REPUBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACION OFICIAL. LEGISLATURA 317ª, EXTRAORDINARIA. Sesión 20ª, en miércoles 18 de octubre de 1972. Ordinaria. (De 16.13 a 20.32). PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE, Y LUIS PAPIC RAMOS, VICEPRESIDENTE. SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA. INDICE. Versión taquigráfica. I.- ASISTENCIA 682 II.- APERTURA DE LA SESION 682 III.- TRAMITACIÓN DE ACTAS 682 IV.- LECTURA DE LA CUENTA2 Modificaciones al Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile. Prórroga de plazo a Comisión 684 V.- ORDEN DEL DÍA: Observaciones, en primer trámite, al proyecto que sanciona las ocupaciones ilegales de inmuebles (vuelve a Comisión) 684 VI.- TIEMPO DE VOTACIONES: Publicación de discursos 704 Integración de Comisión Mixta de Presupuestos 704 VII.- INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncian) 704 Análisis de la situación política actual (observaciones de los señores Prado, Moreno, Valente y Duran) 706 Homenaje a las víctimas del accidente aéreo ocurrido en la Unión Soviética. Oficio (observaciones del señor Noemi) 715 Paro nacional de transportistas (observaciones de los señores Pablo y Morales Adriasola) 716 Anexos. 1.- Proyecto de ley, en primer trámite, que crea el Consejo Nacional de Trabajo y Capacitación Penitenciaria 739 2.- Observaciones, en primer trámite, al proyecto que deroga disposiciones legales que suprimen los derechos previsionales como sanción por delitos cometidos 742 3.- Observaciones, en primer trámite, al proyecto que modifica el Estatuto Administrativo en lo relativo a la determinación del desahucio 743 4.- Informe de la Comisión de Gobierno recaído en las observaciones al proyecto que otorga nuevo plazo a las municipalidades para transferir a sus actuales ocupantes los terrenos en que éstos hubieren construido viviendas 745 5.- Informe de la Comisión de Gobierno recaído en las observaciones al proyecto sobre empréstitos para la Municipalidad de Ancud ... 746 6.- Informe de la Comisión de Gobierno recaído en las observaciones al proyecto que modifica la ley N° 17.382, en lo relativo a la destinación de recursos a las municipalidades de la provincia de Chiloé 747 7.-Informe de la Comisión Je Gobierno recaído en las observaciones al proyecto que exime de la obligación de rendir cuenta de los gastos de representación y de movilización a los alcaldes de las comunas de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes .. 748 8.-Informe de la Comisión de Gobierno recaído en el proyecto que regulariza la situación de los Suboficiales de la Planta Administrativa del Servicio de Correos y Telégrafos 749 9.-Informe de la Comisión de Gobierno recaído en las observaciones al proyecto que modifica la ley de Televisión Nacional y otorga financiamiento a las radiodifusoras 750 10.-Informe de la Comisión de Hacienda recaído en las observaciones al proyecto que modifica la ley de Televisión Nacional y otorga financiamiento a las radiodifusoras 756 11.-Informe de la Comisión de Hacienda recaído en las observaciones al proyecto que destina recursos a la Federación Nacional de Deportes Submarinos 757 12.-Informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto que modifica la ley Nº? 15.593, que organizó el Consejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas 758 VERSIÓN TAQUIGRÁFICA. I.- ASISTENCIA. Asistieron los señores: Acuña Rosas, Américo Altamirano Orrego, Carlos Aylwin Azocar, Patricio Ealtra Cortés, Alberto Ballesteros Reyes, Eugenio Bossay Leiva, Luis Bulnes Sanfuentes, Francisco Campusano Chávez, Julieta Carniona Peralta, Juan de Dios Carrera Villavicencio, María Elena Contreras Tapia, Víctor Chadwick Valdés, Tomás Duran Neumann, Julio Ferrando Keun, Ricardo Foncea Aedo, José Fuentealba Moena, Renán García Garzena, Víctor Gormaz Molina, Raúl Gumucio Vives, Rafael Agustín Hamilton Depassier, Juan Ibáñez Ojeda, Pedro Jerez Horta, Alberto Juliet Gómez, Raúl Luengo Escalona, Luis Fernando Miranda Ramírez, Hugo Montes Moraga, Jorge Morales Adriasola, Raúl Moreno Rojas, Rafael Noemi Huerta, Alejandro Pablo Elorza, Tomás Palma Vicuña, Ignacio Papic Ramos, Luis Prado Casas, Benjamín Reyes Vicuña, Tomás Sepúlveda Acuña, Adonis Sule Candía, Anselmo Tarud Siwady, Rafael Teitelboim Volosky, Volodia Valente Rossi, Luis Valenzuela Sáez, Ricardo, y Von Mühlenbrock Lira, Julio. Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro, y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala. II.- APERTURA DE LA SESION. Se abrió la sesión a las 16.13, en presencia de 27 señores Senadores. El señor PALMA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III.- TRAMITACIÓN DE ACTAS. El señor PALMA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 9, a 18, que no han sido observadas (véanse en el Boletín las actas aprobadas). IV.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor EGAS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes. Cuatro de Su Excelencia el Presidente de la República. Con el primero, inicia un proyecto de ley que crea una persona jurídica de derecho público denominada Consejo Nacional de Trabajo y Capacitación Penitenciaria, y hace presente la urgencia para su despacho (véase en los Anexos, documento 1). -Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y a la de Hacienda, en su caso, y la urgencia se califica de simple. Con los dos siguientes, formula observaciones a los proyectos de ley que se indican: 1) El que deroga las disposiciones legales que suprimen los derechos previsionales como sanción por delitos cometidos (véase en los Anexos, documento 2). Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 2) El que modifica el artículo 106 del D.F.L. N° 338, de 1960, sobre Estatuto Administrativo, relativo a la determinación del desahucio (véase en los Anexos, documento 3). -Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Con el último, formula indicaciones al proyecto de ley que faculta al Ministro del Trabajo y Previsión Social y a la Directiva Nacional de la Agrupación Nacional de los Trabajadores Semifiscales para someter a la decisión de un árbitro arbitrador una petición de los personales de las Instituciones Semifiscales de Previsión Social y otras que indica. Se manda agregarlo a sus antecedentes. Oficios. Uno de la Honorable Cámara de Diputados, relativo a un telegrama enviado por el señor Intendente de Bío-Bío, don Federico Wolff Alvarez, con el que aclara los términos contenidos en su defensa de la acusación constitucional deducida en su contra, en el sentido de que no son injuriosos para los parlamentarios. -Se manda agregarlo a sus antecedentes. Tres, de los señores Contralor General de la República, General Inspector de Carabineros, Jefe del Departamento de Orden y Seguridad y Superintendente de Bancos, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Senadores señores Baltra (1), Lorca (2) y Olguín (3) : 1) Aumento de la dotación de Carabineros en la zona de Lonquimay; 2) Investigación relacionada con la calificación del personal de la Dirección de Vialidad en Puerto Aisén, y 3) Consulta acerca de la posible ilegalidad del despido de los trabajadores regidos por la ley Nº 16.455. -Quedan a disposición de los señores Senadores. Informes. Cinco de la Comisión de Gobierno. Con los cuatro primeros, informa las observaciones del Ejecutivo, en primer trámite constitucional, recaídas en los siguientes proyectos de ley: 1) El que otorga un nuevo plazo a las municipalidades para transferir a sus actuales ocupantes los terrenos de su propiedad en los cuales éstos hubieren construido viviendas (véase en los Anexos, documento 4). 2) El que autoriza a la Municipalidad de Ancud para contratar empréstitos (véase en los Anexos, documento 5). 3) El que modifica el artículo 3? de la ley N1? 17.382, en lo relativo a la destinación de determinados recursos en beneficio de las Municipalidades de la provincia de Chiloé (véase en los Anexos, documento 6). 4) El que establece que los alcaldes de las comunas de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes estarán exentos de la obligación de rendir cuenta de los gastos de movilización y representación (véase en los Anexos, documento 7). Con el quinto, informa el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que regulariza la situación de los Suboficiales de la Planta Administrativa del Servicio de Correos y Telégrafos (véase en los Anexos, documento 8). Uno de la Comisión de Gobierno y otro de la de Hacienda, recaídos en las observaciones del Ejecutivo, en segundo trámite constitucional, formuladas al proyecto que modifica la ley Nº 17.377, de Televisión Nacional, y que otorga financiamiento a las radioemisoras (véase en los Anexos, documentos 9 y 10). Uno de la Comisión de Hacienda, recaído en la observación del Ejecutivo, en primer trámite constitucional, formulada al proyecto de ley que destina fondos a la Federación Nacional de Deportes Submarinos (véase en los Anexos, documento 11). Otro de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, que modifica la ley Nº 15.593, que organizó el Consejo Coordinador de Adquisiciones y Enajenaciones de las Fuerzas Armadas (véase en los Anexos, documento 12). Quedan para tabla. MODIFICACIONES AL ESTATUTO ORGÁNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHELE. PRORROGA DE PLAZO A COMISIÓN. El señor FERRANDO.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- ¿Sobre la Cuenta? El señor FERRANDO.- No, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Solicito el asentimiento unánime de la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Ferrando. Acordado. El señor FERRANDO.- Ruego a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para ampliar hasta el término del constitucional el plazo de que dispone la Comisión de Educación Pública para despachar el informe sobre las reformas al Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile. -Se accede. V.- ORDEN DEL DÍA. SANCIÓN A OCUPACIÓN ILEGAL DE INMUEBLES. VETO. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde continuar la discusión en general y en particular de las observaciones del Ejecutivo, en primer trámite constitucional, al proyecto que sanciona las ocupaciones ilegales de inmuebles. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer trámite, sesión 34, en 8 de febrero de 1971. En tercer trámite, sesión 57, en 15 de febrero de 1972. Observaciones en primer trámite, sesión 5, en 31 de mayo de 1972. Informes de Comisión: Legislación, sesión 14, en 29 de junio de 1971. Legislación {segundo), sesión 26, en 27 de julio de 1971. Legislación (veto), sesión 7, en 10 de octubre de 1972. Discusión: Sesiones 15, en 30 de junio de 1971 (aprobado en general); 30, en 4 de agosto de 1971 (se aprueba en particular); 4, en 4 de abril de 1972 (se despacha en tercer trámite) ; y 19, en 17 de octubre de 1972. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes. El señor MONTES.- En la sesión de ayer, las diversas intervenciones de los señores Senadores sobre el veto al artículo l1? se centraron especialmente en el carácter de aquél; en si es sustitutivo, como lo dice el Ejecutivo, o si es aditivo, como lo sostuvieron algunos Honorables colegas. Como en el día de ayer participaron los señores Senadores que, desde el punto de vista técnico de su especialidad, conocen más a fondo el problema, yo deseo participar tratando simplemente de razonar acerca de la materia planteada y del contenido de la discusión. He tratado de ver en el texto denominado Manual del Senado, que es tan útil para dilucidar muchas de las consultas que formulamos, cuáles han sido los dictámenes que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha dado respecto de las diferentes clases de veto. Al respecto, advertí que, en general -por lo menos con ello me he encontrado en aquellas partes que examiné muy rápidamente;-, la Comisión ha emitido opiniones acerca de consultas sobre vetos determinados, específicos, recaídos sobre materias también específicas. Lo que desgraciadamente no he podido encontrar -y por eso formularé la consulta correspondiente- ha sido una interpretación general sobre la materia. Es indudable que si la Comisión técnica respectiva emite una opinión respecto de un proyecto concreto, sobre una materia determinada, sus conclusiones podrán ser válidas siempre que se llegue a conclusiones generales, partiendo de esa base particular de estudio. Por eso, consideramos necesario precisar todavía más este problema, el cual, como ayer lo reconocieron varios señores Senadores, se presta a diversas interpretaciones, no está ni ha sido suficientemente resuelto en esta Corporación. Deseo formular una consulta. Entiendo que, constitucionalmente, sólo puede ejercer este derecho el Presidente de la República. Me parece que ninguna otra autoridad tiene esta facultad. El señor PRADO.- ¿Cuál, señor Senador? El señor MONTES.- La de formular observaciones a los proyectos de ley. Me parece que la Constitución Política es clara al respecto. Y ruego a los señores Senadores que me excusen si, desde el punto de vista de la interpretación constitucional, yo, que nada sé sobre la materia, cometa errores. He dicho simplemente que deseo expresar un juicio más o menos racional. Si sólo el Jefe del Estado, por mandato constitucional puede ejercer esta facultad, y tengo entendido que se precisan las clases de vetos: supresivos, aditivos y sustitutivos, yo me pregunto, porque he visto en la práctica que así ha ocurrido durante mucho tiempo, cómo es que, teniendo esta atribución constitucional únicamente el Presidente de la República, y de manera exclusiva, es al fin de cuentas el Congreso el que resuelve el carácter de los vetos; que la mayoría parlamentaria que en determinado momento actúa en el Parlamento, pueda establecer a su arbitrio, como tal mayoría, si determinados vetos son sustitutivos, aditivos o qué sé yo, o si se pueden dividir por ideas, por frases, etcétera. Hago este razonamiento para llegar un poco a la siguiente conclusión: a nuestro juicio, esta facultad exclusiva del Ejecu-vo finalmente se diluye, se malogra, se niega, en el fondo, mediante la interpretación que la mayoría parlamentaria de cualquiera de las dos ramas del Congreso haga de la naturaleza de los vetos. En realidad, partiendo de la base de que únicamente el Presidente de la República tiene esta atribución, sólo a él le compete establecer si el veto es supresivo, sustitutivo o aditivo. Digo lo anterior pensando que una afirmación de esta naturaleza es bastante a contrapelo, teniendo en cuenta que durante muchos años el problema se ha resuelto en la forma como lo ha decidido la mayoría política existente en un instante dado. Por lo tanto, también me doy cuenta de que en distintas oportunidades los mismos problemas se han resuelto de diferente manera, según sea el criterio político de tal o cual mayoría. No sé si soy suficientemente claro, señor Presidente. Varios señores Senadores han manifestado su opinión sobre el veto en discusión. Unos señalaron que, por tal o cual razón, era supresivo, y otros, por diferentes motivos, que era aditivo. Incluso, el Honorable señor Aylwin expresó que, aunque le pesaba políticamente, desde el punto de vista de la interpretación constitucional, reglamentaria, jurídica, estimaba que la observación era sustitutiva y no aditiva, porque, claro está, ella puede no tener una importancia política determinada. Pero si el Ejecutivo utiliza el recurso del veto en otros proyectos sobre materias que pidieran considerarse fundamentales y decisivas, es evidente que entra a jugar el criterio político, no ya jurídico o constitucional, de una mayoría, a fin de lograr determinados objetivos. De este modo, puede ocurrir que un veto calificado de sustitutivo por el Presidente de la República -reitero: a mi juicio sólo a él le compete la facultad constitucional de declarar la calidad de la observación- el Parlamento lo estime como aditivo, resolviendo el problema de una manera diametralmente distinta. Me permito formular estas observaciones sin entrar a examinar las otras consideraciones que ayer hicieron los señores Senadores, por estimar que lo que planteo constituye un poco el fondo del problema, la gran cuestión relativa a los vetos del Presidente de la República a cualquier tipo de proyectos, que no ha sido suficientemente esclarecida. Así lo juzgo yo; probablemente esté equivocado. Porque, evidentemente, es muy distinto el hecho de que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento se pronuncie sobre un proyecto concreto y particular y acerca de vetos también específicos, de obtener criterios generales, válidos, para todas las situaciones que se puedan presentar en relación con algunos problemas que, por lo menos para el Senador que habla, no están resueltos. Puede que sí lo estén, y de ahí mis palabras -las que envuelven una consulta- acerca de la posibilidad de que la Comisión de Constitución, si lo estima conveniente de nuevo, trate de resolver algunos criterios generales relativos a los vetos en discusión, tarea que nos parece indispensable para tener claridad en esta materia. Y lo digo porque juzgo la situación bastante seria. Estamos enfrentando una situación política en este país, en la cual cada día las definiciones políticas son más perentorias, y es conveniente, por tanto, que cada cual sepa a qué atenerse sobre los diversos problemas con la mayor claridad y precisión posibles. Por ejemplo, debemos decir, desde el punto de vista de quienes expresamos esta opinión, que para el Ejecutivo no es fácil ejercer su derecho a veto, por cuanto, pese a que a su juicio una observación es sustitutiva -y lo es por los cuatro costados: porque se formuló de acuerdo con todas las normas, las definiciones, las consideraciones y los informes emitidos por las Comisiones de Legislación del Senado y de la Cámara-, puede encontrarse con que de pronto, simplemente por mayoría, el Parlamento decide que es aditiva, cambiando absolutamente el contenido de la cuestión. Le concedo una interrupción al Honorable señor Gumucio. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría. El señor GUMUCIO.- Quiero hacer presente al Honorable señor Montes que esta discusión se ha suscitado repetidas veces en este hemiciclo. La verdad es que tiene razón el señor Senador, ya que si la calificación de los vetos la hace el Senado o la Cámara cambian los quorum respectivos para resolver las materias de que ellos tratan. Por ejemplo, para rechazar un veto aditivo basta la simple mayoría, y los otros casos requieren otros quorum de votación. Por lo tanto, tiene toda la razón el Honorable señor Montes al sostener que la disposición constitucional que permite al Presidente de la República imponer su criterio al Congreso mediante la formulación de un veto que precisa quorum especial queda sujeta, desde el momento mismo en que el Parlamento altera su carácter, a la voluntad de la mayoría de Senadores o de Diputados, cambiando totalmente el fundamento o esencia de esa norma constitucional. Ahora bien, el problema que tantas veces se ha suscitado aquí es el siguiente: ¿Cómo se puede, por la Comisión de Legislación del Senado o por la Sala, dar reglas muy precisas para establecer qué veto es sustitutivo, aditivo o supresivo? Y hemos llegado a la conclusión de que ello es absolutamente imposible. Este punto quería dejar aclarado. Pero, además, personalmente me asalta una duda que considero muy grave, y es la que sigue. Desde el momento mismo en que por norma constitucional se creó el Tribunal Constitucional, toda reglamentación que el Senado pudiera elaborar para definir el carácter de un veto, en cierta medida estaría limitando las atribuciones de ese Tribunal, el que puede considerar con perfecto derecho que, en realidad, el Congreso o el Presidente de la República no han procedido conforme a la Constitución. Por lo tanto, una reglamentación aprobada por simple mayoría en cierto modo vendría -repito- a limitar las atribuciones de ese Tribunal. Por eso, aun cuando este asunto no se haya resuelto en la Sala en sus aspectos fundamentales o de esencia constitucional, a mi juicio la reglamentación también adolecería de ese defecto y, por ende, continuaremos en este impasse. En todo caso, estimo que debe prevalecer la voluntad del Ejecutivo' cuando claramente señala en los textos respectivos la calidad del veto enviado, porque naturalmente entre los Poderes debe haber un principio de buena fe. Por cierto, si se piensa que el Ejecutivo procede siempre de mala fe, calificando un veto de manera distinta de la que realmente le corresponde, no hay nada que hacer. Por eso, debe partirse del principio de la buena fe y de la altura de miras con que actúa cada Poder del Estado. Es cuanto quería agregar a las observaciones que está manifestando el Honorable señor Montes. El señor MONTES.- Me estaba refiriendo a una materia que estimo extraordinariamente importante y que no fue considerada ni resuelta en la sesión de ayer. He estado buscando en la Constitución los artículos relativos al derecho a veto. El artículo 52 dice: Aprobado un proyecto por ambas Cámaras, será remitido al Presidente de la República, quien, si también lo aprueba, dispondrá su promulgación como ley. En seguida, el artículo 53 dispone: Si el Presidente de la República desaprueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen, con las observaciones convenientes, dentro del término de treinta días. Esto es lo que la Carta Fundamenta] señala acerca de las observaciones del Presidente de la República, pero creo que ello basta para llegar a la conclusión que señalé al comienzo: que sólo al Jefe del Estado, y a nadie más que a él, le corresponde ejercer tal atribución. La gran duda se refiere a si esta facultad constitucional exclusiva del Primer Mandatario es compartida o no por el Congreso. Esa es la cuestión. Si la respuesta es afirmativa, quiere decir que si el Ejecutivo observa un proyecto o parte de él, la mayoría del Congreso puede modificar de manera sustancial el carácter de tal proposición. Eso es absolutamente claro. Y la decisión de la mayoría parlamentaria -sin importar si ella es de Oposición o de Gobierno- implica, por tanto, de manera también muy clara, negar esa atribución exclusiva que la Constitución otorga al Presidente de la República. Porque es evidente, como se señaló aquí, que si el Ejecutivo expresa que una observación es sustitutiva y el Congreso la estima aditiva, se está modificando de modo sustancial, en ciento ochenta grados, el criterio del Jefe del Estado, haciéndole perder toda validez a su atribución constitucional exclusiva. A mi juicio, ésa es la cuestión no resuelta. Debo decir con absoluta franqueza que estimamos evidente que en las condiciones actuales, sobre todo, este problema tampoco será solucionado. ¿Por qué? porque existe una mayoría de Oposición que naturalmente, al fijarse las reglas a que me refiero, quedaría impedida de interpretar la calidad del veto. Sin embargo, consideramos casi indispensable que la Comisión técnica opine sobre esta materia. Porque, en el fondo, ¿qué queremos? Que las reglas del juego sean claras, para que en este caso, sobre todo el Ejecutivo, sepa a qué atenerse. Porque hasta aquí lo único claro respecto de los vetos, por lo menos a mi juicio, es el veto supresivo. Es muy difícil que una mayoría pueda decir, cuando el Presidente rechaza un precepto, que se trata de un veto aditivo o sustitutivo. Probablemente ésa es la única situación clara, no controvertible, que no se presta a interpretación distinta. Pero todo lo demás puede ser discutible. Si esto es así, y con relación a las reglas claras del juego, podría llegarse a la conclusión de que, respecto del uso de los vetos, al Ejecutivo no le queda otro camino que rechazar, situación que podría entorpecer la mejor solución de problemas que pueden resolverse mediante las observaciones. Deseo consultar si es posible, en el caso de considerarse necesario, que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, a propósito de este proyecto, estudie las ideas que se han expresado. En realidad, abrigo pocas esperanzas de que, en el actual clima político, pueda llegarse a acuerdo sobre este tipo de materias. En todo caso, es probable que por medio de una discusión que se centre en los aspectos jurídicos y técnicos del problema pueda llegarse a alguna conclusión que permita avanzar, aunque fuera un paso, en la solución del problema de los vetos. Señalamos esto en forma un tanto independiente de la materia particular que plantea el veto, por estimar importante buscar un camino para resolver el problema de manera general. Por lo que he escuchado, es difícil encontrar una solución ciento por ciento satisfactoria, que aclare totalmente la cuestión. En todo caso, creo que dicho estudio, aunque sólo aclarara un poco más la materia, sería de beneficio para todos. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pablo. El señor PABLO.- Adhiero a la petición del Honorable señor Montes de que el proyecto vuelva a Comisión, no por el hecho de considerar fundamental, respecto de estas observaciones, fijar una doctrina frente a los vetos. Por lo demás, ya se ha establecido en qué consiste el veto aditivo, sustitutivo o supresivo. De eso hay informes permanentes de las Comisiones. A mi juicio, después de leer su texto, esta observación es sustitutiva; ello, a pesar de que la parte inicial del artículo es la misma, como se vio en la sesión pasada. Se introducen a la norma dos modificaciones. Mientras en el artículo aprobado por el Congreso, los cabecillas de ocupaciones de predios rústicos o de inmuebles destinados a la habitación, construidos o en proceso de construcción o de una urbanización, son los que cometen el delito, en el veto del Ejecutivo sólo los cabecillas principales serían los que lo cometerían, y siempre que se reúnan las. condiciones que además se agregan; es decir, que el hecho tenga caracteres de especial gravedad, sea por el daño o la alarma social causados, sea por el ánimo de enriquecimiento u otro motivo antisocial, lo que apreciará prudencialmente el Juez. Lo que apreciará el juez prudencialmente son los hechos que se establecen como condicionantes para que nazca el delito; es decir, que tenga caracteres de especial gravedad y que el daño o alarma social causados sean de magnitud o que medie enriquecimiento u otro motivo antisocial. Lo que me preocupa y me interesa que se aclare en la Comisión es la diferencia clara entre lo que se entiende por cabecillas de la ocupación y cabecillas principales de ella. Según entiendo, esta última expresión es restrictiva. Es decir, dentro de un número de cabecillas, habría que ubicar quiénes son los principales. Ahora bien, es posible que una ocupación la realice un grupo de personas que declaran ser quienes la propician. Me explico: se constituye un comité; se nombra al presidente, vicepresidente, secretario y tesorero de él y se procede a la ocupación. En ese caso, ¿pasan ellos a ser los cabecillas principales por ese hecho, en circunstancias de que sabemos positivamente que hay otras fuerzas interesadas, que son las que crean el comité, designan a sus dirigentes, y quedan en la clandestinidad? ¿Pasaría aquí lo que sucede en el caso de los directores responsables de algunos diarios, que son directores de paja para el exterior, que no tienen ningún poder decisivo y que están sólo para los efectos de enfrentar el delito? ¿Qué se entiende por cabecillas principales? Estimo que esto debería aclararlo en forma definitiva el informe porque puede no existir la posibilidad da que el Congreso imponga su criterio. Si, tal como está redactado el veto, se va entender por cabecillas principales, a aquellos que dan la cara de frente, en circunstancias de que todo se orquesta por un movimiento clandestino que es el real motor de la toma, este proyecto, a mi juicio, no tendría sentido alguno. Por eso es conveniente que se aclaren estos términos, y también por ello solicito, en virtud del artículo 112 del Reglamento, que la Mesa someta a votación la solicitud de que el proyecto vuelva a Comisión. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Car-mona. El señor CARMONA.- He escuchado con mucho interés las palabras del Honorable señor Montes, y, tal como lo expuso el Honorable señor Pablo, considero que sobre estas materias hay diversos informes y ha habido pronunciamientos tanto de parte de las Comisiones de la Cámara de Diputados, como del Senado. Estimo necesario precisar algunas cosas sobre el veto que nos preocupa, y por ello estoy de acuerdo en que esta materia vuelva a Comisión, para que se haga un estudio sobre el particular. Pero no quisiera dejar flotando en el ambiente del Senado lo que a mi juicio constituye una confusión del Honorable señor Montes. No hay duda de que la facultad de vetar los proyectos corresponde exclusivamente al Presidente de la República. Nadie puede interferir esa atribución que le da nuestra Carta Fundamental. Por lo tanto, una vez formulada una observación, ninguna de las ramas del Congreso Nacional puede variar los términos de ella ni modificarla en ningún aspecto, sino que debe pronunciarse sobre la observación en la forma como ha sido formulada. En ese sentido no puede haber cuestión de ninguna naturaleza. Pero otra cosa diferente es el procedimiento, la manera como el Congreso Nacional debe votar los vetos respectivos. Para pronunciarse sobre ellos, tiene que haber, como es indudable, una calificación de los vetos. Inclusive, aunque no se empleen las palabras sustitutivo, aditivo o supresivo, fluye de las mismas disposiciones legales, constitucionales y reglamentarias del Senado que existen distinciones que es necesario abordar para ver de qué manera y con qué quorum deben pronunciarse tanto la Cámara como el Senado sobre los vetos. Y señalo esto porque el Presidente de la República, aunque tenga la facultad exclusiva y excluyente ¿le observar los proyectos, no puede variar la naturaleza misma de las cosas, por más que quiera calificarlos de manera determinada, porque las cosas son lo que son por su esencia y no por el nombre que quiera darles la autoridad que ejerce una función o una facultad, o las partes que celebren un contrato. Por ejemplo, dentro de esa facultad exclusiva que le da la Constitución, el Presidente no podría titular un proyecto de ley de reajuste de remuneraciones, si las disposiciones de esa iniciativa no reajustan realmente las remuneraciones de los trabajadores del país. En ese caso, el Congreso, por medio de sus pronunciamientos o resoluciones tendría la facultad de calificarlo en debida forma y de ver a quién corresponde la competencia y las atribuciones del caso para modificar dicha iniciativa legal. Esto está muy claro. Si leemos el inciso segundo del artículo 53 de la Constitución, veremos que ahí también se pone un límite a esta atribución del Presidente de la República. Quien restringe esa facultad es la Carta Fundamental mediante la votación o la declaración correspondiente del Congreso Nacional. Dicha norma consigna lo siguiente: En ningún caso se admitirán las observaciones que no digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto. Si fuera una función exclusiva y excluyente que el Congreso no pudiera discutir, aparte la facultad de vetar del Presidente de la República, es indudable que no podría haber pronunciamiento alguno en este sentido. Pero el Parlamento conserva la facultad, que emana de la misma Constitución, para decir: Señor, sobre este veto no puede haber pronunciamiento. Es inadmisible, porque no guarda relación con la idea matriz o fundamental del proyecto. Esa calificación, pronunciamiento o decisión del Congreso Nacional sobre los vetos no impide que el día de mañana pueda recurrirse al Tribunal Constitucional, en virtud de las facultades que éste tiene, y este organismo, en definitiva, tendría la última palabra sobre la materia. Por lo tanto, si el Ejecutivo puede recurrir al Tribunal Constitucional respecto de determinado asunto, el Congreso tampoco tendría facultad para decidir darle, en forma arbitraria, una calificación que no corresponde, por su naturaleza misma, a la observación hecha por el Presidente de la República. El señor GUMUCIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor CARMONA.