REPÚBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACIÓN OFICIAL.
LEGISLATURA 317º, EXTRAORDINARIA.
Sesión 41º, en martes 21 de noviembre de 1972.
Ordinaria.
(De 16.15 a 20.12).
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE, Y LUIS PAPIC RAMOS, VICEPRESIDENTE.
SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA.

ÍNDICE.
Versión taquigráfica.
I.- ASISTENCIA		1485
II.- APERTURA DE LA SESIÓN	1485
III.- TRAMITACIÓN DE ACTAS	1485
IV.- LECTURA DE LA CUENTA	1485
V.- ORDEN DEL DÍA:
Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que modifica los artículos 39, 56 y 72 de la Carta Fundamental (se aprueba en particular)		1486
VI.- TIEMPO DE VOTACIONES:
Publicación de discursos	1517
VII.- INCIDENTES:
Peticiones de oficios (se anuncian)	1517
Elección de autoridades de la Universidad de Concepción (observaciones de los señores Aguirre Doolan y Pablo)	1527	y	1534
Incautación de carne en camino longitudinal del Sur (observaciones del señor Acuña)	1532
Problemas de la pequeña y mediana minerías. Oficio (observaciones del señor Noemi)	1535
Anexos.
1.- Informe de la Delegación de Senadores que concurrió a la 60º Conferencia Interparlamentaria, celebrada en Roma, en el mes de septiembre de 1972	1539

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA.

I.- ASISTENCIA.

Asistieron los señores:

Acuña Rosas, Américo
Aguirre Doolan, Humberto
Aylwin Azocar, Patricio
Ballesteros Reyes, Eugenio
Campusano Chávez, Julieta
Carmona Peralta, Juan de Dios
Contreras Tapia, Víctor
Chadwick Valdés, Tomás
Duran Neumann, Julio
Ferrando Keun, Ricardo
Foncea Aedo, José
Fuentealba Moena, Renán
García Garzena, Víctor
Gormaz Molina, Raúl
Gumucio Vives, Rafael Agustín
Hamilton Depassier, Juan
Ibáñez Ojeda, Pedro
Irureta Aburto, Narciso
Jerez Horta, Alberto
Juliet Gómez, Raúl
Lorca Valencia, Alfredo
Luengo Escalona, Luis Fernando
Miranda Ramírez, Hugo
Montes Moraga, Jorge
Moreno Rojas, Rafael
Musalem Saffie, José
Noemi Huerta, Alejandro
Olguín Zapata, Osvaldo
Pablo Elorza, Tomás
Palma Vicuña, Ignacio
Papic Ramos, Luis
Prado Casas, Benjamín
Reyes Vicuña, Tomás
Rodríguez Arenas, Aniceto
Silva Ulloa, Ramón
Tarud Siwady, Rafael
Valente Rossi, Luis
Valenzuela Sáez, Ricardo, y
Von Müblenbrock Lira, Julio.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamala.
Se abrió la sesión a las 16.15, en presencia de 29 señores Senadores.

II.- APERTURA DE LA SESIÓN.

El señor PALMA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III.- TRAMITACIÓN DE ACTAS.

El señor PALMA (Presidente).- Se da por aprobada el acta de la sesión 35, que no ha sido observada.
Las actas de las sesiones 36º y 37º quedan en Secretaría a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
(Véase en el Boletín el acta aprobada).

IV.- LECTURA DE LA CUENTA.

El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor EGAS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Informes.
Uno de la Delegación de Senadores que concurrió a la 60º Conferencia Interparlamentaria Mundial, celebrada en Roma, entre el 21 y el 29 de septiembre de 1972 (véase en los Anexos, documento 1).
Queda a disposición de los señores Senadores.

Comunicaciones.

Una del señor Presidente del Consejo General del Colegio de Abogados, con la que formula observaciones a algunas disposiciones del proyecto de ley que beneficia al personal subalterno del Poder Judicial.
Se manda agregarla a sus antecedentes.

V.- ORDEN DEL DÍA.

MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS 39, 56 Y 72 DE LA CAUTA FUNDAMENTAL.

El señor FIGUEROA (Secretario).- En primer término, corresponde votar en particular el proyecto de reforma constitucional iniciado en moción del Honorable señor Pablo, mediante el cual se modifican los artículos 39, 56 y 72 de la Carta Fundamental. La votación de este asunto se encuentra aplazada.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de Reforma Constitucional (moción del señor Pablo):
En primer trámite, sesión 8º, en 15 de junio de 1971.

Informes de Comisión:
Legislación, sesión 22, en 20 de julio de 1971.
Legislación (segundo), sesión 34º, en 30 de noviembre de 1971.

Discusión:
Sesiones 9º, en 27 de octubre de 1971; 31º, en 23 de noviembre de 1971; 32º, en 24 de noviembre de 1971 (se aprueba en general); 35º, en 1° de diciembre de 1971, y 62º, en 1º de marzo de 1972.

El señor GUMUCIO.- Pido la palabra para plantear un cuestión previa, señor Presidente.
El señor PALMA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para conceder la palabra al Honorable señor Gumucio a fin de plantear una cuestión previa a la votación.
Acordado.

El señor GUMUCIO.- Me parece que la importancia que reviste una reforma constitucional justificaría otorgar tiempo adicional para fundar el voto, aparte los cinco minutos que nos corresponden según el Reglamento. En consecuencia, propongo, si hay acuerdo de la Sala para ello, extender este lapso a diez minutos.
El señor PALMA (Presidente).- Si la parece a la Sala, se acogerá la indicación del Honorable señor Gumucio, a fin de que los señores Senadores que así lo deseen puedan usar de la palabra hasta por diez minutos para fundar su voto.
El señor MONTES.- En la primera enmienda.
El señor BALLESTEROS.- ¿Por una sola vez?
El señor PALMA (Presidente).- Exacto. Por una sola vez.
El señor MONTES.- Pero sin perjuicio del tiempo correspondiente para fundar el voto en las demás modificaciones.
El señor PALMA (Presidente).- Desde luego: sin perjuicio de los cinco minutos de que dispondrán los señores Senadores en cada una de las otras votaciones.
Acordado.

El señor FIGUEROA (Secretario).- En primer término, la Comisión de Constitución propone, en su segundo informe, lo siguiente:
En la letra c) del número 1, que ha pasado a ser letra d), reemplazar su frase inicial c) En la letra e), por la siguiente: d) En la letra e), que pasa a ser f), y sustituir la conjunción y que aparece al final de esta letra, por un punto.
De la letra d) de este mismo número 1, que ha pasado a ser letra c), reemplazar el encabezamiento por el siguiente: c) Intercalar la siguiente letra e), nueva:
Asimismo, la Comisión recomienda sustituir por una letra e) la letra f) que antecede a las palabras Del General-Director, y reemplazar el punto final por la expresión y.
Todas estas son enmiendas de forma.

El señor PALMA (Presidente).- En votación las enmiendas mencionadas, que se refieren al número 1.
(Durante la votación).
El señor MONTES.- Los Senadores comunistas queremos expresar nuestra opinión respecto de este proyecto de reforma constitucional en su conjunto.
A nuestro juicio, las distintas disposiciones que se proponen en esta iniciativa tienden a reforzar las atribuciones del Congreso en perjuicio de las que tiene el Presidente de la República. Pensamos que se trata de un intento de modificar todo el sistema político vigente mediante enmiendas parciales a la Constitución, por las que se otorga un mayor poder al Parlamento. Al respecto, creemos que una modificación constitucional de este significado debería discutirse en el marco de una concepción general, distinta de la de ahora, puesto que la Ley Fundamental del Estado está concebida, evidentemente, como un todo, como un conjunto con ciertos rasgos generales que consagran un régimen presidencial que sucesivas enmiendas constitucionales, a lo menos hasta 1970, han robustecido. Por lo tanto, estimamos que mediante una iniciativa de carácter parcial como ésta, tal como lo señalaba al comienzo de mis palabras, no cabe ir modificando todo el sistema y restando atribuciones al Presidente de la República para ampliar las del Parlamento. Opinamos que un criterio de esa naturaleza debería plantearse - repito - en el marco de una concepción general distinta, si lo que se desea es cambiar el sistema que consagra nuestra Carta Fundamental. Nosotros partimos de ello para concluir que las enmiendas propuestas en este proyecto no están de acuerdo con nuestro criterio, porque se trata de llevar a cabo una idea de esta naturaleza sobre la base de una situación política que puede ser transitoria, cual es la de tener mayoría la Oposición actualmente en el Congreso. Si sobre esta base patrocinamos modificaciones constitucionales que vayan poco a poco drenando el contenido mismo del sistema establecido en la Constitución Política, con el objeto de consagrar en determinado período el predominio de una mayoría dada en el Parlamento, a mi juicio no estaremos actuando con la seriedad debida desde el punto de vista de lo que significa la Ley Fundamental del Estado.
Por ejemplo, vemos que mediante la primera modificación propuesta en este proyecto se agrega a ciertos funcionarios a los que se puede acusar constitucionalmente por las causales que se señalan en la Constitución, en virtud de la denominada atribución primera del artículo 39. Así, se propone una disposición según la cual la Cámara de Diputados, con la firma de diez de sus miembros, puede acusar constitucionalmente a los funcionarios civiles nombrados con acuerdo del Senado, con excepción de los embajadores y miembros del cuerpo diplomático. Es decir, a este juicio político quedarían sometidos, entonces, funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República, que éste nombra con el acuerdo de esta Corporación, como por ejemplo, el Director del Servicio Nacional de Salud, entiendo que el Director del Registro Electoral y otros.
En seguida, se agrega a esta misma norma otra idea: la de que se pueda acusar constitucionalmente al Director General de Carabineros y al Director General de Investigaciones, aunque con algunas diferencias en cuanto a los fundamentos que existen actualmente en la Constitución Política respecto de las acusaciones de otros personeros, o sea, infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes y notable abandono de deberes. A nuestro juicio, no corresponde incluir a estos funcionarios entre las personas que pueden ser acusadas constitucionalmente, ya que ellos no cumplen funciones políticas, sino tareas esencialmente técnicas que, desde el punto de vista profesional, no están ligadas a problemas de política contingente. De lo contrario, podría producirse una verdadera distorsión, si consideramos la responsabilidad técnico-profesional que los Directores de Carabineros y de Investigaciones tienen en el desempeño de sus funciones.
Además, repito, se propone una modificación que amplía las causales de acusación respecto de estos funcionarios.
En seguida, quisiera referirme, muy rápidamente, a la disposición que prohíbe designar en cualquier cargo u oficio público, durante los dos años siguientes al pronunciamiento respectivo, a los funcionarios que el Senado haya declarado culpables una vez conocidas las acusaciones entabladas por la Cámara. Nos parece que esta proposición está en la línea de la oposición ciega que ha seguido desde un tiempo a esta parte la mayoría del Congreso Nacional. Además, consideramos que entraña el peligro de llevar, prácticamente, a un procedimiento que conduzca a la paralización del Gobierno. Así, podría anularse la acción de centenares de funcionarios de Gobierno por el simple expediente de que el Senado los declare culpables, ya que, aun cuando los tribunales de justicia los consideren inocentes, no podrían desempeñar cargo público alguno por el plazo señalado. Creemos que esta disposición tendría gravísimas proyecciones y consideramos que no está en la línea de una oposición responsable, desde el punto de vista político, ya que podría traer perturbaciones de magnitud enorme para el desempeño administrativo y funcionario de las personas susceptibles de ser acusadas constitucionalmente.
Por último, el proyecto propone ampliar la duración de la legislatura ordinaria. Eso, en el fondo, también significa restar atribuciones al Presidente de la República y ampliar las del Parlamento.
Hemos querido expresar brevemente estas ideas para señalar nuestra opinión en el sentido de que la concepción que ha guiado estas proposiciones debería necesariamente formularse en un marco más amplio de modificaciones a la Constitución Política del Estado y no en un marco que establece determinado régimen - en este caso, el presidencial - y determinadas normas generales que, mediante estas enmiendas parciales, se pretende alterar.
Por estas razones, no estamos de acuerdo con las ideas contenidas en el proyecto en votación.
El señor GUMUCIO.- Quisiera partir por justificar lo que se expone en el segundo informe de la Comisión respecto de una situación que me afecta.
En dicho informe se dice que me retiré de la Sala por considerar que esta reforma, en cierto sentido, era oportunista. Pues bien, deseo aclarar los conceptos que, tan brevemente, se consignan allí.
Considero - y así lo he dicho en repetidas oportunidades en esta Corporación - que la tendencia que ha existido predominantemente en el Senado, y en el Congreso en general, en el último tiempo, ha sido errada en lo que se refiere a la legislación en derecho constitucional. Y ha sido errada porque ha dominado en ella un espíritu oportunista. En realidad, si examinamos algunas de las reformas que ya hemos despachado, tendremos que notar, en primer término, que se ha preferido la vía de la Constitución en materias que son objeto de ley. Se dice que esta elección del sistema constitucional en vez del de la ley común respecto de materias que corresponden a ésta, la exigen las circunstancias políticas actuales, porque una Carta Fundamental es de aplicación más rígida que la ley común.
En la última reforma constitucional se aprobaron preceptos que no son propios de la Constitución Política, como es el caso, por ejemplo, relacionado con la nacionalización del cobre, en la que yo estuve de acuerdo, y se aprobó unánimemente en el Senado, en la cual se incluyeron materias propias de la ley y no de la Constitución. En igual situación está el proyecto de reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, donde se estableció el efecto retroactivo, de derecho público, de una nulidad. Así, podría seguir enumerando otros casos para tipificar la tendencia que ha existido en el último tiempo de un criterio reformista. Donde éste se advierte más claramente es en lo relativo al régimen presidencial y al parlamentario.
No tengo por qué ocultar - en repetidas ocasiones lo he dicho - que mi preferencia está por el sistema parlamentario, pues permite que el Jefe del Gobierno sea a su vez el de la mayoría parlamentaria; y porque si el Congreso, por su parte, ejerce mal sus funciones o lo hace de manera injusta, como en el caso de las acusaciones, tiene una sanción muy clara: la convocatoria a elección de un nuevo Parlamento. Es decir, el régimen parlamentario tiene una filosofía coordinada que permite que el Congreso sea objeto de sanciones si procede mal.
En realidad, me parece innecesario discutir ese aspecto, dada la circunstancia de que en Chile se ha elegido el sistema presidencial y se ha advertido desde muchos años la tendencia a robustecerlo. Lógicamente, esa tendencia provenía del hecho de que había fuerzas políticas representantes de clases sociales o de otros sectores a los cuales interesaba fortalecer al Ejecutivo respecto del Parlamento. Tal criterio se vio coronado en forma absoluta con la reforma constitucional del Presidente Frei, en la cual se limitó la iniciativa parlamentaria y se dio rango constitucional a disposiciones de carácter reglamentario, como lo es la referente a la idea matriz de un proyecto. Por esto considero que quienes estuvieron a favor de esa reforma - yo estuve en contra de ella - son en cierta medida oportunistas no quiero insultar con eso ni usar un término injurioso, en el sentido de que cuando pierden el poder y pasan a ser Oposición, entonces se transforman en partidarios del sistema parlamentario y reniegan de lo que el día anterior sostuvieron.
Á mi juicio, cuando se legisla en materia constitucional, hay que basarse en una visión del futuro y no en situaciones del presente, como se puede hacer para dictar leyes. Es muy grave legislar en materia constitucional sin esa visión del futuro, porque, o las fuerzas que apoyan cosas distintas a las que antes sostuvieron piensan que nunca van a llegar al Gobierno, y por lo tanto no les importa lo que van aprobando; o bien piensan que van a llegar al Gobierno, razón por la cual con la misma mano con que escribieron una reforma la borran después y justifican el paso atrás con un oportunismo mucho más descarado.
Esas son, en términos generales, las observaciones que me sugiere el proyecto. Pero, sobre todo, quiero referirme a cada una de las disposiciones de esta reforma constitucional, para poner en evidencia que con ellas se está atropellando el espíritu del régimen presidencial establecido en nuestra Constitución Política.
El artículo 71 de la Carta Fundamental expresa muy claramente que al Presidente de la República está confiada la administración y Gobierno del Estado; y su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior, y la seguridad exterior de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
En el artículo 39, referente a las acusaciones que puede entablar la Cámara de Diputados en contra de cada uno de los funcionarios que allí se mencionan, el constituyente se cuidó de mantener el espíritu del régimen presidencial. Y así se podrá observar que las causales de acusación del Presidente de la República son distintas de las causales de acusación de los altos mandos militares, las que también difieren de las que pueden invocarse para acusar a los altos magistrados. ¿Por qué? Porque de este modo se mantiene el régimen presidencial. Por ejemplo, en el caso de los Ministros de Estado se requiere que la acusación - a diferencia de la acusación política primitiva y tradicional - se base en un delito, lo que, a mi juicio, se ha violado en todos los últimos libelos aprobados por el Congreso.
En lo que respecta a los altos magistrados de la justicia, ¿por qué se habla de abandono de sus deberes? Porque, siendo el Poder Judicial, según lo establece la Constitución Política, capaz de declarar la inconstitucionalidad de un precepto en contienda de partes, sería un absurdo y una aberración que el Congreso pudiera acusarlo da atropello a la Constitución. Así, también, en el caso de los altos mandos militares, ¿por qué sólo puede acusárseles de abandono de sus deberes? Porque, al ser ellos una fuerza esencialmente obediente y no deliberante, no cabe la acusación de haber atropellado la ley o la Constitución, motivo por el cual sólo se consideró la posibilidad de acusación por abandono de sus deberes.
Por lo tanto, cada una de esas normas del artículo 39 primitivo refleja el espíritu de conservar la filosofía y la coordinación de un régimen como es el presidencial.
Veamos ahora en sí mismas las reformas propuestas en esta materia y analicemos la de la letra c), consistente en intercalar, después de la frase inicial de los Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, lo siguiente: de los Ministros del Tribunal Constitucional.
Yo no haría cuestión de que se agregue a los miembros del Tribunal Constitucional, aun cuando es discutible que un organismo que está por encima del Congreso y del Ejecutivo, pues debe dirimir las dificultades que surjan entre estos dos Poderes, pueda ser acusado por abandono de sus deberes, término muy amplio y muy vago que puede prestarse, naturalmente, a que el Congreso, o una mayoría de éste, al sentirse ofendido por un fallo de ese tribunal, considere que hay abandono de deberes, término - repito - muy difícil de precisar. En fin, no haría cuestión de ello si no se propusiera, como se hace, agregar otra frase, que dice: de los funcionarios civiles nombrados con acuerdo del Senado, a excepción de los Embajadores y Ministros Diplomáticos. Es decir, que pueden ser acusados todos los jefes designados por acuerdo del Senado, entre los cuales estarán, según se especifica, los presidentes de los consejos de los órganos de prensa, radio y televisión que pertenezcan, total o mayoritariamente, al Estado.
Todos estos funcionarios civiles que el régimen presidencial hacía depender de algún Ministerio, y de los que respondía el Secretario de Estado respectivo, podrán acusarse por abandono de sus deberes. Cito un ejemplo práctico: la mayoría parlamentaria puede acusar por abandono de deberes a un director de una radiodifusora o de un canal de televisión en que el Estado tenga participación. O sea, ese director estaría dependiendo de una mayoría del Congreso y no del Ejecutivo, a no ser que concurra el hecho de que el Gobierno tenga mayoría en el Parlamento, caso en el cual habría coordinación entre los dos Poderes. Como digo, esa persona podría ser acusada por la vaga causal de abandono de sus altos deberes. Repito : una mayoría parlamentaria tendría tuición sobre tales funciones, dentro de la Administración Pública, atropellándose con ello, sin duda, el artículo pertinente de la Constitución, que da facultad al Presidente de la República para administrar el Estado.
En cuanto a la letra nueva que se propone, en que se agregan el Director del Cuerpo de Carabineros de Chile y el Director General de Investigaciones, quiero formular la siguiente pregunta: ¿Por qué se hace distinción entre el Director General de Carabineros y los altos jefes de las Fuerzas Armadas? Estos pueden ser acusados sólo por abandono de sus deberes. En cambio aquél puede serlo por atropello a la ley y a la Constitución, se lo somete a un tratamiento distinto, con lo cual estará sujeto, en el cumplimiento de sus funciones, no al Ministerio del Interior, que es el que responde por el Director de Carabineros, sino a una mayoría parlamentaria, la que podrá acusarlo, no sólo por abandono de sus deberes, sino por atropellamiento de las leyes y de la Constitución.
¿Ha terminado mi tiempo, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- Sí, señor Senador.
El señor GUMUCIO.- Quería hacer una serie de otras observaciones más importantes...
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se concederían cinco minutos más al Honorable señor Gumucio, para que termine de fundar su voto.
Acordado.

El señor GUMUCIO.- Respecto de las sanciones, en el caso de una acusación aprobada por el Senado, el funcionario queda destituido de su cargo, y la justicia ordinaria criminal puede, después, seguirle proceso por los delitos de los cuales haya sido culpable. Pero el Congreso no puede adelantarse a aplicar una sanción antes que el Poder Judicial conozca el caso por intermedio de una querella. Y constituye una sanción establecer la inhabilidad para desempeñar puestos públicos durante dos años. O sea, a un ciudadano sobre el cual pese esa cosa sutil de si es acusación política o delito lo que implica el pronunciamiento del Senado se le condena de antemano a dos años de inhabilidad para ocupar puestos públicos. Esto es, sencillamente, adelantarse a una sentencia judicial imponiendo una pena superior a la que ahora existe, que es nada más que destitución del cargo público que el funcionario acusado desempeñaba.
En cuanto a la idea de extender la legislatura ordinaria, no me referiré a ella mayormente. Debo sí decir que, indudablemente, el sistema actual constituye una de las herramientas que el régimen presidencial concede al Ejecutivo sobre el Parlamento, pues en la legislatura extraordinaria pueden tratarse sólo las materias incluidas en la convocatoria por el Ejecutivo. Sobre el particular, el Senador señor Pablo fue muy sincero: dijo que, puesto que en la última reforma se había dado rango constitucional a la prohibición de tratar indicaciones ajenas a la idea matriz del respectivo proyecto, con lo cual se limitó la posibilidad de los parlamentarios de legislar mediante proyectos de ley incluidos en la convocatoria por el Ejecutivo, para resarcirse de ese daño él proponía prolongar el lapso de la legislatura ordinaria y reducir el de la extraordinaria. En realidad, esa razón me parece un poco débil. Si el señor Senador no era partidario de consagrar en la Constitución la norma que convierte en observable una indicación que nada tenga que ver con la idea matriz del proyecto, debía haberla votado entonces negativamente cuando esa reforma se aprobó. Pero, en fin, esto guarda relación con la esencia del régimen.
Por último, quiero decir que la idea que se propone agregar al artículo 72 de la Constitución, mediante la atribución número 18, nueva, que incluye entre los funcionarios que puedan ser objeto de acusaciones constitucionales a los presidentes de los consejos de órganos de prensa, radio y televisión que pertenezcan al Estado en forma total o parcial, a mi juicio significa extender de manera exagerada la órbita de acción del Parlamento en lo referente a las acusaciones, e infringir lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución, que entrega en forma exclusiva al Presidente de la República la facultad de administrar el Estado.
El señor JEREZ.- Fundaré mi voto de manera muy breve, porque creo que los argumentos expresados por el Senador señor Gumucío son bastante contundentes.
Simplemente, quiero decir dos cosas: en primer lugar, que me parece que el señor Senador no enfatizó suficientemente el carácter de oportunismo - no en el sentido moral, sino en un sentido político - que reviste este proyecto, porque, en realidad, va a llegar un momento en que no se va a saber qué sistema de Gobierno hay en este país, si es el nuestro un régimen parlamentario o presidencial. Porque ocurre, como lo señaló de una manera casi entre paréntesis el Senador señor Gumucio, que toda la fuerza del régimen anterior consistió en robustecer el poder presidencial. En ello concordamos y yo estoy de acuerdo en que así sea, como lo estuve en la época del Presidente Freí, porque nos parece que hay suficientes garantías en la Constitución para poder evitar los excesos de un personalismo o presidencialismo excesivo. Y esta posición nuestra nos deja en amplia libertad moral en cuanto a la votación.
No me parece admisible que cada seis años, según cuál sea la mayoría que esté rigiendo los destinos del país, se esté transformando la Constitución de manera que, al final, no se entienda qué pasa respecto de nuestro sistema real.
En segundo lugar, quiero decir que son tan débiles, a mi juicio, y tan faltos de solidez los planteamientos que se han hecho respecto de las indicaciones principales que, por lo menos, dos de las tres vienen rechazadas por la Comisión; y vienen rechazadas con los votos de los Senadores señores Bulnes Sanfuentes y Juliet, personas no afectas al régimen, muy ponderadas en sus juicios y cuya especialidad la constituye precisamente esta materia. De modo que ellos han emitido sus votos y han dado su opinión con conocimiento de causa, lo que, por lo menos en lo que respecta a este problema, debemos valorar como corresponde. Sólo una de las indicaciones se aprobó por tres votos contra dos, y las otras dos fueron rechazadas. En consecuencia, yo diría, el basamento tanto jurídico como político de esta reforma constitucional es tan débil, que hasta los parlamentarios que hoy como ayer son adversarios del Gobierno la votaron en contra.
Voto que no.

