexos o inclusos de la publicación original. Todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General de Elecciones, Artículo 4º.- El Banco Central deberá cursar los registros de importación de papel, tinta, insumos, maquinarias, equipos, partes, piezas, repuestos, materias primas y, en general, elementos de trabajo para empresas periodísticas dentro del plazo de 30 días contado desde su presentación. Dentro de los 10 días siguientes a la presentación de cada registro, el Banco Central deberá indicar por escrito a la empresa periodística los reparos formales de que adolezca el registro presentado. Durante el tiempo que se demore la empresa periodística en subsanar los reparos se suspenderá el plazo de 30 días. Si el Banco Central no formulare reparos dentro del período indicado de 10 días, no podrá formular reparos posteriormente y deberá continuar la tramitación de la solicitud. En todo caso, las formalidades que exige el Banco Central sólo podrán ser las estrictamente indispensables y, así no fueren, la empresa periodística podrá recurrir al tribunal indicado en el artículo 6º sujetándose a la tramitación indicada de esa misma disposición. Asimismo el Banco Central deberá autorizar la venta de divisas respectivas en el mismo plazo indicado en el inciso precedente. Los funcionarios que no cursaren los registros o no autorizasen la venta de divisas dentro del plazo referido, sufrirán la pena de inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos en cualquiera de sus grados y la de presidio o reclusión menores en sus grados mínimo a medio. A las importaciones que se efectúen de acuerdo a estas disposiciones les será aplicable el tipo de cambio más favorable que rija para las importaciones. Para los efectos de lo dispuesto en el inciso final del artículo 2º de la ley 16.101, se declara que la importación de los bienes indicados en el inciso primero de este artículo gozarán de prioridad por el solo ministerio de la ley. Artículo 5º.- Las empresas de transporte terrestre, aéreo, fluvial, marítimo, ferroviario u otras, ya pertenezcan al Estado, a las entidades que de él dependan o que sean fiscales, semifiscales o de administración autónoma, estarán obligadas a transportar oportunamente las publicaciones de las empresas periodísticas, a los precios y en las condiciones corrientes establecidas. Asimismo, las empresas de transporte que pertenezcan a particulares no podrán discriminar arbitrariamente entre las empresas periodísticas o entre diferentes publicaciones, para su transporte en condiciones actualmente vigentes. La infracción a esta obligación se castigará con la pena establecida en el artículo 4º. Sin perjuicio de la pena y de otras responsabilidades establecidas en la legislación común, en el caso de negativa o condicionamiento del transporte, la empresa periodística podrá contratar el transporte con un tercero o realizarlo por sí misma, a expensas de la empresa o entidad infractora. Artículo 6º.- Si alguna empresa periodística estimase que se ha infringido alguna de las normas anteriores en cualquier forma, por cualquier persona o institución, tendrán derecho a recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo fatal de 60 días, contados desde que se hubiera cometido la infracción. El recurso será fundado, debiendo el recurrente señalar en su escrito con precisión, la forma que supone infringida y los hechos que configuran tal infracción. El Tribunal rechazará de plano el recurso si el escrito no cumple con las condiciones señaladas en este inciso y en el precedente. Si la Corte declara admisible la reclamación, dará traslado de ella por seis días al Ministro del ramo correspondiente si el infractor fuera funcionario público, o el denunciado si éste fuere un particular. Evacuado el traslado, o teniéndose por evacuado en rebeldía, la Corte oirá el dictamen de su Fiscal en el término de 3 días, y dictará sentencia en el plazo de 15 días. Las reclamaciones de que trata el presente artículo tendrán preferencia en la Corte de Apelaciones para su vista y fallo. Si la reclamación fuere aceptada, se ordenará de inmediato enmendar el mal causado. Si fuere un funcionario público el infractor y no diere cumplimiento a la resolución mencionada en el inciso precedente en el plazo de 3 días, contados desde la notificación personal o por cédula de dicha resolución, se le sancionará con la destitución de su cargo. Si el infractor fuere un particular y se negare a acatar la decisión de la Corte, ésta podrá decretar la detención del mismo hasta que se allane a cumplir la resolución. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte ordenará remitir los antecedentes al Juez de Letras respectivo, para la investigación del delito en que pudiere haber incurrido la persona que hubiere infringido las normas anteriores. Este mismo juez será competente para conocer de la demanda por indemnización de los perjuicios ocasionados, conforme a las reglas generales. Artículo 7º.- Para los efectos de la Ley de Seguridad Interior del Estado, los Intendentes no podrán ordenar la detención preventiva de los Periodistas Colegiados sin solicitar para ello, previamente, la autorización de la Corte de Apelaciones que corresponda. (Fdo.): Humberto Aguirre Doolan.- Alberto Baltra.- Luis Bossay.- Juan Hamilton.- Raúl Juliet. 11 MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR LORCA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS PARA CONDONAR REAJUSTES E INTERESES DE PRESTAMOS CONCEDIDOS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS. Honorable Senado: La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas ha concedido diversos préstamos a alumnos universitarios para ayudarlos en sus estudios y necesidades vitales, los que se hacen exigibles, normalmente, después de transcurrido un año desde la fecha de egreso de la respectiva carrera. Sin embargo, por tratarse de un mecanismo complejo y de difícil administración, la devolución de estos préstamos ha experimentado graves dificultades que amenazan con la posibilidad de perder definitivamente el reintegro de estos créditos. Es así como según informaciones emanadas de la propia Junta, el control de Reintegros registraba al 26 de julio de 1972 la suma de 1.078 pactos de devolución que se dividían en los siguientes casos: 307 que solamente han cancelado una o dos cuotas y que no han seguido pagando; 171 cuentas canceladas; 87 que se les llamó a reintegrar y que no concurrieron; 85 cancelarán a partir de 1973; 22 se encuentran aún estudiando, y 406 sin información. De lo anterior se desprende que es indispensable favorecer la cancelación a la mayor brevedad de la mayoría de estas deudas, con el objeto de evitar que el engorro administrativo que ellas demandan impida el cobro de las nuevas deudas que se vayan haciendo exigibles. Asimismo, es necesario facultar a la Junta para pactar convenios de pago de estas deudas atrasadas sin sujeción a los reglamentos vigentes y autorizar al Presidente de la República para que, previo informe de la Junta, dicte las disposiciones necesarias para establecer un sistema expedito de cobro de estos préstamos. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente Proyecto de ley: Artículo 1°.- Autorízase a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas para condonar hasta el 100% de los reajustes e intereses que se le adeuden por concepto de préstamos otorgados a estudiantes universitarios, como asimismo para pactar convenios de pago de los mismos sin sujeción a las leyes y reglamentos vigentes. La condonación completa será obligatoria para la Junta en el caso de aquellos prestatarios que cancelen sus deudas en forma total dentro del plazo de 180 días de publicada la presente ley. La condonación parcial podrá ser gradual y decreciente en relación al plazo y condiciones de pago. Artículo 2º.- Facúltase al Presidente de la República para que, previo informe de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas y dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la presente ley, proceda a dictar disposiciones con fuerza de ley o reglamentarias relativas al cobro de los préstamos que otorgue dicha Junta a los estudiantes universitarios. En uso de estas facultades podrá refundir, coordinar y sistematizar las normas actualmente vigente sobre la materia y, además, proponer otras nuevas. (Fdo.): Alfredo horca, Valencia, Senador. 