- Con todo gusto. El señor GUMUCIO.-Lo que ha dicho Su Señoría es acertado en el sentido de que el Ejecutivo no puede cambiar la sustancia de una cosa. Por ejemplo, si un veto es ostensiblemente aditivo, no puede calificarlo de sustitutivo o de supresivo. Pero el Congreso tampoco puede hacerlo; es decir, no puede calificar un veto que, ostensiblemente es sustitutivo, de aditivo. Para ambas partes no existiría esa posibilidad. En cuanto al ejemplo dado por el señor Senador en el sentido de que la observación debe tener relación con la idea matriz del proyecto, la norma constitucional es muy clara: si el veto no tiene nada que ver con la idea fundamental de la iniciativa, el Congreso tiene la facultad de calificarlo de esa manera, pero no en el otro caso. Ahora, frente al Tribunal Constitucional, ¿qué importancia tiene el pronunciamiento del Parlamento? No cabe duda de que en una causa llevada a dicho organismo por el Presidente de la República o por el Congreso, tiene mucha importancia un dictamen del Senado o de la Cámara de Diputados definiendo la calidad del veto. ¿Y cómo se puede definir? Si se hace en forma vaga y general, no se avanza nada. Las cosas quedan igual. Es muy difícil definir qué es un veto sustitutivo, uno aditivo o uno supresivo. En cierta ocasión, el Honorable señor García propuso la idea de hacer una especie de código larguísimo, en que se ponían expresamente ejemplos de la clase de vetos que se estaban discutiendo. Eso también es imposible, porque habría que establecer miles de otros casos. Eso es lo difícil. A mi juicio, tiene importancia ante el Tribunal Constitucional cualquier informe de Comisiones o cualquier acuerdo del pleno del Senado en que se defina, la calidad de los vetos, pese a lo difícil que es hacerlo, ya que si se definen con vaguedad, no se logra nada. El señor CARMONA.- Manifesté algo muy claro: que la naturaleza de las cosas no puede modificarse; que ellas son lo que son por su esencia; que por lo tanto, si a pesar de que el Presidente de la República estima que un veto es sustitutivo o aditivo, el Senado llega a la conclusión de que, ostensible y naturalmente, es supresivo, es indudable que éste tiene derecho a decir: Señores, la observación es supresiva. En consecuencia, me pronuncio sobre ella en la forma establecida en la Constitución y en el Reglamento del Senado. El Senado puede hacer esa calificación, sin perjuicio de la resolución posterior del Tribunal Constitucional. Porque, mirando desde el otro ángulo el alegato y las observaciones del Honorable señor Gumucio, lo que he señalado nos resguarda de las arbitrariedades que pueda cometer la autoridad que hace uso de su facultad de vetar, pues también podría suceder que calificara las observaciones en forma arbitraria a fin de conseguir un resultado diferente del establecido en la Constitución Política. Y en ese sentido indudablemente que el Senado y la Cámara pueden restaurar lo que corresponde a la esencia de las cosas. Por eso me parece prudente y conveniente que vuelva a Comisión este proyecto, a fin de que necesariamente se pronuncie sobre el carácter de este veto, ya que el Congreso tiene facultades para ello, como he tratado de dejarlo de manifiesto durante mi intervención. El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente, de este debate se podría desprender que la cuestión de los vetos y su calificación de supresivo, aditivo o sustitutivo no ha sido nunca estudiada en profundidad. Yo quiero hacer presente que no es así. Existe un informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, aprobado el 18 de agosto de 1945 y suscrito por la unanimidad de sus miembros, entre quienes había representantes de todos los partidos de aquella época: los señores Smitmans, liberal; Correa Letelier, conservador; Faivovich, radical; Gardeweg, conservador; González Prats, conservador; Le-Roy, falangista; Melej, radical; Mella, radical; Rosales, comunista; Santa Cruz, Liberal; Undurraga, liberal, y el que habla, conservador. Dicho informe dio base a una reforma del Reglamento de la Cámara, y en él se precisó con bastante claridad la naturaleza que podían tener los vetos y la posibilidad de la Cámara, igual que del Senado, de calificarlos. Para no extenderme demasiado, leeré algunos párrafos del informe que precisan muy bien la cuestión. Dicen así: Pues bien, la historia de la reforma constitucional de 1925 y la aplicación práctica de los artículos 53 y 54 de la Constitución Política del Estado y la comparación de los diversos números del artículo 194 del Reglamento de la Cámara de Diputados y del Honorable Senado conducen a determinar el alcance del término observaciones del Presidente de la República y los quorum requeridos para cada caso. En efecto, mediante esas observaciones el Presidente de la República puede adicionar, suprimir o substituir los proyectos de ley que le ha enviado el Congreso Nacional. Cuando adiciona, agrega ideas nuevas que la lógica indica que deben ser concordantes con la materia del proyecto de ley en tramitación. Las supresiones tienden a hacer desaparecer, total o parcialmente, un proyecto de ley. Constituyen un rechazo que el Ejecutivo hace a la totalidad o parte del proyecto aprobado, a todas sus ideas o solamente a algunas. Por fin, las substituciones tienen por objeto reemplazar la totalidad o parte del proyecto aprobado por el Congreso por otra totalidad o parte propuesta por el Presidente de la República. En su naturaleza las substituciones constituyen una supresión y una adición simultáneamente, porque rechazan una o más ideas y ponen en su cambio otras. Las adiciones, esto es, las ideas nuevas, deben ser sometidas a la aprobación o rechazo de ambas Cámaras. La regla general para los pronunciamientos de los Poderes Legislativos es la de la simple mayoría de los miembros presentes en ambas Cámaras. Esta regla general está confirmada, en este caso especial por la reforma constitucional del año 1925 que suprimió el inciso final del artículo 36 del texto vigente en ese año, que requería la asistencia de la mayoría absoluta de los miembros de cada rama legislativa. El informe entra después a señalar cuáles son las mayorías que se necesitan en cada caso. Cuando se trata de una idea aditiva, es necesario que sea acogida por la mayoría de los miembros presentes de ambas Cámaras. En el caso de ser un veto supresivo, la supresión queda hecha a menos que las dos Cámaras, por expresa disposición constitucional, puedan insistir en el texto primitivo por dos tercios de sus miembros. Y si se trata de una sustitución, se vota primero la idea de suprimir y luego la de adicionar, rigiéndose por las mayorías que ya se han indicado. Pero lo importante es que después la Comisión entra a hablar de la calificación de los vetos, y dice como sigue: Vuestra Comisión estima necesario agregar que para calificar una observación como adición, supresión o substitución, debe atenerse a la naturaleza jurídica de la misma, de acuerdo con los conceptos precisados más arriba y no a la materialidad de la forma en que haya sido hecha. En efecto, es un aforismo jurídico incontrovertible el que las cosas son en el derecho lo que son y no lo que el hombre dice que son. La tesis anterior cobra mayor relieve sí se tiene presente que las observaciones del Presidente de la República responden a ideas o conceptos que él desea agregar, suprimir o substituir y que las palabras no son sino la forma de expresar aquellas ideas. En consecuencia, para calificar la naturaleza de la observación hay que precisar aquellas ideas y prescindir de la forma bajo la cual se pretenda presentarlas. Precisada la naturaleza de la observación (adición, supresión o substitución) lo único procedente es aplicarle la disposición constitucional y reglamentaria correspondiente. La calificación jurídica de la observación, cuando hubiere lugar a dudas, deberá ser hecha por la Cámara y por el quorum acostumbrado de la simple mayoría de los miembros presentes. No se escapa al criterio de vuestra Comisión la circunstancia que esta calificación previa puede dar lugar a abusos de mayorías ocasionales y aún permanentes con el fin de eludir el quorum de los dos tercios exigidos para los casos de insistencias por la Constitución Política del Estado. Pero vuestra Comisión estima que este peligro es menor que la total destrucción de nuestro sistema constitucional, lo que ocurriría si el Presidente de la República pretendiera imponer ideas nuevas, esto es, adiciones, mediante la forma de supresiones, las que se entenderían aprobadas si no concurren al quorum de los dos tercios de ambas Cámaras para rechazarlas. Puede llegarse al caso absurdo de que prosperaría una idea contra la unanimidad de una Cámara y la mayoría de la otra, inferior a los dos tercios de los miembros presentes. En buenas cuentas, ¿qué dice la Comisión al respecto? Aclara que se pueden producir abusos en la calificación de un veto; pero mucho más grave sería que el Presidente de la República, presentando artificiosamente un veto, pudiera introducir ideas nuevas en nuestra legislación, contra la voluntad de la unanimidad de una Cámara y contra la voluntad de la mayoría de la otra, que no alcanzara los dos tercios. Y entre los dos males, evidentemente que es mucho menos riesgoso el primero. Ahora, en la práctica, no se ha abusado de la facultad del Senado ni de la Cámara para calificar los vetos. En la mayor parte de los casos la calificación no ha sido casi necesario hacerla, porque ha habido perfecta unanimidad sobre la materia. En contadas ocasiones, muy rara vez, se presenta la duda, como ha ocurrido en este proyecto, de si se trata en realidad de un veto sustitutivo o aditivo, cuestión que, como ya manifesté en la sesión anterior, es dudosa y tiene que resolverse en un sentido o en otro. Pero pretender que el Senado o la Cámara no podrían calificar un veto y que deberían sujetarse al tenor de las palabras con que el Presidente de la República lo ha planteado y atender simplemente a la letra, sería llegar a las mayores aberraciones en materia de legislación. Por ejemplo, mañana se dicta una disposición que establece cualquier condición de excepción para los chilenos que residen en el extranjero, y el Presidente de la República propone suprimir las palabras que residen en el extranjero. Así, esa norma, que iba a afectar determinante-mente a una proporción muy pequeña de los chilenos, al suprimirse las palabras mencionadas, pasa a referirse a todos los chilenos, también a los que viven en el país. ¿Qué es eso? Es un veto aditivo. Se está agregando a la ley a los chilenos que viven en el país, en circunstancias de que el proyecto se refería sólo a los que residían en el extranjero. Pero esto se hace en forma de una supresión, eliminando las palabras que residen en el extranjero. Los ejemplos se podrían multiplicar y llegar a las aberraciones más grandes; y el Presidente de la República -repito- podría legislar, introducir muchas veces cambios sustanciales en la legislación, contra la voluntad de la unanimidad de la Cámara y contra la voluntad de los dos tercios menos un voto, de la otra. De manera que la calificación en los casos de dudas tendrá que hacerse, y no hay otra manera de llevarla a cabo que mediante el procedimiento de la votación de la propia Comisión o del Senado. No hay ninguna disposición que establezca que la calificación debe hacerse. Pero el que tiene que ejecutar un acto, el que tiene que votar una observación en este caso, aunque ninguna disposición lo establezca, por sentido común tiene que calificar lo que va a hacer, saber si vota un veto aditivo, uno sustitutivo o uno supresivo. Creo que no hay inconveniente alguno para que se pida un informe a la Comisión de Constitución sobre los vetos y su calificación en general; pero honradamente estimo que la materia quedó agotada en este informe de la Cámara al que me referí, el que ha sido respetado invariablemente no sólo por la Cámara de Diputados, sino también por el Senado, que ha aplicado las mismas reglas. El Honorable señor Chadwick y el Senador que habla en múltiples oportunidades hemos solicitado aplicar las mismas reglas. Además, el informe es respetado por toda la doctrina, porque ningún profesor de Derecho Constitucional, que yo sepa, ha puesto en duda que éstas son las normas correctas que se deben aplicar. En cuanto a que este proyecto vuelva a Comisión, no me opongo a ello, porque yo mismo tengo dudas acerca de la naturaleza del veto planteado, de si es aditivo o sustitutivo. Me parece que conviene estudiarlo con más detenimiento. El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, no me voy a oponer en absoluto a que las observaciones del Ejecutivo a este proyecto de ley vuelvan a la Comisión de Constitución. Se ha planteado nuevamente en el Senado un debate que muchas veces se ha suscitado alrededor de las distintas estimaciones de los conceptos de veto aditivo o sustitutivo, ya que el supresivo es un veto que no admite comentarios. Los Honorables señores Bulnes y Car-mona han sentado claramente la jurisprudencia y hecho presente la tradición del Senado sobre esta materia. Quiero analizar en general el artículo 1?, porque estos vetos están concatenados, y recordar el fondo y la sustancia de este proyecto de ley. Prácticamente hubo acuerdo entre las distintas bancas del Congreso y el Poder Ejecutivo para hacer un esfuerzo y legislar, a fin de llevar la calma, la confianza y la estabilidad a las distintas actividades nacionales perturbadas hondamente en 1971 y a comienzos de 1972 por una ola de huelgas y ocupaciones arbitrarias, especialmente en los campos. Está probado -nadie podría discutirlo, y creo que los señores Senadores de las bancas de Gobierno encontrarán que tengo toda la razón- que el tiempo ha dado base absoluta para sostener que esta iniciativa, aunque modesta y débil en su esencia, iba a tener un extraordinario efecto moral sobre la producción chilena. Si analizamos los guarismos de nuestra balanza de pagos, podremos apreciar dos fenómenos. En primer lugar, el excepcional aumento en los mercados del exterior de alimentos esenciales, de los que nuestro país es deficitario y de los cuales importa en gran cantidad. Las internaciones de alimentos a nuestra nación se calculan en una cifra superior a 400 millones de dólares. Y bien sabemos que la balanza de pagos no sólo indica el desaparecimiento de las reservas, sino también, de acuerdo con los últimos estados dados a conocer, un endeudamiento de 28 millones de dólares. Además, Su Excelencia el Presidente de la República, en declaraciones formuladas ayer y publicadas en los diarios de hoy, acredita que tenemos un déficit de 200 millones de dólares por los menores ingresos derivados de la baja del precio del cobre. Agreguemos a lo anterior la merma evidente de la producción lechera, que en el período septiembre de 1971 a septiembre de 1972 arroja un déficit nacional de 20%. La producción de trigo, que en el Gobierno del señor Alessandri llegó a 14 millones de quintales, no superará los 5 millones en la cosecha de 1973. El déficit de la producción de maíz es tan extraordinario, que ha sido preciso postergar las importaciones y embarques de trigo, para dar preferencia a las de maíz, único producto con el que se puede alimentar a las aves -pollos, gansos, etcétera- de consumo nacional. El proyecto iba a paliar las tomas y ocupaciones arbitrarias de terrenos; su espíritu era sancionar levemente a quienes de esta manera atentaban contra la economía nacional. Por desgracia, y enfrentándose la nación a una crisis económica que no tiene paralelo; estando el país en pleno régimen de escasez; enfrentado ya -y se ha vertido opinión desde el seno mismo del Gobierno- a la posibilidad de establecer racionamientos; habiendo cesado la aplicación de las leyes de excepción que favorecían a las provincias de Tarapacá y Antofagasta -régimen de puertos libres y legislaciones especiales-; afectando ya la misma escasez a las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes. . . El señor CONTRERAS.- ¡Quién le contó ese cuento! El señor VON MÜLENBROCK- Sí, señor Senador: en su zona no hay harina, no hay trigo; escasea la carne; no hay pollos. La señora CAMPUSANO.- ¡No es así! El señor CONTRERAS.- ¡No es así! ¿Me permite una interrupción? El señor VON MÜHLENBROCK.- En cuanto termine, no tendré el menor inconveniente. Estoy formulando observaciones que se hallan apoyadas por el peso irrebatible de los hechos. Aún más: están afianzadas por una inflación que ha batido todos los récords mundiales. Lamento este veto, porque era necesario llevar tranquilidad, estabilidad y confianza a los campos, donde ahora sólo existe el pequeño y el mediano productor. Aquello que se llamaba latifundio ya desapareció. El propio Presidente de la República reconoció que se han expropiado sobre ocho millones de hectáreas y que el latifundio chileno ha muerto. Entonces, estando el 60 por ciento de la tierra chilena convertida en área reformada, la responsabilidad de alimentar a esta nación recae exclusivamente en el Estado, que también controla el crédito, las industrias, los transportes. Y teniendo en su mano el Ejecutivo la posibilidad de llevar confianza, tranquilidad y estabilidad a la producción, nos envía un veto que desvirtúa totalmente el espíritu del legislador. La primera observación, tal como sostuvo ayer el Honorable señor Bulnes, convierte el artículo 458 bis en algo ambiguo, amorfo, intrascendente e inaplicable. Y dicho veto se relaciona estrechamente con el supresivo recaído en el inciso segundo, en cuya virtud desaparecerá la norma que establece: Las penas previstas en este artículo se aplicarán en el caso señalado en el inciso anterior, por el solo hecho de haberse producido la ocupación material del o los inmuebles por parte del o los grupos de personas que la consumaren. Finalmente, el último veto, supresivo también, elimina la norma que establece: Si en la comisión de este delito tuvieren responsabilidad funcionarios públicos, que actúen con abuso de sus funciones, se les aplicará la pena señalada al delito aumentada en un grado. En una palabra, el proyecto se ha convertido en una cortina de papel: para nada sirve, nada representa. ¿Qué influencia tendrá para llevar estabilidad, calma y confianza a quienes en este momento tienen la responsabilidad de producir para alimentar a la nación, a lo que estaban dispuestos? Sólo producirá efectos perniciosos sobre las siembras de trigo, raps, maíz, remolacha, especialmente en mi zona. Como Senador por la Novena Agrupación, puedo citar a los Honorables colegas de las bancas de enfrente lo sucedido en la comuna de Futrono, por ejemplo, debido a las tomas de terrenos en plena época de cosechas; se sembraban y cosechaban 600 hectáreas de remolacha; este año no ha sido posible, a pesar del extraordinario esfuerzo desplegado por los distinguidos técnicos que administran la planta de Rapaco, llegar a 50 hectáreas de contratación. Y yo anuncio desde acá que posiblemente esa planta deba cerrar sus puertas; y la remolacha sembrada o que se coseche en la provincia de Valdivia deberá llevarse a la de Llanquihue para su procesamiento. Y esto sucede en los mismos instantes en que en los mercados internacionales sube el precio del azúcar, por las poderosas compras que han hecho Rusia y la China; en los momentos en que nuestra balanza de pagos tiene un déficit extraordinario, y cuando en e] país existen escasez y racionamiento de ese producto. El objeto de esta iniciativa legal era llevar calma, confianza y estabilidad a la producción chilena, a la industria; inclusive, a las personas que estaban soñando con tener un bien raíz propio, una humilde casa, y que de esa manera defendían su propiedad. Quiero señalar a mis Honorables colegas de Gobierno, que, como tales, tienen la responsabilidad de tutelar los destinos del país, que este veto es lamentable y deplorable, que constituye un error. Y si acaso desean anotarse el récord supremo del sofisma, no cabe duda de que superan a los más expertos sofistas de la antigua Grecia. Ya tienen el récord de la inflación; ahora, gracias a los redactores del veto en estudio -ayer el Honorable señor Bulnes lo analizó en forma brillante-, tendrán el récord del sofisma en Chile. El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, se ha hablado con relación al veto mismo; pero también se ha hablado de lo humano y lo divino. El señor Senador que acaba de hacer uso de la palabra sostuvo que en las provincias del Norte, donde tiene aplicación la ley 12.937, ésta ya no rige. Quiero manifestar que dicho cuerpo legal se mantiene vigente. Su Señoría afirmó también que en la actualidad no llegan algunos productos a la población de esa zona. Deseo expresar que, en cierto modo, hay problemas con el abastecimiento de carne; sin embargo, ello deriva fundamentalmente de que no se han logrado centralizar en una sola mano las importaciones de ese producto. Hay cinco importadores facultados para operar como estimen conveniente; y ello ha determinado que sólo en una o dos carnicerías se expenda carne para toda la población. Espero que SOCOAGRO se haga eco de mis palabras, con el propósito de centralizar la importación de carne y distribuir ese producto entre todas las carnicerías de la zona. Aparte el señalado, no existe otro tipo de problemas en el rubro alimentación. El señor Senador se horroriza porque, según afirma, se van a importar más de 300 millones de dólares en productos agropecuarios. Creo que Su Señoría ha hecho un gran descubrimiento. Pero olvida que en determinada época fue Senador de Gobierno, y que ya en tiempos del señor Alessandri se importaban 200 millones de dólares en productos de esa índole. Y en aquel entonces todavía no se llevaba a cabo la reforma agraria. El Honorable señor Von Mühlenbrock no recuerda que la baja de los precios del cobre en el mercado internacional ha significado un mayor desembolso de 120 millones de dólares, que, sumados a los 200 millones que importaba el Gobierno de que hice mención, totalizan 320 millones de dólares. Por otra parte, se habla mucho del déficit en el presupuesto de divisas. Pero, como son muy ladinos, se cuidan mucho de no decir la verdad, de no señalar que el precio de la libra de cobre en el mercado internacional, de 70 centavos de dólar, ha bajado a menos de 49. Y también omiten decir que una empresa extranjera como la Kennecott está embargando en Europa todos los embarques de cobre enviados desde nuestro país. A este respecto, se ha contado con la solidaridad internacional de los trabajadores franceses, primero, y ahora, de los holandeses, quienes se han negado a desembarcar el metal rojo que la Kennecott ha pedido embargar. Pero, aquí, estos mismos señores, en vez de protestar por las acciones que realiza contra un país débil como el nuestro una poderosa empresa que durante medio siglo explotó nuestros yacimientos cupríferos, incurren en ese tipo de actitudes, sin mover sus labios para manifestar su repudio. Y esto, en lo que va corrido del año, representa un menor ingreso de 120 millones de dólares. Entonces no hay duda alguna de que la balanza de pagos tiene que ser deficitaria. Por otro lado, se habla también de los aumentos de sueldos, y se dice que serán una cortina de papel. Y ¿por qué están en huelga ahora los patrones a lo largo del país? Empezaron por los transportistas, para después, haciendo un llamado a la SOFOFA. .. El señor FONCEA.- ¡Son camioneros, no empresarios! La señora CAMPUSANO.- ¡Cómo que no son empresarios! El señor ACUÑA.- Es gente pobre, más modesta que lo que lo son Sus Señorías, que perciben sueldos millonarios. La señora CAMPUSANO.- ¡Y la pobreza de algunos es tal, que son propietarios de 15 ó 20 camiones. .. ! El señor VALENTE.- ¡El más modesto debe de ser el señor Vilarín. . . ! El señor LUENGO.- ¿Y cuánto vale un camión hoy día? El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, como el Jefe de la Redacción de Sesiones es médico, yo creo que bien podría recetar algún calmante para que los señores Senadores tranquilicen sus nervios y tengan un poco de calma. El señor FONCEA.- ¡Si no hay en las boticas. . . ! La señora CARRERA.- Sí hay. El señor CONTRERAS.- Yo se lo puedo proporcionar, Honorable Senador. El señor FONCEA.- Está muy nervioso el Honorable señor Contreras. El señor CONTRERAS.- Yo no soy el nervioso. Lo único que deseo es que Sus Señorías me permitan expresar algunas ideas. Cada vez que aquí se habla de los empresarios, se levantan voces para protestar. Es evidente que hay quienes poseen un camión, que lo trabajan personalmente, y que no son grandes empresarios; pero también es cierto que hay otros a los cuales, siendo propietarios de ese tipo de vehículos, no se los puede calificar de pequeños empresarios. Por otra parte, la Sociedad de Fomento Fabril ha llamado a un paro. ¿Por qué esta organización ha llamado a cerrar las fábricas? Felizmente los trabajadores, conscientes de sus deberes, no han recogido estas insinuaciones o llamados. ¿Por qué ha cerrado el comercio de Santiago? Porque los empleadores no quieren pagar los reajustes que aprobó el Congreso. Esa es la realidad de las cosas. El señor PABLO.- Eso es repetir consignas. El señor CONTRERAS.- Seguramente, porque como yo soy un robot, repito todo lo que me enseñan. Enfrente y a mi derecha están todos los inteligentes, los que no repiten consignas. Pero yo me limito a expresar mis ideas de acuerdo con mis conocimientos. Es cierto que apenas sé leer, pero ello no me impide analizar lo que dicen los diarios. Además tengo cierta experiencia y, aparte ésta, ahí están los hechos que todos estamos viviendo. Sus Señorías se enojan, por ejemplo, cuando hablamos de los empresarios de camiones. ¿Por qué se molestan si no son empresarios? Me parece que no hay razón para exasperarse por eso. El señor ACUÑA.- Si no entienden, lean el libro La Nueva Clase, de Djilas. El señor CONTRERAS.- ¿Cómo dijo, señor Senador? Repítalo. El señor PALMA (Presidente).-Puede continuar el Honorable señor Contreras. El señor CONTRERAS.-Yo no acepto que algunos señores Senadores, que se consideran educados, hagan gala de una lengua tan suelta. Sería conveniente, a mi juicio, que empezaran a medir sus palabras, pues aquí todos somos iguales. El señor VALENTE.- ¡Yo creo que si medimos las lenguas de Sus Señorías, nos van a faltar metros. . .! El señor FONCEA.- ¡Eso podría ocurrir si se midieran las de los señores Senadores, que las tienen bastante largas para saborear el mote con huesillos. . .! El señor CONTRERAS.- ¡Y harto bueno que es! Su Señoría debe de haberlo comido más de alguna vez. La señora CAMPUSANO.- Cuando era pobre. ¡Ya no se acuerda. . .! El señor FONCEA.- Claro. El señor CONTRERAS.- A lo mejor comió demasiado cuando chico. ¡Por eso se le puso el pelo rubio. . .! El señor PABLO.- ¿Me permite, señor Presidente? Yo pedí con anterioridad que se votara mi indicación para enviar el veto a Comisión. El señor ACUÑA.- ¿Por qué no acoplamos de una vez el Orden del Día con la hora de Incidentes? El señor CONTRERAS.- ¡Ah, no le gusta lo que está escuchando! Recuerde, Honorable Senador, que no fuimos nosotros quienes dimos origen a este debate, los que primero tiramos la piedra. Nosotros empezamos formulando algunas consultas sobre los vetos mismos, que es lo que está en discusión. Así lo expresaron los Honorables señores Montes, Gumucio y otros. Sin embargo, a pesar de los planteamientos muy precisos que hemos hecho, los Senadores de Oposición han aprovechado la oportunidad para atacar al Gobierno y sostener que éste es el responsable de todos los males que vive Chile. Como quien dice, éste es un país de niños de pecho, de niños de teta, que todavía carece de la experiencia suficiente para darse cuenta desde cuándo datan los hechos que en estos instantes estamos sufriendo los chilenos. Todos se compadecen de la situación que vive Chile. ¿Y por qué, si es tanto el amor que sienten por él, lo tienen paralizado? Si hay quienes todos los días hablan en nombre de la libertad y de la democracia, ¿por qué los mismos cometen toda clase o de actos ilícitos y desmanes? ¿Por qué ponen bombas en las líneas ferroviarias y destruyen bienes que pertenecen a todos los chilenos? Pienso que si Sus Señorías quieren que se los respete y que en estos debates nos atengamos a las materias en discusión, deben empezar por dar el ejemplo. Es lo que nosotros estamos haciendo; sin embargo, si se nos quiere llevar por un camino distinto, también estamos llanos a contestar. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala,.. . El señor MONTES.-Yo pedí la palabra. El señor PALMA (Presidente).- ...aunque sobre esta materia el Presidente no tiene iniciativa, se aplicaría la disposición. .. El señor PABLO.- La que yo cité: el artículo 112 del Reglamento. El señor MONTES.- Pido la palabra para expresar una opinión sobre esta materia. El señor PALMA (Presidente).- Perdóneme, Honorable Senador. Lo que la Mesa propone es votar la indicación formulada por el Honorable señor Montes y ratificada por algunos otros señores Senadores. El señor MONTES.- Precisamente, deseo rectificar lo que planteé. Por eso he pedido la palabra. El señor PABLO.- Yo formalicé mi indicación y señalé la norma legal que obliga a votar de inmediato esa proposición. Con ese objeto me acerqué hace un instante a la Mesa y, sin embargo, seguimos en el debate. El señor LUENGO.- Es que, la discusión se desvió del asunto central. La señora CARRERA.- ¡Se habló hasta de los sofistas griegos! El señor PALMA (Presidente).- El Honorable señor Montes formuló una indicación que ahora desea rectificar; pero el Honorable señor Pablo la ha hecho suya. La primera indicación. . . El señor MONTES.- Efectivamente, el Honorable señor Pablo hizo suya esa indicación en el momento en que intervino; pero después de eso ha habido un largo debate, y yo deseo expresar algunas ideas sobre el particular. El señor PALMA (Presidente).- Debate que no he podido impedir, pues ninguno de los señores Senadores ha hecho uso de la facultad establecida en el artículo 112 del Reglamento, de acuerdo con el cual, si el autor de una indicación que incide en materias distintas de las configuradas entre los números 19 y 89 de esa disposición así lo solicita, se discutirá junto con la proposición en debate y se votará de inmediato. El señor MONTES.- ¡Entonces, no podemos hablar. El señor JULIET.- Votemos. El señor PABLO.- Hay que votar. La señora CAMPUSANO.- ¿Por qué tiene que votarse? El señor PALMA (Presidente).- De acuerdo con él Reglamento, la indicación debe votarse en el acto. El precepto reglamentario dice, textualmente: Las otras indicaciones se votarán en el acto,. . .. El señor LUENGO.- ¿Cuáles? El señor PALMA (Presidente).- Las que no dicen relación a los números l9 a 8? del artículo 112 del Reglamento. Este es el caso, por ejemplo, de la indicación que se ha formulado ahora para enviar nuevamente a Comisión el veto que nos ocupa. El señor CHADWICK.- Lo pido. El señor PALMA (Presidente).- Su Señoría ya lo solicitó ayer. El señor CHADWICK.- Y también lo hago ahora. Pido votación. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala . . . El señor MONTES.- No, señor Presidente. Pido la palabra para fundar mi voto. El señor PALMA (Presidente).- En votación. (Durante la votación). El señor PALMA (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que pueda fundar el voto, de inmediato, el Honorable señor Montes. El señor FONCEA.- No. Vamos por orden. El señor MONTES.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor PALMA (Presidente).-Puede fundar el voto Su Señoría. El señor MONTES.