REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL.
LEGISLATURA 316ª, ORDINARIA.
Sesión 60ª, en miércoles 30 de agosto de 1972
Ordinaria.
(De 16.13 a 21.3).
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE, Y LUIS PAPIC RAMOS, VICEPRESIDENTE.
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO.

INDICE.
Versión taquigráfica.
I.- ASISTENCIA 		3610
II.- APERTURA DE LA SESION		3610
III.- LECTURA DE LA CUENTA			3610
Bonificación compensatoria a trabajadores de sectores público y privado. Preferencia		3611
IV.- FÁCIL DESPACHO:
Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica ley sobre transferencia de inmueble fiscal a Municipalidad de Temuco (se aprueba)		3612
Proyecto de ley, en primer trámite, que destina fondos a la Corporación de Construcciones Deportivas (se acuerda remitirlo a la Cámara de Diputados)		3612
Proyecto de ley, en primer trámite, sobre pago de deudas contraídas por el Cuerpo de Bomberos de Rancagua (se aprueba)	3614
Proyecto de ley, en segundo trámite, que denomina Diego de Almagro a la calle Callejón Angosto, de Los Andes (se aprueba)	3615
Proyecto de ley, en segundo trámite, que beneficia a los conductores de maquinaria pesada de la Dirección de Pavimentación (se aprueba)		3615
V.- ORDEN DEL DIA:
Creación del Ministerio del Mar		3615
Proyecto de ley, en segundo trámite, que otorga una bonificación compensatoria a los trabajadores de los sectores público y privado (se aprueba)		3616
Proyecto de ley, en segundo trámite, que crea el Ministerio del Mar (se rechaza)		3643
Tabla de Fácil Despacho para la próxima sesión ordinaria (se anuncia)			3668
Proyecto de ley, en segundo trámite, que beneficia a vecinos de las poblaciones Rodríguez y Pizarro, de Chillán (se aprueba)	3669
Proyecto de ley, en primer trámite, que condona saldos de precios de viviendas de imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional desaparecidos en el naufragio de la nave Santa Fe (se aprueba)		3670
Proyecto de ley, en primer trámite, que beneficia a funcionarios de empresas del Estado y de administración autónoma que se hayan desempeñado por más de dos años en el exterior (se aprueba)	3670
Proyecto de ley, en primer trámite, que prohíbe la internación al resto del país de las mercaderías rematadas por el Servicio de Aduanas en Chiloé, Aisén y Magallanes (se aprueba)		3671
Proyecto de ley, en primer trámite, sobre carreras hípicas extraordinarias en beneficio de la Sociedad Chilena de Cancerología (se aprueba)		3672
IV.- TIEMPO DE VOTACIONES		3673
VII.- INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncian)	3673
Anexos.
1.- Proyecto de ley, en tercer trámite, que denomina Eulogia Bórquez Pérez a la Escuela Nº 11 de Quellón, y Rebeca Cádiz de Alvarado a la Escuela Nº 18 de Santa Cruz		3675
2.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que destina el 5% de la recaudación del peaje de Lo Prado a beneficio de la comuna de Curacaví		3675
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que autoriza a la Municipalidad de Paredones para cobrar peaje a los vehículos que transitan en dirección al balneario de Bucalemu		3676
4.- Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto sobre bonificación compensatoria para los trabajadores de los sectores público y privado		3677
5.- Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto que define el concepto de empresa periodística y dicta normas sobre su funcionamiento		3687
6.- Moción del señor Luengo con la que inicia un proyecto de ley que financia el Plan de Desarrollo Fronterizo de las Provincias de Biobío, Malleco y Cautín e incentiva las actividades turísticas de la región		3691
7.- Moción del señor Ballesteros con la cual inicia un proyecto de ley sobre empréstitos para la Municipalidad de Limache		3698
8.- Moción del señor Noemi con la que inicia un proyecto de ley que modifica la ley Nº 16.724 con el objeto de paliar la cesantía que afecta a determinados trabajadores marítimos		3700

VERSION TAQUIGRAFICA.

I.- ASISTENCIA.

Asistieron los señores:
Aguirre Doolan, Humberto
Aylwin Azócar, Patricio
Baltrá Cortés, Alberto
Ballesteros Reyes, Eugenio
Bulnes Sanfuentes, Francisco
Carmona Peralta, Juan de Dios
Carrera Villavicencio, María Elena
Contreras Tapia, Víctor
Chadwick Valdés, Tomás
Foncea Aedo, José
García Garzena, Víctor
Gormaz Molina, Raúl
Gumucio Vives, Rafael Agustín
Hamilton Depassier, Juan
Irureta Aburto, Narciso
Luengo Escalona, Luis Fernando
Miranda Ramírez, Hugo
Montes Moraga, Jorge
Morales Adriasola, Raúl
Moreno Rojas, Rafael
Musalem Saffie, José
Noemi Huerta, Alejandro
Ochagavía Valdés, Fernando
Olguín Zapata, Osvaldo
Pablo Elorza, Tomás
Palma Vicuña, Ignacio
Papic Ramos, Luis
Prado Casas, Benjamín
Reyes Vicuña, Tomás
Rodríguez Arenas, Aniceto
Silva Ulloa, Ramón
Tarud Siwady, Rafael
Teitelboim Volosky, Volodia
Valente Rossi, Luis, y
Valenzuela Sáez, Ricardo.

Concurrieron, además, los señores Ministros de Hacienda, don Orlando Millas Correa y de Tierras y Colonización, don Humberto Mariones Morales.
Actuó de Secretario, el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamala.

II.- APERTURA DE LA SESION.

Se abrió la sesión a las 16.13, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor PALMA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III.- LECTURA DE LA CUENTA.

El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Oficios.
Cuatro de la Cámara de Diputados.
Con el primero comunica que ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto de ley que dispone que la Dirección de Equipamiento Comunitario del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo otorgará un préstamo suplementario a la Municipalidad de Coihaique para la terminación del Teatro Municipal.
Se manda comunicarlo a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el segundo comunica que ha tenido a bien aprobar, con la enmienda que señala, los proyectos de ley que denominan Educadora Eulogia Bórquez Pérez a la Escuela Nº 11 de Quellón, y Rebeca Cádiz de Alvarado a la Escuela Nº 18 de Santa Cruz (véase en los Anexos, documento 1).
Queda para tabla.
Con los dos últimos, comunica que ha tenido a bien aprobar los proyectos de ley que se indican:
1) El que destina el 5% de la recaudación del peaje de Lo Prado a beneficio de la comuna de Curacaví (véase en los Anexos, documento 2).
Pasa a la Comisión de Gobierno.
2) El que autoriza a la Municipalidad de Paredones, de la provincia de Colchagua, para cobrar peaje a los vehículos que transiten en dirección al balneario de Bucalemu y otros (véase en los Anexos, documento 3).
Pasa a la Comisión de Gobierno, y a la de Hacienda, en su caso.
Dos del señor Ministro de Minería y del Ministro Director de Planificación Nacional, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Senadores señores García (1) y Noemi (2):
Construcción de caminos en O’Higgins y Colchagua.
Amenazas de ocupación ilegal de industrias mineras en Andacollo.,
Quedan a disposición de los señores Senadores.

Informes.

Dos de la Comisión de Gobierno, recaídos en los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que concede una bonificación compensatoria a los trabajadores de los sectores público y privado (véase en los Anexos, documento 4).
2) Moción de los Senadores señores Aguirre Doolan, Baltra, Bossay, Hamilton y Juliet, que define el concepto de empresas periodísticas y dicta normas sobre su funcionamiento (véase en los Anexos, documento 5).
Quedan para tabla.

Mociones.

Una del Senador señor Luengo, con la cual inicia un proyecto de ley que financia el Plan de Desarrollo Fronterizo de las Provincias de Biobío, Malleco y Cautín e incentiva las actividades turísticas de la región (véase en los Anexos, documento 6).
Otra del Senador señor Ballesteros, con la cual inicia un proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Limache para contratar empréstitos (véase en los Anexos, documento 7).
Pasan a la Comisión de Gobierno.
Una del Senador señor Noemi, con la cual inicia un proyecto de ley que modifica el artículo 23 de la ley Nº 16.724, con el objeto de paliar la cesantía que afecta a determinados trabajadores marítimos (véase en los Anexos, documento 8).
Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

BONIFICACION COMPENSATORIA A TRABAJADORES DE SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO. PREFERENCIA.

El señor HAMILTON.- Pido la palabra sobre la Cuenta.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HAMILTON.- Quisiera saber si se va a tratar y despachar en esta sesión -sobre la materia existe un convenio con el señor Ministro de Hacienda- el proyecto del Ejecutivo, informado por la Comisión de Gobierno, que otorga a todos los trabajadores del país una bonificación compensatoria de 700 escudos por el alza del costo de la vida, pagadera en el mes de septiembre.
El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador, estamos esperando el informe correspondiente para solicitar su inclusión en la tabla de hoy.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Ya está listo el informe.
El señor VALENTE.- ¿Por qué no despachamos de inmediato esta iniciativa?
El señor PALMA (Presidente).- Advierto a Sus Señorías que debemos terminar el debate en general del proyecto que crea el Ministerio del Mar.
El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente?
La unanimidad de la Comisión de Gobierno, que me correspondió presidir, se comprometió con el señor Ministro de Hacienda a despachar esta materia en la sesión de hoy, a fin de que...
El señor RODRIGUEZ.- Por lo demás, existe un mandato del Reglamento en tal sentido.
El señor HAMILTON.- Con mayor razón, entonces.
Como se trata de un asunto de tan fácil despacho y urgente, podríamos aprobarlo de inmediato y continuar después con el tratamiento de los demás.
El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador, en cuanto se reparta el informe correspondiente, la Mesa solicitará de la Sala autorización para discutir ese proyecto. El informe, aun cuando ya está redactado, no se ha distribuido.
El señor VALENTE.- En este momento se está repartiendo.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Quiero congratular a la Comisión de Gobierno por su agilidad, preocupación e inquietud para despachar, de acuerdo con nuestros deseos, y a altas horas de la madrugada, el proyecto que otorga una bonificación compensatoria a los trabajadores de los sectores público y privado.
Al respecto, el Comité Izquierda Radical solicita de la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para prorrogar el Orden del Día a fin de aprobar este asunto en la presente sesión.
El señor PALMA (Presidente).- Oportunamente la Mesa considerará la solicitud de Su Señoría.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Muchas gracias.
El señor GARCIA.- ¿Por qué no prorrogamos el Fácil Despacho para tratar la materia?
El señor PALMA (Presidente).- Todavía no se reparte el informe respectivo a los señores Senadores.
El señor OCIIAGAVIA.- Ya lo recibimos.

IV.- FACIL DESPACHO.

MODIFICACION DE LEY SOBRE TRANSFERENCIA DE INMUEBLE FISCAL A MUNICIPALIDAD DE TEMUCO.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Ferrando y Fuentealba, que modifica la ley Nº 11.207, que transfirió un inmueble fiscal a la Municipalidad de Temuco.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los señores Ferrando y Fuentealba):
En primer trámite, sesión 34ª, en 30 de noviembre de 1971.

Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 54ª, en 22 de agosto de 1972.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Contreras, Durán y Valenzuela, recomienda a la Sala aprobar la iniciativa, que consta de un artículo único.
Se aprueba en general y particular.

FONDOS PARA CORPORACION DE CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Valente, que destina el uno por mil de la tasa parcial del impuesto territorial del trece por mil, de exclusivo beneficio fiscal, a la Corporación de Construcciones Deportivas.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley {moción del señor Valente):
En primer trámite, sesión 22ª, en 4 de julio de 1972.

Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 54ª, en 22 de agosto de 1972.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Contreras, Durán y Valenzuela, recomienda a la Sala remitir la moción en informe a la Cámara de Diputados, donde constitucionalmente debe tener origen.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se accedería a lo propuesto por la Comisión.
El señor VALENTE.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENTE.- A mi juicio, la Comisión de Gobierno incurrió en un error. El proyecto no establece ningún impuesto nuevo, sino que simplemente redistribuye un gravamen de exclusivo beneficio fiscal.
En virtud de que se está estudiando este problema en la Comisión de Defensa del Senado y de que se han recabado algunos informes al Gobierno, especialmente al Ministerio de Hacienda, pido que la iniciativa se envíe, no a la Cámara de Diputados, sino a la Comisión de Defensa Nacional de esta Corporación, porque ella dispone de antecedentes sobre la materia y espera las informaciones que hemos solicitado al Ministerio de Hacienda.
El señor PALMA (Presidente).- Los señores Senadores han oído la petición del Honorable señor Valente.
Si le parece a la Sala, se acordaría remitir esta materia a la Comisión de Defensa Nacional.
El señor CARMONA.- ¿Me permite, señor Presidente?
Si bien en principio compartimos la idea de esta legislación, estimo que, de acuerdo con la Carta Fundamental, debe tener origen en la Cámara de Diputados. El artículo 45 de la Constitución es claro para establecer que toda materia sobre contribuciones - no habla, como en este caso, sólo de imponer nuevos impuestos - debe iniciarse en la otra rama legislativa. Y como el proyecto en debate propone redistribuir un gravamen que se está recaudando, corresponde iniciar su estudio – repito - en la Cámara Estimo que la Comisión de Gobierno ha procedido bien al hacer su sugerencia a la Sala.
El señor BALLESTEROS.- Es de toda evidencia la observación que acaba de formular el Honorable señor Carmona. El texto del artículo 45 de la Constitución es muy claro, pues dice que las leyes sobre contribuciones, de cualquiera naturaleza que sean,... sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados.
Debo advertir que en algunos otros textos constitucionales se habla, ya no en general sobre contribuciones, sino del establecimiento de impuestos. De tal manera que incluso una nueva distribución de la carga impositiva sólo puede tener origen en la Cámara de Diputados. Es indudable que la moción del Honorable señor Valente debe iniciarse en esa rama legislativa.
El señor VALENTE.- Sólo ocuparé un minuto para representar a los Senadores democratacristianos su inconsecuencia.
El proyecto que patrocino es casi una copia exacta de la moción presentada hace un año por el Honorable señor Tomás Pablo, donde proponía una redistribución de la tasa parcial del impuesto territorial del trece por mil en la comuna de Talcahuano, para construir, según entiendo, algunos edificios deportivos. Tal iniciativa tuvo origen en la Comisión de Gobierno del Senado, y en aquella oportunidad, a petición del propio Alcalde de dicha comuna, que asistió a la Comisión, accedimos a aprobar por unanimidad ese proyecto.
Para formular nuestra iniciativa hemos seguido el mismo procedimiento. Es decir, tengo derecho a invocar un precedente a fin de que el proyecto se remita a la Comisión de Defensa de esta Corporación y no a la Cámara.
El señor CARMONA.- No recuerdo el precedente que invoca el Honorable señor Valente.
Al conocer ayer la Comisión de Defensa otra moción del Honorable señor Valente sobre este mismo asunto, aunque referida sólo al departamento de Iquique, acordó por unanimidad solicitar a la Sala el envío de ese proyecto a la Cámara de Diputados, donde constitucionalmente debe iniciarse.
El señor VALENTE.- La Mesa del Senado lo tramitó a la Comisión.
El señor CARMONA.- Exactamente, pero la Comisión de Defensa acordó pedir a la Sala lo que acabo de señalar.
El Honorable señor Valente se incorporó con posterioridad a la Comisión de Defensa, y solicitó que dejáramos en suspenso la resolución, porque había un acuerdo general en ese sentido y, además, la Sala debía conocer la materia.
Por lo tanto, la Comisión de Defensa ya planteó su opinión en el sentido de que constitucionalmente los proyectos de esta naturaleza deben originarse en la Cámara de Diputados.
El señor PALMA (Presidente).- En votación el informe de la Comisión de Gobierno que propone enviar a la Cámara de Diputados el proyecto en referencia.
(Durante la votación).
El señor PABLO.- La verdad es que trato de hacer memoria con respecto a la iniciativa que mencionó el Honorable señor Valente, en cuanto a la redistribución de un impuesto territorial, pero no la recuerdo. Sí puedo decir que en otra oportunidad presenté un proyecto que destinaba el producto de las contribuciones a determinado fin, y la Secretaría lo envió a la Cámara de Diputados, con gran protesta de mi parte. Sin embargo, en esa oportunidad acaté el procedimiento, y creo que esa debe ser la doctrina en el Senado.
Voto que sí.
Se acuerda enviar el proyecto a la Cámara (14 votos contra 6, 1 abstención y 4 pareos).

PAGO DE DEUDAS CONTRAIDAS POR EL CUERPO DE BOMBEROS DE RANCAGUA.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto iniciado en moción del Honorable señor Valenzuela que autoriza a la Caja Autónoma de Amortización para cancelar determinadas obligaciones contraídas por el Cuerpo de Bomberos de Rancagua.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del señor Valenzuela):
En primer trámite, sesión 46ª, en 2 de agosto de 1972.

Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 54ª, en 22 de agosto de 1972.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Contreras, Duran y Valenzuela, recomienda a la Sala aprobar el proyecto, que consta de un artículo único.
Se aprueba en general y en particular.

CAMBIO DE NOMBRE A CALLE CALLEJON ANGOSTO, DE LOS ANDES.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de la Cámara de Diputados que denomina Diego de Almagro a la calle Callejón Angosto, de Los Andes.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 39ª, en 25 de julio de 1972.

Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 54ª, en, 22 de agosto de 1972.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Contreras, Durán y Valenzuela, recomienda, por unanimidad, aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Cámara.
Se aprueba en general y particular.

BENEFICIO A FAVOR DE CONDUCTORES DE MAQUINARIA PESADA DE DIRECCION DE PAVIMENTACION.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de la Cámara que beneficia a choferes y conductores de maquinaria pesada de la Dirección de Pavimentación de Santiago.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 46ª, en 2 de agosto de 1972.

Informes de Comisión:
Gobierno, sesión 54ª, en 22 de agosto de 1972.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Contreras, Durán y Valenzuela, recomienda a la Sala aprobar el proyecto en los términos en que lo ha hecho la Cámara de Diputados.
Se aprueba en general y particular.

V.- ORDEN DEL DIA.

CREACION DEL MINISTERIO DEL MAR.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde continuar ocupándose en la discusión del proyecto de la Cámara que crea el Ministerio del Mar.
Quedó con la palabra el Honorable señor Rodríguez.
El señor MONTES.- ¿No vamos a entrar a considerar el proyecto que otorga la bonificación compensatoria?
El señor PALMA (Presidente).- Cuando llegue el informe.
El señor MONTES.- Lo tenemos en nuestro poder desde el comienzo de la sesión.
El señor PABLO.- En Fácil Despacho no se puede tratar este proyecto.
El señor MONTES.- Estamos en el Orden del Día, señor Senador.
El señor PALMA (Presidente).- Continúa la discusión del proyecto que crea el Ministerio del Mar, que, por acuerdo de Comités, debe votarse en el día de hoy.
Oportunamente recabaré el acuerdo unánime de la Sala para tratar el de bonificación compensatoria.
Puede continuar el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ.- Si hay acuerdo, no tengo inconveniente alguno en que en primer lugar se trate el proyecto sobre la bonificación compensatoria. Consulto a la Mesa si es posible tratar de inmediato esta iniciativa, ya que no significa problema para mí postergar mi intervención. Además, no creo que haya mayor debate sobre el tema.
El señor PALMA (Presidente).- La Secretaría me indica que el informe respectivo se distribuyó a los señores Senadores durante el tiempo de Fácil Despacho.
Por eso, si a la Sala le parece y hay unanimidad, se procederá a discutir el proyecto sobre bonificación compensatoria a los sectores público y privado, antes de continuar tratando el que crea el Ministerio del Mar.
El señor PABLO.- ¿En qué situación quedará el acuerdo de Comités de votar en esta sesión la iniciativa que crea el Ministerio del Mar?
El señor PALMA (Presidente).- El acuerdo fue votar hoy ese proyecto, de manera que oportunamente, si se suscita debate al considerar la materia relativa a la bonificación compensatoria, se solicitará la prórroga del Orden del Día, a fin de terminar el debate y votar el proyecto que crea el Ministerio del Mar.
El señor BALTRA.- Señor Presidente, anoche la Comisión de Gobierno, con la asistencia del señor Ministro de Hacienda, estudió...
El señor PALMA (Presidente).- ¿Su Señoría se está refiriendo al proyecto de bonificación?
El señor BALTRA.- Exactamente.
El señor PALMA (Presidente).- Perdón, señor Senador.
¿Habría acuerdo, entonces, para discutir de inmediato el proyecto sobre la bonificación?
El señor BALTRA.- Claro que sí.
El señor PALMA (Presidente).- Acordado.

BONIFICACION COMPENSATORIA A TRABAJADORES DE SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.

El señor PALMA (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto que otorga una bonificación compensatoria.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 57ª, en 29 de agosto de 1972.

Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 60ª, en 30 de agosto de 1972.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Baltra.
El señor BALTRA.- Como decía, anoche en la Comisión de Gobierno, que contó con la asistencia del señor Ministro de Hacienda, nos abocamos al estudio de este proyecto, que se despachó, a altas horas de la madrugada, tal como venía de la Cámara de Diputados, por lo menos en lo relativo a la bonificación compensatoria propiamente tal.
Sin embargo, en la Comisión hice presente que ya en otras ocasiones, con motivo de proyectos similares, los agentes postales subvencionados y los valijeros de Correos y Telégrafos no habían quedado comprendidos dentro de los beneficios legales respectivos, porque no se los consideraba incluidos en la denominación de trabajadores del sector público.
El señor Ministro manifestó anoche que existía un dictamen de la Contraloría
General de la República que aclaraba suficientemente el problema. En el informe se deja expresa constancia de que la Comisión aprobó el artículo 1º del proyecto en el entendido de que estos trabajadores están incluidos en la expresión del sector público. La Comisión también adoptó el acuerdo de oficiar a la Contraloría señalándole que ése era el sentido del artículo 1º del proyecto.
No obstante, el señor Ministro de Hacienda me ha expresado que consultó al organismo contralor y que podrían producirse dificultades en este aspecto, y que como el espíritu del Gobierno es que la bonificación también alcance a esos trabajadores, para los cuales se han hecho las reservas de recursos necesarias, me dijo que ahora presentaría una indicación en nombre del Ejecutivo, a fin de incluir a este sector en la iniciativa, y para que no quede duda alguna de que esos trabajadores también serán beneficiados.
Además, anoche se aprobó una indicación suscrita por los Honorables señores Musalem, Hamilton y el que habla, que faculta al Presidente de la República para reajustar transitoriamente, por el mes de octubre de 1972, las remuneraciones y pensiones de todos los trabajadores del país que pertenezcan a los sectores público o privado, de acuerdo con las normas que aparecen en los Títulos I, II y III del proyecto aprobado por la Cámara.
El Ministro de Hacienda, después de un debate con los miembros de la Comisión, aceptó dar su patrocinio a esta indicación siempre que le proporcionáramos el financiamiento indispensable para pagar el reajuste del mes de octubre, si la discusión del proyecto general de reajustes se prolongaba más allá de esa fecha.
En síntesis, la indicación tiene por finalidad que los trabajadores de los sectores público y privado puedan recibir en octubre el pago del reajuste.
Para entregar el financiamiento, anoche estudiamos todo lo referente a las modificaciones a la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado que vienen de la Cámara. De acuerdo con el Ministro, aprobamos algunas enmiendas propuestas por el Gobierno y que en nuestro concepto parecían otorgar el financiamiento adecuado.
El señor Ministro me dijo hace poco que, efectuados los cálculos, faltaban algunas cantidades para financiar la indicación, y que en este instante ha presentado otra en que se elevan algunas tasas aplicables a las tramitaciones judiciales. Desde luego, se aumenta la cuantía de los juicios exentos, de 100 escudos a 2.500; y sobre esta cantidad se elevan más o menos en los mismos términos en que se aumentan las remuneraciones, las tasas que deben pagarse en los juicios.
Con esto, el reajuste del mes de octubre quedaría financiado totalmente, de manera que el proyecto de bonificación aprobado por la Cámara y que discutimos en estos momentos, tiene la importancia innegable de permitir que los trabajadores de los sectores público y privado reciban el reajuste del mes de octubre en esa misma fecha, en la eventualidad de que el proyecto general de reajustes pudiera demorarse en su despacho. Esperamos que ello no suceda, porque el interés de todos es despacharlo antes de fines de octubre.
Los Senadores de la Izquierda Radical votaremos favorablemente el proyecto y las indicaciones presentadas, incluso la del señor Ministro de Hacienda.
El señor REYES.- Deseo formular una consulta.
¿La indicación relativa a impuestos puede tener origen en el Senado?
El señor PALMA (Presidente).- Precisamente estábamos discutiendo esta situación, y en especial lo referente a la enmienda del artículo 15, que implica una serie de nuevos tributos, en circunstancias de que toda iniciativa sobre gravámenes, de acuerdo con la Constitución, ha de tener origen en la Cámara.
Sobre la materia, la Mesa, aunque tiene un criterio formado, quiere que la Sala realice un pequeño debate.
El señor HAMILTON.- Por ahora quisiera referirme exclusivamente al problema de la constitucionalidad de la indicación, aparte el financiamiento previsto en el proyecto de la Cámara, que a juicio de algunos miembros de la Comisión sería suficiente, no sólo para hacer frente a la bonificación compensatoria, sino, además, para el ejercicio por el Gobierno de la facultad que se le otorga en la indicación a que se refirió el Honorable señor Baltra, o sea, para pagar anticipadamente el reajuste de octubre.
Me parece que el financiamiento, que de común acuerdo se buscó en la Comisión, incluso con las modificaciones que se le puedan introducir en la Sala, es procedente desde el punto de vista constitucional, toda vez que lo que exige la Carta Política es que la iniciativa que establece impuestos o contribuciones tenga origen en la Cámara, y el proyecto en debate cumplió tal requisito. Pero el hecho de que la iniciativa haya cumplido lo que estipula al respecto la Carta Fundamental, no significa que el Senado no pueda modificar, alterar o sustituir el financiamiento o tributo.
Este aspecto, por lo demás, se debatió en la Comisión, que en esta oportunidad me correspondió presidir, y la mayoría de sus integrantes - no me atrevo a afirmar que la unanimidad, pues la iniciativa terminó de tratarse a altas horas de la noche - fue partidaria de que no había razón para estimar inconstitucional la indicación a que me refiero.
El señor MONTES.- Quiero ratificar las ideas expuestas aquí por los Honorables señores Baltra y Hamilton. En efecto, la unanimidad de los miembros de la Comisión estuvo de acuerdo en estimar perfectamente constitucional la proposición contenida en el proyecto de ley que nos ocupa; es decir, como susceptible de tratarse y aprobarse por el Senado. Precisamente esa unanimidad permitió aprobar el proyecto en las condiciones en que se ha presentado a la Sala.
Por lo tanto, nuestra posición al respecto es la que he expresado, muy clara.
Nos parece que el Senado deberá considerar tal circunstancia para los efectos de resolver de manera adecuada acerca de la indicación.
Por lo expuesto, consideramos atinado el acuerdo unánime de la Comisión de Gobierno, y esperamos que el Senado lo ratifique esta tarde.
El señor SILVA ULLOA.- Con relación al problema planteado en este instante, juzgo absolutamente constitucional el procedimiento que acordó la Comisión de Gobierno. Tal vez, un ejemplo ilustre mejor el caso: si la Cámara aprueba la idea de legislar sobre un proyecto que constitucionalmente debe iniciarse en esa rama legislativa, pero rechaza todo los artículos sobre su financiamiento, el Senado, al recibirlo en esas condiciones, y como Cámara revisora, tendría la obligación de financiarlo.
En consecuencia, es valedero lo resuelto por la Comisión de Gobierno en la materia en debate.
El señor PALMA (Presidente).- La Mesa desea consultar a la Sala al respecto, pues tiene ciertas dudas, ya que el artículo 45 de la Constitución establece en su inciso final una disposición perfectamente clara.
El señor Secretario dará lectura a la norma señalada.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La disposición constitucional a que se refiere el señor Presidente dice:
Las leyes sobre contribuciones de cualquiera naturaleza que sean, sobre los Presupuestos de la Administración Pública y sobre reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputados. , El señor BALTRA.- El proyecto en debate ya lo tuvo.
El señor PALMA (Presidente).- No, señor Senador. El proyecto que llegó al Senado no establecía tributo alguno. De manera que, en realidad, aquí tendrían origen todos los impuestos.
Sin embargo, como la Sala tiene atribuciones para resolver sobre la materia, consultaré su opinión.
El señor RODRIGUEZ.- Creo que hay unanimidad, señor Presidente.
El señor HAMILTON.- La Constitución no dice que los impuestos deben tener origen en la Cámara, sino las leyes que establezcan el financiamiento. El proyecto en debate altera el financiamiento, pero se inició en la Cámara.
El señor PALMA (Presidente).- El proyecto de la Cámara no establece ni modifica impuesto alguno; de manera que, en realidad, se trata de una situación perfectamente clara. Sin embargo, solicitaré la opinión de la Sala.
El señor BALLESTEROS.- Ruego a la Mesa plantear más precisamente el problema; o sea, qué somete a la consideración de la Sala.
El señor PALMA (Presidente).- Ya lo dije, señor Senador.
En votación la procedencia de la indicación aprobada por la Comisión de Gobierno.
(Durante la votación).
El señor BALLESTEROS.- Estimo que la indicación es procedente.
El proyecto, iniciado en la Cámara, contiene una norma sobre financiamiento. El Senado la ha alterado, adicionándola, dándole una forma diferente a la que le dio la Cámara.
Por lo demás, el precepto constitucional debe entenderse en un sentido riguroso, y es claro al afirmar que las leyes sobre contribuciones de cualquier naturaleza sólo pueden tener principio en la Cámara de Diputados. La ley en proyecto venía con financiamiento y tuvo su origen en la Cámara. Por lo tanto, no podríamos argumentar que el Senado, como Cámara revisora, no puede modificar ese financiamiento en los términos en que lo ha hecho a través de la indicación formulada en la Comisión de Gobierno.
Por ello, estimo que la indicación es constitucional.
El señor AYLWIN.- El artículo 3º del proyecto de la Cámara de Diputados dice textualmente: El financiamiento de esta ley se efectuará con cargo a los mayores rendimientos que produzcan en el presente año las disposiciones tributarias vigentes. Es decir, contiene un financiamiento con cargo a los tributos existentes.
La Comisión ha estimado que frente al reajuste que se otorgará en octubre, idea que se añade a la iniciativa, ese financiamiento adolece de insuficiencia y es necesario otro; y, por lo tanto, lo agrega.
Para mí, existiría problema de inconstitucionalidad si pudiera sostenerse que la idea agregada en el Senado al proyecto no tiene ninguna relación directa con la idea matriz. En ese caso, la inconstitucionalidad nacería de otra razón, de otra norma constitucional. Pero si en el segundo trámite de un proyecto de la Cámara, el Senado estima conveniente introducir normas conexas con el primero que requieren financiamiento, en tanto que el de la Cámara no lo precisaba, no podría decirse que esta Corporación no puede legislar sobre la materia. El proyecto ya tuvo origen en la otra rama del Parlamento. La Constitución Política no dice que toda indicación sobre cuestiones tributarias debe nacer en la Cámara, sino que establece que un proyecto de ley sobre materias tributarias debe cumplir ese requisito, y la iniciativa en votación se ajustó a él.
Por tales razones, voto que sí.
El señor GARCIA.- Voto que sí, por las razones que dará el Honorable señor Bulnes.
El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente, a mí me parece que la indicación es procedente.
Sobre la tramitación de los proyectos de contribuciones hay dos reglas especiales en la Ley Fundamental, contenidas en distintos incisos del artículo 45. El segundo de ellos reserva al Presidente de la República la iniciativa para suprimir, reducir o condonar impuestos o contribuciones de cualquier clase; postergar o consolidar su pago y establecer exenciones tributarias totales o parciales. En este caso, no está comprometida la iniciativa del Primer Mandatario, porque el proyecto y la indicación tienden a establecer Contribuciones, y no a las finalidades que señala el inciso segundo, que son suprimir, reducir o condonar impuestos o contribuciones y establecer liberaciones.
La otra disposición que se refiere a la materia es el inciso cuarto del mismo artículo 45, que dice: Las leyes sobre contribuciones de cualquiera naturaleza que sean, sobre los Presupuestos de la Administración Pública y sobre reclutamiento, sólo pueden tener origen en la Cámara de Diputado.
A mi juicio, este proyecto es una ley sobre contribuciones desde su paso por la Cámara de Diputados, desde el momento en que uno de sus artículos establece que el financiamiento de esta ley se efectuará con cargo a los mayores rendimientos que produzcan en el presente año las disposiciones tributarias vigentes. Destinar los tributos vigentes a un determinado fin es legislar sobre contribuciones.
Ahora, el Senado considera que esa disposición, al dar determinado destino a las contribuciones que ya existen, no es suficiente para financiar el proyecto. Puede, entonces, adoptar otras normas sobre contribuciones, que es lo que haría al aprobar esta indicación. Es decir, sucedería lo que ordinariamente sucede: que determinado financiamiento, basado en contribuciones, se modifica, se amplía, etcétera, en el Senado.
Por lo tanto, me parece que la indicación es procedente.
Voto que sí.
El señor CHADWICK.- Debo decir que estoy enteramente de acuerdo con los fundamentos de voto de los Honorables señores Aylwin y Bulnes.
Me parece claro que el proyecto contiene disposiciones de carácter tributario, por cuanto señala el financiamiento del aumento previsto. En realidad, hay una referencia inequívoca al rendimiento de ciertas contribuciones.
Si el Senado, como lo acaba de advertir el Honorable señor Bulnes, tiene un criterio diferente, no está iniciando ningún proyecto, sino modificando una iniciativa que tuvo origen en la Cámara y que, por lo tanto, se encuentra en el caso previsto en el penúltimo inciso del artículo 45 de la Constitución.
Por lo tanto, estimo que la indicación es constitucional.
El señor REYES.- Considero, probablemente con menos fundamentos jurídicos que los demás señores Senadores, que la iniciativa contenida en la indicación que estamos votando no corresponde al Senado.
Desde luego, resulta curioso que en esta misma sesión se haya acordado enviar a la Cámara un proyecto que destinaba a cierta finalidad un porcentaje del impuesto territorial, por estimarse que sólo esa Corporación podía pronunciarse al respecto.
En el proyecto de la Cámara no se establecieron nuevas contribuciones; pero el Senado, a raíz de que aumentó los beneficios, estatuyó nuevos tributos. A mi juicio, si diéramos validez a este sistema, significaría que la norma constitucional pertinente es un tanto anacrónica, por decirlo así.
Aun cuando es un poco absurdo que sólo una de las ramas del Congreso tenga el privilegio de pronunciarse inicial-mente sobre disposiciones de este tipo, me parece que si para lo futuro adoptamos como norma que el Senado puede ampliar indefinidamente los márgenes de financiamiento, iremos por muy mal camino.
Por eso, voto negativamente.
El señor HAMILTON.- Me pronuncio
El señor HAMILTON.- Me pronuncio por la constitucionalidad. Ya di las razones que me inducen a proceder así.
Se declama precedente la indicación (18 votos contra 6 y 2 pareos).
El señor FIGUEROA (Secretario).- En primer término, la Comisión de Gobierno recomienda aprobar los tres artículos de que consta el proyecto de la Cámara en los mismos términos en que lo despachó ésta.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán.
Aprobados.
El señor FIGUEROA (Secretario).- El Honorable señor Silva Ulloa formula indicación para agregar en el artículo 1º, después de las palabras un aguinaldo, el término extraordinario. El precepto quedaría de la siguiente manera en la parte pertinente: un aguinaldo extraordinario de Fiestas Patrias.
El señor SILVA ULLOA.- Pido la palabra.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, como el proyecto volverá en tercer trámite a la Cámara, propongo, para evitar dificultades, porque muchos trabajadores del sector privado tienen establecido en los convenios pertinentes el aguinaldo de Fiestas Patrias, estatuir en la ley, no obstante hallarse consignado en su historia y haberse expresado así en la Cámara Baja, que se trata de un aguinaldo extraordinario.
Por eso formulé la indicación, y me parece conveniente aprobarla, para evitar dificultades posteriores.
El señor CARMONA.- Señor Presidente, deseo aclarar una duda que tengo sobre la redacción del proyecto y su alcance.
Dado que la Sala estimó constitucional la indicación que analizamos denantes, me merece dudas la expresión Concédese a todos los trabajadores del sector público. ¿Qué alcance tienen los términos trabajadores del sector público? ¿Se incluye también a los personales del Ministerio de Defensa Nacional, de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros?
El señor BALTRA.- Sí, señor Senador.
El señor HAMILTON.- Se los considera claramente.
El señor CARMONA.- Tengo dudas, y las expreso por una razón sencilla.
En el artículo 1º del Título I, consignado en el artículo 1° transitorio, que establece determinadas normas a que deberá sujetarse el ejercicio de la facultad otorgada al Presidente de la República para reajustar transitoriamente, por el mes de octubre de 1972, las remuneraciones de los trabajadores del país, se emplea nuevamente la expresión de los trabajadores del sector público, agregándose incluidas las de las municipalidades y excluidas las horas extraordinarias. . . Después, en el artículo 12 de dicho Título se dispone: Para los efectos del presente Título, se declara que la palabra trabajadores comprende a empleados y obreros. Entiendo que esta clasificación no es propia respecto del personal en servicio activo del Ministerio de Defensa Nacional ni de los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, especialmente. Por lo demás, así se ha establecido durante el estudio de diversas normas legales. Al tratarse los proyectos de reajustes, se ha estudiado en forma separada lo atinente al personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Por lo tanto, formulo la consulta antes de la votación, y desearía que el señor Ministro de Hacienda la absolviera. Al mismo tiempo, sugiero la posibilidad de aprobar una indicación aclaratoria en este sentido, luego de las observaciones que se formulen. 
El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, debo expresar en primer término que comparto plenamente la indicación del Honorable señor Silva Ulloa.
Respecto de las observaciones de Su Señoría, debo indicar que el mensaje del Ejecutivo hablaba de un bono compensatorio. Nos parecía que, jurídicamente, se, trataba de eso y que, a la vez, en el plano económico el beneficio otorgado se podía definir en tal forma. La Comisión de Hacienda de la Cámara prefirió el término aguinaldo. Hubo consenso en el sentido de que ello no modificaba en modo alguno el carácter ni el significado de dicho beneficio, pues tan sólo se determinaba de manera diversa, considerándose que se trataba de una bonificación compensatoria otorgada para paliar la situación de emergencia originada a raíz de los reajustes de precios experimentados en el último tiempo, que han afectado particularmente los presupuestos para alimentación de cualquier familia.
Surgió alguna inquietud, primero en la Cámara y luego en la Comisión de Gobierno del Senado, en el sentido de que el término aguinaldo podría revestir un alcance que excediera lo que realmente implica, pues sería factible considerarlo incompatible con beneficios establecidos en pactos, contratos de trabajo o convenios colectivos, denominados también aguinaldo y que se otorgan precisamente con motivo de las Fiestas Patrias.
Al respecto, declaré en la Cámara - todos los sectores de esa rama del Congreso expresaron el mismo criterio - que estaba muy claro que ese beneficio era absolutamente compatible con todos los sistemas o modalidades anexas a las remuneraciones que rigen de acuerdo con contratos de trabajo, con la legislación vigente, con convenios colectivos, con laudos arbitrales, con resoluciones de comisiones tripartitas, con decisiones o proposiciones de juntas de conciliación que hayan aprobado las partes. Es decir, de ninguna manera se interfieren otros beneficios ni se posibilita la deducción de beneficios adicionales; tampoco se da margen a la aplicación de impuestos ni a la deducción de imposiciones.
La indicación del Honorable señor Silva Ulloa, al hablar de aguinaldo extraordinario, contribuye a reafirmar aún más ese criterio. Estimo conveniente la proposición de Su Señoría, pues ayuda a esclarecer el proyecto.
En todo caso, es indispensable dejar constancia de que se trata de un beneficio extraordinario compatible con cualquier otro que deba otorgarse en virtud de las razones que señalé.
Con relación a lo planteado por el Honorable señor Carmona, debo manifestar que para el Gobierno es absolutamente claro -ése es el criterio de los abogados del Ministerio de Hacienda- que al no hacer mención de los trabajadores de la Administración Civil estamos refiriéndonos absolutamente a todos los servidores públicos, y que quedan expresamente comprendidos los miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros de Chile. Para nosotros, ello es muy claro, y la Cámara compartió este criterio.
En todo caso, con relación a beneficios de esta índole, el Ejecutivo estima que lo que abunda no daña, y que, por ende, cualquier indicación destinada a introducir una aclaración suplementaria de ningún modo es inconveniente.
En consecuencia, estamos de acuerdo con la proposición del Honorable señor Carmona de establecer expresamente, tanto respecto de los beneficios estatuidos en el articulado permanente como de los establecidos en las normas transitorias, que se incluyen a los miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, porque ése es el propósito de la iniciativa.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Y también al Servicio de Investigaciones.
El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Indudablemente, señor Senador, porque se trata de todos los servidores públicos, sin excepción.
Aprovecho la oportunidad para señalar, respecto de lo manifestado anteriormente por el Honorable señor Baltra, que, en cuanto al dictamen de la Contraloría como lo indicó el señor Senador y como se señala en el informe pertinente, basándome en datos que recogió con antelación el Ministerio de Hacienda y en expresiones que vertió en la Cámara el Diputado por Linares señor Jorge Ibáñez, ex Director General de Correos y Telégrafos, es claro que dentro del concepto de trabajadores del sector público están comprendidos los valijeros y agentes postales subvencionados.
Hoy requerí nuevos antecedentes sobre la materia. Se me dijo que sería factible que el dictamen de la Contraloría se entendiera relacionado con una interpretación concreta, con una situación casuística, y que no definiera en términos absolutos la calidad de empleado público, la calidad de trabajadores del sector público de esos funcionarios.
Siendo propósito del Gobierno que todos ellos reciban la bonificación, y sintiéndose vinculado al compromiso de pagarles el aguinaldo, he formulado indicación para expresarlo taxativamente en el texto de la iniciativa en estudio, mediante un artículo nuevo que se agregaría a continuación del que señala en forma categórica que el beneficio alcanza a todo el personal pasivo, a todos los servidores públicos, a la totalidad de los trabajadores del sector privado y a quienes actualmente gozan de los beneficios de la jubilación o de pensiones de cualquier especie.
Se aprueba la indicación del Senador Silva Ulloa.
El señor FIGUEROA (Secretario).- El Honorable señor Carmona formula indicación para agregar en el artículo 1º, después de las palabras del sector público, lo siguiente: incluido el personal del Ministerio de Defensa Nacional y de Carabineros de Chile, de las Municipalidades, etcétera, y se hace extensiva la adición al artículo 1º del Título I, Reajuste del sector público.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, atendidas las explicaciones que dio el señor Ministro de Hacienda, se aprobará la indicación.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿Me permite, señor Presidente?
Deseo manifestar mi complacencia por la indicación del Honorable señor Carmona y las expresiones que acabamos de oír al señor Ministro de Hacienda.
En la tarde de ayer, durante una reunión celebrada en la Comisión de Defensa Nacional, señalamos nuestro propósito de hacer extensivo a las Fuerzas Armadas, tanto al personal en actividad como al pasivo, el beneficio que consagra el proyecto de ley en estudio. El Honorable señor Carmona, con quien ayer estuvimos de acuerdo, propone ahora incorporar la norma pertinente.
Por último, nos complacen plenamente las expresiones con que el señor Ministro de Hacienda hizo presente que el proyecto beneficiará a ambos sectores.
Nos congratulamos, igualmente, de la preocupación que tuvo nuestro colega el Honorable señor Baltra tendiente a no marginar a un sector tan modesto como es el de los valijeros y subvencionados de Correos y Telégrafos. Nuestro Honorable colega, como es su costumbre, mostró una acuciosidad que permitió incluir a aquéllos en la iniciativa que estamos discutiendo.
Por eso, los Senadores de estas bancas concurriremos con agrado a la aprobación del proyecto.
El señor BALLESTEROS.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor BALLESTEROS.- Sólo quiero dejar constancia de que, de acuerdo con lo manifestado por el señor Ministro, que en este caso traduce el sentir del Ejecutivo, la expresión trabajadores del sector público es amplia y comprende a todos aquellos servidores que reciben una remuneración del Estado o de los organismos que el Estado subvenciona, sin excepción alguna. Y que el hecho de agregarse en forma explícita al Ministerio de Defensa o a las municipalidades, no quiere decir que se esté quebrando de ninguna manera esta norma general, sino que simplemente se está precisando la misma norma.
Deseo que quede constancia de este hecho para los efectos de una posterior interpretación del texto legal.
Se aprueba la indicación.
El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, hay una indicación de los Honorables señores Moreno y Valenzuela para agregar en el inciso primero del artículo 1º, después de la expresión obreros, lo siguiente: como asimismo a todos los campesinos vivientes en los predios sometidos al proceso de la reforma agraria.
El señor PALMA (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor HAMILTON.- Señor Presidente, esta indicación, formulada por el Honorable señor Moreno, quien lamentablemente no está en la Sala en estos momentos - creo que ella corresponde al espíritu del proyecto - tiene por objeto que reciban el aguinaldo o bonificación compensatoria no sólo los asentados, sino también todos aquellos otros trabajadores de la tierra y del área reformada que no tienen jurídicamente la calidad de asentados, como es el caso de los que pasaron a formar comités o de los que están pasando a constituir cooperativas campesinas antes o después del período propiamente de asentamiento, que es el que recoge expresamente el proyecto en debate.
En realidad, me parece que aquí ha habido una inadvertencia tanto de parte del Ejecutivo como también nuestra en la Comisión, porque, inspirados en el mismo criterio, entendimos que en la palabra asentados estaban incluidos todos.
Esa es la razón que justifica la indicación presentada por el Honorable señor Moreno.
El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- ¿Me permite, señor Presidente?
En el artículo 1º del proyecto figura un inciso que dice:
Las personas que trabajan dentro del sector reformado por la ley Nº 16.640 - o sea, se refiere ampliamente a la ley de Reforma Agraria y a todas sus consecuencias jurídicas - sea en calidad de empleados u obreros, de asentados o en cualquiera otra situación jurídica, recibirán igual aguinaldo, el que será de cargo y deberá serles pagado por quienes les cancelen el sueldo o salario de subsistencia.
Esto fue considerado muy ampliamente en la Cámara. En primer lugar, en ese debate manifesté el criterio del Ejecutivo en el sentido de que tanto el asentado como el empleado u obrero, en todos los tipos de organizaciones derivadas del proceso de reforma agraria, como el miembro o socio de un centro de reforma agraria, como el integrante de un comité campesino, como el socio de una cooperativa de reforma agraria o como el campesino que se encuentra en cualquiera otra relación jurídica, todos ellos deberían percibir el aguinaldo. Por eso, en la Cámara se entregó esta redacción extraordinariamente amplia, que habla tanto de quienes, están en calidad de empleados u obreros como de quienes lo están en calidad de asentados o tienen cualquiera otra situación jurídica.
Ahora bien, la Cámara consideró unánimemente que, de acuerdo con los antecedentes que entregué en nombre del Gobierno, la forma más procedente de hacer realmente efectivo este aguinaldo consiste en que sea pagado por los que cancelan el sueldo o salario de subsistencia, para lo cual existe determinado procedimiento. De conformidad con éste, el Banco del Estado debe entregar los préstamos correspondientes, y esto debe efectuarse con el aval de la Corporación de la Reforma Agraria. Entonces, existe un mecanismo que puede significar que automáticamente, al promulgarse la ley, se pueda entregar el dinero y los campesinos puedan percibir el aguinaldo con prontitud, en las mismas condiciones en que ordinariamente reciben sus sueldos y salarios, o sea, el anticipo de subsistencia, como ellos lo denominan.
El Ejecutivo considera que en los términos como está resuelto el problema, mediante el texto aprobado por la Cámara, se soluciona cualquier dificultad que pudiera haber al respecto, ya que el precepto es suficientemente amplio.
El señor MORENO.- Pido la palabra.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORENO.- Señor Presidente, la verdad es que la explicación que he escuchado al señor Ministro de Hacienda me refuerza en cuanto a la necesidad de aprobar la indicación que he presentado junto con el Honorable señor Valenzuela.
Los términos en que está redactado el proyecto del Gobierno permiten concluir que se beneficiará a quienes trabajan dentro de algunas de estas organizaciones derivadas del proceso de reforma agraria. Pero ocurre que hoy día en el país se está provocando una situación extraordinariamente crítica en un número muy amplio de predios que están sometidos a dicho proceso, en donde hay campesinos vivientes de esos predios y que serían beneficiarios de la ley mencionada, si ella se aplicara correctamente. Sin embargo, estos trabajadores están siendo hoy día segregados: no se les da trabajo ni disponen de ninguna fórmula jurídica que les garantice su derecho a percibir un crédito, anticipo o cualquiera otra forma económica de subsistencia.
Quiero, explicar que he redactado mi indicación precisamente a raíz de lo ocurrido hace media hora en las oficinas de la CORA, donde quedó constatado que si la indicación no se aprueba, habrá cientos de campesinos que no percibirán el beneficio que concede este proyecto. Y esto, aparte todas las injusticias que se están cometiendo con aquéllos.
La Honorable señora Carrera, que es Senadora también por la provincia que yo represento, conoce la situación que ocurre - lo señalo a vía de ejemplo y para tipificar el problema - en el predio llamado El Almendral, ubicado en la comuna de Chépica, en la provincia de Colchagua. Este predio, que tenía 23 campesinos vivientes, fue expropiado el 11 de enero del año en curso. La CORA tomó posesión material de él el 16 de mayo pasado. Ese día se constituyó el centro de reforma agraria, organismo que legalmente no está autorizado para operar de acuerdo con la ley 16.640 ni por ninguna otra legislación.
Diecinueve de los veintitrés campesinos, quienes viven 28, 22 y 16 años dentro del predio, no aceptaron la constitución del centro de reforma agraria e hicieron uso de la atribución que la ley les concede para constituir su asentamiento. Así consta, precisamente, en el acta que tengo a la mano y que fue firmada por todos ellos.
Pues bien, ¿qué ocurrió? Los funcionarios de la CORA procedieron a marginar del predio a esos 19 trabajadores e incorporaron, en su reemplazo, a 20 obreros cesantes traídos de San Fernando y de otras comunas, a los cuales les han dado los créditos, las maquinarias y todos los elementos para trabajar. Estos campesinos están sin salarios, sin crédito, sin ningún elemento de mantención desde el 16 de mayo hasta hoy día.
El miércoles pasado el Vicepresidente de la CORA, don Hugo Díaz, concurrió a la sesión de la Comisión de Agricultura del Senado, conversó con los campesinos de El Almendral que estaban aquí y los citó a su oficina para hoy a las cuatro de la tarde, a fin de dar solución al problema. ¿Qué sucedió? En el entretanto, el Vicepresidente de la CORA, militante del Partido Comunista, mandó un funcionario de ese organismo al predio y allí se realizaron dos reuniones. De éstas se ha dejado constancia en un acta que aparece firmada por el respectivo funcionario de la CORA, que me fue entregada esta tarde, en cuyo punto 3º se establece que para utilizar el sistema crediticio del Banco del Estado con que está operando actualmente el predio, se continuará por este año agrícola con el Centro de Reforma Agraria y posteriormente se resolverá.
Pues bien, ¿qué ha ocurrido? Hoy día, a las 4 de la tarde, y acompañando a los 20 campesinos que en estos momentos están en la sala de lectura del Senado, fuimos a la CORA con el Diputado Anatolio Salinas, de la provincia de Colchagua, y con dirigentes del predio. Llegamos a la hora convenida, y el Vicepresidente de dicho organismo, que tenía anotada la hora en que recibiría a estos dirigentes, sabiendo además que junto con ellos concurrirían el Diputado Salinas y el Senador que habla, se negó a dejar entrar a esos trabajadores al edificio. Yo he tenido que abrirme paso hasta el séptimo piso, con el objeto de exigir ser oídos. El Vicepresidente mencionado se negó a recibir a los campesinos, a esta gente que no está beneficiada por ley alguna y a la cual el proyecto del Gobierno no le da ninguna garantía, porque se trata de cesantes, de obreros despedidos por el actual Gobierno, sin derecho a trabajar ni a percibir aguinaldo alguno.
Por eso, conociendo esta situación que he señalado con nombres, apellidos, fechas y hechos, y el señor Ministro de Hacienda podrá comprobar si llama de inmediato por teléfono, he formulado esta indicación para que todos los vivientes de los predios afectados por el proceso de la reforma agraria sean beneficiarios de la legislación que nos ocupa, con cargo a los fondos fiscales y que el Gobierno deberá poner a disposición de la CORA.
Además, dejo estampada mi protesta por el acto de atropello de que han sido víctimas estos campesinos.
El señor SILVA ULLOA.- ¿Me permite, señor Presidente?
Confieso que no soy experto en los problemas de la ley 16.640 y que sólo valorizo la disposición de acuerdo con el texto que tengo a la mano.
Creo que el problema de todos los afectados, de una u otra manera, por el proceso de la reforma agraria, está comprendido en el inciso que el señor Ministro ya analizó más latamente. Pero si así no fuera, lamentaría mucho que una iniciativa como la del Honorable señor Moreno no se pudiera tratar, ya que, por significar mayor gasto, necesita, para ser tratada, el patrocinio del Presidente de la República.
Por lo tanto, me quedo con la explicación del señor Ministro, en el sentido de que en el artículo respectivo están incorporados todos los trabajadores.
El señor MORENO.- ¿Y qué ocurre con aquellos a los cuales no se les da trabajo?
La señora CARRERA.- Porque los agitadores van a decirles que no acepten nada.
El señor SILVA ULLOA.- Si el objeto de la indicación coincide con la explicación dada por el Honorable señor Moreno con mucha insistencia, la verdad es que ella no se podría tratar, ya que al incorporar a personas no comprendidas en el proyecto, implica mayor gasto.
Es la explicación que quería dar.
El señor HAMILTON.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
Yo pienso que este asunto, en realidad, no da para elevarlo a la categoría de problema constitucional, pues todos concordamos en que el beneficio que consigna el proyecto corresponde tanto a los trabajadores del sector público como a los del privado, activos y pasivos, uniformados o civiles.
A mi juicio, todas las indicaciones, y entre ellas también las de los Honorables señores Carmona y Moreno, tienden a aclarar la ley, con el objeto de que el propósito central se cumpla. Sin embargo, y tal como lo expresó en su explicación el Honorable señor Moreno, hay algunos trabajadores que por la situación especial en que se encuentran no quedarían incluidos en dicho beneficio, a pesar de que no es ése el propósito que persigue el proyecto del Gobierno ni tampoco el Congreso.
Por eso he dicho que hubo inadvertencia de parte nuestra en la Comisión al no incluirlos, por no conocer, dentro de la nomenclatura o de la realidad que se vive hoy día en el campo, este tipo de trabajadores, que no están incluidos en ningún tipo de situación jurídica especial, pero que son trabajadores que tienen ese derecho y que nadie se lo ha querido negar. Por lo tanto, se trata de una simple indicación aclaratoria.
La señora CARRERAS- Efectivamente, conozco el caso de El Almendral. En ese fundo se hizo la reforma agraria, pero los campesinos, a quienes se ofreció todas las ventajas de dicha reforma se negaron a ellas, instigados por agitadores profesionales.
Pues bien, además de negarse a ello, tienen tomado el predio. Yo no tengo informadores especiales de la CORA, y por lo tanto no sé qué ha pasado en la última hora; pero sí sé que hasta hace pocos días esos trabajadores tenían tomado el predio y que ha habido allí enfrentamientos entre campesinos, incluso un campesino herido.
Quiero, además, llamar la atención hacia otro hecho que tal vez la Comisión no ha tomado en cuenta y que sería bueno investigar y que se conozca: la actitud que han tomado ahora los tribunales agrarios en distintos puntos del país, de no permitir, en 200 predios que suman miles de hectáreas de terreno arable y de regadío, en algunos casos, actos de posesión por parte de la CORA, y, en otros, actos de reforma agraria, de tal manera que no se sabe qué son jurídicamente los trabajadores de esos predios. Y habría que ver también quién les va a pagar a ellos el aguinaldo.
A pesar de la denuncia de algunos señores Senadores que rasgan aquí sus vestiduras porque hay pocos alimentos, dicen, en los mercados y almacenes, no se hace nada para que esos predios sean sembrados; y estamos en condiciones de afirmar que tal vez el 80% de los terrenos que producen las hortalizas que alimentan a la población de Santiago no están preparados, y ni siquiera lo están los almacigos, porque no se pueden hacer allí actos de reforma agraria, y mal podría la CORA pagar aguinaldos.
Hago esta denuncia en contra del Poder Judicial y del Colegio de Ingenieros Agrónomos, dominados por el Partido Nacional y el Partido Demócrata Cristiano, que impiden que esos fundos se trabajen.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Concedo una interrupción al Honorable señor Moreno.
El señor MORENO.- Parece que la señora María Elena Carrera no ha escuchado ni leído el discurso que pronunció el domingo pasado el Ministro de Agricultura, señor Jacques Chonchol, en Temuco, en donde declaró que no tiene dinero para explotar los predios expropiados y de los cuales debería tomar posesión material la Corporación de la Reforma Agraria. Eso fue publicado en la prensa de la propia Unidad Popular. Basta con leerlo.
La señora CARRERA.- ¿Me permite usar de la palabra, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Lo que ha explicado el señor Moreno en cuanto a la situación en que se encuentra un gran número de campesinos es una realidad. En el caso específico que se ha señalado, de los campesinos del fundo El Almendral, de la comuna de Chépica, sucede que ellos desean tener determinada calidad jurídica: la de asentados. Y la ley de Reforma Agraria les da la posibilidad de que así sea. Pero, desgraciadamente, no se les ha aceptado, y, como lo he dicho en otras oportunidades, se les ha presionado de tal manera que tengan que aceptar otra condición, que no es la que ellos desean, en el trabajo del sector reformado.
Y me extraña que una colega Senadora, que es revolucionaria, hable de agitadores profesionales, pues tales eran los términos que empleaba la Derecha. La Derecha es la que hablaba siempre de los agitadores profesionales en los campos, en las actividades industriales, en fin, entre los trabajadores. Esto me extraña profundamente, porque, en realidad, significa algo así como negar que puedan existir dirigentes de los trabajadores que tengan la obligación de luchar por sus compañeros de labores, a fin de dar solución a sus problemas. Esas personas son las que antes se llamaban agitadores profesionales. ¡Y ahora los sectores de la Izquierda llaman del mismo modo a los dirigentes de los trabajadores!
Creo que ha sido un lapso de mi distinguida colega haber empleado esa expresión; pero quiero hacérselo presente, porque me parece que no se puede hablar en esta forma, que resulta despectiva, al referirse a los dirigentes de los trabajadores. Nosotros tenemos mucho respeto por ellos, y por esto señalamos, en esta oportunidad, que eso no es real.
Por último, quiero hacer presente que los campesinos que en diversos lugares del país se encuentran todavía, por los problemas que hemos mencionado, en la situación de no tener condición jurídica determinada, no quedarían incluidos en la disposición pertinente del proyecto en debate, a pesar de lo que ha expresado el Ministro de Hacienda, señor Millas, cuya intención entiendo perfectamente y que es absolutamente amplia. Yo creo que el Ejecutivo tiene la intención de incluirlos en la bonificación, porque esto es lo que hemos escuchado de labios del señor Ministro de Hacienda. Me parece que, puesto que tal es el espíritu de la ley en debate y el que inspira al Ejecutivo, cabe perfectamente la indicación que conmigo Tía presentado al señor Moreno; y que ella, tal como lo ha expresado el Presidente de la Comisión de Gobierno, Honorable señor Hamilton, no requeriría el patrocinio del Ejecutivo, porque implícitamente estaría en las palabras del señor Ministro de Hacienda dicho patrocinio, en el caso de que formalmente fuera necesario en este caso.
A mi juicio, las formas no tienen importancia. Lo que la tiene es el fondo de los problemas, y respecto del fondo de este asunto el señor Ministro de Hacienda, como representante del Ejecutivo, ha señalado en esta Sala cuál es el criterio del Gobierno: el de que no quede ningún trabajador al margen de este aguinaldo o bonificación compensatoria.
El señor LUENGO.- Señor Presidente, respecto de esta indicación del señor Moreno, quiero empezar por decir que concuerdo absolutamente con lo expresado por el señor Silva Ulloa en cuanto a que si esta indicación realmente fuera necesaria, estaría excediéndose de los márgenes del proyecto, y para que pudiera ser tratada y aprobada por nosotros requeriría el patrocinio del Ejecutivo. En efecto, la indicación habla de conceder el beneficio de esta iniciativa a todo campesino viviente mayor de 18 años. O sea, se refiere a personas posiblemente no incluidas en el proyecto, que serían cuáles. Por ejemplo, aquellas que no trabajan en el predio. Si la persona no trabaja en el predio no tiene patrón, sea éste la CORA o un particular, y, por lo tanto, no tendría derecho a percibir el aguinaldo, porque para ello debe empezar por tener un patrón.
Ahora bien, la situación a que se refería el señor Moreno es la de campesinos determinados que, según él, habrían sido despedidos por la CORA o a los que no querría reconocérseles la condición de trabajadores del predio. Yo concuerdo con lo expresado por el señor Ministro de Hacienda en el sentido de que esa gente tendría que estar incluida en el inciso que se refiere al sector reformado, que dice: Las personas que trabajan dentro del sector reformado por la ley Nº 16.640, sea en calidad de empleados u obreros, de asentados o en cualquiera otra situación jurídica, recibirán igual aguinaldo. Entonces, si en un predio de la CORA hay un conflicto respecto de determinados obreros o empleados a los cuales la CORA no quiere reconocer su calidad de tales, ese conflicto estarán conociéndolo seguramente los tribunales de justicia, los que serán quiénes digan si debe reconocérseles a los afectados la calidad de trabajadores del fundo y si, en consecuencia, tienen los mismos derechos que los demás, en cuyo caso no podrían quedar excluidos del aguinaldo. Pero es evidente que el proyecto no puede comprender a personas que no son efectivamente obreros sino sólo vivientes dentro del fundo. Para que ellas pudieran percibir el aguinaldo, se necesitaría patrocinio del Ejecutivo.
Y como han coincidido todos los Senadores en que la disposición del proyecto es amplia, que comprende a todos los trabajadores, sean empleados u obreros, asentados o tengan cualquiera otra condición jurídica, entiendo que precisamente tal concordancia de todos los Senadores es un antecedente que servirá mañana para interpretar la ley y para, en consecuencia, no dejar al margen del beneficio a quienes hayan estado ahora en conflicto con los que aparecen como sus patrones.
El señor MORENO.- Yo quisiera formular directamente al señor Ministro de Hacienda la consulta.
Señor Ministro, ¿considera usted que esos trabajadores que hoy no están sometidos a ninguna forma jurídica, en el predio a que me he referido y en muchos otros predios a lo largo del país, son beneficiarios del proyecto del Ejecutivo, o que no lo son?
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.
El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Yo considero que los términos en que la Cámara de Diputados redactó finalmente el respectivo inciso, al referirse a todos los que trabajan dentro del sector reformado, incluyen en forma suficientemente clara el caso de cualquier predio que haya sido afectado por las disposiciones de la ley Nº ,16.640, sea que esté en vías de expropiación, etcétera, o, con mayor razón, que haya sido expropiado; y que, en consecuencia, incluye a todos los que trabajan en esos predios.
Considero que si en la nueva organización que se da al predio o que éste esté en proceso de adquirir, no se ha regularizado la calidad de asentados, de empleados o de obreros, o cualquiera otra situación en que se encuentren, se trata de gente que trabaja en un predio que está en el sector reformado. No se habla aquí de que tengan cualquier otro tipo de contrato, cualquier otro tipo de relación jurídica siquiera. Los términos son mucho más amplios, pues la disposición dice cualquiera otra situación jurídica. Esta otra situación jurídica puede ser la de no haberse regularizado su contrato, su sistema de pertenencia, sea el centro de reforma agraria, el comité campesino o el asentamiento. Si se trata de trabajadores del predio, creo que cualquiera que sea su situación jurídica, quedan incluidos. Este ha sido el propósito del Gobierno y el de la Cámara de Diputados.
Me parece, en cambio, que lamentablemente la indicación del señor Moreno - la escuché con atención - pudiera incluir, sí, a cesantes del campo, sin ninguna vinculación con el predio mismo. Me parece que, por los términos en que está redactada, presenta una ambigüedad de hecho.