12 MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR BALLESTEROS CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DESTINA FONDOS PARA LA FEDERACION NACIONAL DE DEPORTES SUBMARINOS. Honorable Senado: Hace algún tiempo Chile conquistó el Campeonato Mundial de Pesca Submarina, hecho que llenó de orgullo y satisfacción no solamente a la afición deportiva sino a todo el país. Dicho triunfo se debió fundamentalmente a los esfuerzos desplegados por la Federación Chilena de Deportes Submarinos en orden a obtener la sede del Campeonato Mundial para nuestro país primero, y luego el título correspondiente. Sin embargo, dicha Federación carece de los recursos necesarios para mantener en buenas condiciones la preparación de los equipos chilenos de deportes submarinos, lo que hace peligrar la calidad de los mismos y arriesga uno de los escasos triunfos deportivos internacionales conseguidos por nuestro país. Con el objeto de solucionar esta anómala situación y de proporcionar a la Federación Chilena de Deportes Submarinos los recursos necesarios para la realización y extensión de sus finalidades en las mejores condiciones posibles tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Destínase a la Federación Nacional de Deportes Submarinos la suma de Eº 5.000.000 con el objeto de que la invierta en el fomento y extensión de tales deportes. El gasto que demande la aplicación de esta ley se imputará a la parte no distribuida de los excedentes de la cuenta F-48, Sorteo Nacional de Boletas de Compraventas y Servicios. (Fdo.): Eugenio Ballesteros Reyes. 13 MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR LORCA CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONDONA DEUDAS POR PRESTAMOS CONCEDIDOS POR CORFO Y OTRAS INSTITUCIONES EN LAS PROVINCIAS DE CHILOE, AISEN Y MAGALLANES, A PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES E INDUSTRIALES. Honorable Senado: La Corporación de Fomento de la Producción ha concedido créditos a pequeños y medianos agricultores e industriales de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes. Sin embargo, las condiciones en que ha realizado tales operaciones han sido discriminatorias respecto de los prestatarios de la zona mencionada. Es, entre oíros, el caso de los préstamos para importar ganado Hereford: los concedidos a ganaderos de la región comprendida entre Malleco y Llanquihue - por poseer financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo - son reajustables en un 50% de los índices que se hayan pactado, en circunstancias que los realizados a los de las tres provincias australes lo son en un 100%. Es así como los préstamos concedidos en el año 1969 han experimentado hasta la fecha un alza de un 140%, los otorgados en 1970 de un 98% y los efectuados en 1971 de un 42%. Por ejemplo, un crédito otorgado a cuatro años, en 1971, por un monto de Eº 80.000, después de haber servido una cuota de capital de Eº 15.000 más reajustes e intereses por Eº 37.000, se ha elevado a las suma de Eº 98.000, lo que resulta a todas luces desproporcionado y determina que la suma que en definitiva se pague equivalga a varias veces el monto del crédito original. Si a ello se agregan los desbordes del río Palena ocurridos en Chiloé continental, las nevadas y erupciones en Aisén y los temporales en Magallanes se verá que dicha discriminación, citada por la vía ejemplar, resulta doblemente injusta y ha dejado a los deudores en una imposibilidad de pago gravísima tanto para ellos como para la acreedora. Con el objeto de permitir la solución de estas obligaciones en una forma que no destruya la capacidad económica de estos deudores ni de las instituciones de crédito tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Condónanse las deudas por concepto de reajustes e intereses provenientes de préstamos reajustables en relación al índice de precios al consumidor o con cualquier otro tipo de reajuste, concedidos por la Corporación de Fomento de la Producción, entre el 1º de enero de 1967 y el 1º de enero de 1972, en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes. Condónanse, asimismo, las deudas por concepto de reajustes e intereses sobre los mismos provenientes de préstamos reajustables en relación a cualquier tipo de índice concedidos por los Institutos Corfo de Chiloé y de Aisén y la Corporación de Magallanes, entre el 16 de mayo de 1968 y el 1º de enero de 1972, en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, respectivamente. Los reajustes e intereses que sobre estos préstamos se cobran serán reemplazados por un interés anual del 15%. (Fdo.): Afredo horca, Valencia. 