- Nosotros hemos rectificado nuestra opinión primitiva, porque ante una mayoría parlamentaria como la actual y después de escuchar expresiones como las que aquí han vertido los per-soneros de la Derecha, consideramos absolutamente imposible resolver de manera adecuada un problema como el que se ha planteado. Por consiguiente, nos da lo mismo que éste se solucione aquí en este instante, en la Comisión o donde sea, ya que no nos merece confianza ni fe alguna la opinión que sobre la materia pueda tener la Derecha. Nosotros tenemos nuestra propia opinión al respecto y la expresaremos en el momento oportuno. Consideramos absolutamente inútil, sobre todo después de escuchar las palabras del Honorable señor Von Mühlenbrock, enviar nuevamente a Comisión el veto que nos ocupa. El señor Senador ha dicho que el veto es difuso, amorfo, numismático, filatélico, potásico; en fin, usó una serie de adjetivos para calificarlo. Además, ha manifestado que el actual Gobierno batirá el récord de los sofismas, en circunstancias de que él mismo es el primer sofista del Senado, ya que, al hablar sobre las observaciones del Ejecutivo, trata de encubrir la acción .... que su partido está realizando en estos momentos en el país. Porque . . . de la Derecha -algunos de ellos se sientan también en estas Bancas . . .para expresar con claridad sus propias opiniones, que tratan,' mediante sofismas, como se ha afirmado aquí por el señor Von Mühlenbrock. ¿Qué confianza podemos tener en que el problema que nos preocupa sea resuelto de manera adecuada y jurídica, como dicen algunos señores juristas? Por eso, votamos que no. El señor PALMA (Presidente).- Advierto al señor Senador que todas las palabras consideradas antirreglamentarias serán eliminadas de la versión. Los puntos suspensivos corresponden a expresiones eliminadas de la versión por orden de la Mesa. La señora CARRERA.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría. La señora CARRERA.- Al fundar mi voto, quiero decir que a veces, cuando escuchamos a algunos señores Senadores - me ocurrió ayer y, por eso, diré hoy algo al respecto-, nos abstenemos de contestarles por respeto a su estado de salud. Pero también hay oportunidades en que debemos considerar nuestro propio estado de salud, pues cuando es mucho lo que queremos decir y callamos, hasta podemos enfermarnos: nos sube la presión o nos aparece una úlcera. Los señores Senadores saben que las enfermedades psicosomáticas se originan como consecuencia de que la gente domina sus emociones en forma indebida. El Honorable señor Von Mühlenbrock dice tantas barbaridades, desde el punto de vista técnico, moral y político, que me agradaría saber si cuando habla lo hace por cuenta propia -por cuenta del señor Von Mühlenbrock, como muchas veces creo que debe de hacerlo- o en representación de su partido. Si es en nombre de este último, realmente lo siento por el Partido Nacional, pues Su Señoría dice horrores tan grandes como el que expresó ayer al sostener que la leche que reparte el Gobierno -se refería al medio litro de leche que el Ejecutivo está entregando a cada niño chileno- estaría haciendo daño a los niños, en circunstancias de que, precisamente gracias al consumo de ese elemento vital, en 1971 se logró bajar el índice de mortalidad infantil del país en casi diez puntos. Entonces, lo que el Honorable señor Von Mühlenbrock afirma es absurdo, una torpeza, algo increíble en una persona con dos dedos de frente. E igualmente absurdas son, por cierto, sus demás afirmaciones. Por eso -repito-, me agradaría saber si el señor Senador habla con el respaldo de un partido o lo hace por su propia cuenta. Sería bueno que eso se aclarara. El señor VON MÜHLENBROCK.- Su Señoría debe de saber lo que es la lactosa. La señora CARRERA.- Prefiero leer el Reader's Digest y no discutir con el señor Senador. Voto que no. El señor REYES.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría. El señor REYES.- Ayer planteé el tema de si el veto era aditivo o sustitutivo, lo que dio origen a este debate, que nunca pensé que pudiera producirse. Sin embargo, mantengo plenamente, más que mi duda, mi certeza de que la calificación original del veto era incorrecta. Por eso, me pareció razonable la primera posición del Honorable señor Montes, a quien después hemos visto plantear sus puntos de vista en forma tan desorbitada. Concuerdo con la indicación para remitir nuevamente el proyecto a Comisiones, a fin de que se emita un nuevo informe sobre el particular. El señor HAMILTON.- Quisiera que la Mesa me aclarara la situación reglamentaria en que me encuentro. Me han informado que el Honorable señor Chadwick acaba de votar, en circunstancias de que ambos tenemos registrado por escrito un pareo que rige para todas aquellas votaciones en que no se requiera quorum especial. Por esta razón yo no había votado; pero si el Honorable señor Chadwick lo hizo, yo me sentiría liberado de ese pareo. El señor PALMA (Presidente).- No parece haber mayor problema, ya que los dos señores Senadores se encuentran presentes en la Sala. El señor CHADWICK.- Pido la palabra para explicarlo. Hace un momento, el Honorable señor Valenzuela se acercó para preguntarme si yo votaría. Como le respondí que así lo haría, el señor Senador salió a llamar al Honorable señor Hamilton. Aún más, tengo entendido que Su Señoría se encuentra presente gracias a la gestión del Honorable señor Valenzuela. El señor HAMILTON.- Pero el señor Senador no debió haber votado, ya que existe un pareo respecto del cual se tomó la precaución de registrarlo en Secretaría por escrito, con las firmas de los Comités señores Reyes y Rodríguez. Además, hubiera sido posible que el Honorable señor Valenzuela no me encontrara en el Senado, pues. . . El señor CHADWICK.- En ese caso no habría votado. El señor HAMILTON.- ...me había retirado en la confianza de que se respetaría el pareo y de que, en último caso, la Secretaría no habría tomado la votación del señor Senador. Sólo deseo que se me aclare si tengo derecho a votar o no lo tengo. El señor PALMA (Presidente).- Me informa la Secretaría que, estando los dos señores Senadores presentes, y ya que la indicación que se está votando se resolverá por simple mayoría, ambos pueden emitir sus votos. El señor HAMILTON.- Pero yo no estaba presente cuando votó el Honorable señor Chadwick. El señor LUENGO.- Estaba afuera y le avisó el Honorable señor Valenzuela. El señor VALENZUELA.- Como estamos en votación, no puedo explicar. El señor HAMILTON.-Voto que sí, y advierto que me siento liberado del pareo para todas las demás votaciones y que no pactaré jamás ningún acuerdo de esta clase. El señor GARCÍA.- En la sesión de ayer, después de un debate, nació la idea de enviar estas observaciones a la Comisión respectiva para nuevo informe. Hoy se está votando la indicación para proceder en este sentido, pero durante la votación -entré a la Sala precisamente cuando estaba sucediendo- los señores Senadores de enfrente han dicho las cosas más increíbles en contra de la Derecha. Se nos aplican calificativos, que alcancé a oír. Comprendo el estado de total nerviosismo en que se encuentran los parlamentarios de Izquierda, que temen úlceras y enfermedades de todo orden. Es lógico que así sea, cuando el país entero está en su contra. Está todo el mundo en esa posición, porque aquí no hay nadie que no proteste contra el Gobierno. Por eso, quisiera que se disculparan las expresiones que acabamos de escuchar, fruto del estado de nerviosismo a que me refiero, originado, a su vez, en la circunstancia de haber logrado en tan poco tiempo acumular tal cantidad de opiniones en contra y en el hecho de haber fracasado tan estrepitosamente como gobernantes, y en una forma tan increíble que llega a ser inverosímil. Si hace dos años alguien hubiera pronosticado cómo estaría el país en tan breve lapso, nadie le habría creído. Este Gobierno tiene a su haber el récord inaudito de haber destruido en menos de dos años la economía, la moralidad, la jerarquía, la decencia y la honestidad del país. De ahí que me explique las expresiones que acabamos de escuchar. Deseo referirme ahora a las observaciones formuladas por el Honorable señor Von Mühlenbrock en cuanto a la calidad de la leche. Tal vez para Sus Señorías éste no sea un asunto técnico, porque se trata de un problema que está un poco más alto que el nivel normal. Por eso, no me extraña que no pueda discutirse ni éste ni ningún otro asunto que implique novedad sin que ciertos señores Senadores respondan con insultos, sin que se denigre a las personas, sin que se ponga en duda si quien habla representa o no representa a un partido político. Esos son los partidarios del diálogo, los que dicen que conversando se arreglan los problemas, los que se creen capaces de lograr la unidad nacional. Así reaccionan estas personas cuando alguien plantea aquí una posición nueva. No sucede lo mismo dentro de un partido como el nuestro, donde cada cual puede, en cuestiones de orden técnico, traer cualquier novedad, porque comprendemos que el mundo se transforma a gran velocidad. No estamos encasillados en biblias de hace cien años. Tal vez hace un siglo pudo haber tenido validez todo lo que afirman los señores Senadores de enfrente, pero las cosas cambian con demasiada rapidez. La señora CARRERA.- Pero los niños siempre se alimentan con leche. El señor GARCÍA.- Se alimentan en forma distinta los niños de ahora, Honorable colega. No tenga la menor duda de eso. Ahora hay adelantos científicos que resultan increíbles. No sé si la señora Senadora, por el hecho de dedicarse a la función parlamentaria, desconoce el grado de desarrollo científico a que hemos llegado. Si hay una persona a quien se pueda calificar de tolerante, es al Honorable señor Von Mühlenbrock. Siempre ha sido tolerante con todos, especialmente con Sus Señorías. El Honorable colega con su loable bondad, ha reconocido méritos a Sus Señorías como nadie lo hubiera hecho. Pero ustedes le responden con insultos, como acaba de suceder. Esto me da la razón: jamás, por ningún motivo, a los Senadores de las bancas de enfrente se los puede tratar con bondad. Con ellos no se puede tener la menor debilidad, para que no le pase a uno lo mismo que al Honorable señor Von Mühlenbrock. La única manera de luchar con Sus Señorías es de frente y no admitirles nada, porque tienen una concepción muy distinta de la nuestra en cuanto a la vida: insultan, injurian y rechazan el diálogo. Voto por que estas observaciones vuelvan a Comisión, tal como lo propusieron los Senadores de Gobierno. El señor TEITELBOIM.- En la sesión del sábado anterior, el Honorable señor García Garzena dijo que, para él, constituía un timbre de gloria y de orgullo ser sedicioso. El señor GARCÍA.- Claro, si me lo dicen ustedes. El señor TEITELBOIM.- ¡Ah, el señor Senador acaba de confirmarlo! El señor GARCÍA.- Lo expliqué ese mismo día. Lea la versión taquigráfica, señor Senador. No tergiverse mis palabras. Manifesté que, dicho por ustedes, es un timbre de orgullo ser sedicioso. El señor TEITELBOIM.- El Honorable colega expresó que no cree en biblias de cien años, de manera que, seguramente, no creerá en una que tiene ya cerca de dos mil. No sé si existan biblias de cien años. En todo caso, al marxismo no lo afecta la alusión del señor Senador. Hace un siglo, el partido del señor Senador abominaba del comunismo como de los demonios. Nunca le dio la razón. También abominaba de Marx. Ahora está exactamente en la misma posición. Pero hace cien años no había ningún país comunista o dirigido por la filosofía marxista, en tanto que ahora lo es una tercera parte del mundo, de modo que su triunfo es del siglo XX. En cuanto a medicina, me parece una exageración que el Honorable colega pretenda dar consejos a la doctora María Elena Carrera. El Honorable señor García está indignado porque, según él, nosotros habríamos proferido insultos. Pero su partido no ha dado ninguna explicación por el insulto dirigido por el diario oficial de esa colectividad, Tribuna, en contra de los funcionarios del Senado, comenzando por el Secretario de la Corporación. Tampoco ha dado ninguna explicación por el insulto que implica el hecho de calificar de culpables al Presidente y al Vicepresidente de la Democracia Cristiana, Senadores Renán Fuentealba y Osvaldo 01-guín, y a los Senadores Alejandro Noemi y Américo Acuña, Como el señor Senador es enemigo de los insultos, estamos esperando las explicaciones por estos hechos. Voto por la negativa. El señor LUENGO.- Entiendo que estamos votando una indicación formulada en la sesión de ayer por el Honorable señor Chadwick. Fue Su Señoría quien propuso enviar nuevamente a Comisión estas observaciones. Entonces, no es efectivo lo que se dijo en el sentido de que esta idea la habrían propuesto otros señores Senadores, a quienes se mencionó. El señor PALMA (Presidente).- La Mesa mencionó al Honorable señor Chadwick. El señor REYES.- Pero el señor Senador votó en contra de la indicación. El señor LUENGO.- No, Honorable colega. La votó favorablemente, y de la misma manera votará el Senador que habla, no obstante participar de las aprensiones del Honorable señor Montes en cuanto a que, en definitiva, no son precisamente los criterios técnicos los que deciden las votaciones de esta naturaleza. En muchas ocasiones hemos podido apreciar cómo una mayoría política decide determinadas cosas al margen de cualquier criterio técnico. Aprovechando los minutos de que dispongo para fundar mi voto, deseo destacar que los Senadores que intervinieron en la sesión de ayer y en gran parte de la de hoy se refirieron, fundamentalmente, a la calidad de estas observaciones del Ejecutivo: si eran aditivas o sustitutivas. Al respecto, me parece que vale la pena recordar que por lo menos dos señores Senadores integrantes de la Comisión de Legislación opinamos en el sentido de que se trata de un veto sustitutivo: el Honorable señor Aylwin y el Senador que habla, que lo había dicho así previamente. Otros dos miembros de la Comisión -los Honorables señores Bulnes y Carmona- han manifestado sus dudas en cuanto a la calificación de este veto. Incluso, hay un quinto miembro de la Comisión que no ha expuesto su parecer sobre la materia, lo cual no significa, por supuesto, que el señor Senador no tenga una opinión al respecto. Debe de tenerla. En suma, lo que deseo destacar es que no resulta fácil dictar una norma definitiva sobre el particular. El Honorable señor Bulnes, durante su intervención, dio lectura a un informe de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que data de varios años. Participaba entonces en esa Comisión el Honorable colega, junto con otros Diputados de la época que él señaló. Pues bien, estima Su Señoría que ese informe resuelve absolutamente el problema. No pretendo negar la calidad de ese informe. Es posible que sea muy bueno y hasta puede ser la última palabra sobre la materia; pero en todo caso, no deja de ser sino un informe teórico que señala las normas generales que deben aplicarse a este tipo de situaciones. Pero, como las observaciones del Ejecutivo deben resolverse necesariamente considerando las circunstancias específicas de cada caso, la teoría consignada en él debe aplicarse exclusivamente al caso concreto que se está estudiando. La sola lectura de ese documento, en consecuencia, no soluciona el problema, que debe estudiarse a la luz de nuevos informes y de otros medios que existan para ilustrar este caso en particular. Por esta razón, yo, que soy un convencido de que éste es un veto sustitutivo, también votaré favorablemente la idea de enviarlo nuevamente a la Comisión de Legislación. Creo que allí, en el ambiente de tranquilidad que prevalece en este tipo de organismos y al margen de todo lo que no diga relación a la naturaleza de estas observaciones -como los problemas que planteó aquí el Honorable señor Von Mühlenbrock, quien se refirió a materias diferentes de las que habían tenido ocasión de plantear los demás Senadores que intervinieron en el debate-, tal vez encontremos una explicación clara en cuanto a la calidad del veto. Por estas razones, doy mi voto favorable para que las observaciones vuelvan a Comisión. -El proyecto vuelve a Comisión (25 votos contra 11 y 3 pareos). VI.- TIEMPO DE VOTACIONES PUBLICACIÓN DE DISCURSOS. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del señor Bulnes Sanfuentes para publicar in extenso la intervención del Honorable señor Von Mühlenbrock en Incidentes de la sesión del 17 del actual, e indicación del Honorable señor Chadwick para publicar in extenso los discursos pronunciados por la Honorable señora Carrera y por el Honorable señor Luengo en Incidentes de la misma sesión. -Se aprueban. INTEGRACIÓN DE COMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTOS. El señor FIGUEROA (Secretario).- Respecto de la designación de miembros de la Comisión Mixta de Presupuestos en representación del Senado, el señor Presidente propone que integren dicho organismo, aparte los miembros de la Comisión de Hacienda, a los cuales, por Reglamento, les corresponde, los Honorables señores Papic, Silva Ulloa, García, Musa-lem, Valente y la Honorable señora Carrera. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala y no hay oposición... El señor VALENTE.-Escuché al señor Secretario mencionar al Honorable señor Silva Ulloa como integrante de la Comisión Mixta de Presupuestos, no como miembro de la Comisión de Hacienda. El señor FIGUEROA (Secretario).- En estos momentos está reemplazado en la Comisión de Hacienda. El señor VALENTE.- ¿Qué pasa si recupera su condición de miembro de ella? El señor FIGUEROA (Secretario). - Se puede reemplazar por otro. La señora CARRERA.- ¿Quién lo reemplaza? El señor FIGUEROA (Secretario).- Los Comités respectivos. La señora CARRERA.- ¿Pero quién lo reemplaza en la Comisión de Hacienda? El señor FIGUEROA (Secretario).- El Honorable señor Gumucio. El señor PALMA (Presidente).-Si le parece a la Sala, se aprobarían las designaciones propuestas. Acordado. Se suspende la sesión por veinte minutos. Se suspendió a las 17.57. -Se reanudó a las 18.20. VII.- INCIDENTES. PETICIONES DE OFICIOS. El señor EGAS (Prosecretario).-Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El señor PAPIC (Vicepresidente).-Se les dará curso en la forma reglamentaria. Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes: Del señor Duran: TREN EXCURSIONISTA DESDE ANGOL (MALLECO) A LAGUNA LANALHUE (ARAUCO). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, solicitándole sus gentiles informaciones sobre la posibilidad de crear un Servicio de Turismo sobre la base de trenes excursionistas desde Angol a la Laguna Lanalhue, los días domingos y festivos, con una iniciativa de dos carros de segunda clase, saliendo, por ejemplo, a las 5 horas para regresar a las 20 horas, desde el mes de diciembre. El Director de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado debería considerar esta primicia como una de las iniciativas para incrementar el turismo en la hermosa zona que ofrece la provincia de Malleco. Del señor Lorca: MEDICO Y DENTISTA PARA PORVENIR (MAGALLANES). A los señores Ministro de Salud Pública y al Director del Servicio Nacional de Salud, con el objeto de que consideren una petición que ha formulado la ciudadanía de Porvenir, Magallanes, en el sentido de que pueda dotarse a esa ciudad de otro médico, en lo posible para niños, y de un dentista. En la actualidad, la población aludida se ha visto aumentada; asimismo, existe un Regimiento y una numerosa población escolar, y realmente un solo médico no puede atender a tanta gente. CONVENIO ENTRE LA ARMADA NACIONAL Y LA CAJA DE PREVISIÓN DE CARABINEROS. Al señor Director de Sanidad Naval, Contralmirante (S) don Miguel Versin Castellón, Primera Zona Naval, Valparaíso, con el objeto de que tenga a bien considerar la posibilidad de efectuar un convenio a nivel nacional entre la Armada Nacional y la Caja de Previsión de Carabineros, a fin de que los imponentes de esta última institución, tanto en servicio activo como en retiro, juntamente con sus cargas familiares, puedan ser hospitalizados en el establecimiento que esa Jefatura posee en Punta Arenas, y a su vez puedan recibir atención ambulatoria en aquellas especialidades de que la Caja carezca. Dado que es una importante y sentida aspiración de un vasto sector en la provincia de Magallanes, solicita al señor Contralmirante se considere especialmente este caso y se le acoja en forma favorable. De los señores Morales Adriasola y Pablo: PROCESO A RESPONSABLES DE DECLARACIÓN TRANSMITIDA POR RADIO PATAGONIA DE COIHAIQUE (AISEN). A la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, a fin de que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas se aboque al conocimiento de los delitos de calumnias, injurias y difamación en que incurrió la declaración, al parecer anónima, del Partido Radical de Coihaique, leída en la concentración que realizó la Unidad Popular el domingo 15 de octubre en curso en esa ciudad, declaración que fue transmitida directamente por Radio Patagonia de Coihaique. La grabación de la misma se acompaña al presente oficio. Los Senadores suscritos solicitamos que se instruya el proceso correspondiente, conforme a lo establecido por la ley de Seguridad Interior del Estado, en contra del Director de la Radio, del locutor que leyó la declaración que cuestionamos, en contra de los firmantes mismos de la declaración del Partido Radical, que calificamos de calumniosa, injuriosa y difamatoria. Solicitamos que se inicie proceso y se sancione a los responsables en consideración a que se lesiona a dos Senadores de la República en ejercicio, con sus nombres y, además, por la conveniencia de que los Tribunales de Justicia sancionen oportunamente a aquellos que inicien una elección parlamentaria con un lenguaje absolutamente reñido con las normas legales y de moral que rigen nuestra convivencia democrática. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En Incidentes, corresponde el primer turno al Comité Demócrata Cristiano. Tiene la palabra el Honorable señor Prado. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA ACTUAL. El señor PRADO.- Señor Presidente, en el día de ayer se inició en este Senado, en cierta forma, un análisis de la situación política, extremadamente grave a nuestro juicio, que vive el país. En la sesión ordinaria de hoy se tocó tangencial-mente el cuadro político y se hizo, quizás, en los términos menos convenientes para que las fuerzas políticas puedan enfrentar este hecho y para que el país pueda encontrar un camino de salida a una situación tan grave y conflictiva. El camino de la diatriba, de la descalificación de las ideas del adversario o de su posición política, no suele ser el camino más positivo frente a este cuadro político crítico. No he tenido tiempo, como lo hubiera querido, porque los acontecimientos se desarrollan con demasiada rapidez, para haber madurado a satisfacción honda, de mí mismo, el cuadro político, sus antecedentes y posibles consecuencias. Pero ya que no me ha sido dado hacerlo, creo que, sin embargo, tenemos el deber de expresar algunas opiniones, en el ánimo de que ellas vayan haciendo un poco de luz en este panorama tan oscuro. En primer término, debo decir que lo que está pasando hoy en el país, se inició incidentalmente con un conflicto de un grupo de trabajadores chilenos propietarios de camiones, que se dedican al transporte terrestre, y que reaccionaron contra determinadas medidas del Gobierno, específicamente el intento de éste para estatificar el transporte terrestre en la provincia de Aisén, y de la situación derivada, para esos mismos transportistas, común a todos los que poseen un vehículo y lo trabajan en Chile: de la carencia dramática de repuestos, por la situación deficitaria de divisas que vive el país, que no necesito subrayar, porque la ha reconocido el propio Gobierno, y que ha llegado a cifras astronómicas. Lo que está ocurriendo -repito- partió por el conflicto de los camioneros. Este fue seguido por una serie de movimientos de adhesión que tienen hoy día paralizado al país en proporción importante, situación que puede posiblemente agravarse, si no se trata de encontrarle una solución. No quisiera entrar a juzgar la situación que vive el país sin colocarla o situarla en el plano en que históricamente se encuentra. Yo no quisiera alivianarme el camino del análisis ni alivianárselo a nadie, y al decir esto último me refiero específicamente a los adversarios políticos de este momento en la cuestión planteada: a la Unidad Popular, a los Senadores de los Partidos Comunista y Socialista fundamentalmente, de los partidos de Gobierno. Yo no quisiera, digo, alivianar el análisis eludiendo la cuestión central, que es lo que motiva esta reacción del país. No hay vocación democrática. Cuando el actual Gobierno asumió el poder político, muchos chilenos teníamos dudas respecto a la vocación auténticamente democrática de los izquierdistas chilenos, de los marxistas chilenos, de los que militan en los principales partidos de este Gobierno. Y lo dijimos con mucha claridad, en un proceso público en que todo lo que se dijo -y me felicito de que haya sido así- consta por escrito y fue oportunamente publicado, en que todo lo que se exigió al Gobierno está contenido en documentos publicados profusamente, comunicados a la ciudadanía de un modo muy directo. No hubo idea alguna que se ocultara. No hubo intención alguna que se silenciara. No hubo tampoco exigencia de ninguna especie, sino sólo las que figuran en esos documentos públicos que culminaron con un compromiso fundamental que se tradujo en una trascendental reforma constitucional el año 1970. ¿Por qué ese compromiso? Lo repito: porque teníamos desconfianza en sectores de los partidos de Izquierda chilenos, por las experiencias marxistas, porque el marco en que se desarrollan los intentos de cambio revolucionario en muchas latitudes del mundo se han hecho, a nuestro juicio, en un esquema que la Democracia Cristiana no puede aceptar, puesto que se define a sí misma como un movimiento político inspirado en ideas humanistas, centrado en la persona humana como el valor fundamental de la actividad del hombre, como el valor fundamental en todo proceso de desarrollo, que no puede ser subordinado, que no puede ser usado, que no puede ser conducido y cuya voluntad no puede ser alienada en nombre de ningún principio superior. Teníamos desconfianza, y lo dijimos, porque se había tratado de importar al país experiencias nacidas, probablemente, en Cuba, donde se quiso crear para los pueblos latinoamericanos un modelo de revolución que fracasó ; y la historia en esto es dura: a poco andar, Fidel Castro debió reconocer el fracaso mayúsculo, desastroso de su experiencia. Pero se trató de exportarla a otros países, de traerla a Chile, en un intento algo exótico, ajeno a lo que es la mentalidad chilena, innecesario e históricamente injustificado, un propósito inmaduro. Entonces, hombres importantes que hoy día están en el Gobierno, incluido el propio Presidente de la República, que asumió la jefatura de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS), hicieron el panegírico y la defensa de una posición continental revolucionaria que, en definitiva, estaba respaldada por un método que era el enfrentamiento directo, violento y armado. En ese tiempo, hubo testimonios que no quisiera que hoy día se olvidaran, como el del actual Secretario General del Partido Socialista, principal colectividad de Gobierno, y quien calificó a las Fuerzas Armadas chilenas y al Cuerpo de Carabineros como serviles lacayos imperialistas que controlaban el poder económico. Incluso se incurrió en delito y hubo procesamiento por ese hecho. No quisiera oír como respuesta, después de andar algunos meses en esta experiencia del Gobierno, una especie de cambio de juicio oportunista, con relación a esas imputaciones muy concretas que se hicieron, que corresponden a una concepción política de lo que debe ser la revolución en Latinoamérica y en Chile. Por eso, teníamos desconfianza. A pesar de ello, los democratacristianos comprendíamos que se podía invocar un derecho moral por parte de la Izquierda marxista chilena para que uno de sus militantes llegara a la Presidencia de la República tras una elección libre no cuestionada. En ésta, el Partido Demócrata Cristiano dio un ejemplo de limpieza, porque ofreció todas las garantías para que ese proceso fuera cautelado, porque antes de los comicios presidenciales de 1970 que, sin duda alguna, marcan un hito en la historia de Chile, jamás nadie levantó la voz -porque no podían hacerlo- para pretender que quisiéramos silenciar a algún partido de los que estaban disputando el Gobierno de la República, distintos de la colectividad que en esa época estaba en el Poder. No silenciamos ninguna radio, no atacamos a ningún órgano de prensa. Ninguno de los argumentos que hoy día se dan para clausurar algunas radiodifusoras o un diario fue jamás invocado' por nosotros, porque somos verdaderamente demócratas, porque comprendemos que un proceso político tan trascendental no puede ser distorsionado por razones meramente reglamentarias, de categoría secundaria. Por tal motivo, dicho proceso tuvo validez y, por eso, cuando el candidato Salvador Allende ex Senador de la República, obtuvo una mayoría, le dimos nuestros votos en el Congreso Pleno. Y recordamos que desde la Derecha hubo pronunciamientos de parte del candidato presidencial, don Jorge Alessandri, del Presidente del Partido Nacional, don Sergio Onofre Jarpa, y de otros personeros, en que se expresaba que quien ganara por un voto la elección tenía el mejor derecho. Esto no lo dijimos nosotros, no nos comprometimos a ello, pero entendimos, en un momento determinado, que, por estar planteadas tres posibilidades de Gobierno para el país que se excluían entre sí, que se declaraban esencialmente distintas, era inmoral y constituía una negación del proceso democrático reaccionar de otra manera. Y cuando lo hicimos, no lo hicimos con inconsciencia de lo que ello representaba. Actuamos con plena conciencia de que implicaba un grave riesgo para el país, que era la experiencia del camino socialista que en Chile se anunciaba como un intento teórico, pero que en otras latitudes había conocido un proceso de imposiciones, a menudo apoyado por las fuerzas militares, que coartaba en numerosas oportunidades la libertad, que humillaba al ser humano y negaba de hecho la existencia o la subsistencia de un régimen de democracia real. Por eso, en el Estatuto de Garantías hablamos de la libertad de expresión, de los derechos políticos y de una experiencia pluralista donde puedan jugarse con validez las posiciones políticas. Este es un concepto de fondo, no susceptible de ser medido con pequeñas varas reglamentistas. Tales conceptos fueron incorporados en la Constitución Política porque no deseábamos que se quebrara la convivencia chilena. Por eso, fuimos consecuentes y votamos como lo hicimos. Por eso, exigimos un Estatuto de Garantías, que está vigente. Señor Presidente, no quiero repetir pasajes que se suelen recordar en los debates de esta Corporación. Estuvo presente en esta Sala el actual Presidente de la República y votó, como Senador, el Estatuto de Garantías. Tuvo palabras pronunciadas, diría yo, con un tono de profunda sinceridad. Dijo que más que un compromiso político, era un verdadero compromiso moral el que asumía él ante sí mismo y ante la historia, de respetar esos valores esenciales y fundamentales, consustanciales a un régimen pluralista y democrático, que nosotros reclamábamos, y que desde ese momento pasaron a ser ley fundamental de la República. Han transcurrido ya, prácticamente, dos años. Faltan muy pocos días para que este Gobierno cumpla dos años de haber asumido los destinos del país. Quizás las opiniones no sirvan, a esta altura, ni tampoco los argumentos, para mostrar el cuadro caótico en que se encuentra el país hoy, en que se están sumando las protestas. Posiblemente, muchas protestas que se están convirtiendo en motivo de paralización de Chile, juzgadas con el metro pequeño de la razón particular invocada, pueden calificarse de paros ilegales. Recuerdo que cuando Salvador Allende era Senador solía más bien fijarse otro patrón para juzgar los movimientos huelguísticos. Solía hablar de huelgas justas o injustas. No le gustaba referirse a huelgas legales o ilegales. No era muy legalista. Quizás vale la pena recordarlo. Pero de todas maneras muchos de los movimientos que hoy día se suman puede que no sean estrictamente legales. De hecho, muchos no lo son, pues obedecen a una posición política fundamental. ¿En qué sentido? En el sentido de manifestar una desconfianza esencial en la gestión de este Gobierno; en el sentido de que se piensa, se cree y se teme que en la acción de este Gobierno haya un gran doble juego político, que se está desarrollando mediante las posiciones planteadas principalmente por el Presidente de la República; en qué se sigue repitiendo mecánicamente que éste es un Gobierno popular, que está construyendo, por la vía del socialismo, una nueva sociedad más justa, que se respetan todos los derechos y la esencia de la ley y de la justicia en el país, que lo que se está haciendo es para sacar a Chile o a una parte muy importante del pueblo chileno de la miseria en que ha vivido muchos años. Es decir, en que se anuncia la construcción de una sociedad que permitirá mayor justicia para más chilenos. ¿Cómo expresar gráficamente, para no demorarme demasiado, lo patético de nuestra actual situación? A esta altura del segundo año del Gobierno, ¿qué sector del país que uno mire no está lleno de problemas? No son problemas inventados por nadie, no son producto de la imaginación. Nuestra economía en desastre. El otro día lo dije aquí: si uno mira hacia el cobre, que actualmente provoca un gran debate internacional -y al respecto los partidos chilenos de Oposición han sido muy claros en reconocer los derechos que asisten a Chile-, y que es, efectivamente, la viga maestra de nuestra nación, ve que ya es evidente la incapacidad para explotar y administrar adecuadamente los minerales: según las estadísticas de producción, debe sumarse lo producido por los minerales nuevos -Exótica y Andina-, que corresponden a inversiones hechas en el Gobierno pasado, para poder sobrepasar el tonelaje alcanzado en 1970. Es decir que los minerales antiguos: Chuquicamata, El Salvador y El Teniente, por problemas de operación, han producido 50 mil toneladas menos en 1971, y ello nada tiene que ver con el menor precio del cobre, que se invoca tantas veces como la causa única del desastre económico. El Senador señor Noemi explicó aquí lo que ocurre en los minerales de El Salvador y Potrerillos, en donde, por falta de loza, de ladrillo refractario y de repuestos, hay hornos sin funcionar. Esta es una muestra de algo que en este momento sufren toda la industria y toda la economía: la ausencia de elementos esenciales para el desarrollo, los que no se están produciendo porque el país está paralizado. Y no me refiero a la huelga, sino al proceso ahora normal de corrosión y destrucción de la economía chilena. Si uno mira los campos chilenos, se encuentra con que -no sé exactamente la cifra- el Gobierno anterior expropió cerca de dos millones de hectáreas. El señor MORENO.