El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar su voto el Honorable señor Pablo.

El señor PABLO.- Quiero empezar diciendo que este proyecto de reforma constitucional no es oportunista, sino que es oportuno, y que no tiene el propósito de crear el régimen parlamentario en el país mediante estas enmiendas, sino que, lisa y llanamente, perfeccionar el régimen presidencial.
Estoy cierto de que nadie pone en duda que el Gobierno de los Estados Unidos es un régimen presidencial, y en él encontramos muchas de las ideas acogidas en el primer trámite.
No deseo hacerme cargo de la argumentación del Honorable señor Jerez en el sentido de que dos indicaciones no fueron aprobadas en el segundo trámite, por estimarla poco seria y que no viene al caso.
El régimen presidencial, en todas las partes donde existe, autoriza el juicio político, el que debe tener alguna eficacia y producir algún resultado. Cuando la sentencia emitida en un juicio político termina siendo dejada sin efecto por la actitud del Gobierno, lo que se hace es poner en solfa al Congreso. Y no creo que ninguno de los parlamentarios presentes estime justo que lo resuelto por un Poder del Estado se deje sin efecto. Es el caso concreto de la destitución de un Ministro de Estado, el cual, antes del respectivo pronunciamiento de esta Corporación, ya está ubicado en otra Cartera. En estos casos, la imagen del Congreso queda totalmente distorsionada. Por eso, en distintos países del mundo donde existe el régimen presidencial se entrega al Parlamento la facultad de imponer a las personas destituidas por él la sanción de no poder ocupar cargos públicos. Así sucede en los Estados Unidos de América, en donde el Congreso, junto con destituir al funcionario, fija el período durante el cual no podrá ejercer cargos públicos. Así ocurre en Colombia, donde además de impedirse al funcionario destituido ejercer funciones públicas durante cinco años, se le priva de sus derechos electorales, de elegir y ser elegidos. Así sucede en Brasil, y así también ocurrió en Constituciones pasadas. En consecuencia, tal idea está considerada en el régimen presidencial, por una razón muy simple. No puedo traer al tapete la experiencia de los países europeos, en todos los cuales impera el régimen parlamentario, tema sobre el cual habría mucho que analizar y, a lo mejor, tendríamos algunas coincidencias al respecto con el Honorable señor Gumucio. En ellos no existe el juicio político, pues cuando se producen discrepancias serias entre el Gobierno y el Parlamento, lo que se cambia es el Gobierno y no determinados funcionarios.
Por lo tanto, las normas propuestas no atentan contra el régimen presidencial y, por lo demás, existen en distintas partes del mundo.
A mi juicio, debe imponerse una sanción, porque no es admisible que el Senado destituya hoy a determinado personero por contrabando, y al día siguiente figure como Secretario General de Gobierno. Con este criterio, mañana se le puede reponer en el cargo de Ministro del Interior, pues como a un funcionario destituido de la categoría de Secretario de Estado no se le aplica el Estatuto Administrativo, también por medio del resquicio legal podría llegarse a ubicarlo nuevamente en el mismo cargo en el cual ejercía anteriormente sus funciones.
Se aduce también que se pretende ampliar las facultades del Congreso Nacional porque hay determinados funcionarios que serán designados por acuerdo del Parlamento. Al respecto, debo manifestar que en los Estados Unidos, nación en la cual impera el régimen presidencial, todos los jefes de servicio son nombrados con acuerdo del Congreso, y las cosas andan mucho mejor que en algunas repúblicas a las cuales es tan adicto el señor Valente, que me está interrumpiendo. En ellas prevalece la dictadura, y existe un burocratismo que deja bastante que desear.
Por eso, estamos aquí hablando del régimen presidencial. Y debo manifestar que las objeciones formuladas nada tienen que ver con dicho sistema en sí.
Sus Señorías rasgan vestiduras porque proponemos ampliar la legislatura ordinaria, en circunstancia de que sobre este punto de vista estamos de acuerdo de capitán a paje. Los actuales Senadores de Gobierno concuerdan con tal predicamento, pues así lo manifestaron en la pasada Administración, y también lo estamos los que hoy somos parlamentarios de Oposición. Seguramente me dirán que pensamos ahora así porque hemos cambiado de postura. ¡No, señor Presidente! Simplemente porque hemos comprobado un hecho: la reforma constitucional de 1970 cercenó en tal medida la iniciativa del Congreso, que es evidente que debe contar con un período de sesiones ordinarias más amplio, a fin de poder despachar las leyes en las cuales tengan interés los parlamentarios. Por eso, hemos propuesto extenderlo. Y debo decir que la ampliación es mucho menor que la sugerida por otros parlamentarios de esas bancas en anteriores oportunidades. Por lo demás, creo que mejoraría mucho la labor del Congreso si, al igual como sucede en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, el período ordinario de trabajo parlamentario se regulara en mejor forma, de modo que el Gobierno no se viera en la necesidad de tener citado permanentemente, durante todo el año, al Congreso Nacional para el ejercicio de sus altas funciones.
Por otra parte, se demuestra extrañeza por el hecho de que se proponga extender la acusación constitucional al Director General de Carabineros y al Director General de Investigaciones. La verdad es que tanto Investigaciones como Carabineros no existían cuando se dictó la Constitución Política de 1925. En esa época, la policía estaba a cargo de un General de Ejército. La Carta Fundamental de 1925 dispuso que eran susceptibles de acusación constitucional todos los Generales y Almirantes, todos, sin excepción alguna. Por lo tanto, si en esa ocasión se estimó que debían ser objeto de acusación, no veo por qué razón no habrían de serlo en la actualidad.
En cuanto a la última reforma propuesta, según la cual debe designarse con acuerdo del Senado a los Presidente de los Consejos de los órganos de prensa, radio y televisión que pertenezcan, total o mayoritariamente al Estado, a los organismos o entidades que lo integran o que estén bajo su control o que de él dependan, debo decir que creía encontrarme muy en la línea del Presidente de la República.
La influencia de los medios de comunicación de masas en la sociedad política actual es extraordinariamente grave, y significa...
El señor MONTES.- Todos, no sólo los del Estado.
El señor PABLO.- Sí, señor Senador. Pero el problema grave en este Gobierno ha sido que los Senadores oficialistas creen que, por el hecho de serlo, todos los elementos del Estado les pertenecen, y no se dan cuenta de que son de Chile, y de que algo representamos también en este país los hombres que estamos en la Oposición.
Cuando se inauguró el Canal de Televisión en Punta Arenas, el Presidente de la República, en una carta famosa se refirió a la presión psicológica que se iba a poder ejercer, demostrando con ello la importancia que tienen los medios de comunicación masiva para orientar al electorado. Sin embargo, al asumir el Gobierno ha hecho uso ilícito e indebido de esa arma, en la medida en que, evidentemente, presiona al electorado en general. Por eso, es fundamental que quienes presidan esos órganos de publicidad, de comunicación de masas, que son patrimonio de todos los chilenos, también deban ser designados con acuerdo del Senado.
Eso es lo que está en juego en esta reforma constitucional. No lo es el transformar el régimen presidencial en parlamentario. Lisa y llanamente, buscamos corregir los errores existentes en la actualidad, como el incumplimiento de algunas disposiciones, y que el Congreso cuente con las facultades que le corresponden.
Me extraña que rasguen vestiduras por las atribuciones del Congreso los hombres de Gobierno, en circunstancias de que su programa dispone la creación de una Cámara Única, en la cual residiría la totalidad del Poder. Es decir, éste no estará ya en manos del Ejecutivo, sino que totalmente en el Congreso. Sin embargo, aquí rasgas vestiduras por el hecho de que se perfeccionan algunas instituciones ya existentes, diciendo que constituye cambiar el régimen imperante.
Por lo tanto, reitero que la iniciativa no es oportunista, sino que es muy oportuna.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, esta reforma constitucional - no sé si estará presente el Honorable señor Pablo - no habría sido necesaria...
El señor RODRÍGUEZ.- ¡Tiene la costumbre de hablar y mandarse a cambiar...!
El señor GARCÍA.- Exactamente.
Decía que no habría sido necesaria esta reforma constitucional si se aplicara debidamente la Constitución Política del Estado. Y yo quiero hacer, con mucha tranquilidad, un llamado a la reflexión, porque hay una equivocación fundamental en lo que se considera régimen presidencial. Según éste, se entregan al Presidente de la República todas las atribuciones para administrar el Estado, pero, políticamente, el régimen depende de las mayorías que haya en el Congreso. Y si uno entiende perfectamente estos dos conceptos, puede aplicar toda la Constitución Política. Por ejemplo, no es necesaria una disposición que establezca que el Ministro acusado y juzgado por el Senado no puede volver a ejercer sus funciones, porque lo dice la propia Carta Fundamental: Los juzgados por el Senado sólo pueden ser indultados por el Congreso Nacional. Más todavía: cuando se aprobó, mediante plebiscito, la Constitución de 1025, el Gobierno del señor Arturo Alessandri llamó a las personas a votar por esta Constitución diciendo: ¡Cuidado!, ella es de carácter presidencial, porque los Ministros son nombrados por el Presidente, porque el Jefe del Estado administra libremente; pero, políticamente, el Congreso sigue manteniendo la decisión final. Y anunció que la gente debía votar por esa Constitución porque se había dejado en manos del Congreso el arma de la destitución de los Ministros. En consecuencia, los electores votaron por ese cuerpo legal en un plebiscito porque sabían que al destituirse a un Ministro se estaba ejerciendo un poder político. Y este poder político, que ha sido cercenado, es el que yo echo de menos, y es el motivo de todas las reformas constitucionales que hemos estado aprobando en esta Sala.
Aunque deba cansar a la Sala, leeré todas las disposiciones de la Carta Fundamental que establecen que las mayorías son las que mandan. La Constitución Política empieza afirmando que nuestro régimen es democrático. ¿Qué significa esto? Que debe gobernarse de acuerdo con las mayorías. En seguida, establece que el ejercicio de la soberanía del pueblo está delegado en las autoridades que ella establece, es decir, en los tres Poderes del Estado. Por otra parte lo más importante, a mi juicio, el artículo 9° establece que los partidos políticos tienen como objetivo concurrir de manera democrática a determinar la política nacional. ¡Si aquí el 60% de la política nacional está en manos de la mayoría parlamentaria, que no puede concurrir de manera democrática a determinarla por el manejo que se hace del régimen presidencial! Reafirma este principio aquella disposición que establece que los partidos políticos tendrán libre acceso a los medios de difusión y comunicación social de propiedad estatal. De modo que era innecesaria la disposición. En el fondo, estas reformas no tienen otro objeto que tratar de llamar la atención acerca del incumplimiento de normas como ésta, según la cual tendrán ese derecho en proporción a los sufragios obtenidos en la última elección general.
A lo anterior hay que agregar la norma del artículo 25, que dice: En las elecciones de Diputados y Senadores se empleará un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos.
Finalmente, se trata de que el Ejecutivo deje en plena independencia a los parlamentarios, y sobre esta materia versan, nada menos, las siguientes disposiciones: los artículos 28, 29, 31, inciso segundo, 32, 33 y el inciso final del artículo 36 de la Carta Fundamental. Todos estos preceptos están destinados a dar independencia a los parlamentarios y a que jueguen las mayorías parlamentarias en la forma que acabo de señalar.
El Congreso tiene tuición sobre la conducta del Presidente de la República, de los Ministros, de los altos funcionarios, de los generales del Ejército, de los magistrados. Todos ellos pueden ser acusados y destituidos por las mayorías parlamentarias.
La mayoría parlamentaria puede aprobar o reprobar la Cuenta de Inversiones del Ejecutivo; autoriza al Presidente de la República para abandonar el territorio nacional por más de quince días; acepta o rechaza la renuncia del Jefe del Estado; declara si el Primer Mandatario tiene impedimentos que no le permitan ejercer sus funciones; aprueba o desecha los tratados; y, por último, cuando no se produce mayoría absoluta en el país para designar al Presidente de la República, es el Congreso Nacional el que elige - la Ley Fundamental usa la palabra elige - al Primer Mandatario. En ese caso ya no es el pueblo el que elige al Presidente de la República, sino que entrega ese mandato al Parlamento para que éste elija entre los candidatos que obtuvieron las más altas mayorías o que empataron.
En seguida, el artículo 44 de la Constitución expresa: Sólo en virtud de una ley se puede: ¿Qué significa ley? Acuerdo de las mayorías parlamentarias con el Presidente de la República. Sólo en virtud de una ley se puede imponer contribuciones; autorizar la contratación de empréstitos o de cualquiera otra clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o la responsabilidad del Estado; crear o suprimir empleos públicos; restringir la libertad personal. Todo lo anterior sólo puede hacerse por ley, esto es, con el concurso del Presidente de la República más el de las mayorías parlamentarias.
El señor MONTES.- ¡Por eso, hace algún tiempo Su Señoría estuvo preso...!
El señor GARCÍA.- ¡Pero los tribunales de justicia, o sea el otro Poder del Estado, me dejaron en libertad, porque estaban funcionando los Poderes del Estado y se cumplían los fallos, señor Senador!
¡Esa es la inmensa diferencia con lo que ocurre ahora!
No digo que no haya sido muy injusto ni que yo no haya protestado; pero teníamos prensa para protestar y Poder Judicial independiente que nos podía poner en libertad.
La señora CAMPUSANO.- ¡Estuvo bien que lo metieran preso...!
El señor GARCÍA.- Yo sé que a usted le molesta mucho que hable. Dentro de su espíritu totalitario, le gustaría que yo sufriera la misma suerte que los escritores rusos, encerrados en casas de locos. Yo sé que ésas son sus intenciones, distintas de las mías. Quiero que todo el pueblo conozca cómo es usted, para que sepa cómo son los comunistas y cómo somos quienes no profesamos esa ideología.
El señor VALENTE.- ¡No se canse, señor Senador!
El señor PALMA (Presidente).- ¡Señores Senadores, el Honorable señor García está con el uso de la palabra!
El señor GARCÍA.- El artículo 60 de la Constitución expresa que el Presidente de la República administra el Estado y que su autoridad - así lo dispone el artículo 71 - se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior, y la seguridad exterior de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Las gestiones del Presidente de la República, aun la administrativa, tienen limitaciones importantes. Los nombramientos de Embajadores y Ministros Diplomáticos, el otorgamiento de los altos grados militares, la destitución de los jefes de oficinas y empleados superiores, debe hacerse con acuerdo del Senado.
Todo lo anterior está demostrando que si se cumpliera la Constitución Política chilena, el Presidente de la República estaría administrando libremente el Estado. Pero todo lo que significa una alteración del régimen político debe hacerlo con acuerdo de las mayorías parlamentarias. Perfectamente puede administrar sin necesidad de alterar el régimen político chileno. Esta actitud de querer cambiar el régimen, de buscar otro sistema, no puede hacerse dentro de una Constitución presidencial, a menos que se cuente con las mayorías parlamentarias. Los dos tercios del Congreso que se exigen para que éste pueda insistir frente a los vetos del Ejecutivo es para evitar que el Parlamento le imponga al Primer Mandatario una solución determinada. Pero, a su vez, el Presidente de la República nunca puede imponer al Congreso otra solución, a menos que disponga de las mayorías parlamentarias. Sin embargo, hay dos casos en que los parlamentarios pueden imponer sus decisiones al Jefe del Estado. ¿Cuáles son esos dos casos? Cuando el Congreso impone una legislación por más de los dos tercios, o cuando, por mayoría absoluta, acuerda una reforma constitucional y el Presidente de la República no hace uso del plebiscito. En este caso, también so impone la decisión del Congreso, con plebiscito o con mayoría absoluta.
Si nosotros hubiéramos cumplido estrictamente el espíritu y la letra de la Carta Fundamental, no habría sido necesario, evidentemente, ni siquiera la reforma sobre la creación de las tres áreas. Desde luego, porque la Constitución dice que cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción u otros, que declare la importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país.
De manera que sólo en virtud de una ley se puede crear un área social, según dispone hoy la Constitución.
Repito: estamos reformando la Carta Fundamental para tratar de evitar las demasías del Gobierno, reiterando conceptos ya contenidos en ella.
En consecuencia, si se cumpliera con la ley y la Constitución y no se tratara de imponernos mediantes resquicios un régimen contrario a la voluntad de las mayorías parlamentarias, estas reformas serían innecesarias. Para procurar que así se entienda y, por último, para evitar resquicios y malas interpretaciones, voto que sí.
El señor IBÁÑEZ.- Concordando con todo lo que acaba de expresar el Honorable señor García, quisiera agregar algunas breves reflexiones a título personal.
La reforma sometida a nuestra decisión comprende dos órdenes de materias: una es la facultad de juzgar y sancionar a altos funcionarios, a personas que ocupan cargos de especial responsabilidad en la Administración del Estado; y la otra tiende a ampliar la legislatura ordinaria del Congreso.
Pienso que la Constitución necesita ser modificada, y en la práctica lo es cuando se producen, por lo menos, dos circunstancias : al aparecer hechos nuevos que obligan a considerarlos e incorpóralos dentro del marco de las disposiciones constitucionales, y también cuando se modifica el contexto moral dentro del cual se dictaron las normas constitucionales vigentes.
Estimo absolutamente indispensable que se establezcan con claridad las responsabilidades que propone la reforma constitucional en debate, porque hemos vivido experiencias que nos demuestran la necesidad de dejar sujetos a la tuición, al juicio del Congreso y a la eventual destitución, funcionarios cuyas actuaciones constituyen una grave extralimitación de sus funciones y, de hecho, representan un atropello a principios y garantías constitucionales claramente consagrados en nuestra Carta Fundamental.
Por ello, no sólo me explico la idea, sino que concuerdo plenamente con ella, de que queden sometidas a juicio político del Congreso y expuestas a la sanción de destitución personas como el Presidente y el Gerente del Canal de Televisión del Estado, el Director General de Carabineros y el Director de Investigaciones. Creo innecesario abundar en las circunstancias que hacen absolutamente indispensable establecer este tipo de responsabilidades y sanciones. Por lo tanto, las vamos a votar favorablemente.
Pero también es importante tener presente que si hoy día nos vemos obligados a ampliar el número de los altos funcionarios sometidos a juicio y a sanción por parte del Congreso, ello se debe a que ha cambiado el contexto moral del país,, si se lo compara con el que existía cuando se dictó la actual Constitución Política. En aquellas época era cuestión de honor para un Gobierno que un Ministro sancionado con destitución no sólo no podía volver a ocupar un cargo de igual rango, sino que simplemente era una persona que debía retirarse de la circulación pública por la gravedad de la sanción que le había sido aplicada por él más alto tribunal que, en este caso, es el Senado. Hoy día hay una actitud - yo diría - desaprensiva para valorar este tipo de sanción, y, por lo tanto, las normas constitucionales tienen que hacerse más rígidas, más estrictas y mucho más drásticas, para rectificar procedimientos que son incorrectos, que importan deshonestidad política o desconocimiento de las atribuciones de los demás Poderes del Estado.
Por todas esas razones, considero que debemos votar favorablemente la idea de mejorar en forma notoria el texto constitucional que nos rige, incorporando a él los preceptos contenidos en el proyecto de reforma en debate.
Con todo, debo decir también que la segunda parte de esta enmienda constitucional, que amplía la legislatura ordinaria del Congreso, nos merece, en principio, serias dudas. Más aún: pienso que, en principio, nuestra posición es contraria a ese tipo de ampliaciones, porque los Estados modernos requieren, por las razones dadas por el Honorable señor García, de una autoridad fuerte para administrarlos, y la Constitución debe evitar, dentro de lo posible, perturbaciones e inconvenientes de tipo parlamentario que perjudiquen la administración del país. Sin embargo, en los momentos que vivimos observamos una actuación de parte del Ejecutivo que, extralimitándose de claras disposiciones constitucionales, reduce el ámbito de acción de otros Poderes del Estado y destruye, por lo tanto, el equilibrio que debe existir entre los tres Poderes del Estado.
Es esta consideración la que nos ha movido a pensar en la conveniencia de ampliar la legislatura ordinaria.
Reitero: en principio, somos contrarios a esta idea, pero de nuevo nos encontramos frente a la situación que expliqué hace unos instantes, relativa a cómo ha cambiado el contexto moral dentro del cual se desenvuelve la vida política de nuestra nación. Son esos cambios, son esos atropellos, es la búsqueda incesante de resquicios legales para gobernar al margen de la ley los que obligan, en contra de lo que podría ser un buen principio constitucional, a considerar conveniente la ampliación del plazo de la legislatura ordinaria del Congreso.
He querido dejar de manifiesto estas ideas, porque también nosotros votaremos favorablemente esa ampliación; pero queremos dejar testimonio de que lo hacemos por razones absolutamente circunstanciales, como un acto de defensa frente a los atropellos reiterados que estamos observando en contra del Congreso Nacional.
Deseo que los Honorables colegas piensen en que una de las leyes esenciales, la más importante de todas las que debate el Parlamento cada año, es la de Presupuestos. Nos encontramos dentro de los plazos constitucionales en que ese proyecto debería estar presentado y sometido a discusión en la Comisión Mixta de Presupuestos. Pero, ¿qué sucede en estos instantes? Que no tenemos el proyecto respectivo, porque el Gobierno retiró el que había enviado dentro de los plazos constitucionales. Lo retiró por las razones que el Ejecutivo quiera dar, pero lo cierto del caso es que en estos momentos está constituida la Comisión Mixta de Presupuestos y no tiene proyecto alguno sobre el cual pronunciarse.
El señor VALENTE.- No es cierto, señor Senador.
El señor IBÁÑEZ.- Es así. Fueron retirados los folletos impresos que debieron entregarse el día que el Ministro de Hacienda hizo su exposición, y nos encontramos con que en este momento no hay en el Congreso un proyecto sobre el Presupuesto de la Nación.
Llamo la atención sobre este hecho, que considero extraordinariamente grave, pues, a mi juicio, constituye una violación más de los principios constitucionales.
En la actualidad, nosotros deberíamos estar dedicados a estudiar el presupuesto nacional y, sin embargo, el Gobierno ni siquiera nos ha enviado los folletos donde él conste en todos sus detalles.
Confío que antes que Su Excelencia el Presidente de la República abandone el país se dé al Senado una explicación sobre las finalidades de su viaje y sobre lo que el Primer Mandatario proyecta realizar en el extranjero. Nosotros eliminamos el permiso constitucional para los viajes de quince días, a fin de facilitar el desplazamiento de los Jefes de Estado en asuntos de carácter urgente; pero ello no los libera en absoluto de la obligación de dar cuenta de la finalidad de esos viajes. Quiero destacar a este respecto la actitud del Presidente Nixon, quien, inmediatamente después de bajarse del avión, se dirigió al Congreso de su país a dar cuenta de la visita que realizó por China Comunista y por la Unión Soviética.
El señor RODRÍGUEZ.- ¡Después...!
El señor IBÁÑEZ.- Después de su viaje, y antes también, porque antes explicó las razones de él. Se conocieron sobradamente los motivos de la visita de Nixon a la Unión Soviética y a China comunista.
No quiero adelantar juicios, porque confío en que el Gobierno se hará representar en esta Sala para explicar la finalidad del viaje de Su Excelencia el Presidente de la República. En todo caso, señalo estos hechos para demostrar lo que nuestro Honorable colega señor García puso de relieve: el Gobierno tiene plena facultad para administrar el país, pero no puede cambiar su orientación política, no puede efectuar transformaciones sustanciales sin contar previamente con la aprobación de las mayorías nacionales representadas por la mayoría del Congreso. El hecho de que se haya pasado por sobre este precepto y que se haya vulnerado este concepto ético, obliga, como digo, a alterar sistemas que, a mi juicio, en otras circunstancias no deberían modificarse.
Por eso, dejando en claro que en principio soy contrario a ampliar el plazo de las sesiones ordinarias del Congreso, voto favorablemente, por las razones que he dado en la Sala.

El señor RODRÍGUEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría.