14 MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR LORCA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DETERMINA QUE EL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO CONDONARA DETERMINADOS CREDITOS CONCEDIDOS A LA FEDERACION DE SINDICATOS AGRICOLAS UNIDAD CAMPESINA, DE MAGALLANES. Honorable Senado: La Federación de Sindicatos Agrícolas Unidad Campesina de la provincia de Magallanes adquirió -con créditos que le fueron concedidos por el Instituto de Desarrollo Agropecuario- cuatro vehículos Land Rover para el desarrollo de sus actividades laborales, los que resultan indispensables ya que las distancias a recorrer son enormes y la densidad de la población rural muy escasa, como asimismo una estufa y mobiliario de oficina diverso. Sin embargo, las cotizaciones percibidas por la Federación mencionada han resultado insuficientes para cubrir sus gastos ordinarios y, además, la amortización e intereses de los créditos otorgados por INDAP para la adquisición de las especies referidas. En efecto, el préstamo inicial concedido a la Federación Unidad Campesina por INDAP el 10 de octubre de 1969 era de Eº 205.000, el que se redujo, en el mismo acto en que se convino, a Eº 195.000 por un abono de Eº 10.000 hecho por la deudora. Posteriormente la Federación hizo un abono de Eº 2.000 a capital y Eº 30.816,67, en octubre de 1970, a intereses. Pese a ello, al 4 de agosto de 1972 la deuda ascendía a Eº 193.026,07 de capital y Eº 20.504,10 de intereses, lo que suma un total de Eº 213.530,17, es decir, una cantidad mayor a la deuda inicial. Como esta situación se agrava día a día, es menester proponer alguna solución, la que pretendo lograr mediante la presente iniciativa. En efecto, si se tiene en consideración que INDAP tiene por finalidad la promoción del campesinado, entre otras actividades, parece justo imputar los créditos otorgados a la Federación de Sindicatos Agrícolas Unidad Campesina de la provincia de Magallanes, por las razones antes expuestas, a gastos corrientes más bien que a inversión de capitales, con lo cual desaparece la obligación de restituirlos, que se ha tornado imposible por causas ajenas a la voluntad de la deudora. Como ello requiere la dictación de un precepto legal, tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) condonará la totalidad de los créditos, con sus correspondientes intereses, reajustes, multas y costas, si las hubiere, concedidos a la Federación de Sindicatos Agrícolas Unidad Campesina de Magallanes para la adquisición de cuatro vehículos Land Rover destinados al desarrollo de sus actividades, una estufa y mobiliario de oficina, especies todas que quedarán del exclusivo dominio de la Federación, sin gravamen de ninguna especie. (Fdo.): Alfredo Lorca Valencia, Senador. 15 MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR HA-MILTON CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO PARA EXPROPIAR EL TEATRO REX, DE ESA. CIUDAD. Honorable Senado: En el mes de junio de 1971, falleció en Castro el señor Luis Jiménez Pérez, ex Regidor de la Ilustre Municipalidad de Castro y propietario - entre otras cosas - del teatro Cine Rex de esa ciudad. Los bienes quedados a su fallecimiento forman la herencia intestada en la cual están interesados seis hermanos del extino y los herederos directos de aquellos familiares. A raíz de las inquietudes manifestadas por la Ilustre Municipalidad de Castro en orden a adquirir el Teatro Rex de esa ciudad para destinarlo al desarrollo de actividades culturales y ponerlo al servicio de todo el pueblo de esa esforzada zona, se tramitó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que estableció que el producto del impuesto a la herencia que debía pagar la Sucesión del señor Jiménez Pérez se destinaba a dicha Corporación para invertirlo íntegramente en la adquisición, mejoras y reparaciones del inmueble. Este proyecto trasformado en Ley de la República con el N° 17.539 del 27 de noviembre de 1971, además de señalar en su artículo 1º la destinación del impuesto a la herencia, faculta a la Municipalidad de Castro para contratar