REPUBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACION OFICIAL. LEGISLATURA 317ª, EXTRAORDINARIA. Sesión 45ª, en miércoles 29 de noviembre de 1972. Ordinaria. (De 16.14 a 19.21). PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE, Y LUIS PAPIC RAMOS, VICEPRESIDENTE. SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA. INDICE. Versión taquigráfica. I.- ASISTENCIA 1683 II.- APERTURA DE LA SESION 1683 III.- TRAMITACION DE ACTAS 1683 IV.- LECTURA DE LA CUENTA 1683 V.- ORDEN DEL DIA: Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que modifica disposiciones de los números 10 y 16 del artículo 10 de la Carta Fundamental (queda pendiente el debate) 1684 VI.- TIEMPO DE VOTACIONES: Publicación de documento 1707 VII.- INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncian) 1709 Democratización de la enseñanza (observaciones del señor Pablo) 1718 Causas del último paro nacional y de la resistencia pasiva (observaciones del señor García) 1726 VERSION TAQUIGRAFICA. I.- ASISTENCIA. Asistieron los señores: Acuña Rosas, Américo Aguirre Doolan, Humberto Aylwin Azocar, Patricio Ballesteros Reyes, Eugenio Bossay Leiva, Luis Bulnes Sanfuentes, Francisco Campusano Chávez, Julieta Carmona Peralta, Juan de Dios Carrera Villavicencio, María Elena Contreras Tapia, Víctor Chadwick Valdés, Tomás Durán Neumann, Julio Ferrando Keun, Ricardo Foncea Aedo, José Fuentealba Moena, Renán García Garzena, Víctor Gormaz Molina, Raúl Gumucio Vives, Rafael Agustín Hamilton Depassier, Juan Ibáñez Ojeda, Pedro Jerez Horta, Alberto Juliet Gómez, Raúl Lorca Valencia, Alfredo Luengo Escalona, Luis Fernando Miranda Ramírez, Hugo Morales Adriasola, Raúl Moreno Rojas, Rafael Musalem Saffie, José Noemi Huerta, Alejandro Ochagavía Valdés, Fernando Olguín Zapata, Osvaldo Pablo Elorza, Tomás Palma Vicuña, Ignacio Papic Ramos, Luis Prado Casas, Benjamín Reyes Vicuña, Tomás Rodríguez Arenas, Aniceto Silva Ulloa, Ramón Tarud Siwady, Rafael Teitelboim Volosky, Volodia Valente Rossi, Luis Valenzuela Sáez, Ricardo, y Von Mühlenbrock Lira. Julio. Actuó de Secretario, el señor Pelagio Figueroa Toro, y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala. II.- APERTURA DE LA SESION. Se abrió la sesión a las 16.14, en presencia de 16 señores Senadores. El señor PALMA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III.- TRAMITACION DE ACTAS. El señor PALMA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 42ª y 43ª, que no han sido observadas. (Véanse en el Boletín las actas aprobadas). IV.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor EGAS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes. Tres de Su Excelencia el Presidente de la República. Con los dos primeros, retira y hace presente la urgencia para el despacho del proyecto que modifica la Constitución Política del Estado, con el objeto de proceder a la nacionalización de los bienes de la Compañía de Teléfonos de Chile. Queda retirada la urgencia y la nueva se califica de simple. Con el último, hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que suplementa los ítem de diversos Ministerios. Se califica de simple la urgencia. Oficios. Uno de la Honorable Cámara de Diputados, con el cual comunica que ha tenido a bien adoptar un acuerdo respecto de la formación de una Comisión Especial Organizadora de la 61ª Conferencia de la Unión Interparlamentaria Mundial, que se celebrará en Chile en 1973. Queda a disposición de los señores Senadores. Cuatro, de los señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas y Transportes, y Subsecretario de la Vivienda y Urbanismo, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores Acuña (1), Moreno (2), Silva Ulloa (3) y Valente (4): 1) Instalación de agua potable en Puerto Octay; 2) Situación discriminatoria que afectaría a trabajadores de asentamientos campesinos con motivo de la dictación de las leyes Nºs 17.713 y 17.732; 3) Aumento de asignación de zona en favor de trabajadores de Antofagasta, y 4) Entrega de títulos de dominio a asignatarios de viviendas en la población Orlando Latorre, de Calama. Quedan a disposición de los señores Senadores. Uno del señor Contralor General de la República, con el cual remite un ejemplar del Estado de Fondos Fiscales y Balance Presupuestario de Entradas y Gastos, correspondiente al mes de septiembre de 1972. Pasa a la Oficina de Informaciones. Moción. Una del Honorable Senador señor Miranda, con la cual inicia un proyecto que modifica la ley Nº 17.624, con el objeto de beneficiar a los socios de cooperativas mineras que extraigan piritas de cobre en el río El Salado, en forma no mecanizada. Se manda comunicarla a Su Excelencia el Presidente de la República, para los efectos del patrocinio constitucional necesario. Comunicación. Una de la Asociación de Organistas y Clavecinistas de Chile, con la cual solicita el pronto despacho de las observaciones del Ejecutivo formuladas al proyecto de ley que crea la Comisión de Instrumentos Históricos. Se manda agregarla a sus antecedentes. V.- ORDEN DEL DIA. MODIFICACION DE DISPOSICIONES DE LOS NUMEROS 10 Y 16 DEL ARTÍCULO 10 DE LA CARTA FUNDAMENTAL. REFORMA CONSTITUCIONAL. El señor FIGUEROA (Secretario).- En primer lugar del Orden del Día, corresponde considerar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables señores Ferrando, Irureta, Moreno, Musalem y Papic, que modifica los números 10º y 16º del artículo 10 de la Constitución Política del Estado. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de reforma constitucional (moción de los señores Ferrando, Irureta, Moreno, Musalem y Papic): En primer trámite, sesión 17ª, en 20 de junio de 1972. Informes de Comisión: Legislación, sesión 54ª, en 22 de agosto de 1972. Legislación (segundo), sesión 31ª, en 7 de noviembre de 1972. Legislación y Agricultura, unidas (nuevo segundo), sesión 44ª, en 29 de noviembre de 1972. Discusión: Sesiones 97ª, en 14 de septiembre de 1972; 99, en 15 de septiembre de 1972 (se aprueba en general); 32ª y 33ª, en 8 de noviembre de 1972, y 34ª, en 14 de noviembre de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- Respecto de este asunto, existe un nuevo segundo informe de las Comisiones de Legislación y de Agricultura, unidas, las cuales, en el documento respectivo, suscrito por los Honorables señores Carmona (Presidente), Acuña, Chadwick, García e Irureta, por la primera de ellas, y por los Honorables señores Acuña, Contreras, (Ferrando, Moreno y Von Mühlenbrock, por la segunda, recomiendan aprobar las modificaciones propuestas conforme al texto del nuevo segundo informe y del segundo informe primitivo. Las enmiendas propuestas están en su discusión particular, y la primera de ellas incide en la letra a) del Nª 1 del artículo único. Las Comisiones proponen sustituirla por la que sugiere la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, más la enmienda propuesta por el nuevo segundo informe de las Comisiones Unidas. El señor PALMA (Presidente).- Estaba inscrito para usar de la palabra el Honorable señor Moreno. Tiene la palabra Su Señoría. El señor MORENO.- Como la Sala fue citada para hoy y mañana con el objeto de despachar estas modificaciones, el propósito de los Senadores democratacristianos es ocupar el menor tiempo posible, a fin de que dentro de la fundación del voto o, si es necesario, en un debate especial, se puedan ir clarificando algunos de los aspectos que fueron motivo de segundo informe. El nuevo segundo informe - trámite acordado por los Comités - acoge algunas situaciones previstas en las indicaciones de los señores Senadores y en otras que han sido producto del trabajo mismo de las Comisiones. En primer término, debo lamentar que en el debate habido en las Comisiones Unidas no estuvieran presentes ni el señor Ministro de Agricultura ni el señor Ministro de Justicia, ambos citados oportunamente y en las diversas ocasiones en que se trataron las materias indicadas. El señor LORCA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor MORENO.- Con mucho gusto, señor Senador. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Mesa puede hacer uso de la palabra Su Señoría. El señor LORCA.- He leído en los diarios del Sur que el señor Ministro de Agricultura - ignoro si también el de Justicia - habría hecho una declaración en el sentido de que ambos Secretarios de Estado no fueron objeto de invitación de parte de las Comisiones Unidas. Esto me parece muy grave, porque si ambos Ministros fueron citados a la Comisión y, no obstante ello, declaran públicamente, a través de toda la prensa, que no lo han sido, una vez más están faltando a la verdad. El señor JEREZ.- ¿Fue en los diarios del Sur donde leyó la noticia Su Señoría? El señor LORCA.- En los diarios de Chile. Yo leo tanto El Mercurio como El Siglo, y en este último, que es el que lee Su Señoría, se sostiene que los Ministros no fueron citados. Me parece de mucha gravedad que se afirme una cosa semejante. El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Moreno. El señor MORENO.- Quiero informar al Honorable señor Jerez, a propósito de lo que expresa el Honorable señor Lorca, que, efectivamente, aparece en los diarios de Santiago - noticia que con seguridad fue reproducida en los de provincia - una declaración del señor Subsecretario de Agricultura, quien manifestó que era una grave descortesía del Senado el que no fueran ni siquiera invitados a los debates de esta reforma constitucional en las Comisiones los señores Ministros de Agricultura y de Justicia. Consultado el señor Secretario de la Comisión, don Iván Auger, éste mostró al Presidente de la Comisión, Honorable señor Carmona - quien probablemente así lo ratificará con posterioridad - los talones de las citaciones que fueron recibidas por ambas Secretarías de Estado, en los cuales quedó constancia de que ambos Ministros fueron oportuna y reiteradamente invitados y de que se les continuaron enviando citaciones en los días siguientes a los que hubo sesiones de la Comisión. Deploro al mismo tiempo que los señores Ministros mencionados no se encuentren presentes en la Sala, motivo por el cual me permito sugerir al señor Presidente que, por intermedio del señor Secretario o de otro funcionario del Senado, se avise a los señores Ministros de Justicia y de Agricultura que - si ellos no están enterados - hoy y mañana se trata en el Senado esta reforma constitucional. De esta manera ellos tendrán oportunidad de saber directamente por teléfono que esta materia, sobre la cual suponemos que el Ejecutivo tiene interés en plantear sus puntos de vista, será considerada por la Sala, razón por la cual sería bien venida su presencia, para que nos ilustren en los debates. El señor CARMONA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor MORENO.- Con mucho gusto. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Mesa, puede usar de la palabra Su Señoría. El señor CARMONA.- Es efectivo la que acaba de decir el Honorable señor Moreno, pues incluso las Comisiones autorizaron a su Presidente y a su Secretario para hacer una declaración en el sentido de que los Ministros habían sido oportunamente invitados, respecto de lo cual hay constancia en documentos que están en poder del señor Secretario de aquéllas. Quiero agregar a lo que acaba de decir el Honorable señor Moreno que, a pesar de esa declaración del señor Subsecretario de Agricultura, las Comisiones contaron con la presencia del señor Subsecretario de Justicia y, de manera permanente, con la del fiscal de la Corporación de la Reforma Agraria, y que allí dieron a entender que esas invitaciones habían sido oportunamente cursadas y que ellos tenían conocimiento de las sesiones de las Comisiones. El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Moreno. El señor MORENO.- Refiriéndome expresamente a la indicación Nº 1, propuesta por Su Excelencia el Presidente de la República, quiero manifestar, al igual que lo hice en las Comisiones, nuestra opinión contraria a ella. El Jefe del Estado formuló una indicación para incluir un inciso nuevo, a continuación del inciso sexto, al Nº 10 del artículo 10 de la Constitución Política. El señor REYES.- Eso no está en debate. El señor MORENO.- Aunque no estamos votando las indicaciones, quiero pronunciarme sobre ellas, porque en el espíritu de lo que estoy planteando, tanta en esta indicación como en las siguientes, radica, a mi juicio, la diferencia fundamental entre la posición de los autores de esta reforma constitucional y el criterio del Ejecutivo. En el proyecto que se somete a debate y a votación en el día de hoy, se busca, fundamentalmente, afirmar o reafirmar derechos esenciales en la Constitución Política para tres sectores de nuestra ciudadanía. Uno de ellos es el de los trabajadores campesinos que son vivientes, que están incorporados en los predios objeto de la reforma agraria, cualquiera que haya sido la forma en que ellos fueron organizados en la etapa transitoria que media entre la expropiación y la entrega de las tierras en propiedad definitiva. El segundo propósito que busca esta reforma es garantizar a los pequeños y medianos agricultores la inexpropiabilidad de una superficie de terreno, que estimamos necesario precisar en la Carta Fundamental, no por tratarse de un tecnicismo indispensable que podría, aparentemente, ser materia de una ley, sino por estimar que en la Constitución Política, que rige los derechos esenciales de los habitantes de nuestra nación, debe estar especificado en forma clara el destino de las tierras que sean objeto de expropiación o de otras formas de adquisición por parte del Estado, en cuanto a los derechos que los campesinos adquieren sobre ellas. También creemos que para la buena marcha y para una organización coherente de la agricultura chilena, es imprescindible que existan en el país una pequeña y una mediana propiedad, debidamente resguardadas por la Constitución, dado que, por desgracia, la ley 16.640 ha sido sobrepasada, y el actual Gobierno no la ha cumplido en todos sus términos. Al plantear estas indicaciones y la reforma a la Constitución, junto con un tercer cuadro de ideas que constituyen garantías para la libertad de comercio y de transporte, nosotros renovamos lo que es el espíritu y el compromiso de la Democracia Cristiana con el campesinado chileno, con los pequeños agricultores y con los hombres que laboran en las actividades del comercio y del transporte. Por desgracia, debido a la pasión política que hoy día impera en nuestro país, se ha tratado, infructuosamente a mi entender, de tergiversar no sólo las ideas contenidas de manera expresa en la reforma constitucional, sino que también los propósitos que inspiran a la Democracia Cristiana y, en particular, a quienes somos autores del proyecto. Una de las normas propuestas dispone que la Corporación de la Reforma Agraria, que es el organismo encargado de la adquisición de las tierras para efectuar este proceso, asigne el terreno en propiedad definitiva a los campesinos, en el plazo de dos años, para los predios que se expropien a contar desde la fecha de promulgación de la reforma, y en el de un año, en el caso de las tierras ya expropiadas y tomadas en posesión previamente a la promulgación. Se ha pretendido que disponer la obligatoriedad - y establecerla en la Constitución Política - de lo que se denomina la adquisición per pleno derecho de los campesinos de las tierras cuando la CORA no proceda a su asignación, sería un subterfugio para reconstituir el latifundio y permitir que renazca en nuestro país una institución de la cual nos hemos declarado contrarios y contra la que hemos procedido de hecho, por estimarla lesiva para el interés del país y, en especial, para la buena organización de la producción de la agricultura chilena. Tal punto quedó debidamente aclarado en los debates de la Comisión, y así lo aceptó inclusive el Honorable señor Chadwick, quien intervino en ellos, en nombre de su partido. El propósito de los autores del proyecto es obligar a la Corporación de la Reforma Agraria a entregar los títulos definitivos de propiedad, y que en el caso de que ese organismo no procediera a la asignación de las tierras en los plazos establecidos en la Carta Fundamental, entre a operar el mecanismo de la adquisición de la tierra por el pleno derecho. Se formuló la objeción de que, de no existir gravámenes, obligaciones y prohibiciones sobre esas tierras, podrían, por la vía de la libre adquisición en el mercado, reconstituirse los predios y establecer nuevamente el mercado privado de grandes extensiones de propiedades. Como ése no es el propósito de los autores de la reforma constitucional, contribuimos con nuestros votos para que la Comisión estableciera claramente que todas las tierras que ya se han asignado o que fueran adquiridas por pleno derecho por los campesinos, estarán afectas a las limitaciones, obligaciones y prohibiciones que la ley de Reforma Agraria vigente establece para el efecto. Al mismo tiempo, en la primera indicación que corresponde votar, se introdujo otra enmienda, de la que somos autores, y que, a nuestro juicio, hará justicia a un grupo de campesinos que, de acuerdo como estaba redactado el segundo informe, habría sufrido cierta discriminación. En los predios que hoy día son objeto de reforma agraria, se han incluido como beneficiarios tanto a los campesinos vivientes como a los que se han incorporado con posterioridad a la instalación del asentamiento, comité o centro de reforma agraria. Se determinó que todos ellos pueden tener cabida económica dentro de esos predios en forma estable. Como el texto del segundo informe, que fue revisado por la Comisión, no establecía igual derecho para los campesinos que se incorporaran con posterioridad al momento de la toma de posesión, aquélla acogió la indicación formulada por el Senador que habla en el sentido de que los derechos, ya sea de la asignación de la tierra como de la adquisición de ella por pleno derecho, serían también extendidos a los campesinos incorporados con posterioridad a la toma de posesión material de los predios, siempre que hubieran sido aceptados por la mayoría de los trabajadores vivientes en los predios expropiados. Estimo necesario, para la historia fidedigna de esta reforma constitucional, dejar constancia de tal situación. Propusimos la indicación por haber comprobado que en reiteradas oportunidades se han vulnerado las disposiciones de la ley 16.640, según las cuales los campesinos beneficiarios deben recibir la propiedad de la tierra al término del período que fija ese cuerpo legal. Por desgracia, en diversas circunstancias se ha querido crear, más que una organización de carácter productivo, una de índole política dentro de los predios expropiados no constituidos aún en asentamientos. Con tal objeto se ha recurrido al expediente de incorporar a ellos a un número sustancialmente mayor de campesinos que los que viven dentro del predio expropiado. Me explico: en el predio denominado El Almendral, ubicado en Santa Cruz, en la provincia de Colchagua, vivían 19 trabajadores permanentes. Después de la expropiación, la Corporación de la Reforma Agraria, sin instalar el asentamiento, procedió a incorporar a otros 23 campesinos. De acuerdo con el sistema propuesto por el Ejecutivo en una de sus indicaciones, habría bastado... El señor RODRIGUEZ.- ¿Su Señoría está fundando el voto? El señor MORENO.- Estoy participando en el debate. El señor RODRIGUEZ.- ¿Me permite una interrupción? El señor MORENO.- Con todo gusto, con la venia de la Mesa. El señor RODRIGUEZ.- Sobre el tema que está abordando Su Señoría, deseo formular una pregunta. Pensé que el Honorable señor Moreno estaba fundando el voto, pero como se trata de una intervención general sobre el proyecto, con la venia de la Mesa, le ruego absolver la siguiente duda. ¿No piensa el señor Senador que, en general, la cantidad de mano de obra en el campo, debido al mismo sistema del latifundio, ha sido precaria con relación a las necesidades reales de una reforma agraria destinada a alcanzar cultivos más científicos y a aumentar la producción del agro? La pregunta tiene importancia, porque no siendo experto en la materia ni mucho menos, pienso que el criterio moderno aconseja retener el máximo de elementos sociales en la agricultura, antes que promover su emigración hacia las ciudades. Creo que una de las virtudes de cualquier proceso de reforma agraria bien entendido y ejecutado es, precisamente, comprometer el máximo de mano de obra en el campo. Tal era la pregunta que deseaba formular al Honorable señor Moreno, por estimar que está exagerando un poco la nota en su acento negativo a absorber más mano de obra de la que existía en la época del latifundio. El señor MORENO.