El señor RODRÍGUEZ.- El debate reciente me obliga a formular algunas observaciones eminentemente políticas más que de técnica jurídica constitucional, porque, a mi juicio, en el fondo, lo que impulsa al colega Pablo a plantear estas reformas es un problema político más que el deseo de mejorar formalmente la Constitución.
En realidad, no dejan de sorprender las palabras de los Honorables señores García e Ibáñez, quienes fueron un poco las escoltas del señor Jorge Alessandri durante un largo período de su curso político último en el país, cuando fue candidato a Presidente de la República y cuando ocupó ese alto cargo.
El acento de ambos, así como el de su partido y el de la Derecha en general, fue hacer resurgir la imagen portaliana del papel relevante de la personalidad en la conducción de un proceso político; todo ello rodeado de un exceso de atribuciones presidenciales, en que este régimen se acentuaba con la personalidad, tan atrayente para ellos y para un sector pro-derechista del país, que tenía el señor Alessandri. En ese entonces, las críticas contra las facultades y atribuciones del Congreso abundaban, se repetían una y otra vez. Como todos recordaremos, cuando en esa época se envió al Parlamento un paquete de reformas constitucionales, no dejó de haber una larga fundamentación en la que, una y otra vez, se condenaban los excesos de lo que ellos llamaban el régimen parlamentario. Ahora se han dado vuelta de campana, han girado en 180 grados con ocasión de esta reforma del colega señor Pablo, que yo califico un poco de revanchista y también de oportunista, como dijo un señor Senador, porque, indudablemente, es una enmienda que va a la grupa de los hechos circunstanciales que han ocurrido recientemente. Si acaso el Director de Investigaciones se portó bien o se portó mal; si el Director de la policía uniformada tuvo mayor o menor agilidad en ciertos hachos o episodios policiales, de todo esto se saca una conclusión para plantear una enmienda de nuestra Carta Fundamental. Yo diría que tanto el Honorable colega Pablo como la Derecha se equivocan en estas reformas, que están dadas en la superestructura del país, que están dadas por la superficie, cuando el proceso del país es mucho más hondo y más profundo.
En mi concepto, a nadie le interesa verdaderamente esta reforma constitucional. El problema planteado como gran desafío en este minuto de la vida chilena, fuera de otros grandes problemas, es cómo van a participar las grandes masas productoras en algunos poderes de autogestión. Por eso, el problema de la participación llena gran parte del ámbito de las inquietudes colectivas de nuestro pueblo. En la actualidad no está planteado el de reformas formales, tipo Pablo, sino el problema de cómo la clase obrera, los trabajadores, los campesinos, los intelectuales y quienes están en los centros de servicios van realmente a decidir, no sólo en su minuto del presente su papel en la producción, sino cómo se irán engranando en general en un nuevo nivel de representatividad, en un nuevo nivel de participación.
Por eso, se justifican algunos proyectos sobre autogestión y participación que ya están en la Cámara de Diputados. No pretendemos que ellos contengan ideas perfectas. Seguramente, su presentación dará motivo a una serie de iniciativas de todos los sectores políticos. Pero es allí donde debe ponerse el acento en las enmiendas de nuestra Constitución, más que en una especie de pugna entre quién puede más: si el Gobierno de la Unidad Popular o el Parlamento con mayoría opositora; en una especie de forcejeo, como sucede entre aquellos que fuerzan sus manos para ver quién pone el brazo del contrario en la superficie de la mesa.
Honestamente, creo que ese camino es errado. A mi juicio, el problema reside en cómo logramos abrir los canales de interpretación, en el nivel de la Carta Fundamental, por supuesto, al gran papel de la participación social y política en nuestro país. Creer, como el Honorable colega señor Pablo, que el problema se resuelve ampliando un poco el lapso de la legislatura ordinaria o permitiendo que el Parlamento juzgue al director de la policía, es actuar como el avestruz, que mete la cabeza en el suelo y no ve lo que pasa a su alrededor. El problema es mucho más hondo y de mayor jerarquía. Por desgracia, esta mayoría opositora no lo ve a tiempo. Entonces, es posible que esta forma dé interpretación de los problemas nacionales sea desoída por un sector que está realmente donde debe estar: en el frente del trabajo y de la producción.
Nosotros estamos conscientes de que es posible que nuestro Gobierno esté cometiendo errores o que los haya cometido, como ha sucedido con cualquier Administración; pero lo que no se puede discutir es que la actual abrió de par en par las puertas para una más amplia participación social, que está en un proceso de maduración que no ha sido perfeccionado y que quiere canalizarlo legal, o jurídicamente por lo menos, mediante tres o cuatro proyectos que ya se encuentran en el Parlamento.
Por eso, considero absolutamente equivocada esta reforma. Tan así es que, por lo menos, no deja de asomar el pudor en algunos que entienden la materia, incluso en el nivel técnico constitucional, como sucede con los señores Bulnes y Juliet, quienes en no pocas páginas del informe de la Comisión figuran votando en contra de algunas de las ideas del colega señor Pablo. Ni siquiera ellos tienen uniformidad del criterio al respecto, porque comprenden que esto no deja de ser un subterfugio, un artilugio, una especie de escapismo frente a los grandes problemas del país.
Por lo expuesto, yo también voto en contra.

El señor ACUÑA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría.

El señor ACUÑA.- Señor Presidente, la reforma constitucional en debate, cuyo estudio se ha prolongado desde hace más o menos un año y seis meses, contiene fundamentalmente dos ideas básicas: una, ampliar la base de responsabilidad de un grupo de prominentes y destacados funcionarios de la administración del Estado que desempeñan funciones vitales de enorme trascendencia, y, la otra, prolongar el período de trabajo parlamentario, para que el Congreso pueda tener una época de ¡reuniones dentro de las cuales pueda ejercer de manera más vigorosa y efectiva, dentro de nuestro sistema, que es colegislador con el Poder Ejecutivo, la posibilidad de llevar a la práctica todas las iniciativas que permanentemente nos plantean los sectores ciudadanos.
A mi juicio, todas las reformas constitucionales planteadas en nuestro país desde el siglo pasado obedecen, en forma fundamental, a problemas que se van agravando en determinada época de la evolución política de Chile, de acuerdo con los acontecimientos que va creando la realidad política, jurídica e institucional. Si se examinan todas las enmiendas de nuestra Carta Fundamental del siglo pasado, se verá que ellas obedecieron a razones de oportunidad. En cada época en que se plantearon, ello se hizo de acuerdo con características o con hechos políticos graves que, como es natural, determinaban que era oportuno plantear ciertas reformas substanciales.
Yo podría hacer una relación escueta, breve, de todas las reformas de la Constitución efectuadas en el siglo pasado, para comprobar de manera muy serena que, efectivamente, todas ellas obedecieron a hechos políticos que culminaron en determinado instante.
Precisamente, la enmienda de 1925 obedeció a sucesos políticos que culminaron en 1924, los que determinaron que había que reaccionar en esa época contra un proceso de falso régimen parlamentario, distorsionado en lo fundamental, llevado a extremos dentro de la pasión política de ese tiempo. De ahí emergió la Constitución de 1925, que si bien es cierto tiene características de sistema presidencial, en realidad no es estrictamente un sistema presidencial, aun cuando después de esa reforma el Poder Ejecutivo emergió vigoroso y potente a tal extremo, que ha hecho que muchos tratadistas y muchos de quienes se han sentado en estas bancas del Congreso hayan planteado en forma reiterada que en Chile estamos viviendo un pequeño proceso institucional de monarquía política.
En 1943 se provocó otra enmienda de la Constitución, la que culminó en la ley 7.727, que, fundamentalmente, incorporó a la Contraloría General de la República como organismo constitucional; terminó con los decretos de insistencia en materia financiera, que eran una corruptela extraordinaria, contra la que se habían pronunciado casi todos los partidos políticos de la época, y, asimismo, determinó el traspaso al Poder Ejecutivo de ciertas atribuciones de iniciativa parlamentaria en leyes muy importantes, que producían anarquía financiera. Fue la reforma del ex Presidente Ríos.
Después, podemos mencionar en forma fundamental la reforma del año 1970.
Deseo recordar que la enmienda que estamos discutiendo es una reacción producto también del momento político que vive el país.
En realidad, en nuestra patria nunca se ha hecho una enmienda integral de la Constitución, una reforma completa que abarque todos los aspectos fundamentales de la vida política, económica y social de Chile. Todas las reformas constitucionales han nacido al calor de hechos políticos especiales o de problemas graves que se han agravado.
Y en este instante, dentro del crecimiento que ha tenido el sistema presidencial que impera en el país, quiero expresar que la reforma que discutimos viene a darle a la democracia algo que es muy importante. Se puede discrepar de lo que se entiende por sistema democrático, pero, en nuestro concepto, la democracia es un proceso de participación del pueblo en la vida política, es un proceso de nivelación social, es un proceso de redistribución. Pero también es un proceso de responsabilidad política y administrativa; de Responsabilidad, con mayúscula, diría yo, de todas las personas que, ejerciendo el mando, en un instante dado, en razón de ese mando, pueden cometer excesos, abusos, que muchas veces los Gobiernos son proclives a provocar por un exceso o abuso de Poder.
Desde ese punto de vista, me parece que esta reforma hace bien en plantear ciertas responsabilidades dentro del sistema que impera en el país, que no impliquen el tener que acusar a cada instante a un Ministro de Estado frente a hechos graves en que incurra un alto funcionario del Estado, que puede cometer atropellos de extraordinaria gravedad.
Esta reforma también hace efectivo un proceso de responsabilidades que es inherente a una democracia, a todos los funcionarios que son designados con acuerdo del Senado. ¡Qué cosa más elemental y justa que ésta!
¿Cómo es posible que altos funcionarios, a cuyo nombramiento concurre este cuerpo legislativo con su aprobación, en un instante dado se divorcien de esa mayoría del Senado y del real sentido del cumplimiento de sus obligaciones y no tengan una responsabilidad ante el Poder Legislativo, depositario de la soberanía nacional?
En consecuencia, nos parece que el sistema político bajo el cual estamos viviendo en el país no es el más adecuado.
Por su parte, los partidos que hoy día integran la Unidad Popular estuvieron siempre - inclusive lo consignaron en el programa de la Unidad Popular - por el planteamiento ideológico de hacer imperar fundamentalmente los fueros del Congreso frente a los excesos en que podía caer el Poder Ejecutivo.
Tanto es así que en la discusión de la reforma constitucional de 1943 todos los partidos que hoy día integran la Unidad Popular con excepción del Radical, que en esa época era Gobierno, y muy especialmente el Socialista y el Comunista, en ambas ramas del Parlamento y en el Congreso Pleno, expresaron su posición contraria a la iniciativa que tendía a traspasar atribuciones en materia financiera al Ejecutivo, lo que desde el punto de vista ideológico y doctrinario tiene un fundamento: que el manejo financiero del país quede centralizado en aquellos que tienen la responsabilidad de administrar la nación. Pero si bien, como en casi todas partes del mundo se acepta en doctrina, tales atribuciones deben ser exclusivas del Ejecutivo, el Congreso, por su parte, debe tener un conjunto de atribuciones para hacer efectiva la responsabilidad de quienes gobiernan y administran el país.
El Poder Ejecutivo, con sus atribuciones, debe administrar con plena responsabilidad el país; pero el Poder Legislativo, el Parlamento Nacional, depositario de la soberanía del pueblo, como que en un instante dado designa al Presidente de la República, debe tener también amplitud en sus atribuciones para hacer efectiva la responsabilidad de quienes dirigen la nación.
Como decía, esta idea fue considerada inclusive en el programa de la Unidad Popular. En efecto, la página 16 de este folleto verde que circuló en todo el país como Programa Básico del Gobierno, refiriéndose al nuevo orden institucional, el Estado Popular, en que se proclama fundamentalmente la tesis de la existencia de una Asamblea del Pueblo, depositaría de casi todo el conjunto de las atribuciones, inclusive de orden administrativo, para designar a una cantidad de funcionarios, para tomar las decisiones más vitales del Estado, dice: Este sistema permitirá - la Asamblea del Pueblo - suprimir de raíz los vicios de que han adolecido en Chile tanto el presidencialismo dictatorial como el parlamentarismo corrompido.
Estimo que al margen de las posiciones que cada partido tiene, es inherente a una democracia la plenitud de las responsabilidades. Y en un sistema como el nuestro, en que vivimos en un Estado con un exceso de atribuciones extraordinarias, es indispensable que el Congreso Nacional tenga mecanismos que hagan que los que gobiernan en esa democracia, los que tienen funciones públicas, sean plenamente responsables ante el pueblo de Chile y ante los depositarios de la soberanía nacional.
Por las razones expuestas, los Senadores presentes del Partido de Izquierda Radical, tanto el Honorable señor Aguirre Doolan como el que habla, votaremos favorablemente esta reforma constitucional.
El señor BALLESTEROS.- Al iniciarse el debate sobre esta materia se sostuvo que la reforma constitucional propuesta por el Honorable señor Pablo y aprobada por la Comisión, implicaría una restricción, y más que eso, una vulneración del régimen presidencial. Debo aclarar que eso no es efectivo. En la última reforma constitucional que traspasó al Ejecutivo la iniciativa en una serie de materias que hasta ese momento pertenecían por igual a ese Poder y al Legislativo, a mi juicio se cometió un error, cual es no haberla acompañado de mecanismos de fiscalización de responsabilidades más amplio que el que existía hasta ese instante.
El señor BALLESTEROS.- La de 1970.
El señor BALLESTEROS.- La del año 1970, que precisamente comenzó a regir ose año.
En esa oportunidad se entregaron numerosas nuevas atribuciones al Ejecutivo, pero no nos preocupamos de acentuar las responsabilidades consiguientes a las mayores obligaciones que en él se hacían descansar.
Creo que establecer, como lo hace el proyecto, mecanismos mediante los cuales se amplía el ámbito de funcionarios susceptibles de ser acusados, en ningún caso vulnera el régimen presidencial, sino que lo perfecciona.
Sin ir más lejos, en nuestro texto constitucional y en los que consagran regímenes presidenciales en otros países y en otras latitudes, podemos apreciar que en todos ellos, por una irresistible tendencia de los tiempos modernos, se han ido robusteciendo las prerrogativas del Poder Ejecutivo.
Todas las naciones en el mundo programan su economía para grandes lapsos, porque es imposible hacerlo de manera distinta. Ahí están los planes quinquenales de la Unión Soviética; ahí están la planificación del Gobierno inglés y los planes de múltiples otras naciones. De allí, entonces, que es necesario dotar al Ejecutivo de un ámbito de prerrogativas y de atribuciones mucho mayores.
Siempre en los regímenes que no son parlamentarios se acentúa la responsabilidad del funcionario. Frente a regímenes parlamentarios ello no se necesita, porque a través del voto de confianza en el Parlamento se responsabiliza al Gobierno, y ya no cae un Ministro ni un funcionario, sino que el Gobierno cuando no tiene mayoría, el cual es reemplazado por uno nuevo que pueda llevar adelante precisamente las iniciativas que en estos instantes preocupan a la nación.
Me sorprenden ahora ciertas posiciones, sobre todo porque recuerdo perfectamente las argumentaciones que daban los parlamentarios de la Unidad Popular cuando se discutió la reforma de 1970. Entonces denunciaban como una pretensión cesarista el hecho de solicitar el Ejecutivo atribuciones que se conceptuaban excesivas.
El señor RODRÍGUEZ.- Eso no lo negamos.
El señor BALLESTEROS.- Bien. Por lo demás, eso es un hecho público y lo han reconocido.
El hecho cierto es que cuando ahora se trata de establecer limitaciones, hay oposición.
Además, hay algunos capítulos de la reforma de los cuales personalmente discrepo, y en esto concuerdo con el Honorable señor Gumucio, en cuanto a que no se puede estar legislando en forma circunstancial en reformas constitucionales.
Yo creo en las Circunstancias con mayúscula. Pienso que cuando cambia un cuadro político, cuando cambia todo el encuadre en que se mueven los Poderes Públicos, en que se mueve la actividad política del país, es evidente que en esos momentos se hace necesario modificar los marcos jurídico-institucionales en los cuales se desarrolla y desenvuelve esa actividad. Porque es probable que cuando esos marcos no se cambian, la actividad los rompa, los sobrepase o los deje definitivamente obsoletos.
Pero no creo que cuando se trata de circunstancias con minúscula se puedan cambiar los textos constitucionales, porque ello sólo conduce al oportunismo político.
Me parece que en este proyecto no nos encontramos en el segundo caso, sino en el primero; porque cuando tratamos de responsabilizar al Director de Investigaciones o al Jefe de Carabineros, lo hacemos porque ellos cautelan valores fundamentales para la supervivencia de la libertad en Chile. Y si se aprueba esta reforma y traemos al banquillo de los acusados al Director General de Investigaciones, será porque ese funcionario habrá vulnerado principios que para nosotros tienen mucho mayor valor que aquellos que se limitan a proteger o cautelar los derechos patrimoniales de los ciudadanos, como son los ligados a la esencia misma de la persona humana.
Aprobamos esta reforma porque queremos cautelar estos valores y porque muchas veces no lo hemos logrado con la simple acusación a un Ministro, y la experiencia así lo prueba.
Además, y por otra parte, ¡cómo no va a ser lógico que cuando un Ministro es acusado y destituido de su cargo no tenga alguna sanción que le impida por un lapso el desempeño de cargos públicos! Sobre este punto se ha argumentado ya en el debate. No estoy muy seguro de si el mejor castigo será el que no pueda desempeñar por dos años ningún cargo o función pública; pero, sin duda, debe existir una pena que le impida desempeñar cargos de la misma naturaleza del que ejercía al momento de ser destituido por el Senado. Esto es absolutamente necesario, porque aquí estamos ante un claro y evidente vacío constitucional.
Siempre que se establecen responsabilidades deben estipularse las sanciones consiguientes. No basta con la simple declaración que consigna nuestra Constitución Política, porque ello ha posibilitado nombramientos en cargos idénticos, de la misma naturaleza, de personas sancionadas por un tribunal tan importante como es el Senado de la República.
Por las razones expuestas, estimamos que nos encontramos en presencia de una reforma que en definitiva no altera fundamentalmente las bases en que se inspira nuestra Constitución Política, que es presidencialista. Simplemente perfecciona los mecanismos reguladores de las responsabilidades que van aparejadas al mayor poder que el Ejecutivo tiene y que son consustanciales a él.
Por eso creemos que esta reforma debe ser sancionada, y sólo echamos de menos disposiciones que pudieran llevar más lejos esta responsabilidad. Inclusive y con esto termino, es conveniente para el curso futuro de los acontecimientos.
Porque cuando examinamos esta reforma constitucional en el contexto histórico circunstancial que estamos viviendo, ¿con qué nos encontramos? Con un Gobierno que asumió el Poder siendo minoría. Lo más probable es que en lo futuro haya Gobiernos que tengan mayoría y que, por lo tanto, no corran el riesgo que creen ver algunos señores Senadores en cuanto a que, mediante un juego político, puedan ser responsabilizados sus funcionarios en forma injusta e indiscriminada.
Considero positiva para la democracia - aquí me remito a las palabras del Honorable señor Rodríguez - la búsqueda de fórmulas de acuerdo. Pero cuando no existen mecanismos eficientes para responsabilizar a la autoridad que ejerce el Poder, se está lejos de encontrar esas fórmulas, no se buscan y, por el contrario, se rehúyen, como sucede en la actualidad.
El señor DURAN.- Señor Presidente, después de oír al Honorable señor Rodríguez, creo que no estamos en desacuerdo con Su Señoría cuando expresa que entre los problemas más importantes, trascendentes, vitales y nuevos de la convivencia política de Chile en los órdenes económico y social, está el advenimiento a la convivencia de fórmulas nuevas en lo atinente al derecho de propiedad y a la administración de los bienes de producción.
Cuando el señor Senador recuerda que existe un movimiento para llevar adelante la idea de reformas profundas y habla del sector reformado y de la autogestión, creo que en el Parlamento hay unanimidad para estimar que ese fenómeno es trascendente y vital.
La discrepancia radica esencialmente, Honorable colega, en que para los sectores democráticos, para los que pensamos en la división de los Poderes Públicos, para quienes creemos en la soberanía del Parlamento, esas tesis deben debatirlas los representantes populares, con el objeto de que, a través del cauce normal de la Constitución y la ley, advenga a nuestra convivencia el sistema que nos está planteando la necesidad en esta hora nueva.
Parece ser que el pensamiento discrepante arranca de que los Senadores de la Unidad Popular creen que todo este fenómeno nuevo debe continuar por la ruta inconstitucional y extralegal, por el camino que permite al Ejecutivo hacer lo que estima conveniente, con abandono absoluto del respeto a los otros Poderes del Estado.
Es trascendente esta reforma cuando pretende ampliar el período ordinario de sesiones. Porque siempre es útil que el país recuerde algunos hechos. La legislatura ordinaria dura cuatro meses. Es decir, el Congreso, para cumplir sus funciones propias, dispone sólo de cuatro meses, y debe legislar en legislatura extraordinaria durante ocho meses.
Vale la pena destacar, para el recuerdo de algunos colegas parlamentarios y para el juzgamiento de estos hechos por la opinión pública, que la legislatura extraordinaria es convocada de preferencia, conforme a las normas constitucionales, por el Ejecutivo; de manera que este Poder colegislador dispone de ocho meses. Y durante la legislatura ordinaria, de cuatro meses, el Gobierno se moviliza por medio del régimen de las urgencias, que todos conocemos, tratándose por ende los proyectos a su elección y restringiéndose las facultades de los parlamentarios.
De ahí que las apreciaciones de nuestro Honorable colega sean injustas.
Pero estimo útil destacar, con relación a la materia que debatimos en este instante, que aquí siempre se trata de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. No ha transcurrido todavía un tiempo suficientemente largo como para que el olvido haya caído sobre las mentes de las personas y les impida recordar el lenguaje usado por los mismos señores Senadores y por el señor Allende, actual Presidente de la República, cuando sostenían que este régimen, más que presidencial, era monárquico. Pero ahora al nuevo Jefe del Estado el traje de monarca le queda chico: quiere más y más poder; está enfermo de poder.
Cuando el Primer Mandatario, efectuando una especie de recuerdo de la lucha entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, hacía lo que en el pueblo se denomina tira de fuerza o gallito y movía la mano para hacer fuerza entre un Poder y otro, yo recordaba a mi vez que Su Señoría reiteradamente, con la soberbia y prepotencia que lo caracterizan, dice ser la mejor muñeca de Chile.
Por lo tanto, me parece extraño que con esta primera muñeca de que dispone Chile los señores parlamentarios tengan algún temor de que aquí dictemos normas lesivas para el inmenso poder de que se encuentra investido el Presidente de la República.
Ahora, examinemos dos aspectos que nos parece útil destacar.
El país ha conocido una nueva doctrina, sustentada por algunos de los juristas más destacados del Gobierno y repetida y justificada aquí por algunos señores congresistas: la de los resquicios legales. Es decir, el camino de atravieso que permite al Ejecutivo actuar por la ruta de la tinterillada, buscar en esos resquicios fórmulas que den apariencia de legales a actos de atropello.
No hace mucho tiempo escuchamos sostener en el Senado que el problema de la comunicación de masas mediante la televisión, la prensa y la radio era tan consustancial al espíritu de la democracia, que se criticaba repetidamente el hecho de que algunos órganos de difusión estuvieran en manos de particulares, y el de que éstos impidieran a los sectores políticos de Oposición expresar sus juicios. Pero ahora el marxismo es Gobierno. Y, cuando cuenta con estos modernos medios de comunicación de masas fundamentalmente, la televisión estatal, o las radioemisoras que el Estado fue adquiriendo mediante diversos expedientes: compras efectuadas a través de chantajes o amenazas para obligar a los particulares a entregar algunos de esos medios de difusión, este poderoso Estado marxista niega acceso a ellos a los particulares, no obstante ser de todos los chilenos.
La señora CAMPUSANO.- Pero ustedes tienen en sus manos 64% de ellos.
El señor DURAN.- Señora Senadora, los particulares que tienen un porcentaje de esos medios son dueños de ellos, y pueden ocuparlos los parlamentarios de Gobierno y de Oposición pagando los espacios radiales o de otra índole.
Por ejemplo, la opinión pública sabe que el Canal 13 de Santiago, que pertenece a la Universidad Católica, mantiene programas pluripartidistas que hablan el lenguaje de un país libre. En cambio, Chile entero es testigo de que todos los días tenemos instalado en los canales del Estado y, por ende, en las pantallas de los televisores, al Presidente de la República, diciendo muchas veces...
El señor MONTES.- Todos los días no.
El señor DURAN.- ¡Digamos día por medio, para bajarle la cuota a Su Señoría...!
El señor MONTES.- ¡Es una exageración!
El señor DURAN.- Me da la impresión que hablara todos los días, y creo que a Chile también, porque nos tiene aburridos: ¡Si aunque sea sólo una vez en la semana, nos parece que lo encontramos hasta en la sopa...!
¿Qué pasa con el señor Allende instalado en la televisión? Lo están desacreditando.
Hace algunos días habló en Yarur. No repetiré sus palabras porque no estuvieron a la altura de un Jefe de Estado. Recordó la famosa frase de dónde pecatas meas e hizo un juego de palabras de bastante mal gusto y de notable ordinariez, que no estaba a la altura de un Primer Mandatario. Y tengo la certidumbre de que cada uno de Sus Señorías, en el fondo del alma, sintió un poco da pena, como chileno, al escucharlo en esa intervención televisada.
La señora CAMPUSANO.- Al contrario. ¿Quiere conocer nuestra opinión?
El señor DURAN.- No, porque la adivino. Y sé muy bien que hay ciertas palabras del pecatas meas que a Sus Señorías les gustan, tal vez por necesidad. Por eso, no tiene objeto que den a conocer su opinión.
Respecto de los medios de comunicación de masas, quiero destacar cuan curiosa es la actitud de los marxistas, porque es útil que el país lo sepa: cuando son Oposición, reclaman el derecho a ser oídos; y cuando son Gobierno, son dictatoriales, liberticidas, y quieren que sólo su expresión llegue al resto de la ciudadanía. Pero ignoran que, a pesar del sistema de silenciar, la intuición democrática se va formando juicio. Pueden silenciarnos; pero el pueblo sabe muy bien por qué no llegamos a él a través de los medios de comunicación.
De ahí que, por último, considere útil recordar un hecho.
¿Quién habló en la plaza Montt-Varas cuando un día el Congreso acusó a un Ministro del Interior y lo suspendió de su cargo? El señor Del Canto, Ministro del Interior, injurió al Poder Judicial estando suspendido de su cargo de Secretario de esa Cartera. ¿Qué dijo Su Excelencia el Presidente de la República? Manifestó a la Corte Suprema, que le envió un oficio, que él se encargaría de sancionar, previa investigación, a los responsables. ¿Qué debía investigar, si ahí estaba el autor de las injurias? Pero se dio un plazo para su muñequeo. Resultado moral de la acción de ese gobernante: al autor de las injurias lanzadas contra un Podar Público lo nombró Ministro Secretario General de Gobierno. Y esa designación recayó en quien había sido destituido por la Cámara a raíz de atropellos a la Constitución a la ley y a la moral.
El señor MONTES.- Destituido abusivamente.
El señor DURAN.- Sí, abusivamente; porque cuando el contrabando lo efectúa un ciudadano modesto, merece todas las sanciones morales y penales; pero cuando los matuteros se hallan más altamente colocados, entonces encuentran amparo en los Senadores comunistas.
Creo que el país sabe muy bien en qué consistió el contrabando del avión cubano, y Sus Señorías también; y a lo mejor hasta lo gozan. Pero yo sostengo en la Corporación que ese hecho indica que el proyecto que en este momento debatimos no sólo es conveniente, sino también indispensable si queremos salvar la democracia.
El señor FUENTEALBA.- ¡Tiene cocaína también el contrabando...!
El señor DURAN.- ¡También le pegan un poco a la cocaína...!
El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, a propósito de la intervención del Honorable señor Duran, recordaba yo un artículo que apareció hoy en La Tercera de la Hora y del que es autor el ex Senador don Raúl Ampuero Díaz, Me parece que da respuesta muy acertada a la expresado por el Honorable señor Duran en cuanto a los resquicios legales que usa el Gobierno y a que se refirió Su Señoría.
El señor DURAN.- Lo ha dicho el señor Novoa; no lo he sostenido yo.
El señor SILVA ULLOA.- Efectivamente.
El señor Ampuero expresa en ese artículo:
Bastó la desafortunada referencia de una alta personalidad de Gobierno a la utilización de determinados resquicios legales, como instrumento jurídico de los cambios, para que la campaña se desatara y la expresión se revistiera de un siniestro sentido.
En este campo, la Derecha es magistral. Las ideas más simples, las consignas más claras, se desfiguran y distorsionan hasta crear en el público una imagen grotesca, cuando no decididamente tenebrosa de su contenido. Así ocurrió con los Tribunales Vecinales y después con la Asamblea Popular.
Ahora se procura demostrar que todos nuestro sistema legal está inspirado en la tradición liberal-capitalista, y que sería una violación flagrante de su espíritu cualquier interpretación de la ley que pudiera dañar las sagradas instituciones burguesas. Una doctrina destinada, como se ve, a congelar para siempre un orden social al que se le asigna un valor casi divino.
Doctrina falsa de caba a rabo, que niega la natural adaptación de la ley a circunstancias nuevas, cada día más perentorias en un mundo que se transforma ante nuestros ojos. No existe hoy un solo hombre de derecho que le asigne a la ley - norma social por excelencia - un valor inmutable, encadenándola a las condiciones eminentemente transitorias que rodearon su generación.
Tampoco los actuales Gobernantes se comprometieron nunca a mantener intangibles las instituciones. Por el contrario, un pacto de honor con el pueblo los obliga a ejecutar profundas transformaciones en la estructura económico-social de la nación. No han renunciado, entonces, a modificar las instituciones ni a reformar el orden legal; su compromiso se limita a usar la ley vigente como instrumento para promover los cambios. Ahora, si se recuerda que el decreto ley 520 - en vigor desde 1932 y utilizado, sin excepción, por todos los presidente desde entonces - fue emitido por un Gobierno que se autocalificaba de socialista, habrá que aceptar, por lo menos, que la inspiración misma del precepto era profundamente intervencionista; ya en esos tiempos otorgaba al Estado un papel decisivo en la producción y en la circulación de las mercancías. Ni la letra ni el espíritu de ese cuerpo legal se violentan cuando el Ejecutivo aplica sus disposiciones, en interés de la comunidad.
Por lo demás, son las crepusculares clases dominantes y sus agentes políticos de ayer y de siempre quienes han usado y abusado del derecho, para ponerlo al servicio de sus intereses. Basta recordar, en el orden privado, la general tolerancia hacia las nulidades de matrimonio, típico atajo procesal para lograr lo que limpiamente debería alcanzarse a través de una legislación que reglamentara el divorcio. En el derecho público, los partidos reaccionarios en clara violación de la Carta Fundamental, que sólo autoriza establecer restricciones a las garantías individuales en virtud de una ley, han introducido subrepticiamente la institución de las Zonas de Emergencia por vía de simples decretos, mediante una insidiosa y gradual deformación de los preceptos originales. Ahora, cuando el manejo de esas armas corresponde a los partidos populares, comienzan a tartamudear tardías dudas y reservas.
Y no es todo, el propio régimen presidencial instaurado por la Constitución del 25, que consagra como una atribución especial del Primer Mandatario nombrar a su voluntad a los ministros de Estado, está a punto de derivar en un parlamentarismo bastardo, por el empleo desmedido de las acusaciones constitucionales como arma de presión política.
Como se ve, en materia de subterfugios legales, la oposición y sus hombres nos dan cancha, tiro y lado.
Yo creo que no ha habido un artículo más oportuno que éste publicado en la prensa de hoy.
Voto que no.