uno o más empréstitos hasta por Eº 500.000 para destinarlo a la adquisición, alhajamiento, reparaciones o mejoras del teatro. Actuando en conformidad a lo señalado en la Ley precitada, la Ilustre Municipalidad de Castro, no sólo por acuerdo de los dos tercios de sus regidores en ejercicio, sino por la unanimidad de sus miembros, aprobó de común acuerdo con los interesados en la Sucesión de don Luis Jiménez Pérez, la fijación del precio de compraventa en Eº 1.000.000 y sus condiciones de pago. Para cancelar la cuota al contado del precio fijado, se obtuvo del Instituto CORFO-Chiloé un empréstito por la suma de Eº 500.000 a cinco años plazo, con servicio del 20% anual y a un interés del 12% anual. Este crédito fue concedido en condiciones muy favorables para esa Municipalidad ya que no es reajustable. La suma del préstamo fue entregada a la Tesorería Comunal de Castro en espera de poder entregársela a la sucesión una vez que ésta estuviera en condiciones de realizar la escritura respectiva. Considerando que el Teatro Cine Rex se encuentra sin funcionar desde hace aproximadamente un año, la Central Única de Trabajadores procedió a tomarse el inmueble por la lentitud con que se desarrollaban los trámites de compra. Posteriormente, de común acuerdo con la Municipalidad y, en la seguridad de que la Corporación adquiriría dicho inmueble a la mayor brevedad para ponerlo al servicio del pueblo, entregaron el local. El 5 de julio de 1972, la señora Isabel Jiménez Pérez y la señora , en representación de y ambas - según manifestaron - con el acuerdo unánime de los herederos entregaron en comodato precario a la Ilustre Municipalidad de Castro el teatro cine Rex con todas sus maquinarias, equipos, instalaciones y útiles según se desprende del inventario levantado con esa fecha y que forma parte integrante del acta de entrega que obra en poder de la Corporación edilicia. Posteriormente se supo que como consecuencia de la demora en obtenerse la posesión efectiva, algunas de las partes interesadas - en la necesidad de contar a breve plazo con dineros que le permitieran mejorar sus respectivos niveles de vida - vendieron acciones y derechos a un inversionista de Castro, quien adquirió 4 de las 6 partes de la sucesión. Conocido el cambio de interesados que se había producido en la Sucesión del señor Jiménez Pérez, se citó a la Municipalidad en dos oportunidades al señor Ernesto Rojas Vásquez, comprador de las 4 partes a que se ha hecho mención, para conocer su pensamiento y para saber si respetaba el acuerdo anterior en orden a vender el Teatro Cine Rex a la Municipalidad en el precio tratado. Como su negativa fuera rotunda y la ciudadanía de Castro ha luchado durante tanto tiempo para tener su propio teatro, a solicitud de esa Ilustre Municipalidad y de su pueblo, tengo el agrado de proponer a vuestra consideración el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Declárase de utilidad pública y autorízase a la Municipalidad de Castro para expropiar para sí el Teatro Rex de esa ciudad, por acuerdo de los dos tercios de sus regidores en ejercido. Dicha expropiación se regirá por las disposiciones del Decreto Nº 103, de 21 de febrero de 1968, del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, en lo que sean aplicables. La indemnización será fijada en el mismo acuerdo municipal de expropiación por el mismo quórum de regidores y no podrá ser inferior al avalúo para las contribuciones de bienes raíces ni superior a cinco veces el mismo valor, incluyendo en él las mejoras que se hubieran introducido en el inmueble. La Municipalidad señalada podrá tomar posesión material del inmueble una vez acordada la expropiación y antes de que se hubiere perfeccionado la transferencia respectiva. La Municipalidad podrá aplicar en el pago de la indemnización correspondiente o en las reparaciones necesarias los fondos de la ley Nº 17.359 y otros ingresos que determinen los dos tercios de sus regidores en ejercicio. (Pdo.): Juan Hamilton D., Senador. 