- Con agrado contestaré la pregunta de Su Señoría, porque se trata de uno de los temas que más inquietan en el debate universitario y en los organismos técnicos abocados al problema de la reforma agraria. Chile es un país que tiene en la actualidad una población rural que corresponde aproximadamente al 30% del total de sus habitantes, con un 24% ó 25% de mano de obra activa dedicada a la agricultura. La superficie continental de nuestra patria es de 74 millones de hectáreas, con sólo 5 millones cultivables y susceptibles de ser ampliados a 8 o 9 millones. De ellos, sólo millón y medio de hectáreas son tierras regadas. No hay duda de que, con la tecnología existente al nivel medio en países de ingresos similares al nuestro, es del todo inconveniente seguir presionando a la agricultura para que siga absorbiendo el crecimiento vegetativo de la población dentro de su sector, en lugar de transferir esa mano de obra, como está ocurriendo en todas las naciones que tienen un nivel de instalación similar al nuestro, a otros sectores más productivos y multiplicadores del crecimiento económico. Esa es la tesis socialmente adecuada y con la cual, a mi juicio, difícilmente se puede estar en desacuerdo. Por el contrario, sostener la inconveniencia de provocar un éxodo de la población rural, específicamente de la agrícola, hacia los sectores urbanos, fundándose en que el país no estaría en condiciones de absorberla, por razones de salubridad, de movilización o de trabajo, se contradice con el concepto del desarrollo de una agricultura presionada por una población que sigue creciendo y, en particular, por una agricultura que no ha podido ser tecnificada, precisamente por haber mantenido dentro de ella una cuota de mano de obra desproporcionada con la realidad. Por eso, yo no estoy promoviendo - porque tampoco creo que se debe ser insensato - la migración desde el campo a las ciudades. Pero no podemos colocar un freno a lo que constituye un proceso natural, y que en nuestro país ya se está produciendo, a pesar de que la población rural está decreciendo, pues en los últimos diez años ha bajado, comparativamente, más rápido que lo que descendió en los últimos 50. No hay duda de que las expectativas de vida, de bienestar e, inclusive, las oportunidades de trabajo, son mejores en el nivel urbano, en el sector de los servicios. Por eso, la indicación que he propuesto no excluye el aprovechamiento de aquella capacidad productiva que, sin duda, existió en los predios expropiados, por mala explotación o por abandono. En muchos que inclusive me correspondió expropiar cuando era Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria, se advertía un excedente de capacidad potencial productiva, sin inversiones adicionales, de aproximadamente 5% a 8% de mano de obra. Por tal motivo, esos trabajadores pueden ser incorporados en calidad de permanentes, siempre que la tierra pueda subvenir a las necesidades de sus familias, por lo menos dando trabajo para más de 220 jornadas en el año; o sea, que puedan trabajar más de 220 días dentro del predio. Si esos predios en los cuales se pretende incorporar gente no resisten, de acuerdo con su producción y con el grado de inversión que hoy día está exigiendo nuestra economía para absorber esa mano de obra, a mi juicio, constituye una insensatez desde el punto de vista técnico y social creer que se resuelve el problema de la cesantía presionando para que los trabajadores que deben encontrar ocupación en otras esferas de nuestra economía, permanezcan dentro del sector agrícola, a sabiendas de que no sólo se van a redistribuir en las peores condiciones los excedentes de ese predio, sino que se generará una situación social insostenible para ellos mismos en el lugar donde van a permanecer. Me habían solicitado interrupciones el Honorable señor García y la Honorable señora Carrera. Con agrado se las concedo. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra el Honorable señor García. El señor GARCIA.- En la interesante explicación que hemos oído se ha olvidado algo que para mí es muy importante: no es lo mismo reforma y problema agrario que problema rural, términos que con frecuencia se confunden. El Honorable señor Moreno dijo que un 30% de la población es rural, y que de este porcentaje un 25% trabajaba en la agricultura. El señor MORENO.- No dije eso, señor Senador. El señor GARCIA.- Tal vez es menor la cifra que trabaja en la agricultura. El señor MORENO.- Lo que afirmé es que, del total de mano de obra o de la fuerza de trabajo del país, 25% se encuentra en la agricultura. El señor GARCIA.- Muy bien. Lo que yo quería aclarar es que el problema no radica en colocar más gente dentro de los predios agrícolas, sino en dar trabajo a quienes viven en las zonas rurales en un tipo de ocupación que hoy día existe en todas partes del mundo. Actualmente, en todas las reformas destinadas a dar trabajo en este sector se está poniendo el acento en el concepto de zonas rurales, en contraposición al de zonas agrarias. En otras palabras, promover en los miles de pequeños pueblos ubicados alrededor de los campos el establecimiento de cierto tipo de pequeñas o medianas industrias caseras que absorban la mano de obra sobrante, a fin de que no complique ni aumente el problema de las grandes ciudades. En buenas cuentas, se trata de crear pueblos que tengan vida propia. Según las estadísticas, no es en los campos donde la población rural ha disminuido, sino en los pueblos rurales, porque sus habitantes hoy día no tienen ningún destino. Ahí está, a mi juicio, el gran plan rural que debe llevarse a cabo, a fin de dar trabajo, por medio de la creación de industrias adecuadas, a la mano de obra sobrante en tales pueblos. El señor MORENO.- Concedo una interrupción a la Honorable señora Carrera, con la venia de la Mesa. La señora CARRERA.- En general, observo en este acápite del discurso del Honorable señor Moreno que Su Señoría se extraña de que los predios expropiados absorban alguna mano de obra ajena a los campos, por estimarlo inconveniente. El señor MORENO.- No es así, señora Senadora. La señora CARRERA.- Por lo menos así lo hemos entendido. Incluso, respecto al problema de absorber en parte la cesantía en los predios expropiados, nos dijo que en el régimen pasado vanguardias políticas observaban con gran alarma cómo quedaban cesantes, después de expropiarse los predios, cantidades bastante grandes de campesinos con sus familias. En muchas ocasiones se manifestó en este recinto que la expropiación de los fundos traía consigo la cesantía de muchos asalariados agrícolas, quienes quedaban viviendo prácticamente en los caminos. A mi juicio, ése es el problema que se ha tratado de evitar con el nuevo sistema, porque es necesario aumentar la producción de nuestra tierra y mantener los actuales niveles de nuestra productividad. El Honorable señor Moreno tiene que saber perfectamente, por representar a una zona agraria, que en numerosos asentamientos hay mano de obra asalariada. Puede haber predios expropiados en el régimen anterior - en 25, 10 u 8 asentamientos - que tengan mano de obra asalariada en una cantidad que puede llegar a 50 o 60 campesinos, quienes están trabajando en las mismas condiciones que antes, cuando lo hacían para un patrón, sólo que éste se ha multiplicado por mil. No tengo a mano los datos correspondientes, pero los puedo traer en cualquier momento. De memoria puedo recordar el caso del asentamiento Pupilla, donde hay asentados, mano de obra asalariada y, por añadidura, mano de obra temporal contratada; o sea, en ese asentamiento hay tres estratos. No creemos justo que los patrones se multipliquen; pero nos parece que si un predio tiene productividad adecuada y es trabajado por una cantidad determinada de campesinos, es necesario, patriótico y también científico ocupar en él a cierta cantidad de trabajadores agrícolas a fin de que hagan producir esa tierra. Muy bien sabe el Honorable señor Moreno, por ejemplo, que había un 40% de tierra de riego que no se trabajaba y grandes praderas de empastadas naturales que los señores terratenientes no se preocuparon jamás de hacerlas producir y que ocupaban determinada cantidad de mano de obra. Pues bien, ¿qué podríamos decir, entonces, grosso modo? Que incluso un 40% de la mano de obra que podría utilizarse en los campos sería adecuado para lograr el desarrollo económico que anhelamos. Por eso, no estimo justa la crítica a la forma como se está llevando la organización dentro de los nuevos predios expropiados. El señor MORENO.- Quisiera recoger las observaciones de la Honorable señora Carrera, porque me da la impresión de que Su Señoría no prestó atención a mis palabras. Si la Honorable colega da lectura a la indicación que figura en la página 45 del informe, recaída en el artículo 1º, comprobará que ella se refiere a que ha existido y sigue existiendo en muchos predios que se incorporaron al proceso de reforma agraria una cabida adicional para un número determinado de familias. Nosotros somos partidarios, como lo hemos sido siempre, de que donde exista ese tipo de cabida adicional, ella sea ocupada con trabajadores permanentes, para que éstos reciban el beneficio de la propiedad de la tierra de dicho predio. En consecuencia, si es un 5%, 10% o la cifra de que se trate, no cabe duda de que en los predios más mal explotados - que en su mayoría se expropiaron entre 1965 y 1968 - se incorporó un número importante de familias campesinas, en especial en los dedicados a la explotación extensiva de la ganadería, en los cuales, al combinarse esta actividad con trabajos de cultivo, se debió ocupar mano de obra permanente en forma bastante significativa. Por ello, reitero: no se puede pretender, sobre la base de un criterio seudoteórico, absorber la mano de obra que no está hoy día en condiciones de ser aceptada, desde el punto de vista económico, dentro de un predio, por la producción y la productividad del mismo y porque eso destruye la tierra y la posibilidad de los campesinos de subsistir y, además, porque acarrea deterioro y una carga para el Estado y para la propia comunidad. Por ello, propuse, en nombre de la Democracia Cristiana, una indicación - a que daré lectura - destinada a conceder el beneficio de ser asignatarios de la tierra y de adquirirla de pleno derecho a los campesinos que hubieren ingresado a los predios respectivos, como trabajadores permanentes, con posterioridad a la toma de posesión material, siempre que sean aceptados por la mayoría de los campesinos que hubieren trabajado en ellos en dicha fecha. Hago hincapié en esta última frase, porque si hay algo que, a mi juicio, ha provocado conflictos dentro de la agricultura en el día de hoy, sobre todo en los predios reformados, es la situación que, generada por funcionarios políticos, por personas que desconocen la realidad de un predio y del sistema de trabajo del agro, han querido injertar trabajadores ajenos a aquél en contra de la voluntad, del conocimiento y de la experiencia de quienes son vivientes de los predios que se expropian. Somos partidarios de que esos huecos se llenen, de preferencia, escogiendo a las personas que allí van a trabajar de entre los familiares de los que ya laboran en el predio. Y si eso no da cabida suficiente, que sean los propios campesinos quienes reciban la propiedad de la tierra, y como de preferencia la obtendrán en propiedad cooperativa, en propiedad mixta, se requerirá más que nunca cierta comunidad de criterio y de capacidad productiva similar. No hay duda de que es conveniente y sano para ellos mismos y para la producción agraria que los campesinos que se incorporan venidos desde afuera cuenten con la aceptación de los que viven dentro del predio. Insisto sobre esta materia, porque el Gobierno de la Unidad Popular ha puesto mucho énfasis en un concepto que nosotros compartimos y que, por desgracia, no se ha respetado ni cumplido por la actual Administración. Me refiero a la participación. ¡Y qué participación más plena que la de un grupo de campesinos que debe recibir a otros decida acoger a quienes se incorporarán al predio que trabajan! El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador, el Honorable señor Jerez le está solicitando una interrupción. El señor MORENO.- Le había concedido una al Honorable señor Valenzuela. Después accederé a la petición del Honorable señor Jerez. El señor VALENZUELA.- Seré muy breve. Lo que está señalando el Honorable señor Moreno tiene, a nuestro juicio, extraordinaria importancia. Quiero hacer presente, a propósito de lo que el señor Senador expresó, que una de las críticas que con mucha altura de miras se puede hacer a lo que está ocurriendo actualmente en muchos centros de reforma agraria es que no sólo se incorporan a ellos campesinos, sino también personas que nada tienen que ver con el campo, que son simplemente militantes políticos, pobladores de las ciudades. Se los lleva allá... La señora CAMPUSANO.- Su Señoría está repitiendo... El señor VALENZUELA.- Señora Senadora, lo estoy diciendo con bueno y sano espíritu crítico, porque en esta materia tan fundamental para el país es conveniente que los Senadores de Gobierno escuchen las opiniones nuestras, que están basadas en la realidad, porque representamos zonas agrícolas y conocemos los problemas y los errores que se están cometiendo. Deseaba hacer presente esta situación que, sin duda, representa un problema difícil de convivencia. Por eso, la indicación formulada por el Honorable señor Moreno, en nombre de la Democracia Cristiana, sobre la aceptación por parte de los campesinos vivientes, de los nuevos trabajadores agrícolas que ingresarán al predio, es, indudablemente, muy constructiva, porque representa la posibilidad de realizar un trabajo comunitario con la armonía necesaria para hacer producir la tierra chilena, que harto lo requiere el país, pues hoy estamos viendo que es menester importar alimentos del extranjero por estratosféricas sumas de dólares. Estimo que esta observación es atinente al problema que planteaba el Honorable señor Moreno. El señor MORENO.- Concedo una interrupción al Honorable señor Jerez. El señor PAPIC.- Que su Señoría no siga otorgando interrupciones; de lo contrario, estará dirigiendo el debate. El señor JEREZ.- Me he visto obligado a pedir esta interrupción, aunque éste no es el sistema más regular, porque el Honorable señor Moreno está de hecho dirigiendo el debate. En caso contrario, tal vez no tenga oportunidad de hacerlo, a pesar de mi propósito de referirme más adelante a cada disposición. Aquí ha habido una defensa de carácter técnico y político del proyecto de parta del Honorable señor Moreno. En realidad, en las intervenciones se está mezclando de todo. En este recinto están opinando Senadores que conocen los problemas del campo y otros que, posiblemente, los conocemos un poco menos, por el hecho de ser parlamentarios que representamos zonas industriales. Pero unos y otros tenemos el mismo derecho, como Senadores, a emitir nuestros juicios. Desgraciadamente, pese a que reconozco que la política agraria, desde que comenzó la reforma, ha adolecido de errores no sólo en este Gobierno, que los reconoce y procura corregirlos, que no piensa que es perfecto y sí que hay mucho por hacer y mejorar, en este debate se han escuchado quejas por la ausencia de funcionarios de Gobierno, en circunstancias de que, según esas opiniones, en el estudio del proyecto han tenido participación muy menguada las organizaciones de trabajadores campesinos. Por eso, quiero preguntar al Honorable señor Moreno si acaso tiene conocimiento, porque aquí se habla en nombre de los intereses de los personas a quienes afecta esta reforma constitucional yo lo hago con mucha modestia, y no tomo la representación de nadie, de una declaración firmada por distintos dirigentes de organizaciones campesinas, como Eduardo Vega, Vicepresidente de la Confederación Ranquil; Julio Barría. Subsecretario de la Confederación Ranquil; Manuel Inzunza Campos, Vicepresidente Interino de la Confederación Triunfo Campesino ; Enrique Mellado, Director de Educación de la Confederación Triunfo Campesino; Gustavo Díaz, Presidente de la Confederación Libertad; Héctor Lucero, de la Confederación Libertad; Carlos Morales, Presidente de la Confederación Unidad Obrera Campesina; Ernesto Díaz, Presidente de la Confederación Nacional de Asentamientos; y Dagoberto Ortega, Director de la Confederación Nacional de Asentamientos. Resulta que estos dirigentes, que representan a todos los campesinos de Chile que serán afectados por esta legislación, tuvieron oportunidad de ser escuchados por la Comisión, y esta mañana pude conocer sus reacciones y su amargura, porque, en definitiva, la conclusión de todo el debate fue que no se los había consultado jamás y que siempre se los llamaba ante hechos consumados, porque, en definitiva, quienes votan y deciden no son los campesinos, sino los miembros de los partidos y los Senadores en ejercicio. En esta declaración, los campesinos, que serán los beneficiados con esta reforma constitucional, que para mí constituye sólo un retroceso y una decapitación de lo que se ha conseguido sobre la materia en Chile, están de acuerdo en la asignación de la tierra en la forma como lo estipula el texto de la ley vigente. En segundo lugar, aceptan asignar la casa y el huerto en forma individual, tal como lo plantean el programa del Gobierno y los campesinos. Sólo nombraré tres casos, y el último se refiere a una indicación que parece redactada por el señor Vilarín, pues el proyecto prohíbe la comercialización, el transporte y cualquier tipo de cosas que permitan al Estado participar en la comercialización de los bienes que producen los trabajadores. En consecuencia, podremos encontrarnos con que se ha hecho un gran esfuerzo para producir, con el resultado de que la ganancia que debían recibir los campesinos se la llevarán los intermediarios, que estarán encargados de la distribución, y éstos encarecerán el producto para entregarlo al consumidor, que también es pobre. Por lo tanto, el único beneficiado sería el intermediario. Como expresaba, las organizaciones que mencioné dicen, en el número 11 de este documento, que impulsarán la participación de las organizaciones campesinas en los organismos de comercialización del Estado y, además, el intercambio entre las organizaciones de trabajadores, con la autorización del SAG. Quiero preguntar al Honorable señor Moreno si, como información de cultura general, él conoce esta declaración y si le niega validez, con una salvedad: la Confederación de Asentamientos Campesinos rechaza algunos de los puntos, pero acepta los tres esenciales que he mencionado. Más adelante, en dicho documento señala que está en desacuerdo con otros puntos que no tienen relación directa con el tema en debate. El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Moreno. Restan al señor Senador siete minutos de su tiempo. La señora CAMPUSANO.- Señor Presidente, yo había solicitado una interrupción. El señor MORENO.- Perdone, señora Senadora, pero primero contestaré al Honorable señor Jerez, y después el señor Presidente puede concederle el uso de la palabra. La señora CAMPUSANO.- ¡No es muy caballero el señor Moreno! El señor MORENO.- Lamento sinceramente que el Honorable señor Jerez no haya leído el informe de la Comisión. El señor JEREZ.- El señor Senador tuvo que echar marcha atrás en varias cosas. El señor MORENO.- Comprendo que Su Señoría debe de haber estado muy ocupado en tareas de asesoría del Gobierno y en otros asuntos, pero si realmente hubiera tenido interés en conocer la opinión de los campesinos, en primer término podría haber asistido a la Comisión, donde se escuchó a todos los representantes de las diversas organizaciones campesinas, cualquiera que fuera su ideología o tendencia. El señor JEREZ.- ¡Pero no antes! El señor MORENO.- Se los escuchó antes de procederse a redactar el segundo informe. Precisamente, se actuó así porque había interés en conocer su opinión tanto sobre las indicaciones de los diversos señores Senadores, como de las del Gobierno. Una de éstas establece la posibilidad de crear las áreas social y mixta en la agricultura y, en la práctica, la incorporación de todos los predios a las haciendas estatales. La segunda, posibilita las expropiaciones de los predios pequeños y medianos, incluidos todos sus inventarios. Sugiero al señor Senador que las lea. Conozco la declaración que mencionó, porque como realmente me intereso por los problemas de los campesinos, no por razones de orden político, sino porque ésa ha sido una vocación de toda mi vida, he tenido la debida precaución de saber lo que ellos piensan, lo que proponen y, también, los acuerdos y las discrepancias que con ellos podamos tener. Por eso, termino manifestando nuestra satisfacción como Senador de la Democracia Cristiana, con toda la modestia que puedan significar las ideas que hemos propuesto sobre el particular, de haber contribuido a que en la Constitución Política del Estado se garantice el derecho de los trabajadores de la tierra a ser propietarios de ella. No queremos que ante nuestra presencia - nuestros votos jamás colaborarán a ello - se escamotee a quienes han sido explotados durante generaciones su posibilidad de contar con vida y con días mejores, como, desgraciadamente, les está ocurriendo hoy, pues el ofrecimiento que se les hizo de ser libres mediante la posesión de un pedazo de tierra, ha resultado el sarcasmo más brutal para quienes hasta hoy han esperado, quién sabe con cuántos anhelos, la oportunidad de tener la tierra en sus manos, y se han encontrado con que han sido sustituidos por un régimen patronal en el cual ni siquiera cuentan con una organización sindical que les permita defenderse de los atropellos y vejaciones de que son objeto. Por las razones expuestas, anuncio que votaré favorablemente la primera indicación que el señor Presidente ha sometido a debate. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick. El señor CHADWICK.- Señor Presidente, el Honorable señor Jerez me ha pedido una interrupción. Se la concederé por cinco minutos. El señor HAMILTON.