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- rdf:value = " El señor
AYLWIN.-
El Honorable señor Gumucio, primero, en forma velada, y después directamente, al emplazársele a actuar en forma responsable, me ha imputado un hecho que no puedo aceptar: una actitud hipócrita, tartufesca, según sus palabras, en virtud de la cual lo que el Senador que habla estaría buscando en estos días al apoyar el movimiento gremial como miembro del Partido Demócrata Cristiano, colectividad política que lo está apoyando en su integridad, sería derrocar al Gobierno, alterar el orden constitucional de la República.
No puedo dejar pasar en silencio una acusación de esta especie, porque, desde luego, importa la afirmación del más grave delito que se pueda imputar a un miembro del Congreso Nacional y a un hombre de principios democráticos.
Los Senadores democratacristianos, como todos los miembros de nuestro partido, hemos demostrado, a través de largos años de actuación política, que jamás hemos pretendido utilizar procedimientos extra-constitucionales. En esta materia tenemos una trayectoria absolutamente clara.
La ceguera del oficialismo.
Lo que asombra es la ceguera de algunos sectores políticos para no ver las cosas.
Días atrás, en un programa de televisión, yo citaba declaraciones hechas el 21 de mayo pasado por el Honorable señor Teitelboim al diario La Prensa. En ellas el señor Senador hacía presente que cada vez que hay movimientos sociales, cada vez que los gremios se agitan, que se producen conflictos, es una ceguera y una torpeza pretender resolver el asunto mediante medidas meramente administrativas o represivas, o negarse a ver el fondo que siempre hay: una angustia económica y una inquietud profunda que sirven de fundamento de estos movimientos.
¿Qué ha estado ocurriendo en Chile? Que hay caos económico, que el costo de la vida se eleva en términos desorbitados, que las familias están angustiadas, que hay desabastecimiento y escasez, que la gente que desea trabajar no encuentra repuestos, que durante dos años no se ha invertido en nuestro país, sino que nos hemos estado comiendo las reservas que tenía Chile; que la producción se está paralizando. Junto con todo esto, estamos viendo el intento del Ejecutivo que pretende, a toda costa, estatificar toda la economía.
El actual Gobierno decía, en un principio, que actuaba contra los grandes monopolios, contra los imperialistas y los latifundistas, y que había que distinguir entre el enemigo principal y el enemigo secundario, que serían las clases medias. Afirmaba también que a esta última, a los pequeños y medianos burgueses, había que tratar de tenerlos contentos y a su lado en la lucha contra el enemigo principal. A pesar de esto, ¿qué ha ocurrido? Que el sectarismo y el odio contra todo lo que sea hombre de clase media y trabajador independiente, y el afán de tomar la totalidad del poder en sus manos, han llevado a la Unidad Popular, a través de múltiples medidas, a enfrentar a todos los gremios. A los transportistas, que son gente de clase media, trabajadores, que en su enorme mayoría manejan sus propios camiones, se les ha tratado de frenar y de controlar por todos los medios, y, al mismo tiempo, se ha tratado de crear en forma paralela la empresa estatal de transportistas. A los comerciantes se ha pretendido tenerlos en su mano mediante el control monopólico de la distribución de productos por DINAC, tratando de matar a la única empresa distribuidora que ellos querían crear como cooperativa, la antigua CODINA, para tener otro cauce de distribución. A los empleados bancarios también se pretende someterlos, mediante la banca única, al mismo control estatal, y también a los campesinos, evitando la constitución de asentamientos y negando la asignación de tierras, lo que, en definitiva, hace que surjan en Chile, desde distintos sectores, voces de personas desesperadas que, ante estas situaciones, plantean sus problemas.
Restablezcamos el orden constitucional.
Al respaldar estos planteamientos, la Democracia Cristiana no está buscando el derrocamiento del Gobierno, sino que éste oiga alguna vez, que abra los ojos y que, si verdaderamente es democrático, entienda la voluntad popular y responda a ella. Nuestro partido pudo haberse cruzado de brazos frente a este movimiento y haber dejado que otros, que podrían abrigar intenciones golpistas, tomaran su conducción. Pero la Democracia Cristiana creyó de su responsabilidad interpretar el sentido de las grandes mayorías, que están desesperadas ante la política totalitaria y nefasta del Gobierno, que está hundiendo y destruyendo a nuestro país, y conduciéndolo a la dictadura al suprimir y violar diariamente derechos y, prescindiendo de la gran mayoría del país, pretende imponerles una verdad y negarles todo derecho a expresar la suya. Pues bien, la Democracia Cristiana ha creído que debía ponerse de parte de esa gran mayoría y encauzar el movimiento existente.