Se aprueba el número 1 (26 votos por la afirmativa y 10 votos por la negativa).

El señor REYES.- ¿Me permite, señor Presidente?
Después de consultar con diversos Comités, hemos acordado votar en esta sesión las disposiciones que restan de la reforma constitucional que nos ocupa, y colocar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el proyecto referente al personal subalterno del Poder Judicial.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, y de conformidad con lo resuelto por los Comités, se decidirá en una sola votación respecto del resto de la reforma constitucional propuesta.
Acordado.

En votación.
El señor FIGUEROA (Secretario).- ¿Se aprueban o no las modificaciones a los números 2 y 4, que son las últimas propuestas por la Comisión en su segundo informe?
(Durante la votación).
El señor IBÁÑEZ.- Pido la palabra.
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor IBÁÑEZ.- Señor Presidente, quiero aprovechar el fundamento de mi voto para hacer un breve alcance a las palabras vertidas por el Honorable señor Rodríguez.
Al votarse la primera disposición comprendida en esta reforma, el señor Senador aludió a la actitud de los Senadores de estas bancas en la época en que presidía la República don Jorge Alessandri Rodríguez. Puedo decir a Su Señoría - él bien me conoce - que mantengo exactamente la misma posición que tuve en aquel entonces.
Traté de explicar las razones que nos hacían apoyar toda esta reforma constitucional, pero parece que no tuve la suerte de ser entendido por mi Honorable colega. Aprovecho, pues, la oportunidad para extender algunas de las consideraciones que muy someramente me escuchó la Sala.
Sostengo que el Congreso debe hacer prevalecer sus puntos de vista en la conducción política del país en todas las circunstancias, y muy particularmente cuando el Primer Mandatario no ha sido elegido por votación popular, sino por decisión del Parlamento. En esta situación se encontró don Jorge Alessandri, y en la misma se encuentra don Salvador Allende.
Pero observemos la disparidad de comportamiento de ambos Mandatarios. Don Jorge Alessandri jamás trató - no habría podido hacerlo, pues ello habría sido contrario a sus más íntimas convicciones - de torcer el sentido de las leyes para imponer su voluntad minoritaria. El concepto de los resquicios legales no habría podido pasar por la mente de don Jorge Alessandri, porque él se habría considerado indigno del alto cargo que investía si se hubiera valido de tales procedimientos para imponer su criterio en contra del de la mayoría política del Parlamento. La actitud del señor Alessandri fue eminentemente democrática; es decir, la que corresponde a un Presidente que no habiendo sido elegido por una mayoría sustancial de electores y habiendo llegado a la, Primera Magistratura por decisión del Congreso, se sintió con la obligación moral de buscar siempre el respaldo de una mayoría parlamentaria frente a todas las, disposiciones que su Gobierno debió adoptar.
Los señores Senadores fueron testigos de cómo el señor Alessandri, no obstante carecer de esa mayoría los partidos que lo apoyaron en su elección, obtuvo el respaldo mayoritario gracias al concurso de otras colectividades, lo que lo obligó a deponer muchos de los propósitos que él había enunciado públicamente cuando fue candidato y que hubiera querido llevar a la práctica desde el cargo de Presidente de la República.
Ese es el comportamiento que corresponde a todo Mandatario democrático: buscar el apoyo de otros partidos y de otras tendencias, supeditando en parte su propio programa, su propia voluntad, a fin de alcanzar ese consenso mayoritario de los congresistas que refleja la mayoría ciudadana, la mayoría política del país.
Muy diferente ha sido el comportamiento del actual Jefe del Estado, ya que, tratándose de un Gobierno elegido en forma minoritaria y en que el Presidente de la República señor Allende llegó a ese alto cargo por decisión del Parlamento, las fuerzas que lo acompañaron no sólo no han aceptado buscar el concurso de otros grupos políticos y de asimilar su programa a lo que la mayoría nacional desea, sino que, valiéndose de los resquicios legales, ha tratado de imponer a la mayoría democrática del país el pensamiento, los programas y los propósitos de la minoría marxista.
De ahí proviene el grave conflicto político que vive Chile, y es en razón de este cambio de comportamiento del Primer Mandatario y del Gobierno que nos rige, que nos vemos obligados, en una actitud puramente defensiva, a adoptar las reformas constitucionales que en este momento .estamos votando.
Voto a favor de la reforma.
El señor RODRÍGUEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor RODRÍGUEZ.- Quiero dar respuesta, brevemente, a algunas de las observaciones formuladas por los colegas de las bancas de enfrente.
El Honorable señor Duran, aun encontrando razón al planteamiento sustantivo que yo hice, decía que el Gobierno de la Unidad Popular quería escamotear de la discusión parlamentaria algunas cuestiones fundamentales que se refieren a la participación social. Creo que el señor Senador debería leer la circular Nº 2671, en la cual se señalan las materias incluidas hasta la fecha en la actual legislatura extraordinaria. Los primeros cuatro proyectos se refieren, precisamente, a los asuntos que yo, de una u otra manera, abordé en mi breve intervención: 1) proyecto de ley que establece la participación de los trabajadores en las empresas del área social y mixta de la economía (Cámara de Diputados); 2) proyecto de ley que establece garantías para los pequeños y medianos propietarios (Cámara de Diputados); 3) proyecto de ley que determina el sistema nacional de autogestión (Cámara de Diputados), y 4) proyecto de ley que establece el régimen de las actividades económicas reservadas al Estado (Cámara de Diputados).
Se trata, pues, de cuatro iniciativas centrales que están sometidas ya a la consideración del Parlamento. De manera que cada una de las bases del problema de la participación, de las nuevas características que asume la actividad económica en el área social y de participación de los trabajadores, está comprendida en estos proyectos que considerará el Congreso, y, por lo tanto, el Gobierno de la Unidad Popular no está escamoteando ninguna idea de fondo a la discusión parlamentaria.
El segundo problema, en respuesta ya al Honorable señor Ballesteros, consiste en reiterar un hecho que nosotros nunca hemos negado. Por principio, somos contrarios al régimen presidencial. Tampoco caemos en el vicio, con el perdón de los Honorables colegas radicales, de defender el parlamentarismo.
El señor ACUÑA.- No, señor Senador.
El señor RODRÍGUEZ.- Yo me atengo al contexto histórico, de acuerdo con el cual el Partido Radical siempre tuvo simpatías por el régimen parlamentario. No me estoy refiriendo a los colegas presentes. Digo que, como norma de doctrina, de principio, Sus Señorías siempre defendieron el sistema parlamentario. Nosotros, en cambio, recogimos el sistema institucional clásico de la filosofía demoliberal de la Revolución Francesa, de la clásica división de los Poderes del Estaco en Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Pero creemos - y lo decimos con mucha honestidad de principios - que la actual división de los Poderes, en el área del mundo subdesarrollado, es un sistema institucional que, parodiando la frase del Honorable señor Duran, podríamos considerar un traje que le queda corto al pueblo de Chile.
En efecto, dados las demandas económicas, sociales o de reestructuración y el hecho de que se avanza hacia el socialismo, mal que les pese a algunos colegas y a algunas fuerzas sociales, y no obstante todas las imperfecciones que puede tener ese tránsito, estamos ante un proceso que ha probado sin lugar a dudas que el clásico sistema institucional está desgastado y debe reemplazarse por otras formas institucionales. ¿Cuándo y cómo? Ese es el gran desafío planteado al país. Y pienso que incluso en el seno de la propia Democracia Cristiana el problema no escapa como preocupación central en no pocas de sus reuniones políticas, en sus expresiones programáticas y en las banderas que paseó su candidato, Radomiro Tomic.
En realidad, éste es un problema que sólo rebota en la epidermis dura e insensible de las fuerzas de Derecha. Pero lo cierto es que hay una amplia mayoría nacional dispuesta a acoger ese reclamo y que comprende que algún día tendrá que cambiarse el sistema institucional. Nosotros lo reafirmamos, Honorable señor Ballesteros, en nuestro programa de Gobierno, al cual no hemos renunciado. Como expresión de principios, hemos dicho:
En nuestro país han fracasado los gobiernos concebidos sobre la base de tener como único factor o centro la persona del Presidente de la República, como ser omnipotente y absolutista.
El gobierno personal se ha transformado siempre en la expresión del poder de los reaccionarios, en el vehículo de la politiquería, de los compromisos sin principios, de la repartición de prebendas como forma de pago de servicios electorales. Con ello la acción dispersa e improvisada, la desorganización y las contradicciones en las líneas de trabajo de las diversas ramas del Poder Ejecutivo, se convierten en características de la conducta de Gobierno con las funestas consecuencias conocidas y que el país padece.
El señor PABLO.- ¡Todavía existen!
El señor RODRÍGUEZ.- Sí, Honorable señor Pablo: aún en estos días se proyectan esos vicios, y nosotros no lo ocultamos. Pero lo interesante en la vida es mantener siempre en alto y con honestidad la bandera de los principios. Por eso, pienso que se equivoca el Honorable señor Ballesteros cuando cree que nosotros hemos abdicado de condenar el régimen presidencial, basado en la autoridad de una sola persona, con sentido omnipotente, como lo concibieron los personeros de Derecha en torno de Jorge Alessandri, el hombre providencial que todo lo resuelve, el hombre que no se apoya en las organizaciones políticas y sociales y que, incluso, a veces desprecia a los propios partidos que lo apoyan. Así ocurrió con ese ex Mandatario, que en no pocas vueltas de la política repudió a las colectividades que lo sustentaban, y con un desprecio olímpico.
Por eso, nosotros también reafirmamos en el programa, junto con estas concepciones, cuáles son nuestros objetivos, que estamos dispuestos a alcanzar en el futuro, cualesquiera que sean los vaivenes de la política contingente:
A través de un proceso de democratización en todos los niveles y de una movilización organizada de las masas, se construirá desde la base la nueva estructura del poder.
Una nueva Constitución Política institucionalizará la incorporación masiva del pueblo al poder estatal.
Por eso, insisto en que la reforma patrocinada por el Honorable señor Pablo toma el problema por la superficie, por la superestructura, por la formalidad del proceso, en circunstancias de que mucho más importante que esta reforma constitucional, a mi juicio, es el hecho de que los trabajadores de un sindicato industrial importante estén participando en los incipientes caminos de la autogestión, en un proceso que esperamos perfeccionar aquí, no obstante todas las desventajas que tiene el Gobierno, mediante los proyectos que se encuentran en la Cámara.
Voto por la negativa.
El señor DURAN.- Quisiera dar respuesta a algunas observaciones que hemos escuchado en el curso de este debate, fundamentalmente a las de mi Honorable colega señor Rodríguez.
El señor Senador se refirió a algunos proyectos de ley incluidos por el Ejecutivo en la convocatoria a la actual legislatura extraordinaria, y que tienen relación con algunos fenómenos que hemos tenido oportunidad de comentar al fundar el voto en la primera votación: la autogestión y la participación, o sea fórmulas económicas nuevas que dan a los sectores asalariados, por razones económicas y con fundamentos morales, participación en el desarrollo de determinado tipo de industria, sociedad mixta o del área social.
Pensábamos, al acusar hace un instante al Gobierno de escamotear estas trascendentales materias del conocimiento del Congreso Nacional, que no es la parte reglamentaria de la ley lo que nos debe servir de fundamento para acusar al Ejecutivo de esta política de escamoteo.
Se trata de algo mucho más trascendente y profundo: es la tendencia constante, que define la acción del Ejecutivo, a operar en forma directa al margen del régimen jurídico que repudia. A Sus Señorías, todo el montaje de la juridicidad les incomoda. Es como una sensación de opresión, por lo que tienden a dar de puntapiés con los arneses. Sólo de esta manera se entiende que el Ejecutivo, por la vía del resquicio o de la tinterillada, intervenga ciertas empresas. En el fondo, se sabe muy bien que se trata de traspasarlas en forma definitiva del área privada al área social. Pero lo hace mediante el resquicio de acusarlas de no dar abastecimiento suficiente, o bien inventando conflictos entre el sector patronal y el de los trabajadores, a fin de justificar la intervención del Estado. Aun cuando la ley dice que la intervención es transitoria, se sabe muy bien que lo que se pretende es adueñarse de una industria o comercio por la vía del resquicio o de la tinterillada.
No participaré en el extenso debate sobre los resultados obtenidos por el Gobierno en la administración de esas industrias o comercios que logró controlar, ni me referiré al problema moral que el señor Ministro de Hacienda planteó hace muy pocas horas o días al afirmar, con razón, que en Chile hay una gigantesca bolsa negra; pero siempre es útil rasguñar un poco más abajo del simple barniz con el que, mediante planteamientos más o menos brillantes, se trata de cubrir la realidad. ¿Quién mantiene en Chile esa bolsa negra, que se vincula con el comercio de la carne, de la harina, del café, del algodón, de los repuestos, de los neumáticos, etcétera, y que con razón molesta al señor Ministro y al Gobierno?
Me alegro mucho de haber escuchado hoy al Honorable señor Rodríguez decir que los gobiernos personalistas llegan hasta la corrupción y la protección burocrática de gente segundona que va lesionando la línea del Gobierno. Es verdad, porque la carne, la harina, el algodón, los repuestos y los neumáticos son producidos en Chile por la maquinaria estatal.
La agricultura ya no hay que buscarla en los fundos ni en las lomas ni en las vegas del campo chileno. Ahora esperamos el trigo, la carne y la leche mirando hacia el mar, a los buques que nos traen artículos importados. Y, por lo mismo, la gigantesca bolsa negra existente en Chile está siendo abastecida por los canales de la tolerancia, del montaje burocrático de este Gobierno marxista.
Al respecto, es útil destacar otro hecho. E] señor Ministro nos decía, con ingenuidad infantil, que la crisis también se debía al alza del dólar. Yo me preguntaba para mis adentros: ¿y quién ha cometido el crimen de alzar el valor del dólar? Y me encontré con decretos firmados por el señor Allende con los que alza el valor del dólar, o más bien, para hablar con más propiedad, con los que rebaja el valor de la moneda chilena.
El señor Ministro nos dice que la crisis se debe al alza del dólar, en circunstancias de que ésta la produjo el Gobierno.
El señor CHADWICK.- No entendió nada de lo que dijo el señor Ministro.
El señor DURAN.- El Gobierno ha desvalorizado, dos, y creo que hasta tres veces, nuestra moneda, señor Senador.
Antes decían algo que todos hemos oído: que cuando los gobiernos y los ricos recortan la moneda, el pueblo debe recortar las carabinas y salir a la calle. Ahora, los perlas se transforman en sastres y viven recortando la moneda, pero imputan al resto de la ciudadanía el trágico acontecer económico de Chile.
Además, señor Presidente, creo útil sacar de las palabras del Honorable señor Rodríguez algunas enseñanzas, que yo me complazco en reconocer. El Honorable colega ha dicho, interpretando las tesis de su partido, que no comparte la teoría clásica de la división de los Poderes Públicos en Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Es bueno que el país lo sepa, porque normalmente los hombres de Gobierno utilizan un lenguaje disfrazado. Para nosotros, la democracia requiere de la división de los Poderes del Estado. De otra manera, se cae en la dictadura de los gobiernos absorbentes, que son a la vez Ejecutivo, Legislativo y Judicial, o sea, en los antiguos sistemas, en la satrapía, que en nuestra tierra equivalen a la forma de gobierno de los incas y de los araucanos, con sus jefes, los toquis, que tenían derecho sobre la vida y la muerte de sus súbditos. Pero la civilización nos entregó este otro sistema, que Sus Señorías repudian y que nosotros estamos defendiendo.
El señor PABLO.- El Honorable señor Rodríguez ha tratado de restar importancia a esta reforma constitucional, calificándola de preocupación de carácter formal. El señor Senador se ha referido al formulismo del Senador Pablo. Por mi parte, yo podría hablar de los sesudos discursos de Su Señoría, que en el fondo sólo pretenden, muchas veces, sacarnos del centro de la cuestión en debate. En efecto, nuestro Honorable colega no sólo ahora, sino en muchas oportunidades, cuando tratamos proyectos que el Gobierno no tiene interés en aprobar, apela a la necesidad de preocuparse de las estructuras nacionales, respecto de las cuales, evidentemente, todos tenemos sumo interés. Pero con este sistema Su Señoría minimiza cualquier otra iniciativa con la que no concuerde.
Vivimos en una comunidad política, cuyas aspiraciones pueden sintetizarse en tres ideas.
En primer lugar, la comunidad política pide desarrollo. Cuando hablamos de desarrollo todos sabemos de qué se trata: de hacer obras públicas, de alfabetizar, de crear universidades, de otorgar servicios adecuados de salud, de empleo, de ingreso, de lograr la plena independencia nacional, y de tantas otras cosas que el país reclama y que echamos de menos si nos desplazamos a cualquier rincón de Chile y lo vemos totalmente estancado. Puedo decir al Honorable señor Rodríguez que en los hombres de estas bancas siempre encontrará gente dispuesta a preocuparse del desarrollo, y que precisamente critica al Gobierno por haberse interesado muy poco en este aspecto.
En segundo lugar, la comunidad política pide justicia. La justicia significa cambiar estructuras y, evidentemente, estamos dispuestos a considerar estos cambios; pero lo que muchas veces lamentamos es la poca cooperación de los Senadores de Gobierno, porque, salvo los del Partido Comunista y de mi Honorable colega de la USOPO que no es del Gobierno, sino una cosa intermedia, motivo por el cual hago la excepción, la verdad es que es muy poca la colaboración que se tiene de sus luces, de sus propósitos e intenciones, porque en el Parlamento campean por su ausencia.
Pero también la comunidad política reclama y pide seguridad. La gente quiere saber cuáles son las reglas del juego. La gente quiere saber si en la defensa de una posición está dentro de los cánones legales. La gente no quiere atropellos de quien manda permanentemente en el país en forma sectaria y extralimitándose en sus funciones.
Entiendo que este tipo de problemas no preocupa a los que están bajo el paraguas del Gobierno de turno. Pero en esta Administración, la seguridad está puesta permanentemente a prueba. Cuando hay extralimitación de poder; cuando los hombres que mandan se extralimitan constantemente en el ejercicio de sus funciones, ,1a gente quiere que haya un Poder que controle la acción de otro Poder. Para eso nació el Congreso. Para eso se creó, en gran medida, el Parlamento: para impedir el desborde de poder de los ejecutivos en un momento determinado, para impedir el cesarismo a que hace referencia el programa de la Unidad Popular y para evitar que se transforme el Poder en un verdadero paraguas de prebendas, como sucede en la actualidad. Que no se hable aquí de Gobiernos deshonestos, porque yo tendría mucho que decir acerca de la honestidad de la actual Administración.
Por eso, señor Presidente, estamos convencidos de que hay otros problemas que también preocupan al país, como es el desborde de poder de muchas autoridades que ejercen mandatos conferidos por el Jefe del Estado con acuerdo del Senado o sin él. Por eso también queremos determinar sus responsabilidades, porque cuando no hay fiscalización efectiva, cuando no existe la división de Poderes, de lo que con tanta ligereza se suele hablar, termina habiendo dictadura. Y es condición de la democracia que exista un Parlamento, pero un Parlamento con facultades. No quiero decir con esto que en todos los lugares donde hay Parlamento exista una real democracia; mas para que pueda haber democracia, es fundamental la existencia de un Congreso que tenga poderes, que pese en la vida de una nación, que se haga escuchar y que impida los desbordes de los otros Poderes y controle las responsabilidades de quienes gobiernan.
Por estas consideraciones, la reforma constitucional en debate tiene sentido. Por eso, también, rechazamos los sesudos discursos que tienen por finalidad exclusiva cubrir con sombras lo que se persigue realmente, que es impedir algo que molesta al Gobierno.
El señor MONTES.- Sólo quiero referirme a la comparación - mejor dicho a la diferencia - que se pretendió establecer por parte del Honorable señor Ibáñez entre el que fue Presidente de Chile, el señor Alessandri, y el señor Allende.
Es útil también para este debate señalar que, a juicio nuestro, la principal diferencia entre los dos Mandatarios reside en que mientras el señor Alessandri, cuya persona respetamos, fue un político conservador, el actual Presidente de la República es un revolucionario; y éste es precisamente su mérito: el haber sido y ser consecuente con su posición, con lo que predicó, con lo que afirmó, con lo que se comprometió ante el pueblo. Por eso, también, mucha gente lo combate con saña, y por eso, también, en esta misma reunión del Senado el Honorable señor Duran emplea el arma de la crítica contra el Presidente de la República, porque, en el fondo, el Jefe del Estado ha cumplido con el programa revolucionario. Porque efectivamente la aplicación de ese programa permite terminar con los privilegios. Porque efectivamente se intervienen empresas y se lesionan intereses particulares, en beneficio de otros intereses que son superiores a ellos, para aplicar una frase muchas veces dicha, teniendo en cuenta los intereses superiores del país, de la nación, de nuestro pueblo.
Para argumentar en contra del Gobierno popular, se recurre a grandes mitos, como el de que esta Administración está atropellando la democracia y la libertad. Y son precisamente los sostenedores de la dictadura que en el campo, mediante el sistema del latifundio, mantuvieron sin derechos a los campesinos chilenos, impidiéndoles emerger a su condición humana ; los que, desde el Poder o desde la Oposición, durante decenios, desde estas mismas bancas parlamentarias, nada hicieron por eliminar esa trágica realidad que durante tantos años vivieron los pobres de Chile, los pobres del campo chileno, quienes vienen a decir que hay que defender la democracia y la libertad. Siempre hablaron en general de estos problemas. Nunca se refirieron al contenido concreto de estos conceptos tan altos y tan nobles, que implican la posibilidad de que el campesino chileno emerja a la democracia y haga uso de los derechos que le otorga la libertad; nunca terminaron con el sistema que impedía al trabajador del agro expresarse como persona humana, hacer realidad la democracia y tener acceso real a la libertad.
Por eso se nos ocurre - con esto término mis observaciones - que la reforma constitucional que se propone significa un paso atrás en el marco del proceso de desarrollo de la revolución chilena.
El Honorable señor Acuña se refirió a la Constitución de 1925. Creemos que ese cuerpo legal, por el cual combatió Arturo Alessandri, significó un paso importante en la vida social y política de Chile, cuando aquel caudillo burgués, según sus propias palabras, combatió a lo que denominó la canalla dorada, es decir a la oligarquía de la época, que se opuso a dar ese paso adelante y a toda posibilidad de progreso, tal como sus sucesores de hoy se oponen de manera tan dura, tenaz e implacable, a cualquier tipo de gestión que pueda realizar este Gobierno.
Porque en el marco del desarrollo social hemos mantenido una actitud consecuente, inalterable, con todo aquello que signifique avance y progreso, independientemente de que lo propongamos o no lo propongamos nosotros, como ocurrió con algunas reformas fundamentales del propio Gobierno pasado, hoy día estimamos que las reformas propuestas a consideración del Parlamento no significan ayudar al proceso de desarrollo que estamos viviendo, sino que poner trabas y escollos para dificultarlo.
Voto que no.
El señor MORENO.- No hay duda de que la discusión suscitada esta tarde en el Senado tiene trascendencia mayor que los aspectos específicos de que trata e] proyecto de reforma constitucional que en esta oportunidad estamos votando.
Había pensado sinceramente no hacer uso de la palabra, por creer que se han dado muchas y muy completas argumentaciones, desde todos los ángulos; pero hay dos elementos que me mueven, por lo menos, a levantar mi voz.
El primero de ellos es el que ha expuesto en forma muy tranquila, clara y precisa el Honorable señor Rodríguez, y el otro, las observaciones que acabamos de oír al Senador del Partido Comunista Honorable señor Montes.
Creo que el Honorable señor Rodríguez ha expresado con mucha claridad lo que, desde su punto de vista ideológico, personal y político, tiene legítimo derecho a expresar respecto de lo que significa la creación de un nuevo Estado y de los mecanismos que deben regularlo. No hay duda de que la actual Constitución y los mecanismos legales existentes, incluso los que rigen nuestra vida democrática, no están adaptados para el esquema de sociedad que quieren y esperan el Honorable señor Rodríguez y quienes él representa. Lo reconozco. También quiero declarar que para nosotros y para el Senador que habla, el actual marco institucional tampoco es el más adecuado ni el más perfecto para un país joven, abocado a tensiones sociales que emanan de situaciones muy profundas y que necesita de manera apremiante crear nuevos mecanismos y nuevos caminos para poder avanzar en un futuro cercano.
Pero el problema que ahora se plantea no es el de mayor o menor adecuación de los actuales mecanismos, sino que, por desgracia, está en juego otra cosa: la filosofía misma del sistema que en nuestro país va a existir. Es aquí donde se encuentra la raíz de nuestra discrepancia con las palabras del Honorable señor Rodríguez.
Los Senadores democratacristianos que han levantado antes que el que habla su voz en esta Sala, no sólo en esta oportunidad, sino que durante muchos años, han venido reclamando la creación y construcción de una sociedad distinta, porque no estamos satisfechos con la actual. Pero no por estas argumentaciones ni por estas razones, por las cuales expresamos nuestra reiterada adhesión, hoy día vamos a tener una duda o vacilación en cuanto a la permanencia de ciertos valores esenciales de la sociedad chilena, cualesquiera que sean los mecanismos y organizaciones en que ella vaya a descansar.
Por eso, levanto mi voz, porque lo que he escuchado al Honorable señor Montes me obliga a plantear - excúsenme la crudeza de la palabra con que lo voy a expresar - una duda moral a propósito de la afirmación que se hace respecto de los hechos que se van provocando para alcanzar el objetivo que se persigue.
El Honorable colega ha levantado su voz para defender los derechos de los campesinos y ha reclamado justicia para aquellos que durante tantos años fueron postergados, perseguidos y explotados. Por desgracia para él probablemente no está informado, el propio Gobierno, con la firma de Su Excelencia el Presidente de la República, envió al Congreso un paquete de indicaciones a otro proyecto de reforma constitucional que vamos a votar la próxima semana, de cuya lectura surge una contradicción brutal entre lo que se ofreció a esos mismos campesinos cuya defensa asume el Honorable señor Montes, y lo que hoy el Gobierno está proponiendo consagrar en la Constitución Política del Estado en contra de esos mismos trabajadores.
El señor MONTES.- Lo discutiremos la próxima semana.
El señor MORENO.- Tengo el derecho y la obligación de dudar, porque si nuestros mecanismos constitucionales se fundan en esos principios y en esos valores, debo decir, en nombre de quienes aquí nos han mandado a representarlos, que estamos obligados a reforzar el régimen presidencial en Chile, a pesar de que se da la paradoja de que muchas de las proposiciones que hoy se están votando tienen por objeto dar poder al Presidente de la República, a fin de que pueda mandar dentro de sus Ministerios, y a sus funcionarios subalternos. ¿Qué más ha de querer el Jefe del Estado, al que no obedecen los funcionarios secundarios ni, muchas veces, intendentes, gobernadores y jefes de servicios, que ahora el Congreso haga exigible lo que él ha prometido públicamente: la sanción de los funcionarios que él debería haber castigado, porque no han cumplido con sus obligaciones?
En realidad, cuando escuchaba el debate casi me parecía estar viendo el mundo al revés, pues los que afirmaban que el proyecto significaba volver al pasado, en el fondo argumentaban a favor de lo que se estaba votando, pues, a mi juicio, el régimen que preside don Salvador Allende se ha caracterizado precisamente por ser el régimen más parlamentario, dentro del propio Gobierno, que jamás ha existido en la historia de Chile. En efecto, hasta el funcionario de menor categoría tiene hoy más autoridad que el Presidente de la República para desconocer las leyes y lo que el mandato de su propio Gobierno le ordena.
Por tales razones, voto en favor de la reforma constitucional que se propone.

