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- rdf:value = " El señor MONTES.-r
¡ No es así! El señor CARMONA.-Sí, señor. ¡Así es! Y el General señor Prats ha asumido la responsabilidad de decir que él pidió la cadena radial.
Es necesario restablecer la situación que ordenan la Constitución y la ley.
Contesto al Honorable señor Gumucio preguntándole cómo es posible justificar esa cadena, diciendo que los hechos la han impuesto para evitar un enfrentamiento. ¿Acaso el día de mañana, por evitar un enfrentamiento, vamos a prorrogar esa cadena hasta el día mismo de la elección, hasta el 3 de marzo, porque los hechos aconsejarían mantenerla? Señor Presidente, por muy buenos argumentos que se den, estas consideraciones de hecho no pueden colocarse por encima de las disposiciones muy claras de la Constitución y de la ley. Por tal razón, hemos pedido que se reflexione acerca de estos errores que se cometen, porque la ciudadanía también está cansada de oír manifestaciones y confesiones públicas de parte de personeros y dirigentes de la Unidad Popular, y aun de los mismos gobernantes del país, reconociendo que se han cometido errores, que son responsables de una serie de cosas, principalmente del caos económico y de la falta de producción agrícola. He visto declaraciones muy categóricas del Secretario General del Partido Comunista, SenadorLuis Corvalán, diciendo que el sectarismo nuestro es el que impide que haya una solución y un manejo adecuado de nuestros minerales de cobre. Y denunció como el más grande sectarismo el que se ha estado practicando en el mineral de Chuquicamata. ¿Cómo, después de hacer este reconocimiento público de los errores, no se hacen las rectificaciones del caso? Esto es lo único que está pidiendo el país en estos instantes.
Por eso, queremos decir al señor Carlos Prats González- y éste es el sentido de nuestra intervención- que él también debe advertir, con la cuota de responsabilidad que le atribuye el Gobierno, la posición de error y de equivocación en que se ha colocado el propio Ejecutivo, que tiene al borde del enfrentamiento a este país, porque la falta de noticias, la prolongación de esa cadena obligatoria de emisoras es un hecho extraordinariamente grave y un atentado a principios muy fundamentales. El país teme con pavor que el día de mañana, valiéndose de este precedente, el Gobierno, pueda tomar decisiones políticas que guarden relación con los medios de comunicación e incluso con el propio curso del proceso electoral del país.
Tenemos, pues, perfecto derecho a manifestar estas prevenciones, porque la situación es grave y se trata de una materia de alto alcance político que nada tiene que ver con las funciones de nuestras Fuerzas Armadas.
También quiero referirme a las palabras del General señor Prats por las que expresó que ni al Ejército ni a él corresponde calificar la constitucionalidad o legalidad de las medidas. Es cierto. Indudablemente, nosotros no queremos una Fuerza Armada ni un Ejército que dijeran: Señor, creo yo que ésta es la manera de interpretar la Constitución y la ley. Esta es la manera de aplicar las leyes en el país. Así entiendo la Constitución. No queremos que el Ejército ni las Fuerzas Armadas caigan en eso. ¡Pero pongámonos la mano sobre el corazón y preguntémonos si ahora no está en peligro el país de que esto suceda!
Los organismos correspondientes deben interpretar y hacer respetar la ley; interpretarla de manera correcta; adecuar la Constitución a la vida contingente del país. Sin duda alguna, el pronunciamiento de tales organismos debe ser respetado por las Fuerzas Armadas y muy principalmente por el Comandante en Jefe del Ejército. En el caso que nos preocupa, ha habido un pronunciamiento de los Tribunales de Justicia. La Contraloría General de la República, poder contralor por excelencia de nuestra nación, ha emitido tres dictámenes. El Congreso Nacional tomó una decisión referente a esta misma materia:
La Cámara de Diputados aprobó una acusación constitucional contra el Intendente de Bío-Bío, precisamente porque respecto de esta materia consideró que no subsistía el reglamento de radiodifusión. Y ayer, el Senado, con el quórum requerido por el Reglamento y la Constitución, condenó y declaró culpable a ese funcionario. ¿No son éstos los organismos competentes, dentro de los Poderes del Estado, para, actuando conforme a las normas constitucionales, haber tomado tales resoluciones, que deben respetarse?
Esta situación no puede continuar. Por ello, no me asombra que al discutirse un proyecto de ley relacionado con las Fuerzas Armadas, hayamos caído en este debate, porque la inquietud del país y de la opinión pública en general es muy grande. E indudablemente que este Poder del Estado, el Congreso Nacional, tiene que reflejar ese estado de ánimo de todo el pueblo de Chile. Pedimos a los hombres que son responsables de la conducción de este país que reflexionen sobre eso y que realmente rectifiquen, porque quien rectifica asume una conducta moral que le da más autoridad ante el país. Esto se logra cuando se reconoce un error y no cuando se persiste en él. Cuando se insiste en la arbitrariedad, se abre la puerta a un enfrentamiento que nadie desea.
De ahí que, al pedir esta rectificación, estemos cumpliendo un alto deber como parlamentarios de la Oposición, que deseamos realmente la pacificación de nuestro país.
El Honorable señor Moreno me ha pedido una interrupción.
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