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El señor FIGUEROA (Secretario).-
Observación del Ejecutivo, en primer trámite constitucional, al proyecto que destina recursos a la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción.
La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Aguirre Doolan y Silva Ulloa, recomienda a la Sala desecharla e insistir en la iniciativa que aprobó el Congreso.
La discusión está pendiente.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los señores Aguirre Doolan, Jerez, Montes y Pablo):
En primer trámite, sesión 38, en 25 de julio de 1972.
En tercer trámite, sesión 54, en 22 de agosto de 1972.
Observaciones:
En primer trámite, sesión 1ª en 3 de octubre de 1972.
Informes de Comisión:
Hacienda, sesión 46ª, en 2 de agosto de 1972.
Hacienda (veto), sesión 32ª, en 8 de noviembre de 1972.
Discusión:
Sesiones 47ª, en 7 de agosto de 1972 (se aprueba en general y particular), y 33ª, en 8 de noviembre de 1972 (discusión veto).
El señor PALMA (Presidente).-
En la discusión general y particular, ofrezco la palabra.
El señor PABLO.-
Señor Presidente, mediante el proyecto observado se destinan recursos a la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción para permitirle ampliar las posibilidades de práctica médica de los estudiantes, cuyo número ha aumentado en los últimos años. Se efectuarán obras de ampliación en los hospitales de Linares, Chillán y Bío-Bío, porque los medios con que se cuenta en Concepción son insuficientes, dado el alto número de educandos.
La iniciativa fue presentada por los Honorables señores Aguirre Doolan, Montes y Jerez, y por el Senador que habla. Propusimos financiarla con cargo a los mayores recursos producidos en virtud de la aplicación de la ley de Reajustes de comienzos de este año. Calculamos que la aplicación de esta ley arrojaba un superávit de más de 22 millones de escudos. Y, como nos basamos en una inflación de 20%, pensamos que el rendimiento del impuesto a la compraventa y de los demás tributos posibilitaba en exceso el financiamiento del proyecto en debate. En estas condiciones, lo aprobaron la Cámara y el Senado.
El Ejecutivo lo vetó y estableció, para financiarlo, tributos que gravan a los habitantes de la provincia de Concepción, en circunstancias de que las obras se harán fuera de ella.
Por otro lado, como en dicha provincia se forman médicos que prestan sus servicios a lo largo de todo Chile y no sólo en la zona, parece injusto el financiamiento que propuso el Gobierno. Además, los fondos provenientes de la aplicación de esos tributos se recaudarán en el transcurso del próximo año, por lo cual, a raíz del ritmo que alcanza la inflación, habrá menos fondos que los indispensables para cumplir la finalidad perseguida. A principios de año calculamos que los excedentes de la ley de Reajustes alcanzarían en julio de este año a 20 millones de escudos, y es posible que en junio de 1973 se produzca una cantidad igual mediante el gravamen que el Ejecutivo, mas, por efectos de la inflación, ello equivaldrá a no más de 5 millones de escudos de comienzos de este año. En consecuencia -repito-, el financiamiento sugerido por el Gobierno es injusto.
El mayor ingreso que con motivo de la inflación origine el impuesto a la compraventa, permite concluir que el proyecto, con el procedimiento que sugirió el Congreso, está financiado. Por lo demás, sólo se concede una autorización, y el Ejecutivo podrá usar de ella cuando lo estime conveniente.
El señor VALENTE.-
Señor Presidente, el Gobierno vetó el proyecto aprobado por el Parlamento que destina, para financiar un plan de expansión y regionalización de la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción, la suma de 20 millones 500 mil escudos. Se funda el veto en que el gasto que irroga la iniciativa no puede financiarse con el excedente de la ley 17.654 -ley de Reajustes vigente para el año 1972-, porque él no existe.
Tengo a la mano el cuadro Nº 11 incluido como anexo en la exposición sobre el estado de la Hacienda Pública que hizo esta mañana el Ministro del ramo ante la Comisión Mixta de Presupuestos, donde se plantea que la ley 17.654, al 30 de octubre de 1972 arroja un déficit de ingreso equivalente a 7 millones 700 mil escudos; vale decir, no sólo no existen excedentes, sino que hay déficit.
El Ejecutivo propone financiar el proyecto mediante un recargo de 10% al impuesto de primera categoría de la ley de la Renta que corresponde pagar a los contribuyentes de la provincia de Concepción cuyo capital efectivo sea de un millón de escudos o más; y recargando en 10% el impuesto territorial de los bienes raíces ubicados en la provincia de Concepción cuyo avalúo sea superior a 12 sueldos vitales anuales, o sea 260 mil escudos al año, aproximadamente. Así se financia en mejores condiciones el referido plan.