Se aprueba el resto de la reforma constitucional (26 votos por la afirmativa, 8 por la negativa).

VI.- TIEMPO DE VOTACIONES.

PUBLICACIÓN DE DISCURSOS.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor García para publicar in extenso el discurso pronunciado por el Honorable señor Von Mühlenbrock en la hora de Incidentes de la sesión ordinaria del 15 del mes en curso.
Se aprueba.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Von Mühlenbrock para publicar in extenso las intervenciones de los Honorables señores Pablo, Aylwin y Noemi producidas en esa misma oportunidad.
Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Gormaz para publicar in extenso el debate habido en esta sesión sobre reforma constitucional.
Se aprueba.

El señor PALMA (Presidente).- Se suspende la sesión por veinte minutos.
Se suspendió a las 18.48.
Se reanudó a las 19.13.

VII.- INCIDENTES.

PETICIONES DE OFICIOS.

El señor PAPIC (Vicepresidente).- Continúa la sesión.
El señor EGAS (Prosecretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes:

Del señor Acuña:

ANTECEDENTES SOBRE DECRETO QUE PERMITE LA INCAUTACIÓN DE CARNE

Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole que tenga a bien informar sobre las normas legales que se están aplicando en algunas zonas del país, en virtud de las cuales se ha ordenado al Servicio Agrícola y Ganadero incautarse de la carne que transportan algunos particulares.
Al respecto, deseo manifestarle que el sábado 18 de noviembre, en circunstancias de que regresaba en automóvil de una gira efectuada a las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, zona que represento en el Senado, pude presenciar en el control de peaje de Perquilauquén, departamento de San Carlos, el denigrante espectáculo de cómo se arrebataba a particulares que viajaban hacia Santiago, pequeños paquetes de carne adquiridos para su consumo hogareño en carnicerías que están en el trayecto carretero.
En efecto, en el paso Perquilauquén, varias personas que traían paquetes de 2, 3 o 4 kilos de carne para el consumo de su familia en Santiago, fueron objeto de una actuación funcionaría verdaderamente vergonzosa y denigrante.
Con la asistencia de fuerza policial y con la presencia del propio Gobernador de San Carlos, un funcionario del SAG cumplía instrucción de Gobierno, en virtud de un decreto del Ministerio de Agricultura, que en su operabilidad se traduce en que se registren los autos y todo vehículo que pasa por la zona, pesquisando la presencia de carne que pudiese ser transportada.
El objeto del control, evidentemente, es el de evitar un tráfico comercial ilegal de carne, y me parece lógico; pero resulta denigrante y humillante la forma como se opera y que en la práctica se arrebaten sus paquetes de consumo familiar a particulares que pasan a comprar los fines de semana a carnicerías que funcionan legalmente, máxime que por su significación no podrían constituir un tráfico ilegal o un mercado negro, salvo que a elementos tarados se les ocurriera esta idea, ya que nadie va a viajar 600 kilómetros u 800 kilómetros en automóvil para hacer comercio con tres o cuatro kilos de carne o de huesos.
En verdad, el arrebatar a esos particulares sus pequeñas compras familiares constituye un abuso sin precedentes y en la práctica - me atrevería a decir que con amparo policial - se les están robando sus alimentos a las personas que son objeto de esos controles.
En la oportunidad a que me refiero, pude constatar la no disimulada molestia de los personales administrativos y policiales que se ven impelidos a cumplir estas órdenes, las que se aplicaban con la presencia del Gobernador para velar por su cumplimiento en forma dura e inflexible.
En consecuencia, solicito oficiar al Ministro de Agricultura sobre estos hechos, para que tenga a bien informar cómo se opera y las instrucciones que se han dado al respecto a los funcionarios del SAG, y si es legal el que se esté incautando el Gobierno de estos paquetes de carnes que particulares adquieren en el comercio para su consumo familiar, hecho que me parece denigrante y violatorio de los derechos de los ciudadanos chilenos.

Del señor Aguirre Doolan:

PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TRANSVERVERSAL E INTERPROVINCIAL CAÑETE-PUREN (ARAUCO Y MALLECO).

Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, a fin de que se consigne la pronta pavimentación del camino transversal e interprovincial, tramo Cañete-Purén, en las provincias de Arauco y Malleco, que es de vital importancia para la zona. Había promesas de iniciar trabajos en 1972 en el tramo Cañete y Peleco, pero se ha constatado que no existe actividad ni los propósitos señalados.

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CIUDAD DE LEBU (ARAUCO).

Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y Dirección de Sanidad, a fin de que se considere debidamente la petición formulada por el Rotary Club, autoridades, etcétera, de la ciudad de Lebu, provincia de Arauco, tendiente a mejorar el abastecimiento de agua potable en esa ciudad. Su servicio data más de 40 años. Existe un anteproyecto de mejoramiento para captar agua del río Lebu y elevarla por una planta especial y, además, la construcción de dos estanques de 2.500 litros cada uno. El estudio definitivo requiere análisis del río Lebu, pendiente en esa Dirección.
Se está solicitando que, mientras se resuelva el trabajo definitivo, una vez aprobado el análisis referido se proceda a elevar las aguas del río Lebu a las actuales instalaciones de filtro y estanque, que significaría un menor costo.

Del señor Bulnes Sanfuentes:

DIFICULTAD DE ABASTECIMIENTO PARA POBLADORES DE CHIGUAYANTE (CONCEPCIÓN).

Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, para que envíe antecedentes explicativos sobre la irregular situación en que se encuentran los pobladores de la localidad de Chiguayante, provincia de Concepción, al no poder obtener alimentos por no estar inscritos en las Juntas de Abastecimientos y Precios de dicha localidad.

Del señor Carmona:

MANTENCIÓN DE POLICLÍNICA EN IQUIQUE (TARAPACA).

Al señor Ministro de Salud Pública, solicitándole dé solución al problema que me ha planteado el Sindicato Profesional de Tripulantes de Naves Pesqueras de la ciudad de Iquique.
Ellos manifiestan que en el año 1971 se logró la construcción de una policlínica para atender a los trabajadores, familiares y a los habitantes del sector donde tiene ubicada su sede el sindicato en referencia.
Pese a los innumerables servicios que está prestando esta policlínica, el actual jefe del Área Hospitalaria de Iquique, ha manifestado deseos de eliminarla, aduciendo razones que no comparten los integrantes de ese sindicato como lo han manifestado al Director del Servicio Nacional de Salud.
Como el Sindicato ha acordado paralizar sus labores si no solucionan este problema que reviste suma gravedad para este grupo importante de personas que se atienden diariamente en este servicio, mucho agradeceré al señor Ministro estudiar estos antecedentes y resolver en consecuencia.

Del señor Duran:

GARANTÍAS PARA OPERACIÓN DE COMPRADORA DE MARAVILLAS, S.A.

Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitándole que se sirva atender las siguientes peticiones respecto de Compradora de Maravillas S. A.:
a) No debe ser estatificada y debe garantizarse a toda la industria aceitera del país, cualquiera que sea el área donde se encuentre ubicada, el abastecimiento de materia prima.
b) Debe garantizarse a todos los agricultores del país la posibilidad de cultivar semillas de oleaginosas y la ayuda técnica y financiera que les presta COMARSA, sin discriminaciones de ninguna especie.
c) Debe garantizarse a todos los comerciantes del país la distribución del aceite comestible, sin la intervención dictatorial de los organismos oficiales.

TREN EXCURSIONISTA DESDE RENAICO A LANALHUE (MALLECO).

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, reiterándole la petición formulada al anterior Secretario de esa cartera, en cuanto a crear los días festivos, en lo posible desde el 15 de diciembre, un servicio de tren excursionista desde la estación de Renaico a Lanalhue, que cuente con dos coches de segunda clase y cobre tarifas módicas, a fin de que beneficie a los habitantes de la provincia de Malleco que concurren a la búsqueda de bellezas en la zona y de esparcimiento.

PETICIONES DE LA CORPORACIÓN CHILENA DE LA MADERA.

Al señor Ministro de Agricultura, solicitándole que se sirva atender las siguientes peticiones referentes a la Corporación Chilena de la Madera:
a) Reconocerla como la organización máxima y representativa del sector forestal privado, en sus aspectos de creación de recursos, política industrial, comercialización, aspectos laborales, de precios y otros, otorgando representación a ella en todas las instituciones encargadas de fijar la política social, económica e industrial del país, relativa a los bosques y sus actividades derivadas;
b) Igualdad de condiciones para la actividad forestal, privada y estatal;
c) Devolución, en forma inmediata, de las plantaciones artificiales y bosques nativos tomados o intervenidos, y dejar sin efecto los acuerdos de expropiación de plantaciones artificiales;
d) Que los precios para los productos forestales sean otorgados con justicia, de acuerdo con los estudios de costo que presentó esta Corporación;
e) Incentivar al máximum la reforestación por parte del sector privado y asegurar los equipos ferroviarios que permitan abastecer oportunamente de materias primas las industrias;
f) Favorecer todos los proyectos industriales que impliquen racionalizar, modernizar las industrias de la actividad forestal o abastecer el mercado interno con productos forestales de consumo habitual, y
g) Terminar la estatificación de bosques e industrias de la madera así como el comercio interno y externo de productos forestales.

TRASLADO DE DEPENDENCIAS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS E IMPUESTOS INTERNOS DE PUERTO AISEN.

A los señores Ministros del Interior y de Hacienda, solicitándoles que las dependencias de Correos y Telégrafos e Impuestos Internos de Puerto Aisén sean ubicadas en el edificio de obras públicas recién terminado, a fin de que el Cuerpo de Bomberos pueda abandonar el ruinoso local que durante seis años ha debido mantener para cumplir sus funciones con evidente peligro y riesgo de desmoronamiento y pérdida de valioso material y de vidas de voluntarios, y ocupe el inmueble construido para esa institución en sus propios terrenos.

Del señor Olguín:

INSTALACIÓN EN TOCOPDLLA DE INDUSTRIA DE PLÁSTICOS (ANTOFAGASTA).

A los señores Ministro de Obras Públicas y Transportes y Presidente del Consejo Económico del Gobierno, en los siguientes términos:
La Ilustre Municipalidad de Tocopilla, en su sexta sesión ordinaria celebrada el 26 del mes recién pasado, acordó, por unanimidad, solicitar a los señores Ministro de Obras Públicas y Transportes y Presidente del Consejo Económico del Gobierno la aprobación del informe sobre el complejo de Industrias Transformadoras de Resinas Plásticas, Zona Norte, Antofagasta-Tocopilla, emitido por Petroquímica Chilena S. A., como organismo nacional especializado, y por el Instituto CORFO Norte, como organismo propulsor y del desarrollo industrial de la Zona Norte, para hacer realidad la urgente instalación de una industria de productos plásticos en el puerto de Tocopilla, por razones de tipo social y económico ya estudiadas y aprobadas.
Como lo expuesto significa una vía de progreso y bienestar para toda una ciudad y, quizás, para una zona completa, solicito de los señores en referencia que se sirvan responder, de ser posible a la brevedad, a la solicitud presentada, y considerar la posibilidad de una reunión, en la que deben participar representantes del Gobierno, autoridades de la comuna afectada y parlamentarios de esa provincia, para iniciar un plan de trabajo positivo a corto plazo.

ASIGNACIÓN DE VIVIENDA EN ARICA PARA FUNCIONARIO PUBLICO QUE INDICA (TARAPACA).

Al señor Vicepresidente de la Corporación de la Vivienda, en los siguientes términos:
El señor Julio Segundo César Lobos Gallardo, empleado público, con tres cargas familiares, está postulando a una vivienda, con todos los requisitos exigidos desde el año 1968, en la Corporación de la Vivienda, logrando en el presente año que se le asignara vivienda en la localidad de Quillota; pero, para su mala fortuna, poco antes había sido trasladado a la zona norte del país, razón por la que no supo de la asignación y, por consiguiente, no se hizo cargo de la vivienda.
En la actualidad, el funcionario aludido se encuentra desempeñando funciones en el pueblo de Ollagüe, al interior de Calama, provincia de Antofagasta, y desea que se le favorezca con una nueva asignación, de ser posible, en el puerto de Arica, en donde deberá radicarse definitivamente en corto plazo.
Por lo expuesto, solicito al señor Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de la Vivienda considerar la posibilidad de la asignación antes señalada.

PRÉSTAMO A SINDICATO DE EMPLEADOS DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA DE ANTOFAGASTA, PARA CONSTRUIR SEDE SOCIAL.

Al señor Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Social, en los siguientes términos:
Desde la ciudad de Antofagasta han tomado contacto con el suscrito los directivos del Sindicato Profesional de Empleados de la Locomoción Colectiva de la provincia del mismo nombre, para pedirme apoyar la solicitud de préstamo por la cantidad de E° 300.000, que están haciendo a través de la oficina de Desarrollo Social.
Desean invertir el préstamo solicitado en la construcción de una sede social, lo que significaría la solución definitiva del problema que se les presenta cada vez que desean reunirse, debido a lo numeroso del gremio.
Como este Gobierno dice ser de los trabajadores, mucho agradeceré al señor Presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Social que se sirva considerar la solicitud de este numeroso grupo de trabajadores que desean ayuda de su Gobierno.

Del señor Silva Ulloa:

DESIGNACIÓN DE JUEZ EN TRB3UNAL DEL TRABAJO DE MAGALLANES.

Al señor Ministro de Justicia, solicitando informe sobre fecha en que será designado el Juez del Trabajo de Magallanes, ya que tan importante cargo se encuentra acéfalo.

DICTACION DEL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 16.744.

Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, solicitándole se sirva impartir instrucciones tendientes a obtener la rápida dictación del reglamento que permita a los trabajadores independientes lograr los beneficios de la ley Nº 16.744, ya que hasta el momento el Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales del Servicio de Seguro Social no ha dado curso a las solicitudes presentadas por esta causa. Por vía de ejemplo, señalo la Resolución Nº 852, de 3 de agosto de 1971, que se refiere a don José Antonio Castillo Díaz.

DICTACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 16.744.

Al señor Superintendente de Seguridad Social, solicitándole se sirva impartir instrucciones tendientes a obtener la rápida dictación del reglamento que permita a los trabajadores independientes lograr los beneficios de la ley Nº 16.744, ya que hasta el momento el Departamento de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales del Servicio de Seguro Social no ha dado curso a las solicitudes presentadas por esta causa. Por vía de ejemplo, señalo la Resolución Nº 852, de 3 de agosto de 1971, que se refiere a don José Antonio Castillo Díaz.

Del señor Valente:

DIVISAS A PRECIO PREFERENCIAL PARA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES DE IQUIQUE.

Al señor Ministro de Hacienda, en los siguientes términos:
El Banco Central ha acordado otorgar a los pequeños industriales y artesanos incorporados a las Asociaciones de Arica, Iquique y Pisagua, un tratamiento especial de congelación del tipo de cambio igual al que regía antes del 8 de agosto del año en curso, para cubrir las importaciones de maquinarias, repuestos, materia prima, elementos para la industria, etcétera, amparadas por registros aprobados antes de esa fecha. Igualmente, se orienta a dar, en el futuro, el mismo trato de tipo preferencial que rige para las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, a los pequeños industriales y artesanos instalados en la provincia de Tarapacá una vez que se aprueben los presupuestos de divisas destinados a los departamentos de Arica, Iquique y Pisagua.
La Asociación de Industriales de Iquique ha solicitado al suscrito interceder ante el señor Ministro con el objeto de que a los industriales pertenecientes a esa Asociación se les otorgue igual trato, en mérito de que no son industriales monopolistas y grandes inversionistas, sino que estarían, muchos de ellos, calificados como pequeños o, a lo sumo, medianos industriales.
Agradeceré al señor Ministro se sirva acoger esta petición y recomendar al Banco Central de Chile que se extienda a estos industriales el trato preferencial que he analizado.

OFICINA DE REGISTRO CIVIL PARA CARIQUIMA (TARAPACÁ).