- ¿Por qué no se inscribe el señor Senador? El señor PALMA (Presidente).- El Honorable señor Chadwick está inscrito a continuación. Por eso, le concedí la palabra. Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Jerez. El señor JEREZ.- El Honorable señor Moreno dijo algo que no es ninguna novedad: que los campesinos fueron invitados a la Comisión. Eso también lo expresé yo. El problema consiste en saber si fueron realmente interpretados en el proyecto. Según su declaración, los trabajadores del agro, a quienes el señor Senador dice conocer, están en desacuerdo con los tres aspectos fundamentales de la iniciativa. Inclusive el Honorable señor Moreno ha debido echar pie atrás, y Su Señoría lo reconoce, pues se lo he escuchado decir. Por eso, no entiendo por qué se siente representante de ese sector de trabajadores. No necesito conocer la opinión de cada miembro de la Comisión, así como no le reprocho al señor Senador que no asista a la Comisión de Defensa para pronunciarse sobre los proyectos que después verá la Sala. Me basta leer los informes, documentarme y tener un poco de sentido común para darme cuenta de que los campesinos rechazan las disposiciones principales del proyecto y de que algunas normas se cambian durante su debate en la Comisión. Su Señoría me pregunta por qué no leo el informe. Señor Senador, conozco la historia del proyecto y sé que se echó marcha atrás en algunas normas, como la relativa a las condiciones para proceder a la entrega de las casas e, incluso, la forma de asignar la tierra. Sé que ellas fueron modificadas durante el debate en la Comisión y que, inicialmente, estaban integradas en el espíritu y en la letra, a un proyecto que, insisto, no sólo cercenaba lo que era la modesta reforma agraria iniciada por la Democracia Cristiana, sino que, al mismo tiempo, consagraba el derecho de la propiedad individual en zonas importantes de la agricultura chilena. No quiero abusar del tiempo, y agradezco al Honorable señor Chadwick la interrupción que me concedió. El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar con la palabra el Honorable señor Chadwick. El señor CHADWICK.- En este debate general sobre la reforma constitucional propuesta por algunos Senadores de la Democracia Cristiana, el Senador que habla debe insistir en sus puntos de vista fundamentales. Sin necesidad de suponer intenciones o de imaginar propósitos, veo claro que la enmienda constitucional propuesta persigue como finalidad impedir que se lleve a cabo la reforma agraria. Lo digo con antecedentes claros y categóricos. Un antecedente de carácter político demuestra que ninguna reforma de nuestra Carta Fundamental puede llevarse a la realidad sin contar con los votos, conforme a la relación de fuerzas existentes en la actualidad en el Congreso, de los enemigos de la reforma agraria. Para aprobar una reforma constitucional en el Senado se necesitan 26 votos. ¿Cómo se reúne esa cantidad si no es sumando los de los señores Senadores de la Derecha, que proclaman que la reforma agraria es un robo, que se les roba la tierra a los latifundistas, y que dicen, como afirmaba el Honorable señor García en la discusión de la exposición de la hacienda pública, que el régimen latifundista es en sí bueno? Cuando la Democracia Cristiana intenta modificar la Constitución Política del Estado para dar normas sobre la reforma agraria, tiene que saber que ninguna de sus intenciones puede prosperar si no cuenta con los votos favorables de los enemigos proclamados de la reforma agraria. Eso es un pequeño detalle. Como me adiciona el Honorable señor Rodríguez, el axioma popular afirma: Dime con quién andas y te diré quién eres. El señor PAPIC.- Contamos también con los votos del PIR. El señor CHADWICK.- Pero con ello no suman 26 votos, señor Senador. Con el solo concurso del PIR no tienen la mayoría absoluta de los Senadores y Diputados en ejercicio. Además, el estudio de las disposiciones es un buen elemento de convicción. Porque, ¿en qué consiste la reforma constitucional en debate, globalmente considerada? En primer término, somete el proceso de la reforma agraria a un término perentorio... El señor HAMILTON.- Perdón, Honorable colega. Deseo hacerle una breve pregunta. El señor CHADWICK.- Sí, señor Senador. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría. El señor HAMILTON.- Es muy curioso lo que sostiene Su Señoría, ya que, según el señor Senador, la reforma es buena o mala según la haya votado a favor o en contra la Derecha. Usando ese mismo argumento, tendríamos que concluir que fue malo aprobar la nacionalización de las minas de cobre y la respectiva reforma constitucional, por haber contado con los votos favorables de la Derecha. El señor CHADWICK.- No he concedido interrupciones, señor Presidente. El señor HAMILTON.- Ahora dice que no me ha concedido una interrupción. Entonces, me la he tomado. Es igual. No quería decir más, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente.- Honorable señor Hamilton, el señor Senador dice que no le concedió una interrupción. Puede continuar el Honorable señor Chadwick. El señor CHADWICK.- En realidad, daré interrupciones cada vez que se trate de algo útil, pero no las concederé para esta guerrilla inconsistente. Si se examinan las medidas de fondo que se introducen en la Constitución Política por esta enmienda que nace de la Democracia Cristiana, se advierte, como empezaba a decir, que comienza por señalar un plazo perentorio para que la Corporación de la Reforma Agraria cumpla con ciertas medidas de asignación de la tierra, y, en la práctica, ese plazo de dos años se reduce a uno mediante los artículos transitorios. En esta forma insidiosa, no se saca la cara, no se dice lo que se quiere. El señor MORENO.- Lo hemos expresado derechamente. El señor CHADWICK.- No, señor Senador. Lo que yo sostengo es que el plazo de dos años que se consigna en el artículo propuesto, entre otros, por Su Señoría... El señor MORENO.- Para los nuevos predios. El señor CHADWICK.- ...para los nuevos predios, en la práctica se reduce a un año mediante el procedimiento de dar al mismo organismo que debe hacer las asignaciones que se señalan en esa disposición, otras tareas que debe cumplir de preferencia durante un año. ¿En qué consiste el mecanismo? En una cosa muy sencilla que voy a explicar. Se dice que el Estado o los organismos que de él dependen, cada vez que adquieran predios para fines de reforma agraria, deberán asignar, en el plazo de dos años, en propiedad individual, a los campesinos, o en colectiva a las cooperativas asignatarias o de asignatarios de tierras, los predios que se hubieran adquirido. Esa es la primera idea. O sea, hay un plazo perentorio de dos años, que después resulta disminuido, porque los mismos organismos tendrán que cumplir una tarea mucho más estricta en el plazo de un año, consistente en hacer las asignaciones de todos los predios ya adquiridos antes de esta reforma constitucional. De modo que, entendiendo bien el mecanismo de la enmienda en debate, se llega a la conclusión de que lo que propone la letra expresa, el tenor inequívoco de la modificación de la Constitución, es señalar plazos perentorios para hacer asignaciones de tierra. Ahora bien, si uno se pregunta qué ocurrió en el pasado, qué pasó cuando los autores de esta enmienda constitucional tenían en sus manos la Corporación de la Reforma Agraria, podrá comprobar que durante seis años sólo hicieron asignaciones en 108 predios. ¿Cómo quieren que ahora, en dos años, esos organismos del Estado hagan las asignaciones de tierra de 4.800 predios? De este modo queda en evidencia, no digo el propósito, sino la finalidad que claramente resulta de esta disposición: impedir que la reforma agraria se lleve adelante en un proceso acelerado, como se comprometió a hacerlo la Unidad Popular ante el pueblo de Chile el 4 de septiembre de 1970. El señor MORENO.- ¡Nada que ver...! El señor CHADWICK.- El Honorable señor Moreno me dice que no tiene nada que ver. Le celebro sus expresiones un tanto folklóricas y pintorescas, pero resulta que tiene mucho que ver el crear una obligación constitucional a sabiendas de que no se podrá cumplir. Eso tendrá un efecto indudable que significa paralizar la reforma agraria, porque ¿cómo podrá la CORA seguir expropiando predios, si sabe que tiene que asignarlos dentro de un plazo que no le da tiempo suficiente para cumplir con la disposición? El Honorable señor Moreno, que fue Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria, sabe que esto es así, puesto que él, durante su Administración, repito, en seis años, hizo asignaciones sólo en 108 predios. Sin embargo, ahora quiere que el Gobierno, para poder realizar el proceso de la reforma agraria, cumpla esa tarea en 4.800 predios más, vale decir en 40 veces más predios, en el plazo exiguo de dos años, plazo que se ve disminuido por el artículo 1º transitorio, porque esta disposición impone nuevas cargas, obligaciones y deberes a la Corporación de la Reforma Agraria, que tendrá que darles atención preferente. De modo que es claro el propósito que se persigue: parar la reforma agraria. Detener esto que causa tanto escozor a la Derecha: que se lleva adelante en forma acelerada el proceso, para que no quede ningún latifundio, ningún predio sin expropiar. Y para ello la manera de amarrar las manos al Gobierno Popular es decirle: Usted tiene que hacer esto mientras tanto, pero no puede hacerlo sino en el plazo de dos años. Y es tanta la ceguera política que preside esta reforma de la Carta Fundamental, que llegó a redactarse una disposición, que se trajo a esta Sala para que los Senadores fueran sorprendidos, en términos que constituían una aberración jurídica de tal magnitud que le basto al Senador que habla representarla en las Comisiones para que aquélla se redactara de nuevo. ¿En qué consistía tal aberración? En introducir en la Constitución Política del Estado un precepto que rezaba más o menos así: Si dentro del plazo señalado no se hicieran las asignaciones especificadas, los predios se entenderán asignados de pleno derecho, o a los campesinos, o a las organizaciones que se mencionaban en el precepto, o a las cooperativas que ahí también se indicaban. Entonces, bastaba una simple reflexión: ¿Cómo podía asignarse de pleno derecho una misma propiedad alternativamente a distintas personas? Sin duda, esta precipitación esta manera de redactar la Constitución Política está demostrando... El señor JEREZ.- Un acto de juventud. El señor CHADWICK.- ...no un acto de juventud, como me sopla el señor Jerez, sino un menosprecio demencial por lo que es la Carta Política del país. Esto se pudo corregir, y yo me felicito de ser en parte responsable de que este proyecto de reforma constitucional no se haya despachado en la primera ocasión con las aberraciones jurídicas que me obligaron a decir que se procedía sin discernimiento. El señor HAMILTON.- ¡Para que no se felicite solo, si quiere lo felicitamos nosotros también...! El señor CHADWICK.- Yo creo qua se pueden hacer chistes y bromas, estar en un permanente risoteo... El señor JEREZ.- Cuando no hay argumentos. El señor CHADWICK.- ...cuando no hay argumentos, pero la verdad es que no se pueden introducir modificaciones con ese criterio a la Carta Fundamental de Chile. Aún más, la segunda medida para hacer abortar la reforma agraria consiste en diseminar por todo el país un número desconocido de predios que no podrán ser expropiados, de inexpropiabilidad absoluta, aunque estén abandonados, aunque estén en zonas de riego o de saneamiento obligado, como los llamados ñadis, aunque sean predios que no estén trabajados por sus dueños. Se trata de los predios de capacidad física inferior a 40 hectáreas de riego básicas. ¿Pero sabe esta Corporación lo que significan en superficie los predios de menos de 40 hectáreas de riego básicas? Creo que no lo sabe, porque de lo contrario nadie se habría atrevido a proponer que el país se llenara de estos terrenos absolutamente inexpropiables. Por ejemplo, en la provincia de Valdivia llegan a las 3.500 hectáreas... El señor ACUÑA.- En la Cordillera de los Andes, en la zona cordillerana. El señor CHADWICK.- Con un gesto de elocuencia, el Honorable señor Acuña sostiene que esos predios quedan en la zona cordillerana; pero debo señalarle que esa zona es bastante extensa. La señora CARRERA.- Y limítrofe, entre otras cosas. El señor CHADWICK.- ...y limítrofe. O sea, representan 3.500 hectáreas en las provincias de Osorno y Llanquihue. El señor ACUÑA.- Pero son los faldeos del volcán Osorno. El señor CHADWICK.- Si el Honorable señor Acuña me lo permite, seguiré con mis argumentos. El señor VON MUHLENBROCK.- En Coquimbo llegan a diez mil hectáreas. El señor CHADWICK.- Está equivocado. En la provincia de Aconcagua, ubicada en pleno centro del país, con suelos arables, pero con algunas limitaciones para el cultivo de la zona, las 40 hectáreas de riego básicas alcanzan a mil hectáreas físicas. En la provincia de Atacama, en la zona de mayor provecho agrícola, o sea, de Freirina a la costa, donde hay importantes fundos de riego... El señor FUENTEALBA.- En el desierto llegan a 5 mil hectáreas. El señor CHADWICK.- Si el Honorable señor Fuentealba se calma y quiere entender, no me haga interrupciones de ese jaez. En Atacama, en el valle del Huasco, donde hay verdaderos oasis, tierras regadas con aguas permanentes, las 40 hectáreas básicas alcanzan a 333 y media hectareas de regadío. El Honorable señor Fuentealba fue brillante abogado en Illapel, y sabe... La señora CAMPUSANO.- ¡Brillante abogado contra los comuneros! El señor FUENTEALBA.- Los comuneros tuvieron en mí su mejor abogado, señora Senadora. Pregúnteselo a Cipriano Pontigo, que fue mi mejor cliente, quien más clientela me llevó. La señora CAMPUSANO.- Pero ¿qué opinión tienen los comuneros de Mincha? El señor FUENTEALBA.- A ellos mismos pregúnteselo. El señor PALMA (Presidente).- Está con la palabra el Honorable señor Chadwick. El señor CHADWICK.- Estoy sosteniendo la tesis de que el Senado no ha medido lo que significan 40 hectáreas de riego básicas a lo largo del país. Me llevé una gran sorpresa al estudiarlo. Me encontré con que, por ejemplo, en la provincia de Coquimbo, entre Vicuña y La Serena, las 40 hectáreas de riego básicas significan 1.333 y media hectáreas de terrenos de riego. Por eso, yo pregunto al Honorable señor Fuentealba, que fue Diputado muchos años por esa provincia, si va a discutir que dicha extensión corresponde a un latifundio. No cabe duda de que así es. Ahora, por medio de esta reforma constitucional se pretende que todos esos predios, estén abandonados o no lo estén; sean o no trabajados por sus dueños, cualesquiera que sean las condiciones en que se encuentren, no puedan ser expropiados por ningún motivo o razón. Concluyo diciendo que, en consecuencia, esta reforma constitucional ha de diseminar en el campo chileno una cantidad que nadie puede en este momento precisar, pero que en todo caso será muy grande, de fundos inexpropiables, porque quedarán dentro de la cabida de las 40 hectáreas básicas. El señor VALENZUELA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor CHADWICK.- Con todo agrado. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría. El señor VALENZUELA.- Agradezco la interrupción que me concede el señor Senador. En verdad, en la sesión anterior en que se trató esta materia el Honorable señor Chadwick también mencionó el problema de la transferencia de los predios de pleno derecho a los campesinos que acrediten haber trabajado en ellos, individualmente o en copropiedad, y manifestó una serie de dudas, las que aparecen aclaradas en el nuevo informe, precisamente del modo en que todos habíamos entendido el asunto: que tales transferencias de pleno derecho se realizaran de conformidad con las disposiciones de la ley de Reforma Agraria, que contiene una serie de limitaciones tendientes exactamente a evitar lo que planteaba el señor Senador; la posibilidad de que los campesinos pudieran vender esas tierras. Ahora, el señor Chadwick nos dice que la disposición quedó distinta. Quiero hacer presente que en el segundo informe, y en este nuevo segundo informe, la norma permanece igual, y que lo único que aclara la situación es un inciso final que se agrega al Nº 1, que dice lo siguiente: Las asignaciones y transferencias a que se refieren los cinco incisos anteriores se efectuarán con las limitaciones y prohibiciones establecidas en la ley de Reforma Agraria. Frente a algunas imputaciones de orden personal, referidas en especial al señor Fuentealba, en absoluto atinentes al debate, debo dejar constancia de que hemos actuado con un alto espíritu en esta materia. Es así como reconocimos que las observaciones del señor Chadwick en la sesión anterior podían tener validez y que el precepto podría parecer no muy claro en cuanto a la finalidad que perseguirnos. Y por esto en la Comisión se aceptaron las sugerencias del señor Senador y se remachó el artículo con este nuevo inciso que lo hace operante en todas sus posibilidades, pero con las limitaciones establecidas en la ley de Reforma Agraria. Esto demuestra el espíritu con que hemos actuado en esta materia. No nos ha movido, como se ha dicho, un ánimo de regresión ni el de tratar de frenar la reforma agraria. Muy por el contrario, lo que se quiere es que el proceso sea real, efectivo, que reporte beneficio directo a los campesinos, y que, por ende, favorezca la producción agraria chilena, que es lo que interesa al sector campesino y al país todo. Muchas gracias, señor Senador. La señora CARRERA.- El Honorable señor Chadwick me ha cedido una interrupción. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la venia de la Mesa Su Señoría, para hacer uso de una interrupción. La señora CARRERA.- Señor Presidente, nos parece necesario que en este debate quede constancia de una declaración de las organizaciones campesinas de Chile y del Ministro de Agricultura. Dice así: Las Organizaciones Confederación Nacional Campesina e Indígena Ranquil, Confederación Nacional Campesina El Triunfo Campesino, Confederación Nacional Campesina Libertad, Confederación Nacional Unidad Obrera Campesina, la Confederación Nacional de Asentamientos y Cooperativas Asignatarias y el Ministro de Agricultura han acordado a comprometerse públicamente a: 1.- Luchar en conjunto por elevar la producción agropecuaria. 2.- Luchar en conjunto por eliminar la especulación y el mercado negro. 3.- Luchar en conjunto contra los funcionarios que perjudican la producción, que no cumplen con su trabajo, cualquiera que sea su ideología. 4.- Luchar en conjunto por eliminar el alcoholismo y el ausentismo que se da en algunos sectores del campesinado. 5.- Modificar el reglamento de los asentamientos creando mecanismos que democraticen mayormente su funcionamiento interno, que establezcan sanciones y estímulos a la producción. Este reglamento será confeccionado por una comisión integrada por dos representantes de cada una de las Organizaciones Campesinas que suscriban este acuerdo y dos funcionarios del Ministerio de Agricultura. 6.- Asignar la tierra de acuerdo a la que estipula la actual Ley de Reforma Agraria. Las prioridades para estas asignaciones serán propuestas por las Organizaciones Campesinas que suscriban este acuerdo tomando en cuenta la antigüedad de ellos. Las Organizaciones Campesinas que suscriben este acuerdo consideran que la asignación individual no sería de beneficio para el país ni para los campesinos. Hago hincapié en este punto. En seguida, se agrega: Además las Organizaciones Campesinas acuerdan que la asignación debe ser para todos los trabajadores permanentes del predio. NOTA: Agregúese al punto 5 que una vez aprobada la modificación de los reglamentos de los asentamientos, los campesinos que se incorporen al Área Reformada podrán optar por la forma de organización del asentamiento reformado. 7.- Asignar la casa y el huerto en forma individual, tal como lo plantea el programa del Gobierno y los campesinos. La superficie del huerto será de hasta 2 Hás. de acuerdo a una tabla que confeccionará una comisión integrada por las Organizaciones Campesinas que suscriben este acuerdo y funcionarios del Ministerio para las distintas zonas del país. El criterio de esta comisión, será determinar superficies de huerto que no puedan significar el descuido de los trabajos cooperativos. 8.- Las Unidades Reformadas podrán adquirir maquinaria agrícola en propiedad cooperativa de los campesinos. Además de esto, existirán pooles estatales de maquinarias, con participación de las Organizaciones Campesinas. 9.- Impulsar la participación campesina en los organismos crediticios. Para facilitar esta participación campesina, deberán simplificarse los planes de siembra y control de avance. Se formará una comisión para estudiar los mecanismos del crédito. 10.- La fijación de precios a los productos agrícolas se realizará con la participación de las Organizaciones Campesinas que suscriban este acuerdo en ODEPA, que es el organismo técnico encargado de realizar los estudios respectivos. 11.- Impulsar la participación de las organizaciones campesinas en los organismos de comercialización del Estado y además el intercambio entre organizaciones de trabajadores, con la autorización del SAG. 12.