- Sobre dos millones. El señor PRADO.- Así es. Pero entiendo que este Gobierno ha expropiado mucho más superficie. Probablemente, sobre cinco millones de hectáreas. Pero aquí es donde cabe, diría yo, la doble visualización del problema. Si se recorren los campos chilenos, puede comprobarse que sólo se ha sembrado pasto natural. Y este Gobierno, que tuvo tanta agudeza para criticar la incapacidad de los gobernantes chilenos que tenían que bonificar a otros agricultores, mediante las importaciones de alimentos, las que llegaban a 160 millones de dólares, hoy día, específicamente por problemas que atañen a la forma como ha sido enfrentado el proceso de la reforma agraria y del campesinado, tiene al país sin producción de alimentos, y está endeudándose, por este concepto, en más de 500 millones de dólares. Creo que en esta cifra me quedo corto, porque ella corresponde a una estimación hecha probablemente hace cuatro o cinco meses. Es decir, una parte fundamental del esfuerzo de los chilenos se gasta en traer alimentos, o sea, para comer, y no en importar bienes de capital que permitan el crecimiento de la economía del país o la construcción de la infraestructura en obras públicas; la mayor parte de las empresas destinadas a este objetivo no funcionan, están siendo paralizadas por el tratamiento que se les aplica, fundamentalmente por el Ministerio de Obras Públicas. No deseo ahondar más en esto, que es incidental, pero se trata de un sector importante, porque afecta a la vivienda y a la construcción de la infraestructura caminera y a las demás obras públicas. El otro día, las organizaciones de asentamientos campesinos declaraban públicamente que no hay semillas para la siembra de invierno ni para la de primavera; y agregaban que cuando van al Banco del Estado a adquirir semillas sólo les dan papeles. Sería de desear que el Gobierno valorara estas observaciones relativas al cobre y a la agricultura. En seguida, quiero referirme al comercio exterior. Hace pocos días o pocas semanas, en la Comisión de Economía recibimos al Presidente del Banco Central de Chile acompañado de abogados, para tratar de un proyecto que me correspondió patrocinar y que tiene por objeto abrir debate sobre una materia que considero grave. Y llegamos a la conclusión de que el comercio exterior, que durante muchos años en Chile pasó por una época de desprestigio, yo diría de sospecha, porque las disposiciones que lo regían permitían el arbitrio,, posteriormente, mediante una legislación de comercio exterior y de cambios internacionales, tuvo un período de bonanza y de corrección, el que transcurrió fundamentalmente durante el Gobierno del Presidente Frei. No recuerdo haber oído aquí un solo discurso de crítica a la política de comercio exterior durante los seis años del Gobierno del Presidente Frei. Hoy día, aparte haber llegado al establecimiento de los cambios diferenciales, que en sí mismos constituyen una mentira porque son una manera de- bonificar, de castigar, o de prohibir importaciones, se ha dispuesto un sistema que representa una especie de trampa: el depósito de diez mil por ciento. Después, se ha delegado de hecho, no por acuerdos formales, como lo reconoció el señor Inostroza, Presidente del Banco Central de Chile, la facultad de eximir del cumplimiento de tal obligación, beneficiando a algunos importadores y negándolo a otros. En materia de repuestos de automóviles -que, mal que mal, tiene cierta relación con el paro de los transportistas-, se ha creado una empresa estatal o una sociedad constituida por CORFO a la que se ha entregado, pese a ser una institución comercial, la facultad de denegar los registros de importación al resto de los importadores establecidos en el país. Este es un procedimiento absolutamente arbitrario e ilegal, detrás del que, como se lo expresé al Presidente del Banco Central, señor Inostroza, en la Comisión de Economía, suele haber grandes negociados. Nosotros queremos que esto se aclare aquí. Se me ha prometido por el Gobierno que esta materia se incluirá en la convocatoria extraordinaria. Yo la destaco como un desacierto grave, aunque sé que el problema fundamental para el control de las divisas reside en que no las hay, y se trata de buscar de cualquier manera un procedimiento para controlarlas. En cuanto a la pesca, hace pocos días, en todas las caletas de pescadores de la provincia de Valparaíso había problemas, orque se está produciendo exactamente lo que dijimos al Ministro de Tierras y Colonización, señor Mariones, cuando rechazamos el proyecto que creaba el Ministerio del Mar. Le manifestamos que la política pesquera se está realizando a un alto costo; se están trayendo naves soviéticas bonificadas de hecho, con un sistema de gasto de explotación que supera todos los niveles normales: con tres años de actividad, descontados los gastos de explotación, y con el pago de la suma de 500 mil dólares anuales, se compra una nave. Eso es lo que se está pagando a cada uno de los tres barcos soviéticos que se trajeron y que son de alta mar o barcos-factorías. En ellos se ha procedido a la pesca de pequeñas especies, juveniles, nuevas, que no debieran ser capturadas porque ello compromete el proceso genético en el mar. Así se ha tratado de salir adelante con una política que estimamos desastrosa. La denunciamos oportunamente, y el Gobierno dio las explicaciones de siempre. Los resultados están a la vista en este momento. Ni siquiera tenemos suficiente abastecimiento de productos del mar, en un país con cuatro mil quinientos kilómetros de costa y donde el océano debe ser gran reserva alimenticia. La inflación. Pero no es esto todo. A diez meses del segundo año de Gobierno hay una inflación del ciento por ciento, lo que hace temer que, al paso que vamos, al 31 de diciembre llegaremos, ciertamente, a 140% ó a 150%. Me habría gustado traer los discursos que pronunciaron el Senador Salvador Allende, desde una banca de este recinto, o los señores Altamirano, Aniceto Rodríguez o Carlos Contreras Labarca, en su tiempo, para decir que la inflación minaba al pueblo chileno y que era la institucionalización de la miseria. Y mencionaban cifras de 20%, 30% ó 35% en un año. ¡Y en diciembre de 1972 tendremos 140 % de inflación! Y con todo lo que he señalado, se pretende que no haya efervescencia en los términos en que ella está planteada en el país, o que no protesten los industriales, los comerciantes, los camioneros, que no tienen repuestos, los agricultores, que no tienen semillas. Y tampoco hay materia prima. Al respecto, en Celulosa Constitución, como lo señaló el Senador señor Aylwin hace poco tiempo, -CELCO es una empresa fiscal dependiente de CORFO-, se tenía una cuadrilla de diez obreros para enderezar clavos, porque en este país no los hay. Esta es una manera gráfica de representar la manera como se ha manejado un proceso que ha aniquilado la economía. ¡Cómo negar que un país con una inflación de esa magnitud pueda tener el grado de efervescencia actual, y mucho más! ¡Cómo ser tan ilógico para olvidar todo lo que se afirmó en el pasado! ' El país entero está siendo sacrificado de este modo, porque los reajustes son mentirosos, ya que en una economía como la nuestra ellos no sirven a nadie para más de dos meses, ni quizás para el primero, porque simplemente constituyen multiplicación de papel que se imprime, y no producción de bienes, los que deberían adquirirse en el extranjero para satisfacer necesidades esenciales actuales, lo que tampoco puede hacerse por la carencia de divisas suficientes. Por eso, afirmo que aquí hay un proceso profundo de corrosión; hay un resultado negativo; hay un fracaso gubernativo que no ha sido causado por los partidos de Oposición, sino que refleja la realidad chilena, las condiciones de vida de la mayoría de nuestros compatriotas. Y éstas no son sólo palabras que se pronuncian para justificar intereses de algún sector social o económico de Chile, ni para negar la posibilidad de un proceso de socialización en nuestro país. Nunca hemos cuestionado al Gobierno ese propósito fundamental. Aún más, quiero ser más categórico: si un socialista hubiese renunciado al día siguiente de asumir este Gobierno a su compromiso moral, fundamental, con su propia doctrina, yo lo habría criticado. No se trata de eso. Se trata de que a poco andar han demostrado una falta de comprensión profunda acerca de los requisitos esenciales para que un país como Chile pueda emprender un proceso de cambio social profundo sin destruir sus valores y capacidades. Se trata de que han escogido un método que a esta altura se ha demostrado como deliberado y que terminará con la ruina económica del país; se trata de que la legitimidad y legalidad hoy día se están defendiendo como una consecuencia del camino de imposición que han elegido; se trata de que esta manera de actuar constituye un desafío para el resto de los chilenos que no piensan como ellos y que cada hora del día deben ponerse alertas por alguna ilegalidad cometida en Chile, para que subsista el diálogo democrático y para defender uno a uno los derechos atropellados. En diversas oportunidades, hemos demostrado en el Senado que el Gobierno, valiéndose de un decreto fundado, muchas veces, en hechos inexistentes, ha clausurado radios o diarios, olvidando que la Constitución Política, desde 1970, elevó al carácter de derecho de propiedad todo lo relativo a los medios de comunicación de masas. Tal derecho está consagrado en el artículo 10 de nuestra Carta Fundamental. Y esta afirmación no sólo la hago yo. Así lo estableció la Corte Suprema en el caso de un diario del Sur; lo dijo el Contralor General de la República en un dictamen relacionado con una radioemisora de Los Ángeles; lo acaba de ratificar el señor Contralor respecto de la cadena radial obligatoria impuesta en la actualidad, reafirmando que se trata de derechos consustanciales a un régimen de libertad consagrado en la Constitución Política del Estado, y que no se pueden imponer por decreto esas cadenas. Lo acaban de afirmar los organismos contralores y la máxima institución del Poder Judicial chileno. El descontento no es sedición. Señor Presidente, en mi opinión, no se puede pretender que lo que ocurre actualmente en el país obedece, simplemente, a un ánimo de sedición. Considero que es una peligrosa irresponsabilidad calificarlo así. Es cierto que pueden existir en Chile grupos sediciosos armados, como también lo es que debe haber llegado mucho dinero del extranjero, probablemente para ayudar a muchos. Pero ellos no están sólo en la ultraderecha. Estoy seguro de que también están en la ultraizquierda. Muchos chilenos se están armando porque, probablemente, después de presenciar el cuadro caótico de cómo se destruye el país, se sabe que no podrá seguir funcionando y, al saberlo -quizás ésta es la afirmación más valedera y de la cual pueden desprenderse las consecuencias más negras para Chile-, existen fundadas razones para pensar, con lógica, que en determinado momento tendrá que haber un enfrentamiento que dirima la situación. En mi opinión, todo el proceso de transformación al margen de la ley de las estructuras económicas del país, todo el intento de introducir en la educación chilena conceptos que no corresponden a una educación pluralista y democrática; todo esto, acompañado de atropellos reiterados, conforma la acción de un Gobierno que al cabo de dos años ni siquiera puede justificarse con resultados positivos en aspectos tan capitales como los que he señalado. ¿Cómo no entender, entonces, que el país se encuentre en la situación en que está? A mi juicio, Chile tiene dos caminos para dirimir esta situación: uno es el democrático, el de las elecciones, del plebiscito, o de la elección de marzo, que puede tener carácter plebiscitario. Como están las cosas, probablemente este comicio no se planteará con la nitidez y claridad en que debería haberse hecho un proceso de plebiscito en Chile. Deberíamos haber podido decir al pueblo chileno, con mucha claridad, que en esa pretensión de revolución socialista no está necesariamente la causa de los habitantes de nuestra patria, y que el planteamiento contrario, el de quienes estamos hoy en la Oposición, no es necesariamente la negación de un proceso de cambios y de revolución en Chile. Eso debería haberse planteado en términos más nítidos, para que la elección o decisión fuese realmente válida. Nosotros no hemos contribuido a oscurecer esa posibilidad. Para ello era mejor que la elección de marzo próximo no se hubiera realizado con partidos confederados, sino con colectividades en pactos políticos. Eso pudo ser más nítido, más claro. Al respecto, recordamos haber concertado un compromiso en el Senado con todos los partidos políticos, pero los Senadores de Gobierno lo desautorizaron sin ni siquiera avisarnos. Recuerdo que el proyecto de los pactos políticos fue presentado con la firma de todos los señores Senadores. Sin embargo, los de Gobierno, mediante una artimaña, se sentaron simplemente en las consideraciones que habían defendido en esta Sala, aprovechando que en determinado momento podían jugar a una determinada estrategia que, según ellos, resultaría mejor a la postre por la polarización o bipolarización de las fuerzas políticas. Al proceder así, produjeron un enfrentamiento entre fuerzas de Gobierno y fuerzas de Oposición, las que hoy están bipolarizadas, situación que, a mi juicio, no correspondía, por la época en que se planteó el debate, al mejor esquema para Chile. Democracia o violencia. Hoy, el camino democrático, el de una elección, puede estar abierto. También puede suceder que no lo esté. Y considero que el pueblo chileno tiene derecho a dudar, dudas que el Gobierno tiene el deber de despejar, ya que, a cuatro meses y medio de una elección, son muchas las veces que subrepticiamente se ha atropellado la ley en contra de medios esenciales al debate democrático; las veces que se ha vulnerado la propiedad -grandes, pequeñas y minúsculas propiedades-, y las ocasiones en que se ha negado derecho a sectores populares importantes, lo que hace temer con razón a muchos chilenos que ese lapso representa una descapitalización, una desvalorización del proceso electoral de marzo, que la gente llegue acobardada y castigada y que encare la elección en términos tales que, incluso, le infunda temor el ejercicio de sus derechos democráticos fundamentales. Ello significaría que el elector sufragaría con la sensación de que ya no hay nada que hacer, porque, de una u otra manera, se le ha ido aplastando o presionando. Como señalé antes en esta Sala, ¡cuántas veces he oído al Presidente de la República prometer en la mañana respeto a algo que en la tarde está atropellando! ¿Explicación? Dentro de los cuadros de la Unidad Popular hay muchos sectores distintos, que piensan de manera diferente. En todo caso, la experiencia debe juzgarse por los hechos. Cuando un pueblo no está de acuerdo con una experiencia por la forma como se ha planteado ni con sus resultados, desastrosos para el país, lo menos que puede hacer para optar por la vía democrática, que es el camino para Chile, porque detrás de la otra siempre hay desastres, es pedir que el Gobierno, que el Presidente de la República, don Salvador Allende, cumpla con su deber. Y no puede permitir que se le conteste que son sediciosos los camioneros que no tienen repuestos para sus vehículos y que también lo son más de 100 mil campesinos que hoy están en huelga y que no tienen semillas para sembrar, a muchos de los cuales se negó durante mucho tiempo el derecho de propiedad y últimamente se les han hecho promesas que no se han cumplido. No son sediciosos. Como no lo son muchos profesionales chilenos que se sienten absolutamente postergados, arrinconados en las oficinas públicas. Tampoco son sediciosos partidos como el Demócrata Cristiano, que ha dado mejores muestras de adhesión a los principios democráticos que el Partido Socialista. No basta esa explicación del Presidente de la República. Él debe resolver el problema de hoy sin renunciar, de manera alguna, a sus convicciones ideológicas, sino en una forma que lo obligue a garantizar que la elección de marzo permitirá un veredicto válido, representativo, capaz de dirimir la cuestión que está planteada. Si nadie la dirime de modo legítimo, ¿cómo no esperar, por lógica, que la impaciencia de muchos sectores los lleve a escoger cualquier otro camino para resolverla? Al poner el acento en esto, notifico que existe desconfianza en el pueblo y que eso es lo sustancial de los movimientos que están planteados hoy día, y declaro que la manera de cerrar este proceso es la de una respuesta adecuada. Anteayer, el Presidente del Senado se dirigió al país en un mensaje que todos conocemos, y destacó que no se le concedió el derecho a hablar por los medios en que lo hacen quienes continúan con los atropellos. En la actualidad no se cumplen disposiciones fundamentales que tienen que ver con las posibilidades de un debate político real y válido. En este momento no se puede hacer uso de derechos políticos que son irrenunciables. Creo que a veces deben imponerse normas restrictivas, pero nunca con atropellamiento de la ley. Para terminar, diré que lo más importante de todo en el momento actual no es negar las horas ni los días ni los años que hemos vivido. En otras oportunidades me ha tocado reconocer la validez de algunas obras del Gobierno, muchas de las cuales han contado con nuestra aprobación. Ahora me ha correspondido pronunciarme sobre un hecho que resulta cargado de castigo para la posición del Gobierno, porque la gravedad del cuadro actual así lo exige. Si en este momento, lejos de negar la realidad, se abre en el país, con medidas políticas concretas, que debe asumirlas el Gobierno, un paréntesis capaz de inspirar confianza a los sectores sociales chilenos, a mi juicio habremos conjurado el mayor de los peligros que hoy vivimos. Eso es lo que nosotros deseamos. Eso es lo que expresó el Presidente del Senado, por medio del Canal 13 de Televisión, pues la cadena radial obligatoria le fue negada, a él que es Presidente de uno de los Poderes Públicos de nuestro país. El señor MORENO.- ¿Me permite una breve interrupción, señor Senador? El señor PRADO.- Como no. El señor MORENO.- Con relación a lo que está planteando el Honorable señor Prado, cuya opinión compartimos plenamente, debo señalar que el procedimiento usado por parte del Gobierno y del Ministro del Interior para negar el derecho a utilizar la cadena nacional obligatoria de radioemisoras al Presidente del Senado para dar a conocer la opinión de los sectores mayoritariamente representados en esta Corporación, merece no sólo el calificativo de inusitado, sino de vejatorio, propio de situaciones dictatoriales. Hace dos días, un grupo de Senadores acompañados del Presidente en ejercicio de la Cámara de Diputados concurrimos al despacho del señor Comandante en Jefe del Ejército, General don Carlos Prats, para consultarle si era efectiva la información que se había propalado en el sentido de que las Fuerzas Armadas, por intermedio del Jefe de la Zona de Emergencia, habían decretado la cadena nacional obligatoria de radios. El General Prats nos manifestó que el General Bravo no había ordenado la restauración de dicha cadena, y que él tampoco tenía atribuciones para hacerlo, pero que, atendidas las circunstancias por las que atravesaba el país, él había solicitado al Gobierno que esa cadena se estableciera. Después de un largo intercambio de opiniones, los Senadores allí presentes,,' entre los cuales se encontraba el Vicepresidente de esta rama del Parlamento, quien preside esta sesión, le solicitamos que, si consideraba justa nuestra petición -y reconoció que así la consideraba-, con la misma fuerza y argumentación con que había solicitado al Gobierno que estableciera la cadena nacional obligatoria de radioemisoras, le pidiera acceder a que el Presidente del Senado se dirigiera al país en una intervención de no más de diez o doce minutos por dicha cadena. Nos manifestó que, estando de acuerdo, y dejando claramente establecido que no era de su responsabilidad otorgar o denegar esa intervención, él formalizaría la solicitud. A las cinco de la tarde, el Presidente del Senado recibió una llamada telefónica del Comandante en Jefe del Ejército, quien le manifestó que había conversado personalmente con el señor Presidente de la República, y que el Jefe del Estado le había dicho que esta cadena se solicitara al Gobierno directamente. Reunido el señor Presidente del Senado con distintos Senadores que se encontraban a esa hora en el recinto, se formalizó la comunicación dirigida al señor Ministro del Interior, pidiéndole, con más de tres horas de anticipación, que se concediera la cadena nacional obligatoria de radios para el Presidente del Senado a las 21.30, con algunos avisos previos a la opinión pública por medio de esa misma cadena nacional. La misiva pidiendo que se permitiera el ejercicio de este derecho esencial fue portada por el propio Edecán del Senado, quien se la entregó al señor Ministro del Interior. El Ministro no dio una respuesta inmediata. El señor Edecán regresó al Senado, y cuando faltaban escasos diez minutos para las 21.30, y ya habíase conseguido la posibilidad de que el Presidente del Senado usara el espacio del noticiario del Canal 13 de Televisión de la Universidad Católica, se recibió una comunicación realmente vejatoria para el Congreso Nacional y para la propia persona del Presidente del Senado, suscrita por el Ministro del Interior, en la cual un párrafo de cuatro líneas establecía que, dada la hora en que se había solicitado esta cadena, no ha lugar a la petición, y en un segundo párrafo, de tres líneas, se decía que, dada la situación política por que atraviesa el país, el señor Presidente de la República pedía al Ministro del Interior que invitara al Presidente del Senado y al de la Cámara de Diputados para que en él día de hoy se dirigieran a conversar con él, a las 12 horas. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de que dispone Su Señoría para hacer uso de una interrupción. Puede continuar el Honorable señor Prado. El señor PRADO.- Termino expresando que el actual cuadro culmina una etapa de represión, de movimientos y expresiones de descontento que probablemente van a ser crecientes, por la situación económica tremendamente grave, por la inflación, por el desabastecimiento; es decir, por las condiciones de vida extremadamente precarias en que vive el pueblo chileno. Nosotros queremos que haya una solución, y no deseamos que en el futuro del país o que en el destino de Chile estén presentes ni la represión ni el sacrificio de uno de los valores más grandes que ha tenido nuestro pueblo: el de mantener una convivencia democrática. Deseamos eso, y así lo expresamos. Probablemente somos duros al manifestar la crítica, pero tras esa crítica esto es lo que hay y el deseo muy real y genuino de que quien tiene más poder en este momento, el Presidente de la República, asuma también la mayor cuota de responsabilidad y sepa enfrentar la petición fundamental que le hace una parte mayoritaria, muy importante, del pueblo chileno, de garantizar, a través de un Gobierno de tranquilidad en los próximos meses, la validez, la limpieza y la representatividad de ese veredicto que Chile necesita que se dé, a fin de que se arbitre una pugna que puede terminar destruyendo a nuestro país. HOMENAJE A LAS VICTIMAS DEL ACCIDENTE AEREO OCURRIDO EN LA UNION SOVIÉTICA. OFICIO. El señor NOEMI.- Deseo referirme a una materia diferente de la abordada por el Honorable señor Prado. En el desgranarse de los siglos y a través de las generaciones, siempre ha estado vibrando en la mente del hombre la interrogación permanente que ansía desentrañar el misterio del suceso esencial del ser: el misterio de nacer. Y justo en ese umbral que concebimos luminoso y que abre la puerta hacia la vida, se inicia la marcha hacia la muerte, que es por donde se entra hacia la eternidad. Hace pocos días, el viernes recién pasado, a pocos kilómetros de Moscú, mientras volaba sobre el pequeño pueblo de Chernaya Gryaz, se precipitó a tierra un cuadrirreactor de la línea aérea soviética AEROFLOT, en una catástrofe considerada entre las mayores de la aviación civil de aquel país. Treinta y ocho pasajeros de nacionalidad chilena, pertenecientes al Club Deportivo Sirio de nuestra capital, perecieron en este accidente. Habían partido el domingo 24 de septiembre desde Pudahuel, integrando una delegación turística que, tras visitar lugares de España, Portugal, Inglaterra y Francia, se proponía, antes de retornar a Chile, permanecer algunos días en Rusia, para tocar en seguida Siria, Egipto y El Líbano, patrias de sus antepasados. La prestigiosa entidad deportiva organizadora de esta embajada turística, ha sido herida en su existencia íntima como cuerpo social, no sólo por la fatalidad que envuelve el suceso mismo para ella, sino que, además, porque entre las víctimas ilustres se cuentan don Washington Tajmuch Chamy y don Sergio Tala Chamy, que hasta esa fecha ejercieron las responsabilidades de Presidente y de Vicepresidente, respectivamente, del Club Sirio; sus esposas señoras Odette Carame de Tajmuch y Olga Espor de Tala; don Miguel Betinyani y señora Yolanda Cherit de Betinyani y una larga lista de ilustres miembros de la colectividad chileno-árabe, hasta completar la cifra de 38 personas. En medio de una tormenta, inesperadamente, el poderoso avión cayó sobre Chernaya Gryaz, a corta distancia de la carretera que une Leningrado con la capital soviética. Chenaya Gryaz, el pueblo cuya tierra se empapó con la sangre de estos hermanos nuestros, quiere decir tierra negra, sin duda más oscura para nuestros compatriotas al penetrar en su seno con el abrazo inesperado de la muerte. Iban con el ansia de conocer la tierra de sus ancestros, con la ilusión de amalgamar el amor entrañable por nuestra patria chilena con el temblor espiritual que es la ternura por la nación desde donde partieron un día sus parientes peregrinos. Quedaron a medio andar en esta gran ilusión de sus vidas. Víctimas inocentes, mensajeros de paz en un mundo de violencias, su sangre preciosa puede ser medida y pesada por la Providencia para rescatar a las tierras que conocen la tragedia de la guerra hacia un nuevo estado de paz, de fraternidad, de concordia. Junto con rendir mi emocionado homenaje a estas víctimas ilustres que golpean mi espíritu con el eco doble de sentir la congoja de chileno que, como ellos, desciende de aquellos mismos honestos y soñadores emigrantes, quisiera solicitar, señor Presidente, que se hiciera llegar la expresión de mi condolencia y la de la Democracia Cristiana al Club Sirio, a la Colonia Árabe residente y a la Asociación Chileno-Árabe de Cooperación. El señor PAPIC (Vicepresidente).-Se enviará el oficio solicitado, en nombre del señor Senador. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN POLÍTICA. PARO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS. El señor PABLO.