En el programa de televisión del domingo pasado, al que se me invitó para participar en un debate con el Honorable señor Teitelboim -a mi juicio, como personas que podríamos expresar razonamientos serenos frente a los problemas que están ocurriendo en Chile-, me llamó extraordinariamente la atención que mis palabras no tuvieran respuesta favorable cuando hice un planteamiento sobre esta materia y dije que lo que el país espera en este instante no es represión, como tampoco derribar al Presidente Allende; que se trata de un movimiento gremial que no persigue alterar el orden constitucional de la República, sino restablecerlo; que la salida frente a la angustia existente en el país y a la división odiosa que se está produciendo entre los chilenos es la elección parlamentaria de marzo próximo, para que el país decida democráticamente, porque el pueblo es el árbitro soberano en una democracia, y que si se cree en ella, debe dejarse que el pueblo decida.
Se dice: Esperemos la elección. Pero, ¿en qué condiciones? Una elección libre, un pronunciamiento democrático libre, implican necesariamente crear el clima adecuado para ello.
Condiciones para la definición democrática.
Recuerdo que hace muchos años, cuando existía el viejo diferendo chileno-peruano sobre Tacna y Arica, un general extranjero que estaba a cargo de la preparación del plebiscito dijo que no había clima plebiscitario, La verdad es que en Chile la Unidad Popular ha llegado a crear un clima que no es el de definición democrática libre. ¿Por qué? Por la muy sencilla razón de que está utilizando todos los medios de poder para negar acceso a la opinión pública, a los sectores que discrepan de ella. Por medio de la política de clausurar radios y de asfixia económica de esos medios de difusión; por medio del manejo del Canal Nacional de Televisión, contrario a la Constitución y a la ley; por medio de la pretendida estatificación de la Papelera con el fin de controlar los diarios mediante la distribución del papel; por medio del cercamiento y asfixia económica de toda la clase media empresarial chilena -el pequeño agricultor, el pequeño industrial, el pequeño comerciante, el pequeño artesano-; por medio de la persecución de los profesionales independientes; por medio de la destrucción de las organizaciones sindicales campesinas y gremiales, cuando no son absolutamente incondicionales al Gobierno; en resumen, mediante el abuso del poder y utilizando la violencia y la amenaza, se pretende atemorizar al país.
¿A qué conduce toda esa política? A que en estas condiciones no pueda haber elección libre, definición democrática. Por eso, nosotros hemos hecho un llamado al Gobierno y a los políticos que lo apoyan, llamado que reiteramos en este instante.
El Honorable señor Gumucio, que se atreve a disparar a la bandada pretendiendo herir a personas a las cuales no tiene derecho a herir, no puede olvidar el ejemplo de la historia de un hombre, de su padre, que siempre fue respetuoso de la Constitución y de la ley. Pues bien, yo llamo a los Senadores de la Unidad Popular, que hablan de democracia y de libertad, a los que la sienten de verdad, a los que creen en el sistema de derecho y a los que dicen creer en él, que sean consecuentes con sus palabras. Yo los llamo a que habrán los ojos ante lo que está ocurriendo en Chile y que busquen una salida. Nadie les pide transigir en el Programa. Nadie les pide que dejen de realizar su aspiración de construir el socialismo en Chile. Pero no pretendan hacerlo por la fuerza o por métodos coactivos; y escuchen democráticamente la opinión mayoritaria del pueblo. ¿Por qué se han negado al plebiscito? ¿Porque no han querido que el país decida sobre las tres áreas de la economía, recurriendo a toda clase de subterfugios para evitar el pronunciamiento legislativo sobre el proceso de estatificación?
Si el Presidente de la República piensa que las elecciones de marzo próximo serán el plebiscito, como lo ha señalado en reiteradas oportunidades, hagamos el esfuerzo de crear las condiciones para que en esa oportunidad el pueblo decida libre y soberanamente.
Pero para que el pueblo decida libremente es necesario que la gente llegue en libertad a las elecciones. Y eso no sucederá si nosotros no vamos a tener radios a través de las cuales expresarnos, ni diarios para ese mismo fin, ya que se clausura a aquellas, se las somete a cadena obligatoria o a la asfixia económica, y nadie que discrepe del Gobierno puede decir su verdad al pueblo. Este sólo es informado desde un ángulo, sobre la base de mentiras, como ha estado ocurriendo estos días, escudando esta conducta bajo el amparo de las Fuerzas Armadas.
Muy responsablemente quiero decir algo sobre este punto. Nosotros respetamos a las Fuerzas Armadas. Creemos...
El señor LUENGO.-
No las respetan.
El señor AYLWIN.-
¡No tiene derecho a negar que las respetamos!