Creemos que el ánimo del Ejecutivo ha sido otorgar un financiamiento real al plan de expansión y regionalización de la Escuela de Medicina de la Universidad de Concepción, por lo cual rechazó el financiamiento ilusorio propuesto en la iniciativa del Congreso, pues no existe el excedente de 20 millones 500 mil escudos.
Estimamos que la provincia de Concepción y el plan señalado se benefician con el veto, porque entrega un financiamiento, real. No hay duda de que gravará a algunos sectores de la zona. Pero, en todo caso, se trata de la captación de un impuesto dentro de la propia zona para financiar obras de la provincia de Concepción que se realizarán por intermedio de la Escuela de Medicina dependiente de la Universidad local.
En consecuencia, aprobaremos la observación, por estimar que resuelve en mejor forma que la iniciativa del Congreso el problema económico de la Universidad de Concepción motivado por el plan de obras en referencia.
El señor PABLO.-
No desearía hacer mención de algo bastante ingrato. Sin embargo, como se han planteado las cosas en ese terreno, lo haré.
El 19 de octubre de 1972 se publicó en el Diario Oficial una ley -su autor fue el Diputado por la provincia de Concepción señor Tomás Solís-, mediante la cual se autoriza a la Empresa de Ferrocarriles del Estado para transferir ciertos terrenos al Club Fernández Vial de Concepción. Con el Honorable señor Aguirre Doolan, cuando se discutió la iniciativa pertinente en el Senado, formulamos una indicación en virtud de la cual se destinaban 5 millones de escudos con cargo a los mayores ingresos provenientes de la aplicación de la ley 17.654. Dicha iniciativa se transformó en ley posteriormente, porque quienes la patrocinaron tenían interés en ayudar a esa entidad deportiva.
En esa oportunidad -de ello no hace un mes- no se hizo valer la observación que en este instante se formula. Pero ahora, cuando se propone el mismo financiamiento, no se acoge la petición.
Por último, la iniciativa que nos ocupa involucra una autorización de gastos para el Ejecutivo, y no cabe duda de que la necesidad es real. Autorizado el gasto, el Gobierno puede girar, y en el hecho lo está haciendo todos los días, con cargo a recursos que existen o que no existen. Eso lo sabemos bien.
Lo importante es que tanto el Rector de la Universidad de Concepción como las autoridades de dicho plantel están convencidos de que el financiamiento propuesto por el Ejecutivo significa darles en número la misma suma, y en poder adquisitivo real, la quinta parte de lo que efectivamente se solicitó en julio del año pasado.
Por eso, nosotros insistiremos en nuestro criterio y, desde luego, anuncio nuestro voto contrario a la observación.
El señor GUMUCIO.-
¿Me permite, señor Presidente?
Creo que el Honorable señor Pablo está equivocado, porque el proyecto, al decir que el gasto se imputará a un excedente que no existe, no pasa de ser un volador de luces. Al promulgarse la ley, la Contraloría tendría que exigir la certificación de que existe el excedente. Si no es así, el gasto no puede imputarse a ítem alguno.
En segundo lugar, sabemos que la ley de Reajustes está en definitiva incorporada a la de Presupuestos, porque cada año los funcionarios de las respectivas plantas de los diferentes servicios aparecen en el rubro correspondiente del Presupuesto con la renta que corresponde al sueldo reajustado.
En tercer lugar, el déficit fiscal está determinado por el de la ley de Presupuestos y el de la de Reajustes. Y nadie ha discutido que tal déficit existe.
Por lo tanto, el Congreso no está cumpliendo la obligación constitucional de financiar una ley. Y lo más lógico para hacerlo es indicar claramente cuáles son los nuevos recursos de que se dispone para ello.
No niego, por cierto, lo afirmado por el Honorable señor Pablo en el sentido de que ha habido corruptela en esta materia y, en general, se ha aceptado la idea de cargar gastos a una ley de Presupuestos futura. Pero tal práctica constituye un absurdo al cual, afortunadamente, se le puso término. En todo caso, el hecho de que haya habido una corruptela con el sistema de financiar leyes con entradas que no existen, no obliga a seguir en ella.
