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- rdf:value = " El señor PRADO.-
Señor Presidente, quiero dejar constancia públicamente en esta sesión de un hecho que, a mi juicio, implica responsabilidad grave del Gobierno, y que ocurrió el viernes 18 del mes en curso. Ese día, mediante una carta certificada, se notificó a la Sociedad Lagomarsino y Chiessa, actual propietaria legal de Radio Minería de Viña del Mar, del decreto 737, de 24 de mayo de 1972, del Ministerio del Interior, por el cual se declara la caducidad de la concesión a esa radiodifusora.
Creo que si el país se entera de las razones por las cuales se adoptó tal medida, se impondrá simultáneamente de una decisión arbitraria tomada por este Gobierno, y que yo espero que se corrija.
En el día de ayer, nos entrevistamos con el señor Jaime Suárez, actual Ministro del Interior. Al respecto debo dejar constancia de que, por lo menos, tuvimos una primera respuesta prudente y positiva, que ojalá permita subsanar el problema.
El señor Ministro -y sé que el Presidente de la República ratificó la medida- dispuso la no publicación del decreto correspondiente en el Diario Oficial, lo cual impedirá que se consume, de hecho, la caducidad de la emisora mencionada. Si llegara a procederse de otro modo, el señor Ministro sabe que precisamente, ante la arbitrariedad de la medida, la provincia de Valparaíso -que hasta hace poco vivía una vida relativamente normal, como puede vivirla hoy día cualquier ciudadano en Chile, aquejado por muchas dificultades, pero sin perturbaciones graves de la paz social-, como lo ha hecho hasta ahora, traducirá su respuesta de adhesión y rechazo en acciones que, a mi juicio, podrían alcanzar graves caracteres, y que la Democracia Cristiana y el Senador que habla desean evitar.
Como dije, deseo dejar constancia -y éste es el motivo de mi intervención- de las razones por las cuales mi colectividad considera arbitrario e ilegal, aparte estimarlo políticamente grave, el hecho ocurrido en estos momentos a la Radio Minería de Viña del Mar.
Hago presente que no hemos disimulado, porque es de notorio conocimiento público en la zona, y lo sabe también el Gobierno, que la Democracia Cristiana, sin formalizar todavía la operación, está adquiriendo el 60% de Radio Minería de Viña del Mar, para lo cual el Partido, muchos militantes de bases, sus organismos, simpatizantes y sectores próximos a él, han hecho enormes esfuerzos durante muchos meses.
Nos interesa adquirir esa radioemisora porque deseamos tener un medio de expresión, pues en los últimos tiempos varias radiodifusoras de la zona han sido compradas por partidos políticos, militantes de las colectividades de Gobierno o personas allegadas a ellas. Con el mismo legítimo propósito hemos iniciado una gestión para adquirir esa radioemisora. Naturalmente, la operación no se ha formalizado, Porque para ello se requiere cumplir determinadas exigencias. En el entretanto, se dictó en mayo el decreto que lleva la firma del señor Hernán del Canto como Ministro del Interior, y el cual se notificó el viernes pasado, por carta certificada, y que ha corrido hasta ahora la suerte que acabo de explicar a esta Corporación.
Debo dejar constancia de que cuatro argumentos sirven de base a dicho decreto. Si los examinamos con detención, en ellos sólo encontraremos la prueba de la arbitrariedad que estoy denunciando al país.
El primero consiste en que la radioemisora no habría efectuado determinadas obras de mejoramiento ordenadas por la Superintendencia, lo cual constituiría una infracción, según el decreto 737, de la letra c) del artículo 72 del D.F.L. Nº 4, de 1959, que es el aplicable a la radiodifusión nacional.
Quiero precisar algo más. Esta objeción, este reparo, en el caso específico y concreto de Radio Minería de Viña del Mar, se basa en que ésta estaría transmitiendo con un desplazamiento de la frecuencia que le corresponde, anomalía que no habría subsanado.
Tal es el primer argumento, el fundamento del decreto que declara la caducidad de la concesión. ¿Cuál es nuestra respuesta, y cuál es la respuesta de Radio Minería, que ayer se dio a conocer verbal-mente al Ministro del Interior y también por medio de un escrito de reposición de la medida? La respuesta no puede ser más concreta. El decreto se dictó el 24 de mayo del año en curso, y catorce días antes, vale decir el 10 de mayo, la Radio Minería de Viña del Mar comunicó por carta certificada al señor Superintendente, don Rodrigo Gutiérrez, que lejos de lo que sostenía el decreto y el Gobierno, la anomalía anotada se había subsanado, a pesar de que el elemento fundamental (el cristal) no existía en Chile, gracias a la cooperación especial prestada por la Universidad Técnica Felerico Santa María, la cual, como todo el país sabe, tiene su sede en la provincia de Valparaíso.