Pero la situación que ha expuesto concretamente el señor Senador es muy clara para mí. Inequívocamente, de acuerdo con el texto despachado por la Cámara, los trabajadores cuya situación jurídica no se ha esclarecido pero que, por lo tanto, tienen alguna situación jurídica, precisamente la que están reclamando o cualquiera otra, y son trabajadores que están dentro de un predio incorporado al sector reformado, afecto a la ley Nº 16.640, son beneficiarios del bono compensatorio o aguinaldo, como se le quiera llamar, que establece este proyecto de ley.
El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar el señor Moreno.
El señor MORENO.- De las explicaciones del señor Ministro de Hacienda se desprende con claridad que la indicación que conjuntamente con el señor Valenzuela he presentado no tiene por fin otorgar beneficios a personas que no hubieran estado comprendidas en el criterio del Ejecutivo. Es lo que se desprende en forma fehaciente de lo que acabo de escuchar al señor Ministro de Hacienda. En consecuencia, los argumentos de los Senadores señores Silva Ulloa y Luengo no se ajustan al criterio del señor Ministro de Hacienda. Esto, en primer término.
En segundo término, quiero expresar que la duda o el temor que asiste al señor Ministro de Hacienda en el sentido de que la indicación que hemos presentado podría beneficiar a algunos cesantes que se encontraran dentro de los predios expropiados, o sea, de los predios afectados por el proceso de reforma agraria, realmente es inaceptable. Porque si hay un criterio que este Gobierno ha defendido y que ha enfatizado, es de argumentar que la creación de los centros de reforma agraria o los comités es precisamente para incorporar y beneficiar a los trabajadores que estuvieran cesantes. Por lo tanto, la indicación que hemos presentado tiene un fin aclaratorio y la considero pertinente, y, más que nunca, atendiendo a la respuesta del señor Ministro de Hacienda, la renuevo y mantengo.
El señor MONTES.- No podría decir que desgraciadamente, pero, de alguna manera, la discusión se ha desviado hacia la táctica, lo que está ocurriendo en el campo, la situación de la reforma agraria, a propósito de la indicación presentada.
Deseo volver al proyecto propiamente tal, y al significado de la indicación en debate.
Con respecto a la última afirmación del Honorable señor Moreno, es evidente que su indicación incorpora a otros sectores no consignados en el proyecto.
Cualquiera que sea la opinión que tengamos acerca de la justicia o injusticia de la situación de que se trata, ése es otro problema, al cual no deseo referirme en esta oportunidad. Quiero referirme al problema concreto planteado aquí por el Honorable señor Silva Ulloa. Y recurriré también a un ejemplo, para explicarme mejor. Es efectivo que todos los trabajadores no percibirán la bonificación. Entre ellos están los trabajadores particulares. ¿Qué pasa con los zapateros y con los que trabajan en la calle en cualquiera otra actividad? Según las disposiciones del proyecto, no recibirán bonificación.
De modo que si una indicación incorpora a esos sectores a los beneficios del proyecto, debe ser patrocinada por el Ejecutivo, toda vez que significa un nuevo gasto. Desde este punto de vista aprecio la indicación formulada por el Honorable señor Moreno, independientemente – repito - de la consideración que pueda merecernos el problema planteado por el señor Senador.
El señor VALENZUELA.- ¿Me permite una interrupción?
El señor MONTES.- Con mucho gusto.
El señor VALENZUELA.- Debo advertir al Honorable señor Montes que el problema preciso que se ha planteado es que a los trabajadores del sector reformado, que durante muchos años laboraron bajo el régimen del latifundio, al ser expropiados los predios por la CORA y encontrarse en discusión el aspecto jurídico, es decir, si se trata de asentamientos o de centros de reforma agraria, no se les deja, desgraciadamente, trabajar en dichos predios. Esta es la realidad: no se les permite laborar en ellos; pero viven en el lugar desde hace muchos años, como también lo hicieron sus antepasados. ¿Es justo, acaso, dejarlos al margen de la bonificación? Estimamos que no lo es. Por eso, consideramos que lo expresado por el señor Ministro es perfectamente atinente en el sentido de que la indicación es aclaratoria del pensamiento central del Ejecutivo manifestado por Su Señoría.
Tal es la explicación que deseaba proporcionar al Honorable señor Montes respecto del fondo del problema.
El señor MONTES.- En esto estamos de acuerdo. La exposición del señor Ministro y la opinión que dio acerca de la pregunta directa y concreta formulada por el Honorable señor Moreno, fue suficientemente clara. Sin embargo, el problema se presenta cuando, por medio de indicaciones eventualmente aclaratorias, pudieran establecerse no precisamente aclaraciones, sino oscurecimientos acerca del significado real y concreto de la disposición que estamos tratando. Tan así es que, a propósito de una situación debidamente esclarecida también por el señor Ministro de Hacienda la referencia a los empleados públicos y a las Fuerzas Armadas; indicación que, a nuestro juicio, estaba demás, se aceptó la indicación formulada por el Honorable señor Carmona. Pero a continuación intervino el Honorable señor Ballesteros con el objeto de establecer que la indicación aclaratoria del Honorable señor Carmona no significaba una interpretación distinta de la que realmente tiene. Porque bien pudiera ocurrir, si en el término Administración Pública se incluyera a las Fuerzas Armadas, que se estimara que algún sector ya no pertenece a esta denominación, pues se ha entrado a discriminar. Es decir, se ha pasado de lo general a lo particular, y entonces podría haber una interpretación distinta.
Pues bien, la denominada aclaración propuesta por el Honorable señor Moreno a raíz de este problema, ilustrada por la dramática intervención que realizó en esta Sala...
El señor MORENO.- La verdadera situación.
El señor MONTES.- Dramática no significa falsa; significa dramática.
Hemos tratado de comprobar lo que efectivamente ocurrió. Y los sucesos se ajustaban al relato del señor Senador, pero no en los términos dramáticos en que él los planteó, sino un poco menos. Pero es efectivo que la entrevista se celebraría en el día de hoy. Hicimos las consultas del caso y comprobamos que se produjo un error de la secretaría, no del compañero. El Honorable señor Moreno sonríe con incredulidad. En fin, él proporcionó su versión de los hechos y yo he dado la mía. Se nos explicó cuál fue la situación, la cual, por cierto, no compartimos, porque no creemos que en esa institución se haya dejado esperando a los campesinos, como él lo señaló. No creemos que haya ocurrido de esa manera. Y este criterio lo comparte también el Vicepresidente de CORA, el compañero nuestro a que hizo referencia el Honorable señor Moreno. Digo lo anterior sin que nadie me lo pregunte, a fin de que se aprecie la opinión que tenemos acerca del incidente.
Hice tal aclaración como una especie de acotación al problema de fondo.
Insisto en que, independientemente de la justicia o injusticia planteada, hay además un imperativo de procedencia. Y naturalmente la opinión entregada aquí por el Honorable señor Silva Ulloa en el sentido de que una proposición que incorpora a sectores que no figuran en el proyecto que discutimos no es procedente, porque implicaría, eventualmente, un mayor gasto, la compartimos plenamente. No tenemos atribuciones constitucionales para actuar en esta forma.
Por lo tanto, respecto de la indicación que con tanto énfasis reiteró el Honorable señor Moreno, tenemos un criterio formado, que es el que hemos dado a conocer.
El señor PABLO.- La verdad es que el señor Ministro de Hacienda dejó muy en claro que esas personas serán también favorecidas. Pero, a mayor abundamiento, el texto dice lo siguiente: Las personas que trabajan dentro del sector reformado por la ley Nº 16.640, sea en calidad de empleados u obreros, de asentados o en cualquiera otra situación jurídica,... Otra situación jurídica podría ser la de ocupante de un predio. En este caso, si el Comandante Pepe, por ejemplo, estuviera trabajando, también tendría derecho al aguinaldo.
Los Honorables señores Moreno y Valenzuela sólo han pretendido aclarar el significado del precepto, lo cual, a mí juicio, correspondía hacer.
Por lo demás, no nos pongamos tan constitucionalistas en esta materia, porque si analizamos en esta forma el artículo 3º, mediante el cual se faculta al Presidente de la República para otorgar un reajuste, llegaremos a la conclusión de que habría mucho paño que cortar. Como más vale no meneallo, yo les pediría que no meneemos esto ni meneemos lo otro.
El señor MONTES.- Desgraciadamente, la discusión se ha alargado demasiado.
En realidad, no pensaba intervenir en este asunto, por estimarlo suficientemente claro; pero la situación que eventualmente pudiera producirse provocaría gran confusión.
La cesantía en el país, independientemente de lo que opinen quienes critican al Gobierno, ha disminuido notoriamente en los últimos años. Pero desgraciadamente todavía no ha sido erradicada en su totalidad. También hay gente qué se traslada al campo; de modo que al hablar de cesantía en el agro, estamos comprobando una tragedia que es real. Pero podría suceder - repito - que, a raíz de estas intenciones aclaratorias, destinadas a un fin concreto y determinado, de incluir en la ley a otros sectores en la forma propuesta, incurriéramos en un proceso de confusión muy grande respecto de los verdaderos y reales alcances de la disposición.
Por tal razón, preferimos la proposición del Ejecutivo, que nos parece, para el caso concreto señalado por el Honorable señor Moreno, suficientemente clara y avalada también por la explicación del propio señor Ministro de Hacienda.
Es cuanto deseaba manifestar.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
(Durante la votación).
El señor RODRIGUEZ.- No debería ponerse en votación la indicación, por ser inconstitucional.
El señor CHADWICK.- Hay una cuestión previa.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- La Mesa la declaró procedente.
El señor AYLWIN.- Deseo fundar el voto.
Votaré afirmativamente la indicación. Para hacerlo tengo presente dos tipos de consideraciones. Desde el punto de vista del texto actual, y a la luz de la respuesta dada por el señor Ministro a la pregunta que le formuló el Honorable señor Moreno, aparece claro que las personas a quienes se trata de beneficiar estarían comprendidas en el inciso quinto del artículo 1º del proyecto. Con todo, hay una situación especial de personas que, de acuerdo con su condición jurídica, tienen derecho a trabajar en un asentamiento o en un predio del área reformada. Muchas veces viven dentro de ella y no se las deja laborar. No desempeñan función alguna en las actividades comunitarias; no porque no quieran, sino porque se los excluye por fuerza mayor, por decisión arbitraria de directivas o de funcionarios. Aquí citó un caso el Honorable señor Moreno, y citó otro el Honorable señor Valenzuela. Por mi parte, deseo agregar un tercero. Y me alegro de que venga llegando la Honorable señora Carrera, pues, por su interés por las cosas campesinas, me interesa que ella escuche este caso.
En La Primera de Longaví, asentamiento que en otro tiempo se denominaba Brilla el Sol y ahora Villa Longaví, los cinco dirigentes que encabezaron la lucha por la expropiación, con el primer presidente del sindicato, el señor Juan Mora, a la cabeza, han sido eliminados del asentamiento y no se les deja trabajar. Viven dentro del predio, trabajan su huerta; pero, por decisión de la directiva de otra filiación política que ahora maneja el asentamiento, se los ha excluido totalmente de las faenas. Se asaltan sus casas, se insulta a sus hijos. Han venido a hablar con el Vicepresidente de CORA, señor Hugo Díaz. Leí la instrucción que éste impartió a un señor de apellido Flores, jefe del área respectiva, para que arregle el problema. Pero el problema no se arregla.
Se trata de trabajadores asentados. Tienen derecho al trabajo, tienen derecho a vivir. Son beneficiarios de la ley de Reforma Agraria. ¡No son agitadores, Honorable colega! Y juntos a ellos, otros 26 campesinos del mismo asentamiento fueron eliminados en igual forma.
Me parece que lo justo es que a esos hombres, a quienes se les ha negado el pan para ellos, para sus familias y para sus hijos, se les dé por lo menos el derecho a recibir esta bonificación; porque si no trabajan en el asentamiento no es por voluntad de ellos, sino por un hecho que les es inoponible.
Voto que sí.
El señor MORENO.- Deseo reiterar mi voto favorable a esta indicación, porque creo que del debate que se ha escuchado esta tarde quedó suficientemente comprobado que la indicación aclaratoria que hemos formulado soluciona, precisamente, una situación que, por desgracia, hoy en día se está repitiendo en todo el país, dado el criterio con que se está aplicando la ley de Reforma Agraria vigente.
Me parece necesario destacar - sobre todo porque esto quedará en la versión taquigráfica, y ojalá que los señores periodistas lo divulguen - que aquí Senadores que dicen representar al pueblo han venido, precisamente, a dar su voto negativo al derecho de los trabajadores de la tierra a obtener una bonificación que les permita paliar en alguna medida el drama que para ellos significan la inflación, las alzas que se han desatado últimamente.
El señor MONTES.- No es así.
El señor MORENO.- Pido que se respete mi derecho, señor Presidente.
El Honorable señor Montes ha dicho que uno coloca mucho dramatismo en las palabras. Parece que para él no tiene nada de dramático el hecho de haber un grupo de campesinos prácticamente sin derecho a comer desde el 16 de mayo, porque los funcionarios del Partido Comunista, que dirige la CORA políticamente, así lo han determinado.
El señor MONTES.- No es verdad. Es una infamia.
El señor MORENO.- Sé que duelen las verdades. Pero hay que decirlas, aquí y en cualquier parte.
Se ha dado una aplicación arbitraria a la ley de Reforma Agraria, y se ha marginado a estos trabajadores. Y reitero lo que manifesté cuando hice la pregunta al Ministro de Hacienda: es inaceptable que se pretenda negar el derecho a defenderse del alza del costo de la vida a un cesante que, por equivocación, haya quedado dentro de estos predios. Realmente, es un argumento que vale la pena dejar entre comillas. Nunca creí que podría escucharlo de boca de un Ministro militante comunista. Creo que esto refuerza la idea de quienes hemos presentado esta indicación, al margen del atropello que significa desconocer los derechos que la ley establece.
Si este Senado está dando la oportunidad, de acuerdo con el proyecto que se recibió del Ejecutivo, de que el país, los campesinos, la gente más modesta, se defienda, aunque sea en forma mínima, de una situación que, económicamente, nos afecta a todos, creo que no habrá nadie con una elemental sensibilidad social que pueda votar en contra de esta indicación. Con mucho agrado y orgullo, la voto favorablemente.
El señor BALTRA.- Después de escuchar las explicaciones que dio el señor Ministro de Hacienda en cuanto al alcance que debe tener el inciso quinto del Nº 1º, encuentro que la indicación del Honorable señor Moreno resulta simplemente aclaratoria del significado de esa disposición, y evita toda duda señalando expresamente que ella debe aplicarse al sector que en ella se señala. Desde este punto de vista, tiene exactamente el mismo alcance que la indicación que presentó hace unos instantes el Honorable señor Carmona, que la Sala aprobó, según la cual en el sector público deben entenderse incluidos también las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros.
Por estas razones, los Senadores de estas bancas votaremos favorablemente la indicación de los Honorables señores Moreno y Valenzuela.
Se aprueba la indicación (18 votos por la afirmativa, 10 por la negativa y 1 pareo).
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del señor Ministro de Hacienda para intercalar, con el número 3º, el siguiente artículo nuevo:
Autorízase, por esta sola vez y sin que ello constituya un precedente, al Presidente de la República, para otorgar el aguinaldo que se concede por esta ley a los Agentes postales subvencionados y a los Valijeros del Servicio de Correos y Telégrafos, siempre que estos trabajadores no tengan derecho a percibirlo de otro empleador o patrón.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
La señora CARRERA.- Muy brevemente, deseo responder las expresiones del Honorable señor Moreno, ya que, como dijo el señor Senador, estas cosas se destacan para que queden en la versión taquigráfica y la divulguen los periodistas.
Sucede que a los campesinos del predio a que se refirió el señor Senador se les ofreció toda clase de facilidades, pero ellos las rehusaron. Luego, se tomaron el fundo, y aún está tomado. Incluso han provocado enfrentamientos. Pero pienso que, de todas maneras, son campesinos, y cuando se habla de campesinos debemos mirar las cosas desde un punto de vista distinto de cuando se habla de otras personas.
Cuando me refería a los agitadores profesionales aludía a personas que, sin ser campesinos, van donde éstos a convencerlos para que tomen estas actitudes, contrarias, incluso, a sus propios intereses.
Deseo agregar algo más. Hay veces en que hasta yo me conmuevo con las palabras de algunos Senadores de Derecha. Tanto es el calor que ponen en lo que dicen, que uno no puede menos que emocionarse. Por eso, deseo recordar el caso del fundo La Patagua, del cual, a raíz de una huelga, se despidió a 20 personas, no obstante haberse llegado a un avenimiento en cuya acta, firmada por el gobernador de Santa Cruz cuyo nombre no recuerdo exactamente, pero sé que es un abogado de la zona vinculado a los propietarios de la tierra; me parece que se apellidaba algo así como Arratia...
El señor MORENO.- Los gobernadores del departamento fueron Alberto Araneda y Anatolio Salinas.
La señora CARRERA.- No. Era un abogado. Bueno, no importa el nombre. Lo concreto es que se trataba de un jefe democratacristiano, alto personero de la zona.
El señor VALENZUELA.- Seguramente Su Señoría se refiere a don Alejandro Arratia, distinguido abogado.
La señora CARRERA.- Pues bien, como digo, en un acta que se firmó mientras yo estaba presente, al igual que unos cien campesinos del predio, se estipuló que no se echaría a nadie. Pero resulta que después que yo me fui, ese gobernador, indigno de ese puesto, firmó con el dueño del fundo La Patagua un documento para echar a 20 campesinos. Los despidieron, y hasta que llegó al Poder el Gobierno Popular y se expropió ese predio, estuvieron sin trabajo, vendiendo algunas cosas en las calles para poder subsistir, muriéndose de hambre, al extremo de que uno de ellos quedó tuberculoso para siempre. Pero estas cosas no conmueven a los Senadores que aquí rasgan vestiduras.
Sólo quería decir estas pocas palabras entre paréntesis.
El señor BALTRA.- Esta indicación del señor Ministro viene a solucionar el problema a que me referí al iniciarse este debate, en cuanto a dejar perfectamente en claro que los agentes postales subvencionados y los valijeros del Servicio de Correos y Telégrafos quedan comprendidos en el pago de este aguinaldo-bonificación. Y aun cuando la indicación habla de por esta sola vez y sin que ello constituya un precedente, nosotros deseamos que dicho sector de trabajadores quede también comprendido en el proyecto de reajustes. Esperamos, entonces, contar con los votos necesarios para poder incluirlos en dicha iniciativa, de modo que no queden al margen de sus beneficios.
Votamos a favor de la indicación.
El señor VALENZUELA.- Por las mismas razones que dio el Honorable señor Baltra, los Senadores de estas bancas estamos de acuerdo con la indicación del señor Ministro, de manera que la votaremos favorablemente.
Pero, si me permite la Honorable señora Carrera, quisiera aprovechar la oportunidad para responder lo que acaba de decir. Lo haré muy brevemente, pues entiendo que éste es un asunto marginal del que estamos tratando.
Al parecer, la señora Senadora se refirió al abogado señor Alejandro Arratia, de Santa Cruz, distinguido militante de la Democracia Cristiana, hombre de extraordinaria labor al servicio de la comunidad y de los campesinos. Esto me consta, porque, como Senador de las provincias de O’Higgins y Colchagua, sé del trabajo que realiza a favor de los trabajadores del agro.
Averiguaré antecedentes sobre el caso que menciona Su Señoría, del fundo La Patagua, para aclarar posteriormente la situación, porque no es justo hablar así de una persona de la cual yo, como Senador de la zona, puedo responder por su honorabilidad y amplio sentido social en beneficio de los campesinos.
Por otra parte, quiero hacer presente que la semana anterior en Rengo todos los trabajadores agrícolas, todos los funcionarios del agro, declararon una huelga de un día en protesta por la situación que se produjo en Quinta de Tilcoco, donde la CORA, por razones que no puedo entender, revocó un acuerdo de expropiación sin reserva, como correspondía, estableciendo un derecho en este sentido a favor del dueño del fundo, militante socialista, de apellido Muñoz. El Consejo Campesino de Quinta de Tilcoco, en el que, naturalmente, hay gente de todas las corrientes políticas, reclamó de esta situación, y los trabajadores del agro respaldaron este reclamo.
Por lo anterior, pienso que no es conveniente hablar así, a la bandada. Yo acabo de citar un hecho claro y preciso.
Como digo, consultaré con mi cantarada de partido, Alejandro Arratia, sobre el problema del fundo La Patagua. En su oportunidad, aclararé la situación. Creo que, con la hidalguía que debe tener nuestra Honorable colega, después de las explicaciones que le demos que, estoy cierto, habrán de ser satisfactorias, reconocerá que esta persona procedió correctamente.
El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- No había hecho uso de la palabra porque había advertido al Honorable señor Moreno, antes de que se retirara de la Sala, que me referiría a algunas de sus expresiones.
He presentado, en nombre del Gobierno, la indicación referente a los agentes postales subvencionados y a los valijeros de Correos y Telégrafos, porque es evidente que se trata de trabajadores en actividad, en funciones, en ejercicio de sus cargos, no obstante lo cual podría suscitarse alguna duda en cuanto a su situación jurídica. El Gobierno no tiene esa duda. Sin embargo, como en la tramitación de los pagos correspondientes pudiera llegar a haber problemas o reparos por parte de la Contraloría General de la República, y para evitar al Contralor tener que asumir la responsabilidad de una interpretación que podríamos dar en el mismo texto de la ley, he considerado conveniente, de acuerdo con la consulta planteada ayer por el Honorable señor Baltra, formular esta indicación.
Si estos trabajadores - los agentes postales subvencionados y los valijeros - estuviesen cesantes, no los alcanzaría el beneficio consignado en el proyecto.
El Honorable señor Moreno se ha referido en términos violentos a este asunto, y ha dicho que considera inaceptable en un Ministro militante del Partido Comunista señalar que el bono compensatorio que se entrega a los trabajadores no alcance también a los cesantes. La realidad es que nunca una legislación de esta especie ha sido objeto siquiera de indicaciones en ninguna de las dos ramas del Parlamento, ni tampoco se ha propuesto una norma que incluya en la reajustabilidad o en sus beneficios anexos a los trabajadores cesantes.
Se trata de otra solución a un problema social que el Gobierno ha encarado en el terreno del desarrollo de la actividad económica del país, a fin de disminuir - como efectiva y realmente ha ocurrido - el índice de cesantía. Sin duda, tal asunto no es materia de una ley de reajustes. En cambio, incluimos a los agentes postales subvencionados y valijeros de Correos y Telégrafos, porque se trata de trabajadores en actividad. A nuestro juicio, a todos los trabajadores en actividad, cualquiera que sea su situación jurídica, debe estimárselos incorporados al beneficio del proyecto.
Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Los Honorables señores Carmona y Baltra han formulado sendas indicaciones, pero ambas coinciden en proponer la supresión del artículo 21 del texto del informe, que dice: A partir de la vigencia de la presente ley, todos los reajustes de pensiones se otorgarán desde el 1º de octubre de cada año y regirán hasta el 30 de septiembre del año siguiente, entendiéndose modificadas todas las disposiciones legales que establezcan oportunidades o períodos diferentes.
En otra indicación, el Honorable señor Baltra propone suprimir, del artículo 22 del proyecto, la frase que dice: No obstante lo dispuesto en el artículo 22,...
Finalmente, una indicación del Honorable señor Carmona propone redactar el artículo 22 del proyecto en los siguientes términos: Las pensiones y montepíos tendrán, provisionalmente, por el mes de octubre de 1972, como reajuste, un porcentaje equivalente a la variación que registra el índice de precios al consumidor entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de 1972.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- En discusión las indicaciones.
Ofrezco la palabra.
El señor BALTRA.- Pido la palabra.
El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Baltra.
El señor BALTRA.- Prefiero que antes hable el señor Ministro de Hacienda.
El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Efectivamente, como se lo expresé al Honorable señor Baltra cuando conversaba con él antes de que formulara su proposición y me consultaba sobre la materia de que trata, la indicación formulada por el señor Senador interpreta el criterio del Ejecutivo, porque el proyecto de reajustes comprende un conjunto de materias. Por eso, en relación con las normas previsionales, quisimos dejar claramente establecido que habrá reajustes anuales a contar desde el día 1º de octubre. Además, ahora se ha perfeccionado la redacción pertinente.
El Ejecutivo ya ha presentado indicación al proyecto de reajustes que considera la Cámara de Diputados, para dejar claramente establecido que esta norma de ninguna manera afectará a los regímenes con perseguidora ni a otros de cualquier orden, ya sean reajustes, reliquidaciones de pensiones, etcétera. Por lo tanto, la incorporación de este título sobre normas previsionales, como figuraba en el proyecto original del Ejecutivo, y que tenía carácter provisional, inducía a pensar que podían correr riesgos algunos sistemas de reliquidación o de beneficios extraordinarios de las pensiones o jubilaciones, como es el caso de las de los trabajadores ferroviarios, de las Fuerzas Armadas, etcétera.
Por estas consideraciones, el Ministro que habla, en nombre del Ejecutivo, iba a presentar indicación tendiente a eliminar el artículo 21 y el comienzo del 22. Sin embargo, al imponerme de que lo haría el Honorable señor Baltra, le expresé que dejaría constancia de que su indicación interpretaba también el criterio del Gobierno.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Baltra.
El señor BALTRA.- Después de lo expresado por el señor Ministro de Hacienda, no tengo nada más que agregar en cuanto a la indicación.
Respecto a la proposición del Honorable señor Carmona relacionada con el artículo 22, creo que mi Honorable colega interpreta lo que se quiere: que el reajuste sólo sea para el mes de octubre.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carmona.
El señor CARMONA.- Después de lo dicho por el Honorable señor Baltra, nada tengo que agregar.
El señor MONTES.- Sólo quiero dejar constancia de que, al eliminarse el artículo, la Mesa debería quedar facultada para adecuar la numeración, ya que en el artículo 23 se hace referencia al 22, razón por la cual podría suscitarse algún problema.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarían las indicaciones y la Mesa quedaría facultada para dar numeración definitiva al articulado.
Acordado.
El señor FIGUEROA (Secretario).- El señor Ministro de Hacienda formula indicación para que el artículo 2º transitorio, que modifica la ley 16.272, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, contenga una enmienda al artículo 9º de la citada ley. La indicación propone intercalar un número nuevo, que diga:
... Reemplázase la escala contenida en el Nº 1 del artículo 9º por la siguiente:
Hasta Eº 2.500, estarán exentos;
Más de Eº 2.500 y hasta Eº 5.000, Eº 3;
Más de Eº 5.000 y hasta Eº 10.000, Eº 6;
Más de Eº 10.000 y hasta Eº 20.000, Eº 10; 
Más de Eº 20.00 pagarán Eº 10 más Eº 1 por cada Eº 30.000 o fracción de exceso.
El artículo 9º de la ley 16.272 establece lo siguiente:
En los juicios y gestiones judiciales que se tramiten ante los Tribunales de cualquiera naturaleza, sean ordinarios, especiales o arbitrales, los escritos, documentos o actuaciones de toda especie sólo pagarán el impuesto de tasa fija por hoja del expediente en que se extiendan, de acuerdo con las siguientes reglas:
1.- En juicios ante Tribunales de primera o única instancia según su cuantía:
Hasta Eº 100 estarán exentos;
Más de Eº 100 y hasta Eº 2.000, Eº 1,32;
Más de Eº 2.000 y hasta Eº 5.000, Eº 3,14;
Más de Eº 5.000 y hasta Eº 10.000, Eº 6,48, y
Más de Eº 10.000, pagará Eº 6,48, más Eº 1 por cada Eº 5.000, o fracción de exceso.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- En discusión la indicación.
Ofrezco la palabra.
El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- En relación con el financiamiento del reajuste extraordinario, que se anticipa para el mes de octubre, antes del despacho de la ley de Reajustes, la situación es la siguiente: la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, según la primitiva proposición del Gobierno, tiene un mayor rendimiento de 540 millones de escudos, de acuerdo con el cálculo entregado a la Comisión de Hacienda de la Cámara y que fue confeccionado por los funcionarios del Departamento de Estudios de la Dirección General de Impuestos Internos.
El Gobierno estimó conveniente incluir sólo aquellas disposiciones que no fueran conflictivas y que contaran con el asentimiento de la Comisión de Gobierno de esta Corporación. Ello significa, en tasas porcentuales, un rendimiento de 210 millones, conforme a los cálculos, más 56 millones correspondientes a facturas y 5 millones a tasas fijas; es decir, un rendimiento de 271 millones. Parte de esta suma se empieza a percibir desde el mes de septiembre, pero el cálculo abarca ingresos de todo un año. Para los efectos del reajuste mismo, se requiere un rendimiento de alrededor de 2.000 millones. En estas condiciones, ayer hice presente a los señores miembros de la Comisión que formularía indicación en lo referente a algunos aspectos que no fueran conflictivos. Ahora he intentado hacerlo al margen de lo aprobado por la Comisión, pero sí de acuerdo con el espíritu con que esta materia se consideró, y en el propósito de formular las proposiciones - sin que ello comprometiera a los señores miembros de la Comisión - que no sean conflictivas.
En la actualidad están exentas de impuestos las actuaciones judiciales de hasta un monto de 100 escudos. Como en la práctica ya no hay litigios inferiores a 100 escudos, el Gobierno propone que esa exención llegue a 2.500 escudos. En relación con aquellos litigios por más de 20 mil escudos, en la actualidad se dispone que pagarán, además de la tasa establecida, un escudo más por cada 30 mil escudos o fracción de exceso. Con esto no introducimos modificaciones.
El señor IRURETA.- Deseo consultar al señor Ministro en qué situación quedan los juicios materia de jurisdicción voluntaria o de cuantía indeterminada que generalmente afectan la situación de familias y menores y donde participan personas de recursos muy modestos.
El señor MILLAS (Ministro de Hacienda) .- En lo referente a la consulta del Honorable señor Irureta, debo señalar que nosotros sólo modificamos la escala consignada en el Nº 1 del artículo 9º de la ley 16.272; o sea, de ninguna manera afectamos a los demás regímenes de excepción u otras situaciones consignadas actualmente en la ley. Nos referimos simplemente a esa escala y en relación con ella extendemos la exención hasta 2.500 escudos. Para los márgenes superiores al máximo establecido en la escala, que actualmente es de un escudo por cada 30.000 escudos o fracción de exceso. Mantenemos la cifra de un escudo, porque según el criterio de algunos magistrados que consultamos sobre esta materia, cualquier exceso en este nivel puede resultar desproporcionado. En general, hemos adaptado las escalas al alza del costo de la vida, a los nuevos valores monetarios, elevándolos ligeramente. De no hacerlo así, seguirían rigiendo las anteriores, ya que la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado se adopta a contar del 1º de enero de cada año. En este caso se adecúan a le fecha de vigencia de la ley.
Conforme a mi proposición, el margen de exención se eleva a Eº 2.500; entre Eº 2.500 y Eº 5.000, rige actualmente un cobro de 1,32 escudos, cantidad que ahora elevamos a 3 escudos. Para el tramo de 5 mil a 10 mil escudos, rige un cobro de 3,14 escudos, que ahora lo elevamos a 6 escudos. De 5.000 escudos hasta 10.000 escudos, rige un cobro de 6,48 escudos, que ahora se eleva a 10, alza que no consideramos desproporcionada. Aumentamos el margen de exención y mantenemos, por cada 30.000 escudos de exceso sobre los 20.000 escudos, la misma cantidad, por cuanto se trata de litigios de cierta magnitud, cuyo monto pecuniario depende de una serie de aspectos, influencias y factores.
Doy esta explicación, porque el Ejecutivo estima que esta indicación es absolutamente congruente con las otras enmiendas introducidas. Es razonable y no excesiva, porque establece una exención más amplia en los tramos más bajos, es decir, para los litigantes más modestos. En caso de aprobarse mi indicación y adaptarse las tasas a la nueva situación monetaria, tendría un rendimiento equivalente al resto del financiamiento despachado.
El señor SILVA ULLOA.- Me alegro de que la Comisión de Gobierno haya aprobado las disposiciones relativas al financiamiento que no son conflictivas, carácter que también tiene la indicación que acaba de formular y comentar el señor Ministro de Hacienda.
Solicité la palabra, más que para referirme a esta proposición, con el propósito de expresar algunas ideas respecto de la estructura del proyecto en debate. Ellas no constituyen una crítica a la Comisión de Gobierno, porque sé que trabajó intensamente; pero estimo que la forma en que se numera el articulado se presta a confusión.
La Comisión de Gobierno aprobó, bajo el epígrafe Artículos Transitorios numerosas disposiciones nuevas; en seguida, en el Título I, Reajuste del Sector Público, además de repetir el artículo 1°, figuran otros hasta el número 24; en el artículo 2º, que aparece en la página nueve del informe, se introducen distintas modificaciones a la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado. Propongo, lisa y llanamente, que las normas que corresponden al artículo 1º transitorio aprobado por la Comisión de Gobierno que abarca el reajuste de los sectores público y privado, en lugar de numerarse, lleven letras desde la a) hasta la que corresponda; que los artículos 21 al 24 queden ubicados bajo el Título III, Normas Previsionales; y que los siguientes es decir las normas contenidas en el artículo 2º transitorio, se reúnan bajo el epígrafe Título IV, Financiamiento.
El señor Secretario ha captado muy bien mi idea, que es sencilla, pues tiende a mejorar el ordenamiento formal del proyecto y también la aplicación de esta ley. Para tal efecto se podría facultar a la Mesa.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del Honorable señor Silva Ulloa.
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor HAMILTON.- Muy brevemente quiero expresar una constancia respecto de la proposición del señor Ministro para aumentar los impuestos que gravan las distintas actuaciones judiciales.
El señor RODRIGUEZ.- Ya se aprobó.
El señor HAMILTON.- No se ha aprobado, señor Senador; pero, en todo caso, no soy contrario a la idea.
En primer lugar, quiero dejar constancia de que el financiamiento propuesto por el señor Ministro mediante la indicación en debate es absolutamente transitorio, y que ella tiende a reunir recursos para afrontar la eventualidad de que el financiamiento que traía el proyecto fuera insuficiente. La Comisión aceptó parte de los impuestos que en la iniciativa sobre reajuste general propone el Gobierno y ahora aprobaremos también la indicación que formula el señor Ministro para gravar las tasas o impuestos que inciden en las actuaciones judiciales.
Pero al dar mi opinión o entregar mi voto en esta materia, no puedo dejar pasar la ocasión sin expresar lo siguiente. De acuerdo con nuestra Constitución, la justicia es gratuita y a ella tienen acceso por igual todos los chilenos. Este es el mandato constitucional, ésta es la teoría. Pero todos sabemos que en la práctica a la mayoría de los chilenos les cuesta mucho tener acceso a la justicia, entre otras razones, porque ella no es gratuita, porque hay que pagar abogados, porque las actuaciones judiciales están gravadas por la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado. Y aquí, dígase lo que se diga, el Gobierno está proponiendo aumentar el rendimiento de la ley, o sea, para que las actuaciones judiciales valgan más. Aun cuando en los primeros tramos se establezca una exención un poco más holgada, el fin que se persigue es establecer mayores gravámenes para que la ley rinda más.
Ahora bien, todo esto es absolutamente contradictorio con la campaña sostenida por parte, no digo del señor Ministro naturalmente, pero sí de los órganos de comunicación social del Gobierno y de la Unidad Popular en contra de la justicia ordinaria, a la que hacen aparecer como responsable de que la justicia no sea realmente gratuita. Y ahora vemos que son el Gobierno, el Congreso y la ley los que encarecen las tramitaciones que los chilenos deben realizar ante los tribunales de justicia.
He deseado dejar establecida esta constancia para que no se diga que la justicia es responsable de encarecer esas actuaciones.
Destaco que este financiamiento es provisional, pues regirá sólo para el mes de octubre, y que durante la discusión de la ley de reajuste revisaremos más en profundidad estas materias, a fin de buscar una fuente de recursos sustitutiva de la propuesta. De esa manera evitaremos continuar gravando indefinidamente las actuaciones judiciales, encareciendo la justicia hasta términos que no sólo están comprometiendo el principio constitucional, sino que representan, en el hecho, una negativa de acceso a la justicia, particularmente de las personas de menores recursos.
Se aprueba la indicación, con la abstención de los señores Carmona, Pablo y Bulnes Sanfuentes.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Finalmente, el señor Ministro de Hacienda ha formulado indicación para que en el artículo 2º transitorio, que introduce diversas enmiendas a la ley sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, se sustituya en el Nº 8º del artículo 3º de dicho cuerpo legal el guarismo 5% por 6%. En consecuencia, ese número 8º quedaría redactado de la siguiente manera: compraventa, permuta, dación en pago o cualquiera otra convención que sirva para transferir el dominio de bienes corporales inmuebles o de cuotas sobre los mismos, excluidos los aportes a sociedades, las donaciones y las expropiaciones, 6% sobre el valor del contrato, con mínimo del avalúo vigente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Anoche, al examinar el texto del proyecto del Ejecutivo sobre reajustes, que se encuentra en la Cámara, para considerar las materias que podían contar con la aceptación inmediata y unánime de la Comisión de Gobierno del Senado, se tuvo a la vista una norma según la cual el impuesto a que se refiere mi indicación ascendía a 4%. Por lo tanto, la proposición del Ejecutivo, destinada a alzar a 6% dicha tasa, significaba un aumento de 50%. Quiero dejar constancia, sin embargo, de que la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado vigente ya establece la tasa del 6%.
Lo que ocurre respecto del Nº 8 del artículo 3º de dicho cuerpo legal, es que el proyecto del Ejecutivo introduce nuevas definiciones que facilitan la captación del impuesto y la fiscalización correspondiente y dilucidan determinados problemas. Una de esas enmiendas se refiere a la permuta, acerca de la cual anoche expresé rápidamente a la Comisión que, por no haber concurrido con los antecedentes del caso, no disponía de una apreciación exacta sobre la materia, la que en todo caso fue esclarecida consultando el texto anterior. Como digo, la Comisión no reprodujo esas enmiendas y, por lo tanto, no consideró las ideas propuestas por el Ejecutivo. Pero lo hizo, sí, sobre otras dos materias que se estimaron obvias y claras y que la Comisión aprobó unánimemente. Sin embargo, se creyó que, además, el Ejecutivo proponía una tercera modificación destinada a elevar la tasa general ya citada y, por este hecho, no se quiso alzarla más allá del 5%. Como se puede apreciar, éste es un error de hecho, pues la ley vigente establece un gravamen de 6%. Por consiguiente, la indicación que formulé es simplemente para mantener la tasa vigente de 6%, atendiendo al criterio con que anoche la Comisión aprobó esta enmienda al Nº 8 del artículo 3º de la ley sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
El señor HAMILTON.- Simplemente, deseo reconocer que la tasa a que debió hacerse referencia es la señalada por el señor Ministro, es decir, 6%.
La indicación que presentamos en compañía de los Honorables señores Baltra y Musalem no establecía financiamiento específico para el reajuste especial del mes de octubre, porque entendíamos que era suficiente el dispuesto por la ley.
De manera que anoche, a muy avanzadas horas, tuvimos que hurgar en las indicaciones del Ejecutivo, por no tener a la mano los textos necesarios. En otras palabras, el propio señor Ministro nos indujo al error de creer que el guarismo propuesto era de 4%. Por ello, de parte nuestra no hay ningún inconveniente para rectificar la cifra, aprobando el aumento a 6%, que es exactamente la misma tasa vigente en la ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado.
Se aprueba la indicación.
El señor VALENZUELA.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Solicito autorización de la Sala para que el Honorable señor Valenzuela pueda usar de la palabra.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor VALENZUELA.- Deseo consultar, al señor Ministro, porque me lo han preguntado diversos trabajadores, si quienes están sujetos a convenios o actas de avenimiento, laudos arbitrales o algún acuerdo aceptado por la vía de la conciliación, también recibirán el bono compensatorio.
Al respecto, en el informe de la Comisión consta que el señor Ministro declaró, en cuanto a la expresión aguinaldo empleada en el proyecto, que ella no significaba otra cosa que el bono compensatorio que primitivamente propuso el Presidente de la República en su Mensaje, y que no aumenta ni disminuye ningún beneficio convencional entre empleado u obrero y empleador y patrón, acta de avenimiento, laudo arbitral o por algún acuerdo aceptado por la vía de la conciliación.
Entiendo - esto es lo que quiero consultar - que, si bien es cierto estos trabajadores están sujetos a actas de avenimiento, laudos arbitrales, etcétera, también tienen derecho a recibir el bono compensatorio. ¿Es así?
El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Quiero dejar constancia de que la interpretación correcta es la expuesta por el Honorable señor Valenzuela.
Efectivamente, el proyecto no modifica en nada las disposiciones legales vigentes relativas a pliegos de peticiones, procedimientos de avenimiento, actuaciones de las juntas de conciliación, actuaciones de las comisiones tripartitas, laudos arbitrales, contratos o convenios de avenimiento, derecho de huelga, etcétera. O sea, absolutamente todos esos derechos quedan vigentes.
Reitero: la iniciativa en debate no afecta a los contratos de trabajo ni a los convenios colectivos de los trabajadores. Por lo tanto, en el caso de quienes están sujetos a convenios, contratos colectivos, actas de avenimiento, fallos arbitrales o resoluciones de comisión tripartita, sin perjuicio de mantener todos sus demás derechos, reciben extraordinariamente este aguinaldo o bono compensatorio.
Esta es la situación respecto de esta materia.
El señor VALENZUELA.- Agradezco la explicación dada por el señor Ministro, pues aclara en forma precisa los problemas que pudieran surgir en cuanto a interpretación de esta norma respecto de los trabajadores sujetos a las condiciones jurídicas señaladas.
El señor GUMUCIO.- Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Gumucio pueda hacer uso de la palabra.
Acordado.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GUMUCIO.- Antes que termine la discusión del proyecto, quisiera pedir una aclaración al señor Ministro.
En el inciso sexto del artículo 1° del proyecto de la Cámara, se establece que los colegios particulares gratuitos pagarán el aguinaldo con cargo a las subvenciones pendientes. Pero la verdad es que se están empezando a pagar las subvenciones de 1971, sobre la base del cálculo de 1970. O sea, por problemas de caja, como siempre ha ocurrido en todos los Gobiernos, este pago va muy atrasado.
Como la ley de Reajustes de este año establece que las subvenciones deben pagarse el mismo año calendario, y ordena un cálculo provisional de ellas en el mes de mayo, pienso que el aguinaldo debe cancelarse con el cálculo provisional de 1972, porque las sumas que se pagarán a los colegios particulares serán las de 1970. Es decir, serán totalmente insuficientes para el desarrollo de las labores educacionales y para cancelar el aguinaldo.
En consecuencia, creo que el aguinaldo podría pagarse sobre la base de que se apresurara el cálculo de la subvención de 1972 y, por lo tanto, el pago provisional de la misma.
El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Efectivamente, el propósito del Ejecutivo es proceder en la forma señalada por el Honorable señor Gumucio, o de cualquiera otra manera que favorezca a los colegios particulares gratuitos.
Al formularse en la Cámara de Diputados el planteamiento de que estos colegios particulares gratuitos no estarían en condiciones de cancelar el aguinaldo o bono compensatorio, manifesté la inquietud del Ejecutivo y su disposición para resolver el problema en forma adecuada. En este sentido, el señor Iglesias y otros parlamentarios habían preparado una indicación que me permití corregir y redactar en términos tales, que, junto con darle el patrocinio de] Ejecutivo, contó con el apoyo y la firma de todos los parlamentarios que se habían preocupado de la materia, y que fueron quienes la presentaron en el debate de la Cámara, con vistas a dos cosas muy claras.
En primer lugar, ordenar al Ministerio de Hacienda poner a disposición de la Oficina de Subvenciones del Ministerio de Educación las sumas necesarias para pagar íntegramente el aguinaldo o bono compensatorio que debían entregar a sus personales los colegios particulares gratuitos.
En segundo lugar, establecer que de alguna manera esto fuera absorbido por los colegios particulares gratuitos. Entonces, me pareció que la redacción más adecuada era referirse a que el aguinaldo se cancelaría con cargo a subvenciones pendientes, lo cual es muy amplio y permite incluso cargar este beneficio a subvenciones que no estén suficientemente liquidadas y que pueden entregarse de inmediato.
El propósito del Ejecutivo es que ningún empleado u obrero quede al margen del beneficio. Aún más, que ningún profesor de un colegio particular y gratuito deje de recibir oportunamente lo mismo que están percibiendo los servidores públicos: el aguinaldo o bono compensatorio correspondiente.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Terminada la discusión del proyecto.
Se suspende la sesión por veinte minutos.
Se suspendió a las 19.43.
Se reanudó a las 19.8.