16 MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR LORCA, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE UTILIDADO PUBLICA Y AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO PARA EXPROPIAR EL TEATRO REX, DE ESA CIUDAD. Honorable Senado: Con ocasión del fallecimiento del ex Regidor de la Municipalidad de Castro, don Luis Jiménez Pérez, y en atención a que de entre los bienes quedados a su fallecimiento se encontraba el Teatro Cine Rex ubicado en calle Serrano Nº 320 de la ciudad de Castro, se tramitó en el Congreso Nacional un proyecto de ley del cual soy autor por el que se establecía que el producto del impuesto a la herencia que debía pagar la sucesión del señor Jiménez Pérez, se destinaba íntegramente a la Municipalidad de Castro para que ésta lo invirtiera en la adquisición, mejoras y reparaciones del referido teatro. Este proyecto transformado en ley de la República con el Nº 17.539, de 27 de noviembre de 1971, además de señalar en su artículo lº la destinación del producto del impuesto a la herencia, faculta a la Municipalidad de Castro para contratar uno o más empréstitos hasta por quinientos mil escudos, para destinarlos a la adquisición, alhajamiento, reparaciones o mejoras del teatro. De conformidad con lo dispuesto por la citada ley, la Municipalidad, por la unanimidad de sus regidores, fijó de común acuerdo con los herederos de don Luis Jiménez, el precio de compraventa del inmueble en un millón de escudos. Para cancelar la cuota que se debía pagar al contado, se obtuvo del Instituto CORFO-Chiloé un empréstito por quinientos mil escudos. Dicho empréstito fue concedido en condiciones muy favorables para la Municipalidad ya que no es reajustable, con un servicio del 20% anual y con un interés del 12% anual. La suma del préstamo fue depositada en la Tesorería Comunal de Castro en espera de poder entregársela a la sucesión una vez que estuviera en condiciones de ser perfeccionada la compraventa. Como dicho trámite demoraba mucho, la señora Isabel Jiménez Pérez y doña Ofilia Jiménez Pérez, en representación de los herederos, entregaron en comodato a la Municipalidad el teatro, con todas sus maquinarias e instalaciones. Sin embargo, entretanto, algunos miembros de la sucesión, vendieron sus derechos sucesorios a un inversionista de Castro, quien adquirió cuatro de las seis partes que componen la herencia. Puesta en antecedentes de esta situación, la Municipalidad citó al señor Ernesto Rojas Vásquez, comprador de las cuatro partes a que se ha hecho mención, a fin de saber si respetaría el compromiso en orden a vender el teatro a la Municipalidad. En atención a que el señor Rojas manifestara reiteradamente su negativa a suscribir ese compromiso, se hace necesario buscar una adecuada solución a este problema ya que la ciudadanía de Castro ha luchado durante años para tener un lugar de esparcimiento como el que este teatro ofrece. Por las consideraciones expuestas, someto a vuestra aprobación el siguiente Proyecto de ley: Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y autorízase a la Municipalidad de Castro para expropiar, con el acuerdo de los dos tercios de sus regidores, el Teatro Cine Rex ubicado en la calle Serrano Nº 320, de esa ciudad. Artículo 2º.- La Municipalidad de Castro podrá utilizar en la expropiación, las disposiciones de los artículos pertinentes de la ley Nº 3.313 o de la ley Nº 5.604. El avalúo practicado por la Comisión de Hombres Buenos a que se refiere el inciso tercero del artículo único de la citada ley Nº 3.313, será entregado al Municipio referido. Artículo 3º.- Facúltase a la Municipalidad de Castro para tomar posesión del teatro mencionado una vez acordada la expropiación, aunque ésta no se haya perfeccionado. Artículo 4º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 17.539: a) En su artículo 1º, reemplázase la expresión en la adquisición y gastos de mejoras y reparaciones por en el pago del valor de la expropiación, y b) Reemplázase el artículo 3º por el siguiente: Autorízase a la Municipalidad de Castro para contratar uno o más empréstitos directamente con el Banco del Estado de Chile, la Corporación de Fomento de la Producción, la Corporación de Servicios Habitacionales, la Dirección de Planificación de Equipamiento Comunitario del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo u otras instituciones de crédito públicas o privadas, con el objeto de pagar el valor de la expropiación del teatro a que se refiere el artículo 1º de la presente ley. (Fdo.): Alfredo horca, Valencia, Senador.