Al señor Ministro de Justicia, en los siguientes términos:
Agradeceré a usted acoger la petición que he recibido del Centro para el Progreso de Cariquima, pueblo situado en la zona cordillerana del departamento de Iquique, y que se relaciona con la necesidad de crear una Oficina de Registro Civil e Identificación en la zona.
Cariquima está a 140 kilómetros del pueblo de Tarapacá, donde funciona una Oficina de Registro Civil. El tránsito a ese pueblo debe hacerse, por lo general, en animales, lo que, además de sacrificado, resulta demoroso.
Dista, además, 180 kilómetros de Iquique, de modo que su aislamiento de los centros poblados es notorio.
La creación de una Oficina de Registro Civil permitirá resolver los problemas de inscripciones de nacimientos, defunciones, matrimonios y electorales, como asimismo numerosas otras gestiones relativas al Registro Civil e Identificación.
Agradeceré al señor Ministro acoger esta petición disponiendo la creación de la Oficina respectiva en esa localidad.

REPARACIÓN DE CAMINOS DE ACCESO A MEJILLONES (ANTOFAGASTA).

Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, en los siguientes términos:
Es urgente que la Dirección de Vialidad proceda a reparar y mejorar el camino de acceso a Mejillones, tanto desde Antofagasta como de Tocopilla y la pampa salitrera. El camino se encuentra en pésimo estado y las bermas constituyen un peligro permanente para los conductores y pasajeros; en esta temporada de primavera-verano fluyen hacia Mejillones numerosos veraneantes que concurren con sus familiares a ese puerto.
La variante que es necesario reparar tiene una extensión de 18 kilómetros. En la actualidad, esta variante tiene material afinado y sus bermas están colmadas de arena suelta lo que es, ciertamente, un peligro para los usuarios del camino.
Se me ha informado que la reparación puede hacerse con pavimento tipo Banker C.
Insisto en la necesidad de disponer la reparación urgente de esta variante para evitar que, en cualquier momento, ocurra un accidente lamentable que es preciso prevenir de inmediato.

ASIGNACIÓN DE TIERRAS PARA CAMPESINOS DE SOCAIRE (ANTOFAGASTA).

Al señor Ministro de Agricultura, en los siguientes términos:
Un grupo de pequeños agricultores y campesinos de Socaire, en el departamento El Loa, ha pedido el apoyo del suscrito para obtener de ese Ministerio la entrega de terrenos agrícolas ubicados a unos 30 kilómetros al oeste de ese pueblo.
Se trata de una extensión de tierras agrícolas que pueden y deben ser incorporadas a la producción, aprovechando su buena calidad y la abundancia de agua de riego de la zona.
La forma de otorgar esos terrenos podría ser mediante la constitución de una Cooperativa Campesina.
El terreno en cuestión, aprovechable, según mis informantes, en una extensión de 100 hectáreas, debe ser parcelado en unidades familiares u otra forma de división de la propiedad. Se requiere, así mismo, una bomba extractora de agua y la construcción de canales para su aprovechamiento integral.
Agradeceré al señor Ministro acoger favorablemente esta petición, que significaría aumentar la producción agropecuaria de la zona y mejorar el abastecimiento de alimentos esenciales.

POSTA MEDICA PARA CARIQUIMA (TARAPACA).

Al señor Ministro de Salud Pública, en los siguientes términos:
El Centro para el Progreso de Cariquima, localidad situada al interior de Iquique, a 180 kilómetros de la ciudad y cercana a la frontera con Bolivia, carece de una posta médica para la atención de los vecinos del sector.
Los pueblos cordilleranos y precordilleranos carecen, por lo general, de elementos tan indispensables como agua potable, alcantarillado y viviendas salubres. Por lo tanto, están sujetos a contraer enfermedades de todo orden, especialmente infecciosas. La situación es más grave para la población infantil de esas localidades. En varias de ellas se han construido postas médicas que son atendidas por profesores o por personal de Carabineros especialmente adiestrado para ello.
Cariquima carece de una posta médica y, por lo tanto, los habitantes de ese pueblo y de los numerosos caseríos vecinos están privados de una atención médico-asistencial adecuada.
Justifica, además, la instalación de esta posta en ese pueblo el hecho de que Cariquima se encuentre a 8 horas de viaje en camión hasta Iquique. Particularmente grave es la situación cuando se trata de trasladar enfermos, accidentados o parturientas.
Agradeceré al señor Ministro se sirva disponer que se cree en Cariquima una posta médica para otorgar aunque sea atención preventiva a los habitantes de la zona.

TRANSFERENCIA GRATUITA DE TERRENO A COOPERATIVA DE VIVIENDAS DE CORREOS Y TELÉGRAFOS LTDA., DE ARICA (TARAPACA).

Al señor Ministro de Tierras y Colonización, en los siguientes términos:
La Cooperativa de Viviendas de Correos y Telégrafos Ltda., de Arica, obtuvo en 1989 de la Oficina de Tierras y Colonización de esa ciudad la destinación de 28 sitios comprendidos en las manzanas F, G y H del sector Ampliación 21 de Mayo, actualmente denominado Sector Cotacotani. Posteriormente, la CORMU dispuso la remodelación del sector, lo que demoró alrededor de dos años y medio, con graves perjuicios para los integrantes de esa Cooperativa, que ya habían iniciado las gestiones para financiar su población.
Sin embargo, la demora en aprobar el loteo continúa perjudicando a los integrantes de esta Cooperativa de Viviendas, toda vez que los costos de construcción han subido considerablemente, desfinanciando prácticamente la edificación de las casas.
Los integrantes de la Cooperativa piden, al señor Ministro, que en vista del perjuicio que han sufrido desde el punto de vista económico, los 40 sitios de la Remodelación Cotacotani, que corresponden a los 27 anteriores, sean cedidos a esa Cooperativa gratuitamente, sin costo alguno, es decir, manteniéndose la condición en que fueron cedidos en la primera oportunidad.
Se ha determinado que estos sitios sean vendidos a razón de 15 mil escudos cada uno, según informó a los interesados la Oficina de Tierras y Colonización de Arica, lo que contraviene las disposiciones de la Ley Nº 11.825, que dispone la entrega gratuita de terrenos para edificar viviendas a los imponentes de cualquier Caja de Previsión, que residan en Arica, cuando se trata de terrenos fiscales.
Por tanto, ruego al señor Ministro se sirva disponer que los sitios correspondientes a la Cooperativa de Viviendas de Correos y Telégrafos sean entregados a título gratuito. Además, es preciso recomendar que se mantenga la plena vigencia de la Ley Nº 11.825, y de otras posteriores, en cuanto debe entregarse gratuitamente los terrenos fiscales que se destinen a construir viviendas en el departamento de Arica.

DESTINACIÓN DE TERRENOS A COOPERATIVA EL TAMBO, DE IQUIQUE (TARAPACA).

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, en los siguientes términos:
Hace dos años la Oficina de Tierras y Bienes Nacionales de Iquique solicitó a la Municipalidad de Iquique un terreno ubicado en el Sector 2, Manzana D, de Playa Brava, en esa ciudad. Este terreno se pidió para la Cooperativa de Viviendas El Tambo, integrado por 20 profesores.
Originalmente, este terreno estaba destinado a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales para construir una Escuela de Educación Básica; sin embargo, este organismo, desechó el proyecto de construcción por las limitaciones del terreno.
La Cooperativa, entonces, solicitó a la Municipalidad de Iquique el cambio de destinación del terreno ya que era adecuado para construir en él las 20 viviendas de esa Cooperativa. La Municipalidad, por acuerdo adoptado el 8 de mayo de 1972, acogió la modificación de la destinación, aceptando destinarlo a la Cooperativa El Tambo.
El correspondiente acuerdo siguió su trámite normal ese mismo mes, habiendo sido enviado con fecha 23 de mayo a la Oficina Zonal del MINVU.
Recientemente, en octubre, se informó por esa Oficina Zonal del rechazo de la proposición municipal, lo que perjudica a los 20 profesores que han debido realizar ingentes sacrificios para reunir el ahorro previo y los recursos suficientes para iniciar la construcción de sus casas.
Se me informa que en igual situación se encuentran varias Cooperativas de esa ciudad, lo que significa paralizar la construcción de un número importante de viviendas y la solución habitacional para numerosos trabajadores.
El Supremo Gobierno ha elaborado planes concretos de construcción de viviendas y ha dado un impulso extraordinario a esta actividad. Las decisiones de la Zonal de Arica del MINVU no están en consonancia con estos deseos del Gobierno y del propio Presidente de la República.
Por estas razones, vengo en solicitar al señor Ministro se sirva disponer que la Zonal del Ministerio de Vivienda de Arica, y el Departamento de Planificación del Ministerio, acojan todas las modificaciones que signifiquen destinar terrenos a la construcción de casas a objeto de impulsar, realmente, la edificación de viviendas.

RED ELÉCTRICA Y DE AGUA POTABLE PARA POBLACIÓN ELIAS LAFERTTE, DE ANTOFAGASTA.

Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, en los siguientes términos:
La Junta de Vecinos de la Población Elias Lafertte, de Antofagasta, ha solicitado a la Delegación Zonal de la Corporación de Obras Urbanas de esa ciudad, incluir en el presupuesto para 1973 los fondos necesarios para la instalación de una red de agua potable en el sector sur de la población, manzanas Y, U, V, W, X. Igualmente, incluir recursos para postación y alumbrado en el sector alto de dicha población, manzanas 1, 2, 3, 4 y 5.
Con la realización de esas obras, la población quedaría dotada del servicio de agua potable en forma permanente, dando solución, así, a un problema delicado por la significación que la falta de agua, especialmente, tiene para alentar enfermedades y epidemias que afectan fundamentalmente a los niños.

ALUMBRADO ELÉCTRICO PARA POBLACIÓN ELIAS LAFERTTE, DE ANTOFAGASTA.

A los señores Ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, y del Interior, en los siguientes términos:
La Junta de Vecinos de la Población Elias Lafertte, de Antofagasta, ha formalizado convenios con la Municipalidad de esa ciudad y con ENDESA para agilizar la instalación de la postación de alumbrado público y la instalación de alumbrado domiciliario.
El proyecto de postación se encuentra terminado. No han podido iniciarse las obras, sin embargo, debido a que desde ENDESA-Santiago no se han enviado los materiales necesarios para cumplir esta instalación.
Los pobladores aspiran, con justa razón, a tener instalado el alumbrado para las festividades de Pascua y Año Nuevo, razón por la cual ruego a los señores Ministros disponer que la Empresa Nacional de Electricidad envíe a la brevedad los materiales a Antofagasta para el cumplimiento de esta importante obra.

ADQUISICIÓN DE VIVIENDAS POR SUS OCUPANTES EN POBLACIÓN CHINCHORRO ARICA (TARAPACA).

A los señores Ministros de la Vivienda y Urbanismo y del Trabajo y Previsión Social, en los siguientes términos:
Los asignatarios de las viviendas que forman la Población Chinchorro, de Arica, han solicitado al suscrito obtener los siguientes datos e informaciones que necesitan para conocer la situación en que están para poder adquirir estas viviendas:
1.- Nómina de los asignatarios que han obtenido sus títulos de dominio y de los que no los han recibido;
2.- Saldo del valor de las viviendas, por adquirente, al 31 de octubre de 1972.
3.- Forma cómo se está aplicando la ley que eliminó la reajustabilidad a los saldos de precios de las viviendas construidas por intermedio de los institutos de previsión, la Junta de Adelanto de Arica y los organismos dependientes del Ministerio de la Vivienda.
Cabe señalar que la mencionada población está formada por imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante Nacional y de la Caja de Retiro y Previsión Social de los Ferrocarriles del Estado.

ANTECEDENTES SOBRE SUMARIO EN CAJA DE PREVISIÓN DE CARABINEROS Y DECRETO DEL MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL.

Al señor Contralor General de la República, en los siguientes términos:
Agradeceré se sirva disponer que se me informe con relación al estado actual del sumario incoado en la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile, que afecta a los funcionarios señores Rene Ocaranza Vega, Sergio Rojas Fuentes y Francisco Sepúlveda Valle los.
Asimismo, agradeceré informarme en qué etapa de tramitación se encuentra el Decreto Supremo Nº 226, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, de fecha 6 de octubre de 1972.

DICTAMEN SOBRE SITUACIÓN DE POSTULANTES A CARGO EN JUNTA DE ADELANTO DE ARICA (TARAPACA).

Al señor Contralor General de la República, en los siguientes términos:
La Junta de Adelanto de Arica ha solicitado a esa Contraloría General se sirva dictaminar con relación al mejor derecho que corresponde a los postulantes y concursantes al cargo de Contador del Servicio de Bienestar de esa Junta de Adelanto.
Al haber sido resuelto el concurso en favor del profesional don Luis Nibaldo Rodríguez, hubo una reclamación de parte de otro concursante, situación que determinó que la Junta de Adelanto solicitara a esa Contraloría General esclarecer el mejor derecho de los concursantes.
Junto a la presente, me permito incluir algunos de los antecedentes profesionales del funcionario de la Junta, señor Luis N. Rodríguez, contador profesional colegiado, antiguo funcionario de ese organismo regional, en el entendido de que esas informaciones pueden servir para ilustrar mejor a esa Contraloría General.

GENERADOR ELÉCTRICO Y BOMBA EXTRACTORA DE AGUA PARA CARIQUEMA (TARAPACA).

Al señor Vicepresidente de la Corporación de Fomento, en los siguientes términos:
El Centro para el progreso de Cari-quima, pueblo ubicado en la zona cordillerana de Iquique, a 180 kilómetros de esta ciudad y cerca de la frontera con Bolivia, ha expuesto al suscrito dos problemas de mucho interés para los habitantes de la zona:
1.- Instalación de un motor para dotar al pueblo de energía eléctrica. La Corporación de Fomento, por intermedio del Instituto CORFO-NORTE, podría dar solución al problema mediante la adquisición de un motor adecuado a la zona.
2.- Bomba para extraer agua de riego. Los habitantes de Cariquima y de los caseríos cercanos viven de la explotación de una agricultura incipiente y del pastoreo. Siempre necesitan agua de riego para poder salvar sus plantíos y asegurar sus cosechas. A pocos metros de profundidad existen napas ricas que podrían ser aprovechadas si se tuviera una bomba para extraer esa agua y emplearla en la agricultura y en el regadío.
La solución a este problema también puede estar en manos del Instituto Corfo-Norte, por lo que agradeceré al señor Ministro se sirva disponer que ese organismo regional disponga de los fondos para la adquisición, tanto del motor eléctrico como de la bomba extractora de agua.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Nacional, que lo permutó con el Comité de Izquierda Radical.
Ofrezco la palabra.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Pido la palabra.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.

El señor AGUIRRE DOOLAN.- Señor Presidente, cada cuatro años Concepción vibra con motivo de la elección de las autoridades que debe darse su universidad. Porque, si hay un plantel de enseñanza superior que se compenetra y se conjuga con un pueblo, ése es la Universidad de Concepción. Fue creada por hombres visionarios, con gran espíritu de responsabilidad, hace más de 50 años, y en su desenvolvimiento ha ido creando un espíritu de unidad entre la ciudadanía de Concepción y quienes se dedican a la actividad universitaria.
A poco de terminar el mandato del binomio de autoridades que hoy dirige la Universidad, que son el doctor Edgardo Enríquez Froedden y don Galo Gómez, como Rector y Vicerrector, respectivamente, en la ciudadanía de Concepción se produjo, especialmente dentro del elemento universitario, una inquietud, un anhelo por realizar una campaña honesta a fin de elegir personeros responsables para el gobierno de la Universidad.
Esta tarde quiero destacar el magnífico triunfo obtenido en el día de ayer por un grupo de personas, formado por docentes, personal administrativo y alumnos, llamado Frente Universitario. ¿Quiénes lo forman? Como decía, es una organización que agrupa a docentes, a estudiantes, a funcionarios administrativos, a técnicos y auxiliares de todas las unidades y reparticiones de la Universidad de Concepción. En cuanto a sus ideas, agrupa a personas independientes, gremialistas o de distintas colectividades políticas y tiene por objetivo hacer posible que la Universidad cumpla con las funciones de docencia, investigación y difusión dentro de un concepto crítico, pluralista, democrático, creador y de autonomía.
En consecuencia, el Frente Universitario aspira a ser el canal legítimo de los universitarios que desean únicamente servir a Chile, a su Universidad, y desarrollar sus propias capacidades.
En un seminario que realizó el Frente Universitario, se fueron vaciando diversas ideas y se concluyó que debía avanzarse hacia una universidad creadora.
El Frente Universitario sostiene que la universidad es el centro de creación de cultura de toda sociedad. Ciencia, arte y técnica son las herramientas de que se vale para entregar al hombre nuevas ideas y nuevos medios de satisfacción de sus necesidades espirituales y materiales.
La creación implica búsqueda, ensayo y crítica, con espíritu abierto a todo el conocimiento humano. Requiere, en el hecho, dedicación, trabajo metódico y participación.
El Frente Universitario y quienes conjugan con sus ideas y deseaban su triunfo levantaron estos postulados y designaron a dos personalidades para que fueran los realizadores de este programa por una universidad creadora, crítica, pluralista, democrática y autónoma, al servició del pueblo chileno, a fin de que sea, al mismo tiempo, motor del desarrollo, de que haya excelencia académica, investigación científica, difusión de la cultura, verdadera participación estudiantil, estructura moderna, perfeccionamiento constante, comunidad universitaria. Estos son los postulados del Frente Universitario, que, como dije, designó a dos personalidades de ese mundo de la Universidad de Concepción para que fueran, a partir de enero próximo, los dirigentes de ese gran centro cultural.
¿Quiénes son los profesores elegidos para tal efecto por el Frente Universitario? Como candidato a Rector se nominó a don Carlos von Plessing, actual Director de la Escuela de Química y Farmacia, hombre de ideas independientes no milita en ninguna colectividad política, que obtuvo su título profesional en la Universidad de Concepción. En consecuencia, es un auténtico provinciano, formado, desarrollado y perfeccionado dentro de ese instituto cultural que es la Universidad de Concepción. Ha desempeñado todos los cargos docentes desde Ayudante-Alumno a Profesor Titular. Durante sus estudios, fue Presidente del Centro de Estudiantes de Química y Farmacia, porque en su juventud también se interesó por las actividades estudiantiles y por la necesidad de que los alumnos participaran en la acción cultural y en el desarrollo de las actividades universitarias. También fue Presidente del Consejo Regional del Colegio de Químicos-Farmacéuticos. Ha ocupado diversos cargos profesionales. Ha desarrollado una vasta labor científica traducida en investigaciones, trabajos, publicaciones y conferencias. Se ha especializado en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es miembro del Consejo de Investigaciones Científicas y de la Comisión de Becas de Perfeccionamiento.
Ese fue el candidato del Frente Universitario a Rector de la Universidad de Concepción, por mandato mayoritario de ese grupo de selectos hombres formado por docentes, estudiantes, personal administrativo, técnicos y auxiliares de todas las unidades y reparticiones de la Universidad de Concepción.
¿Quién fue el abanderado para Vicerrector que designó el Frente Universitario? Don Lorenzo González, a quien muchas veces hemos visto venir a la capital tratando de traducir en realidad los anhelos y las legítimas aspiraciones de la Asociación del Personal Docente y Administrativo de la Universidad de Concepción, la cual preside en la actualidad. Ha desempeñado cargos directivos por muchos años. Es actual profesor titular del Instituto Central de Matemáticas. Hizo estudios de Ingeniería Química y, posteriormente, se licenció en matemáticas. Ha sido Jefe de Trabajos de la Escuela de Educación y profesor de la misma; Profesor de Cursos de Perfeccionamiento sobre enseñanza media. Ha publicado trabajos de investigación en materias de su especialidad. Desde 1965 ha sido reelegido con la más alta mayoría como miembro de la Asociación del Personal. Como dije, en ese carácter lo hemos visto en innumerables oportunidades defender las legítimas peticiones de sus compañeros de trabajo, en los pasillos y en las oficinas del Senado de la República. Ha impulsado y concretado la totalidad de las iniciativas gremiales que hoy día, felizmente, para su satisfacción y para la de muchos de quienes tuvimos ocasión de cooperar en ello, son un hecho. También ha tenido especial participación en la carrera funcionaría; ha sido un entusiasta defensor de ella en la Universidad de Concepción.
He querido dar en muy breves palabras estos antecedentes, porque ese Frente Universitario, junto con aspirar a una universidad creadora, piensa que la docencia universitaria debe estar dirigida a la formación de los científicos y técnicos capaces de contribuir eficientemente y, con importante aporte personal, a las tareas del desarrollo, es decir, a la formación de hombres críticos y responsables, agentes de un verdadero cambio social.
Y no podría ser de otra manera, porque hoy en día, según antecedentes de que dispongo, la Universidad de Concepción tiene un presupuesto ascendente a más o menos 500 millones de escudos, y, por otras informaciones que han llegado a mi poder, desgraciadamente, por razones del manejo económico de la Universidad y de las dificultades con que siempre estos altos organismos tropiezan, el déficit de aquél alcanza a más o menos 250 millones de escudos, y los compromisos que actualmente tiene el plantel con la Caja de Empleados Públicos y Periodistas ascienden a 36 millones de escudos.
Como decía, en el seminario realizado recientemente, la docencia universitaria produjo una inquietud muy seria en el Frente Universitario, organización que sostuvo las candidaturas de los profesores señores Von Plessing y González, por estimar que la carrera académica ha venido dependiendo, en forma excesiva, de los cargos que el presupuesto puede consignar; es decir, según el Frente Universitario, se ha estado supeditando a las disponibilidades de recursos financieros.
Necesario es reiterar, sostienen esos dos distinguidos profesores universitarios en sus planteamientos, que la carrera académica debe siempre vincularse a la idea de concursos públicos, en forma de que los postulantes sean seleccionados por sus antecedentes y aptitudes para la tarea universitaria. Consideran necesario reiterar que ella debe comprender una etapa de postulante ayudante, instructor, que es fase formativa del docente, para proseguir en una fase creativa, en los diversos grados de profesor. Y ello, siempre estableciendo otros grados que permitan el más alto perfeccionamiento posible para los más destacados académicos y científicos del medio universitario pen-quista.
Igualmente, los abanderados del Frente Universitario plantearon, con mucha hombría y claridad, la necesidad de la participación estudiantil en el manejo de la Universidad. Ellos manifestaron que la participación de todos los estamentos universitarios, especialmente del estudiantil, en la realización de las funciones básicas de la Universidad, debe entenderse como el único camino para que la vida universitaria sea dinámica y responda a la necesidad de vinculación real entre sus miembros y el medio social.
Para que exista la más amplia participación de todos quienes integran la comunidad universitaria, deben garantizarse canales de expresión adecuados a todos los estamentos. Sólo de esta forma, dicen Von Plessing y González, puede existir una verdadera comunidad universitaria.
En su programa, el Frente Universitario también se ha preocupado del bienestar estudiantil. Al respecto, hubo que desvirtuar algunas antojadizas opiniones destructivas que trataban de hacer creer a la comunidad universitaria que estos dos aspirantes a dirigir la Universidad de Concepción no eran los más indicados para esas tareas, por razones que se esparcían en intencionadas conversaciones o en panfletos que se repartían en la Universidad.
Referente al bienestar estudiantil, el Frente Universitario manifestó que debía garantizarse la permanencia de los estudiantes en términos tales que un universitario no deje de serlo por problemas de orden económico-social. Dice esa organización que todo lo expuesto en su documento no pasará de ser una declaración de principios, si no se posibilita el bienestar y el perfeccionamiento de los alumnos. Al respecto, destaca la necesidad de instaurar un nuevo sistema de becas de trabajo a los estudiantes y, al mismo tiempo, declara formalmente ser partidario del perfeccionamiento del sistema de hogares universitarios.
También en el aspecto del bienestar estudiantil, ese Frente no olvida los servicios médico, dental y de farmacia, para los que propugna racionalizar el manejo de los recursos disponibles de la propia Universidad.
Por otra parte, los abanderados de la causa del Frente Universitario sostienen la necesidad de que la Universidad de Concepción reconozca la importancia de las labores del personal técnico, administrativo y de servicio y el perfeccionamiento de las tareas que ese personal desempeña. Como es lógico, defienden, tanto la carrera funcionaría, como la conveniencia de dictar cursos de perfeccionamiento y otorgar becas de estudio, incluso en el extranjero, para que aquél pueda superarse en dicha carrera. Asimismo, propician una mejor política de remuneraciones.
Al mismo tiempo, anunciaron su propósito de luchar por la investigación científica. Ellos sostienen que la universidad debe ser crítica. En el campo de la investigación, la crítica, dicen, es la herramienta fundamental para el progreso científico al confrontar permanentemente la teoría con la práctica y someter los postulados a un examen crítico a fin de ajustaría en medida creciente a la realidad.
Tanto Von Plessing como González manifestaron que el Frente Universitario llama la atención a la comunidad universitaria sobre el hecho de que menos del uno por ciento del presupuesto de ese centro de estudios superiores para 1972 se destina a la investigación científica. Sostienen que el no prestar la atención debida al desarrollo de ésta equivale a cometer un grave fraude al país, que espera de la universidad el cumplimiento de su verdadera misión de atalaya del futuro y de motor del desarrollo de la ciencia y de la técnica.
Ambos profesores prometieron - sé que lo cumplirán - que, como nuevas autoridades de la Universidad de Concepción, cuyas funciones asumirán el 4 de enero de 1973, realizarán un cúmulo de actividades, dando un impulso de importancia a la investigación científica, conforme a las ideas expuestas por ellos durante toda esta tremenda campaña preelectoral que se realizó durante un largo lapso, durante la cual, como se supo oportunamente, quienes la llevaron a cabo sufrieron atentados, en especial en Concepción, donde dos estudiantes del Liceo Coeducacional del puerto minero de Coronel resultaron gravemente heridos a bala al término de una proclamación de los candidatos a Rector y Vicerrector de la Universidad de aquella ciudad. Como informó la prensa, los hechos se originaron cuando, al terminar el acto, ambos candidatos hacían abandono del local dirigiéndose a su automóvil, para regresar a la capital pen-quista. Fue entonces cuando desde otro vehículo en marcha dispararon contra ellos, hiriendo las balas a dos estudiantes que estaban presentes en esa concentración. La gravedad de las heridas que presentaban ambos estudiantes, - dice la información - hizo que fueran trasladados de urgencia hasta el Hospital Clínico Regional de Concepción. Allí se encuentran y se están restableciendo con mucha dificultad.
Anoche se iniciaron los cómputos del proceso electoral habido en la Universidad de Concepción, proceso que, como decía, inquieta a todos los ciudadanos de esa viril provincia, pues no hay hijo de Concepción ni hombre que actúe en representación de ella que no considere la marcha de ese centro de estudios superiores como algo inherente a sí mismo. Al anochecer, ya se tuvieron ayer los resultados del evento electoral para elegir Rector y Vicerrector de la Universidad penquista. ¿Y cuáles fueron esos resultados? El candidato a Rector Carlos von Plessing obtuvo de parte de los estudiantes 4.797 votos; de los docentes, 570, y de los no docentes, 479. Por su contendor, el actual Vicerrector Galo Gómez Oyarzún, representante de la Unidad Popular, votaron 4.161 estudiantes, 404 docentes y 720 no docentes. Y el representante del Movimiento de
Izquierda Revolucionaria, profesor Francisco Brevis, recibió el apoyo de 1.509 estudiantes, 32 docentes y 36 no docentes.
El candidato a Vicerrector don Lorenzo González obtuvo 4.629 votos de estudiantes, 584 de docentes y 530 no docentes. Su contendor, el señor Ennio Vivaldi, representante de la Unidad Popular, recibió el apoyo de 3.427 estudiantes, 362 docentes y 580 no docentes. Por don Eduardo Lawrence, representante del MIR, votaron 2.202 estudiantes, 49 docentes y 61 no docentes.
De acuerdo con la ponderación de los votos, Carlos von Plessing, candidato a Rector, obtuvo el 53,14% de los sufragios, contra 40,32% de don Galo Gómez y sólo el 5%, más o menos, del señor Brevis.
El señor NOEMI.- Les ganó a los dos juntos.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- Tal como lo dice nuestro acucioso colega, que es experto en matemáticas y que suma rápidamente, se puede comprobar que el señor Von Plessing obtuvo un porcentaje de votos mayor que los de sus contendores juntos.
Por su parte, el candidato al cargo de Vicerrector don Lorenzo González obtuvo el 53,72% de la votación, contra 35% del militante socialista señor Vivaldi y 8,86% del señor Lawrence, candidato del MIR. Como diría mi estimado amigo el Senador por Coquimbo y Atacama, el nuevo Vicerrector don Lorenzo González les ganó a sus dos contendores juntos.
Carlos von Plessing y Lorenzo González asumirán sus funciones el 4 de enero de 1973, por un mandato de cuatro años.
Estoy seguro de que estos dos honorables, serios y responsables profesores dirigirán la Universidad de Concepción tratando de convertir en realidad los anhelos e inquietudes del Frente Universitario, labores que realizarán con la respetabilidad y honorabilidad que los ha caracterizado en su larga vida de maestros y de dirigentes de los diversos organismos representativos de ese centro de estudios.
Ellos estiman que la nueva representatividad de los estamentos debe modificarse y que en todos los organismos, tanto en el Claustro Pleno, como en el Consejo Superior, en las Asambleas y Consejos de Unidades, así como en las elecciones de directores de escuelas, institutos y centros, la comunidad debe estar representada en la siguiente forma: docentes, 65%, y no 72%, como tienen en la actualidad; estudiantes, 25%, es decir el mismo porcentaje que ahora los representa; y administrativos, técnicos y auxiliares, 10% en vez del 3% actual.
Estos nuevos dirigentes también estiman necesaria la creación de una contraloría universitaria, expresando así un sentir permanente de los diversos estamentos de la Universidad. Se trataría de un organismo técnico dotado de autonomía e independencia, que velara por la estricta observancia de las normas del gobierno universitario y por el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias, financieras o de cualquier otra índole si ellas fueran ignoradas o sobrepasadas, y que tuviera a su cargo la super-vigilancia de la administración, inversión o empleo de los recursos de la Universidad. Naturalmente, la existencia de tal organismo impediría el predominio de grupos y pondría término a la incapacidad del gobierno universitario.
Como representante de la provincia de Concepción, como hombre que ha estado preocupado permanentemente de la buena marcha de la Universidad de Concepción, y convencido de que el programa expuesto por los abanderados del Frente Universitario cuenta con el respaldo de la comunidad universitaria que los designó Rector y Vicerrector, pienso que todos los que somos parlamentarios o que tenemos alguna influencia en cualquier orden de cosas, debemos prestar todo nuestro apoyo a estos dos hombres de buena voluntad, que generosamente se expusieron a las más ingratas críticas y a una serie de actitudes reñidas con la cordialidad y la buena convivencia humana. ¡Cuántas vejaciones, cuántas actitudes reñidas con la civilización actual y con la forma en que deberían comportarse los sectores universitarios soportaron esos dos hombres dignos! Pero como siempre las buenas causas se imponen, los profesores universitarios señores Carlos von Plessing y Lorenzo González han triunfado y ejercerán las funciones de Rector y de Vicerrector, respectivamente, de la Universidad de Concepción.
Desde esta Alta Tribuna, yo les hago llegar mis cordiales congratulaciones y mi sincero deseo de éxito en sus funciones de administradores de esa gran universidad creadora, que lo será en sus manos la de Concepción.
Al mismo tiempo, debo decir que lucharemos por que esa casa de estudios disponga de mayores recursos para llevar a la práctica los anhelos y principios sustentados por el Frente Universitario.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Del tiempo del Comité Mixto, la Democracia Radical cedió sus 9 minutos al Comité Izquierda Radical.
Tiene la palabra el Honorable señor Acuña.