CREACION DEL MINISTERIO DEL MAR.

El señor PALMA (Presidente).- Continúa la sesión.
Prosigue la discusión general del proyecto que crea el Ministerio del Mar.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 3ª, en 24 de mayo de 1972.

Informes de Comisión:
Economía, sesión 57ª, en 29 de agosto de 1972.
Hacienda, sesión 57ª, en 29 de agosto de 1972.

Discusión:
Sesiones 57ª y 58ª, en 29 de agosto de 1972, y 59ª, en 30 de agosto de 1972:
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ.- Señor Presidente, en la sesión de esta mañana precisé la reiterada inquietud del Partido Socialista por ir aportando soluciones a reclamos y denuncias en defensa del interés nacional en materia de política naviera y pesquera.
Aparte esa relación, también precisé los objetivos básicos del proyectado Ministerio del Mar, que es, decía yo, la culminación de la prolongada preocupación del movimiento popular y de nuestro partido, que se concreta en esta realización propuesta por el Gobierno de la Unidad Popular al inicio de su gestión y que trató de plasmar con la mayor rapidez posible a poco andar el Gobierno popular. Si se repara en la fecha en que se inició el proyecto sobre el Ministerio del Mar como mensaje del Gobierno, se comprobará que, si no me equivoco, es del 1° de marzo de 1971. Es decir, casi a los cuatro o cinco meses de instalado el actual Gobierno, se cumple con el gran anhelo popular de enviar el proyecto respectivo al Congreso.
Por desgracia, durante prácticamente un año y siete meses el Parlamento ha demorado su tramitación, en parte por razones justificadas, pero la mayoría de las veces por el sentido de inercia tan propio del Congreso Nacional, lo que ha obligado al Ejecutivo a retirar y a renovar una y otra vez las urgencias.
Debo destacar en esta parte de mi intervención la porfía creadora del compañero Ministro de Tierras Humberto Mariones, quien ha estado animando en cada momento el despacho de esta legislación; ha sabido asesorarse, sin ningún sectarismo, de diversos elementos técnicos, científicos y especialistas en la materia, e incluso concurrió con la Subcomisión especializada que creó la Cámara a un foro trascendente realizado en la Universidad Católica de Valparaíso, donde intervinieron las más variadas instituciones docentes, gremiales, científicas, universitarias y políticas que sancionaron favorablemente el proyecto. La única observación fundamental que se le formuló al proyecto fue que debería separarse de él todo lo relativo al transporte marítimo, para configurarlo y enlazarlo con los otros rubros de las comunicaciones y del transporte a través de un eventual nuevo Ministerio de Transportes.
También debo dejar constancia de que en la Cámara de Diputados hubo parlamentarios que demostraron su interés por el proyecto, al margen de banderías políticas. Por eso, en esta oportunidad resulta muy extraña la actitud de la Democracia Cristiana y de los propios nacionales, cuando en la otra rama del Congreso diversos parlamentarios demostraron real interés en despachar esta legislación; entre ellos, el propio Diputado Monckeberg, aquí presente, quien, indudablemente, colaboró con eficacia yo diría, con sentido nacional auténtico, como también lo hicieron los Diputados Lavandero y Clavel, hombres de la Oposición política que, sin embargo, le dieron su aprobación.
Destaco, por ejemplo, lo que dijo el señor Lavandero: En un país que cuenta con cuatro mil doscientos kilómetros de litoral y con una franja aproximada de ciento veinte kilómetros de ancho, la prioridad, la importancia que este hecho reviste nos parece suficiente justificación para la creación de un organismo de alto nivel, que estudie y planifique la explotación de esta inmensa riqueza marítima.
Para no repetir demasiados documentos, debo señalar que iguales expresiones tuvieron diversos Diputados de la Oposición.
Sin embargo, el interés político, subalterno a mi juicio, la irracionalidad política, repito, han precipitado el hecho de que ahora la Oposición, de nuevo unida, ponga una valla insalvable y no dé su voluntad para legislar en el Senado, impidiendo que nazca en nuestro país un eficaz instrumento de una gran política marítima para Chile.
En todo caso, señor Presidente, queda constancia de que la Izquierda chilena, el movimiento popular, el Gobierno, el compañero Presidente, su Ministro de Tierras en este caso y nuestro partido, tuvieron la gran preocupación por lograr alguna vez un aprovechamiento racional, planificado y moderno de las enormes potencialidades marítimas chilenas.
Hay que considerar, como se ha dicho más de una vez en los debates de la Cámara de Diputados y en las intervenciones del compañero Ministro Martones, que esa tarea es variada y ambiciosa.
En este momento se están desembarcando productos pesqueros y marisqueros por poco más de un millón de toneladas al año. Se pretende, en lo posible, que esa meta, sólo superada en América Latina por el Perú, llegue en los próximos años al millón y medio de toneladas, con lo cual, como es indudable, se lograría un gran avance en las explotaciones pesqueras. También debemos insistir una vez más en la necesidad de aumentar el consumo de proteínas, contenidas esencialmente en los productos del mar, y lo lograremos. Se hizo mofa, por ejemplo, cuando se ofreció el medio litro de leche, una de las grandes metas y de las 40 medidas del Gobierno popular; pero se ha ido cumpliendo, con dificultades a veces, con errores burocráticos, con vacíos administrativos. Y en el caso que nos ocupa, con la gran voluntad que nos anima, al igual que en el caso que recientemente mencioné, se cumplirá también con nuestra meta.
En la actualidad, Chile tiene un consumo promedio de 15 kilos de proteínas. Se ha programado que en 1973 aumente ese promedio a 20 kilos, y debiéramos llegar, como meta final, a consumir una cantidad no inferior a 30 kilos de elementos proteicos extraídos de productos del mar. Ese es, como quien dice, el porcentaje o la unidad básica óptima de consumo de la población, de acuerdo con los consejos para una alimentación correcta que defienda la vida humana. E, indudablemente, eso puede lograrse en nuestro país. Debe considerarse que aun nuestro consumo actual de 15 kilos anuales, que es modesto, en todo caso más que duplica el promedio del resto de América Latina en ese aspecto, que es sólo de 6,5 kilos.
Debemos romper el mito de la industrialización de la harina de pescado, que fue una especie de El Dorado falso que se creó en la zona norte. La verdad es que, como lo ha expresado también el compañero Martones, lo que nos interesa es desplazar esa industrialización en harina de pescado hacia los rubros de las conservas y de los productos congelados.
En la actualidad, 86% de la producción pesquera se está reduciendo a la industrialización de la harina de pescado, y eso significa estar perdiendo cuantiosos volúmenes de divisas, ya que aquélla sólo nos deja 29 dólares por tonelada, en circunstancias de que la industrialización de las conservas y de los productos congelados nos produciría un promedio de 100 a 120 dólares por tonelada. Por lo tanto, hay que cambiar la calidad del proceso industrial de Chile en términos tales, que realmente abandonemos, repito, el espejismo y el sentido mecanicista de copiar la realidad foránea, para endilgar la explotación industrial por los rubros de las conservas de pescados y mariscos y de los productos congelados.
Más allá de este transitorio fracaso legislativo, debemos pugnar por crear la gran flota pesquera de alta mar. Y, a propósito de las críticas hechas por algunos colegas de la Oposición, tenemos que insistir en lo que en una u otra ocasión también se ha reiterado por parte del Gobierno: debemos aumentar nuestro tonelaje naviero, y para ello, el Gobierno ha comprometido en España un barco de mil toneladas, ya en viaje hacia nuestro país, para tonificar nuestro poderío mercante pesquero.
Por otra parte, para 1973, y aunque les disguste a algunos elementos reaccionarios, la Unión Soviética está negociando con nuestro país la entrega de tres barcos de mil veinte toneladas que, como es indudable, constituirán un aporte extraordinario y positivo para la industrialización de la pesca en Chile.
¡Cuánta diferencia hay entre este aporte solidario de la Unión Soviética y lo que yo expresaba esta mañana sobre la piratería constante de las flotas pesqueras imperialistas, que no dejan un solo céntimo en nuestro país! Ello demuestra que es una mentira el mito de la propaganda interesada de la Oposición, en el sentido de que los tres barcos soviéticos ya contratados eran tripulados poco menos que por vándalos que estaban desvalijando nuestras riquezas pesqueras, en circunstancias de que la colaboración solidaria derivada del impulso del internacionalismo proletario de la Unión Soviética ha quedado demostrada con esos tres barcos llegados a Chile y, ahora, con este nuevo convenio que acabo de señalar, en virtud del cual nos enviarán otros tres barcos, de mil veinte toneladas.
Pero aún queda mucho más para la flota de altura, para la captura del atún, por ejemplo.
Para 1973 está programada la adquisición de dos barcos de 475 metros cúbicos de capacidad de bodega, construidos en astilleros iquiqueños, y de seis barcos de 480 metros cúbicos, que están negociándose con España. En total, ocho barcos para el curso de 1973, que tonificarán también la pesca en alta mar.
En cuanto a la flota anchovetera, para los años 1972 y 1973 se programó la adquisición de seis barcos de 300 metros cúbicos, que se hallan en construcción en el astillero MARCO, de Iquique; para 1973, la compra de diez barcos, y para los años 1974, 1975 y 1976, la adquisición de treinta barcos, diez en cada año, que se construirán en astilleros nacionales.
Respecto de la flota artesanal, aquella que tanto preocupa a algunos sectores que dicen defender a los pescadores artesanales, para dar cumplimiento al programa 1972-1973 se están construyendo en Chile setenta y cinco goletas de 15 a 25 metros cúbicos de bodegaje, y para el del período 1973-1974, ciento veinte goletas de igual dimensión.
¡Eso es voluntad realizadora! ¡Eso es contribuir realmente a defender a los pescadores artesanales, más allá de las palabras demagógicas vertidas por miembros de la Oposición en el día de hoy!
Han hablado, por ejemplo, de que los sindicatos de pescadores están en contra del proyecto que crea el Ministerio del Mar; pero dudo de que ello sea efectivo. Al igual que el Honorable señor Pablo, he estado en muchas caletas de Chile. Dialogué con los pescadores de Guanaqueros y Tongoy, en la provincia de Coquimbo, hace muy poco tiempo, precisamente cuando impulsamos la candidatura de la compañera Amanda Altamirano; y allí había real interés por defender y apoyar la creación del Ministerio del Mar. Los pescadores artesanales han comprendido que este Gobierno les pertenece, que es suyo, y que la actual Administración está planificando la creación de un instrumento jurídico, legal, financiero y administrativo tendiente a servir, entre otros sectores, a aquel al que ellos pertenecen.
Por otra parte, no me extraña que el trabajo interesado de algunos sectores de la Oposición pueda confundir a determinados pescadores artesanales.
Recuerdo, por ejemplo, que en la década del treinta, cuando republicanos españoles que huían de su país llegaban a las playas chilenas era en 1938 o 1939, un grupo que arribó a San Antonio introdujo ciertos elementos nuevos que implicaban la mecanización de la pesca. Ello provocó las iras de los pescadores nacionales, que estaban acostumbrados a emplear los métodos más primitivos, porque la reacción de este país nunca les otorgó créditos, ni asistencia técnica, ni embarcaciones ni motores.
Por lo tanto, es posible incluso que ahora también algunos núcleos de pescadores artesanales estén confundidos. Pero considero que valdría la pena hacer una encuesta científica entre ellos, explicándoles razonadamente la situación, lo que se persigue mediante el proyecto que crea el Ministerio del Mar y lo que pretende la Oposición. Estoy seguro de que su respuesta sería de respaldo a la iniciativa del Gobierno.
No obstante, aún queda mucho por realizar. Aquí se ha hablado de numerosos aspectos de las políticas pesquera, naviera, etcétera. Pero queda mucho por hacer. El mar es un mundo inexplorado. Los fondos marinos o submarinos como quiera llamárselos, que constituyen dos tercios del planeta, no se han explotado, y existe una verdadera carrera internacional de las grandes potencias para determinar quién domina primero la explotación de sus riquezas. Porque más allá de las riquezas ictiológicas, están el petróleo, inmensos yacimientos minerales; en fin, todo un mundo desconocido.
Ya en 1969 las Naciones Unidas se preocuparon de este problema, a raíz de la pugna internacional existente. Y en una publicación de ese año, titulada Colonialismo submarino, se decía:
Los círculos internacionales tienen conciencia de este problema y, por eso, el pasado 10 de marzo, una comisión permanente de 42 miembros de las Naciones Unidas comenzó a sesionar con el propósito de lograr un acuerdo internacional sobre la materia.
Las Naciones Unidas reconocen que la gran mayoría de los países no están, por razones técnicas, financieras y de otro tipo, en posición de participar en la explotación de esos recursos, y afirman que el fracaso de los intentos para conseguir un acuerdo mundial que regule la exploración y explotación de esos recursos marinos podría conducir a una nueva forma de apropiación colonialista.
De ahí la importancia de que reafirmemos y despachemos alguna vez el proyecto sobre las 200 millas marinas. En ese aspecto Chile estaría remiso a modificar la vieja legislación consagrada en el Código Civil. Ese proyecto lo presenté, en nombre del Partido Socialista, hace muchos años, y ahora hemos tratado de reactualizarlo en la Comisión de Legislación y Justicia, donde - en homenaje a la verdad, debo reconocerlo - he hallado eco en mis Honorables colegas para dar mayor velocidad a su estudio.
Por otro lado, no me parecen fundadas las objeciones hechas presentes por algunos Senadores de la Oposición.
El Honorable señor García, luego de emplear verdaderos galimatías jurídicos para expresar que no le agradaba la estructuración administrativa y jurídica del Ministerio del Mar, terminó sosteniendo que efectivamente no le gustaba; pero, más allá de esto, no le complacía que el actual Gobierno se luciera con tan valioso y constructivo proyecto. En el fondo, en las palabras del señor Senador asomó simplemente el criterio opositor.
Su Señoría atacó lo establecido en el artículo 2º del proyecto, que no hace sino precisar - y vale la pena recordarlo en este momento - la ambiciosa meta perseguida por el Gobierno de la Unidad Popular mediante la creación de dicho Ministerio. Dice ese precepto: En general, corresponderá al Ministerio del Mar dirigir, fomentar, orientar, coordinar y planificar las actividades pesqueras del país con el objeto fundamental de aumentar la producción nacional;... Esto no le gusta al Honorable señor García, quien desea que sigan dispersas las reparticiones que se hallan en el frente de la actividad pesquera, de la política marítima: en la CORFO, INDAP, Ministerio de Agricultura, SAG y, en fin, en diversos organismos. O sea, el señor Senador quiere la completa anarquía administrativa que aún perdura, en vez de intentar unificar estos servicios y darles en el hecho un norte.
Y agrega la referida norma: investigar, conservar, proteger y acrecentar la flora y fauna acuáticas, - bajo muchos rubros, por falta de preparación técnica y profesional, se están destruyendo numerosas especies marinas y de lagos y aguas interiores; ello se debe a la falta de previsión, de tecnicismo y criterio científico para preservar dichas especies - y mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas que laboran en tales actividades.
¿Qué Gobierno sino éste se ha preocupado de dar previsión a los pescadores? ¿Qué sector sino la Oposición no quiso incorporar a los pescadores a la seguridad social cuando tratamos el proyecto que otorgó previsión a los comerciantes?
Por eso, carece de sentido lo que han dicho nuestros opositores.
El Honorable señor Pablo nos habló primero de las ballenas, de sus apellidos ingleses y de la falta de seguridad para determinado personal al respecto, se consignan garantías expresas, para terminar sosteniendo también que no le gustaba la idea de crear un Ministerio del Mar.
El Honorable señor Prado, ya con criterio indudablemente más claro en lo político, concluyó su intervención afirmando derechamente - aplaudo su franqueza - que el Gobierno no le infundía confianza y que esto determinaba el rechazo del proyecto por parte de la Democracia Cristiana.
Todo Gobierno que se inicia, o que está en la mitad de su período o por terminarlo, jamás cuenta con la confianza de la Oposición. La Administración Frei tampoco contó con la nuestra desde el momento en que asumió el Poder; pero ello no fue obstáculo para que aprobáramos iniciativas fundamentales.
Muchas veces algunos Honorables colegas de la Democracia Cristiana recuerdan que negamos la sal y el agua a su Gobierno. Sin embargo, es preciso destacar que siempre planteamos nuestra posición en el plano de los principios, de lo ideológico, para combatir una concepción reformista en la conducción política y económica del desarrollo nacional, concepción que deseábamos eliminar como factor determinante en los pueblos de Latinoamérica. Nunca nos opusimos a soluciones de tipo administrativo ni a la creación de mecanismos de esa índole. Aprobamos el proyecto destinado a crear el Ministerio de la Vivienda, no obstante la gran desconfianza política que nos merecía la Administración democratacristiana; aprobamos y mejoramos la iniciativa de ley de reforma agraria, pese a esa desconfianza. ¿Por qué? Porque tuvimos la entereza suficiente para abstraemos de los conceptos de Gobierno y Oposición, para comprender que el país necesitaba ciertos instrumentos que le permitieran avanzar.
Por eso apoyamos la reforma agraria, y por lo mismo aprobamos la creación del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que con el tiempo, a mi juicio, se ha transformado en un monstruo burocrático con tantas Direcciones Nacionales, que se hacen competencia entre sí y encarecen las habitaciones; y una de las metas inmediatas del actual Gobierno es simplificar las funciones de ese monstruo administrativo que es el famoso Ministerio de la Vivienda no desconozco la labor de sus técnicos, planificadores y funcionarios, que no deja de ser un organismo excesivamente frondoso.
Apoyamos también el proyecto sobre juntas de vecinos y una serie de mecanismos que propuso la Democracia Cristiana, porque entendíamos que, más allá del factor de desconfianza política, era indispensable facilitar el camino para algunas realizaciones administrativas que no pertenecían al anterior Gobierno, sino al tiempo.
El Ministerio que pretendemos crear no es para la Unidad Popular ni para la actual Administración, sino un mecanismo permanente para Chile, que nos habría ayudado a recuperarnos económicamente ; es un mecanismo que da cumplimiento a un mandato histórico, postergado desde los tiempos de O’Higgins, que con tanta visión, al despedir a la Escuadra Libertadora esto debe de recordarlo el gran o’higginiano que es el Honorable señor Aguirre Doolan, dijo: De estas cuatro tablas penden los destinos de América. Y realmente esas cuatro tablas contribuyeron a la independencia de América y la sellaron. Y, más allá de eso, da la impresión de que al hablar del Estrecho de Magallanes pensaba en el Chile de hoy, en que, debido a la estrechez del Canal de Panamá, las grandes embarcaciones vuelven a recorrerlo, pues deben cruzar necesariamente por esos mares nuestros.
Ese recado de ayer, repetido posteriormente en estrofas brillantes y hermosas por Gabriela Mistral y Pablo Neruda, lo olvidan los opositores de hoy. Y en vísperas del mes de la Patria, la Democracia Cristiana, equivocando el camino, se abraza con la extrema Derecha para impedir el despacho de una legislación de tan alto vuelo como la destinada a crear el Ministerio del Mar. Lamento sinceramente este error político del Partido Demócrata Cristiano, que, llevado por su vehemencia opositora carente de sentido, ha infligido un grave daño a la patria.
Por eso, termino mis palabras reiterando la persistente voluntad del Partido Socialista de servir el interés nacional; felicitando al Ministro Martones, por su perseverancia patriótica para sostener la idea considerada en el proyecto, y al Gobierno do la Unidad Popular, y expresando en todo caso nuestra confianza y nuestra fe en que, dentro de la obscuridad ambiente, propia de la irracionalidad política, se comprenda que el instrumento que se pretende crear hace falta para promover más aceleradamente la liberación económica de Chile.
El señor PALMA (Presidente).- Antes que intervenga el señor Ministro, debo hacer presente a la Sala que están inscritos para intervenir los Honorables señores Gumucio, Luengo e Irureta, quienes han manifestado el propósito de hacer uso de su derecho.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Pido a la Mesa inscribirme.
El señor PALMA (Presidente).- Solicito el acuerdo unánime de la Sala para prorrogar por una hora el tiempo destinado a la discusión del proyecto. Creo que en esta forma sería posible agotar el debate.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Siempre que se prorratee ese tiempo entre los diversos Senadores, incluidos los nuevos inscritos.
El señor PALMA (Presidente).- Por cierto, prorrateando el tiempo, como sugiere el Honorable señor Aguirre Doolan.
El señor LUENGO.- ¿Qué ocurre si no se prorroga la hora? El señor GUMUCIO.- Por mi parte, yo renunciaría a mi derecho a hacer uso de la palabra, siempre que nos limitáramos a escuchar al señor Ministro y luego a votar.
El señor VALENTE.- Me parece bien.
El señor LUENGO.- Quiero formular una consulta.
El señor PALMA (Presidente).- La Mesa hizo una proposición, pero no hay unanimidad.
El señor LUENGO.- ¿Qué pasa si no hay acuerdo para prorrogar la hora?
El señor PALMA (Presidente).- Habrá que sesionar mañana.
El señor REYES.- No; se acordó votar ahora.
El señor PALMA (Presidente).- Perdón, señores Senadores. Hay que votar hoy día, a partir de un cuarto para las ocho.
El señor VALENTE.- O sea, quedan siete minutos.
El señor LUENGO.- Entonces, es preciso acordar la prórroga.
El señor IRURETA.- Señor Ministro, ¿cuánto tiempo hablará usted?
El señor MARTONES (Ministro de Tierras y Colonización).- Alrededor de un cuarto de hora.
El señor PALMA (Presidente).- El Honorable señor Gumucio, que había solicitado quince minutos, ha hecho presente que renunciaría a hablar.
El señor GUMUCIO.- Estoy de acuerdo en que hable primero el Ministro y que enseguida fundemos el voto.
El señor PALMA (Presidente).- El Honorable señor Irureta también desearía disponer de un cuarto de hora.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Podríamos fundar el voto en el momento oportuno.
El señor VALENTE.- Es lo mejor.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿Me permite, señor Presidente? Deseo plantear una sugerencia.
Mi Comité propone ceder al señor Ministro el tiempo que estime conveniente para su exposición. En cuanto a los demás, podríamos limitarnos a fundar el voto.
El señor VALENTE.- Perfecto.
El señor GUMUCIO.- De acuerdo.
El señor PALMA (Presidente).- Hay oposición.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¡Que Dios me pille confesado el día que cuente con la unanimidad de la Sala...!
El señor PALMA (Presidente).- Señoras Senadores, de acuerdo con el artículo 81 del Reglamento, la prórroga por mayor tiempo que el que ya se acordó para los efectos de debatir el proyecto sobre la bonificación compensatoria, requiere unanimidad.
Por lo tanto, solicito el acuerdo unánime para prorrogar por una hora el debate y cerrar la lista de inscritos, en la cual incluiríamos también al señor Ministro. El tiempo se dividiría...
El señor PAPIC.- Yo aceptaría siempre que el tiempo se repartiera entre los inscritos.
El señor PRADO.- No hay acuerdo.
El señor PALMA (Presidente).- Hay oposición.
El señor LUENGO.- Es curioso que el Honorable señor Prado se oponga al acuerdo, en circunstancias de que él habló el tiempo que quiso y concedió interrupciones.
Debe tener consideración con sus colegas.
El señor PRADO.- Es que con ese sistema no hay seguridad en cuanto a las votaciones. Por lo demás, ya ha habido un debate bastante largo.
Por otra parte al no prestar mi acuerdo, a pesar de que me habría gustado escuchar la opinión de otros señores Senadores, no es sólo a Su Señoría a quien perjudico.
El señor LUENGO.- Sí, pero ustedes han hablado durante más de una hora.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MARTONES (Ministro de (Tierras y Colonización).- Señor Presidente, lamento disponer tan sólo de siete minutos, pues resulta difícil expresar todo en tan breve tiempo. Sin embargo, quiero decir en forma sucinta que este proyecto de ley, tan criticado por algunos señores Senadores, como ninguna otra iniciativa, fue elaborado por los más vastos sectores, y no solamente por comisiones y equipos de Gobierno. En su elaboración participaron los trabajadores, las universidades y también las instituciones del sector pesquero.
En seguida, quiero decir que, en el transcurso de la discusión, este proyecto, exceptuando el transporte marítimo, no sufrió ni en la Cámara ni en el Senado Transformación sustancial alguna; ninguna variación de importancia. Todo el articulado es básicamente el que se propuso en la iniciativa original.
Quiero dejar constancia, también, de que las universidades le han prestado decidido apoyo, y muy particularmente la Católica de Valparaíso. Daré algunas referencias al respecto.
El señor Rector de ese plantel universitario, en una de las sesiones celebradas por la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, dijo:
En síntesis, esta Universidad expresa su satisfacción hacia un intento amplio de legislar acerca del mar. La Universidad Católica de Valparaíso apoya la idea de legislar y crear un Ministerio que agrupe la actividad pesquera.
El señor Sergio Kaiser, democratacristiano y Director de la Escuela de Pesquerías y Alimentos, y a quien mencionó tanto el Honorable señor Prado, manifestó en esa misma oportunidad:
El proyecto que crea el Ministerio del Mar es un serio esfuerzo encaminado a obtener en las Pesquerías los objetivos señalados. Deja prever el deseo de un alto grado de optimización en aquellos aspectos relacionados con la dictación de normas de control, explotación y conservación de los recursos renovables; en la administración y coordinación de las unidades productivas; en un acelerado proceso de organización de los trabajadores y participación en la toma de decisiones; en la planificación, elaboración y ejecución de programas de producción, de investigación, de capacitación, de comercialización, en modificaciones del sistema jurídico.
Más adelante dijo el señor Kaiser:
Debido a esta experiencia de 15 años de constante perfeccionamiento y dedicación al problema de las Pesquerías chilenas y por ser la única Escuela en funcionamiento, es que a la vez de dar nuestro decidido apoyo a este Ministerio, que lo creemos nuestro, es que exigimos una real participación para la Universidad en las decisiones que se tomen.
El señor Arturo Baeza, profesor de la Escuela de Arquitectura de esa universidad, señaló en la misma ocasión:
En este contexto aparece el deseo de crear un Ministerio que tiene por función y fundamento el Mar. Este hecho - creemos - recrea y define toda una honda cuestión chilena. Y al hacerlo lo hace con un nuevo contexto americano y con un nuevo destino para Chile.
El señor Hunt, representante de la Universidad Técnica de Valdivia, expresó:
El Ministerio del Mar, cuya creación deberá servir de orgullo para el Gobierno, es un símbolo concreto de los rasgos más sanos y valiosos de una auténtica revolución en marcha, a la cual ningún chileno de verdadera cepa podrá negar su apoyo.
Después señaló:
... celebramos y apoyamos con entusiasmo las perspectivas de la creación del Ministerio del Mar, porque él abre, por fin, la posibilidad de un mejor saber hacer las cosas en el camino del mar.
El doctor Aguayo, Director del Departamento de Oceanografía de la Universidad de Chile, manifestó:
...por primera vez en la historia del país hemos escuchado, hoy día, en esta casa de estudios, una política pesquera y una política de transporte marítimo y puertos de nuestro país... Por lo tanto, felicitamos al Gobierno, a través del compañero Ministro, señor Humberto Mariones.
La Universidad Católica de Chile, en memorándum que entregó a esa Comisión, en el acto de que hiciera mención el Honorable señor Rodríguez, dijo:
Y por ello es que también esta Universidad vibró desde un primer momento con la iniciativa del Gobierno de crear un Ministerio del Mar, sustentada especialmente a través del señor Ministro de Tierras y Colonización. Porque más allá de su articulado concreto, dicho proyecto significa patentizar la preocupación nacional por un mar inmenso, sus recursos y su aprovechamiento. Porque la sola iniciativa implica que está dispuesto a asumir el desafío que se describe dramáticamente en Tierra de Océano (obra de Benjamín Subercaseaux): El destino de Chile es de vida o muerte y no aceptará una vez más que en él se prescinda del océano.
En el día de hoy han enviado al señor Presidente de esta Corporación dos telegramas. Uno de ellos es del profesor Mario Ricardi, Director del Instituto Central Biológico de la Universidad de Concepción y miembro del Consejo Superior de ese plantel, y dice:
Agradecemos insistir ante la Sala por aprobación ley que crea Ministerio del Mar.
El otro es del profesor señor Tomás Campos, Vicerrector de la Universidad Católica de Talcahuano. (Expresa:
Rogamos a usted hacer lo posible por aprobación proyecto que crea Ministerio del Mar.
Todas las universidades, la del Norte, la Austral, la de Chile, están concordes con esta idea. Y no sólo las universidades, pues también lo están los gremios.
Lo dije en la sesión de ayer e incluso leí algunos párrafos de comunicaciones enviadas. Hoy día tengo los textos de otras. Por ejemplo, una del Sindicato Profesional de Oficiales de Naves Especiales de las provincias de Concepción y Arauco, el Sindicato Profesional de Empleados de Industrias Pesqueras de la provincia de Concepción, el Sindicato Profesional de Motoristas y Maquinistas de Naves Especiales de la provincia de Concepción, el Sindicato Profesional de Tripulantes de Naves Sardineras de la provincia de Concepción, el Sindicato Profesional de Tripulantes de Naves de Arrastre de la provincia de Concepción y la Federación Provincial de Sindicatos Industriales Pesqueros, todos los cuales expresan:
Queremos dejar claramente establecido que apoyamos en forma decidida la agilización y creación del Ministerio del Mar.
Los pescadores artesanales, en su último congreso, manifestaron:
La pronta creación del Ministerio del Mar fue otra de las resoluciones que el Congreso aprobó por unanimidad.
Termino diciendo que, con ley o sin ella, continuaremos progresando y venceremos, para felicidad de Chile.
(Aplausos en tribunas y galerías).
El señor PALMA (Presidente).- Advierto a tribunas y galerías que está prohibido hacer manifestaciones.
Ha terminado el tiempo destinado a la discusión general del proyecto.
En votación.
El señor VALENTE.- Pido votación nominal, señor Presidente.
El señor PALMA (Presidente).- Debe pedirla un Comité.
El señor CONTRERAS- El Comité Comunista hace suya la petición.
El señor FIGUEROA (Secretario).- ¿Se aprueba o no se aprueba en general el proyecto?
(Durante la votación).
El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Señor Presidente, por no haber tenido participación directa en la elaboración del informe de la Comisión de Economía con que este proyecto se ha presentado a la Sala, los Senadores de la Izquierda Radical nos consideramos en absoluta libertad para emitir nuestro juicio.
Desde luego, nos llama la atención el hecho de que, por desgracia, los más laudables propósitos que se dice perseguir con la iniciativa, se contraponen abiertamente con la política económica puesta en marcha.
Se declara, por ejemplo, que se desea industrializar o semi-industrializar al modesto pescador, hoy desprovisto de medios para su trabajo; y, lógicamente, cabría preguntarse: ¿Hay algún trabajador chileno hoy día que desee transformarse en industrial?
Se llama la atención, en seguida, sobre el hecho tremendo de que, de unos 900 comerciantes que se dedican al comercio del ramo de la pesca en Santiago, 600 no tienen vehículo propio. Yo me pregunto: ¿va a dotar el Gobierno de vehículos propios a los comerciantes que no lo tienen, con los fabulosos precios fijados en forma artificial para toda clase de vehículos?
Se agrega que se ha cuidado no crear burocracia y que el nuevo Ministerio pasaría a ser servido por el mismo personal que en la actualidad atiende el Ministerio de Tierras y que alcanza a 768 personas. Todos sabemos, no obstante, que esa Secretaría de Estado está constituida fundamentalmente por su Dirección de Tierras y Colonización, y ahora, también por la Dirección de Asuntos Indígenas, y que en el articulado siguiente del proyecto se agrega que estos organismos - con sus respectivos personales, se entiende - pasarán a depender del Ministerio de Agricultura, manteniéndose la cuota de 768 funcionarios que el proyecto reclama como personal de planta para atender al nuevo Ministerio del Mar. Así, por lo menos, se desprende del párrafo segundo que aparece en la página 13 del informe de la Comisión de Economía.
Por si algo hubiera quedado fuera, en el artículo 6º del proyecto se entregan también al Ministerio del Mar atribuciones para participar en las políticas de precios, de créditos, de tributación, comercialización y otras relacionadas con las actividades pesqueras. A nadie puede escapar que entre las actividades relacionadas con la pesca, a que en forma tan general aquí se alude, es difícil encontrar alguna que no quede incluida.
Innumerables serían las contradicciones o generalidades en que incurre el texto del articulado o la falta de armonía entre sus diversas disposiciones. Baste señalar, como corolario, que varios de sus artículos aparecen rechazados por la unanimidad de la Comisión, cuando no aprobados sólo por los dos votos de los Senadores de Gobierno y con la abstención del resto de la Comisión.
Finalmente, frente a este proyecto, la Comisión de Hacienda, en la cual participé, empieza por declarar en su informe, como es efectivo, que sólo dispuso de escasas horas para considerar esta importante iniciativa.
Y ésa es la verdad. El informe de la Comisión de Economía le fue entregado a las seis de la tarde, y a esa hora empezó a estudiar el proyecto.
El señor VALENTE.- Pero tenemos doce días para corregir el proyecto.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Señor Presidente, la Izquierda Radical no puede desconocer la importancia de la materia que con este proyecto se pretende abordar, pero estima qué el ámbito preciso de su alcance aparece desbordado por disposiciones que incursionan claramente en delicados campos de la actividad económica del país. Por eso, no podemos menos que tomar los resguardos mínimos y esperar una ocasión más propicia para legislar sobre la materia.
Anunciamos, por ello, nuestros votos contrarios en la votación en general de esta iniciativa, aun cuando reconocemos la alta importancia que revisten en Chile el mar y su riqueza. Pero su aprovechamiento no está, por cierto, condicionado a la creación de un Ministerio, pues hay disposiciones y reparticiones administrativas competentes que podrían poner en práctica una política eficiente y adecuada.
Voto que no.
El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente, el voto de los Senadores nacionales debió fundarlo mi colega Víctor García, que es quien ha estudiado este proyecto en la Comisión y ha intervenido en el debate que en torno de él ha habido en la Sala. Pero, desgraciadamente, el Senador señor García ha sufrido una indisposición y ha tenido que retirarse, pareado, de esta sesión.
Yo puedo decir, en nombre de mi partido, que nosotros concordamos en la necesidad de desarrollar una política que tienda al aprovechamiento integral de las riquezas marítimas potenciales del país. Pero, después de madura reflexión, hemos llegado a la conclusión de que no podemos otorgar al Poder Ejecutivo las atribuciones que en el proyecto se consignan y que se prestarían fácilmente para, mediante el abuso de ellas, conseguir finalidades muy distintas de las que el proyecto persigue.
Sostenemos que este Gobierno abusa permanentemente de sus atribuciones, empleándolas para finalidades totalmente ajenas a las que tuvo en vista el legislador al otorgárselas. Por lo demás, no lo sostenemos nosotros. El Presidente del Consejo de Defensa del Estado, que es, a la vez, asesor legal del Presidente de la República, ha estampado bajo su firma en una carta que dio a conocer el Senador don Pedro Ibáñez y que fue reconocida por el señor Novoa, que es la persona a que me refiero, ha estampado, digo, el concepto de que hay que aprovechar, y se están aprovechando, los resquicios de la ley para actuar contra la voluntad de la mayoría del Congreso.
No conozco ninguna ley compleja en la que no haya resquicios; no conozco ninguna ley de esta naturaleza de la cual no se pueda abusar. Por lo tanto, tengo perfecto derecho a suponer que a la ley en debate se le encontrarían resquicios - podría señalar ya un buen número de ellos - y que mediante esos resquicios se torcería la voluntad del legislador.
Se dice que el proyecto podría ser corregido en el segundo informe; pero corregido relativamente, como cualquiera otro proyecto de ley, porque siempre queda la posibilidad de hacer fraude a sus disposiciones, ya que las leyes no pueden tener el tamaño de una enciclopedia y preverlo todo. Pero, además, sabemos que las restricciones o limitaciones que introdujéramos en el segundo informe, incluso las que aparecen aquí, podrían fácilmente eliminarse por la vía del veto. En estas condiciones, faltaríamos a lo que honradamente consideramos nuestro deber si diéramos paso a este cúmulo de atribuciones nuevas que el proyecto otorga.
Declaramos estar dispuestos a reconsiderar un proyecto sobre la materia, pero un proyecto en que haya acuerdo previo, no respecto del texto que se va a despachar aquí, en el Congreso, sino del texto definitivo que se promulgaría, de modo de saber qué vetaría el Gobierno y qué no vetaría, cómo sería en definitiva la ley que nosotros aprobáramos.
Este proyecto va a ser rechazado en el segundo trámite. No regirá, por lo tanto, la disposición constitucional que impide renovarlo antes de un año, cuando se rechaza en primer trámite. Por eso, estaríamos, como digo, dispuestos a considerar una iniciativa de esa naturaleza previamente acordada.
Pero en este momento, por la desconfianza que tenemos respecto del uso de sus atribuciones que está haciendo todos los días el Gobierno, tenemos que votar en contra.
A mí, personalmente, me hace mucha fuerza el que, también aprovechando resquicios de la ley, se haya prohibido la marcha de los partidos democráticos que debía realizarse hoy en Concepción, y se haya autorizado, en cambio, otra para la cual se pidió permiso después y que no es precisamente una marcha de la Unidad Popular, sino del MIR, que tomó la iniciativa. Así como se aprovechan los resquicios de la ley cuando se trata del derecho de reunión, de una garantía constitucional, con mucho mayor razón se aprovecharían los resquicios de esta ley para finalidades enteramente distintas de las que tenemos en vista.
Voto que no.
El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, en esta Sala siempre se encuentran los argumentos adecuados cuando se trata de justificar la oposición a un proyecto de ley de interés general para el país.
Aquí se ha dicho que no es posible otorgar disposiciones legales que permitirían al Ejecutivo, no sólo contribuir a dar solución a los problemas que aquejan a los pescadores a lo largo del país y a los demás trabajadores que se dedican a faenas relacionadas con la pesca, sino también ayudar al aumento de la producción pesquera, con el propósito de resolver problemas de alimentación de todos los ciudadanos.
Se ha sostenido que no procede aprobar este proyecto de ley por el mal uso que hace el Presidente de la República de las disposiciones legales. Yo me pregunto quién tiene mayoría en este Congreso. Creo que la Oposición tiene mayoría absoluta y que la mayor parte de los proyectos salen a gusto y sabor de la Oposición y no a gusto del Gobierno.
Por otra parte, sabemos perfectamente en qué condiciones se explota nuestra fauna marina. Tenemos cuatro mil kilómetros de costa, entre Punta Arenas y Arica. Por desgracia, en el extremo sur son contadas las industrias que se dedican a la elaboración de productos del mar. La mayoría de nuestros conciudadanos que se dedican a esta faena son precisamente los pescadores artesanales, gente que durante siglos nunca ha recibido una ayuda adecuada para resolver sus problemas, principalmente en lo que se refiere a embarcaciones y a elementos de pesca. Así hemos visto, por ejemplo, cuando hemos llegado a algunos puertos pesqueros, que el 50% o el 60% de las embarcaciones - o el 80%, ¿por qué no decirlo? - son impulsadas a remo, y distan mucho de ser elementos que permitan a esos modestos ciudadanos ganarse la vida en condiciones menos difíciles. Y esos trabajadores ni siquiera reciben una ayuda efectiva de parte de los organismos estatales que intervienen en la explotación de la pesca. Tenemos, por un lado, el INDAP; después, el SAG y, a la vez, la Corporación de Fomento de la Producción. Ha sido materialmente imposible unificar los recursos, económicos de esas instituciones y obtener de ellas una dirección adecuada para coordinar la acción en materia de pesca.
Sabemos lo que ello ha significado a lo largo del territorio. Muchos esfuerzos se ha pretendido hacer, pero jamás han tenido por efecto algo que esté de acuerdo con los intereses de más de treinta mil pescadores artesanales que se debaten en la más tremenda miseria.
Recientemente, la semana pasada, se ha despachado un proyecto de ley que da previsión a los pescadores. ¡Cuántos años han estado bregando, mendigando, de oficina en oficina! ¡En cuántos congresos se ha planteado el problema de la previsión de los pescadores! ¡Treinta años para obtener una previsión que no es precisamente la que los pescadores necesitan! Cuando en una entrevista que se le hizo en la Comisión al Presidente de la Confederación de Pescadores, Guillermo Sáenz, se le preguntó por qué no se incorporaban a la previsión de la Caja de la Marina Mercantes Nacional, contestó: Señores Senadores, este proyecto ya tiene un trámite. No queremos seguir esperando. Hemos esperado treinta años. Dennos cualquier clase de previsión. Esta gente ya entra realmente en el camino de la desesperación.
Y me llama la atención que en estos momentos, cuando se trata de establecer un Ministerio, de crear una herramienta eficaz que unifique los recursos y la acción en esta materia, y de proveer el abastecimiento de la población, aquí se vote negativamente, dando una serie de excusas que realmente no tienen ninguna validez.
Por lo tanto, voto afirmativamente.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, estoy pareado con don Víctor García; por lo tanto, no voy a votar.
Pero quiero usar el derecho de fundar el voto...
El señor PALMA (Presidente).- Puede hacerlo Su Señoría.
El señor CHADWICK.- ...para hacer una rectificación a lo dicho por el Honorable señor Bulnes.
Una vez más, se ha citado en esta Corporación una carta privada del señor Presidente del Consejo de Defensa del Estado en que se expresan conceptos perfectamente claros, para desvirtuar el sentido de esa carta.
El señor Novoa, en publicaciones aparecidas en El Mercurio, ha tenido oportunidad de precisar su pensamiento. Cuando él hacía mención a los resquicios legales, se refería a disposiciones aisladas, perfectamente claras, que están en plena vigencia y que permiten al Gobierno tomar una que otra medida de tipo progresista, que eran las mencionadas por el señor Novoa, De manera que no hay ninguna justificación para que se dé a la expresión resquicios legales el alcance que le ha dado el señor Bulnes.
Por eso, protesto de que se siga tergiversando el sentido de un documento privado cuyo alcance no se puede desvirtuar después de las explicaciones del señor Novoa, que nadie se ha atrevido a rectificar públicamente.
No considero buena práctica parlamentaria referirse a personas que no pertenecen a la Corporación y que no pueden defenderse en ella; hacerlas aparecer, mediante alusiones mortificantes, en situación desdorosa, sobre todo cuando son hombres de la alta calidad profesional, moral y personal de don Eduardo Novoa Monreal, que es un profesor universitario ampliamente respetado en América Latina y que goza de la consideración y del aprecio de innumerables profesionales que han trabajado con él. Puedo decir que durante diez años tuve el honor de trabajar con don Eduardo Novoa en el Servicio de Asistencia Judicial del Colegio de Abogados, y nadie me podrá desmentir que allí demostró condiciones morales y éticas excepcionales, verdaderamente ejemplares.
Protesto de que se siga usando, con un propósito mezquino, una carta privada, no destinada a la publicidad, y que se desfigure en términos absolutamente inaceptables.