- Las organizaciones campesinas y el Ministerio de Agricultura acuerdan dar el mayor respaldo posible a los pequeños agricultores o pequeños propietarios, entendiendo por tales a quienes trabajan directamente sus tierras. También acuerdan dar amplias garantías a los medianos agricultores qué trabajan en buena forma predios de hasta 40 hectáreas de riego básicas - a los que trabajan bien - que cumplan con sus trabajadores y que les den participación en las utilidades de la empresa. Además del apoyo del aparato estatal, las organizaciones campesinas harán conciencia en sus bases de la necesidad de ayudar a los pequeños agricultores, a través de facilitar el uso de la maquinaria agrícola, abonos, trabajos voluntarios, etc. 13.- Las organizaciones campesinas que suscriben este acuerdo y el Ministro de Agricultura manifiestan su desacuerdo con la idea de dejar obligatoriamente reservas de 40 hectáreas de riego básicas - hago hincapié en esta frase - y de declarar inexpropiables a los predios de hasta 40 hectáreas de riego básicas. Todos los predios que se encuentran abandonados o que sean ofrecidos voluntariamente por sus dueños deben pasar a manos de los campesinos para ponerlos en producción. 14.- Manifestar que la expropiación del puro casco perjudica a la producción y va contra los intereses de los campesinos y proponemos que los campesinos determinen con qué parte de los inventarios de trabajo desean quedarse. 15.- Otros puntos que son de interés de los campesinos y del Gobierno serán resueltos a través de la participación permanente de las organizaciones campesinas que suscriben este acuerdo, a todos los niveles de los organismos del Ministerio de Agricultura. 16.- El Ministro se compromete a instruir a todos los funcionarios a dar cumplimiento a estos acuerdos. 17.- La Confederación Nacional de Asentamientos deja establecido que rechaza los puntos 12, 13, 14, 15 y 16 de esta declaración. Quien lea después esto con cuidado se dará cuenta de que algunos capítulos tienen poco que ver con la realidad, pues ya los campesinos están viviendo en predios expropiados, y son los futuros asignatarios, los futuros miembros de los terrenos expropiados quienes deben opinar sobre ciertas cosas. Pero, en todo caso, no tiene mayor importancia para el conjunto del acuerdo, que está firmado por Rolando Calderón Aránguiz, Ministro de Agricultura; Eduardo Vega, Vicepresidente de la Confederación Ranquil, en fin, por todos los dirigentes de las organizaciones campesinas que ya mencioné. Al leer esta declaración, que fue emitida por todas las organizaciones campesinas de Chile, que adoptaron un acuerdo con nuestro Ministro de Agricultura y que muy poco tienen que ver con la reforma constitucional que se pretende aprobar aquí en nombre de los campesinos, vemos que está muy poco ajustado a derecho, es muy poco democrático, incorrecto desde todo punto de vista, como trabajo político, realizar determinada acción en representación de los trabajadores de la tierra sin haberlos consultado previamente, sin haber tenido comunicación directa con las organizaciones ni con los propios campesinos. No me extraña tal actitud de parte del Senador señor Moreno, quien, debido tal vez a una deformación de su personalidad, habla en nombre de los campesinos, en circunstancias de que, mediante la reforma constitucional que estudiamos, está trabajando para los patrones. Sobre el particular, quiero decir que durante la última elección complementaria... El señor PALMA (Presidente).- Perdón, señora Senadora, pero ha terminado el tiempo correspondiente a la interrupción. La señora CARRERA.- Puedo intervenir durante el tiempo que me permita el orador que me la concedió. El señor PALMA (Presidente).- No, señora Senadora. La señora CARRERA.- En todo caso, voy a terminar. El señor PALMA (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para permitir a la Honorable señora Carrera terminar sus observaciones. La señora CARRERA.- ¡A otros Senadores no les hace este tipo de oposición, señor Presidente! El señor PALMA (Presidente).- A todos los señores Senadores que intervienen por la vía de la interrupción. Solicito el asentimiento de la Sala para que la señora Senadora complete sus observaciones. Acordado. La señora CARRERA.- ¡Quisiera terminar mis observaciones! ¡Solicito que me dé...! El señor PALMA (Presidente).- Ya se adoptó el acuerdo, señora Senadora. La señora CARRERA.- ¡Lo siento, porque quería decir que aquí tengo más de cien... El señor RODRIGUEZ.- Ya se adoptó el acuerdo, Honorable colega. La señora CARRERA.- Le agradezco mucho su deferencia, señor Presidente. Pero como el Senador Moreno y el Senador que en este momento se ríe junto a él, el señor Hamilton no recordaba su apellido, acostumbran hacer de las sesiones de esta Honorable Corporación una especie de circo, del que son protagonistas, una se confunde a veces. En todo caso, deseo expresar algo breve y sencillo. No me extraña que el señor Moreno trate de realizar algunas acciones en nombre de los campesinos sin consultarlos previamente y de confundir a la opinión pública, porque esto ya se ha transformado en hábito suyo, a causa de la deformación de su personalidad. Y es así como durante la última campaña electoral recorrió el valle del Choapa para formular planteamientos a los campesinos allí asentados. Además, les envió cartas diciéndoles que votaran por el candidato de la Derecha, cosa que los trabajadores de la tierra, por supuesto, no hicieron. Pero esos campesinos me hicieron llegar, en varias concentraciones y otras oportunidades, algunas de esas cartas. Y por si esos trabajadores del valle del Choapa leyeran la versión de esta sesión, que se publicará en El Mercurio no creo que lo hagan, pues no se dejan confundir por la prensa reaccionaria y vendida de este país, desde ya les doy excusas, porque les prometí entregar esos documentos al Senador Moreno en una sesión, y ya han pasado varios meses y no lo he hecho. ¡Un guardia por favor! ¡Joven, en nombre de los campesinos del valle del Choapa, llévele todas estas cartas al Honorable señor Moreno! Esos trabajadores sienten no devolvérselas todas, porque las restantes las quemaron. En algunos asentamientos hicieron grandes fogatas con las cartas del Senador Moreno, porque lo repudian. En esa zona, como le debe de constar a la Senadora señora Campusano, nombrar al Senador Moreno significa que la gente manifieste su repudio, porque, incluso, villorrios que se hicieron cuando el señor Moreno era Vicepresidente de la CORA se cayeron en su totalidad a raíz de un terremoto, pues no se usó el cemento necesario. Esas casas se construyeron en la época en que el señor Moreno llamó a firmas interesadas o a propietarios de empresas amigos suyos para que las levantaran. Además, los campesinos se quejan por algunas sumas de dinero que debieron ceder de sus adelantos y cuyo destino nunca conocieron. Por éstas y otras razones, en la región se repudia al Senador Moreno. Y se trata de auténticos trabajadores de la tierra. Por lo tanto, no me extraña que, en nombre de los campesinos, se venga aquí a dictar reformas constitucionales que nada tienen que ver con los intereses de ellos. También quiero formular algunas observaciones sobre lo que decía el Senador Chadwick en cuanto a lo que se considera 40 hectáreas de riego básicas en algunas zonas. No sólo una vez, sino tal vez decenas de veces, los Senadores de estas bancas y los demás de la Unidad Popular hemos sostenido que la tabla de conversión elaborada en virtud de la ley de Reforma Agraria - el texto legal que se usa en estos momentos - es mala, que ninguna relación tiene con la calidad de nuestras tierras, que esa tabla no es científica y que debe cambiarse completamente. El señor HAMILTON.- Entonces, ¿por qué la aprobaron? La señora CARRERA.- Peor era nada, señor Senador. Por lo tanto, en la primera oportunidad que se nos presente cambiaremos esa tabla de conversión, porque es incorrecta, acientífica, porque está hecha a la ligera, y en muchos casos, por intereses de partidos foráneos que ejercieron presión sobre la Democracia Cristiana. Me refiero a partidos extranjeros. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton. La señora CARRERA.- El señor Chadwick aún no ha terminado su intervención. El señor PALMA (Presidente).- Ruego al señor Senador disculparme. Como Su Señoría dijo concluyo, pensé que había terminado sus observaciones. El señor CHADWICK.- Señor Presidente, escuché con mucha atención lo que dijo el Honorable señor Valenzuela, y creo que de sus palabras resulta una importante lección, que deberíamos recoger. Su Señoría manifestó que en el informe final de las Comisiones unidas de Agricultura y de Legislación se han tomado en cuenta las observaciones que formulé en la Sala respecto de los inconvenientes que a simple vista se observaban en la reforma constitucional propuesta. ¿Cuáles eran esos inconvenientes? Ni más ni menos que se nos adosaba la obligación de asignar a los campesinos, en propiedad individual, la tierra expropiada. Yo sostuve en la Sala que eso significaba que el asignatario quedaría en condiciones de disponer de la tierra. El Honorable señor Bulnes me rectificó, advirtiendo con bastante énfasis que eso no podía ocurrir porque se mencionaba la ley de Reforma Agraria en la disposición constitucional, y porque dicha ley contiene las limitaciones y prohibiciones que yo echaba de menos. Quedé con la idea de que esa rectificación del Honorable señor Bulnes no era convincente, porque las prohibiciones y limitaciones de la ley de Reforma Agraria no operan de pleno derecho. Es necesario un acuerdo del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria mediante el cual se asigne la tierra, para que en él se introduzcan las limitaciones y prohibiciones. Y, en seguida, es indispensable que todo esto se reduzca a escritura pública y que en ella se repitan las limitaciones y prohibiciones, para que éstas lleguen a existir. De modo que en la reforma de la Constitución la propiedad individual que perentoriamente se ordenaba asignar por el Consejo de la CORA dentro del plazo de dos años iba a operar sin esos resguardos. Las Comisiones Unidas tuvieron la bondad de escucharme y de agregar al proyecto un inciso que pone claridad en esta materia. Pero ¿no es acaso una experiencia, no es una lección la que estamos recogiendo? ¿Qué pasa si introducimos con tanta rapidez y superficialidad disposiciones a la Constitución? Indudablemente, se dan cosas como ésta. Y yo puedo decir a la Sala de inmediato que una de ellas, muy importante, se nos ha escapado. La ley de Reforma Agraria, con un sentido social que ahora se ha evaporado en sus autores, establece que los predios asignados a los campesinos son inembargables. ¿Dónde estaría, en virtud del nuevo mecanismo constitucional, esa garantía de la inembargabilidad de las tierras asignadas? Creo que, aunque mucho se estirara la interpretación de lo que se acaba de proponer, la inembargabilidad habría desaparecido. En consecuencia, retomo mis afirmaciones iniciales: esta enmienda de la Constitución obedece a un propósito político que no es otro que el señalado por la concurrencia de los partidos que proclaman que la reforma agraria es un robo; es decir, por la concurrencia de las colectividades de Derecha que todavía añoran el latifundio como un sistema perdido que debería reinstalarse en Chile. Es una modificación de la Carta Fundamental que sembrará en nuestro país tales obstáculos para la aplicación de la reforma agraria, que prácticamente amarrará de manos al Gobierno, que se comprometió con el pueblo a acelerar este proceso y le hizo concebir la esperanza de que se podía reformar el agro en forma masiva, integral, sin discriminaciones de especie alguna, con los medios que la Constitución y las leyes franquean. Ahora, quienes acusan a este Gobierno de antidemocrático han encontrado el expediente de cambiar las reglas del juego, de modificar la Carta Fundamental, y después acusarán al Presidente de la República por la carencia de alimentos. Si no existen alimentos, es porque no hay reforma agraria. Se ha sostenido categóricamente por ciertos elementos... El señor MORENO.- Es preciso mejorar un poco el argumento. El señor CHADWICK.- El señor Moreno me dice que el argumento es malo. El señor VON MUHLENBROCK.- ¡Quinientos millones de dólares en importación de alimentos! El señor RODRIGUEZ.- ¡Herencia de ustedes: ciento cincuenta años de latifundio! La señora CARRERA.- ¡Ciento cincuenta años de incapacidad! El señor PALMA (Presidente).- Está con la palabra el Honorable señor Chadwick. El señor CHADWICK.- Durante años y años, los sectores de la Izquierda de Chile lucharon por obtener una reforma agraria. Y uno de los argumentos principales que se dieron fue, que el campo... El señor AYLWIN.- ¡Fue puro cacareo, nunca hicieron nada! El señor HAMILTON.- ¡Era un slogan! El señor CHADWICK.- Hay Honorables Senadores tan finos, tan científicos, que hablan de cacareo cuando un colega suyo está asando de la palabra. No sé si ellos se sienten o no en un gallinero. Si se sienten en un gallinero, bien, yo les digo a las Honorables gallinas que no es un cacareo lo que están oyendo. Estoy expresando razones. Y digo que nosotros, a lo largo de años... El señor AYLWIN.- ¡No es efectivo que el Partido Socialista ni la Izquierda hayan presentado proyecto alguno de reforma agraria! El señor MORENO.- Salvo el que retiraron por malo. El señor PALMA (Presidente).- Perdón, Honorable señor Chadwick, ha terminado su tiempo. El señor CHADWICK.- Entiendo que se me descontará el que corresponda a las interrupciones antirreglamentarias. El señor PALMA (Presidente).- Terminó el tiempo de Su Señoría, y otros señores Senadores están inscritos para intervenir. Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton. El señor HAMILTON.- Concedo una interrupción al señor Moreno, para que recoja observaciones personales que le ha hecho la Senadora señora Carrera. El señor MORENO.- Señor Presidente, no tenía el propósito de intervenir nuevamente en esta parte de la discusión del proyecto. Pero no hay duda de que me obliga a hacerlo la argumentación, o, mejor dicho, el ataque que la Senadora señora Carrera lanzó en contra de mi persona para tratar en cierto modo, tal vez, de justificar lo que es muy difícil de sostener en el Senado y ante los campesinos: cuál es el criterio y el propósito del Gobierno en la forma como está desarrollando el proceso de reforma agraria. En realidad, creo que la señora Senadora no ha medido bien la magnitud de lo que dijo, Yo no me arrogo la representación de campesino alguno, porque no soy campesino ni lo he sido nunca; tampoco pretendo decir que lo he sido, pues no tengo condiciones de tal. Lo que sí puedo afirmar, en nombre de mi partido, es que sirviendo a mis ideas, a lo que es una vocación personal, siempre he dedicado gran parte del esfuerzo de mi vida a luchar con los trabajadores de la tierra, a su lado, de acuerdo o en discrepancia con sus puntos de vista. Porque yo, como no soy ningún acomplejado por las ideas de la Democracia Cristiana, no ando miranda las caras o las sonrisas de los demás o los gestos que nos hacen desde algún lado para saber cómo estamos actuando, para saber si lo estamos haciendo bien o mal. Nosotros servimos a nuestro ideal y a. nuestra doctrina, y la señora María Elena Carrera debe tener presente que recibió una dolorosa experiencia en las provincias que la eligieron miembro de esta Corporación. Cuando el Senador que habla fue postulado como candidato de la Democracia Cristiana por esa misma zona, en la que la señora Carrera representa a algunos grupos de personas, todos los vaticinios de la prensa del Gobierno aseguraban que yo sería estrepitosamente derrotado porque era un traidor de los campesinos, no estaba defendiendo la reforma agraria y mi criterio era en absoluto contrario al que sustentaban los trabajadores del campo en todas esas provincias, eminentemente agrarias... La señora CAMPUSANO.- ¿A qué aspecto de la reforma agraria se está refiriendo el señor Moreno? El señor MORENO.- Ruego a la señora Senadora que mantenga la calma y me permita explicar mi punto de vista. Pues bien, se produjo la elección y los campesinos votaron, salvo que la señora Carrera quiera decir que los habitantes de O’Higgins y Colchagua son todos terratenientes, latifundistas, explotadores; y lo que tiene que doler mucho a la señora Senadora es que, no obstante haber iniciado mi campaña como supuestamente derrotado por una diferencia de 600 votos, obtuviera yo el honor de ganar la elección, precisamente con los votos de los campesinos, de los mineros de El Teniente y de los pobladores de las ciudades de O’Higgins y Colchagua, por casi 10 mil votos sobre el candidato del mismo partido a que pertenece la señora Carrera. Entiendo que la señora Senadora respire por la herida. La comprendo, pero no logro seguirla en su argumentación, pues ya han pasado algunos meses, y la verdad es que, como ella sabe, la cicatrización, aunque tarda, llega. Por eso, no puedo dejar pasar este ataque, aunque - se lo digo con sinceridad - no me alcanza. Respecto de las cartas que Su Señoría ha traído de algunos asentamientos, me parece que basta mirarlas para darse cuenta de que ellas jamás llegaron a sus destinatarios. Los sobres no han sido abiertos. Y lo que yo expuse en dichas cartas, apoyando al candidato del Partido Izquierda Radical señor Orlando Poblete, que para nosotros constituyó un honor respaldar, era la pura verdad. Y pido que se inserte en la versión de mi discurso el texto de aquéllas, para que se compruebe que en ellas anunciaba lo que iba a ocurrir, de lo que ahora aparece la prueba, como huella digital, en las indicaciones enviadas por el Presidente de la República a esta Corporación. ¿Qué decíamos a los campesinos del valle del Choapa? Lo mismo que a todos los del país: Este Gobierno quiere constituir la estatificación sobre las tierras, no les quiere respetar los derechos de propiedad ni entregarles los títulos, ni constituir asentamientos. Y aquí nos ha propuesto el señor Presidente de la República la instalación, en, prácticamente todos los predios expropiados, de lo que se llama el área social. ¡Se han sacado la careta! Ahora los quiero ver en el mes de marzo, hablar con los campesinos y escuchar el clamor que se levantó en el mes de enero y que yo tuve el honor de recoger para ser elegido Senador. La respuesta que la señora Carrera recibirá a las ideas que ella sustenta constituirá una lección que los parlamentarios de Gobierno tendrán que recordar por generaciones. Yo devuelvo a Su Señoría las cartas a que se refirió y que me facilitó, pues pienso que vale la pena que ella las vuelva a leer y que las distribuya, a fin de que, por lo menos, lleguen a sus destinatarios y sean éstos quienes, si no están de acuerdo con lo que se les expone, las devuelvan a quienes las firmamos. El documento cuya inserción se acuerda más adelante dice como sigue: Salamanca, 22 de junio de 1972. Señor Asignatario Presente. Respetado señor: En la visita que he realizado en los días pasados a los Asentamientos del valle del Choapa, los asignatarios me formularon una serie de preguntas relacionadas con la situación que están atravesando los predios agrícolas de este valle. Como estimo de gran necesidad el que ustedes tengan una información completa sobre los problemas consultados es que me permito enviarles esta carta a fin de que se impongan debidamente de su contenido. 1.- En el Tambo, en la reunión de asamblea general que se efectuó el día 21 de junio del presente año, se les informó de que este año no se les otorgaría créditos por parte del Banco del Estado para las tierras individuales que ustedes tienen en propiedad definitiva. Como consideré que esto era un atropello incalificable por parte de la Cora y del Gobierno de la Unidad Popular, concurrí junto con el Diputado por esta provincia don Marino Penna a visitar al Agente del Banco del Estado de Salamanca para clarificar la situación de ustedes. Le manifesté al Agente, que después de varios años de sequía, y habiendo créditos en los años anteriores, era un grave perjuicio el que no se les diera créditos ahora que había llovido y que ustedes más que nunca necesitaban para adquirir semillas, abonos, y otros elementos para el adecuado trabajo de la tierra. El Agente nos manifestó al Diputado Penna y a mí, que aún no había recibido notificación escrita desde la Gerencia General del Banco en Santiago y que mientras no se le diera orden por escrito, seguiría prestando dinero en la misma forma como había estado haciéndolo en el pasado. Ante esto les recomiendo que concurran de inmediato a las oficinas del Banco para formalizar sus solicitudes de créditos, y así se pueda impedir que se consume una decisión arbitraria que dañe a los campesinos productores de las Cooperativas en el valle del Choapa. 2.