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- rdf:value = " El señor ACUÑA.-
Quiero ocupar algunos minutos del Senado para referirme a un hecho que denuncié en el día de ayer a la opinión pública, y que tiene relación con un conjunto de actuaciones de determinados funcionarios, que he podido comprobar personalmente. Se trata de actuaciones de algunos elementos del actual Gobierno, profundamente vejatorias a la dignidad y a los derechos de modestos ciudadanos chilenos, y que constituyen un atropello a las normas legales.
En el transcurso de la semana recién pasada realicé, como tengo por costumbre, una gira a las provincias que represento en el Senado, es decir, a Valdivia, Osorno y Llanquihue.
De regreso de la zona Sur, el sábado 18 pude comprobar que, más o menos a las 16 horas, en la Carretera Panamericana, en la plaza de peaje de Perquilauquén, departamento de San Carlos, provincia de Ñuble, se llevaba a efecto un proceso de revisión y control de los automóviles por un funcionario del Servicio, Agrícola y Ganadero, asesorado, naturalmente, por personal policial, y, lo que es más grave aún, porque de ahí arranca todo el origen de estas actuaciones que me atrevo a calificar de casi delictuales, empujado, diría yo, por el propio Gobernador de San Carlos, es decir, por el representante del Gobierno de la Unidad Popular.
¿Qué ocurría allí? Cuanto vehículo transitaba por la carretera era detenido y sometido a una rigurosa fiscalización. Se hacían abrir las maletas; se revisaban los bultos, los paquetes, para ver qué traían. Y si contenían carne, esos paquetes eran objeto de incautación por el funcionario del SAG, a quien vigilaba el Gobernador de San Carlos, militante del Partido Comunista según he podido comprobar en Santiago.
Y me tocó presenciar el hecho indignante de incautar a personas modestas que los traían en sus vehículos, algunos paquetes con carne, que habían comprado en carnicerías legalmente abiertas, que funcionaban en la carretera, en pueblos de Biobío, Malleco y Cautín. Y con esos paquetes se quedaban los representantes del Ejecutivo, o sea, el funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero y el Gobernador de San Carlos.
Yo pregunté al funcionario del SAG en virtud de qué atribuciones realizaba esa labor. Me expresó - y lo noté con profunda amargura e inquietud - que él estaba cumpliendo instrucciones, aplicando un supuesto decreto del Ministerio de Agricultura que prohibía el tránsito de carne por caminos y carreteras del país.
Luego conversé con el teniente de Carabineros a cargo de la supervigilancia y del amparo a las autoridades administrativas, y observé una profunda inquietud y preocupación en los carabineros por tener que cumplir instrucciones de representantes del Gobierno, de autoridades políticas - en este caso del Gobernador de San Carlos - que les obligan a respaldar actuaciones abiertamente ilegales, inmorales y deshonestas.
Comprendo la actuación del funcionario del SAG: él recibía instrucciones. Comprendo la actuación de los funcionarios de Carabineros en hechos vergonzosos, en actuaciones de dudosa legalidad que constituyen abusos flagrantes. Se hace actuar a funcionarios de Carabineros en virtud de órdenes políticas que reciben del Gobierno, que deben acatar, sometiéndoseles a un proceso extraordinariamente grave y delicado, y yo diría hasta peligroso, por el respeto que a todos nos merece el Cuerpo de Carabineros de Chile, respeto que no han tenido nunca por ellos, naturalmente, los miembros de la Unidad Popular.
Allí se me dijo que se estaba aplicando un decreto reglamentario del Ministerio de Agricultura. Yo vi cómo a un empleado que venía en su auto se le quitó un paquete de dos kilos de carne. Cuando supo que yo era Senador se acercó a expresarme con angustia su desesperación, su impotencia frente a este atropello de que era víctima: le habían quitado el alimento que traía a Santiago para su hogar, para su esposa y sus hijos; carne que, por lo demás, había comprado en negocios que funcionaban legalmente a lo largo de la carretera. Textualmente, ese muchacho me dijo: ¿Cómo es posible que me quiten un kilo de huesos y dos kilos de carne que he comprado en una carnicería de la provincia de Malleco?
He revisado el decreto 133 del Ministerio de Agricultura, y se refiere al control de la matanza de hembras bovinas. En el día de hoy se le expresó al funcionario de la Oficina de Informaciones del Senado que llamó a la Fiscalía del SAG que el referido es el texto legal que estarían aplicando los funcionarios de ese organismo, en diversas partes del país, en los actos a que me refiero. Este decreto data del 6 de abril de 1971 y lleva la firma del Subsecretario de Agricultura, don Eduardo Montenegro; del Presidente de la República, don Salvador Allende; del Ministro del ramo, Jacques Chonchol, y del señor Pedro Vuskovic, Ministro de Economía.
En verdad, este decreto reglamentario en ninguna parte faculta a nadie para robar sus alimentos a chilenos modestos que los hayan comprado legalmente. Se refiere al control de la matanza y establece la prohibición de matar hembras bovinas de peso inferior a 350 kilos, disponiendo que ello es facultad de SOCOAGRO, ¡pero de manera alguna faculta a funcionarios de este Gobierno para sentarse en las leyes y en los derechos de los chilenos, para humillar a la gente robándole sus alimentos en los caminos de Chile, como lo he presenciado en el Paso de Perquilauquén, en el departamento de San Carlos!
Este es un hecho vergonzoso, porque significa meter la mano en la cartera de un empleado para robarle los 300 o 400 escudos que gastó en comprar dos, tres o cuatro kilos de carne; es un abuso extraordinario. Y yo levanto aquí mi voz ante la indefensión en que se encuentran modestos ciudadanos chilenos que en su patria son tratados como si fueran contrabandistas o bandidos, en circunstancias de que contrabandistas operan desde el Gobierno y éste los respalda y premia designándolos en importantes cargos, como lo hemos denunciado en esta Corporación reiteradamente.
Por eso, solicito oficiar a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Economía, a fin de que nos digan en virtud de qué disposición legal, de qué reglamento o de qué decreto, los funcionarios del Gobierno pueden estar robándoles, porque no se puede calificar de otra manera, paquetes de alimentos - en este caso de carne - a chilenos que los han comprado en los caminos de Chile al pasar por algún pueblo en que hay una carnicería abierta.
Este es un abuso sin precedentes y constituye una humillación más de las que la Unidad Popular se está acostumbrando a cometer contra modestos, esforzados chilenos obreros, empleados, profesionales, hombres y mujeres de trabajo, que son los afectados por las violaciones flagrantes de la ley y las interpretaciones arbitrarias que de la misma hacen a cada instante funcionarios de la Unidad Popular.
Insisto en mi petición de oficio a la Contraloría, a fin de que se investigue este hecho, que cuenta con el respaldo del Gobernador de San Carlos, personaje que me mostraron allí, bastante gordo, de modo que no había dónde perderse acerca del destino de los asados que se incautaban.
Reitero mi petición de envío de los oficios a que me referí, para que se investigue y se sancione este hecho, en hombre del Comité Izquierda Radical.
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