Quiero decir, además, que no he entendido bien lo que dijo el Honorable señor Bulnes respecto del plazo para renovar esta iniciativa. Tengo a la vista el artículo 47 de la Constitución Política del Estado. El Gobierno podrá renovar esta iniciativa, porque el rechazo del Senado no podría impedirlo.
El señor BULNES SANFUENTES.- Eso dije.
El señor CHADWICK.- Por eso expresé que no entendí bien lo que manifestó Su Señoría. Si hubo un malentendido de mi parte, quedan las cosas en su lugar.
Lo único que se hace en esta ocasión es postergar el despacho de un proyecto absolutamente indispensable, que se está esperando en todas partes, porque, como aquí se ha dicho y lo repetiré, es imposible planificar una política de gran alcance respeto de materias complejas si no existe un órgano administrativo que dé unidad a esa política. La Oposición se da el lujo de negar al Gobierno popular la aprobación de este proyecto, que aquél considera indispensable.
Cuando fuimos Oposición, como lo hizo presente el Honorable señor Rodríguez esta tarde, concurrimos con nuestros votos para proporcionar a la Administración pasada los instrumentos que consideraba necesarios; porque no es honesto criticar a un Gobierno si se le impide desarrollar la acción para la cual fue elegido. Constituye un verdadero atentado al sentido democrático y republicano del manejo del Estado, hacer este doble juego, en el que una mayoría del Senado, que califico de ocasional, porque no se mantendrá después de marzo de 1973, impide que se lleven adelante ideas que cuentan con la aprobación y el aplauso de todos los organismos técnico, como lo recordó el señor Ministro de Tierras.
Si hubiera podido votar, me habría pronunciado favorablemente. Ligado como estoy por un pareo con el Honorable señor García, me abstendré de hacerlo.
El señor GUMUCIO.- Debo manifestar mi extrañeza ante el hecho de que en la Sala se haya terminado discutiendo la iniciativa con un criterio netamente político. La verdad es que el mensaje primitivo del Gobierno era mucho más amplio que el que hoy día estamos discutiendo, pues comprendía materias como transporte marítimo, habilitación de puertos y otras. Sin embargo, el Ejecutivo se avino a eliminar tales aspectos del proyecto, para limitarse fundamentalmente al problema de la pesca. Por esta razón, en la Cámara hubo mayoría para aprobar el proyecto de ley.
La tramitación de la iniciativa en la Comisión tampoco hacía prever que ella se discutiría con el criterio con que ahora lo hace esta Corporación.
En la Comisión, se abstuvieron de votar los Honorable señores Pablo y Carmona, de la Democracia Cristiana, pero no votaron en contra. Y durante la discusión particular dentro del primer informe, los Senadores que constituíamos la minoría aceptamos la mayor parte de las indicaciones formuladas por el Honorable señor Pablo, Presidente de la Comisión. En realidad, ellos redactaron las indicaciones que estimaron pertinentes. Si hubiera existido un criterio tan cerrado de negativa, sencillamente no habría habido necesidad de perder el tiempo formulando indicaciones y rectificando el articulado durante la discusión particular.
Reitero que en la Comisión no prevaleció el criterio político que ahora se observa en la Sala. Más aún: medio en broma y medio en serio, el Presidente de la Comisión, Honorable señor Pablo, le dijo al señor Ministro de Tierras y Colonización que su votación dependería de un entendimiento en lo relativo al poder comprador en Talcahuano, según me parece. Yo entendí que, superado tal problema, por lo menos el Honorable señor Pablo no tendría inconveniente en votar en general y particular la iniciativa.
Algunos señores Senadores se han referido con gran erudición a las distintas especies marinas, materia que me ha interesado profundamente, aunque no soy versado en ellas.
Sin embargo, ¿qué objeciones de fondo se han formulado al proyecto? Se adujo que se otorgarían facultades muy amplias al Ministerio del Mar. Pero Sus Señorías saben que en la actualidad la Dirección de Pesca y Caza cuenta con atribuciones para dar licencias, establecer zonas de veda, otorgar permisos y varias más. En cuanto a INDAP, este organismo depende del Ministerio de Agricultura, el cual debe preocuparse fundamentalmente de todo lo relacionado con el agro y, en consecuencia, no puede planificar la política pesquera. Por otra parte, la DIRINCO tiene facultades para fijar precios y establecer márgenes de comercialización, lo que esta mañana criticó el Honorable señor Prado. Estas atribuciones no se derogan, y ese organismo mantiene su facultad de establecer poderes de compra y el estanco. Además, la Corporación de Fomento tiene un departamento encargado de otorgar créditos para la pesca.
En consecuencia, era lógico coordinar todas estas acciones y agregar algo que nadie podría discutir, y en lo cual han coincidido todos los señores Senadores: la creación de un Instituto de Investigaciones Marítimas y de una Corporación de Fomento de la Pesca.
Tales son los objetivos del proyecto. Por eso, no veo una razón de fondo para atacarlo por las atribuciones que en él se confieren. Si Sus Señorías lo examinan con detención, comprobarán que todas esas facultades siguen vigentes, aunque en distintos organismos. El proyecto se limita a organizar todas esas actividades en una sola entidad, con la ventaja de que ofrece la planificación.
Formulé una indicación para que el Ministerio del Mar pudiera fijar márgenes de comercialización, por estimar que, con un criterio de fomento de la pesca, estaba mucho más capacitado que DIRINCO para hacerlo. Además, la Dirección de Industria y Comercio no solamente debe fijar los precios de los productos del mar sino de muchos otros.
El Honorable señor Prado se refirió esta mañana a las universidades. La verdad es que el hecho de que el Estado desarrolle actividades de investigaciones no significa violar la posibilidad de que, en uso de su autonomía, lo hagan también los planteles de educación superior. Todavía más, entiendo que en la ley de Presupuestos se fijan recursos para subvencionar las investigaciones que realizan las universidades. De modo que plantear que el proyecto significa impedirles desarrollar tal actividad, es, a mi juicio, un concepto errado.
Por tales razones, y después de examinar a fondo la materia, no encuentro motivos esenciales para rechazar el proyecto, fuera de los políticos. Al respecto, el Honorable señor Prado fue bastante franco esta mañana al manifestar que este Gobierno no le merecía confianza y que, por ello, no estaban dispuestos los Senadores de la Democracia Cristiana a proporcionarle ningún nuevo instrumento. A mi juicio, constituye mala práctica plantear juicios de este carácter respecto de un Gobierno, pues las Administraciones pasan para ceder lugar a otras, las que tal vez podrían realizar la misma labor que se pretende entregar al Ministerio del Mar.
Voto que sí.
El señor IRURETA.- Señor Presidente, las razones por las cuales votaremos en contra del proyecto ya las han dado a conocer otros señores Senadores de la Democracia Cristiana. Por eso, en esta oportunidad deseo referirme un poco más extensamente al diálogo que tuvimos esta mañana con el Honorable señor Rodríguez referente a la política naviera del Gobierno pasado, y en el cual el señor Senador reconoció, de paso, después de mis objeciones banderilleras, como las calificó despectivamente, que la Administración del ex Presidente Frei podría haber adquirido uno o dos barcos para nuestra marina mercante nacional.
El Honorable señor Rodríguez sostuvo que el Gobierno del señor Allende había recibido un tonelaje estancado, lo cual no es efectivo. Y deploro no disponer de más tiempo para dar a conocer la versión que corresponde, según los datos oficiales que tengo a la mano.
En 1964, el tonelaje de nuestra marina mercante era de 350 mil 256 toneladas, y al llegar a 1970 ya ascendía a 539 mil 842 toneladas. Hay, pues, entre 1964 y 1970 un aumento de 189 mil 842 toneladas en la capacidad de nuestra flota mercante nacional. Parte de esa aumento en tonelaje son los barcos Loa y Longaví, de la Compañía Sudamericana de Vapores; el Antártico, de la Interoceánica; Polo Sur, de la Transportadora Marítima Chilena, y el Cordillerana, de la Empresa Transmares Naviera Chilena.
Pero el crecimiento experimentado hasta 1970 siguió aumentando después gracias a los contratos de construcción y compra, encargados directamente por el Estado o por empresas navieras nacionales, durante el período democratacristiano. Prueba de ello es que durante el año 1970 se incorporaron al servicio nacional los siguientes nuevos barcos:
Empresa Marítima del Estado: sus graneleros de quince mil quinientas toneladas cada uno (Lagos Riñihue, Llanquihue, Puyehue, Lanalhue, Margue, Hualaique), y un barco frigorífico de mil novecientas toneladas.
Sociedad Anónima de Navegación Petrolera: un petrolero metalero de 68 mil toneladas.
Compañía Sudamericana de Vapores: el Limarí y el Laja, de 13 mil toneladas cada uno.
Empresa Ultragas: un petrolero de cinco mil quinientas toneladas.
Finalmente, en 1972, acaba de llegar al país, con gran propaganda publicitaria del Gobierno del señor Allende, el Tren Naval, encargado y contratado también en nuestro Gobierno, y que tiene una capacidad de arrastre de 40 mil toneladas. El Tren Naval consiste en un sistema de remolcadores y barcazas que cubrirá las necesidades de transporte del litoral nacional. En consecuencia, si a las 189 mil 842 toneladas de aumento de nuestra flota mercante nacional, logradas hasta 1970, agregamos las 40 mil toneladas de capacidad de arrastre del Tren Naval recién llegado, resulta un aumento, gracias a la política naviera del Gobierno del señor Frei, de 229 mil 842 toneladas, en seis años.
Esos son los hechos. Más allá de las palabras, constituyen realidades que es injusto e inútil desconocer. Trescientas cincuenta mil doscientos cincuenta y seis toneladas en 1964. Quinientas setenta y nueve mil ochocientas cuarenta y dos toneladas, gracias a la política naviera del Gobierno democratacristiano.
Es justo agregar también que durante la Administración pasada se registró una importante pérdida de tonelaje por siniestros, vejez, o ventas, las que debieron ser reabsorbidas. En efecto, en 1968 se incendió la motonave Austral, de 9 mil 670 toneladas, y en 1969 naufragó el metalero Santa Fe, de 12 mil 322 toneladas, y se dio de baja al vapor Tornagaleones, de 5 mil toneladas, que tenía 38 años de actividad. Además, se autorizó la venta del buque-tanque Sonap, de 16 mil 500 toneladas, y de la motonave San Fernando, de 700 toneladas, con 14 y 13 años de actividad, respectivamente. Este tonelaje dado de baja por las diversas causas ya indicadas suma 44.282 toneladas. En consecuencia, la conclusión indesmentible es que por aumento y reposición de tonelaje, la Administración anterior incorporó, en total, 274 mil 124 toneladas a la flota mercante nacional.
Pero no es eso todo lo que hizo el Gobierno del señor Frei en materia de política naviera. Medidas de largo aliento dieron respaldo a nuestra marina mercante. Por eso, se la favoreció con el draw-back, que tanto atacaron los Senadores que hoy son Gobierno, pero que no se han atrevido a suprimir. Otras medidas, como la reserva de carga fiscal para las empresas navieras nacionales, el equipamiento de puertos, la celebración de convenios internacionales y el arrendamiento de naves, reforzaron la política democratacristiana en materia de fletes navieros. Y a propósito de convenios internacionales, tenemos los que suscribió la Administración pasada en el seno de la ALALC, según los cuales se reservaba a los barcos nacionales el 50% de la carga, y que en los últimos días inclusive han provocado críticas airadas de sectores del Gobierno norteamericano.
Hace tiempo, al comienzo de esta gestión presidencial, dijimos que, en definitiva, un Gobierno es juzgado por su pueblo, no tanto por sus intenciones como por su conducta práctica, no tanto por sus programas o planes como por sus resultados. Y por eso, en materia naviera, como en cualquiera otra, las comparaciones entre esta Administración y la anterior son demoledoras para el señor Allende.
A los miles de toneladas de palabras del Gobierno allendista, respondemos con los miles de toneladas de nuevos barcos que hoy sirven a Chile, gracias a la Democracia Cristiana.
Voto que no.
El señor VALENTE.- ¡El Presidente Allende se encontró con una operación pendiente muy sospechosa referente a la adquisición de un barco metalero!
El señor IRURETA.- ¡Con esa compra habríamos aumentado el tonelaje! ¡Lo único sospechoso fue haber suspendido la operación! ¡No ha habido Gobierno más corrompido y deshonesto que éste!
El señor VALENTE.- ¡En materia de corrupción, Sus Señorías llevan la bandera!
El señor LUENGO.- Lamento bastante que al votar en general un proyecto de la naturaleza del que hemos estado discutiendo, y respecto del cual se han dado tantas informaciones de orden técnico, porque la intervención del señor Ministro de Tierras en este sentido fue muy completa, la mayoría del Senado se pronuncie por su rechazo. Y ello ocurre no obstante que durante los catorce meses en que se discutió la iniciativa en la Cámara de Diputados, la unanimidad de los parlamentarios le dio su aprobación.
Tengo a la mano - desgraciadamente, no dispongo de tiempo para leerlas - algunas intervenciones de los señores Diputados de distintas tiendas políticas. Por la Democracia Cristiana participó el señor Lavanderos y también el señor Barrionuevo. En nombre del Partido Nacional lo hizo el señor Monckeberg, quien realizó un elogioso comentario sobre el proyecto. También intervino el Diputado señor Lorca y diversos otros pertenecientes a todos los sectores, los cuales se mostraron partidarios de la iniciativa.
En la Cámara se conocieron los informes de la Universidad Católica de Valparaíso, ampliamente favorables al proyecto, como tuvo oportunidad de demostrarlo palmariamente el Ministro de Tierras, compañero Humberto Mariones.
Hay consenso unánime en todos los sectores del país que alguna vinculación tienen con la pesca en que es indispensable la creación del Ministerio del Mar, porque permitirá dar al país un nuevo sueldo. Sin embargo, aquí, por cuestiones de orden político, porque fundamentalmente ésa es la razón, se rechaza la iniciativa.
Debo recalcar, como lo hizo también el Honorable señor Gumucio, que, por lo menos, el Honorable señor Prado tuvo esta mañana la franqueza de afirmar que ellos, por motivos de índole política, votarían en contra del proyecto. A mi juicio, este episodio es lamentable, y creo que la opinión pública nunca podrá entender cómo un proyecto de esta índole, que cuenta con tantas opiniones favorables, lo rechaza en definitiva, en su segundo trámite, una mayoría del Congreso, después de haber sido aprobado por unanimidad durante su primer trámite.
Se han formulado una serie de observaciones de carácter particular al proyecto, pero por alguna razón el Reglamento establece dos trámites internos en cada trámite constitucional: un primero y un segundo informes. En el segundo se presenta toda clase de indicaciones para mejorar los proyectos. En el estudio en Comisiones pueden aprobarse las indicaciones, introducir modificaciones, en fin, puede hacerse cualquier cosa tendiente a mejorar efectivamente las iniciativas de ley. Eso es lo que hacemos continuamente. En consecuencia, de no haber un afán obstruccionista, debería aprobarse en general este proyecto, porque en el segundo informe - máxime cuando hay una inmensa mayoría opositora que puede aprobar las disposiciones en los términos que ella estime convenientes - podría rectificarse esta iniciativa. Pero eso no se ha hecho ahora.
Me parece que no está de más reiterar otra vez que cuando fuimos Oposición nuestra actitud fue distinta de la que hoy asume la Democracia Cristiana. Aquí se ha recordado el caso de la reforma agraria, en la cual tuvimos activa participación, y ayudamos a que saliera adelante esa iniciativa. Igualmente, cuando se discutió el proyecto que creaba el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, al cual se han referido otros Honorables colegas, dijimos al señor Ministro de la época que ese organismo iba a crear muchas hijuelas pagadoras. Esas fueron las palabras que yo usé, pues el Gobierno en esa oportunidad planteaba que el Ministerio que se creaba pudiera fijar todos los años su planta, de manera que ésta no terminaría nunca e iría creciendo cada año. Pues bien, el Ministro señor Collados finalmente aceptó que se modificara la planta sólo una vez cada dos años. Así, nosotros le dimos nuestra aprobación. El señor Collados tuvo palabras de agradecimientos para la Oposición cuando terminó de discutirse el proyecto. Nosotros, teníamos muchas observaciones que formular al respecto; pero, finalmente, aprobamos la iniciativa, porque la considerábamos un instrumento - a pesar de las muchas críticas que nos merecía - necesario para poder impulsar un poco más la política de la vivienda, lo que, por desgracia, no se hizo. Entiendo que ese Ministerio tiene más de cinco mil o seis mil funcionarios. Sin embargo, se ha hecho cuestión de la creación del Ministerio del Mar...
El señor PALMA (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor LUENGO.- Perdóneme, señor Presidente. Su Señoría ha sido un poco largo de manga con otros Honorables colegas, de modo que le ruego que me permita un minuto más.
Este proyecto cuesta 25 millones más de lo que actualmente se ha presupuestado para financiar los diferentes organismos que ahora se refundirían en el Ministerio del Mar. No se trata, entonces, de una suma exagerada. Es una pequeña cantidad. El señor Ministro proporcionó cifras concretas, y dijo: Vamos a nombrar 110 nuevos funcionarios. No son miles, como ocurrió con el Ministerio de la Vivienda. Son sólo 110. Sin embargo, a pesar de ello, la Derecha y la Democracia Cristiana se niegan a aprobarlo.
Me parece que la historia tendrá que señalar a estos partidos que han actuado en forma mezquina frente a un proyecto de cuya necesidad existe conciencia nacional, porque con este instrumento podríamos impulsar más el desarrollo económico social de Chile.
Voto por la afirmativa.
El señor NOEMI.- A mí me bastaría, para votar como lo haré, con los argumentos que escuché a distintos Senadores de la Democracia Cristiana. Pero no dejaré pasar esta oportunidad sin rechazar los términos del Honorable señor Luengo en el sentido de que habría mezquindad de nuestra parte al votar negativamente esta iniciativa. Igualmente, debo rechazar las palabras del Honorable señor Rodríguez, que ha manifestado que nosotros tenemos sólo un propósito obstruccionista muy diferente de la actitud que habrían tenido ellos durante el Gobierno anterior. Para abonar esta afirmación, traen a la memoria lo sucedido con los proyectos de reforma agraria y sobre el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.
Pues bien, así al pasar podría responder a los señores Senadores que nosotros no hablamos de no dar la sal ni el agua.
El Presidente Frei fue elegido por mayoría absoluta, de modo que no requería la ratificación del Congreso Pleno para ser designado. El Partido Socialista ni siquiera concurrió a la sesión en que el Poder Legislativo proclamó Presidente a Eduardo Frei. En cambio, nosotros no sólo concurrimos al Congreso, sino que ratificamos al Presidente Allende, puesto que no había obtenido la mayoría absoluta y necesitaba la aprobación de este Poder. Y ahí estuvimos todos los parlamentarios democratacristianos. No hubo un solo voto nuestro en contra de la ratificación.
Más adelante, con motivo del proyecto de nacionalización del cobre, que es el de más envergadura presentado por este Gobierno, también dimos nuestra cooperación. Así como los Senadores ahora de Gobierno no podían, de manera alguna, votar en contra de la reforma agraria propuesta por la Administración anterior, con la cual abríamos un camino para poner en pie a los campesinos y entregarles la tierra para que fueran los propietarios de ella, nosotros tampoco podíamos negarnos a la nacionalización del cobre, no obstante existir una nacionalización pactada que nos daba el 51% de las acciones y que habíamos mejorado después nuestra posición con el sobreprecio del metal, en el cual Chile participaba en el 88% de las utilidades por este concepto. Por aquello de la soberanía nacional, estimábamos justo apoyar esa iniciativa. Y no sólo la apoyamos, sino que, incluso, la mejoramos. Sus Señorías oyeron nuestras intervenciones, las que, muchas veces, merecieron felicitaciones del Ministro de Minería de este Gobierno. En consecuencia, no ha habido de nuestra parte una actitud tan diferente.
Ahora, ¿por qué razón votaré en contra de este proyecto, además de las expuestas por otros Senadores democratacristianos? Lo haré por el factor humano. Yo, como el Honorable señor Rodríguez y otros señores Senadores, estuve hace un mes y medio en un congreso de pescadores artesanales celebrado en Coquimbo. He visto cómo, realmente, los pescadores manifiestan su intranquilidad por el hecho de que sus productos se pagan mal. Es plausible el propósito del Gobierno de entregarlos a la población a bajo precio; pero no puede lograrse esto a costas del sacrificio de esos trabajadores. Los pescadores no tienen redes, repuestos, motores para sus embarcaciones; pero tenían que vender sus productos a menos del costo en los terminales pesqueros.
Ellos están totalmente de acuerdo en que exista un poder comprador; pero un poder comprador pluralista, libre, no para que se les estén controlando los precios y ellos sufran las consecuencias.
Por eso, atendiendo a la posición de los pescadores, atendiendo al factor humano, a estas personas que han dicho no tener inconveniente en que se estructure un organismo dependiente del Ministerio del Trabajo, una subsecretaría a ellos no les importa el nombre, en fin un organismo que planifique, coordine y oriente todo lo relativo al mar, como se dice en este proyecto, yo lo votaré negativamente. Lo hago atendiendo a lo que quieren estos trabajadores, en cuya posición estoy, naturalmente, después de haberlos escuchado durante las largas reuniones que tuvieron en ese congreso. Ellos desean que no se desconozcan sus organizaciones cooperativas y las demás que mantienen. Por eso, como esto no se aclara suficientemente en la iniciativa en estudio ni nadie lo ha refutado luego de la intervención del Honorable señor Pablo, y sin perjuicio de las demás razones expuestas por los Senadores de mi partido; en fin, teniendo en vista el problema humano a que me refería denantes porque los pescadores, como he tenido oportunidad de verlo, no desean que se estatifique su actividad ni ser dependientes del Gobierno a través de este Ministerio, voto en contra del proyecto.
El señor OCHAGAVIA.- Deseo intervenir para refutar lo que aquí se afirmó, en el sentido de que habría una inconsecuencia en la votación de los parlamentarios nacionales en la Cámara y en el Senado.
Deseo reiterar nuestra posición de respaldo al proyecto, y, más que eso, de promoción de todo cuanto implique el desarrollo de una política que nos permita aprovechar los grandes recursos marítimos, de parte de los Senadores de estas bancas.
Nosotros pensamos que el crecimiento, el desarrollo y el futuro de la nación están íntimamente ligados a las enormes riquezas que encierra el océano. Estimamos que el país tiene que abrirse en su geografía estrecha en lo terrestre, hacia la inmensidad del mar, que puede darnos inmensos recursos.
Aquí se ha hecho una afirmación que no corresponde a la realidad. Se ha dicho que la Oposición es mayoría en el Congreso, de manera que las leyes se despachan de acuerdo con el criterio de dicha mayoría. No quisiera que la opinión pública pudiese engañarse con una información tan falsa como ésta. El Ejecutivo, con un tercio de los parlamentarios, puede imponer su criterio. Sabemos que, de hecho, como el Gobierno tiene más de un tercio de los votos, en definitiva frustra cualquier intento de la Oposición de modificar los proyectos conforme a su criterio.
Ahora, en cuanto al proyecto en debate, es efectivo que el Diputado Monckeberg, al igual que otros Diputados nacionales, dieron una contribución positiva.
Nosotros tenemos estudios importantes en cuanto a las posibilidades de obtener del mar las proteínas necesarias para enriquecer la alimentación, como una forma de entregar a la juventud lo que requiere para su adecuado desarrollo. Igualmente, tenemos estudios concretos para el aprovechamiento integral de nuestra riqueza marina, y estamos dispuestos a que los aproveche este Gobierno o cualquiera otro, porque, antes que actuar movidos por una posición política, lo hacemos guiados por una de orden patriótico. Sin embargo, ¿qué ocurre? Que este Gobierno, por desgracia, demostrando su incapacidad y su sectarismo, impide que ello se haga efectivo. Y esto lo digo al Senado con alguna responsabilidad, porque represento una zona rica en productos del mar. Así, por ejemplo, puedo señalar que en Chiloé existen cinco fábricas de conservas de mariscos, ubicadas en Quellón. Pues bien, sucede que estas fábricas están paralizadas, destruyéndose, por la incapacidad de estos hombres nuevos, que les han impedido funcionar. Son cuatro mil las familias de Chiloé, entre extractores y trabajadores de las industrias, las que en estos momentos están sufriendo las consecuencias. Mientras tanto, el país ve largas colas para abastecerse de alimentos.
No considero serio que se planteen slogans políticos referentes al sueldo de Chile, en circunstancias de que en estos momentos el país está produciendo menos cobre y de que, por la ineficacia, la incapacidad y el sectarismo con que se explotan nuestros minerales cupríferos, ahora se producirán pérdidas en una actividad que antes era nuestra principal fuente de entradas.
Tampoco encuentro serio hablar de un gran proceso de reforma agraria en circunstancias de que el país está hipotecando su independencia económica al tener que importar más de 450 millones de dólares en alimentos que Chile podría producir.
Pero resulta que en este proyecto, como en todo orden de cosas, el Gobierno insiste en su tesis sectaria, monopolista, estatista, pretendiendo colocar bajo su dominación a todos los hombres que podrían explotar y desarrollar los enormes recursos que tiene nuestro mar.
¿Qué quiere el Estado? Impedir que ese aprovechamiento se concrete y tomar el control de esta actividad, a pesar de su incapacidad y su ineficiencia, como ha quedado demostrado en Quellón. En Chiloé hay órdenes que impiden el traslado de mariscos al centro y norte del país, en circunstancias de que en estos instantes en Santiago no tenemos qué comer.
Yo pregunto a los señores Senadores y a quien iba a ser Ministro del Mar, que hacía aquí toda una parodia al levantarse de su asiento y proferir que seguiría explotando las riquezas marinas de nuestro país: ¿Por qué no se hace algo concreto, de buen sentido? ¿Por qué no se permite trabajar libremente a los pescadores, sin obligarlos a entregar sus productos a un organismo estatal para qué se les entreguen elementos de trabajo? ¿Por qué existe esta presión? ¿Por qué se persigue a los intermediarios, en circunstancias de que éstos cumplen una función muy importante, para entregar los productos al público?
Actualmente se botan cientos de cajas de mariscos en el terminal pesquero de la CORFO. El Honorable señor Luengo puede ir a comprobarlo mañana mismo. ¿Por qué? Por la incapacidad de este Gobierno.
Aquí estamos planteando una posición seria, no una posición demagógica. Estamos dispuestos - y lo reitero - a despachar una ley que realmente permita el aprovechamiento de los recursos del mar, pero en la medida en que podamos hacer valer nuestra opinión, que, por desgracia, no podemos hacer valer ahora.
En seguida, en cuanto a la carta del señor Novoa, resulta que el Gobierno no sólo le está torciendo la nariz a la ley a través de actitudes como la de este señor, sino también del Ministro de Economía y del de Agricultura. Simplemente, lo que le interesa al Gobierno es apoderarse del control de la economía para poder, en seguida, apoderarse del control político de todos los ciudadanos.
El señor LUENGO.- ¿Hasta qué hora hablará el señor Ochagavía?
El señor OCHAGAVÍA.- Por estas razones, los Senadores nacionales votaremos en contra del proyecto en estudio.
El señor LUENGO.- No hubo acuerdo para prorrogar la hora, de manera que reclamo la aplicación del Reglamento, para que el Honorable colega se atenga a él.
El señor PALMA (Presidente).- Con el Honorable señor Ochagavía se ha seguido el mismo criterio que con Su Señoría.
El señor LUENGO.- Yo me pasé sólo un minuto de los cinco que me correspondían.
El señor PALMA (Presidente).- Su Señoría habló siete minutos.
El señor PRADO.- Varias veces se ha repetido aquí que en el debate de la mañana de hoy yo habría expresado una razón de tipo político en torno del proyecto. Es así, pero reclamo el derecho a que las cosas se digan como corresponde. Cuando uno afirma eso, lo hace con un sentido muy claro; y creo que fui bastante explícito en la mañana.
Político sí, en el sentido de que la Democracia Cristiana no se siente obligada a tomar responsabilidad frente a un articulado que crea un Ministerio cuya concepción y estructura no nos permiten considerarlo como respuesta adecuada al problema que está planteado en relación con el mar.
Partimos haciendo objeciones muy concretas a la actual política de este Ministerio. Partimos objetando todo el problema de los barcos pesqueros soviéticos. Sin embargo, se nos dieron respuestas bastante inadecuadas, porque citamos no opiniones nuestras, sino la de expertos de la FAO y de otros organismos internacionales contratados por este Gobierno.
En relación con este proyecto, también quiero dejar constancia de otro hecho. El señor Ministro y el Honorable señor Luengo, con demasiada ligereza, por desgracia, han dicho que la Universidad Católica y la Escuela de Pesquería no han hecho más que expresar loas en relación con este proyecto. No es así. Tengo en mi mano el mismo legajo de documentos que tenía el señor Ministro, y también el informe de la Escuela de Pesquería y Alimentación de la Universidad Católica de Valparaíso. Y resulta que lo dicho por la Rectoría de la Universidad Católica, como lo expresado por la Escuela de Pesquería y lo que digo yo - partí diciéndolo en la mañana - es que nosotros somos partidarios de que haya una buena estructura, un buen Ministerio o una buena Subsecretaría.
Tengo en mi poder las observaciones que hizo la Escuela de Pesquería, y resulta que cambia totalmente el panorama cuando se refiere concretamente a este proyecto. Por ejemplo, dice que carece de una visión en este sentido; en un sentido muy crítico que plantean. Textualmente afirma lo siguiente: Plantea una instrumentalización para abordar problemas presentes de corto plazo que en la actualidad hacen crisis, en solo dos campos específicos. No se abre concretamente hacia el futuro en una captación del problema del mar. No señala tampoco una integración e interacción con otras actividades. Se optó por reordenar las diferentes funciones y actividades en una Dirección Nacional de Pesca y en tres Empresas Autónomas en las que se incorporan distintos servicios, pero no hay un planteamiento sólido frente, a otras instituciones y organismos que realizan tareas importantes en el sector, en educación, capacitación, organización, investigación y comercialización.
Se refiere después a un aspecto muy importante: la investigación, que constituye una de las objeciones serias, porque este proyecto pretende dar una tutoría al Estado, a través de este Ministerio, de toda la acción de investigación relativa al mar.
El señor LUENGO.- ¡No respecto de las Universidades!
El señor PRADO.- Incluidas las Universidades. Esta es una observación de la Universidad Católica y de la Escuela de Pesquería. No la estoy inventando yo.
Agrega más adelante:
Adquiere un enorme poder - se refiere al Ministerio del Mar - coordinador, orientador y ejecutor de todas las investigaciones científicas y tecnológicas que se realicen en el país, con excepción de Conicyt. Nos parece una inaceptable disposición.
El señor LUENGO.- Usted no ha leído el informe.
El señor PRADO.- Usted no lo ha estudiado, señor Senador.
Entonces, yo no admito que se majaderee, como lo está haciendo el Honorable señor Luengo, porque no conoce el proyecto y, simplemente, se siente en la obligación de defender algo que es malo.
Este es un mal proyecto. Trataré de resumir por qué lo es. Porque quiere concentrar poder. Porque quiere centralizarlo todo. Porque quiere fijar un esquema de centralización comercial, subordinando a todos los pescadores artesanales. Porque quiere concentrar toda la investigación, o por lo menos orientarla. Porque quiere concentrar todo lo relativo a becas y subvenciones sobre la materia, todo lo cual quedará subordinado a ese Ministerio, según el articulado.
Se nos ha preguntado por qué razón no arreglamos el proyecto. ¡Porque habríamos tenido que despedazarlo entero! Y por una razón de trámite, de proceso: porque para poder mejorar el proyecto en relación con las críticas que hemos hecho, habríamos tenido que agregar sectores en distintos organismos. Y al Presidente de la República le basta, como lo ha hecho otras veces, con suprimir tales normas a través de un veto supresivo, respecto del cual no podemos insistir porque necesitamos dos tercios del Senado y de la Cámara, y no los tenemos.
Así que no nos veamos la suerte entre gitanos. Este es un mal proyecto.
Tampoco es válida la observación del Honorable señor Gumucio - esta es la última cuestión que abordaré - en el sentido de que estas facultades están contenidas en distintos servicios. Lo están en parte, y para el ámbito del respectivo servicio. Pero en el contexto de un solo Ministerio, que define lo que son actividades pesqueras y que las sujeta por completo a las disposiciones de este Ministerio, significa crear un superpoder estatizante que no estamos dispuestos a aceptar.
Por estas consideraciones, hemos sido francos al decir que éstas son razones políticas. Son razones de fondo de responsabilidad política de un partido.
Por eso, voto negativamente.
El señor RODRIGUEZ.- Voto que sí.
Ya fundé largamente mi posición.
El señor VALENTE.- Quiero dar a conocer al Senado una declaración que recibí hace un momento de la Federación de Sindicatos Profesionales de Pescadores de Chile. Dice así:
La Federación de Sindicatos Profesionales de Tripulantes Pesqueros de Chile, declara a la opinión pública, a los trabajadores de la ciudad y del campo: conocidos los antecedentes de los que en el día de hoy nos hemos impuesto en la Sala de Sesiones del Honorable Senado, donde se discutió el proyecto presentado por el Ejecutivo para la creación del Ministerio del Mar; y conocida la opinión de los Senadores del P. D. C. y la Derecha, esta Federación declara su más resuelto y decidido apoyo al proyecto mencionado del que somos parte interesada como trabajadores conscientes, responsables y con un alto espíritu patriótico. Y de la finalidad básica en lo que significa sacar adelante del atraso y la postergación a las industrias pesqueras del país.
Nuestra Federación, representada por una delegación de dirigentes zonales de los puertos de Coquimbo, Valparaíso, San Antonio y Talcahuano, quienes escuchamos personalmente los planteamientos de los Senadores de Oposición en contra del proyecto referido. Por mandato de nuestras bases es que rechazamos enérgica y categóricamente la oposición de los Senadores D.C. y de Derecha, al mismo tiempo solicitamos que reconsideren su determinación de no legislar en favor de una de nuestras más altas aspiraciones, por las cuales luchamos y lo seguiremos haciendo.
Firman la declaración los señores Hugo Maturana González, presidente; Nelson Ascencio Pardo, secretario; José Figueroa Pincheira, por la zonal norte; Gregorio Donaire Toro, por la zonal centro; Genaro Freire Matamala, por la zonal sur, y Carlos Pérez Molina, presidente de los tripulantes de Talcahuano, y está fechada hoy día.
Creo que ésta es una demostración de que los trabajadores del país, especialmente los marítimos, portuarios, pescadores, tripulantes, vibran con este proyecto y están de acuerdo con él, porque realmente es una iniciativa que merecía el apoyo del Senado, por las razones que dimos a conocer en nuestra intervención en la mañana de hoy.
Sin embargo, creo que las especiosas argumentaciones que se han hecho hoy día en esta Sala no justifican la actitud de los parlamentarios de Oposición, porque, a nuestro juicio, han cometido un error, cegados por su oposición intransigente, mantenida a ultranza en contra del Gobierno de la Unidad Popular.
Hemos escuchado a los Senadores de la Derecha decir que no confían en este Gobierno. ¡En buena hora la Derecha no confía en este Gobierno! Es una desconfianza recíproca la que tenemos. Lo que les duele a ellos y a algunos sectores de la Democracia Cristiana que desgraciadamente apoyan esa política de autodefensa o de defensa intransigente de privilegios, es el cumplimiento del programa de la Unidad Popular que el Gobierno está llevando adelante para terminar con la influencia del capital monopolista extranjero en nuestra economía, para liquidar la influencia y los privilegios de estos filibusteros de las finanzas nacionales, para terminar con esa odiosa lacra que tanto ha perjudicado a Chile: el latifundio.
Vamos a seguir cumpliendo el programa de la Unidad Popular.
La Derecha económica no para mientes. Es capaz de arrastrar el país hasta a una aventura de tipo golpista, con el ánimo de defender sus intereses. Pero contra esa actividad y la de sus cómplices está la firme decisión de los trabajadores del país de defender a su Gobierno y el programa que estamos cumpliendo.
Se ha dicho que hay desconfianza en el Gobierno por parte de las fuerzas populares. No es así. Hay problemas. Sabemos que los hay, que existe desabastecimiento y que el alza de precios ha influido en los presupuestos de los hogares proletarios. El reajuste va a compensar esta situación. Pero, por sobre todas las cosas, en el ánimo de la inmensa mayoría de los trabajadores del país está la resolución de apoyar a este Gobierno, porque se sienten interpretados por las medidas adoptadas; porque el programa que estamos cumpliendo ha sido elaborado con la participación de los propios trabajadores.
Por esta razón, el episodio de esta tarde en el Senado es bastante penoso. Van a cargar con la culpa los Senadores que han votado en contra del proyecto. Veremos la forma de presentar otra iniciativa. Pero de alguna manera, como lo expresó el señor Ministro de Tierras, cumpliremos la idea del Gobierno de impulsar el desarrollo de nuestras riquezas marítimas y lacustres. Seremos inflexibles para imponer, con la participación de los trabajadores, esa política, que no es en beneficio de un Gobierno, sino de todo el país y de los trabajadores que laboran en esta importante actividad nacional.
El señor PABLO.- En sus palabras finales, el señor Ministro de Tierras...
El señor CHADWICK.- Que no está presente en la Sala.
El señor PABLO.- ... dejó en claro lo que hemos sostenido nosotros, en el sentido de que con ley o sin ella dicho Secretario de Estado puede seguir trabajando a favor de los sectores marítimos. Pero le advertimos sí que entendemos que eso se hará dentro de las estructuras actuales, porque si sus palabras significan alguna amenaza velada sobre la validez de los resquicios legales, más allá de la ley, el señor Ministro puede tener la seguridad de que estaremos llamándolo a terreno y haciéndole reconocer el cumplimiento de la ley.
Por otro lado, quiero responder al Honorable señor Gumucio, quien ha sostenido que a última hora hemos adoptado actitudes de este tipo. Quiero expresar que en el informe consta que, al abstenernos, dejamos constancia de que nos interesaba convenir previamente con el señor Ministro particularmente lo relativo al problema del sector artesanal y ver en qué medida podríamos encontrar soluciones frente a esta concepción estatista que se quiere aplicar a toda la actividad pesquera.
Aquí no se trata de atentar contra los privilegios de filibusteros o imperialistas. Se trata de que ese problema afecta a lo largo de todo el litoral a hombres de cualquier filiación política. Nunca hemos preguntado a qué tienda política pertenecen. Han sido comunistas, socialistas, hombres que permanentemente han votado por el señor Allende o por los partidos de la Unidad Popular. Sus dirigentes, con quienes he conversado personalmente los he visitado en sus caletas y me han recibido en sus casas, me manifestaron que están en contra de este afán estatizante del comercio que se pretende aplicar, porque por un lado se les fijan precios que no corresponden al costo de la vida, sin tomar en cuenta los insumos, que deben pagar con un recargo de 200 % o 300%, y por otro se los obliga a entregar sus mercaderías a un solo comprador, en circunstancias de que se tiene conciencia de que ese poder comprador no las puede absorber en su totalidad. Ellos se encuentran ante la persecución y la actitud intransigente de caudillos y de parcelas políticas que lo único que buscan, a la postre, es el mejoramiento personal. Porque en esos sectores no solamente hay funcionarios, que son muchas veces los que esta tarde han aplaudido aquí; funcionarios que están rodeando permanentemente al señor Ministro: particularmente los candidatos a ser funcionarios, los pescadores que se van a quedar en tierra, no los pescadores que se van a trabajar al mar. Esos son los que rodean al señor Ministro.
Concurrí a un sindicato que estaba en una sesión plena, como el de Cocholhue. El señor Ministro me ha dicho esta mañana que también tenía informes de que se habían reunido al lado de un regidor comunista. Hablé con ellos, y expresaron actuar sin ningún sentido partidista, de ninguna especie. Por esa razón debo pensar que esa gente está expresando su sentimiento y sus puntos de vista en forma derecha, tal como lo sienten. Así creo que sucede a lo largo de todo el litoral en este país, que yo he visitado muchísimo.
Por otro lado, reitero que nosotros queríamos un proyecto convenido con el Gobierno. Se lo dijimos en la Comisión y fuera de ella. Y en el mes de marzo, cuando junto con el Senador señor Reyes y un grupo de personas más, fuimos a hablar con el señor Ministro para plantearle, en nombre del Partido Demócrata Cristiano, este mismo problema relacionado con lo que estaba sucediendo en el litoral, le dijimos: Cuidado, señor Ministro, con el proyecto del Ministerio del Mar. Esto no va a pasar si a esa gente no se le da tranquilidad.
Este proyecto constituye una improvisación, como lo dije esta mañana. Y aquí se nos dice que estamos negando, en alguna medida, la sal y el agua al Gobierno. Recuerdo que nosotros también fuimos Gobierno. ¿Qué pasó con las consejerías de promoción popular? ¿Qué pasó con los proyectos siderúrgicos del Gobierno de la época, que tuvieron que ser retirados porque iban a ser votados en contra durante una legislatura extraordinaria? ¿Qué pasó con una serie de iniciativas rechazadas en general?
El señor LUENGO.- ¡Entregaban a los particulares la siderurgia de Chile!
El señor PABLO.- Lo que me da pena es escuchar permanentemente al Honorable señor Luengo hablar de cosas que no sabe, porque no tiene idea de ellas.
El señor LUENGO.- Lo recuerdo muy bien.
El señor PABLO.- Aquí, señores Senadores, se ha hecho hincapié en el caso concreto de un barco metalero cuya adquisición habría significado elevar la capacidad de nuestra flota pesquera a más de 700 mil toneladas. Y si hoy se tuviera que comprar esa nave, cuya adquisición estaba contratada por el Gobierno anterior mediante un crédito externo, debería pagarse tres veces el valor de esa época. ¡Y éstos son los que desean fomentar la industria metalera! Y fuera de las injurias y diatribas contra los hombres del Gobierno pasado, no pudieron comprobar nada, y sólo causaron perjuicios al país.
Permanentemente los hemos ayudado, tal vez mucho más allá de lo que ellos se imaginaron que podríamos hacerlo. En primer lugar, los ayudamos a que fueran Gobierno, porque no ganaron en las calles, sino aquí en el Congreso. Fueron nuestros votos los que los hicieron Gobierno. En segundo lugar, los hemos ayudado a cumplir gran parte de su programa. Pero, frente a la permanente intransigencia y a la actitud realmente agresiva, ¿qué quieren? ¿Qué contestemos con florcitas en el ojal?
Creo que llegó el momento de decirnos las cosas tal como son. En este país están sucediendo cosas muy graves y serias por la intransigencia de un Gobierno que cree que la democracia consiste en respetar a las minorías y no a las mayorías. Porque mediante el régimen presidencial pueden mandar y están usando la ley para arrasar realmente con el sentir de las grandes mayorías nacionales. Pero no pasarán, no sólo en el verbalismo. Porque cuando veamos este cuadro y empiece a caer el telón, si no hay rectificaciones, mucho temo que las actitudes de intransigencia de los hombres de Gobierno de hoy nos conduzcan a males mayores, que queremos evitar a toda costa desde hace muchos años, desde que nacimos a la vida política.
Se rechaza el proyecto (15 votos contra 5 y 2 pareos).
Votaron por la negativa los Honorables señores Aguirre Doolan, Bulnes Sanfuentes, Carmona, Gormaz, Irureta, Morales Adriasola, Moreno, Noemi, Ochagavía, Pablo, Palma, Papic, Prado, Reyes y Valenzuela.
Votaron por la afirmativa los Honorables señores Contreras, Gumucio, Luengo, Rodríguez y Valente.
No votaron, por estar pareados, los Honorables señores Chadwick y Foncea.
El señor PALMA (Presidente).- Rechazado en general el proyecto.