- Otro problema que me fue planteado por campesinos de Concumén y del Tambo fue el que funcionarios de Cora han estado diciéndoles que las escrituras de propiedad que ustedes recibieron durante el Gobierno del Presidente Freí, no tendrían valor, y que ustedes deben entregar sus títulos para que se los firme el Presidente Allende. Respecto a esto debo decirles, que sus escrituras son absolutamente legales, que ellas se encuentran inscritas en el Conservador y Notario de Illapel, como ustedes mismos lo pueden comprobar si miran la última página de su escritura. No entreguen sus títulos a nadie que se los solicite, porque si la Cora quiere verlos, puede consultarlos en Illapel, o en las propias oficinas de Cora en Santiago, donde se encuentran las actas de la asignación definitiva de la propiedad de ustedes. Deben tener mucho cuidado con este tipo de maniobras, ya que esto se puede deber a que se esté intentando por algunos, el que ustedes pasen nuevamente a depender del Estado, y que la propiedad de la tierra, que con tanto esfuerzo adquirieron les sea desconocida. Ante estos problemas que he detectado en la visita que les he hecho estos días, es que me permito enviarles esta carta con el fin de que sepan exactamente cuáles son los derechos que tienen y estén alertas ante cualquiera maniobra que trate de desconocer sus legítimas conquistas. Les saluda con especial afecto. (Fdo.): Rafael Moreno R., Senador de la República. La señora CARRERA.- Tengo derecho a diez minutos para responder a las alusiones personales que me ha hecho el señor Moreno. El señor PALMA (Presidente).- Ha terminado el Orden del Día. VI.- TIEMPO DE VOTACIONES. INSERCION DE DOCUMENTOS. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Moreno para insertar en la versión de su discurso el texto de la carta a que acaba de hacer referencia. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación. La señora CARRERA.- No, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- En votación. (Durante la votación). El señor JEREZ.- Ya se dijo de qué se trataba. Entonces, es absurdo estar dando plata a El Mercurio por la publicación de ese documento. Voto que no. La señora CAMPUSANO.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría. La señora CAMPUSANO.- Señor Presidente, yo quiero aprovechar el fundamento de mi voto para expresar que la Mesa ha procedido en forma bastante parcial, pues ha procurado favorecer las intervenciones de sus compañeros de partido. Cuando a los demás Senadores, y especialmente a los que ocupamos estas bancas, nos corresponde intervenir y nos referimos a algún problema distinto del que constituye el tema del debate, el señor Presidente insiste en que es preciso que nos refiramos concretamente a la iniciativa, al artículo o a la indicación que está en discusión. Siempre nos lo exige. En cambio, a los Senadores democratacristianos no se les hace una exigencia semejante. En esta oportunidad, el señor Moreno se ha permitido poco menos que hacer la apología de su campaña electoral por O’Higgins y Colchagua. Y no le bastó eso, pues incluso alcanzó en sus observaciones hasta la provincia de Coquimbo. Quiero manifestar que lo que la señora María Elena Carrera dijo respecto de esas provincias corresponde a la verdad. Los campesinos de la zona que ella representaba contestaron en plaza pública a la carta que les envió el Senador demócrata-cristiano y, además, formularon una denuncia en el sentido de que el Director de Obras Civiles de la CORA tenía participación en la empresa constructora que edificaba las casas en el valle del Choapa. Con posterioridad, el señor Moreno, con esa ligereza propia de la juventud, como él dice, de un lolo, ha ido a reclamar allá por el hecho de que las referidas casas se cayeron con el terremoto y porque no fueron reparadas con prontitud. No obstante, el señor Moreno olvida que era parte de sus obligaciones supervisar dichas construcciones y que el Jefe de Obras Civiles de la CORA – repito - era miembro de la firma constructora de las poblaciones respectivas. Voto que no. El señor OLGUIN.- ¿Me permite, señor Presidente? Quiero sólo hacer una consulta. El señor PALMA (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría. El señor OLGUIN.- Estoy pareado con el Honorable señor Sule y, según tengo entendido, dicho pareo rige para esta votación. La señora CARRERA.- Por supuesto. El señor JEREZ.- Claro. El señor FIGUEROA (Secretario).- Sí, señor Senador. El señor OLGUIN.- Entonces no voto, por estar pareado. La señora CARRERA.- Pido la palabra. El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría. La señora CARRERA.- Señor Presidente, el Senador señor Moreno, en forma un tanto ligera, ha sostenido que las cartas a que me referí no han llegado a sus destinatarios y que por eso están cerradas. Esto significaría que de alguna manera yo me hice de ellas sin que pasaran por las manos de los campesinos, lo que a la vez quiere decir que le avergüenza al señor Senador, que habiéndolas leído los campesinos, éstos las hayan devuelto o quemado, como ocurrió. Sin embargo, como es posible que puedan quedar dudas en cuanto a si estoy diciendo efectivamente la verdad o si, a lo mejor, estoy tejiendo en forma imaginativa alguna historia, pediré a todos los asentamientos del valle del Choapa que me escriban una carta, firmada por sus dirigentes no sé cómo podría asegurar su autenticidad, para que el señor Moreno no pueda decir que no es así, diciéndome si es cierto que quemaron públicamente en los asentamientos las cartas del señor Moreno y si las que no quemaron se las entregaron a distintos parlamentarios, entre ellos, a mí. Voy a esperar la respuesta a mi petición. No sé si habrá algún sistema -me gustaría que lo consultara con el señor Secretario, señor Presidente-, que permita a esta Corporación solicitar a personas particulares, como son los dirigentes de los asentamientos, alguna información de esa índole. ¿Puede pedirse oficialmente tal información a los presidentes de los asentamientos del valle del Choapa? ¿Sí o no? El señor PALMA (Presidente).- ¿Cómo vota Su Señoría? Después puede formular su consulta, señora Senadora. La señora CARRERA.- Voto que no. Y espero que se conteste a mi pregunta, a fin de poner en el lugar que corresponde a este salvador de los campesinos. El señor MORENO.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría. El señor MORENO.- La verdad es que no puedo seguir la argumentación de la señora Carrera en cuanto a lo que sucedió con mis cartas. En todo caso, me parece que la forma más clara de averiguar la respuesta de los destinatarios está en el sistema más democrático que se conoce y que corresponde a la norma de vida de este país. El 4 de marzo próximo tendremos la respuesta de los campesinos, de los pequeños agricultores, de toda la gente que vive en el campo. Como antes expresé, no me arrogo la representación de nadie. Esperaré con mucha tranquilidad esa gran carta del 4 de marzo. En las comunas agrarias todos, y especialmente los parlamentarios que las representamos, estaremos muy atentos para saber en qué términos se dará la respuesta; y, por cierto, confiado en que ella será ampliamente positiva, voto que sí. Se aprueba la indicación (24 votos contra 7 y 3 pareos). El señor PALMA (Presidente).- Se suspende la sesión por veinte minutos. Se suspendió a las 17.52. Se reanudó a las 18.16. El señor PALMA (Presidente).- Continúa la sesión. Se suspende por veinte minutos. Se suspendió a las 18.16. Se reanudó a las 18.39. VII.- INCIDENTES. PETICIONES DE OFICIOS. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Continúa la sesión. El señor EGAS (Prosecretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria. Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes: Del señor Acuña: FIJACION DE PRECIOS A PRODUCTOS DE COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE OSORNO. Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, a fin de que se considere con el carácter de urgencia la fijación de nuevos precios comerciales a los productos elaborados por la Cooperativa Agrícola y Lechera de Osorno, con el objeto de que se pueda reanudar la producción y, por ende, la venta al público, de leche en polvo con 18% de contenido graso. Debe señalarse que actualmente esa Cooperativa no fabrica leche en polvo al excluirse del reajuste aplicado a los productos lácteos el precio de ese producto con 18%: de contenido graso. Solamente se autorizó un aumento para la producción que sea entregada al servicio Nacional de Salud. Se dispone de algunas estadísticas que ilustran respecto del procesamiento y distribución al público de la leche en polvo: Producción: Año 1970, 3.045.445 kilos. 3.241.520 kilos. 1.399.387 kilos (enero a septiembre). Distribución Año 1970, 2.900.000 kilos. 2.900.000 kilos. 1.400.000 kilos (enero a septiembre). Como puede advertirse al aplicarse esa medida, se está impidiendo a millares de chilenos adquirir ese vital líquido. Del señor Aguirre Doolan: RETEN DE CARABINEROS PARA CHARRUA, DE YUMBEL (CONCEPCION). Al señor Ministro del Interior y por su intermedio a la Dirección General de Carabineros, con el objeto de que estudie la construcción de un Retén de Carabineros en la localidad de Charrúa, departamento de Yumbel, Concepción, cuya población es muy extensa y allí existe la subestación eléctrica de la ENDESA. Para tal efecto, se destinaría el terreno que Ferrocarriles del Estado ocupaba con la ex Estación. ASIGNACION DE ZONA PARA EMPLEADOS PUBLICOS DE SAN FABIAN DE ALICO Y OTRAS LOCALIDADES (ÑUBLE). Al señor Ministro de Hacienda, con el objeto de que también se otorgue el beneficio del 30% de asignación de zona acordado para Ñuble, a los empleados públicos de San Fabián de Alico, provincia de Ñuble, y al profesorado de las Escuelas de Maitenal, Los Puquios, El Caracol, Los Sauces y Pichirrincón, localidades ubicadas en un radio entre 5 y 10 kilómetros de San Fabián de Alico, pues no han percibido tal beneficio. NUEVO LOCAL PARA ESCUELA LOS LLEUQUES, EN PINTO (ÑUBLE). Al Ministerio de Educación Pública, y por su intermedio a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, con el objeto de que se proyecte la pronta construcción de un edificio para la Escuela Los Lleuques, ubicada en la comuna de Pinto, provincia de Ñuble, que actualmente funciona en un pésimo local, antihigiénico, sin las necesarias salas de clases, para atender la asistencia de no menos de 150 alumnos, y con muchas otras deficiencias, que obligan a un nuevo local. NUEVO LOCAL PARA ESCUELA Nº 3, ESPAÑA, EN CHILLAN (ÑUBLE). Al Ministerio de Educación Pública, y por su intermedio a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, a fin de que con urgencia se autorice la construcción de un nuevo local para la Escuela Nº 3, denominada España, de la ciudad de Chillán, provincia de Ñuble, ya que el actual adolece de muchas deficiencias para poder atender debidamente a una matrícula de más de 676 alumnos. REPARACION DE CARRETERA DE QUIRIHUE A COELEMU (ÑUBLE). Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Dirección de Vialidad, para que se proceda con la mayor urgencia posible a la reparación de la carretera asfaltada de Quirihue a Coelemu, de gran importancia en la zona, ya que sirve un gran tránsito al balneario de Cobquecura y ciudad de Chillán. Hasta ahora, no existe demostración alguna de preocupación por parte de las autoridades pertinentes. CONSTRUCCION DE VIA DE ACCESO AL PUERTO DE SAN VICENTE (CONCEPCION) Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y por su intermedio al Departamento de Vialidad, para que se considere debidamente la justa petición de un amplio sector de la ciudadanía de Talcahuano, planteada a través de sus más importantes instituciones sociales y gremiales, en el sentido de que se construya la vía de acceso al puerto comercial de San Vicente por la Avenida Ecuador, obra respecto de la cual ya se han estudiado varios trazados, determinándose que el que ofrece mayor ventaja es el ya señalado. AGUA POTABLE PARA CAMPANARIO, EN YUMBEL (CONCEPCION). Al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y por su intermedio a la Dirección de Obras Sanitarias, a fin de que se proceda al estudio del caso y se pueda dotar de agua potable, a la localidad de Campanario, departamento de Yumbel, provincia de Concepción, la cual tiene más de 1.000 habitantes y, por diversas razones, las aguas que consumen constituyen un grave peligro para su salud. POSTA DE PRIMEROS AUXILIOS EN CHARRUA, YUMBEL (CONCEPCION). Al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, con el objeto de que se autorice la construcción de un local y funcionamiento de una Posta de Primeros Auxilios, en la localidad de Charrúa, departamento de Yumbel, provincia de Concepción, para lo cual podría destinarse un terreno de Ferrocarriles del Estado, que antes ocupaba en la ex Estación. INVESTIGACION POR CONTRATACION DE AUXILIARES MEDICOS SIN TITULO EN HOSPITAL DE HUEPIL (ÑUBLE). Al Ministerio de Salud Pública, y por su intermedio a la Dirección General del Servicio Nacional de Salud, con el objeto de que se investigue y se determinen las responsabilidades por la contratación en el Hospital de Huépil, provincia de Nuble, de dos funcionarios extranjeros, en calidad de prácticos o auxiliares médicos, que no poseen título alguno. El Director del Hospital, declaró haber recibido orden del Director Zonal de Ñuble para tal efecto. Del señor Carmona: CONSTRUCCION DE SALAS DE CLASES Y DE SERVICIOS HIGIENICOS EN ESCUELA Nº 19 DE MEJILLONES (ANTOFAGASTA). Al señor Ministro de Educación Pública y al Vicepresidente de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, planteándole el problema de la Escuela Nº 19 de Mejillones: El Director de este colegio, así como el profesorado y el Centro de Padres y Apoderados, me han informado de la urgente necesidad de construir 2 salas de clases prefabricadas para atender a sus alumnos. En reiteradas oportunidades la Dirección de ese establecimiento educacional ha oficiado al señor Ministro de Educación y al Vicepresidente de la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, haciéndole ver este grave problema, ya que en la actualidad los alumnos trabajan en dos dependencias no aptas para el desarrollo de sus clases. Me informan, además, que es de urgente necesidad la construcción de por lo menos 6 servicios higiénicos, pues cuentan solamente con 4, lo que ha creado un serio problema entre los educandos. Como en el próximo año el aumento de matrícula es inminente, mucho agradeceré dar curso a los estudios hechos por la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales y proceder a la construcción de las 2 salas de clases y de los servicios higiénicos solicitados. PROBLEMAS DE AGUA POTABLE EN HUARA (TARAPACA). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, solicitándole dar solución al problema planteado por los habitantes del pueblo de Huara. En los últimos días, esta localidad, se ha visto seriamente afectada por la falta 1de agua potable, ya que la matriz que surte a Pica, Matilla, Esmeralda, La Huayca, La Tirana, Pozo Almonte, campamento Militar, Baquedano y Huara, está entregando un promedio de 2 a 3 metros cúbicos diarios al estanque de la Dirección de Obras Sanitarias. Como este problema se agrava cada día por el aumento de la población en el pueblo de Pozo Almonte (se han construido poblaciones para empleados y obreros del mineral SAGASCA), y por haberse iniciado en el Campamento Militar Baquedano nuevas obras de ampliación, mucho agradeceré al señor Ministro que estudie estos antecedentes y dé solución a este serio problema, que reviste caracteres alarmantes. Del señor Durán: INTERVENCION ELECTORAL EN CHILOE. Al señor Ministro del Interior, en los siguientes términos: El dirigente gremial y candidato a Diputado de la Democracia Radical por la provincia de Chiloé, don Hernol Flores Opazo, envió un telegrama al General Prats, denunciando intervención electoral e irregularidad cometidas por la Intendente de Chiloé doña Alicia Faulbaum Pérez. Dicho telegrama fue interferido en Santiago y no llegó al despacho del Ministro. Este telegrama decía: Cúmpleme denunciar al Sr. Ministro del Interior abierta intervención electoral Intendente Chiloé Sra. Alicia Faulbaum Pérez quien realiza giras electorales acompañada candidatos Unidad Popular pto Asimismo exijo se investigue si estas giras se financian con dineros fiscales pto. Saluda atte. Hernol Flores Opazo candidato a Diputado por Chiloé. Este telegrama fue enviado además del señor Ministro del Interior, en T.M.5 a los presidentes de los Partidos de la Confederación Democrática, señores Durán, Bosssay, Fuentealba y Jarpa, quienes hasta la fecha no lo han recibido. Por otra parte, la intervención electoral e irregularidades de la Intendencia de Chiloé, se deduce de los siguientes puntos: 1.- Intervención electoral abierta en favor de los candidatos UP. Carlos Morales Abarzúa y Manuel Ferreira Guzmán. Viaja en aviones fiscales desde Ancud a sectores cordilleranos de la provincia. Usa vehículos fiscales con propósito electoral llevando a Carlos Morales Abarzúa. 2.- Ampara ocupaciones ilegales de locales, como es el caso del bar-restaurante de propiedad de la señora María Elena Sánchez Ríos, de Ancud, donde inclusive la hija, hermano y sobrino de la Intendente, fueron los autores del asalto, ocupación que se mantiene hasta ahora. 3.- Ejerce presión ilegítima sobre ciudadanos que se comprometen a colaborar con otros candidatos a Senador o Diputado que no sean de la UP. Va a sus casas y los amenaza personalmente. Recurre a cualquier diligencia administrativa que el ciudadano tenga pendiente para presionar sobre él en este interés administrativo. Ejemplo: a un solicitante de camión en el Banco Central, lo amenazó con no otorgarle la aprobación de su Registro si no trabajada por el candidato oficialista. 4.- Usa en forma abusiva de su cargo para obtener beneficio personal y de familiares (registros de importación para vehículos). Mientras que en Chiloé no se autorizan registros ni para alimentos, la Intendente consigue en sesiones secretas del Banco Central decenas de vehículos, inclusive de lujo, para satisfacerse ella, satisfacer a sus parientes y comprometer a ciudadanos para la postulación de Carlos Morales Abarzúa. 5.- Abusa de sus facultades o se arroga las que no tiene, para amedrentar a los directores de las Radios, especialmente a los trabajadores de la Radio Pudeto de Ancud. Además, les exige cadenas regionales y les amenaza hasta personalmente si no siguen los dictados de la candidatura oficialista con clausura de la emisora. Por otra parte permanentemente presiona a las radios para el envío de cinta magnetofónicas o libretos correspondientes a programas contratados por candidatos o dirigentes políticos de Oposición. Como si todo lo anterior fuera poco, ha conminado a los dirigentes de los campamentos Che Guevara y Salvador Allende para que se tomen la Radio Pudeto de Ancud, cuyos directivos han tenido que pedir protección a Carabineros. Del señor Foncea: PAVIMENTACION DE CAMINO QUE UNE AL PUEBLOS DE SAGRADA FAMILIA CON LA CARRETERA SUR, EN LONTUE (TALCA). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, a objeto de señalar la urgente necesidad de que se terminen los trabajos de pavimentación del camino que une al pueblo de Sagrada Familia con la Carretera Panamericana Sur, ubicado en el departamento de Lontué, provincia de Talca. Cabe hacer presente que la extensión total de dicha vía es de 8 kilómetros aproximadamente, de los cuales cinco se encuentran actualmente pavimentadas. A pesar de las innumerables promesas y seguridades de ese Ministerio, en el sentido de terminar totalmente la pavimentación así figuraba en los planes anuales últimos, la obra continúa inconclusa. Ello los tres kilómetros restantes, quedando significa mantener en pésimas condiciones prácticamente intransitable en épocas de mal tiempo e impidiendo el traslado de productos agrícolas a los centros de consumo. DESIGNACION DE MATRONA Y PRACTICANTE EN SAGRADA FAMILIA, EN LONTUE (TALCA). Al señor Ministro de Salud Pública, a objeto de señalar la urgente necesidad de que se impartan las instrucciones pertinentes para que el Servicio Nacional de Salud destine, en calidad de permanente, un practicante residente en el pueblo de Sagrada Familia, ubicado en el departamento de Lontué, provincia de Talca y que además se designe una matrona para el servicio de la Policlínica de este pueblo. Cabe consignar que dicho pueblo, a pesar de contar con una población de aproximadamente 4.000 habitantes, carece en la actualidad de matrona y que, en cuanto al practicante, éste no reside en Sagrada Familia y atiende cuando no tiene inconvenientes de locomoción sólo en la mañana, siendo la única persona en condiciones de suministrar los primeros auxilios a los habitantes, pues tampoco existe una ambulancia que posibilite el traslado inmediato de los enfermos. Del señor Luengo: LOCAL PARA SERVICIO DE INVESTIGACIONES DE VILLARRICA (CAUTIN). Al señor Ministro del Interior, pidiéndole se sirva tener a bien interesarse por el problema que afecta a los Servicios de Investigaciones de Villarrica, por la carencia de un local adecuado para el buen desempeño de sus funcionarios. Este Servicio funciona provisoriamente en el local del grupo habitacional Aucahuel de Villarrica, que está destinado a sede social y como el plazo de ocupación se encuentra vencido, los pobladores han solicitado la entrega de dicho inmueble. La solución a este problema consistiría en reparar y habilitar el local que ocupaba anteriormente y que es de propiedad fiscal o bien en el mismo terreno se proceda a una construcción definitiva. De esta manera se podrán cumplir en buena forma las funciones de esta institución y asimismo los pobladores podrían contar con el local que les pertenece. CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE USO Y CONCESION DE PLAYAS EN VILLARRICA Y PUCON (CAUTIN). Al señor Ministro del Interior, pidiéndole quiera tener a bien interesarse en el problema que afecta a los habitantes de Villarrica y Pucón, de la provincia de Cautín, y a los turistas que visitan esa zona, principalmente en la temporada de verano, debido a que es común que determinados ciudadanos parcelen para fines particulares, contraviniendo las disposiciones reglamentarias, las playas del Lago Villarrica y de otros lagos de la región, y, en consecuencia, ordenar el estricto cumplimiento de las normas que regulan el uso y concesión de playas. Este problema es más notorio entre las localidades de Villarrica y Pucón, donde es común que los propios habitantes de esos lugares tengan que pagar tributos para hacer uso de un bien nacional. El Senador infrascrito, mucho agradecerá, en consecuencia, la valiosa intervención del señor Ministro para dar una real solución al problema expuesto. CREACION DE 7º Y 8º AÑOS BÁSICOS EN ESCUELA DE NACIMIENTO (BIOBÍO). Al señor Ministro de Educación Pública, pidiéndole disponer la creación del 7º año básico, para el año escolar de 1973 en la Escuela Nº 19 de Nacimiento y completar el ciclo correspondiente, disponiendo también la creación del 8º año para el período de 1974. De acuerdo con las informaciones que poseo, esa escuela está desempeñando una eficiente labor en esa localidad y atiende a una numerosa población estudiantil, haciéndose notoria la necesidad de poder ofrecer a sus alumnos la completación de sus estudios en el ciclo básico. Por otra parte, a juicio del infrascrito, tal creación no demandaría gasto ni necesidad de nuevos profesores en lo inmediato a ese Ministerio, ya que los actuales, que componen la planta docente del establecimiento, podrían atender las respectivas menciones con cargo a las seis horas del artículo 90. OFICINA DE SUELDOS AGREGADA A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION VILLARRICA-LONCOCHE (CAUTÍN). Al señor Ministro de Educación Pública, pidiéndole interesarse por el problema que afecta al personal docente de las escuelas del departamento de Villarrica, quienes mes a mes tienen dificultades para obtener el oportuno pago de sus sueldos. En efecto, he sido informado de que en Temuco se habría creado a mediados del presente año una Central de Sueldos, la cual inicialmente abarcó los departamentos de Lautaro y Temuco, con la intención de integrar paulatinamente los otros que componen la provincia. A Villarrica le correspondía integrarse más o menos en septiembre, pero hasta la fecha ello no había sido posible, principalmente por la carencia de medios materiales adecuados y personal competente. Por otra parte, esa Central carece de local propio y ocupa dependencias de un establecimiento educacional, que, tarde o temprano, las requisará para atender sus propias funciones. Asimismo, al integrar al departamento de Villarrica - nuevo recargo que no está en condiciones de cumplir eficientemente - se originarían continuos viajes del personal docente, tanto para la obtención de sus sueldos como para trámites de diversa índole que se requieren para múltiples efectos (certificados, liquidaciones, etcétera). Por consiguiente, se propone la creación de una Oficina de Sueldos, agregada a la Dirección Departamental de Educación de Villarrica-Loncoche, elevándose de categoría en esta forma las funciones de habilitación que se están cumpliendo en ese lugar por parte de una funcionaría agregada. Ello requerirá la designación de personal titular y la dotación de algunos medios indispensables para llevar en buena forma esta importante y muy necesaria función. De acuerdo con lo expresado, ruego al señor Ministro que se interese por acoger favorablemente mi petición y disponer las medidas que estime pertinentes, a fin de que se pueda materializar a breve plazo la solución propuesta, que constituye también una aspiración del profesorado de la zona. REPARACION Y ADECUADA SEÑALIZACION EN CARRETERA DE FREIRE A VILLARRICA (CAUTIN). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, pidiéndole se sirva tener a bien interesarse por el problema de la falta de señalización en la Carretera de Freiré a Villarrica. En efecto, estoy en conocimiento de numerosos accidentes que estan ocurriendo en esta Carretera asfaltada como consecuencia de la escasa señalización de tránsito existente, en la que cabe destacar la ausencia de simbología para curvas peligrosas o resbaladizas, baches en el camino, etcétera, y que serían, a mi juicio, la causa de que los conductores impriman gran velocidad a sus vehículos sin reparar el peligro que dicha velocidad implica para su seguridad personal y la de los demás. Este peligro aumenta considerablemente en época veraniega, por la gran afluencia de turistas extranjeros y nacionales. En consecuencia, ruego a Ud. se digne ordenar a quien corresponda la reparación de algunas grietas existentes y, en lo principal, la colocación de señalización de tránsito, cuya carencia se acusa. VEHICULO PROPIO PARA COOPERATIVA CAMPESINA ERCILLA (MALLECO). Al señor Ministro de Agricultura, pidiéndole se sirva tener a bien interesarse por disponer que el Instituto de Desarrollo Agropecuario, organismo dependiente de ese Ministerio, dé cumplimiento a un acuerdo de su Consejo que destinó la suma necesaria para la adquisición de un camión Fiat de 8 toneladas para las necesidades de la Cooperativa Campesina Ercilla, que inclusive se había contratado con una firma distribuidora de Traiguén a la que se dio un anticipo de 50.000; pero que posteriormente, por un error de máquina, según explicaciones del Jefe del D.A.T. de Los Ángeles fue asignado a otra cooperativa. La importancia de esta adquisición, que gravitará favorablemente en el buen funcionamiento de esta cooperativa, me hace pedir a Ud. su personal intervención en esta materia, a fin de que el problema mencionado pueda resolverse en definitiva y en forma favorable, por lo justificada que es la petición. PAVIMENTACION DE CALLES DE VILLARRICA (CAUTIN). Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, pidiéndole interesarse por el problema que afecta a la ciudad de Villarrica, provincia de Cautín, la cual presenta la mayoría de sus calles con pavimento en mal estado, y que se digne disponer que el organismo competente, atienda a la brevedad posible su reparación. Como es de su conocimiento, esta ciudad está enclavada en una zona turística por excelencia, y en buena medida permite el ingreso de divisas provenientes de turistas extranjeros que visitan anualmente las bellezas naturales de la región, de tal modo que el problema que se acusa perjudica en gran medida tanto la imagen de nuestro país como su economía. CANALIZACION DE ESTEROS Y RIACHUELOS EN PUCON (CAUTIN). Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, pidiéndole disponer que un organismo competente y dependiente del Ministerio a su cargo estudie el problema que anualmente y en épocas de lluvias afecta al pueblo de Pucón, el cual ve su principal avenida inundada por falta de canalización de los distintos esteros y riachuelos que lo traviesan. Este problema es uno de los que afectan en forma más sentida a su población, y limita y dificulta el normal desenvolvimiento de todas sus actividades, las cuales por esta causa, la de las inundaciones, y en reiterados períodos, semiparalizan sus actividades (escuelas, principalmente, y abastecimientos). En consecuencia ruego al señor Ministro disponer atender con premura este problema, para cuyo efecto me permito hacer presente que la época de verano es la única y más propicia para realizar los trabajos de canalización que se requieren. Del señor Olguín: POLICLINICA PARA CARIQUIMA (TARAPACA). A los señores Ministro de Salud Pública y Director General del Servicio Nacional de Salud, en los siguientes términos: En la provincia de Tarapacá, al interior del puerto de Iquique, se encuentra el pueblo de Cariquima, distante 280 kilómetros del puerto antes mencionado. Este pueblo es el mayor de varios otros que se encuentran en las inmediataciones sin ningún tipo de asistencia médica. El problema alcanza ribetes dramáticos cuando se declaran enfermedades contagiosas o accidentes graves, pues debe transportarse a los enfermos por caminos muy malos y a distancias más que considerables para que puedan recibir atención profesional. En la mayoría de las ocasiones los casos se tornan fatales al no recibir atención oportuna. Como las necesidades se hacen cada vez más imperiosas y regulares, los habitantes de ese lugar han tomado contacto con el suscrito para solicitar por su intermedio al Servicio Nacional de Salud, que disponga la habilitación de una policlínica que atienda los casos urgentes que se presenten y, de ser posible, controle los continuos focos de pestes que se originan en el límite con Bolivia. Por lo expuesto, solicito a los señores Ministros de Salud Pública y Director del Servicio Nacional de Salud considerar lo solicitado. Del señor Rodríguez: REJUBILACION PARA FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE MINERIA. Al señor Superintendente de Seguridad Social, para que se sirva dar respuesta a las peticiones formuladas por un reducido grupo de funcionarios de la Empresa Nacional de Minería, y que dicen relación con aspectos de carácter previsional en lo referente a la posibilidad de acogerse a los beneficios de una rejubilación. Los antecedentes fueron remitidos a la Superintendencia de Seguridad Social, por el Subsecretario de Hacienda, señor Patricio Morales Salinas, por providencia 1.156, de fecha 12 de junio de 1972. Del señor Valente: TELEVISION PARA TALTAL (ANTOFAGASTA). Al señor Ministro del Interior, en los siguientes términos: La Empresa Nacional de Telecomunicaciones contrajo un compromiso con las autoridades de Taltal y con su pueblo para instalar un sistema de microonda para que la Empresa Nacional de Televisión pueda entregar este medio de entretención y difusión a esa ciudad. Los propios taltalinos aportaron fondos para que esta instalación sea materializada, sin que hasta ahora haya prosperado su anhelo. Agradeceré al señor Ministro disponer, si lo tiene a bien, que tanto la Empresa Nacional de Telecomunicaciones como la Empresa Nacional de Televisión procedan a concretar la instalación y funcionamiento del Canal para el departamento de Taltal. NECESIDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS DE TALTAL (ANTOFAGASTA). Al señor Ministro del Interior, en los siguientes términos: El Cuerpo de Bomberos de Taltal ha requerido al suscrito su apoyo para obtener que se le asignen algunos materiales indispensables para el cumplimiento de sus actividades en bien de la comunidad. Necesitan, con urgencia, que se les dote de 1.000 metros de mangueras, escalas, hachas, cordeles, implementos y equipos de trabajo. La necesidad de destinar estos elementos a los Bomberos de Taltal es imperiosa ya que cada vez que un siniestro ocurre en esa ciudad, las consecuencias son gravísimas, pues impide, entre otras cosas, una efectiva y pronta acción contra el fuego, la falta de esos materiales y el hecho de que en las viviendas prima el material ligero y muy combustible. Ruego al señor Ministro del Interior que se sirva disponer se acoja la petición del Cuerpo de Bomberos de Taltal, la que también está respaldada por el señor Gobernador del Departamento. ASIGNACION DE TRASLADO PARA FUNCIONARIOS DE LOS FF.CC. DEL ESTADO EN ARICA (TARAPACA). Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, en los siguientes términos: Cuando un funcionario de la Empresa del Ferrocarril de Arica a La Paz es enviado a cumplir funciones a las estaciones de Visviri, Central o Puquios, perciben una asignación de traslado. Esta asignación se paga cuando el funcionario viaja desde Arica a uno de los lugares de destinación. Sin embargo, cuando ha cumplido el tiempo de servicio en esas localidades y debe regresar a Arica, no se le paga la asignación de traslado lo que constituye no sólo una injusticia, sino una falta grave a las disposiciones vigentes. Cada vez que han surgido reclamos de parte del personal afectado, la Empresa se ha apresurado a pagar la asignación adeudada. Si no se formula el reclamo, el pago queda pendiente y se perjudica el empleado. Con el propósito de establecer en forma definitiva el procedimiento a que deberá ceñirse la Empresa agradeceré al señor Ministro se sirva disponer que la Empresa de los Ferrocarriles del Estado dicte las instrucciones pertinentes para que la Administración del Ferrocarril de Arica a La Paz le dé cumplimiento oportuno. ATENCION HOSPITALARIA EN UNIDAD VECINAL Nº 41, SECTOR HOSPITAL, DE ANTOFAGASTA. Al señor Ministro de Salud Pública, en los siguientes términos: He recibido de la Unidad Vecinal Nº 41, sector Hospital, de Antofagasta, una petición que se relaciona con la atención hospitalaria, formulando diversas sugerencias para resolver la falta de personal profesional. Señalan que el número de médicos que sirven en esa área hospitalaria es insuficiente para atender las numersas demandas de asistencialidad. El esfuerzo desplegado por el personal médico y paramédi-co es insuficiente para dar mejor atención profesional. Sólo para mejorar la atención de la Asistencia Pública se requiere, a lo menos, reforzar con un médico pediatra y un cirujano por turno. Se está trabajando actualmente con 6 turnos de urgencia de modo que se requerirían 6 médicos de cada especialidad. Para cubrir las necesidades del Hospital Regional, se necesitan no menos de 25 nuevos médicos, situación que se pide ser atendida con prioridad. Próximamente se abrirá en Antofagasta la Escuela de Medicina, razón por la cual la demanda de médicos, en estos instantes, es intensa. Junto a la designación de los médicos se requiere también completar el personal paramédico, de servicios y administrativo. Por último, es preciso completar las condiciones materiales del Hospital Regional con más instrumental quirúrgico, elementos de uso y empleo diario y los demás implementos necesarios para completar la atención profesional. Agradeceré al señor Ministro se sirva acoger favorablemente esta petición y resolver los puntos planteados a la brevedad. EXTENSION DE ASIGNACION DE ZONA A NUEVAS LOCALIDADES. Al señor Contralor General de la República, en los siguientes términos: La ley Nº 17.840, publicada en el Diario Oficial del 17 de noviembre de 1972, declaró que la extensión de la asignación de zona a nuevas localidades y la fijación de porcentajes para el pago de estas remuneraciones dispuestas por la ley Nº 17.654, modificatoria de la ley Nº 17.593, beneficia a todos los funcionarios y empleados del sector público cuya legislación otorga derecho a ese beneficio. El inciso segundo del artículo único de la citada ley señala que esta declaración beneficia, asimismo, a los obreros de los organismos mencionados, en las provincias en que expresamente se haya establecido esa asignación para el personal de obreros, y a todos los trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado que prestan sus servicios en las provincias y localidades mencionadas en aquellas leyes. Esta disposición, a mi juicio, incorpora el beneficio de la gratificación de zona a los obreros del sector público que sirven en aquellas reparticiones en que los empleados públicos perciben tal gratificación y, en consecuencia, se nivela el beneficio de la asignación de zona tanto para el empleado como para el obrero de la respectiva repartición pública. En vista de haber surgido diversas interpretaciones a esta norma legal, agradeceré al señor Contralor General se sirva dictaminar respecto de los precisos y verdaderos alcances de la ley Nº 17.840. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Mixto, que ha cedido veintisiete minutos de su tiempo al Honorable señor Tomás Pablo. Tiene la palabra Su Señoría. LA DEMOCRATIZACION DE LA ENSEÑANZA. El señor PABLO.- El Gobierno de la Unidad Popular, en un intento de aparecer revolucionario en el campo de la educación chilena, ha conducido al país a un debate cada vez más intenso sobre la tesis de la democratización de la enseñanza. Planteada como una concepción distinta, de neto corte popular, la idea de la democratización se ha exhibido ante el país como una creación intelectual y como una de las realizaciones más importantes de la actual Administración en el campo de las tareas sociales de la hora presente. Los hechos producidos y las graves dificultades por que atraviesa en este momento la educación chilena nos obligan a participar públicamente en este debate, con el ánimo de clarificar nuestras posiciones y aportar, desde nuestro punto de vista, aquellos conceptos y experiencias que hemos recogido a lo largo de estos últimos años. El fenómeno educacional está tan íntimamente ligado al proceso de transformación global de la sociedad, que se puede aseverar, sin lugar a dudas, que todo cambio cualitativo de esencia económica, social o política, se funda, consolida y proyecta en el quehacer educativo y cultural de la comunidad entera. La revolución no es tal si no logra transformar y perfeccionar en profundidad la calidad del ser individual y la esencia del ser social. Buscar una nueva institucionalidad sin examinar y redescubrir los valores, las normas, las conductas sociales, las formas de relación económica, social y política de los grupos humanos que integran la comunidad nacional, nos parece sencillamente absurdo e injustificable. Y como los valores, las normas, las conductas, son materia del campo educativo o de la formación del ser, resulta claro que el destino de la educación está, en toda comunidad organizada, indefectiblemente ligado al destino de la revolución y del cambio. Hacía, donde va la educación va la revolución. La acción política conduce al cambio de las estructuras, de las instituciones y de los mecanismos sociales, económicos y políticos. La acción educacional conduce al cambio de los patrones culturales del pueblo y, por lo tanto, al cambio real de civilización y a la superación de las etapas históricas que se hacen tanto más caducas cuando la necesidad del saber y la cultura adquieren dimensiones y calidad no satisfechas por los esquemas de tipo tradicional o anquilosado. El mundo del subdesarrollo necesita con dramática urgencia un cambio revolucionario en el esquema educativo-cultural de sus comunidades nacionales. Por eso, la primera interrogante que es necesario despejar en este problema que hoy tocaremos en somero análisis, es: ¿Hacia dónde va la educación en nuestros días? ¿Cuál es el deber ser de toda acción educativa, considerada como función renovadora o consolidadora del modelo social a que aspiramos? El problema sólo estará correctamente analizado si procuramos aclarar: a) Qué debemos hacer; b) Qué hacemos realmente, y c) Cuáles son nuestras deficiencias o nuestro déficit, vistos con proyecciones a futuro. Desde hace unos veinte años a esta parte, en todos los países del mundo, sin excepción alguna, se viene dando un fenómeno que es nuevo en la historia 3e la civilización y la cultura: la demanda social de más y mejor educación de parte de crecientes masas de niños, jóvenes y adultos ha crecido de manera tan rápida y acelerada, que su amplificación para los años del 70 ha obligado a la UNESCO a declarar a este período como el decenio de la educación. La explosión escolar es un problema que afecta tanto a los países desarrollados como a los subdesarrollados. En los primeros, él avance científico y tecnológico obliga a pensar en nuevas formas y perspectivas para la educación de nivel medio y superior, como necesidad ineludible de las masas escolarizables que se enfrentan a un saber cada vez más cambiante y, por lo tanto, requieren, de manera continua y permanente, de un proceso de recalificación o puestas al día que les permita seguir el proceso tecnológico y no experimentar la regresión que todo estancamiento cultural o profesional les significaría en el campo social o el económico. La educación, allí, tiende a ser masiva, científica, profesionalizante, diversificada, continua y permanente. En los países subdesarrollados, en los que campea el analfabetismo y se advierte con nitidez la falta de una ciencia y una tecnología propias, la demanda educacional tiene características distintas. Allí la exigencia educativo-cultural es de carácter básico y está referida, esencialmente, a la eliminación del estado de marginalidad cultural que viven grandes masas de niños, jóvenes y adultos cuya existencia es económicamente improductiva, socialmente retardataria y políticamente intrascendente. La educación ha tenido, en estas sociedades, una fuerte tendencia selectiva y elitista, que hoy en día se busca superar. Por otro lado, la transformación y el perfeccionamiento acelerado de los medios de comunicación social o de masas han creado condiciones de vecindad y de riqueza informativa tales, que se ha producido un crecimiento formidable en los efectos de demostración dentro de los países subdesarrollados, los que buscan - consciente o inconscientemente - acceder a los niveles de orden socio-económico, cultural y político que se advierten en las sociedades cuyos patrones constituyen prototipos de alguna forma actual de desarrollo. Dificultades que la explosión escolar ha traído consigo. En este decenio de la educación, la tarea de todos los Gobiernos - en el ámbito de los países del Tercer Mundo - es enfrentar la serie de dificultades de naturaleza nueva que la explosión escolar ha traído consigo