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- rdf:value = " El señor GARCIA.-
Señor Presidente, nos reunimos esta tarde con inmensa preocupación por los sucesos que están ocurriendo en el país. Este se encuentra semiparalizado en todas sus actividades, y hay un deseo de toda la gente, de todos los sectores, de todas las opiniones políticas que no sean las del Gobierno, de que se ponga término al desorden y a la anarquía existentes en nuestra patria.
Por eso nos hemos reunido hoy, y también debido a ello voy a pedir que en estas circunstancias tan graves el Senado de la República adopte las actitudes que le correspondan en defensa de nuestro régimen legal y de los derechos de todos nuestros conciudadanos. En este sentido, es útil hacer una pequeña historia, muy sucinta, de todo lo que ha sucedido, destacando todo aquello que nosotros a veces, en el fragor de las cosas que ocurren, estamos olvidando.
Cuando existía esta violencia latente, desde que el actual Gobierno inició sus funciones, se dijo siempre que era el mínimo costo social para el cambio de las estructuras del país. Fue así como todo aquello que sucedió al comenzar esta Administración se fue aceptando como una especie de pago de los ensayos económicos y sociales del nuevo régimen, y las ilegalidades o resquicios legales fueron pasando lentamente, sin protestas graves ni de parte de los parlamentarios ni de la ciudadanía. Pero así como fueron avanzando estas nuevas formas, lentamente se desató el desorden. Un día se tomaron conjuntos habitacionales, y así fue como se llegaron a ocupar ilegítimamente propiedades modestas de gente de escasos recursos que había ahorrado para tener su habitación. Así, más de cinco mil viviendas, departamentos o casas, fueron ocupados ilegalmente.
Otro tanto pasó en la agricultura. En ese sector, hubo más de dos mil quinientas ocupaciones ilegales, registradas en partes de la policía.
El Parlamento quiso que se pusiera término a esto, y para ello demostró que el responsable era el Ministro del Interior. Ya había algunos muertos y el costo social se iba elevando. La Cámara de Diputados acusó al Ministro del Interior señor Tohá, y el Senado acogió la acusación. ¿Para qué? Para que en definitiva fuera trasladado desde un puesto donde se maneja el orden público y se le nombrara, con desprecio por la opinión de la mayoría del Parlamento, en otro cargo ministerial, dirigiendo ahora desde el Ministerio de Defensa a las Fuerzas Armadas. Nombraron otro Ministro del Interior, el señor Del Canto, y continuó la secuela de desorden, de ocupaciones. Ya los muertos llegaban a 33 ó 34.
Un día, a palos, mataron al agricultor señor Moreno; a balazos, al joven agricultor Matus; otro día, en la toma de una empresa, al industrial Núñez. Algunos estudiantes murieron en las calles. Y no hablo del horroroso crimen sin sentido de que fue víctima un ex Vicepresidente de la República. Y amontonándose así el desorden puedo mencionar la muerte de carabineros, el asalto a la sede de los partidos políticos, nuevamente la Cámara de Diputados debió acusar al entonces Ministro del Interior. El Senado acogió la acusación, y, ¿cuál fue el resultado? Que el acusado, el destituido, la persona que el Parlamento dijo que ya no podía tener intervención en el Gobierno por todo lo que había sucedido, también buscándose un resquicio legal, fue nombrada Secretario General de Gobierno, puesto en el cual también mantenía lo que él llamaba el orden público, a su manera, también con desprecio del Parlamento y de lo que quería la mayoría, que no se cansaba de decirle al Presidente de la República, en todos los tonos: Queremos paz.
Si se desea cambiar las condiciones económicas o las estructuras del país, que se presenten las iniciativas legales correspondientes y aquí las discutiremos. Había un porcentaje grande en el Parlamento que estaba dispuesto a aprobar esos proyectos. Pero se trataba de hacerlo de otro modo. Como ellos dicen, se trataba de hacerlo irreversible, a fin de aplastar lo que ellos llamaban, no enemigos políticos, sino sus adversarios económicos. En otras palabras, se trataba de despertar más y más todo lo que dijera relación a la lucha de clases.
Y, poco a poco, toda la actividad privada, por pequeña que fuera, fue aplastada, oprimida. Se constituyeron las famosas JAP (Juntas de Abastecimiento Popular), que tomaron el control del comercio y que sólo daban el abastecimiento necesario al comerciante que estaba dispuesto a dar su conformidad a los actos del Gobierno. Y si alguno, por pequeño que fuera, como sucedió en San Javier, no se sometía a esas órdenes, era requisado, aunque económicamente ello no significara nada para el país. ¿Qué puede significar para Chile un pequeño almacén en San Javier, en esa pequeña localidad de nuestro país? ¡Pero había que aplastarlo, porque su dueño se mostraba como un hombre independiente! Entonces, ¿qué de raro tiene que el pueblo haya defendido al comerciante y no haya dejado entrar al interventor? Fue tal la lucha de ese pueblo al que desde hace quince días le tienen clausurado ese pequeño negocio, que hasta hoy, a pesar de haberse nombrado un segundo interventor, los vecinos, que saben lo que están defendiendo, ni siquiera lo dejaron entrar al pueblo. Por ello, actualmente el propio Gobernador de San Javier ha tenido que renunciar, porque todo el pueblo pide justicia.
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