Desde este punto de vista, el primer fundamento no existe, porque la radioemisora está transmitiendo en 1.270 kilociclos desde antes de la dictación del decreto.
El segundo fundamento del decreto es que, de acuerdo con la ley, ninguna radiodifusora puede mantener su planta transmisora dentro del radio urbano de una ciudad. Esta es la objeción fundamental, y el Honorable señor Acuña me apunta que casi todas las radios tienen su planta transmisora dentro del radio urbano. Yo sé que es así, y no ignoro que el país también lo sabe.
Lamentablemente hay todavía un argumento más fuerte que el anterior. El artículo 58 del D.F.L. Nº 4, ya mencionado efectivamente establece la prohibición de instalar estaciones de radiodifusión dentro de los límites urbanos de las ciudades cabeceras de provincias y departamentos. Sin embargo, Viña del Mar no es ciudad cabecera ni de provincia ni de departamento; de modo que la ley es absolutamente inaplicable en este caso, y nada tiene que ver con la Radio Minería de Viña del Mar. En cambio -y esto es lo paradójico-, hay muchas otras radioemisoras, entre las cuales mencionaré una por su importancia, por la potencia de su voltaje de transmisión, la Radio Portales de Valparaíso, la cual, según entiendo, pertenece al Partido Socialista, que tiene su planta y su antena dentro del radio urbano de la ciudad cabecera de la provincia.
Ayer tuve la oportunidad de expresar al Ministro del Interior que seguramente el Gobierno había cometido un error, pues la radioemisora a la cual debería haber aplicado la disposición aducía es la Radio Portales de Valparaíso, y, para no ser injustos, a otras, como la Valentín Letelier, de la Universidad de Chile, que también tiene su planta y su antena dentro del radio urbano de esa ciudad. Y no solamente a ella, sino también a diversas otras que están transmitiendo en condiciones mucho más irregulares, y que, sin embargo, no han sido objeto de una medida de esta especie. Por ejemplo, hay una radioemisora nueva, que no cuenta con autorización de especie alguna, y que se llama, según entiendo, porque su nombre ni siquiera es muy conocido, Radio Litoral de Viña del Mar, que pertenece a un conocido ex regidor y militante del Partido Socialista, don Hugo Arellano, quien posee además otra emisora denominada Radio Limache, de Limache. Dicho personero acaba de sacar al aire la radiodifusora a que me he referido, con instalaciones absolutamente provisionales, ubicadas, por supuesto, dentro del radio urbano de Viña del Mar. En este caso sí que se ha transgredido la ley. Sin embargo, su propietario no ha sido objeto de medida alguna sobre la materia.
Como es posible apreciar, la segunda causal no es aplicable tampoco, porque la ley no lo es. Evidentemente, la arbitrariedad queda probada con la explicación que acabo de dar. Ella demuestra que a la única radioemisora importante de la zona a la cual no debió haberse aplicado la disposición, es precisamente la Radio Minería de Viña del Mar.
El tercer argumento en que se basa el decreto es muy extraño, y lo calificaré más adelante, después de exponerlo, por creer que quien me escuche o quien lea la versión de mis palabras tendrá que entender que cuesta encontrar buena fe en los argumentos que se han dado en esta materia.
El considerando f) del decreto 737, que declara la caducidad de la concesión, expresa que "la firma concesionaria ha declarado espontáneamente que se encuentra en precaria situación económica para afrontar el presupuesto de gastos de la radiodifusora".
Dicho argumento falta totalmente a la verdad. No es cierto, y ayer explicamos al señor Ministro que la sociedad expresó, en una nota dirigida a la Dirección General de Servicios Eléctricos, que la radioemisora, cuando se le exigió como condición el traslado de la antena, adujo tener situación económica precaria para ello, como todas las radioemisoras del país. Jamás se ha sostenido en nota alguna, como lo dice expresamente el decreto en su fundamento, que la radioemisora tiene situación precaria para afrontar los gastos de la estación, sino los gastos de traslado, que es una cosa muy distinta. Para que sepa el Senado, ellos suben fácilmente del millón o del millón doscientos mil escudos en Viña del Mar, y todavía en una ciudad donde la ley no establece la exigencia de realizar ese traslado. Son cosas absolutamente distintas. Sin embargo, se invocan como fundamentos de un decreto, e inclusive se presentan como declaraciones espontáneas de la radioemisora o de sus concesionarios.
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