INCAUTACIÓN DE CARNE EN CAMINO LONGITUDINAL DEL SUR. OFICIOS.

El señor ACUÑA.- Quiero ocupar algunos minutos del Senado para referirme a un hecho que denuncié en el día de ayer a la opinión pública, y que tiene relación con un conjunto de actuaciones de determinados funcionarios, que he podido comprobar personalmente. Se trata de actuaciones de algunos elementos del actual Gobierno, profundamente vejatorias a la dignidad y a los derechos de modestos ciudadanos chilenos, y que constituyen un atropello a las normas legales.
En el transcurso de la semana recién pasada realicé, como tengo por costumbre, una gira a las provincias que represento en el Senado, es decir, a Valdivia, Osorno y Llanquihue.
De regreso de la zona Sur, el sábado 18 pude comprobar que, más o menos a las 16 horas, en la Carretera Panamericana, en la plaza de peaje de Perquilauquén, departamento de San Carlos, provincia de Ñuble, se llevaba a efecto un proceso de revisión y control de los automóviles por un funcionario del Servicio, Agrícola y Ganadero, asesorado, naturalmente, por personal policial, y, lo que es más grave aún, porque de ahí arranca todo el origen de estas actuaciones que me atrevo a calificar de casi delictuales, empujado, diría yo, por el propio Gobernador de San Carlos, es decir, por el representante del Gobierno de la Unidad Popular.
¿Qué ocurría allí? Cuanto vehículo transitaba por la carretera era detenido y sometido a una rigurosa fiscalización. Se hacían abrir las maletas; se revisaban los bultos, los paquetes, para ver qué traían. Y si contenían carne, esos paquetes eran objeto de incautación por el funcionario del SAG, a quien vigilaba el Gobernador de San Carlos, militante del Partido Comunista según he podido comprobar en Santiago.
Y me tocó presenciar el hecho indignante de incautar a personas modestas que los traían en sus vehículos, algunos paquetes con carne, que habían comprado en carnicerías legalmente abiertas, que funcionaban en la carretera, en pueblos de Biobío, Malleco y Cautín. Y con esos paquetes se quedaban los representantes del Ejecutivo, o sea, el funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero y el Gobernador de San Carlos.
Yo pregunté al funcionario del SAG en virtud de qué atribuciones realizaba esa labor. Me expresó - y lo noté con profunda amargura e inquietud - que él estaba cumpliendo instrucciones, aplicando un supuesto decreto del Ministerio de Agricultura que prohibía el tránsito de carne por caminos y carreteras del país.
Luego conversé con el teniente de Carabineros a cargo de la supervigilancia y del amparo a las autoridades administrativas, y observé una profunda inquietud y preocupación en los carabineros por tener que cumplir instrucciones de representantes del Gobierno, de autoridades políticas - en este caso del Gobernador de San Carlos - que les obligan a respaldar actuaciones abiertamente ilegales, inmorales y deshonestas.
Comprendo la actuación del funcionario del SAG: él recibía instrucciones. Comprendo la actuación de los funcionarios de Carabineros en hechos vergonzosos, en actuaciones de dudosa legalidad que constituyen abusos flagrantes. Se hace actuar a funcionarios de Carabineros en virtud de órdenes políticas que reciben del Gobierno, que deben acatar, sometiéndoseles a un proceso extraordinariamente grave y delicado, y yo diría hasta peligroso, por el respeto que a todos nos merece el Cuerpo de Carabineros de Chile, respeto que no han tenido nunca por ellos, naturalmente, los miembros de la Unidad Popular.
Allí se me dijo que se estaba aplicando un decreto reglamentario del Ministerio de Agricultura. Yo vi cómo a un empleado que venía en su auto se le quitó un paquete de dos kilos de carne. Cuando supo que yo era Senador se acercó a expresarme con angustia su desesperación, su impotencia frente a este atropello de que era víctima: le habían quitado el alimento que traía a Santiago para su hogar, para su esposa y sus hijos; carne que, por lo demás, había comprado en negocios que funcionaban legalmente a lo largo de la carretera. Textualmente, ese muchacho me dijo: ¿Cómo es posible que me quiten un kilo de huesos y dos kilos de carne que he comprado en una carnicería de la provincia de Malleco?
He revisado el decreto 133 del Ministerio de Agricultura, y se refiere al control de la matanza de hembras bovinas. En el día de hoy se le expresó al funcionario de la Oficina de Informaciones del Senado que llamó a la Fiscalía del SAG que el referido es el texto legal que estarían aplicando los funcionarios de ese organismo, en diversas partes del país, en los actos a que me refiero. Este decreto data del 6 de abril de 1971 y lleva la firma del Subsecretario de Agricultura, don Eduardo Montenegro; del Presidente de la República, don Salvador Allende; del Ministro del ramo, Jacques Chonchol, y del señor Pedro Vuskovic, Ministro de Economía.
En verdad, este decreto reglamentario en ninguna parte faculta a nadie para robar sus alimentos a chilenos modestos que los hayan comprado legalmente. Se refiere al control de la matanza y establece la prohibición de matar hembras bovinas de peso inferior a 350 kilos, disponiendo que ello es facultad de SOCOAGRO, ¡pero de manera alguna faculta a funcionarios de este Gobierno para sentarse en las leyes y en los derechos de los chilenos, para humillar a la gente robándole sus alimentos en los caminos de Chile, como lo he presenciado en el Paso de Perquilauquén, en el departamento de San Carlos!
Este es un hecho vergonzoso, porque significa meter la mano en la cartera de un empleado para robarle los 300 o 400 escudos que gastó en comprar dos, tres o cuatro kilos de carne; es un abuso extraordinario. Y yo levanto aquí mi voz ante la indefensión en que se encuentran modestos ciudadanos chilenos que en su patria son tratados como si fueran contrabandistas o bandidos, en circunstancias de que contrabandistas operan desde el Gobierno y éste los respalda y premia designándolos en importantes cargos, como lo hemos denunciado en esta Corporación reiteradamente.
Por eso, solicito oficiar a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Economía, a fin de que nos digan en virtud de qué disposición legal, de qué reglamento o de qué decreto, los funcionarios del Gobierno pueden estar robándoles, porque no se puede calificar de otra manera, paquetes de alimentos - en este caso de carne - a chilenos que los han comprado en los caminos de Chile al pasar por algún pueblo en que hay una carnicería abierta.
Este es un abuso sin precedentes y constituye una humillación más de las que la Unidad Popular se está acostumbrando a cometer contra modestos, esforzados chilenos obreros, empleados, profesionales, hombres y mujeres de trabajo, que son los afectados por las violaciones flagrantes de la ley y las interpretaciones arbitrarias que de la misma hacen a cada instante funcionarios de la Unidad Popular.
Insisto en mi petición de oficio a la Contraloría, a fin de que se investigue este hecho, que cuenta con el respaldo del Gobernador de San Carlos, personaje que me mostraron allí, bastante gordo, de modo que no había dónde perderse acerca del destino de los asados que se incautaban.
Reitero mi petición de envío de los oficios a que me referí, para que se investigue y se sancione este hecho, en hombre del Comité Izquierda Radical.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- De conformidad al Reglamento, se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría.
El turno siguiente corresponde al Comité Socialista, que cedió su tiempo al Honorable señor Noemi.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NOEMI.- Concedo una interrupción al Honorable señor Pablo.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Pablo.

ELECCIÓN DE AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN.

El señor PABLO.- Desgraciadamente, nuestro Comité carece de tiempo en esta sesión para abundar en mayores consideraciones en torno del proceso electoral de la Universidad de Concepción, que ha designado como nuevos Rector y Vicerrector a los señores Carlos Von Plessing y Lorenzo González, respectivamente, para el cuadrienio que empezará el próximo año.
Pero quiero hacer resaltar el triunfo de esas personas, porque no sólo tendrá carácter universitario, sino también nacional, por las razones que expondré.
De la interesante intervención del Honorable señor Aguirre Doolan ya ha quedado de manifiesto que el Frente Universitario está constituido por un grupo de personas que tienen claro concepto de cuál es el destino futuro de la Universidad de Concepción, de los errores que en su conducción existen y del cambio de estructura que debe imponerse, que a mi juicio será mediante un plebiscito y dentro de muy poco tiempo, cuando asuman las nuevas autoridades de ese plantel de enseñanza superior.
Sin embargo, también es preciso considerar que en alguna medida esos personeros y el movimiento que los ha levantado como sus representantes pretenden hacer volver a la Universidad a su cauce real y verdadero. En efecto, la finalidad de la universidad es aprehender los saberes, según rezan las Viejas Partidas de Alfonso el Sabio. Y aprehender los saberes obliga a una labor de carácter intelectual que puede tener compromisos en la medida en que el compromiso es con el hombre, con los valores que lo informan, con su posición dentro de la sociedad, con su concepto del cambio que debe existir en una nación.
Pero la universidad no es un ente político. Ortega y Gasset decía que la diferencia entre el intelectual y el político radica en que el intelectual se preocupa - o sea, se ocupa antes de ocuparse - y el político se ocupaba. Quienes creen que la universidad está comprometida en la medida en que debe ocuparse en los hechos políticos inmediatos, falsean en el fondo la finalidad de la misma. El compromiso es con el hombre y el espíritu. Y en esa universidad, cuyo lema es Por el libre desarrollo del espíritu, evidentemente que todas las ideas deben tener confrontación, deben ser analizadas y debatidas, de manera libre y airada, en el claustro universitario. Pero es inadmisible confundir la inquietud intelectual, el quehacer que tienen que realizar los chilenos para promover cambios en la vida de la nación, con la acción política militante de una casa de estudios, que cobija en su seno a hombres de distintas ideologías que deben ser respetadas.
Por otra parte, ese triunfo, querámoslo o no, en alguna medida está influido por la realidad política que vive Chile, y en esa misma medida repercute también en todos los rincones de la patria.
En el acto eleccionario realizado en la Universidad de Concepción se aglutinaron los elementos políticos e ideológicos de acuerdo con la posición asumida frente a la labor del Gobierno. Quienes respaldaron al señor Galo Gómez, de altos merecimientos personales, sin duda alguna que se sienten identificados con el quehacer de la actual Administración; y aquellos que apoyaron la lista encabezada por el profesor Carlos von Plessing adhirieron a una concepción de la universidad, al mismo tiempo que rechazaban, indudablemente, la labor cotidiana del Ejecutivo.
Es una expresión más del hostigamiento que vive el país, vertida esta vez dentro de una universidad, cuyo campo se enlutó en más de una oportunidad, a la que se pretendía convertir en la Sierra Maestra de nuestra zona. Es la acción desarrollada en un sector en donde hombres de ideas libertarias que aspiran a la libre confrontación de las ideas no confunden la acción política con la intelectual, y se hallan en todo caso empeñados en introducir los cambios requeridos en la vida universitaria y en aportar con su estudio las bases para realizar las transformaciones indispensables para la marcha de este país, dentro de las tradiciones que permanentemente han imperado en él.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor PABLO.- Por no disponer de más tiempo, termino expresando nuestro regocijo por el triunfo de los profesores Carlos von Plessing y Lorenzo González.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Noemi.

PROBLEMAS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍAS. OFICIOS.

El señor NOEMI.- Señor Presidente, en repetidas ocasiones he planteado en el Honorable Senado los problemas que están viviendo la pequeña y la mediana minerías. He afirmado que esta industria extractiva, que entrega 150 mil toneladas de cobre fino vale decir, 150 millones de dólares, suma extraordinaria, no puede seguir trabajando a causa de las bajas tarifas que le paga ENAMI y de los cada día más altos costos. Además, están el problema del desabastecimiento, el endeudamiento, el agotamiento de los centros mineros, la liquidación de las maquinarias, la falta de repuestos. Yo diría que sólo por el amor que tienen a las minas, los mineros siguen trabajando, aniquilándose para entregar esa enorme riqueza al país. Pero se hallan imposibilitados de cumplir esa tarea, que es la única que puede hacer grande al país: la de trabajar y producir, como ellos lo están haciendo.
Pues bien, cuanto he sostenido en repetidas oportunidades queda corroborado por unas notas que he recibido desde el Norte y también por informaciones personales que se me han entregado en la zona.
Recibí un telegrama de don Eduardo Berríos, Presidente de la Asociación Minera de La Serena, que dice: Desabastecimiento nitrato de amonio y reactivos flotación por parte SADEMI amenaza paralización faenas a corto plazo. Urge solución inmediata. Falta nada menos que nitrato de amonio, el explosivo destinado a volar la roca para sacar los minerales; reactivos de flotación, elementos indispensables para hacer funcionar los planteles de tratamiento, donde los minerales de 1 % de cobre se convierten en concentrados de 20% a 30% de ley de cobre, para en esa forma obtener fletes más baratos.
He tratado de buscar solución inmediata al problema. ¿Con qué me he encontrado? Con que la Fábrica Nacional de Explosivos no puede efectuar entregas de los productos señalados antes de enero de 1973. Vale decir, los mineros deberían paralizar en estos momentos sus faenas y esperar hasta el próximo año para volver a trabajar.
Estimo que hay una solución para el problema: recurrir a las empresas de la gran minería con el objeto de que entreguen explosivos a esos mineros en calidad de préstamo; o sea, el nitrato de amonio, que, según mis informaciones, la gran minería del cobre tiene en existencia.
Considero innecesario abundar en consideraciones sobre la importancia que reviste entregar a los mineros los elementos indispensables para la continuidad de sus labores. De modo que me limito a solicitar que se oficie al señor Ministro de Minería imponiéndolo de este problema, a fin de que tome cartas en el asunto y gestione la entrega a dichos mineros por parte de las empresas de la gran minería del cobre, en calidad de préstamo, de los citados explosivos, que serán devueltos cuando la Fábrica Nacional de Explosivos esté en condiciones de producirlos.
Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de acuerdo con el Reglamento.
El señor NOEMI.- Pero hay más, señor Presidente.
Podría sostenerse en algunas ocasiones que exagero, como Senador de la zona minera de Atacama y Coquimbo, al plantear los problemas mineros. Pero quiero leer una nota enviada por el Sindicato Profesional de Pequeños Mineros y Pirquineros de los Departamentos de Huasco, Freirina y Vallenar. Se trata de trabajadores puros, que ni siquiera tienen los elementos de trabajo indispensables, pues sólo disponen de su trabajo, careciendo hasta de los medios más rudimentarios: son auténticos proletarios de las minas.
Leeré textualmente esa comunicación, pues la envían hombres que casi no saben escribir, ya que han dedicado toda su vida al trabajo. Las manos de muchos de ellos muestran las huellas de la dinamita minera, que los ha privado de algunos dedos. Cuando extienden su mano encallecida para saludar, uno los siente como gigantes del trabajo y la producción. Cuando uno saluda a esos mineros y les estrecha las manos ve que son como escofinas, están endurecidas y encallecidas, y no obstante la calidad de Senador por dichas provincias, uno se siente como enano ante esos hombres que durante generaciones sólo se han dedicado a trabajar y producir, y que ahora claman porque no tienen medios para hacerlo.
Dice la nota:
Por intermedio de la presente, le hacemos llegar copia carta enviada al señor Domiciano Soto, Gerente de SADEMI, en la que le hacemos presente las elevadas alzas en el rubro explosivos. Rogamos a Ud. tomar contactos con el señor Gerente de SADEMI, para que tome este asunto con cuidado, porque es un problema que nosotros los mineros lo consideramos injusto.
Agradeciendo sus buenos oficios, quedamos a vuestras órdenes.
Firman Gilberto Robledo Toro, Presidente, y María Medalla, Secretaria. Una de las mujeres que acompañan a los mineros en los yacimientos y les preparan la comida mientras están en el fondo de ellos, es la Secretaria del Sindicato Profesional de Pequeños Mineros y Pirquineros de los departamentos de Huasco, Freirina y Vallenar.
La nota enviada al Gerente de SADEMI, señor Domiciano Soto, con fecha 7 de noviembre de 1972, dice:
Por intermedio de la presente, hacemos llegar nuestra más rotunda y enérgica protesta por lo siguiente.
Que en un período inferior a 6 meses SADEMI es la abastecedora del mineral; se trata de una empresa comercial que forma sociedad con la Empresa Nacional de Minería, ENAMI que es dirigida por Ud. ha tenido la desvergüenza de subirnos en general en un promedio de 300% en rubro de explosivos, que está en su conocimiento y del Supremo Gobierno. En el alimento un 130%.En transporte fueron autorizados en un 120%. Para ser más claro en este asunto, en abril del presente año la caja de gelatina de 7/8 costaba 255,26 escudos; hasta este mes de octubre cuesta 885,50 escudos. El fulminante de 0,72 c/u ahora cuesta E9 3,56 c/u. La guía negra de Eº 1,17 el metro ahora cuesta E9 4,34 el metro. El nitrato de amonio en abril a E° 3,45 el kilo ahora a 6,45 el kilo. No considerando los demás insumos mineros, que todos han subido en forma desconsiderada.
Y la Empresa Nacional de Minería desde marzo a octubre nos ha reajustado solamente en un 100% en los valores de los minerales entregados a sus plantas, agencias y fundiciones, con lo cual, en vez de estar mejorando nuestro estándar de vida, se nos ha quitado en 50%.
Por lo tanto, pedimos a Ud. ver las posibilidades de poder atajar estas alzas, ya que así no vamos a poder seguir trabajando.
Creemos que nuestros planteamientos son claros, precisos y contundentes, porque son nuestro real vivir.
Con menos tarifa de compra de minerales, problema de desabastecimiento que es uno de los problemas más difíciles en este momento para alimentarse con sus familiares.
Señor Gerente, para su conocimiento nosotros hemos pedido por intermedio del Consejo Regional Minero de Vallenar que nos vendan la dinamita en forma detallada, como era anteriormente, ya que con este sistema de una caja como mínimo es obligar al minero que tiene que tener en circunstancia que la mayoría de los pequeños mineros no disponemos de dinero que alcance para cubrir estos gastos que hay que reunir para seguir trabajando.
Agradeciendo que sea comprendida por usted nuestra desesperación al ver que no son apreciados nuestros esfuerzos para con Chile y que se nos castigue con estas alzas desorbitadas con lo cual apreciamos, con impotencia, que la justicia no es aplicada por parejo.
Agradeciendo de antemano vuestros buenos oficios, quedamos a vuestras órdenes.
Firman: Gilberto Robledo Toro, Presidente, y María Medalla Aguilar, Secretaria.
Señor Presidente, creo que esta carta constituye todo un documento que viene a confirmar lo que he sostenido en tantas oportunidades: se está liquidando a la pequeña y mediana minería, actividad que entrega al país una gran riqueza. Se trata, pues es lo que se concluye de la carta a que he dado lectura, de permitir a estos hombres que están entregando 150 millones de dólares al año lo que no es una broma, que sigan trabajando precisamente ahora, cuando se hace especialmente necesario equilibrar la Balanza de Pagos.
Solicito que de esta copia de la carta que fue enviada a don Domiciano Soto, Gerente de SADEMI, se resuma el problema que en ella se plantea y se lo dé a conocer al Vicepresidente de la Empresa Nacional de Minería y al Ministro del ramo, a fin de que ambos tengan conocimiento del documento a que he dado lectura en el Senado y de que él no proviene de un mediano minero, a quien seguramente querrían atribuirle que pretende hacer críticas al Gobierno, sino de un grupo de proletarios, de hombres que sólo saben trabajar y producir y que están manifestando su deseo de entregar a Chile una producción que permita salir del problema tremendo del desabastecimiento, de la escasez y de la falta de divisas.
Pido, pues, transcribir mis observaciones a los señores Vicepresidente de ENAMI y al Ministro de Minería.
Se anuncia el envío de los oficios solicitados, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se dará cuenta de algunas indicaciones que han llegado a la Mesa.
El señor EGAS (Prosecretario).- Indicación del Honorable señor Pablo para publicar in extenso las observaciones de los Honorables señores Aguirre Doolan, Acuña y Noemi formuladas en Incidentes de esta sesión.
Por su parte, el Honorable señor Noemi formula indicación para publicar in extenso las observaciones formuladas por el Honorable señor Pablo en Incidentes de hoy.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria próxima.
Se levanta la sesión.
Se levantó a las 20.12.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.