TABLA DE FACIL DESPACHO PARA LA PROXIMA SESION ORDINARIA.

El señor FIGUEROA (Secretario).- El señor Presidente anuncia la siguiente tabla de Fácil Despacho para la próxima sesión ordinaria:
1.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Foncea, Fuentealba, Lorca, Noemi y Pablo, que crea el Registro Nacional de Peluqueros de Chile, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
2.- Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que denomina Casa Nacional de la Cultura Gabriela Mistral al complejo arquitectónico en que funcionó UNCTAD III, con informe de la Comisión de Educación Pública.
3.- Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que declara que las importaciones de mantequilla efectuadas por la Empresa de Comercio Agrícola, para los fines que indica, no estarán afectas a la prestación exigida por la ley Nº 8.094, con informe de la Comisión de Hacienda.
4.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Moreno, que modifica el artículo 1º de la ley Nº 17.253, en el sentido de que las municipalidades de las comunas en que existan fuentes de aguas minerales podrán traspasar determinados recursos a sus presupuestos ordinarios, con informe de la Comisión de Hacienda.
5.- Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 12.477, que transfirió determinados terrenos a la Municipalidad de Limache, con informe de la Comisión de Gobierno.
6.- Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que autoriza a la Municipalidad de Pitrufquén para contratar empréstitos, con informe de la Comisión de Gobierno.
7.- Proyectos de ley, iniciados en mociones de los Honorables señores Hamilton y Lorca, que autorizan a la Municipalidad de Castro para expropiar el Teatro Cine Rex, de esa ciudad, con informe de la Comisión de Obras Públicas.
8.- Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que denomina Amelia Barahona de Mujiea a la Escuela Nº 21 de Gualliguaica, del departamento de Elqui, con informe de la Comisión de Educación Pública.
9.- Proyecto de la Cámara de Diputados que denomina Carlos Condell a la Escuela Básica Mixta Nº 403, de Santiago, con informe de la Comisión de Educación Pública.
10.- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Chádwick, que denomina Francisco Cornely Bachmann al Museo Arqueológico Municipal de La Serena, con informe de la Comisión de Educación Pública.
11.- Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que denomina Rector Abdón Andrade Coloma al Liceo de Hombres de La Unión, con informe de la Comisión de Educación Pública.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Han llegado a la Mesa algunos acuerdos de Comités para tratar cinco proyectos de ley.

BENEFICIOS PARA VECINOS DE POBLACIONES RODRIGUEZ Y PIZARRO, DE CHILLAN.

El señor FIGUEROA (Secretario).- En primer lugar, se ha eximido del trámite de Comisión al proyecto de la Cámara de Diputados que concede diversos beneficios a los vecinos de las poblaciones Rodríguez y Pizarro, de Chillán.
El proyecto consta de cuatro artículos.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 57ª, en 29 de agosto de 1972.
El señor PALMA (Presidente).- En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor CHADWICK.- Pido segunda discusión.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Ruego a Su Señoría retirar su indicación, pues lesiona a personas muy modestas que están viviendo en pabellones construidos en la época del terremoto del 24 de enero de 1939.
El señor CHADWICK.- Retiro mi solicitud, entonces.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Agradezco la deferencia de Su Señoría.
Se aprueba en general el proyecto, y también en particular por no haber sido objeto de indicaciones.

CONDONACION DE SALDOS DE PRECIOS DE VIVIENDAS DE IMPONENTES DE LA CAJA DE PREVISION DE LA MARINA MERCANTE NACIONAL Y DE LA SECCION TRIPULANTES DE NAVES Y OBREROS MARITIMOS.

El señor FIGUEROA (Secretario).- El acuerdo de Comités siguiente es para despachar el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables señores Contreras y Montes, que condona los saldos de precio de viviendas adeudadas por los beneficiarios de montepío de los imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional y de la Sección Tripulantes de Naves y Obreros Marítimos desaparecidos en el naufragio de la nave Santa Fe.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción de los señores Contreras y Montes):
En primer trámite, sesión 51ª, en 10 de agosto de 1972.

Informe de Comisión:
Trabajo y Previsión Social, sesión 54ª, en 22 de agosto de 1972.
El señor FIGUEROA (Secretario) - La Comisión de Trabajo y Previsión Social, en informe suscrito por los Honorables señores Valenzuela (Presidente), Acuña, Contreras y García, recomienda a la Sala aprobar el proyecto en los términos contenidos en el Boletín Nº 26.575.
Se aprueba en general y en particular.

BENEFICIO PARA FUNCIONARIOS CHILENOS DE EMPRESAS DEL ESTADO Y DE ADMINISTRACION AUTONOMA QUE SE HAYAN DESEMPEÑADO POR MAS DE DOS AÑOS EN EL EXTERIOR.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Foncea, que declara que el beneficio establecido en el artículo 256 de la ley Nº 16.840 comprende también a los funcionarios chilenos de Empresas del Estado y de Administración Autónoma que se hayan desempeñado por más de dos años en el exterior.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del señor Foncea):
En primer trámite, sesión 20ª, en 28 de junio de 1972.

Informes de Comisión:
Legislación, sesión 46ª, en 2 de agosto de 1972.
Hacienda, sesión 58ª en 29 de agosto de 1972.

Discusión:
Sesión 48ª, en 8 de agosto de 1972 (se aprueba en general y particular).
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Aguirre Doolan, Lorca y Silva Ulloa, recomienda a la Sala aprobar el proyecto, que consta de un artículo único, contenido en el boletín Nº 26.583.
Se aprueba en general y en particular.

PROHIBICION DE INTERNACION AL RESTO DEL PAIS DE MERCADERIAS REMATADAS POR SERVICIO DE ADUANAS EN CHILOE, AISEN Y MAGALLANES.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Lorca, que prohíbe la internación al resto del país de las mercaderías que sean rematadas por el Servicio de Aduanas en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios dé Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del señor Lorca):
En primer trámite, sesión 5ª, en 4 de abril de 1972.

Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 7ª, en 6 de junio de 1972.
Hacienda (nuevo), sesión 48ª, en 8 de agosto de 1972.

Discusión:
Sesión 38ª, en 25 de julio de 1972, y 49ª, en 9 de agosto de 1972.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Hacienda, en segundo informe, suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Aguirre Doolan, Lorca y Silva Ulloa, recomienda introducir modificaciones en los artículos 1º y 2º del texto contenido en el primer informe de la Comisión.
El señor PALMA (Presidente).- En discusión general y particular el segundo informe.
Ofrezco la palabra.
El señor VALENTE.- Quiero hacer una proposición que requiere la unanimidad del Senado.
Vengo llegando de Arica, donde me reuní con los médicos de esa ciudad. Ellos me plantearon una situación muy dramática y realmente seria que afecta a la Maternidad del Hospital y al Servicio de Urgencia, donde en este instante deben atender dos o tres personas por cama, porque la cantidad de enfermos peruanos y bolivianos que se tratan en Arica es exagerada, de manera que no hay recursos para poder solucionar rápidamente este problema.
Por ello, formulo indicación para que, en lugar de destinar el 10% de recargo a las mercaderías subastadas en Arica a la Junta de Adelanto de Arica, que cuenta con recursos suficientes, se destine - tengo la indicación redactada - a financiar los gastos de mantención, ampliación y necesidades de la Posta de Primeros Auxilios y de la Maternidad del hospital de esa ciudad.
El señor Secretario me expresó que por la unanimidad de la Sala podría aprobarse esta indicación, que se agregaría como inciso final.
Estamos de acuerdo con la iniciativa, pero creemos importante aprobar la indicación.
El señor FIGUEROA (Secretario).- ¿Me excusa, señor Senador?
En realidad lo que le manifesté a Su Señoría fue que su proposición debería ser aprobada por la unanimidad de los Comités, y no de la Sala, porque esto va en contra del Reglamento.
El señor VALENTE.- Entonces entendí mal al señor Secretario.
El señor PALMA (Presidente).- Pero esta indicación puede presentarse en la Cámara de Diputados.
El señor VALENTE.- Sí, pero no deseamos que haya un tercer trámite.
El señor CARMONA.- ¿Cómo quedarían redactados, consideradas sus modificaciones, los artículos 1º y 2??
El señor FIGUEROA (Secretario).- El segundo informe de la Comisión de Hacienda propone reemplazar el artículo 1º del primer informe por el siguiente: Prohíbese la importación al resto del país de las mercaderías que se subasten en los remates que efectúe el Servicio de Aduanas en las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes y en el departamento de Arica, siempre que su uso o consumo se justifique en la respectiva zona liberada.
La prohibición no regirá cuando se trate de materias primas o partes y piezas que sean incorporadas a productos terminados por industrias establecidas en la zona liberada.
Se aprueba el proyecto.

CARRERAS HIPICAS EXTRAORDINARIAS EN BENEFICIO DE LA SOCEDAD CHILENA DE CANCEROLOGIA.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Palma, que autoriza la celebración de carreras extraordinarias en beneficio de la Sociedad Chilena de Cancero-logia.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley (moción del señor Palma):
En primer trámite, sesión 54ª, en 22 de agosto de 1972.

Informe de Comisión:
Gobierno, sesión 58ª, en 29 de agosto de 1972.
El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Baltra, Contreras y Valenzuela, recomienda a la Sala aprobar el proyecto, que consta de un artículo único, contenido en el boletín Nº 26.593.
El señor PALMA (Presidente).- En discusión general y particular.
Ofrezco la palabra.
El señor CONTRERAS.- El proyecto en debate se aprobó por unanimidad en la Comisión de Gobierno, acuerdo a que concurrieron los Honorables señores Valenzuela, Baltra y el Senador que habla.
En realidad, no hubo ninguna diferencia en cuanto a la iniciativa misma, porque tiene por finalidad atender a los gastos que irrogará la celebración de un congreso científico-médico el próximo año.
(El Gobierno ha destinado la suma de 300.000 escudos para financiar dicho evento. Pero como esos recursos que no son suficientes, la única solución consistiría, precisamente, en aprobar este proyecto, aun cuando nosotros no somos ni hemos sido partidarios de autorizar la celebración de carreras hípicas extraordinarias. Pero como se trata de posibilitar la realización de un congreso de esa naturaleza, daremos nuestra asentimiento a esta iniciativa.
El señor LUENGO.- Brevemente quiero señalar que la comisión de médicos interesada en llevar adelante esta iniciativa legal, que otorga recursos para la celebración del Congreso Chileno de Cancerología, ha conversado conmigo y tenemos pendiente una entrevista con el señor Ministro de Hacienda. La verdad es que, a mi juicio, el Gobierno aportará mayores fondos para financiar tal evento. Los facultativos estiman que necesitan alrededor de tres millones de escudos en este instante, y piensan que el próximo año - el congreso se realizará en 1973 - seguramente requerirán de más recursos.
Doy mi voto favorable a este proyecto, dada la finalidad que persigue. Pero creo que, en definitiva, tal vez no sea necesario, porque abrigo la esperanza de que el Gobierno proporcionará amplio respaldo a ese congreso y le entregará los recursos necesarios.
Se aprueba en general y en particular el proyecto.

VI.- TIEMPO DE VOTACIONES.