- Señor Presidente, en estos instantes el país vive un momento grave, de inquietud y 4zozobra; y frente al movimiento de grupos gremiales que han lanzado su airada protesta, con lo que pretenden -y también con su acción-, que se les reconozcan algunos derechos que estiman conculcados, las esferas de Gobierno responden afirmando que se trata de un movimiento político, que tiene por finalidad el derribamiento de las autoridades constituidas. Fui testigo presencial de cómo se inició este movimiento; y por el hecho de haber concurrido posteriormente a la provincia de Aisén, pude imponerme de las razones que movieron al grupo de transportistas, que cuentan con el amplio respaldo de la población de esa provincia, para solicitar el apoyo de los gremios nacionales. De ahí que esté en condiciones de referirme al problema esta tarde, aquí, en el Senado. Con fecha 4 de octubre del presente año, estando ausentes de Santiago los Senadores de Oposición de la Décima Agrupación, concurrieron al Senado los representantes de los transportistas, quienes pidieron hablar conmigo. Los acompañaba una delegación que provenía de la provincia de Aisén, y venían a reclamar por la constitución de una empresa estatal en esa zona, que tenía por finalidad explotar el transporte aéreo, marítimo y terrestre. Ellos expresaron que en esta empresa veían el deseo del Gobierno de entrar a estatificar parte de una actividad que hasta la fecha había estado en manos privadas, y que creían que ello amagaría sus intereses, por lo cual venían a solicitar que se les abriera la posibilidad de tener acceso a las autoridades de Gobierno, en atención a que habían resultado infructuosos los llamados que en tal sentido hicieron. Personalmente llamé al Ministro de Economía para darle a conocer las razones de la presencia de esta delegación que venía desde Aisén, y solicitarle la posibilidad de que se les escuchara, puesto que venían acompañados por dirigentes nacionales y me hicieron presente que en caso de no ser oídos habría paros solidarios de carácter regional, inicialmente, y después, de carácter nacional, y que creían que el asunto revestía alguna gravedad. El señor Ministro de Economía, don Carlos Matus, me expresó que no conocía este problema y que tenía otros más urgentes que atender, pues debía preparar una sesión del Comité Económico para el día siguiente. Me argüyó que, en lo referente a la CORFO- Aisén, procedía conversar con don Pedro Vuskovic, Vicepresidente de la Corporación de Fomento, con quien me recomendó que me pusiera en contacto. La verdad es que no sé si al señor Pedro Vuskovic desde que llegó al Ministerio o, con posterioridad, a la CORFO, se le han ido los humos a la cabeza, pero algo sucede, porque conversar telefónicamente con él u obtener una entrevista es mucho más difícil que hacerlo con el Presidente de la República, al extremo que tuve que expresar en forma airada a su secretaria que, si lo llamaba un Senador, y que incluso lo hacía a indicación del señor Ministro, lo mínimo que podía hacer era acudir al teléfono. El señor Pedro Vuskovic, naturalmente, desconoció todo esto, no tuvo ningún interés. Sin duda él tiene otros problemas más importantes que atender como para preocuparse de aquellos que pueden paralizar el país. El hecho es que la negligencia del señor Vuskovic impidió que se tomaran oportunamente las medidas pertinentes para evitar todo esto que sucede a lo largo de Chile. En seguida, por razones familiares, tuve que ausentarme de Santiago. Quedó a cargo de ayudar a esa delegación a obtener las audiencias del caso el Comité de nuestro partido, el Honorable señor Va-Ienzuela. Pero el hecho es que cuando regresé de Concepción, el día lunes, estábamos en presencia de un paro iniciado en las provincias de O'Higgins a Malleco. En la noche de ese día fueron detenidos los dirigentes nacionales, quienes no habían decretado un paro nacional, aunque sí habían amenazado con la posibilidad de este paro. Y el Gobierno, en vez de entrar en conversaciones para saber en qué consistía el problema, se fue por el camino de la represión, sin haber escuchado lo que realmente preocupaba a los transportistas. El 12 de octubre me trasladé a Coihaique. Estuve en Coihaique y en Aisén y puedo manifestar que en esa zona el movimiento es de naturaleza eminentemente gremial; que participan en él hombres de distintas ideas y de diversos partidos políticos, y que su rebelión y protesta se debe a la creación de esa empresa estatal dependiente de CORFO por medio del Instituto CORFO-Aisén. El capital de la nueva empresa lo aporta, en un 99,9% la CORFO-Aisén y una mínima parte, una empresa pesquera -tengo entendido que se trata de la Empresa Pesquera Aisén Limitada-, la cual también está controlada por la CORFO. Pues bien, esta sociedad tiene por objeto realizar operaciones de transporte marítimo, terrestre y también aéreo. Estando en Coihaique tuve oportunidad de escuchar, por cadena nacional, al Presidente de la República, quien manifestó que sólo era pretexto hablar de una supuesta empresa estatal, manejada por la CORFO, para explotar el transporte de pasajeros y de carga en esa zona. Y también el Ministro señor Carlos Matus, con posterioridad, dijo públicamente que esa empresa sólo existía en la mente de los gremios, que estaban buscando un pretexto, porque no se había creado ni se pretendía crear. Sin embargo, los hechos son mucho más porfiados que las palabras de desmentido de las personas, por muy altamente colocadas que estén en el actual Gobierno. Tengo en mi mano una carta del Gerente Ejecutivo del Instituto CORFO de Aisén, don Sergio Anfossi Muñoz, quien, con fecha 28 de septiembre, en respuesta a los gremios del transporte de esa zona, a los dirigentes de los transportistas nacionales que habían concurrido a prestarles apoyo en sus demandas, deja claramente establecido que esa empresa existe, añadiendo -esto es mucho más claro- que la negociación que en estos momentos se ha hecho, aprobada por el Comité Ejecutivo del Banco Central -está aprobada la negociación- y el Ministerio de Hacienda, -alguna relación tiene esto con el Gobierno- comprende autobuses para el servicio ínter-ciudades, rural-campesino y turístico; camiones madereros y tolva; motores madereros y motores marinos. O sea -pido insertar este documento como parte de mis observaciones-, no sólo se reconoce la existencia de la empresa creada por el Estado -lo que se hizo sin consulta previa alguna y sin siquiera haber escuchado a los gremios de la zona en referencia-, sino que -esto es más grave aún-, según se dice, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central aprobaron las importaciones de los citados vehículos, que tenían por finalidad evidente tanto el transporte de pasajeros como el de carga en la mencionada región. Por eso, me parece que no se puede negar la existencia de algo que existe. También pido insertar en el texto de mi discurso la respuesta que los representantes de esa zona dieron oportunamente a las autoridades de Gobierno. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para insertar los documentos a que se refirió el Honorable señor Pablo. Acordado. El señor REYES.- Hice llegar a la Mesa una indicación para publicar in extenso las intervenciones de los Honorables señores Pablo, Prado y Noemi. El señor PABLO.-Podría ser conjuntamente. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se dará lectura a la indicación. El señor EGAS (Secretario subrogante).- Indicación del Honorable señor Reyes para publicar in extenso las intervenciones de los Honorables señores Pablo, Prado y Noemi. El señor VALENTE.- Podría hacerse extensiva a todas las intervenciones de Incidentes. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación del Honorable señor Reyes. El señor VALENTE.- Con la indicación de que se amplíe a todas las intervenciones de Incidentes. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Acordado. Los documentos que se acordó insertar son los siguientes: Corporación de Fomento de la Producción Instituto CORFO de Aisén Instituto CORFO de Aisén Coihaique, 28 de septiembre de 1972. Carta N° 805. Ref.: Empresa de Transportes. A las Organizaciones Dueños de Camiones, Autobuses y Taxis. Provincia de Aisén. Con fecha 27 de septiembre en curso,. esta Gerencia Ejecutiva del Instituto CORFO de Aisén, recibió la visita de dirigentes del transporte, quienes nos informaron de la formación de una Federación del Rodado de la provincia de Aisén. Al mismo tiempo, nos manifestaron la preocupación por la creación de la Empresa de Transportes, que el Instituto CORFO de Aisén acordó. Frente a esta inquietud de los dueños de camiones, autobuses y taxis de la provincia, informamos en la mencionada reunión, y ratificamos ahora, por escrito, los siguientes alcances: 1) La Empresa de Transportes creada por el Instituto CORFO de Aisén, surge como una necesaria complementación al desarrollo general del transporte, para una mejor atención de la población rural y campesina; interurbana y de'apoyo al desarrollo económico que viene impulsando el Gobierno Popular. 2) Dicha Empresa, por lo anterior, no surge como una forma de limitar o aplastar al desarrollo natural, útil y necesario del transportista particular. 3) Es necesario tener en cuenta que en este momento la provincia de Aisén está comenzando a abrir una etapa de acelerado desarrollo y expansión, y que, todos los esfuerzos, sean estatales, mixtos o privados, de orden nacional o regional, son necesarios, y en este momento son notoriamente insuficientes, a pesar de que se han multiplicado. 4) La expansión de las obras viales; de la construcción; de la industria; de la electrificación ; de la pequeña industria; de la ganadería; de la industria maderera, etcétera, nos obligan a tomar medidas precautorias de apoyo en maquinaria, equipos, elementos, financiamiento, etcétera, de carácter preventivo y masivo; es decir, prever las necesidades que surgieran, y resolver. 5) Por ejemplo: a Vialidad y al SEAM le hemos propuesto financiar la adquisición de maquinarias y equipos para acometer adecuadamente la construcción de caminos, sendas, puentes, preparación de suelos, etcétera. 6) Es así como la Empresa de Transportes atenderá complementariamente con el sector particular, soluciones al transporte terrestre, fluvial, lacustre y aún aéreo. 7) La negociación que en este momento se ha hecho, aprobada por el Comité Ejecutivo del Banco Central y el Ministerio de Hacienda, comprende autobuses para el servicio interciudades, rural-campesino y turístico; camiones madereros y tolva; motores madereros y motores marinos. 8) Por lo expuesto, queda claro que la Empresa que surge, en nada restringe al sector particular y que, por el contrario, le demuestra la confianza que se tiene en la expansión, desarrollo y futuro de la provincia de Aisén y sus habitantes. Saludamos atentamente a Ud., Corporación de Fomento de la Producción. Sergio Anfossi Muñoz Gerente Ejecutivo Instituto CORFO de Aisén. A la opinión pública: Ante diversas declaraciones del Gobierno local, tendientes a desvirtuar los justos y honrados motivos que han llevado al gremio del rodado a un paro indefinido, la Federación de Transporte Terrestre de Aisén, que une a los gremios de taxistas, autobuseros y camioneros de la provincia, se hace un deber poner en conocimiento de la opinión pública, en forma clara y precisa, de los verdaderos motivos que han dado lugar a esta grave y decidida determinación del Consejo Provincial del Transporte Terrestre, con el fin de que el público en general pondere y calibre en su verdadero valor las claras y precisas consideraciones que hemos tenido para decretar la cesación indefinida de actividades: 1) Desde hace un tiempo a esta parte el Instituto CORFO de Aisén decidió crear una sociedad denominada Empresa de Transporte Aisén Limitada, cuyos objetivos sociales como lo establece su escritura, son lav explotación de todo el transporte terrestre, fluvial-lacustre, marítimo y aéreo; es decir, abarca toda la actividad del transporte de la provincia. 2) Las gestiones realizadas por gran parte de los transportistas ante el Banco Central, a fin de solicitar las divisas necesarias para obtener nuevas máquinas y repuestos, han sido sistemáticamente obstaculizadas por el presidente de la Junta Reguladora del Tránsito, el señor Intendente de la provincia. 3) El Consejo del Instituto CORFO consideró causal inmediata para la formación de esta sociedad en cuestión, la falta de organización y la debida atención en el mantenimiento de las máquinas del transporte de pasajeros en servicio. En circunstancias que, por las razones explicadas anteriormente en el segundo considerando; a pesar del empeño de los autobuseros les ha sido imposible renovar sus máquinas, ni reparar las que se encuentran en servicio. Por ejemplo, hace meses atrás el Gobierno, mediante un crédito comercial con Argentina, importó al país 1.000 chasis Mercedes Benz para autobuses, los que deberían ser destinados al transporte de pasajeros de todo el país. Se comunicó a la Junta Reguladora del Tránsito de la provincia que el plazo para la presentación de solicitudes de los autobuseros debía ser dentro de los meses de julio y agosto del presente año; el sindicato de autobuseros hizo su presentación a esta Honorable Junta en tiempo y forma; por omisión, porque seguramente no fue mala fe, esta Junta envió fuera de plazo las solicitudes, dejando a la provincia sin la dotación de los 20 autobuses que le correspondían a los empresarios establecidos en Aisén. 4) Estas consideraciones anteriores fueron expuestas a las autoridades en una asamblea general realizada en el cine municipal de Puerto Aisén, el día lunes 2 de octubre; la única respuesta concreta a nuestros problemas la recibimos del señor Gerente de CORFO, quien manifestó: Muchos empresarios solicitan financiamiento para importar autobuses; pero no cuentan con el respaldo financiero necesario para garantizar una operación de este monto. Lo que significa al tenor de esta declaración que el Instituto CORFO sólo otorgaría créditos a los transportistas cuyo capital les permita financiar estas, operaciones y no al que realmente las necesita y que tiene espíritu de empresa y superación. El Instituto CORFO y el Banco del Estado han otorgado créditos a taxistas y camioneros y ante la inminente formación de la Empresa Estatal de Transporte estos compañeros ven un tanto amagadas sus posibilidades de cumplir en forma eficiente el servicio de la deuda contraída, ya que la mencionada empresa tiene por objeto trabajar sin fines de lucro. Creemos que el capital social de la empresa que asciende a la cantidad de E° 50.000.000 debería destinarse a financiar nuevas máquinas, al transportista establecido, a importar los repuestos necesarios para su mantenimiento, y el saldo a la construcción y mejoramiento de los caminos de la zona. O, en su defecto, destinar estos fondos a otros proyectos que son la esencia misma de los principios para los cuales fue creado el Instituto CORFO Aisén. Por estas razones y muchas otras que sería muy largo exponer, esta Federación hace un llamado a la opinión pública en general y, en especial, al gremio de choferes profesionales que laboran permanentemente junto a nosotros, para que ponderen en su justa medida las consideraciones que avalan esta lucha justa en contra de la destrucción de una actividad establecida como el transporte, cuya aniquilación, por parte de esta empresa estatal, significa dejar en la indigencia a un grupo grande de familias; en especial pedimos al Sindicato de Choferes, quienes en la esperanza de un ofrecimiento de mejores sueldos de parte de esa empresa estatal, han condicionado su apoyo, tratando con ello de destruir su actual y real fuente de trabajo, sin valorar la afinidad espiritual y económica que debe existir entre las personas que tienen una misma actividad, que sufren y laboran por un mejor estándar de vida. Este mismo llamado lo hacemos a los colegas camioneros que se encuentran agrupados en el llamado Sindicato Chico; consideren su posición frente a nuestra actitud, apoyándonos para hacer efectiva y completa la fraternidad del gremio, ya que tratando de quebrar nuestras posiciones, directa o indirectamente están destruyendo su propia actividad los unos, y matando una real y efectiva fuente de trabajo, los otros. Hemos dicho y reiteramos nuestros deseos de trabajar y cooperar al progreso, sirviendo al público en general, ampliando los recorridos y mejorando las máquinas de transporte colectivo, pero, para ello, necesitamos el apoyo del Gobierno y de sus instituciones; no el entorpecimiento y boicot científico y sistemático que hasta este momento se está haciendo a todos los trabajadores independientes del rodado. Finalmente declaramos a toda la ciudadanía de la provincia, que no nos oponemos al progreso, como se ha repetido en reiteradas ocasiones; estamos llanos a llegar a un entendimiento con las autoridades, pero no claudicaremos jamás en nuestra posición de exigir la disolución inmediata de la empresa estatal que pretende explotar todos los rubros del transporte en la provincia. Para terminar, comunicamos a ustedes que la Federación del Transporte Terrestre de Aisén, mantendrá permanentemente informado a todo el pueblo de Aisén de sus actividades y determinaciones, cuando sea necesario, reiterando, además, el ofrecimiento hecho por esta Federación a las Municipalidades de Puerto Aisén y Coihaique, de atender con nuestros servicios todos los casos urgentes y debidamente calificados que se presenten mientras dure este conflicto y en forma gratuita. Por el Consejo Provincial de la Federación de Transporte Terrestre de Aisén. Guillermo Doering J., Secretario General. Héctor Pavés Castillo, Presidente Provincial. El señor PABLO.- Señor Presidente, pese a que la situación es tan clara, se ha pretendido negar la existencia de un hecho evidente, que tiene conmovida a la población de Aisén. El transportista de esa región es un hombre que se ha entregado con denuedo a su actividad. Y crear una empresa que, según dicen, colaborará con las tareas destinadas a lograr el progreso del transporte, pero que en la práctica entrará en competencia con los trabajadores del rodado -evidentemente, se trata de una empresa competitiva-, significará obligar a aquéllos a dejar su labor habitual. Ahora bien: el Instituto CORFO de Aisén se creó en virtud de la ley 16.813, de 1968, iniciada en moción del Honorable señor Lorca; mediante otra ley, la 17.275, de 1968, iniciada en moción del mismo señor Senador, se otorgaron para su financiamiento recursos provenientes del impuesto a las compraventas realizadas en la región, de un impuesto a las importaciones y de un recargo en el precio de la bencina distribuida a lo largo de todo el territorio nacional. Se trata de un organismo que en 1971 manejó sólo 31 millones de escudos. Pues bien: ahora se destinan 50 millones de escudos para crear toda una empresa de transportes. Y hay conmoción en la zona, porque se está afectando a una actividad que desarrollaban únicamente los particulares. El Gobierno, o por lo menos sus autoridades locales, impidió mañosamente a aquéllos tener acceso a la distribución de los mil buses importados desde el exterior para asignarlos a los distintos empresarios existentes en el país. Las solicitudes de la gente de la provincia de Aisén no llegaron, y por lo tanto se les negó la posibilidad de renovar su material, como eran sus deseos. Además, en el Banco Central no se da curso a las peticiones que han formulado para mejorar sus máquinas. De modo que se sienten perjudicados por esas determinaciones, que sin duda están ligadas al proyecto de materializar la empresa estatal. Se va a crear una empresa del Estado para desarrollar el transporte, empresa del Estado que, evidentemente, deberá dejar fuertes pérdidas, al igual que todas, las empresas estatales de transportes que existen en el país. Con relación a los sueldos percibidos en la zona, el señor jefe del Instituto CORFO de Aisén, por ejemplo, que a la vez es candidato a Diputado del Partido Socialista para competir con don Leopoldo Ortega, percibe una remuneración de 52.864 escudos al mes. Se trata de una persona que no tiene mayores antecedentes profesionales ni ha hecho carrera dentro de ese organismo. Es el sueldo más elevado que se gana en la región. No imaginamos a cuánto podrá ascender el sueldo del gerente de la empresa que se crea. Pero sí estamos ciertos de que ésta dejará fuertes pérdidas. Y como el único propietario será el Instituto CORFO de Aisén, que tiene por finalidad promover el desarrollo regional, aquél deberá cargar con todos los gastos provenientes que signifique mantener en movimiento una empresa como la señalada. Por eso, estimo que hay un mal enfoque en la administración de este instituto por parte del señor gerente. Y si él hubiese estimado, en virtud de un principio estatizante un poco añejo, que el Estado tiene que ser quien explote necesariamente esa actividad, debió reparar en la existencia de diversas empresas estatales -por ejemplo, la Línea Aérea Nacional, la Empresa de Transportes Colectivos, la Empresa Marítima- que podrían absorber, con cargo al erario y no a los limitados recursos de CORFO de Aisén, los altos costos de la nueva empresa y las pérdidas que arrojará en definitiva. Por eso, en la zona se' habla de un Plan Anfossi; porque se ve que aquello se realiza fundamentalmente en función de la próxima campaña electoral, para contar a la brevedad con elementos de movilización en esa zona a disposición del señor Anfossi. Antes de ser conocida la existencia de dicha empresa, ya estaban aprobados los registros de importación por el Banco Central, e inclusive por el Ministerio de Hacienda. Y aquélla se va a poner exclusivamente a disposición del presidente del Instituto CORFO de Aisén, bajo cuya tuición se hallan en este instante todos esos elementos, que le permitirán enfrentar la campaña electoral en condiciones más ventajosas que las de sus contrincantes dentro de la lista. Reitero que el movimiento tuvo y tiene un carácter eminentemente gremial en lo que a esto respecta, y ha sido ésta la gota que rebalsó el vaso, y que no es efectiva la afirmación de Su Excelencia el Presidente de la República y del Ministro de Economía de que esa empresa no estaba en la mente de nadie. Porque si no está en la mente de las autoridades gubernativas radicadas en la capital, al menos se halla en la de un funcionario que en este instante es candidato a Diputado por la zona, quien se ha esmerado en obtener, primero, que no se distribuyan los buses a que tenían derecho los transportistas de Aisén -se han entregado en todo el resto del país, para renovar el material, y a la provincia de Aisén le correspondían aproximadamente veinte-; y, segundo, pese a negarse a los dueños de camiones divisas para renovar su material, en lograr la rápida aprobación de los citados registros de importación para la nueva empresa creada, a fin de contar con esos elementos, que sin duda le serán muy útiles antes de marzo próximo. Para eso, no se ha tenido en cuenta que se está comprometiendo el presupuesto, no sólo de uno, sino de varios años, ni que el balance de dicha empresa de transporte del Estado, a causa de las pérdidas que ella arrojará, será extraordinariamente deficitario, lo que, en consecuencia, restará recursos al ya escaso financiamiento de los planes de desarrollo de la región. Concedo una interrupción al Honorable señor Morales. El señor MORALES ADRIASOLA.- Sólo quiero anunciar que en nuestro turno de Incidentes me referiré al problema de la provincia de Aisén que abordó el Honorable señor Pablo. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano. El turno siguiente corresponde al Comité Comunista. Tiene la palabra el Honorable señor Valente. ANÁLISIS DEL MOMENTO POLÍTICO ACTUAL. El señor VALENTE.-Señor Presidente, en los primeros días de septiembre Chile fue remecido por las declaraciones del presidente de la Kennecott Corporation, que anunciaba acciones de embargo de nuestro cobre en los países clientes de nuestro mineral, agudizándose el cerco económico impuesto por los imperialistas norteamericanos y abriéndose un nuevo frente de provocaciones y de sabotajes en contra de Chile en el exterior. A las palabras de Frank Milliken siguió la petición de embargo de una partida de cobre que se desembarcaría en puertos franceses, obteniendo del Tribunal de la Gran Instancia de París una medida precautoria en perjuicio de Chile. Esto sucedía hace poco más de un mes. Entonces, desde todos los confines de nuestro territorio y desde todo el mundo, llegaron pronunciamientos de amplia solidaridad con la causa chilena, mereciendo la provocación de la empresa imperialista el repudio universal, por el acto de bandidaje destinado a profundizar el boicot económico planeado y anunciado en 1970 por la I.T.T., y llevado a cabo paulatina y eficazmente por las organizaciones financieras internacionales influidas por los Estados Unidos y por los grupos oligarcas y monopolistas nacionales. En estos momentos nuestra patria soporta el asedio no sólo exterior, sino también de los grupos fascistas, de los dueños del capital monopólico y de algunas organizaciones patronales que pretenden, en clara conjunción de intereses, derrocar al Gobierno legítimo y constitucional. Complicidad antipatriótica. Cuando desde todo el orbe surgía la más contundente protesta en contra de la Kennecott y del vasallaje imperialista, y al mismo tiempo, la más impresionante solidaridad con Chile y su pueblo, los reaccionarios multiplicaron sus esfuerzos para desviar la atención de la indignada opinión pública nacional a otros hechos, a otro plano. Se intentaba así disminuir las indignadas protestas de los chilenos que condenaban la artera maniobra de la Kennecott; se pretendía también romper la unidad nacional que había concitado la cobarde agresión imperialista. Correspondió el turno, para quebrar esta unidad solidaria con la patria, a un grupo dirigente de la Confederación de Dueños de Camiones, que en una actitud de increíble antipatriotismo, paralizó las actividades del transporte, creando graves dificultades para el abastecimiento de alimentos, medicinas, mercaderías y toda clase de productos a la población consumidora. La causa del paro fue la. decisión del Instituto CORFO de Aisén de organizar una empresa de transporte de pasajeros y carga para suplir la falta de un servicio adecuado que asegurara a los habitantes de esa provincia tan aislada el transporte y la movilización oportuna y suficiente para atender a sus necesidades. El Instituto CORFO de Aisén, al adoptar esa determinación, se hizo eco de los anhelos de todos los organismos regionales. El señor HAMILTON.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor VALENTE.- No puedo, porque hago uso de un tiempo muy limitado. Sin embargo, esa razón, que pudo considerarse una reivindicación gremial, pasó a segundo plano al exigir el grupo dirigente de los transportistas la solución de problemas políticos carentes de relación con las actividades del gremio, lo que configuró la verdadera intención del paro. El señor HAMILTON.- Pido una interrupción al Honorable señor Valente. El señor VALENTE.- A esa huelga, repudiada por la inmensa mayoría nacional, siguieron los llamados de solidaridad de los dirigentes empresariales cobijados en la Sociedad de Fomento Fabril, de la Confederación de la Producción y del Comercio, de la Confederación del Comercio Detallista, del Sindicato de Comerciantes (SIDECO), cuyos dirigentes militan en el Partido Nacional y en la Democracia Cristiana. Se cumplía así, paso a paso, la táctica urdida por los enemigos de Chile, con vistas a provocar la caída del Gobierno constitucional. La intención era obvia. Mientras la Kennecott y el imperialismo sitiaban económicamente desde el exterior, la Reacción interna intentaba sitiar por hambre al pueblo, negándose a transportar y abastecer de alimentos a la población. La conjura en contra de Chile estaba en marcha. El señor HAMILTON.- Solicito una interrupción al Honorable señor Valente. El señor PAPIC (Vicepresidente).- El Honorable señor Hamilton le pide una interrupción, señor Senador. El señor VALENTE.- Ya dije que no, porque tengo tiempo limitado. Alientan el complot el gran capital monopolista extranjero y los grupos financieros nacionales, las hordas fascistas y los reaccionarios, respaldados por la prensa de Derecha -encabezada por El Mercurio-, por el Partido Nacional y por sectores de la Democracia Cristiana vinculados a los grupos empresariales que han logrado imponer a este partido una línea táctica elaborada y puesta en marcha por la Derecha y el golpismo. Al país no le cabe duda respecto de los fines de este movimiento, que intenta crear las condiciones políticas, materiales y sicológicas para el derrocamiento del Gobierno legítimo, para sustituirlo por una sangrienta dictadura fascista de Derecha que destruya las organizaciones sindicales de los trabajadores, reprima a sangre y fuego al pueblo, asesine a sangre fría a los más destacados dirigentes de la Izquierda, convierta a Chile en un gigantesco campo de concentración y de muerte; una dictadura que permita a los banqueros, financistas, latifundistas y dueños del capital monopólico recuperar sus privilegios y hacer más martirizante la explotación de los trabajadores, que devuelva nuestras principales riquezas al capital imperialista para profundizar el saqueo y el robo en contra de nuestra patria. La tesis de la ilegalidad. La Kennecott, como es sabido, ha notificado a los países clientes de nuestro cobre de tener derechos de pertenencia sobre la producción del mineral El Teniente, de manera que cualquier compra, adquisición o venta, o cualquiera acción que apoye tal compra, adquisición o venta del mencionado cobre, metales o subproductos -sin nuestro permiso expreso- sería contrario a los principios legales que nos gobiernan y les informamos que tomaremos todas aquellas medidas que puedan ser necesarias para proteger nuestros derechos sobre este cobre, otros metales, productos o subproductos. En palabras claras e insolentes, la Kennecott sustenta, en apoyo a su acto de piratería, que nuestro país estaría actuando ilegítimamente, que el acto de nacionalización y la forma de establecer las indemnizaciones acordadas y aprobadas por los Poderes Públicos chilenos, son ilegales y que, en consecuencia, el Gobierno de Chile estaría actuando ilegalmente, fuera de la ley, arbitrariamente. Apoyo a la tesis de la Kennecott. Esta curiosa y sofisticada tesis kenne-cottiana, que es un disparate jurídico y una irracionalidad, ha tenido, sin embargo, algunos defensores en el Senado de la República, quienes, no obstante referirse a una materia distinta del embargo de nuestro cobre, concluyen sosteniendo la misma tesis de la Kennecott. Veamos lo ocurrido en la sesión extraordinaria celebrada el 6 de octubre de 1972 al debatirse la situación de la Papelera. Escuchemos los argumentos tinterillescos de algunos señores Senadores pretendiendo demostrar que el Gobierno Popular sería ilegal y estaría actuando al margen de la Constitución. El Senador señor Patricio Aylwin, por ejemplo -leo las expresiones pertinentes de su discurso- dijo: Como vía de conclusión yo quiero señalar claramente tres cosas, que creo que interpretan la gran preocupación del Partido Demócrata Cristiano, de todas las fuerzas de Oposición y de la gran mayoría de Chile frente a la situación que estamos analizando: Primero: estamos en presencia de un caso manifiesto de inconstitucionalidad e ilegalidad, de lo que en derecho se llama desviación de poder. En segundo término, esas inconstitucionalidades e ilegalidades, junto con las que se están cometiendo con los medios de comunicación de masas, con el abuso de la Televisión Nacional, con las clausuras ilegales de radios y con las limitaciones al derecho de reunión constituyen la más grave amenaza a la libertad de información, a la libre expresión democrática y a la posibilidad de realizar en marzo próximo un proceso eleccionario que se desenvuelva dentro de los cauces efectivos de libertad. En tercer lugar -con esto termino- eso coloca al actual régimen, el que preside el señor Allende, en un plano de franca ilegitimidad. Un Gobierno puede nacer legítimo. . . Pero un Gobierno que nace legítimo puede devenir en ilegítimo si cae en la pendiente de la inconstitucionalidad y la ilegalidad permanentes, del atropello sistemático a la ley. Por su parte, el Senador Francisco Bulnes expresaba lo siguiente en la sesión mencionada: Como representante en estas bancas del Partido Nacional, debo manifestar que concordamos plenamente en la idea de que el Gobierno que nos rige ya no se limita a cometer algunas ilegalidades, sino que se ha transformado en un Gobierno ilegal. Porque cuando las leyes se violan todos los días, cuando se violan sistemática y planificadamente, cuando se demuestra la mayor contumacia en repetir y agravar hoy la violación legal que se cometió ayer, ya no se puede hablar simplemente de que se infringe la Constitución o la ley, sino que hay que decir que el Gobierno está definitivamente colocado en el terreno de la ilegalidad. . . .Y, al respecto, no estoy improvisando, porque hace unas pocas semanas los más altos dirigentes y los parlamentarios del partido tuvimos una reunión de dos días para examinar a fondo esta situación y llegamos a la conclusión meridianamente clara, de que este Gobierno está colocado en una situación de abierta ilegalidad. No hay duda alguna de que estos discursos fueron dichos en el Senado para impactar a la opinión pública mundial, porque en Chile nadie, salvo los oscurantistas, comulga con las patrañas lanzadas por estos reaccionarios. Pero es necesario advertir, también, la plena coincidencia entre las expresiones de los Senadores Aylwin y Bulnes con los argumentos de la Kennecott Corporation. ¿Simple casualidad? ¿Eventual correspondencia? ¿Transmisión del pensamiento? Lo cierto es que los fútiles argumentos de la Reacción son un eficaz consejo y oportuna ayuda para que la Kennecott pueda alegar en los tribunales extranjeros que el Gobierno legítimo de Chile es ilegal, inconstitucional, arbitrario, ilegítimo -como se ha asegurado en el propio Senado chileno- y, en consecuencia, sus actos, incluso el relativo a la nacionalización y pago de las indemnizaciones, constituye un flagrante atropello a los principios legales que nos gobiernan, utilizando las expresiones de la Kennecott. El señor HAMILTON.- ¿Me concede una interrupción, señor Senador? El señor PAPIC (Vicepresidente).- El Honorable señor Valente no desea ser interrumpido. El señor VALENTE.