ANEXOS.

1
INFORME DE LA DELEGACIÓN DE SENADORES QUE CONCURRIÓ A LA SEXAGÉSIMA CONFERENCIA INTERPARLAMENTARIA CELEBRADA EN ROMA ENTRE EL 21 Y EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1972.

Honorable Senado:
La delegación de Senadores que concurrió a la Sexagésima Conferencia Interparlamentaria, celebrada en Roma entre el 21 y el 29 de septiembre de 1972, tiene el honor de informaros acerca de la participación que le cupo en este torneo mundial, así como respecto de variados tópicos relacionados con tal reunión.

1.- Representación del Grupo Interparlamentario chileno. Estuvo compuesto de la siguiente manera:

a) Senadores señores:
Humberto Aguirre Doolan.
Narciso Irureta Aburto.
Alfredo Lorca Valencia.
Fernando Ochagavía Valdés.
Aniceto Rodríguez Arenas, y
Ramón Silva Ulloa.
Secretarios señores:
Pedro Correa Opaso, y
Rodemil Torres Vásquez.

b) Diputados señores:
Fernando Sanhueza.
Eduardo Clavel.
Jaime Concha.
Mario Hurtado.
Bernardo Leighton.
Emilio Lorenzini.
Patricio Mekis.
Julio Mercado.
Hardy Momberg.
Héctor Olivares, y
Luis Tejeda.
Secretario: señor Ricardo Valdés.
La presidencia de la delegación correspondió, por derecho propio, al Diputado señor Fernando Sanhueza, dada su calidad de Presidente de la Honorable Cámara de Diputados.
Sin embargo, con fines puramente pragmáticos, la unanimidad de la delegación designó en Italia al Senador señor Humberto Aguirre Doolan para que presidiera y actuara en ausencia del señor Sanhueza. Por lo demás, antes de partir de Chile, el citado señor Senador fue elegido por sus colegas para que asumiera la Jefatura de la delegación de Senadores.

2.- Partida de la delegación.
El Senador señor Humberto Aguirre Doolan partió el domingo 17 de septiembre, acompañado del Secretario señor Pedro Correa Opaso, con el objeto de estar presente en la 160º sesión del Comité Ejecutivo que se celebró el martes 19 y de intervenir en la 111º sesión del Consejo Interparlamentario, del cual es miembro, que se realizó el miércoles 20 del referido mes en Roma.
Salvo el Senador señor Aniceto Rodríguez Arenas, que lo hizo separadamente, el resto de la delegación de Senadores y el Secretario señor Rodemil Torres Vásquez salieron de Chile el martes 19 de septiembre y, junto al grueso de la delegación de Diputados, viajaron en el mismo avión con destino a Roma, donde arribaron al día siguiente.

3.- La 60º Conferencia Interparlamentaria.
a) Lugar y fecha. Se realizó en Roma entre el jueves 21 y el viernes 29 de septiembre del presente año y se desarrolló en el Palacio Montecitorio, sede de la Cámara de Diputados italiana.
b) Agenda. La tabla de materias a tratarse en la 60º Conferencia, determinada por el Consejo Interparlamentario en su 110º sesión celebrada en Yaoundé (Camerún) el 8 de abril de 1972, fue la siguiente:
1.- Elección de Presidente y Vicepresidente de la Conferencia.
2.- Debate General.
3.- Situación en el Medio Oriente.
4.- Nuevas formas de presión política en los asuntos internacionales.
Informe presentado, a nombre de la Comisión para el estudio de las cuestiones políticas, de la seguridad internacional y del desarme, por el señor K. Bjórk (Suecia).
5.- Problemas del medio humano.
Informe presentado, a nombre de la Comisión para la educación, la ciencia y la cultura, por el señor A. Dua (Bélgica).
6.- Necesidad de intensificar la lucha para poner fin a la carrera de armamentos de toda especie en vista de sus consecuencias políticas, económicas y sociales.
Informe presentado, a nombre de la Comisión para el estudio de las cuestiones políticas, de la seguridad internacional y del desarme, por el señor M. Barisic (Yugoslavia).
7.- La lucha contra el abuso de las drogas: sistema internacional de control; represión del tráfico ilícito; prevención, tratamiento y reintegración social.
Informe presentado, a nombre de la Comisión para el estudio de las cuestiones económicas y sociales, por el señor P. de Montesquiou (Francia).
8.- Situación y perspectivas de los programas de educación en los países en vías de desarrollo, especialmente en lo que concierne a la formación de cuadros técnicos medios y superiores.
Informe presentado, a nombre de la Comisión para la educación, la ciencia y la cultura, por el señor D. D. J. Pokossy (Camerún).
9.- La responsabilidad de los Diputados frente a los electores.
Informes presentados, a nombre de la Comisión para el estudio de las cuestiones parlamentarias y jurídicas, por los señores F. Amrehn (República Federal de Alemania), Z. Gomaa (República Árabe de Egipto) y B. Kucera (Checoslovaquia).
10.- Las formas modernas de la formación profesional en relación con el empleo.
Relator: señora E. Wolf (República Federal de Alemania).
11.- Elección de tres miembros del Comité Ejecutivo para reemplazar a los señores R. Carpió Castillo (Venezuela), G. S. Dhillon (India) y M. Marigoh Mboua (Camerún), dado que sus mandatos expiran en 1972.
12.- Comunicación de la composición del Consejo Interparlamentario para el período comprendido entre la 60º y la 61º Conferencias.
Al momento de fijar este orden del día, el Consejo Interparlamentario decidió que los puntos 2, 3 y 4 fueran objeto de un solo y mismo debate y que los proyectos de resolución podrían presentarse sobre el punto 3, más no sobre el punto 4. El Consejo decidió igualmente que el proyecto de resolución relativo al punto 10 fuera sometido a votación sin debate, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 14 del Reglamento de Conferencias Interparlamentarias.
Además, a solicitud del Grupo de Laos, en la primera sesión ple-naria celebrada el jueves 21 de septiembre, la Conferencia, por 381 votos a favor, 170 en contra y 202 abstenciones, acordó incluir como punto trece del orden del día el tema Paz en Laos y seguridad en Asia y remitir a la Comisión para el estudio de las cuestiones políticas, de la seguridad internacional y del desarme, el respectivo proyecto de resolución con el fin de que el informe fuera votado en la sesión plenaria del viernes 29 de septiembre.

4.- Grupos nacionales y organismos internacionales representados.
De los 72 países que actualmente integran la Unión Interparlamentaria, a la 60 Conferencia concurrieron delegados de los siguientes 60 Grupos nacionales:
Australia, Austria, Bangladesh, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, Costa de Marfil, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Etiopía, Finlandia, Francia, Ghana, Alto Volta, Hungría, India, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Kuwait, Laos, Liberia, Luxemburgo, Malasia, Mauritania, Mónaco, Mongolia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Nueva Zelandia, Holanda, Filipinas, Polonia, República Árabe de Egipto, República Árabe Siria, República de Corea, República de Vietnam, República de Zaire, República Federal de Alemania, Rumania, Reino Unido, Rwanda, Senegal, Suecia, Suiza, Checoslovaquia, Túnez, Turquía, Unión Soviética, Venezuela y Yugoslavia.
También enviaron observadores los siguientes organismos internacionales:
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Acuerdo General sobre las Tarifas Aduaneras y el Comercio (GATT), Asociación Internacional de Parlamentarios de Lengua Francesa (AIPLF), Oficina Internacional del Trabajo (OIT), Consejo Europeo, Liga de Estados Árabes, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

5.- Calendario de trabajo.
Esta sexagésima reunión interparlamentaria mundial estuvo sujeta al siguiente calendario de trabajo:

Martes 19 de septiembre.
10 y 15 horas	Comité Ejecutivo (160º sesión).

Miércoles 20 de septiembre.
10 y 15 horas	Consejo Interparlamentario (111º sesión).

Jueves 21 de septiembre.
11 horas	Ceremonia inaugural.
15 horas	Sesión plenaria.
Elección de Presidente y Vicepresidente de la Conferencia.
Debate general sobre:
1.- La situación política, económica y social del mundo y las actividades de la Unión.
Informe presentado por el Secretario General sobre asuntos de interés internacional y sobre el estado y trabajos de la Unión.
2.- Situación en el Medio Oriente.
3.- Nuevas formas de presión política en los asuntos internacionales. Relator: señor K. Bjórk (Suecia).

Viernes 22 de septiembre.
10 y 15 horas	Sesión plenaria.
Continuación y fin del debate general iniciado en la sesión plenaria del día anterior.

Sábado 23 de septiembre.
10 y 15 horas	Sesión plenaria.
Problemas del medio humano. Relator: señor A. Dua (Bélgica).

Domingo 24 de septiembre.
Libre.

Lunes 25 de septiembre.
10 horas	Sesión plenaria.
La necesidad de intensificar la lucha para poner fin a la carrera de armamentos de toda especie en vista de sus consecuencias políticas, económicas y sociales. Relator: señor M. Barisic (Yugoslavia).

15 horas	Sesión plenaria.
La lucha contra el abuso de las drogas: sistema internacional de control; represión del tráfico ilícito; prevención, tratamiento y reintegración social. Relator: señor P. de Montesquiou (Francia).

Martes 26 de septiembre.
10 horas	Sesión plenaria.
Situación y perspectivas de los programas de educación en los países en vías de desarrollo, especialmente en lo que concierne a la formación de cuadros técnicos medios y superiores. Relator: señor D. D. J. Pokossy (Camerún).

15 horas	Sesión plenaria.
La responsabilidad de los Diputados frente a los electores.
Relatores: señores F. Amrehn (República Federal de Alemania), Z. Gomaa (República Árabe de Egipto) y B. Eucera (Checoslovaquia).

Miércoles 27 de septiembre.
10 horas	Comisión para el estudio de las cuestiones políticas, de la seguridad internacional y del desarme.
Comisión para la educación, la ciencia y la cultura.
15 horas	Comisión para el estudio de las cuestiones económicas y sociales.
Comisión para los territorios no autónomos y el estudio de las cuestiones étnicas.

Jueves 28 de septiembre.
10 horas	Comisión para el estudio de las cuestiones políticas, de la seguridad internacional y del desarme.
Comisión para la educación, la ciencia y la cultura.
15 horas	Comisión para el estudio de las cuestiones parlamenta- rias y jurídicas.

Viernes 29 de septiembre.
10 horas	Consejo Interparlamentario.
15 horas	Sesión plenaria.
Elección de tres miembros del Comité Ejecutivo.
Votación sin debate del proyecto de resolución relativo a Las formas modernas de la formación profesional en relación con el empleo.
Informes de las Comisiones de estudio y votación de los siguientes proyectos de resolución:
1.- Situación en el Medio Oriente.
2.- Problemas del Medio Humano.
3.- La necesidad de intensificar la lucha para poner fin a la carrera de armamentos de toda especie en vista de sus consecuencias políticas, económicas y sociales.
4.- La lucha contra el abuso de las drogas: sistema internacional de control; represión del tráfico ilícito; prevención, tratamiento y reintegración social.
5.- Situación y perspectivas de los programas de educación en los países en vías de desarrollo, especialmente en lo que concierne a la formación de cuadros técnicos medios y superiores.
6.- Paz en Laos y seguridad en Asia.
Comunicación de la composición del Consejo Interparlamentario para el período comprendido entre la 60 y la 61º Conferencias.
Clausura de la Conferencia.

Sábado 30 de septiembre.
10 y 15 horas	Comité Ejecutivo (161 sesión).

6.- Ceremonia inaugural.
Se realizó en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados italiana, en presencia del Presidente de Italia, Excmo. señor Giovanni Leone y de todas las delegaciones asistentes.
En ella usaron de la palabra el Presidente de la Cámara de Diputados italiana señor Sandro Pertini, el Presidente del Grupo Interparlamentario italiano señor Giuseppe Vedovato, el Presidente del Consejo Interparlamentario señor André Chandernagor y el Presidente de la República italiana Excmo. señor Giavanni Leone.

7.- Texto de las intervenciones y de los proyectos de resolución, mociones y enmiendas.
La versión de todas las intervenciones que se mencionan en el curso de este informe, así como el texto de los proyectos de resolución, mociones y enmiendas, se contienen en los documentos originales que se anexan a esta exposición pero que no se incorporan a ella debido a su gran volumen.

8.- Elección de Presidente y Vicepresidente de la Conferencia.
La 60 Conferencia, inaugurada por el Presidente del Consejo Interparlamentario señor André Chandernagor, eligió por aclamación como su Presidente al señor Giuseppe Vedovato, Presidente del Grupo italiano.
Para los cargos de Vicepresidente se designó a un delegado de cada Grupo Interparlamentario, acordándose que sus nombres se anunciaran posteriormente.

9.- Desarrollo de la 60 Conferencia.
Se llevó a cabo con estricta sujeción al calendario de trabajo establecido, advirtiéndose verdadero interés de parte de las distintas delegaciones en la discusión de los principales temas del orden del día, que por cierto constituían otros tantos problemas de trascendencia dentro de la situación internacional actual.
La extraordinaria calidad de los participantes revistió de profundidad a los debates y las decisiones adoptadas confirmaron el bien ganado prestigio de que goza la Unión Interparlamentaria.
Dentro de un ambiente fraternal y solidario, al margen de ideologías políticas, valiéndose de las comodidades que ofrecían las diversas dependencias del Palacio Montecitorio y de la perfecta organización técnica que al desarrollo de la Conferencia supieron imprimir la Secretaría General y el Grupo Interparlamentario italiano, cada uno de los representantes de los distintos Parlamentos asistentes se esforzó por desplegar una acción valiosa en pro del buen éxito que coronó la Conferencia.
Igual confraternidad y comunicación espiritual existió en las recepciones que incluía el programa general.

10.- Mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas.
En la primera sesión plenaria, el Subsecretario General de las Naciones Unidas, señor Vittorio Winspeare Guicciarde, leyó un mensaje enviado a la Conferencia por el Secretario General de dicho Organismo, señor Kurt Waldheim, en el que destacó la importancia de este evento mundial y formulaba sus mejores deseos por el buen éxito de las deliberaciones.

11.- Participación de los delegados del Grupo Interparlamentario chileno.
Sin perjuicio de la activa participación que en todos los actos de la Conferencia correspondió a los delegados del grupo chileno, cabe destacar que éstos designaron a los siguientes parlamentarios para que integraran las Comisiones permanentes que se indican, donde directamente contribuyeron con su aporte personal al estudio de las materias que les fueron sometidas a consideración:
1.- Senador señor Aniceto Rodríguez y Diputado señor Bernardo Leghton, la Comisión para el estudio de las cuestiones políticas, de la seguridad internacional y del desarme.
2.- Diputados señores Mario Hurtado y Emilio Lorenzini, la Comisión para la educación, la ciencia y la cultura.
3.- Senadores señores Fernando Ochagavía y Ramón Silva, la Comisión para el estudio de las cuestiones económicas y sociales; y
4.- Senador señor Alfredo Lorca y Diputado señor Jaime Concha, la Comisión para los territorios no autónomos y el estudio de las cuestiones étnicas.
Al mismo tiempo, designaron a los Senadores señores Aguirre Doolan, Irureta, Rodríguez y Silva Ulloa y al Diputado señor Mekis para que, en nombre de la delegación chilena y respecto de las asuntos que se indican, usaran de la palabra en las sesiones plenarias en que se abordaran los temas respectivos.
Así fue como el Senador señor Humberto Aguirre Doolan, hablando en francés, intervino en la tercera reunión plenaria, celebrada el viernes 22 de septiembre, en la cual finalizó el debate general sobre la situación política, económica y social del mundo y las actividades de la Unión Interparlamentaria; la situación en el Medio Oriente, y las nuevas formas de presión política en los asuntos internacionales.
El Senador señor Narciso Irureta ocupó la tribuna en la quinta sesión plenaria, celebrada el sábado 23 de septiembre, abordando en idioma italiano el punto 5 del temario, esto es, los problemas del medio humano.
El Senador señor Ramón Silva usó de la palabra en la sexta sesión plenaria, celebrada el lunes 25 de septiembre, para referirse al sexto tema de la agenda, o sea, a la necesidad de intensificar la lucha para poner fin a la carrera de armamentos de toda especie en vista de sus consecuencias políticas, económicas y sociales.
El Senador señor Aniceto Rodríguez pronunció su discurso en la octava sesión plenaria, celebrada el martes 26 de septiembre, acerca del punto 8 del orden del día, vale decir, de la situación y perspectivas de los programas de educación en los países en vías de desarrollo, especialmente en lo que concierne a la formación de cuadros técnicos medios y superiores.
Finalmente, el Diputado señor Patricio Mekis intervino en la novena sesión plenaria, celebrada el martes 26 de septiembre, para referirse en inglés al 9º asunto del temario, esto es, a la responsabilidad de los Diputados frente a los electores.

12.- Santiago de Chile, sede de la 61º Conferencia.
El Consejo Interparlamentario, en su 111º sesión, celebrada en Roma el 20 de septiembre, unánimemente, aceptó la invitación del Grupo chileno y designó a Santiago de Chile ciudad sede de la 61º Conferencia Interparlamentaria que deberá verificarse en 1973, dejando pendiente la fijación de la fecha de apertura de dicha reunión anual.
La delegación de Senadores comprende que tal designación constituye una enorme responsabilidad para el Grupo Interparlamentario chileno, pero destaca que al mismo tiempo representa una señalada distinción que prestigia no sólo al Congreso Nacional sino que al país entero.

13.- Senador Humberto Aguirre Doolan, elegido miembro del Comité Ejecutivo.
A proposición del Consejo Interparlamentario, según acuerdo adoptado en sesión celebrada en Roma el viernes 29 de septiembre, la Sexagésima Conferencia, en su décima sesión plenaria, realizada en la tarde del día antes señalado, eligió miembro del Comité Ejecutivo al Senador señor Humberto Aguirre Doolan, junto a los señores Edward J. Derwinski, de Estados Unidos de América, y Rushdi Said, de la República Árabe de Egipto.
Estas tres designaciones se efectuaron para proveer las consiguientes vacantes originadas en septiembre de 1972 con motivo de la expiración del mandato de los miembros del Comité Ejecutivo señores Rubén Carpió Castillo, de Venezuela; G. S. Dhilon, de India, y M. Marigoh Mboua, de Camerún.
Para reemplazar a estos tres miembros se presentaron, además de las candidaturas que resultaron elegidas, las de los señores Félix R. D. Bandaranaike, por el Grupo de Ceilán; Justiniano S. Montano, por el Grupo filipino, y Maurice Oulaté, por el Grupo de Costa de Marfil.
La elección del Senador señor Aguirre Doolan debe considerarse otro triunfo de la delegación del Grupo chileno y un merecido reconocimiento a la ya larga y fructífera contribución prestada por él a los trabajos y fines de la Unión Interparlamentaria.

14.- Actual composición del Comité Ejecutivo.
Con las tres nuevas designaciones, el órgano administrativo de la Unión queda integrado por los siguientes miembros:
Sr.	André Chandernagor (Francia), Presidente.
Sr.	John Hall (Reino Unido), Vicepresidente.
Sr.	A. P. Chitikov (Unión Soviética).
Sr.	Kenji Fukunaga (Japón).
Sr.	Walter Hofer (Suiza).
Sr.	Mihail Levente (Rumania).
Sr.	M. de Niet (Holanda).
Sr.	Giuseppe Vedovato (Italia).
Sr.	Humberto Aguirre Doolan (Chile).
Sr.	Edward J. Derwinski (Estados Unidos).
Sr.	Rushdi Said (Rep. Árabe de Egipto).

Secretario General:
Sr. Pio-Carlo Terenzio.

15.- Actual composición del Consejo Interparlamentario.
La comunicación de la composición del Consejo Interparlamentario para el período comprendido entre la 60º y la 61º Conferencias figuraba como punto 12 del orden del día.
De esta forma, nuevamente se cumplía así lo prescrito en los Estatutos de la Unión, según los cuales el Consejo se compone de dos miembros de cada Grupo nacional, designados por su Grupo a lo menos un mes antes de inaugurarse la Conferencia, cuyos nombres deben comunicarse a la Oficina Interparlamentaria y por ésta a la Conferencia. (Además prescriben que las funciones de miembro del Consejo duran por el período comprendido entre el término de una Conferencia y el final de la siguiente).
Conforme a esas normas, el Grupo chileno oportunamente designó y comunicó los nombres de sus dos miembros, el Senador Humberto Aguirre Doolan y el Diputado señor Fernando Sanhueza, quienes, por cierto, figuran en la comunicación que la Oficina Interparlamentaria transmitió a la Sexagésima Conferencia, documento que también se encuentra en los anexos del original de este informe.

16.- Palabras finales.
La delegación de Senadores que concurrió a la Sexagésima Conferencia Interparlamentaria cree haber respondido a la confianza en ella depositada y se siente satisfecha de la labor cumplida y de sus resultados.
Cada integrante hizo cuanto estuvo a su alcance por prestigiar no sólo al Senado, sino que al Congreso Nacional y al país en su conjunto.
La delegación actuó siempre en armonía y como un solo cuerpo en todos los actos que importaron adhesión a los propósitos de paz internacional y de colaboración entre los pueblos, reafirmando así su fe en los principios que inspiran a la Unión.
Cada uno de sus componentes experimenta una sensación de regocijo por haber conseguido que Santiago fuera designada ciudad sede de la 61 Conferencia Interparlamentaria que tendrá lugar el año próximo, pues no ignora que ello envuelve un señalado honor a la Nación chilena y a su Parlamento.
Asimismo, la delegación se enorgullece de que uno de los suyos, el Senador señor Humberto Aguirre Doolan, haya sido elegido miembro del Comité Ejecutivo y anhela que la Conferencia de Santiago tenga el buen éxito de la que recién finaliza.
El contacto personal entre miembros de distintos Parlamentos del orbe y su decisión de reunirse para estudiar y buscar soluciones a problemas de carácter mundial, es sin duda una forma de enaltecer la acción parlamentaria, de contribuir al mejoramiento de las situaciones que preocupan a las generaciones presentes y de trabajar por la consolidación de la paz, el bienestar de la humanidad y el imperio de la justicia.
No en vano, fuera de ser una tribuna de resonancia universal, cada Conferencia Interparlamentaria ha sido, es y será siempre un lugar expectable y una ocasión preciosa para el intercambio de ideas y experiencias recíprocas en provecho directo de una convivencia más feliz y de una solidaridad internacional más intensa.
Al terminar este informe, la delegación de Senadores desea dejar expresa constancia de su gratitud a las dos Embajadas de Chile en Roma: la acreditada ante el Gobierno de Italia, que preside el señor Carlos Vassallo, y la acreditada ante el Vaticano, que encabeza el señor Rene Rojas.
Ambos Embajadores y sus respectivas esposas, así como el personal allí asignado, entre ellos el diligente funcionario señor Ronald Geiger, se esmeraron por prestar la más amplia, efectiva y oportuna colaboración a los delegados chilenos y se dignaron ofrecer atenciones a los miembros de la delegación y a sus esposas, en tal forma que con ello facilitaron su labor ante la Conferencia e hicieron muy grata su estada en la Ciudad Eterna.
Sala de Comisiones del Senado, a 21 de noviembre de 1972.
(Fdo.): Pedro Correa Opazo, Secretario.- Rodemil Torres Vásquez, Secretario.