PUBLICACION DE DISCURSOS.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Irureta para publicar in extenso los discursos pronunciados por los Honorables señores Aylwin y Noemi en Incidentes de la sesión ordinaria de ayer.
Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor García para publicar in extenso las observaciones pronunciadas por el Honorable señor Ochagavia en Incidentes de ayer.
Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Gumucio para publicar in extenso la intervención del Honorable señor Teitelboim en Incidentes de ayer.
Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación de los Honorables señores Gumucio y Valenzuela para publicar in extenso el debate en general del proyecto que crea el Ministerio del Mar.
Se aprueba.

VII.- INCIDENTES.

PETICIONES DE OFICIOS.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor PALMA (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:

Del señor Aguirre Doolan:

FUNCIONAMIENTO INDEPENDIENTE DE LA ESCUELA DEL CENTRO DE REFORMA AGRARIA DE CULENCO (ÑUBLE).

Al Ministerio de Educación Pública, para que se considere debidamente la petición que se ha formulado a fin de que la Escuela del CERA de Culenco, de la comuna de Pemuco, provincia de Ñuble, funcione independientemente de una escuela de Pemuco, ya que en ese Centro de Reforma Agraria existen más de 150 alumnos.

LOCAL PARA ESCUELA BASICA DE SELVA NEGRA (ÑUBLE).

Al Ministerio de Educación Pública, y por su intermedio a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, con el objeto de que se considere la construcción de un edificio para que funcione una escuela básica, sector Selva Negra, del departamento de Bulnes, provincia de Ñuble, lo que beneficiaría a numerosa población escolar, y para lo cual el asentamiento de ese nombre se ha comprometido a donar un terreno.

AUMENTO DE PERSONAL EN JUZGADO DE QUIRIHUE (ÑUBLE).

Al Ministerio de Justicia, con el objeto de que se considere debidamente el grave problema que se ha creado en la planta del personal del Juzgado de Quirihue, departamento de Itata, provincia de Ñuble, pues está funcionando con tal escasez de funcionarios que el servicio que presta a Cobquecura, Ninhue, Portezuelo y Quirihue se resiente extraordinariamente.

Del señor Carmona:

AUMENTO DE REMUNERACIONES A JUECES DE SUBDELEGACIONES Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE ARICA (TARAPACA).

Al señor Ministro de Hacienda, solicitándole que considere en el presupuesto de la Nación el aumento de las remuneraciones de los jueces de subdelegaciones y distritos del departamento de Arica.
Ellos me informan que desde el año 1966 no se les han reajustado sus remuneraciones (sueldo base) y que la mayoría de ellos figuran en la planilla de pagos con sueldos de Eº 73 mensuales para las subdelegaciones, y de Eº 60 para los distritos, con un tope de un sueldo vital del departamento de Santiago, incluyendo la gratificación de zona, sin pago de quinquenios, beneficio que percibe el resto del personal del Poder Judicial.
Por tal motivo, están solicitando un aumento de dos sueldos vitales imponibles, a contar desde el mes de octubre del presente año.
Creo que es de justicia considerar la petición de estos jueces, quienes en la actualidad sirven en zonas inhóspitas, en su mayoría a 4.400 metros de altura.

Del señor Jerez:

EXPROPIACION DE TERRENO EN HUALQUI (CONCEPCION).

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, en los siguientes términos: Los habitantes de la comuna de Hualqui, provincia de Concepción, han formado un Comité Pro Adelanto presidido por don Manuel Silva Fernández, quien me solicita intervenga a favor de la construcción de una variante en el sector denominado la calle. Para ello, solicitan se expropie faja de terreno que pertenece a la Sucesión Isabel Oñate, el cual estaría dispuesto a cancelar.
Creo que este esfuerzo de los pobladores debe ser tenido en la consideración que se merece. Por ello, ruego al señor Ministro agilice los trámites correspondientes. Y le agradeceré si me informa al respecto.
El señor PALMA (Presidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El segundo turno corresponde al Comité Nacional.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El último turno corresponde al Comité Socialista.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Se levanta la sesión.
Se levantó a las 21.3.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.

ANEXOS.

1
PROYECTOS DE LEY, EN TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE DENOMINAN EDUCADORA EULOGIA BORQUEZ PEREZ A LA ESCUELA Nº 11 DE QUELLON, Y REBECA CADIZ DE ALVARADO A LA ESCUELA Nº 18 DE SANTA CRUZ.

Santiago, 30 de agosto de 1972.
La Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar los proyectos de ley remitidos por ese Honorable Senado que denominan Educadora Eulogia Bórquez Pérez a la Escuela Nº 11 de Quellón, y Rebeca Cádiz de Alvarado a la Escuela Nº 18 de Santa Cruz, con la sola enmienda que consiste en refundirlos en un solo proyecto, cuyos dos artículos corresponden, respectivamente, a las iniciativas legales señaladas.
Lo que tengo a honra comunicar a V. E. en respuesta a vuestro oficio Nº 13.467, de 23 de junio del año en curso, y Nº 13.327, de fecha 21 de junio de 1972.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Cerda G.- Raúl Guerrero G.

Moción de los Honorables Senadores señores Hamilton y horca.
Artículo único.- Denomínase Educadora Eulogia Bórquez Pérez a la Escuela Nº 11 de Quellón, departamento de Castro, provincia de Chiloé.

Moción de los Honorables Senadores señores Moreno y Valenzuela.
Artículo único.- Otórgase a la Escuela Nº 18 de Santa Cruz, ubicada en Las Garzas de Pupilla, comuna de Palmilla, el nombre de Rebeca Cádiz de Alvarado.

2
PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE DESTINA EL 5% DE LA RECAUDACION DEL PEAJE LO PRADO EN BENEFICIO DE LA COMUNA DE CURACAVI.

Con motivo de la moción, informe y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:
Artículo único.- Destínase a beneficio de la comuna de Curacaví, el 5% del total de la recaudación del peaje Lo Prado, de la provincia de Santiago.
Los recursos obtenidos por este concepto serán destinados por la Dirección de Vialidad en la pavimentación de los siguientes caminos: G-760 Curacaví-Lepe, 12 kilómetros; G-764 F. Curacaví-El Puanque, 34 kilómetros; G-730 Lolenco-Chorombo, 25 kilómetros; G-76 Santa Inés-María Pinto, 25 kilómetros y G-200 Santa Inés-Cuesta Lo Prado, 11 kilómetros.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Cerda G.- Raúl Guerraro G.

3
PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE PAREDONES DE LA PROVINCIA DE COLCHAGUA, PARA COBRAR PEAJE A LOS VEHICULOS QUE TRANSITEN EN DIRECCION AL BALNEARIO DE BUCALE-MU Y OTROS.

Con motivo de la moción, informes y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
Artículo único.- Autorízase a la Municipalidad de Paredones, de la provincia de Colchagua, para cobrar y percibir peaje a los conductores de vehículos motorizados desde el sector Nilahue Alto hacia los balnearios de Bucalemu, Llico, El Aquelarre y otros, durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo de cada año.
El monto de este derecho de peaje corresponderá a un 60% del que pagan en sus respectivas categorías los vehículos motorizados en la Carretera Panamericana, del control de Angostura de la provincia de O’Higgins.
El producto de este peaje será invertido en la dotación de agua potable para los pueblos de Paredones, Bucalemu y San Pedro de Alcántara, y otras obras nuevas de adelanto que la Municipalidad acordare por los dos tercios de sus miembros, en sesión especialmente citada para tal efecto.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Eduardo Cerda G.- Raúl Guerrero G.

4
INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE CONCEDE UNA BONIFICACION COMPENSATORIA A LOS TRABAJADORES DE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros un proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que concede un aguinaldo de Fiestas Patrias a todos los trabajadores de los sectores público y privado.
Además de los miembros de la Comisión, concurrió a la sesión en que se despachó este asunto el señor Ministro de Hacienda, don Orlando Millas.
El proyecto de ley en estudio concede un aguinaldo de Fiestas Patrias de Eº 700, que deberá ser pagado, a todos los trabajadores de los sectores público y privado, activos y pasivos, el cual no será imponible, no estará sujeto a descuento alguno, no se considerará renta para ningún efecto legal, y cada trabajador tendrá derecho a percibirlo sólo por una entidad, aún cuando desempeñe más de un cargo o reciba, además, pensión de jubilación o retiro.
El financiamiento de la iniciativa está sujeto a los mayores rendimientos que produzcan en el año en curso las disposiciones tributarias pertinentes.
La unanimidad de los miembros de la Comisión estuvo de acuerdo en la idea central del proyecto y le dio su aprobación en general.
En seguida, se inició la discusión particular del proyecto.
El artículo 1º concede el aguinaldo señalado precedentemente que tendrá las características ya indicadas. Además, establece que será de cargo del respectivo patrón o empleador tal beneficio para los trabajadores del sector privado; que las personas que laboran dentro del sector reformado por la ley Nº 16.640, sea en calidad de empleados u obreros, de asentados o en cualquiera otra situación jurídica, recibirán dicho aguinaldo, el que será de cargo y deberá serles pagado por quienes les cancelen el sueldo o salario de subsistencia; que los colegios particulares gratuitos pagarán dicho aguinaldo con cargo a las subvenciones pendientes, para cuyo efecto el Ministerio de Hacienda pondrá a disposición de la Oficina de Subvenciones del Ministerio de Educación Pública los recursos necesarios.
En cuanto a la expresión aguinaldo empleada en el proyecto, el señor Ministro de Hacienda declaró que no significaba otra cosa que el bono compensatorio que primitivamente propuso el Presidente de la República en su Mensaje, y que no aumenta ni disminuye ningún beneficio convencional entre empleado u obrero y empleador o patrón, acta de avenimiento, laudo arbitral o por algún acuerdo aceptado por la vía de la conciliación.
Para los efectos de la clara interpretación de la ley, se acordó dejar constancia en el informe de la expresión unánime de la Comisión, que comparte el señor Ministro de Hacienda, en el sentido de que los agentes postales subvencionados y los valijeros de Correos y Telégrafos están incluidos dentro de la expresión del sector público, les es aplicable la ley y el Ministerio de Hacienda dispone de los recursos necesarios para este efecto.
Este acuerdo se adoptó tomando en consideración los informes proporcionados al señor Ministro y a los señores Senadores, según los cuales, la Contraloría General de la República ha dictaminado que dichos trabajadores son integrantes del sector público, basándose en que el tipo de remuneraciones no sería de remuneraciones de determinadas características, etcétera.
Al efecto, se acordó remitir oficio a la Contraloría General de la República dándole a conocer el criterio unánime de la Comisión al respecto coincidente con el del Gobierno, expresado a través del señor Ministro de Hacienda.
En lo que dice relación con este artículo 1º, también se resolvió dejar constancia, para los efectos de esta ley, que se entiende que está incluido en el personal de trabajadores del sector público, además de personal civil, el de las Fuerzas Armadas y el de Carabineros de Chile.
Finalmente, el señor Ministro de Hacienda manifestó que el criterio del Gobierno es otorgar el aguinaldo en estudio a todos los trabajadores, incluso a aquellos que tienen acordado otro, o que cuentan con actas de avenimiento que comprenden tal beneficio, ya que el que se concede por esta ley es un beneficio muy especial que dice relación con el deterioro de los sueldos y salarios por el ritmo inflacionario que vive el país, especialmente en lo relacionado con los alimentos.
Adoptados los acuerdos señalados, y hechas las aclaraciones pertinentes, vuestra Comisión de Gobierno, por unanimidad, dio su aprobación al artículo 1º, sin enmiendas.
El artículo 2º determina que las Instituciones de Previsión y la Empresa de los Ferrocarriles del Estado otorgarán el mismo aguinaldo con cargo a sus recursos generales.
En cuanto a las pensiones de sobrevivientes, un solo aguinaldo será repartido entre los beneficiarios de un mismo causante.
Asimismo establece que, para todos los efectos legales, se entenderán como pensiones los montepíos, las pensiones de orfandad y cualesquiera otras pensiones de sobrevivientes.
Vuestra Comisión, por unanimidad, aprobó esta disposición, sin enmiendas.
El artículo 3º determina que el financiamiento de esta ley se efectuará con cargo a los mayores rendimientos que produzcan durante el presente año las disposiciones tributarias vigentes y autoriza al Presidente de la República para contratar un préstamo con el Banco Central de Chile hasta por la cantidad que se precise para darle cumplimiento. Asimismo, se le autoriza para otorgar aportes a las Municipalidades y a las entidades a que se refiere el artículo 13 de la ley Nº 17.654, para los mismos fines.
La Comisión, por unanimidad, también otorgó su aprobación a esta disposición, sin enmiendas.
Seguidamente, la Comisión tomó conocimiento de una indicación formulada por los Honorables Senadores señores Baltra, Hamilton y Musalem, para agregar un artículo transitorio, nuevo, que faculta al Presidente de la República para reajustar, por el mes de octubre de 1972, las remuneraciones y pensiones de todos los trabajadores del país que pertenezcan a los sectores público o privado, de acuerdo a las normas que determina un articulado que coincide con el proyecto presentado por el Presidente de la República en la Honorable Cámara de Diputados.
Además, y con el objeto de financiar esta disposición, se formuló indicación por parte del señor Ministro de Hacienda para considerar un artículo para que, en el caso de que el Presidente de la República hiciera uso de la facultad que se le pretende conceder, se hicieran efectivas unas modificaciones a la Ley de Timbres, Estampillas y Papel Sellado, durante el mes de octubre de 1972, y ofreció el patrocinio constitucional necesario para la primera si se le otorga el financiamiento que solicita.
La Secretaría pidió autorización a la Comisión, que le fue concedida, para dejar constancia de su opinión en el sentido de que estima que las indicaciones formuladas vulneran los artículos 48, inciso primero, y 45, inciso cuarto, de la Constitución Política del Estado.
El Honorable Senador señor Montes dejó constancia de concordar con los conceptos de la Secretaría de la Comisión, además de que la indicación vulnera, a su juicio, el inciso segundo del artículo 45 de la Constitución Política del Estado por cuanto mediante ella se estaría aumentando las remuneraciones del personal de los servicios de la Administración del Estado y del sector privado, opinión que compartió el señor Ministro de Hacienda.
Por su parte, los Honorables Senadores señores Hamilton y Musalem dejaron constancia de su desacuerdo con las opiniones de la Secretaría de la Comisión y del Honorable Senador señor Montes, ya que, a juicio de los señores Senadores mediante las indicaciones no se proponen nuevos reajustes de rentas ni se aumentan obligatoriamente las remuneraciones, sino que se establecen normas ya patrocinadas por el Jefe del Estado a través de una facultad que se le otorga, de la cual éste puede o no hacer uso; dicen relación directa con la idea matriz del proyecto, toda vez que el propio Mensaje expresa que corresponde a un desglose del proyecto de reajustes pendiente en la Cámara de Diputados, y, finalmente, que la iniciativa en estudio, en su artículo 3º determina que su financiamiento se efectuará con cargo a los mayores rendimientos que produzcan en el presente año las disposiciones tributarias vigentes.
Hechas las aclaraciones señaladas y habiendo decidido la Mesa aceptar las indicaciones, la Comisión acordó, por unanimidad, aprobar la primera de ellas, sin enmiendas, habida consideración a que el patrocinio del Ejecutivo fue concedido en la Cámara de Diputados.
Respecto de la segunda, que también cuenta con tal patrocinio, se discutió analizándola en todas sus partes y fue aprobada, igualmente por unanimidad, con algunas enmiendas, dejando en claro que el señor Ministro podrá proponer modificarlas, si le parece, en la Sala, o bien, posteriormente, durante la discusión del proyecto de reajuste general, pues esta disposición es transitoria en el caso actual.
En virtud de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Gobierno, por unanimidad, tiene el honor de recomendaros la aprobación del proyecto de la Honorable Cámara de Diputados, con las siguientes modificaciones:
Consultar, a continuación del artículo 3º, el epígrafe Artículos transitorios.
En seguida, agregar los siguientes artículos transitorios, nuevos:
Artículo 1º.- Facúltase al Presidente de la República para reajustar transitoriamente, por el mes de octubre de 1972, las remuneraciones y pensiones de todos los trabajadores del país, sea que pertenezcan a los sectores público o privado, de acuerdo a las siguientes normas:

TITULO I
Reajuste del sector público
Artículo 1º.- Reajústanse, a contar del 1º de octubre de 1972, en el porcentaje de alza que haya experimentado el índice de precios al consumidor entre el 1º de enero y el 30 de septiembre del mismo año, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, las remuneraciones permanentes al 30 de septiembre de 1972 de los trabajadores del sector público, incluidas las de las Municipalidades y excluidas las horas extraordinarias, el viático, la asignación familiar, las asignaciones que se fijan en sueldos vitales y las que constituyen porcentajes de los sueldos.
En el mismo porcentaje indicado en el inciso primero, reajustase, a contar desde la misma fecha, la asignación de alimentación establecida en el inciso primero del artículo 17 de la ley Nº 17.654. Mantiénense congeladas en las cantidades vigentes al 31 de diciembre de 1971, las asignaciones de alimentación que excedan al nuevo monto de dicho beneficio.
Artículo 2º.- Las remuneraciones de los empleados de la Empresa Portuaria de Chile se reajustarán en conformidad al artículo 1º de esta ley, incluidas las asignaciones establecidas en los decretos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes N.os 280, de 1969; 98 y 306, de 1970.
A las de los obreros de la referida Empresa se aplicará, igualmente, el reajuste del artículo 1º de esta ley, sobre las remuneraciones imponibles.
En el mismo porcentaje se reajustarán, asimismo, los valores considerados en los incisos duodécimo y decimotercero del artículo 7º de la ley Nº 16.250, declarados permanentes por el artículo 21 de la ley Nº 16.464.
Artículo 3º.- La gratificación de zona, las horas extraordinarias y las remuneraciones de cualquiera naturaleza que sean porcentajes del sueldo, se aplicarán sobre el sueldo reajustado desde el 1º de octubre de 1972.
Artículo 4º.- Se mantienen vigentes todos los sistemas de remuneraciones mínimas. Los aumentos que procedan en virtud de ellos no podrán sumarse a los de este Título.
Auméntase, a contar del 1? de octubre de 1972, en el mismo porcentaje indicado en el inciso primero del artículo 1º, el salario y el sueldo mínimos fijados en el artículo 4º de la ley Nº 17.654.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, elévase a contar desde la misma fecha, el salario mínimo, en un 25% de la diferencia que hubiere quedado entre el sueldo y el salario mínimo, después de aplicado aquel inciso.
Los trabajadores de los servicios descentralizados que tengan fijadas las remuneraciones de sus personales en función de sueldos vitales o salarios mínimos, recibirán, como reajustes, a contar del 1? de octubre de 1972 el mismo porcentaje establecido en el artículo 1º.
Artículo 5º.- El reajuste de los sueldos y salarios de los trabajadores a que se refiere el artículo 83 de la ley Nº 17.654, se regirá por las normas correspondientes relativas al Sector Privado.
Artículo 6º.- No tendrán derecho a reajuste de remuneraciones el personal cuyos estipendios no estén fijados en escudos, moneda nacional, mientras subsista para él esta forma de remuneraciones.
Artículo 7º.- Para los efectos del cumplimiento de la presente ley, no regirán las limitaciones establecidas en los artículos 35 de la ley Nº 11.469 y 109 de la ley Nº 11.860.
Las Municipalidades podrán modificar los Presupuestos correspondientes, con el objeto de considerar los mayores gastos que les impone esta ley.
Artículo 8º.- Para el solo efecto del cumplimiento de la presente ley, se entenderán modificados los presupuestos de los servicios, instituciones y empresas descentralizadas.
Artículo 9º.- Autorízase al Presidente de la República para otorgar aportes extraordinarios a las Municipalidades del país, destinados a financiar el mayor gasto que les significará el cumplimiento de esta ley en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1972.
Artículo 10.- El Presidente de la República entregará a las entidades, servicios, instituciones y empresas a que se refiere el artículo 13 de la ley Nº 17.654, las cantidades necesarias para dar cumplimiento a esta ley.
Artículo 11.- Para financiar el reajuste que de conformidad a lo establecido en la presente ley corresponderá a los empleados y obreros de la Empresa Municipal de Desagües de Valparaíso y Viña del Mar, se podrá aplicar el 20% de los recursos del artículo 20 de la ley Nº 17.235, a que se refiere el artículo 16 de la ley Nº 17.416.
Artículo 12.- Para los efectos del presente Título, se declara que la palabra trabajadores comprende a empleados y obreros.
Artículo 13.- Auméntase, a contar del 1º de octubre de 1972, en el mismo porcentaje fijado en el artículo 1º de esta ley, la remuneración máxima establecida en el artículo 1º del D.F.L. Nº 68, de 1960, y sus modificaciones posteriores.
Artículo 14.- Sin perjuicio de mantenerse la plena vigencia de la disposición del artículo 34 de la ley Nº 17.416 y no obstante no computarse la asignación o gratificación de zona para fijar la remuneración máxima permitida por dicho artículo, ningún funcionario o empleado de los servicios, instituciones, empresas y entidades a que se refiere ese precepto, podrá percibir, en total, sumando la asignación o gratificación de zona que le corresponda a las rentas que se computan para la fijación de límite máximo, una remuneración líquida mensual sea o no imponible, superior a 30 sueldos vitales.
Respecto de las cantidades que en razón de esta limitación no puedan ser percibidas por los interesados, se aplicará lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 34 de la ley Nº 17.416.
Artículo 15.- Auméntase, a contar del 1º de octubre de 1972, en el mismo porcentaje indicado en el artículo 1º de esta ley, el monto mínimo de las pensiones de gracia a que se refiere el artículo 26 de la ley Nº 17.654.

TITULO II
Reajuste del sector privado
Artículo 16.- Reajústanse, desde el 1º de octubre de 1972, en el porcentaje de alza que haya experimentado el índice de Precios al Consumidor, entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de 1972, determinado por el Instituto Nacional de Estadística, las remuneraciones pagadas en dinero efectivo, vigentes al 30 de septiembre de 1972, de los empleados y obreros del sector privado, no sujetos a convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento, fallo arbitral o a resolución de las comisiones tripartitas creadas por el artículo 4º de la ley Nº 17.074.
Artículo 17.- Los trabajadores sujetos a convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento, fallo arbitral o a resoluciones de las comisiones tripartitas creadas por el artículo 4º de la ley Nº 17.074, podrán, por una sola vez, y dentro del plazo de 60 días, contado desde la fecha de la publicación de la presente ley, solicitar la modificación del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento, fallo arbitral o resolución vigente, para incorporar a éstos, a contar del 1º de octubre de 1972, el reajuste de sus remuneraciones, tratos, bonos y demás beneficios pagados en dinero, conforme al porcentaje de alza que hubiere experimentado el índice de Precios al Consumidor desde la fecha de inicio de vigencia del convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento, fallo arbitral o resolución de una comisión tripartita, hasta el 30 de septiembre de 1972.
Acordada y presentada dicha petición por la respectiva organización sindical, o por el acuerdo de la mayoría de los trabajadores afectados cuando no existiere organización sindical, deberá concederse automáticamente por los empresarios, y las partes firmarán el Acuerdo complementario correspondiente.
El convenio, contrato colectivo, acta de avenimiento, fallo arbitral o resolución vigente, se entenderá automáticamente prorrogado por el tiempo transcurrido desde la fecha del inicio de su vigencia y el 30 de septiembre de 1972.
Artículo 18.- Reajústanse, a contar del 1º de octubre de 1972, en el mismo porcentaje indicado en el artículo 16, el salario y el sueldo mínimo mensual fijado en el artículo 76 de la ley Nº 17.654.
Artículo 19.- Reajustase, a contar del 1º de octubre de 1972, en el mismo porcentaje indicado en el artículo 16, el sueldo vital vigente en dicho año.
Artículo 20.- El sueldo vital así reajustado regirá hasta el 30 de septiembre de 1973 y el que corresponde fijar en dicho año, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9º de la ley Nº 14.688, se establecerá considerando la variación que experimente el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el 1º de octubre de 1972 y el 30 de septiembre de 1973, y regirá desde el 1º de octubre de este último año.
En los años siguientes, el sueldo vital se reajustará en igual fecha y considerando el mismo período.

TITULO III
Normas previsionales
Artículo 21.- A partir de la vigencia de la presente ley, todos los reajustes de pensiones se otorgarán desde el 1º de octubre de cada año y regirán hasta el 30 de septiembre del año siguiente, entendiéndose modificadas todas las disposiciones legales que establezcan oportunidades o períodos diferentes.
Artículo 22.- No obstante lo dispuesto en el artículo 22, el 1º de octubre de 1972 las pensiones tendrán como reajuste un porcentaje equivalente a la variación que registra el índice de precios al consumidor entre el 1º de enero y el 30 de septiembre del mismo año.
Artículo 23.- El reajuste contemplado en el artículo 22 será de cargo del Fondo de Revalorización de Pensiones, de las Cajas de Previsión o del Fisco, según corresponda, de acuerdo con la legislación actualmente vigente.
Artículo 24.- Sustituyese, en el inciso primero del artículo 11 de la ley Nº 17.416, la frase 1º de enero de 1973 por la siguiente: 1º de octubre de 1972.
Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 16.272, sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado, que regirán hasta el 31 de octubre de 1972, las cuales se harán efectivas sólo en el caso de que el Presidente de la República haga uso de la facultad que se le concede en el artículo anterior:
1.- Introdúcense las siguientes enmiendas en el artículo 1º:
a) En el Nº 1º, reemplázase el guarismo 1,5% por 2%;
b) En el Nº 3º, sustitúyese su inciso primero por el siguiente:
3º.- Asociación o cuentas en participación, 2% sobre el monto de los bienes que se entreguen al gestor o administrador.;
c) En el Nº 5º, reemplázase el guarismo 0,5% por 1%;
d) En el Nº 6º, inciso primero, sustitúyese el guarismo 1,5% por 2%;
El Nº 8º, reemplázase por el siguiente:
8º.- Compraventa, permuta, dación en pago o cualquiera otra convención que sirva para transferir el dominio de bienes corporales inmuebles o de cuotas sobre los mismos, excluidos los aportes a sociedades, las donaciones y las expropiaciones, 5% sobre el valor del contrato, con mínimo del avalúo vigente.
Se excluyen, también, las ventas que haga el Fisco o la Corporación de Reforma Agraria de conformidad con la ley Nº 13.908, de 24 de diciembre de 1959.
Este impuesto se aplicará al comunero que, por acto entre vivos que no sea donación, se adjudique o adquiera nuevas cuotas de un bien raíz común, en la parte correspondiente a la mayor cuota adquirida o adjudicada.
Se aplicará también el impuesto de este número y no el del número 1º en el caso de radicación del dominio de bienes inmuebles o de cuotas sobre los mismos, provenientes de adjudicaciones efectuadas en liquidaciones de sociedades civiles o comerciales o de la disolución de sociedades por reunirse todas las acciones o derechos en una sola mano, a menos que el inmueble o la cuota respectiva se radique en el dominio de la persona que efectuó el aporte;
En el caso de permutas de bienes raíces se considerará sólo el bien de mayor valor. Si se tratare de permutas de bienes raíces por otros de distinta especie, el impuesto se determinará en relación a cada uno de los bienes que se permutan y de acuerdo a su naturaleza.
f) En el Nº 10, agrégase lo siguiente: Cheques girados en el país para ser pagados en el exterior, tasa fija de Eº 50.;
g) En el Nº 13, reemplázase la expresión Eº 3,50 por Eº 5.-;
h) En el Nº 15, sustituyese la expresión Eº 0,65 por Eº 1.-;
i) En el Nº 16, reemplázanse las expresiones Eº 60.- y Eº 3,10 por Eº 100.- y Eº 20.-, respectivamente;
j) En el Nº 20, sustitúyense el guarismo 0,5% por 1% y la expresión Eº 30.- por Eº 100.-.
k) En el Nº 24, inciso primero, reemplázase el guarismo 1,5% por 2%, y en los incisos tercero y quinto, las expresiones Eº 60.- y Eº 600.- por Eº 100.- y Eº 1.000.-, respectivamente;
1) En el Nº 26, sustituyese la expresión Eº 1,60.- por Eº 10.-;
m) En el Nº 27, reemplázanse sus dos primeros incisos por el siguiente:
27.- Transacción, 2% sobre su monto, y si no fuere susceptible de apreciación pecuniaria, tasa fija de E° 100.-, y
n) En el Nº 28, sustitúyese la expresión Eº 120.- por Eº 160.-.
2.- En el artículo 4º, reemplázase su Nº 3 por el siguiente:
3.- Estipulaciones en moneda extranjera. El valor de la moneda extranjera será el que tenga en el mercado bancario o de corredores, según el área y el tipo de cambio en que deberían liquidarse los cambios el día de la operación o el que le corresponda en conformidad a la ley, según fuere el caso. Si no se acreditare mediante certificado del Banco Central de Chile que el tipo de cambio aplicable es inferior al más alto vigente a la fecha de emisión del documento, el impuesto se determinará en relación a este último.
3.- Sustituyese el artículo 69 por el siguiente:
Artículo 6º.- El Servicio de Impuestos Internos autorizará la devolución de un impuesto ingresado en arcas fiscales si en definitiva no se celebre el acto o contrato que origine el depósito o el pago del tributo.
Respecto de los impuestos pagados mediante estampillas, timbre fijo o papel sellado, no procederá devolución alguna.
4.- Agrégase el siguiente inciso al artículo 7º:
El plazo para solicitar la imputación del impuesto, o su devolución en conformidad a las disposiciones del artículo anterior, será de un año contado desde la fecha de pago del tributo.
5.- Reemplázase el artículo 14 por el siguiente:
Artículo 14.- Los registros, actas, extractos, certificados, protocolizaciones, cada autorización de firma, documentos archivados y demás actuaciones de los notarios, conservadores de registros públicos, archiveros y receptores judiciales, y las copias que otorguen, pagarán un impuesto de tasa fija de E° 10 en cada hoja del registro o documento de que se trata, sin perjuicio del impuesto que corresponda al acto o contrato que se celebre.
Las escrituras públicas o privadas, autorizadas o protocolizadas en Notarías o por Oficiales Civiles, estarán gravadas con un impuesto de E° 30. Sin perjuicio de los impuestos anteriores, los mandatos otorgados en escrituras públicas para solicitar las inscripciones de los actos y contratos contenidos en ellas, estarán afectos a un tributo de tasa fija de Eº 50.
La autorización de contratos de compraventa a plazo de bienes muebles que se celebren en conformidad a la ley Nº 4.702, estará afecta, además, a un impuesto de E° 20.
Asimismo y sin perjuicio de los impuestos establecidos en el inciso primero de este artículo, la inscripción de vehículos motorizados en el registro correspondiente pagará una tasa de E° 200.
Los impuestos establecidos en este artículo serán de cargo de los respectivos funcionarios, los que estarán facultados para recuperar su valor de los interesados.
6.- Sustitúyese el artículo 15 por el siguiente:
Artículo 15.- Sólo los documentos que a continuación se señalan pagarán los impuestos de este Título, al ser expedidos por autoridades públicas de cualquiera naturaleza, excluidas las Municipalidades, o al ser presentados a ellas, si por cualquier motivo no los hubieren pagado con anterioridad:
1.- Concesiones y permisos de interés particular, tasa fija de Eº 50. Si la concesión importa la celebración de un contrato, gravado especialmente por esta ley, se pagará además el impuesto de dicho contrato;
2.- Marcas Comerciales, patentes de invención y modelos industriales, su registro o renovación, tasa fija de Eº 160 más Eº 80 por cada año de vigencia;
3.- Propuestas públicas, su presentación, Eº 120. Su aceptación pagará solamente el impuesto que corresponda al contrato aceptado, no de-vengádose nuevamente el gravamen al suscribirse los documentos en que conste el convenio;
4.- Registro Civil Nacional. Los documentos que otorgue y las inscripciones y subinscripciones que practique, pagarán un impuesto de tasa fija como sigue:
a) Cédulas de identidad, Eº 20;
b) Libretas de Familia, Eº 50;
c) Matrimonios celebrados fuera de la oficina, exceptuados lo que se señalan en el inciso 2º del artículo 5º de la ley Nº 6.897, Eº 1.000;
d) Pasaportes, Eº 300; y
e) Demás actuaciones del Registro Civil e Identificación, salvo las expresamente exentas, Eº 20, sin perjuicio que los certificados de nacimiento, matrimonio y defunciones que sean solicitados para tramitaciones de asignación familiar en el Servicio de Seguro Social, en la Corporación de la Vivienda o en las Cajas de Previsión, o estén destinados a la matrícula de estudiantes, al Servicio Militar Obligatorio o a la inscripción electoral, todos los cuales valdrán únicamente para los efectos mencionados, pagarán una tasa equivalente a un cuarto del valor del certificado corriente; y
5.- Títulos profesionales correspondientes a cursos universitarios, Eº 100.
7.- Reemplázase el artículo 28 por el siguiente:
Artículo 28.- Los documentos que no hubieren pagado los impuestos a que se refiere esta ley no podrán hacerse valer ante las autoridades judiciales, administrativas o municipales, ni tendrán mérito ejecutivo, mientras no se acredite el pago del impuesto, más una sanción equivalente al triple del tributo adeudado.
En consecuencia, el texto del proyecto aprobado por vuestra Comisión es el mismo propuesto por la Honorable Cámara de Diputados adicionado con los artículos transitorios precedentes.
Sala de la Comisión, a 30 de agosto de 1972.
Acordado en sesión de fecha de ayer, 29 de agosto, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Hamilton (Presidente), Baltra, Montes, Musalem, y Ochagavía.
(Fdo.): Gustavo Yáñez Bello, Secretario.