- Más aún, el 10 de octubre el Senador Bulnes Sanfuentes expresó nuevamente en el Senado -a propósito de un debate habido para condenar la agresión de la Kennecott contra Chile- palabras que constituyen nuevos argumentos a favor de los alegatos de la empresa imperialista. Dijo el Senador derechista: Como la opinión pública lo sabe, el Partido Nacional concurrió con sus votos a la aprobación en general y a la aprobación en particular de la mayoría de las disposiciones constitucionales que permitieron la nacionalización del cobre. Pero -y señalo este hecho porque parece haber sido muy olvidado por representantes del Gobierno y algunos sectores políticos- nuestra colectividad no concurrió a acoger la totalidad de las normas que dicha reforma constitucional incluye. Concretamente, no ftumos partidarios de disponer que se descontaran de las indemnizaciones determinadas en conformidad a esta reforma, las utilidades excesivas obtenidas por las compañías de la gran minería del cobre en los últimos 15 años. En lenguaje claro, el Senador de la Derecha sostuvo -como lo fue- que su colectividad, el Partido Nacional, fue la única agrupación política que estuvo por perdonar a las compañías del cobre el despojo inaudito que hicieron al país en los últimos tres lustros. También El Mercurio y PEC. Fiel a su estricta línea antichilena, El Mercurio también echó su cuarto de espadas a favor de la Kennecott, diciendo en el editorial del 6 de octubre: La medida prejudicial precautoria de retención afecta a la suma de 1 millón 330 mil dólares y fue obtenida por Kennecott Copper Corporation, empresa que pretende derechos sobre el cobre chileno alegando que sus propiedades en nuestro país le fueron nacionalizadas sin la correspondiente indemnización. Cuando el Gobierno decidió nacionalizar forzadamente las compañías cupreras de la gran minería asumió diversos riesgos previsibles. Finaliza el editorial con las siguientes palabras: Transformar la retención decretada en Francia en una sentencia ampliamente favorable y no reducir el asunto a un incidente político de aprovechamiento interno es, entonces, la posición patriótica que aconsejan los hechos. Primero, El Mercurio justifica la actitud de la Kennecott aduciendo que la precautoria y la retención de los valores son un riesgo previsible, derivado de la legitimidad del proceso de nacionalización; luego, pretende que Chile entero se sumerja en un inmovilismo suicida, que no surja la protesta interna y que sean los tribunales extranjeros los que decidan la suerte de nuestro principal sostén financiero. La complicidad es manifiesta, y como Chile entero se puso de pie rechazar la agresión a nuestros derechos soberanos, la Reacción varió de táctica para desviar la atención nacional de este hecho de la mayor gravedad. El paro sorpresivo y politiquero de los dueños de camiones, del gran comercio y dé la gran industria, fallido en este último sector por la vigorosa decisión de los trabajadores, fue el comienzo de la escalada golpista que estamos viviendo. Por su parte, la Embajada norteamericana, a través de uno de sus altoparlantes, PEC, llega más lejos en su desesperación facciosa, al expresar el 6 de octubre lo siguiente: Comprobado fehacientemente que este régimen ha transgredido reiteradamente la Constitución, trabaja por la destrucción de la institucionalidad vigente y se ha puesto fuera de la ley, debe procederse rápidamente a- acusar constitucionalmente a Salvador Allende. Llamado a la paralización del país. El 10 de octubre los partidos de Derecha realizaron una concentración pública, entre cuyos oradores estaba la candidata a Diputada del Partido Nacional Patricia Guzmán, quien, en nombre de su colectividad, dio la línea de acción que debían seguir los partidos de la coalición derechista. Sus palabras son un desembozado llamado al amotinamiento, al sabotaje, a la paralización del país como etapa siguiente de les planes subversivos. Algunos de sus planteamientos fueron: No queremos más declaraciones. Está bueno de quejas y diagnósticos. Se han empleado ya demasiadas palabras en cada denuncia. De ahí que ha llegado en Chile la hora de la acción. Y ha llegado esta hora cuando todos los partidos democráticos coinciden en que el Gobierno está actuando en la ilegalidad. Si el Presidente de la República espera ver a todo un país paralizado, también lo tendrá. Porque lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo con la fuerza de nuestros actos: no nos vamos a entregar a la dictadura marxista antes de haber agotado todos los recursos de que puede disponer una resistencia auténticamente democrática. A las pocas horas de este llamado se inició el paro de los transportistas, con la sucesión de hechos que está presenciando el país con indignación y repulsa. La mano de la CÍA. Los métodos y la táctica puestos en la planificación y ejecución de cada etapa del plan sedicioso, como la acuciosidad y precisión con que ellas se desarrollan, ponen en evidencia que detrás de esta conjura está la Central de Inteligencia norteamericana (CÍA). El plan se orienta a abrir dos frentes de ataque contra Chile: el interno, con la participación directa de los grupos reaccionarios y fascistas capitaneados por el Partido Nacional y alentados por la Democracia Cristiana, para provocar el sabotaje económico, el boicot industrial, actos terroristas, agresiones, paros injustificados, destrucción y contrabando de mercaderías, acusaciones constitucionales contra personeros del Gobierno, etcétera,; el externo, a cargo de la CÍA, de las empresas y organizaciones imperialistas para cercar económicamente a Chile mediante un bloqueo que es invisible en algunos aspectos, pero abiertamente descarado en otros. Entre estas agresiones citaremos: supresión de la línea de créditos que estuvieron vigentes hasta 1970; presión en los mercados internacionales para provocar la baja en el precio del cobre, ocasionando millones de dólares de pérdida para el país; esfuerzos desmedidos para hacer fracasar la renegociación de la deuda externa; embargos de los embarques de cobre chileno y retención de los valores respectivos; amenazas a los países compradores de nuestro mineral; alza discriminada de los fletes a Chile para agudizar las dificultades de embarque hacia nuestro país y desde él, etcétera. Chile, su pueblo y su Gobierno están soportando, pues, el asedio implacable del imperialismo y de la Reacción. Este asedio y complot adquiere cada vez mayor descaro y, en estos momentos, muy pocos ignoran, o dudan de ello, que la finalidad suprema de esta alianza antichilena es el derrocamiento del Gobierno constitucional. El cinismo imperialista. Ahora más que nunca cobran validez las palabras del Senador Renán Fuentealba, Presidente en ejercicio de la Democracia Cristiana, dichas en la sesión del Senado del 2 de diciembre de 1969, cuando el Gobierno de la época estuvo también amenazado por un intento golpista. Recuerdo que en aquella oportunidad los partidos de Izquierda, la Central Única de Trabajadores y otras organizaciones democráticas, estrechamos filas en torno de un régimen que no nos simpatizaba pero que estaba en peligro por la acción de grupos reaccionarios y por la CÍA. Se trataba, entonces, como ahora, de paralizar la vida de la nación, de destruir la organización política y sindical, de montar una dictadura fascistoide y de hacer tabla rasa de los derechos ciudadanos y de la Constitución. Dijo entonces el Senador Fuentealba: Deseo hacerme cargo de diversos ataques que se han lanzado en contra del Senador que habla con motivo de una intervención relacionada con la ausencia del Embajador de Estados Unidos, señor Korry. Algunos de ellos, producto de bajos sentimientos, no merecerían contestación alguna si no fuera porque inciden en una materia importante. La Comisión Política del Partido Demócrata Cristiano, por la unanimidad de sus miembros, acordó encomendar a este Senador que formulara una petición en el Senado para representar al Presidente de la República -era entonces el señor Freí- la preocupación con que observaba la prolongada ausencia del Embajador Korry del país a fin de que, en uso de sus facultades constitucionales exclusivas, tomara las medidas que creyera aconsejables, según su real saber y entender. A contar desde el 21 de octubre (de 1969) se desencadenó en el país una ola de rumores y toda una campaña que muy definidamente persigue algunos objetivos clásicos: 1°) Crear la sensación de desgobierno, falta de autoridad, corrupción y caos; 2°) Convencer al país de que el Gobierno Demócrata Cristiano está cada día más dominado por el Partido Comunista; 3°) Movilizar a los sectores reaccionarios en defensa de sus intereses irremisiblemente amagados; 4°) Convencer a las Fuerzas Armadas de que tanto el Gobierno como el Partido Demócrata Cristiano son sus enemigos. Tal campaña tiene, sin duda, tina mente que la organiza, dirige y financia abundantemente. Pues bien -continúa el Senador Fuentealba-, este Senador advierte en tal campaña las huellas digitales y los métodos que ha empleado la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CÍA) - oiga bien el Senado- para derrocar gobiernos de otros países. El imperialismo económico, el Gobierno de Estados Unidos y la CÍA han obrado en la más perfecta concordancia para deponer gobiernos y, en algunas ocasiones, por simple coincidencia, el Embajador de la Casa Blanca ha estado fuera del país afectado o ha sido sustituido a última hora. Para salvar el imperio del plátano en poder de la United Fruit, en Guatemala; para apropiarse del petróleo y entregarlo a la Standard Oil, en Irán; para impedir que en Brasil continuara un proceso de transformaciones en marcha, fueron derrocados Jacobo Arbenz, Mossa-deq y Goulart. Para recuperar el imperio azucarero cubano, se intentó derrocar a Castro en Bahía Cochinos. En todos estos casos, el pretexto fue siempre el mismo: El Gobierno es comunista o está próximo a caer en manos del comunismo. Cuando se advierte una tan grande similitud entre lo que sucede en Chile apunta el Senador Fuentealba- y lo ocurrido en otras partes, como las citadas, un hombre público tiene el deber de prevenir y alertar. Es lo que he hecho. ¿Pruebas? Siempre se tienen, pero tarde. El imperialismo es tan cínico que, con posterioridad a los derrocamientos, no tiene pudor en confesar. Luego, el Presidente de la Democracia Cristiana se pregunta: ¿Por qué no en Chile, para salvar el cobre amenazado de nacionalización total por los candidatos de la D. C. y de los partidos de Izquierda? ¿Por qué no en Chile, si hay aquí un Gobierno que ha herido intereses poderosos y que debe continuar su labor? ¿Por qué no en Chile, aprovechando el descontento, que es producto de la creciente insatisfacción y de las limitadas capacidades del país? Hasta aquí lo más sustancial del importante discurso del Senador Renán Fuentealba pronunciado en 1969. Pero, ¿es que ahora, en estos instantes, en estos minutos de grave crisis política, el Presidente de la Democracia Cristiana ha olvidado sus importantes denuncias? ¿No hay, acaso, un peligroso acentuamiento de la ofensiva de la CÍA en contra del Gobierno y en contra del país, acusándolo de los mismos supuestos que recordó el Honorable señor Fuentealba en su intervención? ¿Por qué, ahora, la Democracia Cristiana se somete, sumisa, a la orientación antipatriótica que el Partido Nacional y los fascistas dan a la Oposición en abierta intención golpista? ¿Acaso no se advierten ahora, mucho más que en 1969, las garras de la CÍA en los intentos por derrocar al Gobierno, a sabiendas de que ello llevaría al país a una guerra civil que el Gobierno y la Unidad Popular desean evitar a toda costa? ¿Qué pretende ahora la Democracia Cristiana? ¿Influye más en sus decisiones políticas la línea impuesta por los reaccionarios afectados en sus intereses y privilegios? El país, la gran mayoría de la opinión sana de Chile, especialmente los trabajadores, observan con atención y vigilantes el comportamiento de los dirigentes democratacristianos, sobre quienes, en las actuales circunstancias, pesa la responsabilidad de definirse si están con el proceso de cambios o con el golpe de Estado; si con los reaccionarios o con los trabajadores; si con la CÍA o con Chile. La indefinición franca, en estos instantes, equivale a cobardía, a una indigna posición política. ¿Cuántos minutos me quedan, señor Presidente? El señor PAPIC (Vicepresidente).- Dispone de diez minutos más, señor Senador. El señor HAMILTON.- De manera que me puede dar una interrupción. Declaración del Partido Comunista. El señor VALENTE.- Señor Presidente, el Partido Comunista ha dado a conocer al país un manifiesto denunciando la conspiración reaccionaria, que dice como sigue: Chile es hoy víctima de una conspiración sincronizada, dirigida desde el extranjero. El mundo sabe -y se ha denunciado en los propios Estados Unidos- que el imperialismo yanqui decidió impedir por todos los medios el acceso del movimiento popular y de Salvador Allende al Gobierno de la República. Para ello no vaciló en asesinar, a través de sus agentes internos pertenecientes a la ultrarreaccion enloquecida, al Comandante en Jefe del Ejército. Luego, no ha cesado un instante en su afán de derribar el poder legítimo del país. Pasó del bloqueo invisible al bloqueo abierto. Tras la conspiración de la ITT, ahora la Kennecott Copper Corporation ha decidido robarse el cobre chileno en cualquier puerto de Occidente, trabando embargos ignominiosos. Con ello desconoce la libertad de comercio, una de las banderas claves que animaron la lucha de los libertadores de 1810. Los pueblos del mundo están junto a nuestra patria. La respuesta universal de los pueblos ha sido emocionante. Los mejores espíritus de todo el orbe solidarizan con nuestra patria. Los portuarios franceses y holandeses no aceptan descargar el cobre mientras corra peligro de que se apropie de él la Kennecott. Ello nos compromete y nos enorgullece como chilenos. La conjura antipatriótica es dirigida desde el extranjero. Pero, acá hay traidores que escogieron este momento para agredir a su propio país. La confabulación del imperialismo se da la mano con la conjura reaccionaria interna, ambas fríamente coordinadas. La Derecha ha abandonado todo asomo de patriotismo y se vende al agresor extranjero. No es la primera vez. Ambos forman una alianza espuria y monstruosa alentados por la vana esperanza de recuperar sus privilegios. Fracasado el Plan Septiembre, se han lanzado ahora, con mayor cinismo que nunca, al empeño de derrocar el Gobierno Constitucional del país. García Garzena acaba de gritar en el Senado, que constituye para él un timbre de gloria, un motivo de orgullo ser sedicioso. Los reaccionarios de todo pelaje llaman abiertamente a paralizar el país y enumeran en una lista minuciosa su plan para detener toda la actividad nacional. Pasan de la llamada desobediencia o resistencia civil al crimen abierto contra el país, contra el Derecho, la Constitución, el pueblo y la patria. Los sediciosos han cometido un error histórico. Han decidido aprovecharse de los transportistas y modestos comerciantes. El paro urdido por los propietarios de camiones no es un movimiento gremial, sino una descarada acción politiquera, una pieza en la máquina de la conspiración. Merece la condenación de todos los chilenos a quienes no enceguece la política de odios. A los dueños de camiones se les concedió recientemente un alza de 120% en sus tarifas, sin que se elevaran los precios de la bencina y de los neumáticos; pero el grupo de falsos dirigentes se presta para convertirse en detonante del golpe de Estado. La inmensa mayoría ciudadana repudia este paro inhumano y antipatriótico, que persigue el objetivo miserable y ruin de dejar al país sin alimentos, combustibles ni materias primas. Pretenden detener todo el proceso productivo, para cercar por hambre a la población. Y todos los chilenos, partidarios o no de la Unidad Popular, son víctimas de esta acción criminal. Partido Nacional capitanea la sedición, El Partido Nacional, convertido en jefe de la sedición, que ha impuesto su ley a la Democracia Cristiana, empujó, dentro de su plan confesadamente sedicioso, al comercio minorista, al cual los pulpos reaccionarios como Pedro Ibáñez y los Ed-wards han explotado sin misericordia durante largos años. Proceden así cuando el Gobierno libera a la gran mayoría de los comerciantes de la obligación de extender boletas de compraventa y les otorga rebajas de impuestos y otras reivindicaciones. Por su parte, un grupo de parásitos, desde la cueva insaciable del privilegio llamada Sociedad de Fomento Fabril, ha publicado en el principal órgano de expresión del golpismo, El Mercurio, un insólito e impúdico llamado a paralizar todas las industrias del país. Directiva democratacristiana traiciona política de principios. En un cálculo equivocado de posibilidades, dejándose envolver por un fatal sentido de competencia reaccionaria, la dirección del Partido Demócrata Cristiano se ha rendido ante la política sediciosa del Partido Nacional, abjurando de todas las banderas de respeto a la Ley y a la Constitución, a la Democracia y a la Libertad, olvidándose del interés nacional, haciendo el juego al zarpazo de la Kennecott. Ha quemado todas sus declaraciones de que no sería balón de oxígeno de la Derecha en el altar del revanchismo sin principios, traicionando de manera abrupta el programa presidencial enarbolado por su candidato Radomiro Tomic. Fracasa la conspiración reaccionaria. Ha cometido así un error histórico, de incalculable gravedad para ella. Se ha condenado al desprestigio moral ante el pueblo y a la derrota ante la ciudadanía. El pueblo ya los está derrotando. La conspiración ha fracasado. Los obreros han hecho trizas los planes de paralizar la producción. Los campesinos redoblan su trabajo. La juventud se entrega en alma y vida a la limpia tarea de defender la patria amenazada, colaborando a reactivar la marcha del país. Los profesionales patriotas no están dispuestos a tolerar que se abuse y tuerza la misión específica de los colegios de las diversas órdenes, usándolos como mascarones de proa para atentar contra el país, incluso contra la salud y la existencia misma de los chilenos, como se pretende en el caso de ciertos médicos politiqueros. Evitar al país la guerra civil. Chile se ha erguido, superando todas sus flaquezas. Un sentimiento incontenible de indignación recorre el espíritu de todos nuestros ciudadanos, que quieren evitar al país el enfrentamiento y la guerra civil, que buscan los sediciosos que hoy quieren ahogar al país en la inercia y mañana sepultarlo en la sangre. No han vacilado en consumar dos gravísimos atentados ferroviarios. Una línea saltó en treinta metros, sólo diez minutos después del paso del expreso de Valparaíso a Santiago. ¡He aquí al descubierto la catadura moral de una derecha que se propone desencadenar las peores catástrofes para multiplicar sus caudales! El pueblo firme con su Gobierno. El pueblo respalda con decisión categórica, irrenunciable y resuelta, al Gobierno legítimo y popular, encabezado por el Presidente Allende. Lo defenderá, junto a la acción serena y responsable de las Fuerzas Armadas, observantes celosas de su misión constitucionalista y profesional. ¡El Partido Comunista, junto a toda la Unidad Popular, junto a todo el pueblo, a todos los chilenos patriotas, no permitirá que el fascismo se entronice en nuestro país, que lo sumerja en un baño de sangre! Decimos no, a la guerra civil, a la contienda fratricida que quiere desatar la Derecha. Camisa de fuerza para los traidores. ¡Los enemigos de la patria, se han equivocado! Frente al golpe en marcha, el pueblo sabe que el Gobierno es la ley, la seguridad, la razón y la constitucionalidad. El pueblo está alerta, está vigilando, está actuando. Pide que todo el peso de la ley se descargue sobre los facciosos. Defenderá y colaborará organizada y firmemente, con todas sus fuerzas, en la preservación del régimen legal. ¡La sedición será aplastada! No podrá paralizar al país. El pueblo pondrá una camisa de fuerza a los traidores a la patria. El Partido Comunista llama a todos los trabajadores, a la clase media, a las mujeres y juventudes, a pulverizar la conspiración. En ninguna parte debe permitirse que se paralicen actividades. Mantener a Chile en funcionamiento, es una tarea patriótica. La capacidad constructiva, creadora, de los chilenos, se impondrá sobre el resentimiento demencial de la reacción. En todas partes el pueblo chileno debe erguirse unido y consciente, para destruir hasta la raíz esta intentona, que coincide con la agresión de la Kennecott y asesta una puñalada por la espalda a la nación. La escalada sediciosa será desbaratada. ¡El Estado de derecho será defendido! ¡La constitucionalidad será preservada! El pueblo, todos los chilenos patriotas, son un baluarte donde se estrellará y estallará hecha mil pedazos toda la siniestra confabulación de los que se han levantado contra la nación! ¡El pueblo saldrá adelante, y más fortalecido, de esta prueba! El país rechaza el golpe, la guerra civil, el intento de paralizarlo. La escalada sediciosa será desbaratada. El pueblo está con la patria. La reacción está contra la patria. La patria sabrá derrotar a los agresores extranjeros y a sus cómplices criollos. ¡Alerta! ¡A la movilización! ¡A la victoria! ¡ Por Chile, venceremos! He dicho. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, al Honorable señor Valente le faltaron discursos y le sobró tiempo. ¿Por qué no le solicita una interrup ción con cargo a los minutos que le restan a su Comité? El señor PAPIC (Vicepresidente). - Ofrezco la palabra al Comité Comunista. El señor MONTES.- ¿Cuántos minutos nos restan, señor Presidente? El señor PAPIC (Vicepresidente). - Cuatro minutos, señor Senador. El señor HAMILTON.- ¿Por qué no consulta al Honorable señor Valente si me concede la interrupción en estos cuatro minutos que le quedan, señor Presidente? La excusa que dio denantes para negármela fue que no tenía tiempo. Si ya terminó de leer todo su discurso escrito, ¿por qué no me concede una interrupción?. El señor MONTES.- Pídasela a sus aliados, señor Senador, porque nosotros no se la daremos. El señor HAMILTON.- Que se deje constancia, por último, de que no han querido ser interrumpidos y. . . El señor MONTES.- No le hemos dado la interrupción, señor Senador. El señor PAPIC (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité de Izquierda Radical, que cedió su tiempo a la Democracia Radical. Tiene la palabra el Honorable señor Morales. PARO DE LOS TRANSPORTISTAS El señor MORALES ADRIASOLA.- Deseo referirme, en pocas palabras, al problema relativo a la actividad del rodado, que se inició en la provincia de Aisén. Estuve durante nueve días en esa zona. Tomé contacto con todos los dirigentes del gremio. Los he visto en la Cárcel Pública de Coihaique y de Puerto Aisén. Regresé después de tener el agrado de participar en las diligencias judiciales que se cumplieron frente a un Ministro de la Corte de Punta Arenas, el señor Letelier, a fin de obtener la excarcelación de los detenidos, la mayoría de los cuales salió en libertad incondicional, y unos pocos en libertad bajo fianza. Quería, en pocas palabras, analizar este problema que dio origen a un movimiento pura y exclusivamente gremial, que se extendió a lo largo de todo el país. El Instituto CORFO-Aisén, que tiene un inmenso poder para fomentar la producción y todas las actividades de la provincia, creado a raíz de una iniciativa que contó con el entusiasta apoyo de todo los parlamentarios democráticos de la zona -ahora está en manos de un elemento socialista que, además, es candidato a Diputado por esa región-, acordó importar camiones FIAT desde Buenos Aires con el objeto de instalar en Aisén una empresa estatal de transportes. Esto, naturalmente, golpeó de manera considerable los intereses del gremio del rodado, no sólo porque iba a significar una competencia desleal, sino porque constituía un atropello, un atentado en contra de los mismos ciudadanos de la provincia, que, luego de arduos esfuerzos, han forjado su presente y están forjando su futuro. Se trataba de un atentado y de un atropello en contra de las actividades económicas que los habitantes despliegan a favor de la provincia de Aisén. Es evidente que iba a haber una competencia desleal, pues sabemos de la escasez de repuestos, de neumáticos, de baterías y de todos los elementos que necesita el factor máquina para mantenerse en condiciones de funcionamiento y para renovarse, especialmente en una zona como ésa, de muy compleja geografía y con caminos y senderos muy duros. El gremio del rodado en Aisén está consciente de que está próximo a crearse el estanco de los repuestos en el país. Entonces, si coexisten una empresa del Estado y muchas empresas particulares, como las que hay en esa región del extremo austral y que cumplen eficientemente su función, no hay duda de que estas últimas van a ser postergadas por aquélla y se producirá la asfixia económica para los dueños de camiones, buses, camionetas y todo un sector inmenso de ciudadanos de la provincia de Aisén, que tienen tras sí a sus familias, radicados en forma definitiva en esa región, con todo el esfuerzo que eso significa. Digo también que es un atropello, porque tal medida no sólo lesiona las normas de convivencia de los chilenos aiseninos, sino que, además, está atentando contra un justo derecho de los trabajadores de la provincia de Aisén a optar a mejores niveles de vida mediante un trabajo honorable y esforzado como el que realizan. Digo también que es un atropello, porque se va a lesionar la libertad de trabajo y las mismas libertades individuales: a la libertad de trabajo, porque, naturalmente, amaga ese derecho consagrado en nuestra Constitución Política la existencia de una empresa de transportes amparada por todos los recursos estatales en un propósito evidente de asfixiar la economía privada; a las libertades individuales, porque, en definitiva, consiguiéndose la asfixia económica, todas las empresas van a terminar su desempeño como consecuencia de ello, y será la empresa estatal la única en la provincia que pueda circular con pasajeros y carga. Conociendo la mentalidad sectaria de los que actualmente gobiernan; conociendo la mentalidad sectaria -y lo sabe todo el país- de aquellos que dentro de la Administración Pública o en cualquier empresa estatal tienen una responsabilidad, es fácil comprender que en la provincia de Aisén, si logran consolidar lo que han pretendido, será sólo la empresa del Estado la que cubra políticamente las necesidades de transporte de la región. Aquel que no disponga del carné rojo no será abastecido. Aquel que no tenga el carné rojo estará expuesto a que su mercadería no sea trasladada a los centros de consumo o a los centros de exportación de la provincia o a otros lugares de consumo nacional. Y será también una herramienta de presión sobre cada uno de los hombres que laboran en las actividades transportistas de la provincia. De manera que es claro que la gente ha entendido que ésta es una maniobra destinada a establecer una competencia desleal y que, en definitiva, mediante la asfixia económica de las empresas particulares dueñas de camiones, buses, etcétera, se va a transformar también en un atentado contra las libertades individuales y de trabajo. No obstante haber sintetizado brevemente las razones por las cuales el gremio del rodado fue a la huelga en la provincia de Aisén y recibió la solidaridad de todo Chile, en esta oportunidad quiero señalar que fueron 19 los dirigentes y los transportistas detenidos y encarcelados. Felizmente hoy, gracias a la independencia de nuestro Poder Judicial y a la diligencia que cumplió prestamente el Ministro de la Corte de Punta Arenas, ahora están en libertad. Pero hay un hecho también significativo, del cual debo dejar constancia: la solidaridad producida en la provincia de Aisén; solidaridad que, al igual que en todo Chile, se tradujo en el cierre del comercio, en la huelga de los taxistas y en la paralización de todas las actividades. La opinión pública, el mismo Senado, ha escuchado intervenciones en el sentido de que éste es un movimiento manejado externamente; que este manejo foráneo estaría destinado a ahogar la institucionalidad o a interrumpir la vida institucional de la república y a derrocar al Gobierno. Todo lo anterior es absolutamente absurdo, porque el gremio del transporte en la provincia de Aisén incluso está compuesto por militantes de la Unidad Popular, por miembros de los Partidos Socialista y Comunista. Y muchos de ellos han solidarizado con sus colegas de gremio. Este es un movimiento eminentemente gremial, que ha despertado, pues, la solidaridad del país. Creo que para los efectos de la versión y del acta, es importante, en todo caso, haber señalado los motivos y las proyecciones que tuvo y tiene la huelga del rodado en la provincia de Aisén. Esto todo cuanto quería decir. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Duran. ANÁLISIS DEL MOMENTO POLÍTICO ACTUAL. El señor DURAN.