El señor LUENGO.-
¡Han dicho muchas cosas contra las Fuerzas Armadas!
El señor AYLWIN.-
Estoy razonando con serenidad, y no le admito su impertinencia.
El señor LUENGO.-
Señaló que bajo el amparo de las Fuerzas Armadas se está mintiendo. Esa afirmación es una falta de respeto a esos institutos.
El señor AYLWIN.-
Voy a explicar.
El señor LUENGO.-
¡Ahora va a explicar...!
El señor AYLWIN.-
Mantengo lo que he dicho.
Utilización de las Fuerzas Armadas.
Se distrae a las Fuerzas Armadas de sus funciones específicas y se usa de ellas para fines...
El señor TEITELBOIM.-
Eso es una injuria.
El señor MONTES.-
Eso es una injuria.
El señor AYLWIN.-
No es una injuria a las Fuerzas Armadas. Es una acusación a quienes tratan de usarlas.
En este país los institutos armados han tenido prestigio precisamente de ser celosos guardianes de la Constitución y de la ley.
El señor VALENTE.-
Siguen teniéndolo, señor Senador.
El señor AYLWIN.-
Sí. Siguen teniéndolo.
¿Me permite desarrollar mi pensamiento?
Tienen ese prestigio porque se lo han ganado y lo merecen. En 1939, en una reforma de la ley de Elecciones, se estableció que los procesos electorales se realizarían en Chile bajo la tuición de las Fuerzas Armadas. Pues bien, han cumplido esa misión con una altura ejemplar y todo el país ha podido confiar en ellas, porque las ha visto actuar en resguardo de la ley y hacer respetar el derecho de todos, sin discriminación.
En los últimos tiempos el país ha presenciado cómo un sector de la ciudadanía, el que ha llegado al Gobierno, recuerda constantemente la trágica muerte, el vil asesinato del General Schneider, soldado ejemplar a quien todos recordamos y cuyo holocausto todos condenamos. Sin embargo, al recordar a este soldado lo hace como si fuera bandera de unos pocos chilenos contra otros chilenos; y ha empezado un intento sistemático de utilizar el prestigio de las Fuerzas Armadas para cubrir tras ellas acciones manifiestamente arbitrarias o ilegales de las autoridades administrativas.
Situación legal de las cadenas de radioemisoras.
En el caso a que se ha referido el Honorable señor Pablo, yo fui uno de los que conversaron hace poco más de una semana -el lunes de la semana pasada- con el señor Comandante en Jefe del Ejército, General Prats, acerca de la cadena obligatoria de radioemisoras. Nos dijo en esa oportunidad que se había adoptado tal medida a petición de él por la autoridad administrativa correspondiente, la Secretaría General de Gobierno.
Al recordar estas cosas, no creo incurrir en infidencia, porque no se pidió a quienes ahí concurrimos guardar sigilo, y ha sido público y notorio lo que ahí se dijo. Cuando hicimos presente al Comandante en Jefe que la cadena era ilegal, porque el reglamento en virtud del cual se estableció estaba derogado, según dictamen de la Contraloría, el General Prats nos contestó que él no conocía ningún dictamen, sino una opinión del Contralor y que, en todo caso, las Fuerzas Armadas no son los árbitros de lo que es legal y constitucional y que para ello existen otros organismos en el Estado.
Pues bien, con posterioridad a esa entrevista la Contraloría ha vuelto a pronunciarse ratificando su criterio, y luego ha emitido un dictamen muy claro -por petición de los Senadores Bulnes, Juliet y el que habla- en el que establece cuáles son las atribuciones de los Jefes de Plaza y de las autoridades militares en esta materia, al mismo tiempo que consigna que la Oficina de Informaciones de la Presidencia de la República y la Secretaría General de Gobierno no tienen facultades en la actualidad para establecer cadenas, y prescribe que los Jefes de Plaza sí poseen esa facultad, dentro de ciertos límites y para ciertos efectos. Y el Contralor dispuso que se remitiera copia de ese dictamen al señor Jefe de Plaza.
Es decir, ya un órgano constitucional de la República, llamado a dar opinión sobre lo que es constitucional y legal, ha señalado y transcrito oficialmente a la autoridad militar el criterio jurídico sobre la materia. Entonces, tenemos derecho a pedir al señor Comandante en Jefe del Ejército que sea consecuente y no se convierta en árbitro de lo que es legal o ilegal, y habiendo dado su dictamen el organismo llamado por la Constitución y la ley a decir lo que es legal en esta materia, desde el punto de vista administrativo, proceda conforme a los criterios señalados por la Contraloría General de la República.