5
INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES AGUIRRE, BALTRA, BOSSAY, HAMILTON Y JULIET, QUE DEFINE EL CONCEPTO DE EMPRESAS PERIODISTICAS Y DICTA NORMAS SOBRE SU FUNCIONAMIENTO.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros un proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Aguirre, Baltra, Bossay, Hamliton y Juliet, que define el concepto de Empresas Periodísticas y dicta normas sobre su funcionamiento.
Especialmente invitado, concurrió además, el Presidente del Consejo Nacional de Periodistas, señor Carlos Sepúlveda.
La Constitución Política del Estado, en su artículo 10 Nº 3º, asegura a todos los habitantes de la República la libertad de emitir, sin censura previa, sus opiniones, de palabra o por escrito, por medio de la prensa, la radio, la televisión o en cualquiera otra forma, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio libre de esta libertad, en la forma y casos determinados por la ley.
Asimismo, establece que la importación y comercialización de libros, impresos y revistas serán libres, sin perjuicio de las reglamentaciones y gravámenes que la ley imponga, prohibiéndose discriminar arbitrariamente entre las empresas propietarias de editoriales, diarios, periódicos, revistas, radiodifusoras y estaciones de televisión en lo relativo a venta o suministro en cualquier forma de papel, tinta, maquinaria u otros elementos de trabajo o respecto de las autorizaciones o permisos que fuesen necesarios para efectuar tales adquisiciones, dentro o fuera del país.
También garantiza la circulación, remisión y transmisión, por cualquier medio, de escritos, impresos y noticias, que no se opongan a la moral o a las buenas costumbres.
Gran parte de las garantías señaladas fueron incorporadas a la Carta Fundamental en el llamado Estatuto de Garantías Constitucionales.
Sin embargo, hasta la fecha aún no se han dictado las normas que reglamenten estas disposiciones, lo cual es indispensable para que sean plenamente efectivas, asegurando así que por la vía administrativa no se creen condiciones que hagan económicamente imposible la operación de las empresas periodísticas y editoriales y que se pueda vulnerar la pluralidad ideológica que consagra la Constitución.
Por tales razones, los Senadores señalados han resuelto elevar a la consideración del Senado el proyecto de ley en estudio, pretendiendo así asegurar un régimen de abastecimiento, producción, venta, distribución y precios que efectivamente permita a las empresas periodísticas una existencia libre y, por ende, la transmisión libre del pensamiento.
Por otra parte, la iniciativa establece que, sólo por medio de una ley podrá someterse al régimen de fijación de precios a las publicaciones periodísticas y a la publicidad que contienen; se congela el régimen aduanero vigente para las importaciones de materiales y equipos para la impresión de diarios y revistas, obligándose al Banco Central de Chile para otorgar las coberturas necesarias; se asegura que las empresas de transporte, de cualquier naturaleza, no puedan discriminar en contra de determinadas publicaciones periódicas, declarando la obligatoriedad de dar servicio oportuno para su libre circulación en todo el territorio nacional; se conceden facilidades especiales para el cumplimiento de las deudas que tengan con la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas las empresas periódicas que editen diarios de menos de 10.000 ejemplares al día de circulación; y, finalmente, establece un procedimiento sumario de reclamo y limita las atribuciones de los Intendentes en la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en cuanto no podrán ordenar la detención preventiva de los periodistas.
Requerido el señor Presidente del Consejo Nacional de Periodistas, don Carlos Sepúlveda para dar a conocer su pensamiento y el del Consejo que representa respecto del proyecto en estudio, expresó que no puede menos que aplaudir la iniciativa, especialmente en cuanto se refiere a la protección procesal que se concede a los periodistas. Asimismo, y a pesar de no ser el Colegio representante de los empresarios, se siente vinculado a las empresas por razones de trabajo y por la participación que le cabe algunas veces con ellas. En consecuencia, manifiesta doblemente su complacencia frente a este proyecto.
En la discusión general del proyecto usaron de la palabra los Honorables Senadores señores Baltra y Valenzuela, quienes destacaron la conveniencia de dictar una ley como la que se encuentra en estudio y su importancia fundamental en lo relativo a la realidad de la garantía de la libre expresión, y anunciaron sus votos favorables a la iniciativa.
Por su parte, el Honorable Senador señor Contreras señaló que, del análisis hecho al proyecto, se desprenden algunos beneficios excesivos, a su juicio, para otras personas o instituciones, como, por ejemplo, Línea Aérea Nacional que actualmente transporta los diarios a través del país casi en forma gratuita, con la aplicación del proyecto estará obligada, además, a aceptar la remisión de los impresos con perjuicio del transporte de las cargas que le permiten ayudar a su efectivo financiamiento; en cuanto a la fijación de precios, considera que debe continuar haciéndola la Sociedad Nacional de la Prensa, que fue creada, a su juicio, precisamente con tal objetivo; respecto de la importación de maquinarias y elementos, estima que algunos insumos como las tintas, el papel, etc., pueden fabricarse en el país economizándose así las divisas respectivas.
Termina anunciando su voto en contra de la iniciativa.
Cerrado el debate, se puso en votación el proyecto, el que fue aprobado, en general, con el solo voto en contra del Honorable Senador señor Contreras.
Posteriormente, todos y cada uno de los artículos fueron aprobados, también, en particular, con el solo voto en contra del Honorable Senador señor Contreras.
En consecuencia, por mayoría de votos, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros la aprobación del siguiente

Proyecto de ley:
Artículo 1º.- Se entiende por empresas periodísticas aquellos establecimientos que editan por su cuenta, de una manera permanente y regular, un diario, periódico o revista en períodos que no excedan de un mes.
Artículo 2º.- Las empresas de servicios públicos estarán obligadas a atender especialmente las necesidades, requerimientos y pedidos de las empresas periodísticas tanto en lo que se refiere a la elaboración o edición de los impresos indicados en el artículo 1º como en su circulación, comercialización y distribución, sujetándose a las tarifas vigentes para esas empresas y en las condiciones comerciales corrientes establecidas.
Artículo 3º.- Las empresas periodísticas tienen derecho a vender, distribuir o comercializar y, en general, hacer circular sus impresos sin restricciones de ninguna naturaleza o especie no quedando sujetas, en consecuencia, a cuotas de producción, fijación de precios, limitaciones territoriales, de oportunidad o periodicidad, etc.
Esta disposición comprenderá los ejemplares de libros, diarios, revistas u otras publicaciones a la vez que los espacios publicitarios y de propaganda y los impresos que circulen como anexos e inclusos de la publicación original.
Todo lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley General de Elecciones.
Artículo 4º.- El Banco Central deberá cursar los registros de importación de papel tinta, insumos, maquinarias, equipos, partes, piezas, repuestos, materias primas y, en general, elementos de trabajo para empresas periodísticas dentro del plazo de 30 días, contado desde su presentación. Dentro de los 10 días siguientes a la presentación de cada registro, el Banco Central deberá indicar por escrito a la empresa periodística los reparos formales de que adolezca el registro presentado. Durante el tiempo que se demore la empresa periodística en subsanar los reparos se suspenderá el plazo de 30 días. Si el Banco Central no formularé reparos dentro del período indicado de 10 días, no podrá formular reparos posteriormente y deberá continuar la tramitación de la solicitud. En todo caso, las formalidades que exige el Banco Central sólo podrán ser las estrictamente indispensables y, así no fueren, la empresa periodística podrá recurrir al tribunal indicado en el artículo 6º sujetándose a la tramitación indicada de esa misma disposición.
Asimismo el Banco Central deberá autorizar la venta de divisas respectivas en el mismo plazo indicado en el inciso precedente.
Los funcionarios que no cursaren los registros o no autorizasen la venta de divisas dentro del plazo referido, sufrirán la pena de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos en cualquiera de sus grados y la presidio o reclusión menores en sus grados mínimo a medio.
A las importaciones que se efectúen de acuerdo a estas disposiciones les será aplicable el tipo de cambio más favorable que rija para las importaciones.
Para los efectos de lo dispuesto en el inciso final del artículo 2º de la ley 16.101, se declara que la importación de los bienes indicados en el inciso primero de este artículo gozarán de prioridad por el solo ministerio de la ley.
Artículo 5º.- Las empresas de transporte terrestre, aéreo, fluvial, marítimo, ferroviario u otras, ya pertenezcan al Estado, a las entidades que de él dependan o que sean fiscales, semifiscales o de administración autónoma, estarán obligadas a transportar oportunamente las publicaciones de las empresas periodísticas, a los precios y en las condiciones corrientes establecidas. Asimismo, las empresas de transporte que pertenezcan a particulares no podrán discriminar arbitrariamente entre las empresas periodísticas o entre diferentes publicaciones, para su transporte en condiciones actualmente vigentes. La infracción a esta obligación se castigará con la pena establecida en el artículo 4°.
Sin perjuicio de la pena y de otras responsabilidades establecidas en la legislación común, en el caso de negativa o condicionamiento del transporte, la empresa periodística podrá contratar el transporte con un tercero o realizarlo por sí misma, a expensas de la empresa o entidad infractora.
Artículo 6º.- Si alguna empresa periodística estimase que se ha infringido alguna de las normas anteriores en cualquier forma, por cualquier persona o institución, tendrá derecho a recurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro del plazo fatal de 60 días, contado desde que se hubiera cometido la infracción.
El recurso será fundado, debiendo el recurrente señalar en su escrito con precisión, la forma que supone infringida y los hechos que configuran tal infracción. El Tribunal rechazará de plano el recurso si el escrito no cumple con las condiciones señaladas en este inciso y en el precedente.
Si la Corte declara admisible la reclamación, dará traslado de ella por seis días al Ministro del ramo correspondiente si el infractor fuera un funcionario público, o el denunciado si éste fuere un particular. Evacuado el traslado, o teniéndose por evacuado en rebeldía, la Corte oirá el dictamen de su Fiscal en el término de 3 días, y dictará sentencia en el plazo de 15 días.
Las reclamaciones de que trata el presente artículo tendrán preferencia en la Corte de Apelaciones para su vista y fallo.
Si la reclamación fuere aceptada, se ordenará de inmediato enmendar el mal causado.
Si fuere un funcionario público el infractor y no diere cumplimiento a la resolución mencionada en el inciso precedente en el plazo de 3 días, contado desde la notificación personal o por cédula de dicha resolución, se le sancionará con la destitución de su cargo. Si el infractor fuere un particular y se negare a acatar la decisión de la Corte, ésta podrá decretar la detención del mismo hasta que se allane a cumplir la resolución.
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte ordenará remitir los antecedentes al Juez de Letras respectivo, para la investigación del delito en que pudiere haber incurrido la persona que hubiere infringido las normas anteriores. Este mismo juez será competente para conocer de la demanda por indemnización de los perjuicios ocasionados, conforme a las reglas generales.
Artículo 7º.- Para los efectos de la Ley de Seguridad Interior del Estado, los Intendentes no podrán ordenar la detención preventiva de los Periodistas Colegiados sin solicitar para ello, previamente, la autorización de la Corte de Apelaciones que corresponda.
Sala de la Comisión, a 30 de agosto de 1972.
Acordado en sesiones de 24 y 29 de agosto, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca y Hamilton (Presidentes), Baltra, Contreras, Montes, Musalem, Ochagavía y Valenzuela.
(Fdo.): Gustavo Yáñez Bello, Secretario.

6
MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR LUENGO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE FINANCIA EL PLAN DE DESARROLLO FRONTERIZO DE LAS PROVINCIAS DE BIOBÍO, MALLECO Y CAUTÍN E INCENTIVA LAS ACTIVIDADES TURISTICAS DE LA REGION.

Honorable Senado:
En el Informe del Comité de Apoyo sobre el avance del Plan de Desarrollo de la Zona Fronteriza, editado por la Oficina de Planificación Nacional Depto. de Planos Anuales Regionales se expresa: La Colonización y Desarrollo de la Zona Fronteriza de las provincias de Malleco y Cautín depende fundamentalmente del grado de arraigamiento de la población que sea posible inducir a través de acciones concretas en el corto y mediano plazo.
La escasa población actual, el desconocimiento de los recursos potenciales y la difícil geografía caracterizan a la zona como una área de radicación primaria, razón por la cual es necesario orientar la inversión principalmente a la habilitación del territorio mediante la creación de equipamiento social, infraestructura de comunicaciones, prestación de servicios básicos, etcétera. Con ello se logrará mejorar substancialmente las condiciones de vida de los campesinos, colonos y demás trabajadores de la región y permitirá sentar las bases para la incorporación de nuevos contingentes de población.
Y agrega, seguidamente: Sin embargo, las actuales condiciones de vida de los trabajadores, la inestabilidad ocupacional impuesta por las condiciones climáticas extremadamente duras y el régimen de explotación de que han sido objeto por parte de diversas empresas regionales, hacen indispensable la iniciación de un programa acelerado de la prospección de nuevos recursos naturales y/o de desarrollo de los ya conocidos.
Al respecto, es de suma importancia llegar a establecer dos o tres proyectos de gran significación regional que impliquen no sólo un aumento numérico de la actual población, sino un incremento real del nivel de vida, y la incorporación de la zona al crecimiento social y económico de toda la nación.
Esta zona fronteriza que comprende desde la comuna de Santa Bárbara, en la provincia de Biobío, hasta la comuna de Pucón, en la provincia de Cautín, está caracterizada por un considerable empobrecimiento social y económico en que predomina una mortalidad infantil semejante en muchos casos a la de los pueblos africanos, alcanzando los índices de analfabetismo niveles del orden del 25 al 30% y su standard de vida no llega en ningún caso al 50% del promedio nacional.
Agrégase a esto el alto costo de vida, pues de ser una zona eminentemente ganadera y agrícola todas las verduras, frutas, conservas y abarrotes deben ser traídos del centro del país a las capitales de provincia y de ahí a los pueblos fronterizos, con la consecuente alza de los costos y las dificultades del transporte.
En cuanto a los servicios asistenciales la zona cuenta con un médico por cada 5 mil habitantes, en circunstancias que en Santiago existe un médico por cada 1.130 habitantes. De cada 100 persones que fallecen en la zona casi el 80% muere sin recibir atención médica y de cada mil niños vivos cerca de 160 mueren antes del año.
Las condiciones climáticas son rigurosas, existiendo lugares y poblados que en invierno quedan semanas aislados y sin comunicación con el mundo exterior. Las temperaturas medias en la provincia de Cautín, por ejemplo, tienen como promedio en los meses de verano 13,5° y en invierno 6,1°. Las lluvias caídas promedio en verano son de 8,6 mg. y en invierno 183,2 mg. Llueve prácticamente en cualquier día del año. Comunas como Cunco y Vilcún, de la zona fronterizas centros poblados como Chequenco y Melipeuco registran un promedio de 30 días nevados en el año.
El aislamiento, la pérdida del contacto cultural hacen que existan comunidades enteras cuyos habitantes no conozcan el cine, la televisión, los teléfonos u otros tipos de técnicas modernas. Lugares como Cunco, Freire, Los Laureles, Las Hortensias, Melipeuco, Ourarrehue, Lonquimay carecen de la mayoría de los servicios elementales. Pocos tienen agua potable y electricidad las 24 horas del día y ninguno tiene alcantarillado.
La mayoría de estas comunidades, con una aparente abulia, llevan dentro de sí ansiedades, frustraciones y una falta de confianza en la promesa del Poder Constituido que las hace vivir constantemente en una situación de tensión o crisis, la cual puede revestir peligros hasta ahora no producidos, pero insospechados.
La región descrita adolece también de un alto índice de patología social en donde abundan vecindarios y pueblos cordilleranos socialmente deshechos, hundidos en la apatía, sin espíritu de progreso y careciendo de los más elementales servicios que toda sociedad debe brindar a los que en ella viven.
Todo esto, desgraciadamente, presenta un cuadro extraordinariamente grave que es necesario tratar con urgencia impostergable, pues muchas comunidades cordilleranas tienen tendencia a permanecer en el status - que no sólo no quieren cambiar o no tienen confianza en sí mismas o en agentes externos para hacerlo - sino lo que es peor, crean un sentimiento de hostilidad a toda organización o estructura social propuesta por la autoridad para la solución de sus problemas. Todo esto con el consecuente deterioro del espíritu de nacionalidad, pues cada uno de los habitantes fronterizos ve al otro lado del límite a sólo escasos Kmts., como los niveles y condiciones de vida, de trabajo, de sueldo, etcétera, son inmensamente superiores a los que su país les proporciona.
Conocido es el hecho que todos los años, en forma constante y permanente, se produce el vergonzante fenómeno migratorio de gentes de la frontera que deben abandonar familia, hogar y tierra para ir a ganarse la vida en las épocas de cosecha o en la temporada turística del vecino país. Una evaluación seria y exhaustiva sobre las causas de este fenómeno ayudaría a los Poderes del Estado a formarse un cuadro de lo extraordinariamente urgente que es ir en ayuda de estas personas a través de un eficiente programa de desarrollo que contemple un financiamiento adecuado.
Es cierto que el Plan de Desarrollo Fronterizo cuenta con toda la instrumentalización necesaria desde el punto de vista técnico y de la coordinación: el decreto supremo Nº 639, de 17 de septiembre 1970, publicado en el Diario Oficial Nº 27.853, de 22 de enero de 1971, declaró Zona Fronteriza a la región anteriormente descrita y el decreto Nº 15 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 12 de febrero de 1969, autorizó a la Dirección de Fronteras y Límites del Estado la facultad para presentar anualmente al Presidente de la República, para su aprobación, un plan de operaciones, en adelante el Plan que contenga debidamente armonizados todos los proyectos a ser realizados en el año fiscal, que aludan directa o indirectamente a las zonas fronterizas del país y que sean de la competencia de los Organismos y Servicios consignados en el D.F.L. Nº 4, del 2 de agosto de 1967, en adelante los Organismos. La presentación antes mencionada se hará con sesenta días de anticipación a lo menos a la elaboración del Presupuesto de la Nación (artículo 1º, decreto supremo Nº 15).
Sin embargo, por razones de fuerza mayor y de mecánica de la Ley Anual de Presupuestos nunca hasta ahora se ha contado con los fondos, puesto que sólo los proyectos que hayan sido aprobados por el Presidente de la República se incluirán por los Organismos en sus presupuestos, con ocasión de la elaboración del Presupuesto Anual de la Nación (artículo 29, decreto supremo Nº 15).
Esta situación que tiene fundadas y justificables razones, por el recargo existente y la batalla que deben sostener los Servicios del Estado para obtención de sus presupuestos en la Ley Anual de Presupuesto, ha hecho desgraciadamente ilusorio el Plan de Desarrollo de esta Zona Fronteriza, pues sin un financiamiento directo será imposible lograr la consolidación territorial fronteriza dentro de la máxima eficiencia y rapidez que el caso requiere.
Este fenómeno se agrava si se considera el permanente déficit presupuestario en que han permanecido las tres provincias, las cuales son consideradas por los Organismos de Planificación dentro de las zonas menos desarrolladas del país.
Este atraso y además el centralismo, la rutina, el deterioro de los valores, la condición económica de un pauperismo evidente hacen que estos pobladores del territorio nacional ubicados en la zona fronteriza, al tener que soportar esta situación de tremenda injusticia, puedan hacer oír sus voces por cualquier medio legítimo a su alcance, con el objeto de que se les proporcione, con la rapidez que el caso requiere, todos los recursos que estas comunidades fronterizas necesitan para la satisfacción de sus necesidades más sentidas.
Sin embargo, contrasta con el cuadro anteriormente señalado la inmensidad de recursos potenciales actualmente inexplotados por la carencia de asistencia técnica y financiera y la falta de utilización racional de los existentes.
El principal de ellos el turismo, no obstante ser considerado por la Oficina de Planificación Nacional con carácter prioritario, otorgándosele un rol de Programa Movilizador, capaz de a través de sus proyectos y acciones concretas, contribuir decididamente a darle una estructura y rostro diferente en lo social y productivo a la VIII Región (Plan de Economía Social. Plan de Desarrollo de la VIII Región: 1971-76, 109, letra C. Nº 1, párrafo II) ha carecido de incentivos y de una falta total de recursos financieros y crediticios para lograr el carácter que quiere imprimirle esta Oficina de Planificación.
El año 1971 la Ley de Presupuesto Nacional no consideró recursos para los Consejos Regionales de Turismo. Este hecho trajo como consecuencia que una de las pocas provincias que quedara sin cumplir con sus proyectos y programa de actividades turísticas fuese Cautín, por cuanto de acuerdo con el siguiente listado la mayoría de los otros Consejos Regionales cuentan con financiamiento mediante el mecanismo de leyes especiales. Tales son los casos de:

1.- Arica.
Recibe un porcentaje del presupuesto de la Junta de Adelanto de Arica (en 1971, Eº 28.000.000).

2.- Tarapacá.
Recibe financiamiento del Comité Programador de Inversiones (en 1972, Eº 750.000).

3.- Atacama y Coquimbo
Recibe un porcentaje de las utilidades del Casino de Viña del Mar (en 1971 Eº 6.251.269).

4.- Valparaíso, Aconcagua y Santiago
Recibe un porcentaje de las utilidades del Casino de Viña del Mar (en 1971 Eº 9.000.000).

5.- O’Higgins y Colchagua
(en 1971 Eº 200.000)
(en 1972 Eº 352.000)

6.- Talca, Curicó, Linares y Maule
(en 1972 Eº 348.000)

7.- Ñuble y Concepción
(en 1971 Eº 650.000). Recibió del Comité Programador de Inversiones.

8.- Valdivia y Osorno
(en 1971 Eº 28.700).

9.- Llanquihue, Chiloé y Aisén
(Recibió Eº 5.000.000 a través del Comité Programador de Inversiones para Llanquihue. Además Eº 6.500.000 de las utilidades del Casino de Puerto Varas).

10.- Magallanes
Recibe un porcentaje asignado por la Corporación de Magallanes que fue de Eº 25.000.000 para 1971.
Con lo anteriormente señalado, no cabe duda de la situación tremendamente injusta por la que atraviesa el Consejo Regional de Turismo de Cautín en relación con los otros organismos de esta naturaleza a lo largo del país.
Lo mismo o más grave aún está ocurriendo en cuanto a la manera de otorgar el crédito turístico que por medio de las instituciones crediticias se ha estado proporcionando.
La propia Oficina de Planificación Regional se encarga de señalarle en su Programa de Expansión turística cuando dice: si bien es cierto el servicio de Cooperación Técnica de CORFO ha estado otorgando créditos desde el segundo semestre del año 1968, este esfuerzo últimamente ha sido escaso en relación a las peticiones de ayuda financiera del sector privado para lograr un desarrollo acelerado de la oferta turística, en especial lo que se refiere a la pequeña y mediana actividad hotelera.
No existe una línea de créditos para el turismo propiamente tal, que considere las características propias de la región, que se adecúe a ella en cuanto a la extensión de la temporada alta y a factores climáticos que son importantísimos en la zona.
Con respecto a planos y programas turísticos la Oficina de Planificación Regional y el Consejo Regional de Turismo, tienen señalado desde ya la delimitación de áreas y principales recursos turísticos de la región, sus ventajas y limitantes. Se han hecho estudios sobre la oferta de hospedaje, sobre comunicaciones y transporte, sobre formación y capacitación técnica, sobre posibles circuitos principales y kilometraje aproximado de los recorridos, sobre corredores interregionales e internacionales, sobre promoción y fomento turístico y ampliación de la capacidad de hospedaje, sobre habilitación y conservación de recursos naturales y fomento de la cultura y artesanía mapuche típica y muchos otros.
Sin embargo, todos estos programas, planos y proyectos quedarían incumplidos, como tantos otros destinados a la zona, en caso de no contar con el financiamiento directo y eficiente para su realización en el más breve plazo, como las necesidades lo requieren.
Por todas estas razones y tomando en consideración que desde el punto de vista humano, técnico, social y económico tiene plena justificación la búsqueda de un financiamiento propio y regional para el Plan de Desarrollo Fronterizo de las provincias de Biobío, Malleco y Cautín y de las actividades del Consejo Regional de Turismo de Cautín es que se ha pensado en la única posibilidad factible de financiamiento como es la reapertura del Casino de Pucón, iniciativa que cuenta con el apoyo de los organismos técnicos del Ejecutivo como ORPLAN, Consejo Regional de ¡Turismo de Cautín, Dirección Nacional de (Turismo y la propia oficina de ODEPLAN.
Es útil a este respecto señalar parte del memorándum Nº 1786 del 8 de junio de 1972 enviado por la señora Ximena de la Barra, Jefa de la Unidad de Planificación de Turismo, Esparcimiento y Deportes de ODEPLAN al Director Regional de Cautín en el que en su parte pertinente expresa:
Si bien no está dentro de la política de la Unidad Popular el fomento de los Juegos de Azar; nos parece que se trata de una iniciativa factible de funcionamiento del Plan de Desarrollo de Zonas Fronterizas que hasta el momento no está asignado por otros medios. Por otra parte, pensamos que esta iniciativa puede constituir una nueva forma de distribución de ingresos, así como también una movilización hacia la zona de recursos extra-regionales.
Es necesario también señalar la importancia que tiene la región en donde se piensa construir las instalaciones del casino en lo que se refiere a la captación de corrientes y flujos turísticos internacionales, que se hacen fundamentalmente por intermedio del Paso de Manuil-Mala, en la cual, para nadie es un misterio, año a año está amentando considerablemente el número de vehículos y pasajeros que lo están utilizando.
Por eso, si bien es cierto que desde el punto de vista ético-económico la iniciativa de la reapertura del casino puede ser vituperable y aun cuando el poder central nunca ha estado dispuesto a que se deteriore, aunque sea en mínima parte el acervo global del Presupuesto mediante este tipo de financiamiento; o se dé el argumento de que la instalación de esta clase de juegos tienen un efecto multiplicador y cada provincia defiende con fundadas razones una ley que le favorezca en este sentido, perjudicando al resto; en el caso de la zona Fronteriza de Biobío, Malleco y Cautín y en el caso del Consejo Regional de (Turismo de Cautín, la iniciativa es perfectamente justificable porque no existe otra forma de financiamiento con las características que se han señalado, salvo la de recurrir a nuevos gravámenes de los cuales las provincias y la zona se encuentran en un estado de saturación totalmente incompatible con los objetivos que se persiguen por intermedio de este proyecto de ley.
Por último es conveniente señalar que dentro de la estrategia del Plan Sexenal de Desarrollo de la VIII región están los que se han dado en llamar programas movilizadores, que descansan sobre un trípode (Programa de Desarrollo Agropecuario, Programa de Desarrollo Industrial y Programa de Expansión Turística) el cual es imposible que funcione adecuadamente si no cuenta con financiamiento para una de sus principales bases de sustentación como es el Programa de Expansión Turística cuyo programador y ejecutor es el Consejo Regional de Turismo de Cautín.
En el entendido que el Parlamento sabrá comprender los argumentos y razones que se han dado en favor de esta iniciativa, nos permitimos someter al criterio y decisión del Honorable Congreso Nacional el siguiente:

Proyecto de ley
Artículo 1°.- Autorízase al Consejo Regional de Turismo de Cautín para instalar, habilitar y explotar u otorgar en concesión un establecimiento para la recreación y esparcimiento con fines turísticos y de financiamiento del Plan de Desarrollo de las Zonas Fronterizas de Biobío, Malleco y Cautín y del Consejo Regional de Turismo de Cautín.
Este establecimiento estará ubicado en la Comuna de Pucón, Departamento de Villarrica, y funcionará bajo el régimen de lo dispuesto en el inciso 1º del artículo 8º de la ley Nº 4.283, de 16 de febrero de 1928, y artículos 12 y 21 de la ley Nº 17.169, de 8 de agosto de 1969.
Artículo 2º.- El Consejo Regional de Turismo de Cautín deberá destinar los ingresos del establecimiento de la ciudad de Pucón, a los siguientes fines:
a) Un 40% para financiar el Plan de Desarrollo de las Zonas Fronterizas de las provincias de Biobío, Malleco y Cautín.
b) Un 20% para financiar sus presupuestos de administración e inversiones. Las inversiones deberán ejecutarse de acuerdo a los programas anuales del propio Consejo y tomando en consideración la delimitación de las áreas turísticas señaladas por el Plan de Desarrollo de la VIII Región;
c) Un 10% como aporte, en calidad de erogación caminera particular para los efectos legales, para la construcción y pavimentación de los caminos turísticos que determine el Consejo;
d) Un 10% a la habilitación, adquisición o construcción del local en que funcione el establecimiento de la ciudad de Pucón, Departamento de Villarrica. Una vez concluidas estas obras, estos recursos pasarán a formar parte del acervo indicado en la letra b);
e) Un 12% a la Ilustre Municipalidad de Pucón, para ser invertidos en obras de hermoseamiento de la ciudad, y
f) Un 8% a la Ilustre Municipalidad de Villarrica, con iguales fines a los señalados en la letra anterior.
Artículo 3°.- El Reglamento fijará las normas a que deba someterse el funcionamiento del Casino de la ciudad de Pucón. (Fdo.) : Luis Fernando Luengo E.

7
MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR BALLESTEROS, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE LIMACHE PARA CONTRATAR EMPRESTITOS.

Honorable Senado:
Es un hecho indiscutible que las municipalidades del país afrontan un grave problema de financiamiento para la realización de obras de adelanto local. Sus recursos ordinarios no alcanzan a cubrir la solución de los problemas más vitales y urgentes que afectan a las diversas comunas.
En el caso de la Ilustre Municipalidad de Limache que se encuentra empeñada en un plan de desarrollo comunal que contempla entre otros aspectos el fomento de las actividades relacionadas con el turismo, remodelación del sector comercial, construcción de un centro cívico, plan habitacional y otras obras de carácter regional que imperiosamente necesitan materializarse a raíz de los daños causados por el sismo de 1971.
Estas iniciativas no pueden ser financiadas con los ingresos ordinarios que percibe la Corporación edilicia dado su elevado costo, por cuyo motivo sólo pueden concretarse por intermedio de un empréstito, que permitirá el progreso creciente de la mencionada comuna.
Por estas consideraciones, vengo en someter al Honorable Senado el siguiente

Proyecto de ley:
Artículo 1º.- Autorízase a la Municipalidad de Limache para contratar en el Banco del Estado de Chile o en otras instituciones de crédito o bancarais, uno o más empréstitos, hasta por la suma de Eº 300.000 al interés bancario corriente y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años.
Artículo 2º.- Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito para tomar el o los empréstitos a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 3º.- El producto del o los empréstitos a que se refiere el artículo 1º se invertirá en la ejecución de las obras de adelanto comunal que se acuerde realizar por los dos tercios de los regidores en ejercicio, en sesión especialmente citada al efecto.
Artículo 4º.- Destínase al servicio del o los empréstitos autorizados, el rendimiento de la tasa parcial de un uno por mil sobre el avalúo imponible de los bienes raíces de la comuna de Limache, señalado en la letra e) del artículo 16 de la ley Nº 17.235.
Artículo 5º.- En caso de no contratarse los empréstitos autorizados, la Municipalidad de Limache podrá girar con cargo a los recursos a que se refiere el artículo 4º para su inversión directa en las obras acordadas y hasta la total ejecución de las mismas. Podrá, asimismo, destinar a la ejecución de las mencionadas obras el excedente que se produzca entre esos recursos y el servicio de la deuda, en el evento de que el o los empréstitos se contrajeren por un monto inferior al autorizado.
Artículo 6º.- Si los recursos a que se refiere el artículo 4º fueren insuficientes para el servicio de la deuda o no se obtuvieren en la oportunidad debida, la Municipalidad de Limache completará las sumas necesarias con cualquier clase de fondos de sus rentas ordinarias, excluidas las destinadas al pago de remuneraciones de su personal.
Si, por el contrario, hubiere excedente, se destinará éste, sin necesidad de nueva autorización legal, a las obras de adelanto comunal que acordare realizar la Municipalidad en sesión extraordinaria especialmente citada y con el voto conforme de los dos tercios de los Regidores en ejercicio.
Artículo 7º.- El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias de la deuda se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Limache, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir esos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde si éste no hubiere sido dictado en la oportunidad debida.
La Caja de Amortización atenderá el pago de estos servicios de acuerdo a las normas establecidas por ella para el pago de la deuda interna.
Artículo 8º.- La Municipalidad de Limache depositará en la cuenta de depósito fiscal F-26 Servicio de Empréstitos y Bonos los recursos que destina esta ley al servicio del o los empréstitos y hasta la cantidad a que asciende dicho servicio por intereses y amortizaciones ordinarias.
Asimismo, la Municipalidad de Limache deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del o los empréstitos, y, en la partida de egresos extraordinarios, la inversión proyectada de acuerdo con el artículo 3º de la presente ley.
(Fdo.): Eugenia Ballesteros Reyes.

8
MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR NOEMI, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 23 DE LA LEY Nº 16.724, CON EL OBJETO DE PALIAR LA CESANTIA QUE AFECTA A DETERMINADOS TRABAJADORES MARITIMOS.

La habilitación de plantas mecanizadas para la carga y descarga del hierro ha dejado en cuasi cesantía a un amplio sector de trabajadores, sobre todo a aquellos que desarrollaban sus funciones en Guayacán, Coquimbo, Huasco, Caldera, Chañaral, Taltal, etcétera.
A medida que fueron mecanizándose los puertos como consecuencia lógica del avance tecnológico, fue disminuyendo en forma drástica la participación de los estibadores que antes realizaban esta tarea en un cien por ciento en forma manual.
Pero donde culminó esta cesantía obligatoria para estos trabajadores marítimos, fue al dictarse la ley 16.724. En efecto, los Empresarios Armadores apelando a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 23 de la ley N° 16.724 dejaron de llamar al personal marítimo, reemplazándolo por trabajadores con matrículas industriales y que tienen un jornal fijo mensual.
Están conscientes estos trabajadores que no pueden ni deben atentar contra las posibilidades de competir y por tal razón no pretender aumentar los cestos de embarque creando funciones que los favorezcan artificialmente, sino desempeñar el trabajo que les corresponde en justicia de acuerdo a la legislación general vigente.
Para terminar con esta injusticia y paliar esta cesantía obligada de los trabajadores marítimos es necesario modificar el inciso segundo del artículo de la ley Nº 16.724.
Con dicho objeto tengo el honor de someter a vuestra consideración el siguiente

Proyecto de ley:
Artículo único.- Modifícase el inciso segundo del artículo 23 de la ley Nº 16.724, de 16 de diciembre de 1967, en aquella parte donde establece las excepciones a la obligación de los Armadores, Agentes de Naves, Embarcadores y otros similares, de solicitar el personal marítimo para las faenas de la respectiva especialidad. A continuación del punto (.) seguido, debe decir:
Se exceptúan de esta obligación las faenas que se realicen en naves que laboran en actividades pesqueras o en naves que transporten cargas líquidas o gaseosas. Pero, cuando se trate de mineras o hierro a granel, la Compañía Aceros del Pacífico CAP, los Armadores, Agentes de Naves, Embarcadores y otros similares, en los puertos de Guayacán, Coquimbo, Huasco, Chañaral, Caldera, San Vicente u otros puertos del Litoral, como asimismo en los muelles particulares, deberán obligatoriamente contratar con los respectivos Sindicatos el número de trabajadores marítimos que deberán cumplir faenas en su especialidad y, las remuneraciones correspondientes estarán afectas a los Convenios Colectivos que pacten FEMACH con Cámara Marítima de Chile. Esta disposición es sin perjuicio de los acuerdos directos o convenios vigentes entre las partes y regirá tanto para los puertos que ya están trabajando en sistema mecanizado, como para aquellos en que se mecanicen en el futuro.
(Fdo.): Alejandro Noemi Huerta.