- Pedí la palabra para referirme a algunas expresiones que escuché ayer a los Honorables colegas señora Carrera y señor Luengo; pero, en realidad, no necesito referirme a ellas, sino a las que hemos escuchado esta tarde al Honorable señor Valente Rossi, que, en el fondo, son coincidentes en la repetición insistente, majadera, de los mismos slogans y frases hechas que el país viene escuchando desde hace ya tanto tiempo. Ahora mismo, en esta sesión, ya tuvimos oportunidad de escuchar y mirar al señor Senador: vino a leernos un discurso, en una carrera contra el tiempo, para dejar constancia en la versión de esta Corporación de lo que es el pensamiento de la comisión que ha hecho ese discurso. Más tarde nos ha leído una declaración del Partido Comunista del mismo modo como leyó su discurso, en esta carrera contra el tiempo, para dejar testimonio de este cúmulo de inexactitudes que los señores Senadores han tenido oportunidad de escuchar esta tarde. En un lenguaje y con un pensamiento lleno de esos lugares comunes, los comunistas vienen pretendiendo hacer creer al país que el fenómeno que en este instante observa la ciudadanía a través de la maduración cívica de gremios y de partidos, es una confabulación antipatriótica, para lo cual mezclan problemas absolutamente distintos. El problema de tipo jurídico-internacional planteado por la Kennecott, respecto de cuya actitud los partidos políticos de ideologías más disímiles han expresado un juicio no de solidaridad con el Gobierno, sino que de defensa de los derechos esenciales de Chile como país soberano, demuestra que en relación con tal materia hay unanimidad de juicios. Pero esto no les interesa a los comunistas. Mediante esta verdadera patente de corso, ellos quieren sacar una línea que les permita silenciar el resto del pensamiento de análisis político, para que de aquí en adelante nunca nadie pueda hablar de su política de tropelías, de violencia y de ilegalidades, poniendo como pantalla este acto de la Kennecott, que todos los distintos partidos de Chile han censurado. De esta manera, aun cuando ahora estamos debatiendo problemas relacionados con un proceso de huelga legítima declarada por los transportistas, el señor Senador nos habla del imperialismo, de la Kennecott. Y como entiendo que los transportistas usan vehículos generalmente de procedencia norteamericana -de la General Motors, de la Chevrolet, de la Ford-, me parece que el señor Senador tiene una confusión tremenda: ¡Cree que loa camiones los fabrica la Kennecott! Por eso se desarrolla en su pensamiento esta posición tan extraña, que, como un verdadero policía, poniéndonos luz roja, nos dice: Ustedes no pueden hablar nada del Gobierno. Ustedes tienen que estar sumisos, observando el desarrollo de esta política de atropellos, porque la Kennecott ha reclamado en el orden internacional derechos que los chilenos creemos que no le corresponden. ¡Pero están equivocados si creen que van a silenciar a este pueblo mediante tal amenaza! Hemos censurado la acción de la Kennecott y, como todos los chilenos, hemos expresado nuestra solidaridad a Chile en contra de una compañía extranjera. Pero esto no quiere decir, ni con mucho, que estemos dispuestos a tolerar toda una política de violación de normas constitucionales y legales que ha hecho del Gobierno del señor Allende un Gobierno ilegítimo. Creo que la maduración cívica del país nos permite observar el acontecer de estos días y afirmar enfáticamente que lo que aquí se ha producido es la clara toma de conciencia de los distintos sectores ciudadanos, que ya observan con claridad que el Gobierno pretende ir realizando una política de estatificación que en un instante dado lo haga dueño de todos los medios de producción en Chile y, a través del control de esos medios de producción y de las radioemisoras y de la prensa, establecer lo que el señor Allende llamó el socialismo a la chilena. Ahora se ha descubierto el misterio de esta frase, que, usada como slogan, le permitió obtener votación popular en la calle. El socialismo a la chilena era un caballo de Troya en cuyo seno se ocultaban las más claras, puras y firmes líneas del marxismo, y que llega, en consecuencia, ahora que está instalado en el seno de la convivencia nacional, a vaciar la totalidad de su planteamiento, de modo que todos los sectores de chilenos saben que el Gobierno del señor Allende -Gobierno marxista, Gobierno comunista- está expresando su anhelo ideológico de controlar totalmente la vía económica nacional. Ante esto, el gremio de transportistas, que fue observando ya no sólo la inercia del Gobierno en materia de repuestos, sino que un silencioso montaje, en la provincia de Aisén o en otros organismos de la zona central, para crear una empresa estatal de transportes que, con ánimo monopólico -como lo viene expresando en la práctica conocida- iba a marginar de toda posibilidad de trabajo honesto a un gremio esforzado, quizás si por la propia naturaleza del trabajo, endurecido en el combate diario para ganar el sustento familiar, le ha salido al frente a esa asonada totalitaria, que, con una apariencia exclusiva de definiciones económicas, tiene sin embargo profundas significaciones de tipo espiritual e ideológico. Cuando se afirma que esta huelga y las que se vienen produciendo en otros gremios tienen finalidades políticas y se las acusa de sediciosas, como lo hizo el Honorable señor Luengo, cantinela repetida en forma majadera por otro representante del Partido Comunista, uno tiene la obligación de detenerse a examinar algunos de los hechos más graves e importantes, más allá de los que ya fueron denunciados. Sólo deseo ocupar tiempo a esta Corporación para referirme a un problema que se vincula a este lenguaje que hemos escuchado reiteradamente al Excelentísimo señor Allende, quien se autocalifica como la mejor muñeca de Chile. Esta mejor muñeca ocupó hace unos días, como lo hace habitualmente, una cadena de radios, y televisión. En ella el país tuvo oportunidad de escucharle sus amenazas de requisar todos los medios de transporte de ese gremio que al día siguiente no salieran a trabajar, para nunca más devolvérselos. El país sabe también que, pocas horas después, un funcionario de la Presidencia desmintió al Primer Mandatario al manifestar que esos camiones serían devueltos más tarde. Sin embargo, deseo destacar otro hecho que me parece más grave. El Excelentísimo señor Allende, defensor ayer de todas las libertades, y transformado hoy en el peor de los liberticidas, formuló otra amenaza. Lo conocimos en el Senado. Era un hombre que gozaba del respeto de todos los sectores. Firme, combativo, varonil. Por eso no resulta explicable la actitud del Mandatario de hoy cuando uno recuerda esos méritos: que un hombre ocupe una cadena de radios y televisión para, bajo la protección de toda clase de fuerzas policiales, embestir en contra de extranjeros, y notificar al país de que los extranjeros que se dediquen al transporte, al comercio o a otro tipo de actividades, él los pondrá en la frontera, violando de la manera que señalo no sólo normas legales, sino que normas internacionales. Agregó que cancelaría, por decreto, las cartas de nacionalización de aquellos extranjeros que hoy son chilenos y que, en su oportunidad, de acuerdo con nuestras leyes, debieron renunciar a su nacionalidad de origen y acogerse a la amplia y generosa protección de la legislación chilena. Esos ciudadanos, que trajeron a esta patria su esfuerzo creador y que hicieron fe en que Chile era el asilo contra la opresión, han sido notificados por Su Exelencia de que o se someten a sus consignas, anhelos e imposiciones, o él está dispuesto a cancelar sus cartas de nacionalización y transformarlos en apátridas, porque, al renunciar a su primera nacionalidad, esos chilenos nacionalizados mediante leyes y decretos, se quedan sin nacionalidad alguna. Distintos dirigentes de partidos de la Confederación Democrática hemos tomado un acuerdo en la tarde de hoy. Deseo dejar testimonio en el Diario de Sesiones del Senado de que es nuestro anhelo, como respuesta a una actitud tan increíble, decir a esos chilenos nacionalizados, o a esos extranjeros que, conforme a la ley, están viviendo bajo el cobijo de la democracia chilena, que no tengan temores; que podrá el señor Presidente de la República lanzar esas amenazas y otras más, porque en materia de lenguaje amenazante Su Excelencia se ha ido transformando en un profesional; pero que más allá de sus palabras, todo un esquema o engranaje democrático, encauzado a través de la convivencia de los partidos en este hemiciclo, en las tradiciones que hablan el lenguaje de los hombres libres, en el recuerdo de esta Sala, de los pasillos de la Corporación, de la Presidencia y Vicepresidencia del Senado, aquí en este Poder del Estado, esos extranjeros encontrarán amparo, respaldo y mano fraterna. De modo que aquél que se sienta amenazado, los que ya aparecieron en las listas y los que sordamente ya están siendo presionados, pueden venir a cobijarse en este asilo contra la opresión, en este Poder Público. Y como lo hemos hecho en otras ocasiones mediante la colaboración de otras gentes nuestras que actúan en defensa de los derechos ciudadanos, el Congreso Nacional habrá de acoger, no sólo por razones humanas, sino que también por razones internacionales respetables, a esa gente que hoy es víctima de la amenaza por parte de quien, según decía, aspiraba al primer lugar de los demócratas de Chile, para que esta nación pudiera vivir con su ciudadanía libre de temores y de miserias. Cuando un Jefe de Estado, rompiendo la tradición chilena, formula tal amenaza y su voz remonta las fronteras, que en la vida moderna van desapareciendo por los adelantos de la técnica -ya no importan ni los ríos, ni los mares, ni la cordillera-, el eco de ese lenguaje amenazante y antihumano del Jefe de la Nación debe de estar siendo comentado en el exterior en forma que, en nuestra calidad de chilenos, nos llena de vergüenza. Recogiendo el anhelo común de los hombres libres de Chile, reiteramos nuestra posición de defender en el Congreso Nacional el derecho que nacionales o extranjeros tienen dentro de nuestra libre convivencia. Junto con dejar testimonio de este pensamiento común de los partidos de la Confederación Democrática, deseo expresar, además, que duele como chilenos mirar cómo, en medio de este fárrago de acontecimientos, el Jefe de la Nación, como marginado de lo que pasa, continúa una política de la que él se siente satisfecho, y se va endureciendo. Se puede endurecer lo que él crea conveniente. Pueden sus grupos seguir injuriándonos a través de una cadena oficial, con el amparo de autoridades que están prestándose para actos lesivos a la convivencia legal de Chile; pero es inútil, más allá de esa línea de tropelías, una clara conciencia de hombres libres nos impulsa a mantener los principios que hemos jurado defender y que defenderemos hasta sus últimas consecuencias. Concedo una interrupción al Honorable señor Hamilton. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Con la venia de la Mesa, puede usar de la interrupción Su Señoría. El señor HAMILTON.- No quiero dejar pasar el extenso discurso que leyó rápidamente en esta Sala el Honorable señor Valente sin hacer algunas aclaraciones que, en alguna medida, ya se anticipó a formular el Honorable señor Duran. Aquí se está confundiendo, torpe e interesadamente, la acción que en contra de los legítimos intereses chilenos ha emprendido una compañía norteamericana, cuyas pertenencias en el país fueron legal y legítimamente nacionalizadas, con el conflicto también legítimo, por razones abisalmente diversas y que aquí se han explicado, que diferentes e importantes gremios -estudiantes, trabajadores y productores- tienen en contra de la política estatificadora que, al margen de la ley y del Congreso Nacional y a espaldas de la opinión ciudadana, está realizando el Presidente de la República y el Gobierno de la mal llamada Unidad Popular. Nadie puede tener dudas respecto de la posición que hemos tenido los demócrata-cristianos en materia del cobre. Con orgullo, reclamamos para nosotros el privilegio de haber iniciado, durante el Gobierno del Presidente Frei, el proceso nacionalizador del cobre. Reclamamos nuestra participación, al igual que todos los demás sectores políticos representados en esta Corporación y en la Cámara de Diputados, en la reforma de la Constitución Política que permitió al actual Gobierno completar tal proceso de nacionalización. Y les duela o les pese a los comunistas, porque les impide usar esta arma para sus fines proselitistas, todos los sectores políticos -yo diría aún más: todos los chilenos- hemos solidarizado no con el Gobierno ni con el señor Allende, ni con los partidos que lo acompañan, sino con los intereses profundos del país, representados por la acción del Estado para defendernos en contra de la agresión de que ha sido objeto por parte de la compañía norteamericana. Creo que no corresponde confundir tampoco -ni mucho menos exigir- la solidaridad que los chilenos entregamos en defensa de los legítimos intereses del país y del Estado de Chile, con los intereses políticos contingentes del Gobierno del Presidente Salvador Allende. Más todavía: me parece torpe la política de despreciar esta solidaridad que Chile necesita en el plano internacional, pretendiendo confundir la defensa de los intereses del Estado chileno con problemas de política interna, atinentes a asuntos de la Administración del Estado y de la conducción del Gobierno del país. Nosotros estamos discutiendo, y hemos entregado las razones, la legitimidad del Gobierno en estos momentos. Nadie desconoce que éste es el Gobierno legal del país. Nadie discute que su título, entregado por este mismo Congreso, es inicial-mente legítimo. Pero un Gobierno que engaña a la opinión pública, ocultando sus verdaderas intenciones durante la campaña electoral, que engaña al Parlamento, faltando al compromiso contraído con él solemnemente en la Reforma Constitucional, y que viola sistemática y permanentemente la Carta Suprema, la ley y el ordenamiento jurídico, es un Gobierno que deja de ser legítimo. El señor PAPIC (Vicepresidente). - Ha terminado el tiempo de que disponía Su Señoría. El señor EGAS (Prosecretario).- Ha llegado a la Mesa un acuerdo de Comités para publicar in extenso los discursos de todos los señores Senadores que intervinieron en la hora de Incidentes de esta sesión. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se levanta la sesión. -Se levantó a las 20.32. Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción. ANEXOS. 1 MENSAJE DEL EJECUTIVO, CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CREA EL CONSEJO NACIONAL DE TRABAJO Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA. Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados: Constituye un lugar común sostener que uno de los factores determinantes de la incapacidad del actual sistema penitenciario en orden a permitir la rehabilitación, radica en la imposibilidad que tiene, por su estructura, de otorgar trabajo y capacitación a procesados y condenados. De esta situación se deriva un costo social enorme que debe soportar el país, por la mantención de una población que fluctúa entre las 12.000 y las 14.000 personas, cuya gran mayoría no sólo carece de trabajo sino que tiene como posibilidad fundamental el aprendizaje o el perfeccionamiento de técnicas delictivas'. En estas circunstancias, se produce el absurdo de que los internos en los establecimientos del Servicio de Prisiones, lejos de lograr su rehabilitación, final al que aspiran -al menos teóricamente- todos los sistemas penitenciarios, logran en ellos en gran medida su integración al medio delictivo, por lo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el sistema penitenciario actual antes que ser un frente sólido de la lucha contra el delito se tiende a constituir en un bastión de éste. Para poner fin a esta situación el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha, dentro de sus Planes Anuales operativos que se están desarrollando a partir de 1971, programas de construcciones destinadas a dotar al Servicio de Prisiones de una infraestructura adecuada para el establecimiento de un nuevo sistema. Bástenos señalar a este respecto que el nivel de las inversiones programadas en cada uno de los años 1971 y 1972 se aproximan al monto de las inversiones de un sexenio en el pasado para comprender la magnitud del esfuerzo que se está realizando en este sentido. Sin embargo, y precisamente por los avances logrados en este terreno, se ha podido establecer que las actuales estructuras del sistema penitenciario, lejos de ser un instrumento adecuado para incorporar a los internos al proceso productivo, dándoles trabajo y capacitación técnica, para lograr en definitiva su rehabilitación, son un freno para el desarrollo de este proceso. En efecto, el hecho natural de que el Servicio de Prisiones sea un organismo de la Administración Central del Estado, con el régimen legal y reglamentario que a estos organismos corresponde, no lo habilita en modo alguno para contar con estructuras ágiles que permitan, en las condiciones de una economía moderna, operar adecuadamente en la producción. No podrían estos factores haber sido considerados en el pasado, en el que se pensaba en el trabajo de los internos en niveles meramente artesanales, sin una perspectiva adecuada de lo que es la relación entre el delito y la rehabilitación por un lado y el trabajo y la economía por el otro. Par a resolver todos estos problemas, y luego de un análisis de las diversas alternativas posibles, el Supremo Gobierno ha estimado que la fórmula más adecuada consiste en crear un Consejo Nacional de Trabajo y Capacitación Penitenciaria, organismo en que concurren junto a representantes del Sector Justicia, rector del sistema penitenciario, los sectores industrial y agrícola, a través de los organismos competentes tanto de la producción como en la capacitación, a fin de asegurar que el proceso de rehabilitación se logre con una plena incorporación de los internos al proceso productivo nacional. El proyecto además consulta para este Organismo facultades suficientes a objeto de conseguir la necesaria agilidad operativa tanto de sí mismo como de las unidades productivas que para procesados y condenados se creen, en términos tales que sin perjuicio del control de la Contraloría General de la República, se pueda operar, en particular por los Talleres y Colonias, sin las enormes dificultades que crea para el desarrollo de estas tareas el régimen legal y reglamentario propio de la Administración Central del Estado y no de las actividades productivas. La experiencia existente en este terreno ha demostrado que es prácticamente imposible un funcionamiento adecuado de unidades productivas sujetas a un régimen jurídico que no les es propio, razón por la cual, y a objeto de asegurar un adecuado funcionamiento de ellas se les otorgará la debida autonomía, estableciéndose un control directo de estas actividades por funcionarios de los más altos niveles del Sector Justicia, además del que corresponde a la Contraloría General de la República. Resulta útil tener presente que la fórmula propuesta en el presente proyecto de ley, sin perjuicio de constituir la resultante de estudios realizados de acuerdo a los problemas existentes en nuestra realidad penitenciaria, ha sido ya considerada, en condiciones distintas por cierto, en otras latitudes. En efecto, la labor de recopilación de antecedentes sobre política penitenciaria y sistemas de tratamiento desarrollada por la Oficina de Planificación del Ministerio de Justicia con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha permitido constatar que en la actualidad se tiende a establecer el trabajo y la capacitación de los internos como una actividad que si bien integra a los sistemas penitenciarios se desarrolla con autonomía respecto de la estructura orgánica del Servicio correspondiente. Así, podemos mencionar que en países europeos e, incluso, en los Estados Unidos, se desarrollan las actividades productivas con autonomía del aparato administrativo, existiendo en este último país una Corporación autónoma creada por ley encargada de la capacitación y el trabajo de los internos cuyo consejo superior cuenta con representantes de los Servicios de Justicia e incluso de las organizaciones sindicales. La necesidad existente en orden a establecer las normas jurídicas que permitirán realmente otorgar capacitación técnica y trabajo a los internos a fin de hacer posible su incorporación a la producción, han decidido al Supremo Gobierno a enviar al Honorable Congreso Nacional para su consideración y despacho, con el carácter de urgente, el siguiente Proyecto de ley: Artículo 1°.- Créase una persona jurídica de derecho público denominada Consejo Nacional de Trabajo y Capacitación Penitenciaria, encargada de planificar, supervigilar, coordinar y promover la organización y desarrollo de actividades productivas destinadas a proporcionar trabajo y capacitación a los procesados y condenados, estén internados o no en establecimientos del Servicio de Prisiones. Este Consejo, que se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia, será un organsimo del Estado de carácter autónomo, con patrimonio propio y su representante legal será un funcionario que con el título de Secretario General designará el Presidente de la República. Artículo 2°.- El Consejo Nacional de Trabajo y Capacitación Penitenciaria tendrá las siguientes atribuciones: a) Crear Talleres Artesanales y/o Industriales; Colonias Agrícolas y, en general, unidades productivas destinadas al logro de los propósitos señalados en el artículo anterior; b) Adquirir y enajenar bienes de cualquier naturaleza y administrarlos; c) Celebrar toda clase de actos y contratos y, en particular, convenios con organismos públicos y privados, nacionales o internacionales. En caso de celebrar convenios de créditos en su favor, éstos deberán ser autorizados por el Presidente de la República; d) Fijar las normas orgánicas y operativas, el régimen del personal y de los bienes, en particular sobre la administración de los recursos financieros de que se disponga, tanto en lo que respecta al propio Consejo como a las unidades productivas que establezca, y c) En general, realizar todos los actos que sean necesarios para el logro de las finalidades establecidas en el artículo l9. Artículo 3°.- El Consejo Nacional de Trabajo y Capacitación Penitenciaria estará integrado por: a) El Ministro de Justicia, que lo presidirá; b) El Subsecretario de Justicia, que lo presidirá en ausencia del Ministro; c) El Director General del Servicio de Prisiones; d) El Director dé la Oficina de Planificación del Ministerio de Justicia; e) Un representante de la Corporación de Fomento de la Producción; f) Un representante del Instituto Nacional de Capacitación Profesional; g) Un representante del Servicio de Cooperación Técnica; h) Un representante de la Corporación de la Reforma Agraria; i) Un representante del Instituto de Desarrollo Agropecuario; j) Un representante de la Central Única de Trabajadores de Chile, y k) El Secretario General del Consejo. Artículo 4°.- Los Talleres, Colonias y otras unidades productivas que se creen a virtud de lo dispuesto en la letra a) del artículo 2?, tendrán personalidad jurídica a partir del momento de su creación y sus facultades serán las que determine el Consejo de acuerdo a lo dispuesto en la letra d) del mismo artículo. Artículo 5º.- En la Ley de Presupuestos se consultarán anualmente los recursos necesarios para el funcionamiento del Consejo y de las unidades productivas. Artículo 6.- El Consejo y las unidades productivas tendrán la obligación de rendir cuenta anualmente a la Contraloría General de la República de la inversión de los fondos fiscales de que disponga para cada ejercicio. Artículo transitorio: Facúltase al Presidente de la República para establecer las normas que estime pertinentes a fin de incorporar las unidades productivas que actualmente existen en el Servicio de Prisiones al sistema que establece la presente ley, pudiendo con tal objeto modificar las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Facúltasele asimismo para crear un ítem especial en el Presupuesto de la Secretaría y Administración General del Ministerio de Justicia y para traspasar a él fondos del Presupuesto vigente a la fecha de promulgación de esta ley, sin que rijan para este caso las limitaciones establecidas en el D. F. L. Nº 47, de 1959. (Fdo.) : Salvador Allende G.-Jorge Tapia V. 2 OBSERVACIÓN, EN PRIMER TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE DEROGA LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE SUPRIMEN LOS DERECHOS PREVI SI O-NALES COMO SANCIÓN POR DELITOS ECONÓMICOS. Por oficio N° 14.309, de 20 de septiembre último, US. se sirvió comunicarme la aprobación por el Congreso Nacional de un proyecto de ley que contempla, además de la sustitución del artículo 79 de la ley Nº 14.852: a) la derogación de todas las disposiciones legales que establecen la pérdida o disminución del desahucio o de los derechos previsionales como sanción principal o accesoria por la comisión de delitos o infracciones administrativas o de cualquier otro carácter, sin perjuicio de la responsabilidad civil correspondiente; y b) el otorgamiento de un plazo de un año para que las personas sancionadas con la pérdida o disminución de derechos previsionales soliciten su recuperación, la que debe operar desde la fecha de la respectiva solicitud y aclarándose que el desahucio debe liquidarse a la fecha en que ha operado la destitución y ampliando el beneficio a los beneficiarios de estas personas, si hubiere fallecido. El Gobierno no tiene ninguna observación que formular al artículo 1° del proyecto, por cuanto su finalidad se encuadra en los principios de la seguridad social, que rechazan la idea de consagrar la pedida o disminución de las prestaciones como una sanción, por hechos no relacionadas con los estados de necesidad. Tampoco la tiene con respecto al artículo 2° que sustituye el artículo 7° de la ley N 14.852. El artículo transitorio del proyecto no merece reparos al Ejecutivo, sobre todo teniendo en cuenta que la recuperación de beneficios que en él se consagra no tendrá efecto retroactivo, salvo en lo que respecta a la parte final de su inciso segundo. La; aludida parte final expresa que los beneficios previsionales a que se refiere este artículo podrán ser recuperados en los términos que esta ley señala, por los beneficiarios de las personas a las cuales ella se refiere, si hubieren fallecido. Este precepto adolece de imprecisión y podría por ello prestarse a problemas de alcance imprevisible. Así, no se indica quiénes son los beneficiarios, si son los herederos del causante o sólo aquellos que eventualmente podrían haber obtenido pensiones de sobrevivencia y tampoco se aclara a qué beneficios se está refiriendo. Por las razones expresadas, y en uso de la facultad que me otorga el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en vetar la parte final del inciso segundo del artículo transitorio, después de punto seguido (.) por la siguiente: Si las personas a que se refiere este artículo hubieren fallecido, y, como consecuencia de la sanción, se hubiere privado o limitado de derecho a pensión a sus sobrevivientes, éstos podrán solicitar la recuperación del beneficio a que hubiere lugar, dentro del plazo y en las mismas condiciones indicadas en el inciso precedente, siempre que mantengan a la fecha de la solicitud el cumplimiento de los requisitos exigidos en el respectivo régimen previsional. Asimismo, el desahucio que podría haber correspondido al causante en virtud de este artículo, podrá ser reclamado por quienes posean u obtengan la calidad de beneficiarios de pensiones de sobrevivientes. Saluda atentamente a Ud. (Fdo.) : Salvador Allende Gossens.-Mireya Baltra Moreno. 3 OBSERVACIÓN DEL EJECUTIVO, EN PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL, QUE MODIFICA EL ARTICULO ' 106 DEL D. F. L. Nº 338, DE 1960, SOBRE ESTATUTO ADMINISTRATIVO, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL DESAHUCIO. Por oficio Nº 14.367, de 20 de septiembre último, US ha tenido a bien comunicarme la aprobación por el Honorable Congreso Nacional de un proyecto de ley, que modifica el artículo 106 del D. F. L. N 338, de 1960, que dispone que para la determinación del desahucio se computará el mismo tiempo válido para la jubilación, siempre que se trate de servicios efectivos por las cuales se hayan hecho imposiciones al Fondo de Seguro Social. El proyecto de ley en referencia, faculta a los funcionarios para obtener que se les computen para dicho beneficio los períodos anteriores de afiliación a Instituciones de Previsión, siempre que no hayan recibido de ellas desahucio o cualquier otra clase de indemnizaciones que comprendan esos lapsos. El Ejecutivo no concuerda en término generales con el proyecto de ley en referencia, pero está consciente de que en ciertos casos los cambios de régimen previsional producen injusticias y discriminaciones entre los trabajadores. Es así como estima que el reconocimiento de tiempo para obtener el citado beneficio, debe hacerse efectivo sólo en aquellos casos en que el cambio de régimen previsional de un grupo de trabajadores estuviere determinado por una ley y que sólo deben reconocerse aquellos período servidos en instituciones del sector público y por los cuales no se hubiere tenido derecho a otro desahucio o indemnización de cualquier especie. Por otra parte, es de opinión el Gobierno que el acogimiento debe ser obligatorio y que las imposiciones a integrar deben descontarse del respectivo desahucio; y para este efecto dichas imposiciones se calcularían aplicando la tasa del 6% establecida en la letra a) del artículo 107, tomando como base imponible la remuneración que se considere para otorgar el beneficio y presumiendo que el interesado ha gozado de rentas inferiores a dicha remuneración, según una escala descendente de un 4% por cada año. En mérito de lo anteriormente expuesto, y en uso de la facultad que me otorga el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en proponeros la sustitución del artículo único, por el siguiente: Artículo único.- Agréganse los siguientes incisos al artículo 106 del D. F. L. Nº 338, de 1960: Los funcionarios que por haber cambiado de régimen previsional en virtud de ley hayan sido incorporados al beneficio establecido en el presente párrafo, tendrán derecho a que se les reconozca para los efectos de la determinación del desahucio, el tiempo durante el cual hubieren prestado servicios efectivos computables para la jubilación en las Instituciones de la Administración del Estado, tanto central como descentralizada y siempre que dicho período no haya sido considerado para determinar otro desahucio o indemnización.. Las imposiciones que los trabajadores deban integrar para obtener el reconocimiento establecido en el inciso anterior se descontarán del respectivo desahucio. Para este efecto, dichas imposiciones se calcularán aplicando la tasa del 6% establecida en la letra a) del artículo 107, tomando como base imponible la remuneración que se considere para otorgar el beneficio y presumiéndose que el interesado ha gozado de rentas inferiores a dicha remuneración, según una escala descendente de un 4% por cada año.. Saluda atentamente a US. (Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Mireya Baltra Moreno. 4 INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO RECAÍDO EN LAS OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN PRIMER TRÁMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE OTORGA UN NUEVO PLAZO A LAS MUNICIPALIDADES PARA TRANSFERIR A SUS ACTUALES OCUPANTES LOS TERRENOS DE SU PROPIEDAD EN LOS CUALES ESTOS HUBIEREN CONSTRUIDO VIVIENDAS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros las observaciones del Presidente de la República, en primer trámite, al proyecto de ley que otorga un nuevo plazo a las Municipalidades para transferir a sus actuales ocupantes los terrenos de su propiedad en los cuales éstos hubieren construido viviendas. En efecto, el proyecto de ley observado, que consta de un artículo único, tiene por objeto, según su inciso primero, conceder un nuevo plazo de un año para que las Municipalidades ejerzan la facultad de transferir los terrenos señalados a los ocupantes que se indican. Asimismo, en su inciso segundo, dispone que, al hacer uso de dicha facultad, los municipios de las comunas que hayan sido declaradas como afectadas por el sismo del 8 de julio de 1971, podrán proceder a la aprobación definitiva de los planos de loteos y subdivisión de predios en los cuales existían de hecho, a esa fecha, poblaciones de tipo popular, aun cuando dichos predios no cuenten con la urbanización y demás requisitos exigidos por la Ordenanza General de Construcciones y Urbanización o las ordenanzas municipales respectivas y aun cuando estas poblaciones se encuentren ubicadas fuera del radio urbano de las respectivas comunas. El inciso tercero establece la gratuidad de las escrituras e inscripciones necesarias para materializar lo dispuesto en la ley Nº 15.629, que dice relación con la autorización señalada en el primer inciso. El inciso final determina que las Municipalidades respectivas deberán levantar y protocolizar planos de las poblaciones que se acogieren a los beneficios de la ley N' 15.629 y de esta iniciativa legal. Por su parte, el Presidente de la República propone la supresión de los incisos segundo y tercero, argumentando que es inconveniente no exigir urbanización de ninguna especie a aquellas poblaciones municipales ubicadas en la zona del sismo de 1971, por cuanto además de ser discriminatoria, estima que creará a los pobladores y a la comunidad numerosos problemas de urbanización muy difíciles de solucidnar posteriormente. Por otra parte, considera impracticable la gratuidad de los gastos provenientes de escrituras e inscripciones, ya que corresponderían a operaciones realizadas desde agosto de 1964, fecha de vigencia de la ley N° 15.629, disposición en la cual se estableció que en casos calificados y tratándose de personas de escasos recursos pudieran las Municipalidades hacer las transferencias de terrenos a sus ocupantes a título gratuito y que sólo pagaran el cincuenta por ciento de los derechos notariales. Vuestra Comisión de Gobierno acordó, por unanimidad, rechazar la observación que consiste en suprimir el inciso segundo de este artículo, dejándose constancia de que al mantenerse el inciso respectivo, no significa que se dejen sin efecto las obligaciones de los loteadores en relación con la urbanización y demás exigidos e insistir en el texto primitivo. En cuanto a la supresión del inciso tercero, vuestra Comisión de Gobierno acordó, por unanimidad, aprobar la observación, concordando plenamente con los argumentos del Mensaje, aparte de que por su redacción afectaría también, a la transferencia de grupos habitacionales adquiridos por intermedio de la Corporación de la Vivienda. En consecuencia, vuestra Comisión de Gobierno, tiene el honor de recomendaros adoptar los siguientes acuerdos: Rechazar la observación que consiste en suprimir el inciso segundo del artículo e insistir en el texto primitivo. (Unanimidad). Aprobar la observación que consiste en suprimir el inciso tercero del artículo. (Unanimidad). Sala de la Comisión, a 17 de octubre de 1972. Acordado en sesiones de 16 de octubre de 1972, con asistencia de los Honorables Senadores señores Valenzuela (Presidente), Baltra, García, Montes y Moreno, y de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Valenzuela (Presidente), Duran, Montes y Moreno., (Fdo.): Gustavo Yáñez Bello, Secretario. 