Por eso, me parece mucho más directo aceptar el financiamiento que propone el Ejecutivo. Lo otro, aun cuando permite quedar bien ante los interesados por haber dado el voto favorable a una indicación o a un proyecto, carece de seriedad, pues no se indican los recursos para costear el beneficio que se pretende otorgar.
En lo relativo al aporte de cinco millones de escudos que la iniciativa asigna al Club Fernández Vial de la misma ciudad, entiendo que también se imputará al excedente de la ley 17.654. ¿No es así? ¿Se refiere, efectivamente, a la ley de Reajustes?
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
No, al excedente que produzca esa ley.
El señor VALENTE.-
Al excedente que produzca el impuesto a las compraventas.
El señor PABLO.-
Lo que ocurre es que se calculó una inflación de 20%, y ésta llegó a 130%. Por consiguiente, como automáticamente han subido todos los impuestos y también el financiamiento, hay mayor ingreso.
Sin embargo, en un caso se acepta este financiamiento, y en el otro, no.
El señor VALENTE.-
¿Me permite, señor Presidente?
Aun cuando no quiero pecar de majadero, deseo repetir lo que aparece en un cuadro explicativo del déficit fiscal en moneda nacional, al 30 de octubre de 1972, que tengo a la mano. A esa fecha, por el menor rendimiento de algunas leyes como la de Reajustes, dicho déficit alcanzó a 15 millones de escudos. Por consiguiente -repito-, no hay tal excedente y la obra no se concretará, porque no se dispondrá de dinero.
Como bien dijo el Honorable señor Gu-mucio, cuando la Contraloría informe cuál es el superávit, dirá que es cero, y que en lugar de excedente habrá déficit.
En otras palabras, el autor de la iniciativa sólo habrá conseguido crear ilusiones en la gente de Concepción, porque no se dispondrá de recursos para atender el beneficio que se pretendió dar. En cambio, el Ejecutivo propone un financiamiento real y que rinde más de 20 de millones de escudos, porque en el artículo 4º dispone que del rendimiento que se obtenga mediante la aplicación de las disposiciones precedentes, se destinen 20 millones 500 mil escudos para las obras de la Universidad de Concepción. En consecuencia, se trata de un financiamiento estable y efectivo que regirá para todo el año 1973, en forma excepcional.
Me parece que la mejor manera de ayudar a dicho plantel de enseñanza superior consiste en aprobar ese planteamiento, porque es justo, mucho más realista y no constituye una mera utopía, como lo es lo aprobado por el Congreso.
El señor PABLO.-
El déficit fiscal que acaba de señalar el Honorable señor Valente no dice relación al rendimiento de la ley 17.654, porque aquél corresponde al déficit general del Gobierno. El problema consiste en saber si la ley mencionada rindió lo calculado por el Ejecutivo. Y la verdad es que ha rendido sobradamente.
En seguida, el financiamiento que sugiere el Ejecutivo también es un volador de luces, pues no hay cálculo ni antecedente alguno que indique el rendimiento de los mayores impuestos que propone. La verdad es que no se tiene mayor conocimiento sobre el particular, y sólo se sabe que se entregará con posterioridad y en moneda desvalorizada un aporte que es fundamental y necesario ahora.
Ayer recibí una comunicación de Yungay mediante la cual se me informa que en el Hospital de Huépil están trabajando dos señores de nacionalidad uruguaya, quienes, a pesar de no haber acreditado el título de médico, están actuando como tales. He puesto estos antecedentes en conocimiento del Colegio Médico para que se estudien los antecedentes del caso.
Todos sabemos que el país necesita contar con mayor número de esos profesionales, y que se habla de traerlos de Cuba, de España, de distintas partes del mundo. Y cuando aquí se plantea la necesidad de otorgar recursos a un plantel de enseñanza superior como es la Universidad de Concepción, para que ésta pueda desarrollar con mayor eficiencia sus funciones docentes, el propio Ejecutivo pone dificultades. Más aún, esta necesidad se hizo presente al Gobierno en julio del año pasado; vinieron a la capital delegaciones de estudiantes para mover este asunto, en atención a que no se escuchaban sus demandas. Y ahora, cuando se pide la autorización legal correspondiente para enfrentar el gasto, lo único que se contesta es que el proyecto está desfinanciado.
Una vez autorizado el gasto, lo único que tiene que hacer el Gobierno es proporcionar los recursos, si es que realmente desea ayudar a esa universidad en el cumplimiento de su programa.
El señor PALMA (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
El Comité Comunista ha pedido aplazamiento de la votación.
El señor PALMA (Presidente).-
Queda aplazada la votación.
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