Ese es el motivo de nuestra queja. Y con todo el respeto que profesamos a las Fuerzas Armadas -al Ejército, a la Armada, a la Aviación y al Cuerpo de Carabineros-, creemos que ningún hombre en Chile, como en toda democracia, puede estar libre del juicio público. Y así como se enjuicia a los jueces, también los altos jefes de los institutos armados tienen la obligación de someter sus actos a la Constitución y la ley; y cuando se salen de ella o incurren en errores, éstos deben serles señalados por la opinión de quienes tenemos alguna responsabilidad en el destino democrático de Chile.
Ruego al señor Presidente que me excuse por haberme extendido en una materia enteramente ajena a la que yo hubiera querido tratar en esta oportunidad. Pero me he visto obligado a ello a raíz de las palabras del Honorable señor Gumucio al imputarme en forma personal una actitud que él, en el fondo de su conciencia, sabe que yo no tengo, porque me conoce.
Hemos tenido muchas discrepancias con Su Señoría; pero así como yo no le lanzaría a él la injuria de llamarlo complotador, tengo el derecho a que no me injurie diciendo que yo estoy amparando alguna especie de sedición.
Responsabilidad del Presidente de la República.
Lo que nosotros estamos diciendo es que si el Presidente de la República no abre los ojos y no ve la realidad; si se deja seguir siendo manejado por quienes lo informan falsamente y lo inducen a decir por cadena nacional de radio y televisión, a todo Chile, cosas que lo ponen en ridículo, se seguirá perdiendo la confianza en él. Porque contarles a los talquinos, Curicanos y linarenses que en Chile todo está en calma, en circunstancias de que en Curicó, Talca y Linares están paralizadas todas las actividades -no hay una tienda donde comprar; no hay un micro que se mueva, y todo está detenido-; decirles a las dueñas de casa que todo se encuentra en calma, que todo es normal, y tratar de minimizar y reducir todo al problema de los miguelitos es ignorar el problema profundo que está ocurriendo en el país y poner al Presidente de la República en la picota del ridículo.
Uno de los problemas graves que está sufriendo el país es que al Primer Mandatario, que un día dijo no ser Presidente de todos los chilenos, sino sólo de una fracción de ellos, Chile le ha perdido toda la confianza, ya no le cree. Y ello porque ha dicho tantas cosas que no corresponden a la realidad y ha sido tantas veces desmentido en los hechos por las actuaciones de su Gobierno y por sus propios actos, como ha ocurrido, por ejemplo, con su más solemne juramento, con sus palabras en esta misma Sala antes de ser elegido, con sus declaraciones reiteradas a la prensa nacional y extranjera y con sus discursos conmovedores al país. Y pienso que lo más grave que puede ocurrir a una democracia es que el pueblo pierda confianza en sus mandatarios.
Por eso pedimos en esta hora que los hombres de la Izquierda marxista chilena y los militantes de partidos y hombres de formación democrática que están a su lado y participan en el actual Gobierno, y el Presidente de la República, que .durante 24 años fue un parlamentario que se forjó en las lides de la democracia y que siempre se ha enorgullecido de ello, abran los ojos, vean la realidad y actúen en consecuencia.
Que el pueblo decida libremente.
No pretendan imponerse abusando del Poder, usando resquicios legales, torciendo la nariz a la ley, prescindiendo de la Constitución Política, desconociendo la voluntad del Parlamento y la opinión de la mayoría de los chilenos. No pretendan imponer a la fuerza la voluntad de una minoría, sino que creen las condiciones para que democráticamente este país, conforme a su tradición de 160 años de vida independiente, y no con la excepción de una guerra civil, sino con la norma jurídica en la mano, siguiendo el camino de la Constitución y de la ley, decida en marzo próximo, democráticamente, si quiere el camino que está imponiendo la Unidad Popular o quiere otro.
He oído al Senador del Partido Comunista señor Teitelboim decir que ellos quieren la salida democrática, la elección, aunque la pierdan. Estimo que, si son sinceros, deben crear las condiciones para ello, es decir restablecer en este momento la paz en el país. No son tales condiciones una tregua que signifique sacrificar su programa; son, sí, el reconocimiento de la Constitución y de la ley como norma de conducta; el respeto a las Fuerzas Armadas como árbitros imparciales, capaces de mantener el orden y el libre ejercicio de los derechos de todos los sectores, para que el pueblo, libremente, informado por todos, teniendo todos acceso a la prensa, a la radio y a la televisión, en igualdad de condiciones, escuche y decida serenamente, no amenazado ni amordazado, sino en forma libre y democrática, el destino de libertad y democracia que, estoy, seguro, la inmensa mayoría de los chilenos quiere para nuestra patria.
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