5 INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO RECAÍDO EN LA OBSERVACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN PRIMER TRÁMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE AN-CUD PARA CONTRATAR EMPRÉSTITOS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros la observación del Presidente de la República, en primer trámite, al proyecto de ley que autoriza a la Municipalidad de Ancud para contratar empréstitos. La observación consiste en la desaprobación total del proyecto, argumentándose en el Mensaje, para tal efecto, que, de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, las corporaciones edilicias están facultadas para contratar empréstitos con instituciones bancarias o de crédito, razón por la cual, a juicio del Ejecutivo, es innecesaria la promulgación de una ley especial, que contenga autorizaciones expresas al respecto. Asimismo, expresa el Mensaje, al afectar el rendimiento de la tasa parcial del uno por mil sobre el avalúo imponible de los bienes raíces que se señala, se limita el presupuesto de ingresos ordinario municipal, procedimiento que, estima, no es aconsejable, ya que implica agravar aún más la difícil situación económica de la corporación edilicia respectiva. Vuestra Comisión de Gobierno consideró las razones invocadas en el Mensaje, y concluyó con que, si bien es cierto, las Municipalidades están facultadas para contratar empréstitos, no es menos cierto que el veto no se justifica por la misma razón, así como tampoco significa un perjuicio para las Municipalidades al afectar el rendimiento de la tasa parcial sobre el avalúo de los bienes raíces señalados. En consecuencia, vuestra Comisión de Gobierno, por unanimidad, tiene el honor de recomendaros que rechacéis la observación e insistáis en el texto primitivo. Sala de la Comisión, a 17 de octubre de 1972. Acordado en sesión de esta fecha con asistencia de los Honorables Senadores señores Valenzuela (Presidente), Duran, Montes y Moreno. (Fdo.) : Gustavo Yáñez Bello, Secretario. 6 INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO RECAÍDO EN LA OBSERVACIÓN DEL EJECUTIVO, EN PRIMER TRÁMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY N 17.332, EN LO RELATIVO A LÁ DESTINACIÓN DE DETERMINADOS RECURSOS EN BENEFICIO DE LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE CHILOE. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros la observación del Ejecutivo, en primer trámite, al proyecto de ley que modifica el artículo 3°de la ley N°17.382, en lo relativo a la destinación de determinados recursos en beneficio de las Municipalidades de la provincia de Chiloé. La observación en referencia consiste en la desaprobación total del proyecto. La letra c) del artículo 3° de la ley Nº? 17.382, establece que el treinta por ciento de los recursos provenientes del impuesto del ocho por ciento sobre el valor aduanero de las mercaderías que se internan por la provincia de Chiloé debe ponerse a disposición de las Municipalidades que quedan dentro de su territorio en la proporción que la ley señalada indica, con el objeto de destinarlo a la contratación, por intermedio del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizado, de horas-Corfo, para construir y mejorar los caminos transversales del sector rural de esa provincia. Tales horas se aportan en calidad de erogación a la Dirección General de Obras Públicas, con el fin de que ésta proporcione a su vez la inversión fiscal que corresponda. El proyecto de ley observado sustituye tal disposición por otra que tiene por objeto destinar dichos recursos exclusivamente a la realización de obras de adelanto urbanas y rurales que se determinarán anualmente por las Municipalidades que perciben tales ingresos, pudiendo, para tal efecto, suscribir con la Dirección General de Obras Públicas los compromisos que estimen convenientes. El Ejecutivo rechaza la sustitución aprobada por el Congreso Nacional por cuanto, a su juicio, la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes no podría continuar con la ejecución de caminos, ya que los fondos serían cambiados para destinarlos a obras urbanas rurales, según lo determine la Municipalidad respectiva, y, por lo tanto, el referido Ministerio no tendría participación, desvirtuándose el propósito que se tuvo al dictar la mencionada disposición legal. Vuestra Comisión de Gobierno, por cuatro votos contra uno, rechazó la observación e insistió en el texto primitivo. Los votos contrarios a la observación, corresponden a los Honorables Senadores señores Baltra, García, Moreno y Valenzuela, y el voto a favor del veto, al Honorable Senador señor Montes. Sin perjuicio de la votación emitida, el Honorable Senador señor Montes dejó constancia de que se reservaba el derecho a cambiarla en la Sala, previa consulta a los organismos pertinentes. En consecuencia, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros que rechacéis la observación e insistáis en el texto primitivo. Sala ele la Comisión a 17 de octubre de 1972. Acordado en sesión de ayer, con asistencia de los Honorables Senadores señores Valenzuela (Presidente), JBaltra, García, Montes y Moreno. (Fdo.) : Gustavo Yáñez Bello, Secretario. 7 INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO RECAÍDO EN LA OBSERVACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN PRIMER TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE EXIME A LOS ALCALDES DE LA OBLIGACIÓN DE RENDIR CUENTA DE LOS GASTOS DE MOVILIZACIÓN Y REPRESENTACIÓN CUYO MONTO SEA INFERIOR A DOS SUELDOS VITALES MENSUALES. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros la observación del Presidente de la República, en primer trámite, al proyecto de ley que exime a los Alcaldes de la obligación de rendir cuenta de los gastos de movilización y representación cuyo monto sea inferior a dos sueldos vitales mensuales. El proyecto de ley observado consta de un artículo único que modifica el artículo 43 de la ley Nº 11.860 en el sentido de obligar a los Alcaldes de las Municipalidades del país, con excepción de los designados por el Presidente de la República, a rendir cuenta de los gastos de movilización y representación respecto de aquella parte en que éstos excedan de dos sueldos vitales mensuales escala A) del departamento de Santiago, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones legales que limitan los gastos municipales. La observación del Ejecutivo tiene por objeto eliminar de la disposición aprobada a los Alcaldes designados por el Presidente de la República, por cuanto, de acuerdo con tal disposición, éstos quedarían obligados a rendir cuenta de la totalidad de los gastos de movilización y representación, lo que constituye una discriminación totalmente injustificada. En atención a las consideraciones anotadas, vuestra Comisión de Gobierno, por unanimidad, acordó aprobar la observación en estudio. En consecuencia, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros que aprobéis la observación del Presidente de la República. Sala de la Comisión, a 17 de octubre de 1972. Acordado en sesión de ayer, con asistencia de los Honorables Senadores señores Valenzuela (Presidente), Baltra, García, Montes y Moreno. (Fdo.) : Gustavo Yáñez Bello, Secretario. 8 INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS QUE REGULARIZA LA SITUACIÓN DE LOS SUBOFICIALES DE LA PLANTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que regulariza la situación de los suboficiales de la Planta Administrativa del Servicio de Correos y Telégrafos. La iniciativa en estudio tiene por objeto sancionar legalmente una situación de hecho ya aceptada y aprobada por la Dirección General del Servicio de Correos y Telégrafos, cual es, que los actuales suboficiales que cumplen labores de Oficiales pasarían, a través de una planta paralela y transitoria, a incorporarse a la Planta de Oficiales a medida que en ella se produzcan vacantes hasta llegar a su incorporación total como Oficiales. La situación producida ocurrió por la falta de personal de la nomenclatura de Oficiales en el Servicio de Correos y Telégrafos, donde se encuentra actualmente efectuando sus servicios personal de la Planta de Suboficiales, quienes desarrollan tal labor contraviniendo disposiciones legales vigentes, no obstante su desempeño, que es altamente satisfactorio. Por otra parte, es evidente y de fácil apreciación, que en dicho Servicio existen diversos escalafones para las distintas nomenclaturas que lo configuran, los que cumplen funciones similares y muchas veces paralelas, situación que movió a la Dirección del Servicio de Correos y Telégrafos a estudiar, junto con las autoridades del Ministerio del Interior y con el personal ejecutivo competente e idóneo del Ministerio de Hacienda, una solución de fondo a este problema tendiente a salvar esta anomalía y a normalizar el trabajo y la gestión de este personal de suboficiales. Vuestra Comisión de Gobierno, en conocimiento de estos antecedentes y ante la certeza de que no significa gasto fiscal, por unanimidad, le dio su aprobación. En consecuencia, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros la aprobación del proyecto de ley en estudio, en los mismos términos propuestos por la Honorable Cámara de Diputados. Sala de la Comisión, a 17 de octubre de 1972. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Valenzuela (Presidente), Duran, Montes y Moreno. (Fdo.) : Gustavo Yáñez Bello, Secretario. 9 INFORME DE LA COMISIÓN DE GOBIERNO RECAÍDO EN LAS OBSERVACIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN SEGUNDO TRÁMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY N 17.377, SOBRE TELEVISIÓN NACIONAL, Y QUE OTORGA FINANCIA-MIENTO A LAS RADIOEMISORAS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros las observaciones del Presidente de la República, en segundo trámite, al proyecto de ley que modifica la ley Nº 17.377, sobre Televisión Nacional, y que otorga financiamiento a las radioemisoras. El texto de las referidas observaciones consta en el Boletín Nº 26.389. La Honorable Cámara de Diputados rechazó todas las observaciones en estudio e insistió en el texto primitivo, y rechazó la que tiene por objeto anteponer una frase inicial en el inciso décimo del artículo 3?. En seguida, haremos un breve análisis de las observaciones en referencia. El artículo 1? del proyecto aprobado por ambas ramas del Congreso Nacional introduce una modificación al artículo 2? de la ley Nº '17.377, agregando entre aquellas instituciones que pueden establecer, operar y explotar canales de televisión en el territorio nacional, a la Universidad Católica de Valparaíso. La observación consiste en rechazar este artículo por las razones contenidas en el texto del Mensaje. Vuestra Comisión de Gobierno puso en votación la referida observación, la que fue rechazada por cuatro votos contra uno. Votaron por el rechazo del veto los Honorables Senadores señores Baltra, García, Moreno y Valenzuela, y, a favor del veto, el Honorable Senador señor Montes. Con la misma votación se insistió en mantener el texto aprobado por el Congreso Nacional. El artículo 3? del proyecto aprobado por ambas ramas del Congreso Nacional establece un impuesto de dos centésimos de escudos por kilowatt hora generado por los concesionarios productores de energía eléctrica, con el objeto de financiar a las radioemisoras y empresas periodísticas que señala. El Ejecutivo observó la disposición en estudio reemplazando el referido financiamiento con gravámenes a las actividades comerciales relacionadas directamente con las empresas beneficiadas. Es así como el referido impuesto de dos centésimos de escudo por kilowatt hora generado por los concesionarios productores de energía eléctrica se sustituye por un impuesto del 10% sobre los avisos que se contraten en diarios y periódicos que se publiquen en el departamento de Santiago y de un 5% sobre los avisos que se contraten con concesionarios de estaciones de radiocomunicaciones de una potencia de 10 o más kilowatts, aunque sean, además, titulares de otra u otras concesiones de inferior potencia, cualquiera que sea la ciudad donde funcionen. Asimismo, el proyecto establece que el producto del impuesto deberá depositarse en una cuenta especial en el Banco del Estado de Chile, por los productores de energía eléctrica, dentro de los quince días del mes siguiente, de acuerdo con la producción del mes anterior. Esta disposición es reemplazada por otra que determina que el producto del impuesto deberá ser depositado en la referida cuenta especial por los representantes legales de los diarios, periódicos y radioemisoras señalados precedentemente. 'El producto del impuesto establecido en el proyecto del Congreso Nacional, está destinado a bonificar mensualmente a- todas las radioemisoras del país y empresas periodísticas, propietarias de diarios, que editen 10.000 o menos ejemplares por día, y a las propietarias de periódicos que tengan una edición mínima semanal de 5.000 ejemplares y que tengan un personal, respecto del cual paguen imposiciones previsionales, no inferior a cinco, excluyéndose expresamente a los diarios y periódicos del departamento ele Santiago y a los diarios murales. Tal bonificación es distribuida en proporción a las remuneraciones imponibles que hayan pagado las emisoras y las empresas periodísticas en el mes de junio de 1972, y en los casos en que estén constituidas en empresas personales, dé trabajadores o en cooperativas, recibirán la bonificación en proporción a la cantidad que hayan distribuido como remuneración fija o retiro a cuenta de utilidades o excedentes durante junio de 1972, eximiéndose del goce de dicha bonificación las emisoras y empresas periodísticas que reciban subvención o aporte estatal en forma directa o indirecta. Por otra parte, ordena que el impuesto que se establece sea reajustado al 31 de diciembre de cada año en la misma proporción que el índice de precios al consumidor determinado por el Instituto Nacional de Estadística. Además, dispone que las radioemisoras, mientras reciban la bonificación referida, estarán sujetas a las mismas normas que establece el artículo 33 de la ley N1? 17.377 para los canales de televisión, vale decir, que deberán destinar gratuitamente, al menos una hora diaria de programa a intervenciones o programas preparados por los representantes de los partidos políticos que presenten candidatos. El Ejecutivo, reemplaza la distribución aprobada por el Congreso Nacional, por otra que bonifica a los concesionarios de radiocomunicación de una potencia inferior a 10 kilowatts, instaladas y en funcionamiento al 30 de junio de 1972 y que destinen como mínimo el 10% de sus espacios diarios a programas de carácter cultural, sin publicidad, divididos en bloques de a lo menos media hora de duración, excluyéndose a aquellos concesionarios que ocupen para sus transmisiones canales internacionales o que posean estaciones que sean filiales de otras, de una potencias superior a la señalada, y a las empresas periodísticas existentes al 30 de junio de 1972, con excepción de aquellas que en esa fecha, por sí o por medio de filiales, editaban diarios o periódicos en el departamento de Santiago, y diarios murales, para cuyos efectos, establece que se entiende por filiales las radioemisoras, diarios y periódicos que pertenezcan en proporción mayoritaria a las mismas personas naturales o jurídicas, y las que formen parte de cadenas de radioemisoras o de empresas periodísticas. Asimismo, destina un 10% del producto del impuesto para las empresas periodísticas que tienen derecho a la bonificación, y el remanente a los concesionarios de estaciones de radiocomunicaciones que también tienen tal derecho. Asimismo, reemplaza aquella disposición aprobada por el Congreso Nacional que exime del goce de la bonificación a las emisoras y empresas periodísticas que reciban subvención o aporte estatal en forma directa o indirecta, por otra que establece que, no obstante las limitaciones señaladas precedentemente, tendrán derecho a la bonificación los concesionarios de estaciones de radiocomunicación que no contraten ni difundan propaganda comercial o política. Además, el Ejecutivo suprime la disposición que establece el reajuste anual del impuesto establecido. Vuestra Comisión de Gobierno, con la misma votación anterior, rechazó estas observaciones e insistió en los textos primitivos.. En cuanto a la disposición aprobada por el Congreso Nacional que sujeta a las radioemisoras a las normas de destinar gratuitamente, al menos una hora diaria de programa a intervenciones o programas preparados por los representantes de los partidos políticos que presenten candidatos, el Ejecutivo le antepone una frase que, aparentemente, pretende dejar aplicable la disposición en estudio, sin perjuicio de que las empresas periodísticas, de cinematografía o de radiodifusión no puedan cobrar por la propaganda electoral de los partidos políticos o de los candidatos, tarifas superiores a las ordinarias vigentes durante los seis meses anteriores a la respectiva elección. Sin embargo, esta consideración es meramente especulativa, en razón de que la cita que enuncia la proposición del Ejecutivo no concuerda con el texto de la disposición legal a que hace referencia. La Comisión, con la misma votación anterior, rechazó esta observación. El artículo 49 aprobado por ambas ramas del Congreso Nacional, consolida las deudas que las empresas radiodifusoras o periodísticas tengan, a la fecha de la ley, con las instituciones de previsión, y condona los intereses y multas devengados estableciendo un sistema de convenio de pago en favor de tales empresas. El Ejecutivo propone suprimir esta disposición argumentando que dicha norma altera la legislación vigente, contenida en la ley Nº 17.822, y constituye una modificación de los regímenes provisionales, lo que lo lleva a considerar que no puede ser de iniciativa parlamentaria en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 45 de la Constitución Política del Estado, que concede exclusivamente al Presidente de la República la atribución de proponer la modificación de los regímenes previsionales o de seguridad social. Además, expresa el Ejecutivo en su Mensaje, redundaría en una mayor anarquía en materia previsional y equivaldría a una nueva discriminación en ese aspecto, ya que existe un régimen general de convenios para el pago de imposiciones atrasadas, contenido en la ley N 17,322, que es común a todos los empleadores, sosteniendo que no existe razón para dar un trato diferente a un grupo de ellos. Agrega el Mensaje que, precisamente por los tratamientos de excepción que se han otorgado en diversas oportunidades, existe un verdadero vicio en este aspecto, que, estima, es de alcances peligrosos y que no puede repetirse. Con la misma votación señalada precedentemente, vuestra Comisión de Gobierno rechazó la observación e insistió, en el texto primitivo. El artículo 5° aprobado por ambas ramas del Congreso Nacional modifica los artículos 72 y 114 de la Ley General de Servicios Eléctricos aumentando de seis meses a dos años el plazo en que un concesionario de radiodifusión debe realizar las obras de mejoramiento que la Dirección le haya ordenado, para que dicha concesión no sea declarada caducada por el Presidente de la República; autorizando al concesionario para reclamar de la ilegalidad del decreto de caducidad en referencia según las normas que establece; concediendo un descuento del 25% de los consumos de las estaciones de radiodifusión por concepto de energía eléctrica, igual al que se otorga a los consumos de oficinas, reparticiones y servicios fiscales y municipales; y prorrogando por diez años a contar de los respectivos vencimientos las concesiones de estaciones de radiodifusión que se encuentren operando. El Ejecutivo sólo acepta aumentar de seis meses a un año plazo de los concesionarios para efectuar las obras de mejoramiento antes referidas. En relación con este mismo artículo el Ejecutivo rechaza las demás enmiendas aprobadas por el Congreso Nacional. Para sostener sus observaciones al respecto, expresa en su Mensaje que la ampliación a dos años señalada, es manifiestamente exagerada ya que, a su juicio, perjudicaría el nivel técnico de la radiotelefonía nacional. Por otra parte el otorgamiento y caducidad de concesiones de radiodifusión corresponde exclusivamente al Presidente de la República y el procedimiento de reclamación por causa de ilegalidad del decreto de caducidad altera el principio de la separación de los poderes públicos que sirve de base a nuestro ordenamiento jurídico. Agrega el Mensaje, que, entregar a la justicia ordinaria el conocimiento de las reclamaciones en contra de un acto administrativo significa contravenir elementales principios de derecho, y facultar a dichos tribunales para sustituir la declaración de caducidad por una multa en caso de desestimarse la reclamación, equivale a reducir las facultades del Presidente de la República permitiendo que el tribunal equipare un incumplimiento grave que afecta a la esencia de la concesión, a aquellas transgresiones ordinarias que el artículo 173 de la misma ley sanciona precisamente con multa. En seguida, expresa que, a juicio del Ejecutivo, no existe razón para conceder descuentos a las radiodifusoras en las tarifas de energía eléctrica, por cuanto son empresas comerciales privadas, con fines de lucro. En relación con la prórroga de las concesiones de radiodifusión que se encuentren operando, expresa que el artículo 80 de la misma disposición legal establece que con cuatro años de anticipación a su vencimiento deben presentarse proyectos de ampliación, mejoras o nuevas instalaciones a fin de optar a una nueva concesión, en razón del deterioro que deben sufrir los equipos instalados y el atraso técnico de las instalaciones, dado el permanente avance de la técnica, razones que lo hacen estimar la improcedencia del contenido de la disposición en estudio, aparte de que su aplicación impediría a los organismos estatales velar por la idoneidad y eficacia técnica de la radiodifusión nacional. Vuestra Comisión de Gobierno, con la misma votación anterior, rechazó las observaciones comentadas e insistió en mantener los textos primitivos. El artículo 6? deroga el decreto del Ministerio del Interior Nº 4.581, publicado en el Diario Oficial de 23 de febrero de 1950, que fijó el texto definitivo del Reglamento de Transmisiones de Radiodifusión, y deja sujetas a las estaciones de radiodifusión, en cuanto a sus transmisiones, a las disposiciones de la ley Nº 16.643, sobre Abusos de Publicidad. El Ejecutivo rechaza esta disposición manifestando que la propiedad de los canales de radiodifusión corresponde al Estado, el cual puede otorgar concesiones a personas naturales o jurídicas a fin de que los exploten comercialmente. Agrega que ésta es una actividad que propende a instruir, informar y entretener, aspectos que indudablemente, a su juicio, deben estar bajo el cuidado de los organismos estatales, capaces de hacerlos cumplir y, a la vez, capaces de propender al desarrollo de la cultura a través de la actividad radial. Hace presente que el Reglamento de Radiodifusión, que se pretende derogar, contiene los elementos para realizar en cierta medida esta labor y es el único medio que tiene el Estado para estos efectos. El citado Reglamento, dice, entrega al Estado facultades irrenunciables que le permiten ejercer un control sobre los roles educativos y culturales que deben imperar en las transmisiones radiales. Vuestra Comisión de Gobierno, con la misma votación anterior, rechazó esta observación e insistió en el texto primitivo. El artículo 7° establece la distribución equitativa entre todos los medios publicitarios o de difusión que existan en el país, los ítem de propaganda o de publicidad contemplados en los presupuestos de las empresas, servicios u organismos del Estado, y las cantidades que inviertan en propaganda las empresas del área social, mixta o sometidas a intervención. Asimismo, dispone que dentro de esta distribución ningún medio publicitario o empresa dedicada a tal actividad podrá obtener contratos de propaganda que importen gastos superiores al 25% del ítem anual de propaganda de cada Servicio, empresa o repartición del Estado, y que la distribución se hará en proporción al número de empleados y obreros que emplee cada uno de los órganos publicitarios cuando se trate de distribuir dichos ítem en ciudades o provincias en que exista más de un medio y órgano de publicidad. El Ejecutivo rechaza tal disposición, por cuanto existe, a su juicio, imposibilidad práctica de cumplirla, ya que no es dable imponer a un grupo discriminado de organismos y empresas la obligatoriedad de contratar su propaganda en todos los órganos de difusión del país. Vuestra Comisión de Gobierno con la misma votación anterior, procedió a rechazar esta observación y a insistir en el texto primitivo. En consecuencia, vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de recomendaros adoptar los siguientes acuerdos: Artículo 1° Rechazar la observación e insistir en el texto primitivo. (Acuerdo adoptado por cuatro votos contra uno). Artículo 3° Rechazar la primera observación e insistir en el texto primitivo. (Acuerdo adoptado por cuatro votos contra uno). Rechazar la segunda observación e insistir en el texto primitivo. (Acuerdo adoptado por cuatro votos contra uno). Rechazar la tercera observación e insistir en el texto primitivo. (Acuerdo adoptado por cuatro votos contra uno). Rechazar la cuarta observación e insistir en el texto primitivo. (Acuerdo adoptado por cuatro votos contra uno. Rechazar la quinta observación e insistir en el texto primitivo. (Acuerdo adoptado por cuatro votos contra uno). Rechazar la sexta observación. (Acuerdo adoptado por cuatro votos contra uno). Artículo 4° Rechazar la observación e insistir en el texto primitivo. (Acuerdo adoptado por cuatro votos contra uno). Artículo 5° Rechazar la primera observación e insistir en el texto primitivo. (Acuerdo adoptado por cuatro votos contra uno). Rechazar la segunda observación e insistir en el texto primitivo. (Acuerdo adoptado por cuatro votos contra uno). Rechazar la tercera observación e insistir en el texto primitivo. (Acuerdo adoptado por cuatro votos contra uno). Rechazar la cuarta observación e insistir en el texto primitivo. (Acuerdo adoptado por cuatro votos contra uno). Artículo 6° Rechazar la observación e insistir en el texto primitivo. (Acuerdo adoptado por cuatro votos contra uno). Artículo 7° Rechazar la observación e insistir en el texto primitivo. (Acuerdo adoptado por cuatro votos contra uno). Sala de la Comisión, a 16 de octubre de 1972. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Valenzuela (Presidente), Baltra, García, Montes y Moreno. (Fdo.): Gustavo Yáñez Bello, Secretario. 10 INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN LAS OBSERVACIONES FORMULADAS AL PROYECTO QUE MODIFICA LA LEY Nº 17.377, SOBRE TELEVISIÓN NACIONAL, Y FINANCIAMIENTO DE RADIOEMISORAS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Hacienda tiene a honra informaros de las ob-observaciones formuladas al proyecto sobre modificaciones de la ley Nº 17.377, sobre televisión nacional, y financiamiento de radioemisoras. Vuestra Comisión sólo se pronunció acerca de las observaciones formuladas al artículo 3° del proyecto aprobado por el Congreso Nacional. El citado artículo 39 establece un impuesto con el objeto de otorgar financiamiento a las radioemisoras y a determinadas empresas periodísticas. E] referido impuesto es de dos centésimos de escudo (E° 0,02) por kilovatio-hora generado por los concesionarios productores de energía eléctrica. Esta materia fue observada por Su Excelencia el Presidente de la República, quien, en el veto, propone reemplazar el financiamiento antes señalado con gravámenes sobre los avisos que se contraten en determinados diarios y periódicos o que se contraten con concesionarios de estaciones de radio de una potencia igual o superior a diez kilovatios. Establece el proyecto aprobado por el Congreso Nacional que los productores de energía eléctrica deberán depositar en el Banco del Estado el rendimiento del impuesto antes señalado. El Ejecutivo propone, en concordancia con la observación anterior, que deberán ser los representantes legales de diarios, periódicos y radioemisoras quienes depositen el producto del impuesto que Su Excelencia el Presidente de la República propone en reemplazo del aprobado por el Congreso Nacional. Asimismo el Ejecutivo propone reemplazar el destino de I03 impuestos mencionados, y suprimir el reajuste de ellos. Toda esta materia está convenientemente explicada en el informe de Vuestra Comisión de Gobierno, lo que nos exime de la obligación de analizar más detenidamente la observación en estudio. Después de un detenido examen de la observación formulada al artículo 3?, vuestra Comisión, por unanimidad, rechazó el veto de Su Excelencia el Presidente de la República e insistió en el texto primitivo aprobado por el Congreso Nacional. En consecuencia os propone adoptar idéntico pronunciamiento. Sala de la Comisión, a 17 de octubre de 1972. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Acuña y Aylwin. (Fdo:): Carlos Hoffmann Contreras, Secretario. 11 INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, RECAÍDO EN LA OBSERVACIÓN FORMULADA AL PROYECTO DE LEY QUE DESTINA FONDOS A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE DEPORTES SUBMARINOS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Hacienda tiene el honor de informaros respecto de la observación formulada por el Ejecutivo al proyecto de ley que destina fondos a la Federación Nacional de Deportes Submarinos. El referido proyecto de ley destina, por partes iguales, la suma de Eº 5.000.000 a la Federación Nacional de Deportes Submarinos y al Club Santiago Wanderers de Valparaíso, para que dichos fondos sean invertidos en las finalidades que les son propios, con cargo a los excedentes de la cuenta F-48, Sorteo Nacional de Boletas de Compraventas y Servicios. Vuestra Comisión de Hacienda tuvo a bien aprobar el referido financiamiento en razón de las informaciones proporcionadas por el Departamento de Planificación del Servicio de Impuestos Internos, según el cual existe un excedente mensual de Eº 4.000.000, provenientes de la cuenta F-48. Las obligaciones que afectan esos recursos ascienden para todo el año 1972 a sólo E° 7.294.258. A la fecha de aprobación del proyecto de ley existía un excedente no comprometido, de la cuenta F-48, del orden de Eº 27.000.000, resultando perfectamente aceptable como fuente de financiamiento del proyecto. El Ejecutivo observó la iniciativa aprobada por el Congreso Nacional, argumentando que los excedentes de la cuenta F-48 ya se encuentran consultados para el financiamiento de otras leyes, por lo que propone suprimir su artículo único. Vuestra Comisión, después de un detenido estudio, y basándose en los antecedentes proporcionados por el Departamento de Planificación del Servicio de Impuestos Internos, por unanimidad, rechazó el veto de Su Excelencia el Presidente de la República e insistió en el texto primitivo aprobado por el Congreso Nacional. En consecuencia, os propone adoptar idéntico pronunciamiento. Sala de la Comisión, a 17 de octubre de 1972. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Acuña y Aylwin. (Fdo.) : Carlos Hoffmann Contreras, Secretario. 12 INFORME DE LA COMISIÓN DE DEFENSA NACIONAL RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS, QUE MODIFICA LA-LEY Nº 15.593, QUE ORGANIZO EL CONSEJO COORDI-'NADOR DE ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Defensa Nacional tiene el honor e informaros el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, con urgencia calificada de simple, que modifica la ley NT