y que necesitan, en cada caso, una solución diferente, de acuerdo a las realidades que cada comunidad nacional esté viviendo. La primera dificultad es la falta de dinero. En todos los países, el presupuesto educacional ha sido multiplicado de modo considerable En muchos se llegó, incluso, a una amplitud tan notable de la inversión educacional, que ella causó perjuicio a las inversiones para el desarrollo del país. La segunda dificultad es la falta de profesores que, por regla general, no pueden formarse en cantidad y con la calidad suficiente para seguir el ritmo extraordinario de crecimiento de la matrícula. Las dos dificultades mencionadas inciden, fundamental, en la expansión de los sistemas educativos, aspecto en el que, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen para satisfacer las demandas o requerimientos, sólo se consigue atenderlas en forma parcial y, en muchos casos, con detrimento notable de la calidad técnica media de los personales docentes y con deterioro evidente en la condición económica de los trabajadores de la educación. Por otra parte, la expansión no está ajena al problema de la calidad de la enseñanza. ¿Con qué intención la hacemos? ¿Cuál es su orientación? ¿Qué conducción le damos al proceso de expansión educativa? Como se puede observar, hay otras dificultades que son mucho más graves todavía, y que si bien no se perciben con facilidad a simple vista, son tan importantes como que ellas se refieren al fin mismo de la educción, a su contenido y a sus métodos. Baja en el rendimiento de los sistemas tradicionales de educación. Frente a las interrogantes anteriores, tenemos que dejar establecido que el rendimiento de los sistemas tradicionales de educación es muy bajo y, además, continúa bajando cada año. En los países subdesarrollados hay cada vez más alumnos atrasados en relación con los programas oficiales de enseñanza. A su vez, estos programas están más y más atrasados con respecto al contenido real de los oficios y técnicas propios de las empresas industriales, agrícolas o de las exigencias que impone el trabajo en oficinas. Tan peligrosos son estos atrasos acumulados, que muchos teóricos de la educación han llegado a pensar que la escuela, como estructura única de educación, con su grupo de alumnos escuchando al profesor, es la responsable de esta situación, y postulan el reemplazo de ella por otras formas de enseñanza como, por ejemplo, centros culturales con máquinas de enseñanza y actividades libres, o cursos por televisión, en casa. En consecuencia, el cambio cuantitativo trae, a largo plazo, cambios cualitativos que necesitamos considerar al crear las bases para un mayor rendimiento del sistema. No obstante, la mayoría de los Gobiernos ha enfrentado la avalancha de niños y de jóvenes que buscan oportunidades educacionales, tomando las medidas típicas del desarrollo lineal y tradicional de la enseñanza construir más y más escuelas del mismo tipo de las antiguas y reclutar más y más profesores con la misma formación que los anteriores y, en muchos casos, sin ninguna formación. El error consiste, aquí, en que no se pueden aplicar los criterios de la producción industrial a un proceso social en el que el producto no es una máquina construida en serie, sino un ser humano, con diferencias individuales y con un mundo interior expresable en un yo vivo, pensante, creador y libre. Fines, orientación, contenido y métodos de la educación ponen en juego, de modo determinante o decisivo, todo el esquema cultural de los distintos pueblos y definen, en largo alcance, el destino final de toda civilización humana. Por eso es bueno, tal vez, reflexionar un poco más profundamente sobre las finalidades y las formas que toma la educación en nuestros días. Estrategia mundial para la Educación. Hace poco más de un año, el Director General de la UNESCO nombró un Comité Internacional de doce miembros, con el propósito de que ellos se dieran a la tarea de definir las grandes líneas de una estrategia mundial para la educación. De ese trabajo conocemos sólo algunas ideas, como las siguientes: 1.- La educación es un proceso continuo del hombre en la sociedad y no puede detenerse antes del fin de la vida económica productiva, por lo menos; 2.- La escuela tradicional tiene que salir de su marco estrecho y mezclarse en la vida real; 3.- Los contenidos de la enseñanza tienen que ser pensados totalmente de nuevo y readaptados de manera continua a las necesidades reales; 4.- El sistema de educación tiene que utilizar al máximo todos los medios modernos de enseñanza y aprovechar todos los recursos de la ciencia al respecto, y 5.- Los fenómenos intelectuales internos de la adquisición de conocimientos y del aprendizaje tiene que ser estudiados más que antes, con el fin de mejorar drásticamente el rendimiento escolar. De las cinco aseveraciones anteriores, se desprende que la preocupación fundamental de quienes ven la necesidad mundial de transformar en profundidad la Educación está centrada, principalmente, en los aspectos cualitativos del problema de tal manera que se busca, persistentemente, que toda educación nacional sea verdaderamente científica, unificada, integrada, diversificada, democrática, liberadora, pluralista y permanente. Lograr estas características mediante un sistema educacional moderno y eficiente supone una multiplicidad de tareas cuya dimensión y calidad varían según la realidad que se presente en cada zona. Participación y desconcentración del poder de decisión, bases de la democratización. En consecuencia, una educación puesta al servicio del hombre y de su realidad y concebida como un proceso o empresa permanente de la comunidad que busca su autotransformación cultural a través de un quehacer educativo sistemático, planificado y científico, lleva implícitos dos principios básicos, que se traducen en nuevas formas de conducción o administración educacional, diferentes en cuanto permiten: a) La participación de la comunidad educativa - externa e interna - en todas las instancias del proceso. Para ello es necesario crear, organizar y hacer funcionar los organismos consultivos, normativos y ejecutivos del sistema, cuyas funciones y atribuciones deben estar claramente definidas sobre la base de los criterios científicos de la administración moderna y cuyas características básicas deben ser su genera-do:: democrática y su constitución pluralista. b) La desconcentración del poder de decisión, que debe ser transferido desde las estructuras jerárquicas, centralizadas, verticales, burocratizarlas e ineficientes, a una nueva estructura horizontal, descentralizada, de multiparticipación, desburocratizada y eficiente. En consecuencia, los principios de participación y desconcentración del poder de decisión (regionalización), forman la base de lo que nosotros entendemos por democratización. Ahora bien, si hablamos de democratización de la educación, debemos entender que estos principios se aplican, igualmente, a los aspectos administrativos, técnicos y financieros del servicio y que, en conformidad a estos criterios, la condición democrática de la educación es una característica que debe darse tanto en la institución educativa, como en los procesos educacionales, como en la calidad de su producto: el hombre democrático. Chile no es el primer país que busca la democratización de la enseñanza como un objetivo importante dentro de su proceso general de cambios. Y dentro de Chile no ha sido la Unidad Popular la primera que ha planteado la tesis de dar al pueblo las oportunidades educacionales que realmente necesita para llevar adelante un profundo proceso de transformación cultural, social, económica y política. Igualdad de oportunidades educacionales: objetivo perseguido en el Gobierno de la Democracia Cristiana. La igualdad de oportunidades educacionales se buscó, en el Gobierno de la Democracia Cristiana, a través de: 1.- La expansión más notable que haya tenido el sistema en toda la historia de la República. 2.- La creación de los servicios técnicos y de apoyo indispensables para la transformación cualitativa de la educación. 3.- La puesta en marcha de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, organismo creado para resolver los problemas asistenciales de la niñez y de la juventud proveniente de hogares de bajos niveles de ingresos. 4.- La creación del Centro de Perfeccionamiento del Magisterio, institución creada para realizar una masiva y permanente formación y recalificación profesional de todos los trabajadores de la educación. 5.- La regionalización del sistema, iniciada con la creación de 10 Coordinaciones Regionales, la primera de las cuales comenzó a funcionar, precisamente, en la cuenca del Biobío, tres de cuyas provincias represento en esta Cámara. 6.- La creación del Servicio de Bienestar del Magisterio, organización encargada de llevar adelante toda una política de mejoramiento social de los servidores de la Educación chilena. Ya en 1965, la Reforma Educacional planteó la tesis de que la democratización de la educación es, a la vez, problema interno y externo. Interno, porque debe resolver, dentro del sistema, todas las cuestiones relativas a la administración democrática del servicio, y porque debe aplicar las medidas técnicas conducentes a la realización de los programas de expansión y de mejoramiento cualitativo del sistema. Externo porque, siendo la escuela una parte de la comunidad, sufre con ella las imperfecciones y vicios del sistema económico social y político, y recoge, en la juventud y la niñez, el producto concreto de las indigencias de todo tipo que nuestro mundo subdesarrollado entrega como herencia a los que son sus hijos. Por las medidas que ese Gobierno tomó y que el país conoce, podemos decir, con toda propiedad, que allá por el año 1965 nuestra tesis sostuvo que no es democrático un sistema educacional que permite que, junto a un niño bien alimentado haya, a lo menos, dos o tres que sufren de crónica desnutrición, que le provoca daños irreparables al prolongarse por toda la etapa de la infancia; que tolera la deserción escolar, causada principalmente por la falta de recursos económicos de las familias de los asalariados - indigencia que obliga a muchos niños al trabajo prematuro y deshumanizante; que no remedia la carencia de material didáctico, de textos de estudio, de ayudas audiovisuales y otros recursos técnico -pedagógicos, hecho que es normal en muchas zonas del país que viven alejadas de la ciencia y la cultura; que consolida diferentes calidades de enseñanza al demostrarse incapaz de construir las aulas adecuadas y en número suficiente, de proporcionar el equipamiento a los locales escolares, de preparar los maestros apropiados para una enseñanza científica y para una integral formación del educando; que permanece ajeno a los problemas de vivienda, de salud, de convivencia social del educando, factores que son, en el fondo, condicionantes básicas en la formación de su personalidad y en la realización de sus aspiraciones, vocaciones y potencialidades. En suma, porque niño, familia y sociedad son entes inseparables e interdependientes en cuya formación y perfeccionamiento se ocupa el sistema educativo, planteamos en la campaña de 1970 la necesidad de dar al país una ley que transforme de modo integral las estructuras del sistema, la orientación y conducción de los procesos, las fuentes de financiamiento, la situación de los trabajadores de la educación, las relaciones de la escuela con su medio, etcétera. Aspectos que debe consignar la Ley Orgánica de Educación. Como instrumento básico del cual depende toda la innovación educacional que proyectemos, esta llamada Ley Orgánica de Educación debería consignar al menos: 1.- La institucionalización de la Comunidad Docente Nacional, como nueva expresión de la participación responsable y directa de la comunidad organizada en la formulación, ejecución y evaluación de los programas educacionales de carácter local, regional y nacional. 2.- La estructuración de un Sistema Nacional de Educación en el que se integren, como coparticipantes de la función educativa, los servicios educacionales del sector fiscal y particular, convenientemente descentralizados o regionalizados, de acuerdo a la planificación nacional del desarrollo. 3.- La creación de un Fondo Nacional de Educación, que financie los servicios educacionales fiscales y particulares, tanto en sus programas de expansión como de mejoramiento técnico. 4.- La aprobación de un nuevo Estatuto del Trabajador de la Educación, que institucionalice nuevas formas de trabajo pedagógico y administrativo para los personales dependientes de los servicios nacionales, regionales o locales de educación. 5.- La redacción de un Estatuto de la Educación Particular. 6.- La posibilidad de elaborar o formular los instrumentos técnicos adecuados para una educación integral, permanente, liberadora, racional y democrática, instrumentos cuya selección y aplicación debe decidir la propia comunidad educativa, según la orientación y conducción que desee imprimir a sus establecimientos de enseñanza. Definido nuestro pensamiento en los anteriores términos, nosotros entendemos que, dentro de una estrategia de Gobierno que busca, esencialmente, el impacto político inmediato, la idea de la democratización se haya planteado como un objetivo educacional cargado de significación ideológica y se haya traducido en una suerte de slogan que tiende a presentarla como una panacea destinada a resolver las grandes cuestiones educacionales del momento. Decreto General de Democratización dictado por el Gobierno. Improvisadamente, un poco presionado, tal vez, por la necesidad de mostrar alguna realización en materia tan delicada y conflictiva el Gobierno decidió promulgar el decreto Nº 2.048, que intituló Decreto General de Democratización. Analizar, dicho cuerpo legal será sencillo y breve. Antes quisiera, sin embargo, hacer sólo dos consideraciones generales. En primer lugar, pienso que nadie que pretenda hacer democratización tiene derecho a usar los métodos antidemocráticos: consulta parcial y dirigida, desconocimiento de la opinión o de las proposiciones de la base, toma de decisiones que son contrarias a la voluntad de las mayorías, por ejemplo. Si la consulta no es amplia, oportuna e informada, si no se recogen o consideran las opiniones y proposiciones de los organismos de base, si la decisión no obedece a un efectivo consenso u opinión mayoritaria o si ella depende de superestructuras de carácter burocrático, no podemos decir que se ha usado, en propiedad, un método o un proceso democrático de participación y decisión de la base. Eso ocurrió y ocurre con el documento que ahora analizamos. Por tal motivo lo destaco. En segundo lugar, debo dejar en claro que este decreto, en su presentación general, resulta bastante más tímido que las ideas de democratización que algunos personeros de Gobierno muy allegados a Su Excelencia el Presidente de la República intentaron vender al comienzo de su gestión administrativa. Ello se advierte en la vaguedad del texto, en la imprecisión de las proposiciones, en el sentido contradictorio de algunas de sus disposiciones y en la sujeción expresa de los organismos que se crean a la autoridad central del Ministerio, con lo cual no cambia la esencia administrativa del sistema y sólo se afecta a su formalidad. El mencionado documento plantea una nueva estructura de funcionamiento del sistema educativo a diversos niveles sobre la base de la creación, con carácter experimental, de Consejos y Comités de Educación, con el propósito de asegurar la participación de organizaciones sindicales, estudiantiles y comunitarias, en la elaboración, ejecución y evaluación de los planes de desarrollo educativo y como un medio de facilitar la coordinación de las medidas educacionales con las de carácter económico y cultural que adopten los servicios y organismos del sector público en cada nivel jurisdiccional. En su artículo 1º, el decreto crea tres tipos de Consejos de Educación, que son: Consejo Regional de Educación, uno en cada sede en que se radican los Coordinadores Regionales de Educación; un Consejo Provincial de Educación, en cada una de las cabeceras de provincia, con excepción de aquellas en que existe una Coordinación Regional de Educación y un Consejo Local de Educación, en cada comuna del país. Desde luego, cabe hacer presente que estos Consejos están estructurados en forma tal, que a representación del Estado controla cualquier decisión que pueda adoptarse en ellos, dado que en el caso de los Consejos Regionales, que se componen de 14 miembros, 7 de ellos son representantes de organismos oficiales, con derecho a voz y a voto. Sería muy difícil que entre las organizaciones comunitarias el Gobierno no tuviera al menos la posibilidad de contar incondicionalmente con un voto. El pluralismo resulta así bastante mal parado. No nos detendremos a analizar en detalle los conceptos de comunidad escolar y comunidad educativa; pero, aun dándolos por buenos en los términos del decreto, estimamos que lo acertado habría sido fijar de inmediato cuál es el sistema para la generación de sus representantes, detalle que no está consignado en las normas que comento. Ortega y Gasset decía que en definitiva la democracia depende de un mísero detalle técnico: la ley electoral. Si el régimen de comicios es bueno, todo marcha bien; si no lo es, la democracia no pasa de ser una expresión hueca por falta de representatividad. Si la generación democrática no es adecuada, la voluntad pluralista fallará por su base, y no hay que ser muy mal pensado para concluir que este Gobierno ha dado pruebas fehacientes de no ser muy dado al diálogo. En el artículo 2º se señala que dichos coordinadores serán designados por decreto, mientras que la composición específica, la organización y funcionamiento de ellos dependerá, también, de los decretos que el Ministerio deberá dictar para el efecto. En el artículo 3º se crean: a) El Consejo de Comunidad Escolar (consultivo); b) El Consejo de Trabajadores de la Educación (normativo en lo técnico y administrativo), y c) El Comité Ejecutivo. Sin referirnos en detalle a los dos primeros, debemos decir que ambos carecen de poder resolutivo y, por lo tanto, no constituyen instancias administrativas reales para el manejo de los establecimientos. En cuanto al Comité Ejecutivo, sin embargo, existe una contradicción evidente en cuanto por un lado se sostiene: Sin perjuicio de la autoridad del Jefe del Establecimiento con el cual colaborará asegurando el ejercicio colegiado de la Dirección... ejecutaré o hará ejecutar los acuerdos del Consejo de Trabajadores de la Educación y resolverá las proposiciones del Consejo o Comunidad Escolar. Y por otra parte, se afirma: El Jefe del Establecimiento es el responsable legal de la marcha del establecimiento educacional. Por tanto, en la ejecución de las decisiones del Comité Directivo, deberá cautelar que éstas respeten la planificación nacional, regional o local de la educación y la legislación y reglamentación vigentes, y las instrucciones complementarias emanadas del Ministerio de Educación. Nosotros entendemos que si a un organismo se le da carácter de ejecutivo, no puede estar dependiendo de toda clase de órdenes e instrucciones emanadas de organismos externos, y que si por añadidura se le considera colegiado, la responsabilidad legal reside solidariamente en todos sus miembros y no puede recaer en un uno solo, cualquiera que sea el cargo o la responsabilidad que dentro de él ostente. Los artículos 4º, 5º y 6°, que se refieren a los siete tipos de invitados permanentes a los Consejos Consultivos, y a las convocatorias periódicas a Congresos Nacionales, Regionales, Provinciales o Locales de Educación y a las convocatorias a Consejos Plenarios que tendrán el carácter consultivo, informativo y de evaluación de los planes educacionales, son de redacción tan ambigua que no permiten advertir con claridad el grado de participación de la comunidad en esos organismos, y más bien dan la sensación de un innecesario abultamiento y burocratización en las instancias administrativas vigentes. Por otro lado, se mantiene de este modo incólume la verticalidad institucional del Ministerio de Educación, y su tradicional paternalismo, que perdura en la tuición y centralización técnica y administrativa, ya que, desde él, se manipulará, por la vía del decreto, la composición, organización y funcionamiento de dichos Consejos y Comités Directivos a nivel Regional, Provincial y Local. En síntesis: Primero, en el decreto aludido no hay generación democrática de la comunidad educativa y escolar, las que quedan sujetas a decretos posteriores que deberá dictar el Ministerio. Por lo tanto, mientras ello no sea conocido, el pluralismo es una mera conjetura. Segundo, el documento precisa algunas estructuras sin entregar los elementos para su funcionalidad o dinamización real. Este decreto no tendrá efectos prácticos mientras no se dicten los siguientes decretos que su texto anuncia. Mantiene, en consecuencia, su calidad de instrumento legal declarativo, antes que operativo. Tercero, la real democratización dependerá en gran medida de la descentralización administrativa del servicio, unida a la delegación de poder de decisión, y no podrá acometerse de inmediato. Ello depende, sustancialmente, de la dictación de una ley, para garantizar la presencia y la voluntad participante de la comunidad en la gestión educativa de su competencia. Una palabra final para ratificar la conducta totalmente antidemocrática de algunos defensores de ese documento, cuyo contenido no corresponde al nombre y cuya gestación desdice la intención que en él se expresa. En el momento de la firma del decreto en el Palacio de la Cultura Gabriela Mistral, los dirigentes responsables de la Federación de Estudiantes Secundarios de Santiago pidieron la palabra para expresar algunas opiniones sobre el texto que en ese momento cobraba pública vigencia. Para impedir su derecho de opinión, fueron acallados con argumentos contundentes. Tan contundentes eran, que muchos de los estudiantes fueron a parar a la Posta Central y resultaron con lesiones de consideración, provocadas por los infaltables incondicionales del poder y la fuerza. Imponer una presunta democratización contra la voluntad del pueblo es el más grande sarcasmo que pueda darse en quienes dicen luchar por la liberación del hombre y por la dignificación de la persona humana. Resulta irónico que, para liberar, tengamos que someter a nuestros liberados. Ello tal vez se explique en la dialéctica marxista, que, con seguridad, un día intentará convencernos de que, retrocediendo, avanzamos, de que, negando nuestra voluntad y nuestra capacidad de decisión, encontraremos el mejor camino para realizarnos como sujetos libres y como seres capaces de construir nuestro futuro. He concedido una interrupción al Honorable señor García. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría. CAUSAS DEL ÚLTIMO PARO NACIONAL Y DE LA RESISTENCIA PASIVA. El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar deseo agradecer al Honorable señor Pablo la interrupción que me ha concedido. En los momentos en que asume la Vicepresidencia de la República el Comandante en Jefe del Ejército, he creído conveniente recordar las causas y razones que hicieron necesario el cambio de Gabinete, primero, y, después, la formulación de una política llamada de pacificación. Están todavía en discusión las graves perturbaciones que sufrió el país con motivo del paro de los gremios, cuyas consecuencias, por mucho que se distorsionen los hechos, no son otras que el cambio de fisonomía del Gobierno. En estos momentos es útil recordar y esclarecer la extensión del problema gremial, el número de las personas comprometidas, el sacrificio con que se llevó a cabo, la unidad y decisión de los gremios que lo impulsaron y sostuvieron, y los elementos y circunstancias que lo rodearon. 1. El Gobierno del señor Allende y su infracción fundamental de la legalidad. Nuestro régimen es presidencial debido a que la administración, o sea la dirección y manejo de ésta corresponde, con amplias facultades, al Presidente de la República. Pero si bien el Jefe del Estado administra con bastante libertad en materias políticas, debe conformar sus decisiones a las mayorías parlamentarias, problema que insinúe días atrás en esta Corporación. En otras palabras, un Gobierno no puede transformar nuestro sistema en cooperativo, socialista, liberal, de economía de mercado o comunista sin contar con una mayoría parlamentaria que apruebe su doctrina o plataforma política. El camino hacia el socialismo, la creación del área de economía social, la reforma de las estructuras, sólo ha podido hacerlo el Jefe del Estado y su Gabinete si cuenta con los votos suficientes en ambas ramas del Congreso. La primera gran burla a la legalidad, el primer atropello en orden de importancia, es la decisión del Primer Mandatario de implantar un nuevo régimen con aprobación parlamentaria o sin ella. Lo dijo expresamente en el Mensaje Presidencial de mayo de 1972: Ni el Programa de la Unidad Popular ni el Gobierno buscan los riesgos del salto en el vacío. Esto significa que los cambios cualitativos exigidos por el desarrollo del país y la consolidación del proceso revolucionario deben ser realizados planificada y orgánicamente con la mayor velocidad posible. Pero como nuestro régimen reposa formalmente en el principio de la legalidad, contemplamos transformar las instituciones a través de modificar las normas legales. Por eso hoy, beneficiados de la experiencia acumulada, se impone más que nunca recordar lo que dijera hace, doce meses en este mismo Congreso Pleno en mi Primer Mensaje: Nuestro sistema legal debe ser modificado. De ahí la gran responsabilidad de las Cámaras en la hora presente: contribuir a que no se bloquee la transformación de nuestro sistema jurídico. Del realismo del Congreso depende, en gran medida, que a la legalidad capitalista suceda la legalidad socialista, conforme a las transformaciones socio-económicas que estamos implantando, sin que una fractura violenta de la juridicidad abra las puertas a arbitrariedades y excesos que, responsablemente, queremos evitar. Dicho todo eso con palabras más sencillas: el Presidente quiere transformar el régimen y cambiar el sistema actual por un sistema socialista. Al Congreso le corresponde, con realismo, aprobar las medidas. De otro modo resultarán excesos (violencias) y arbitrariedad (ilegalidad), que se quiere evitar. Notificación clara de que o se accede a las medidas propuestas o habrá ilegalidad. El Congreso, como cuerpo, no se dio por aludido. En ese momento debería haberse señalado al Gobierno que su amenaza constituía una abierta ilegalidad, que se ha excedido en sus atribuciones, y que esta actitud está prevista y sancionada en los Códigos. Debería habérsele advertido que no se puede imponer cambio de régimen si ello no es acordado y aprobado por la mayoría parlamentaria. Ahí está la gran infracción. Todo nuestro régimen presidencial está fundado sobre el principio de que la decisión superior, en materias políticas, corresponde a las mayorías parlamentarias. En efecto, nuestro régimen es democrático representativo (artículo 1º). Advierto que las citas son todas de la Constitución Política. Lo anterior significa que debe gobernarse de acuerdo con las mayorías; su soberanía es representada y delegada en las autoridades establecidas por la Constitución, que son los tres Poderes del Estado (artículos 2, 24, 60 y 80). La Carta Fundamental establece que los partidos políticos tienen por objetivo concurrir de manera democrática a determinar la política nacional (artículo 9). Se reafirma el principio disponiendo que los partidos políticos tienen libre acceso a la difusión y comunicación social de propiedad estatal en proporción a los sufragios obtenidos en la última elección general (artículo 9), y que en las elecciones se empleará un procedimiento que dé por resultado una efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos (artículo 25). Por otra parte, las disposiciones constitucionales buscan los medios para garantizar la independencia de los parlamentarios, de modo que no tengan ninguna relación con el Gobierno que los pueda privar de ella (artículos 28, 29, 31, inciso segundo, 32, 33, inciso final). El señor PAPIC (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Senador? Ha terminado el tiempo cedido a Su Señoría. El próximo turno corresponde al Comité Socialista. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En seguida, corresponde el turno al Comité Nacional. Puede continuar el Honorable señor García. El señor GARCIA.- Continúo. Se establece una tuición por el Congreso sobre la conducta del Presidente, de los Ministros, de altos funcionarios, inclusive de los Generales del Ejército, pudiendo todos ser acusados y destituidos por la mayoría parlamentaria (artículos 39 y 42, números 1, 2, 3 y 6). La mayoría del Parlamento aprueba o reprueba la cuenta de inversiones del Ejecutivo, autoriza al Presidente para abandonar el territorio nacional, acepta o rechaza la renuncia del Jefe del Estado, declara si el Primer Mandatario tiene impedimentos que no le permitan ejercer sus funciones, y aprueba o rechaza los tratados (artículo 43). Parece innecesario recordar que sólo en virtud de una ley, o sea, de acuerdo con las mayorías parlamentarias, se pueden imponer contribuciones de cualquier clase y determinar su proporcionalidad o progreso; autorizar la contratación de empréstitos o de cualquiera clase de operaciones que puedan comprometer el crédito o responsabilidad financiera del Estado, crear o suprimir empleos públicos y restringir la libertad personal, y solamente por seis meses (artículo 44). Debemos recordar también que solamente por ley se puede autorizar al Presidente para la creación, supresión u organización de servicios del Estado. Creemos que frente a la situación de atropello a las decisiones de las mayorías del Congreso, no podemos menos que insistir en que el Presidente de la República es el ciudadano que administra el Estado (artículo 60), que a él le corresponde la administración y Gobierno del Estado y su autoridad se extiende a cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad exterior de la República de acuerdo con la Constitución y las leyes (artículo 71). Tiene, además, importantes limitaciones el Presidente de la República en su gestión administrativa: los nombramientos de Embajadores y Ministros diplomáticos; el otorgamiento de los altos grados militares y la destitución de jefes de oficina y empleados superiores. Todo ello debe hacerse de acuerdo con el Senado (artículo 72). Por último, el inciso tercero del Nº 10 del artículo 10 dispone que cuando el interés de la comunidad nacional lo exija la ley podrá nacionalizar o reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes de producción y otros que declare de importancia preeminente para la vida económica, social o cultural del país. Frente a este cúmulo de disposiciones, ¿habrá alguien que pueda, de buena fe, sostener que el Presidente de lo República, sin violar flagrantemente la Constitución, tiene facultades para alterar o cambiar el régimen vigente en nuestro país, establecer áreas sociales, estatificar empresas, crear sistemas y organismos de distribución de los bienes, sin que una ley, producto de la mayoría parlamentaria, se lo permita? La ciudadanía ha sido confundida por el valor que tiene un tercio de votos en el Congreso. Ello no significa otra cosa que el Parlamento no puede imponer un sistema político distinto del actual si no es por una mayoría superior a los dos tercios, salvo que se trate de reformas constitucionales, pues en tal caso puede imponerlo por mayoría absoluta, a menos que el Presidente llame a un plebiscito. Dicho de otro modo, el Ejecutivo no puede imponer su criterio legislativo en contra de la mayoría parlamentaria; en cambio, el Parlamento puede imponer su criterio en dos casos: cuando tiene más de los dos tercios o cuando se trata de una reforma constitucional y el Presidente no desea dirimir la controversia por plebiscito. Por consiguiente, el tercio sólo le sirve al Presidente para evitar que la mayoría opositora imponga una legislación, pero él, por su parte, con el tercio tampoco puede imponer su criterio. Cuando la Cámara de Diputados acordó señalar que el Gobierno se ha colocado en la ilegalidad y cuando los Senadores representativos de la mayoría parlamentaria en esta Corporación sostuvieron que en Chile se había violado el Estado de Derecho, no hicieron otra cosa que considerar los preceptos constitucionales que antes he enumerado y que están en la conciencia y en la mente de todos, y manifestar que habían sido burlados, con graves consecuencias para nuestra convivencia democrática. II. Detalles de algunas infracciones legales. Señalaré algunas disposiciones constitucionales para que la ciudadanía conozca la forma en que sus derechos han sido conculcados. 1.- Se asegura a todos los habitantes de la República (artículo 10) la libertad de emitir sin censura previa, sus opiniones de palabra o por escrito, por medio de la prensa, la radio, la televisión o en cualquiera otra forma, sin perjuicio de responder de los delitos que se cometan. No es constitutivo de delito o abuso sustentar y difundir cualquiera idea política (Nº 3). Recuerden las permanentes cadenas radiales establecidas en la segunda quincena de octubre. 2.- El inciso tercero del Nº 3 del artículo 10 dice: Todas las corrientes de opinión tendrán derecho a utilizar, en las condiciones de igualdad que determine la ley, los medios de difusión y comunicación social de propiedad o uso de particulares. Basta ver los canales de televisión 7 y 9 y leer el diario La Nación, para que íntimamente apreciemos la forma como este precepto ha sido burlado. 3.- El inciso cuarto del Nº 3 del artículo 10 establece: Toda persona natural o jurídica, especialmente las universidades y los partidos políticos, tendrán el derecho de organizar, fundar y mantener diarios, revistas, periódicos y estaciones transmisoras de radio, en las condiciones que establezca la ley. Sólo por ley podrá modificarse el régimen de propiedad y funcionamiento de esos medios de comunicación. La expropiación de los mismos podrá únicamente realizarse por ley aprobada en cada Cámara, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. Los partidos políticos de mayoría, los gremios, toda la ciudadanía de Biobío sin excepción alguna, y prácticamente todo Chile, ha pedido que no se cierre la radio Agricultura de Los Ángeles y, hasta el día de hoy, no funciona. 4.- El inciso tercero del Nº 10 del artículo 10, que ya transcribimos anteriormente, dispone que sólo la ley puede reservar al Estado los bienes de producción, y que esta ley debe declarar, además, la importancia preeminente que esos bienes tienen en la vida de la nación. Las 300 intervenciones de empresas, de las cuales no menos de 150 han sido definidas como solución permanente y no transitoria, han producido, en consecuencia, la más grave, importante y trascendental violación de la ley. 5.- El inciso séptimo del Nº 10 del artículo 10 dice a la letra: Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, calificada por el legislador. Frente a este precepto que cautela la propiedad, ¿qué pensarán las personas a quienes les han ocupado sus sitios y habitaciones? ¿Qué dirán los intervenidos a los cuales le han manejado sus fondos, les han destruido sus bienes, les han robado sus pertenencias en los campos? 6.- El Nº 12 del artículo 10 dice lo siguiente: La casa de toda persona que habite el territorio chileno sólo puede ser allanada por un motivo especial determinado por la ley, y en virtud de orden de autoridad competente. Después de leer esta disposición, hay que recordar a los agricultores que han tenido que pedir permiso para entrar en sus casas, que han dormido rodeado de grupos amenazantes, que sus enseres, muebles, útiles, han sido robados, repartidos o destruidos, que la persona de los agricultores o sus familiares fue amenazada. Y no quiero recordar algunos trágicos sucesos que, por este motivo, se produjeron. Todo lo cual dio origen a que los afectados no tuvieran otro camino que usar de la fuerza para defenderse, con las graves consecuencias que todos conocen. 7.- El inciso quinto, del Nº 14 del artículo 10 dice: Ninguna clase de trabajo o industria puede ser prohibida, a menos que se oponga a las buenas costumbres, a la seguridad o a la salud públicas, o que lo exija el interés nacional y una ley lo declare así. Si se quiere apreciar cómo se aplica esta garantía, hay que recordar, entre otros trabajos prohibidos sin ley, la actividad bancaria ejercida por particulares. 8.- El Nº 15 del artículo 10 establece a la letra: La libertad de permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse de uno a otro punto, o entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio del tercero, sin que nadie pueda ser detenido, preso, desterrado o extrañado, sino en la forma determinada por las leyes. El Director de Impuestos Internos, haciendo tabla rasa del precepto constitucional, dicta la circular Nº 105, de 28 de julio de 1972 (Boletín de Impuestos Internos de septiembre), en la cual exige para salir del país todo lo que a su formación comunista nacida de la Cortina de Hierro o de la Muralla de Berlín, se le ocurrió establecer. Ha exigido, sobrepasando todas las disposiciones, en algunos casos hasta once documentos para otorgar el simple certificado que la ley impone. En la mencionada circular se determina hasta cuántas divisas puede cada persona adquirir y, además, se le exige señalar los motivos del viaje y los lugares donde va a ir. La verdad es que la burguesía, con su amplio espíritu de tolerancia, no logró educar a los comunistas. Ellos han viajado donde han querido; cientos de ellos han estudiado en Rusia; nadie les ha preguntado nunca a dónde van, con qué dineros hacen sus viajes y cuáles son sus propósitos y finalidades. Desgraciadamente, al Director de Impuestos Internos, señor Vadell, le ha gustado obtener las franquicias para sí y para su grupo y negárselas a los demás. 9.- El Nº 17 del artículo 10 dispone (inciso 2º y 3º): Las Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Sindicatos, Cooperativas y demás organizaciones sociales mediante las cuales el pueblo participa en la solución de sus problemas y colabora en la gestión de los servicios del Estado y de las Municipalidades, serán personas jurídicas dotadas de independencia y libertad para el desempeño de las funciones que por la ley les correspondan y para generar democráticamente sus organismos directivos y representantes a través del voto libre y secreto de todos sus miembros. En ningún caso esas instituciones podrán arrogarse el nombre o representación del pueblo, ni intentar ejercer poderes propios de las autoridades del Estado. Cuando las J.A.P distribuye mercaderías, controlan los precios, se convierten en inspectores de DIRINCO y seleccionan los comerciantes que deben ejercer el comercio, están infringiendo la disposición, porque están arrogándose poderes propios de las autoridades. El artículo 44, N° 1, que ya anteriormente había reproducido, señala que la proporcionalidad de los impuestos y las cargas se puede imponer sólo en virtud de una ley. En consecuencia, son contrarios a esta disposición todos los mecanismos de distribución de automóviles, la discriminación de tarifas o en la distribución a distintos precios, la entrega de cuotas de diferentes artículos y los convenios de las empresas del área social que fijan precios que equivalen a contribuciones, etcétera. Sobre este particular, hay que recordar también el N° 2 de este mismo artículo antes señalado, que establece que sólo por ley se pueden comprometer el crédito y la responsabilidad financiera del Estado. Todas las operaciones del área social por las indemnizaciones a que tendrán derecho los perjudicados con las medidas ilegales, por las obligaciones contraídas por esas áreas y por los créditos que habrá que pagar, serán de cargo estatal, pues son de responsabilidad del Estado, sin existir ley que lo autorice. 10.- El artículo 73 dice lo que sigue: El número de los Ministros y sus respectivos departamentos serán determinados por ley. El Presidente de la República le ha dado el título de Ministro a quien le parece, como si este título no fuera reglamentado y determinado expresamente en la Constitución. 11.- El artículo 80 preceptúa: La facultad de juzgar las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los Tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República, ni el Congreso, pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes o hacer revivir procesos fenecidos. El Presidente de la República al indultar a una persona durante un proceso pendiente se está avocando el proceso, pues impide que llegue a su fin y se determine quién es culpable y quién es inocente. Es clarísimo que el indulto sólo puede aplicarse a los condenados, pues al reglamentarse esta materia, el Nº 12 del artículo 72 se refiere a los juzgados, esto es, a aquellos sometidos a proceso terminado por sentencia, como lo señalo textualmente a continuación, al determinarse las facultades del Presidente de la República: 12º Conceder indultos particulares. Los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y juzgados por el Senado, sólo pueden ser indultados por el Congreso. Los indultos que se han decretado por este Gobierno, sin considerar el grave daño que causa a nuestro sistema social, son abiertamente ilegales. 12.- No consideraré en este examen, pues es materia de un trabajo completo, los decretos de insistencia, por cuanto cada uno de los decretos a que dio origen la insistencia fue un decreto inconstitucional o ilegal, que habría que analizar separadamente. 13.- No vale la pena señalar los ocho casos de leyes aprobadas por el Congreso, rechazados los vetos e insistidas las disposiciones por los quórum legales, que no han sido promulgados por el Presidente, porque eso, más que una infracción a la Carta Fundamental, es hacer tabla rasa de nuestro sistema institucional. III. Posición de los gremios. Los hombres de trabajo, sean productores, comerciantes, empleados u obreros, transportistas o profesionales, o sea toda la ciudadanía, eligen sus representantes que son los parlamentarios, para que éstos, entre otras funciones fiscalizadoras y de tuición sobre el Ejecutivo, estudien y preparen las leyes, y cumplan la Constitución y la hagan guardar, y, especialmente para eso se constituyen fundamentalmente los Parlamentos, hagan efectiva la vigencia de las garantías individuales que nuestra Carta Fundamental asegura. Pero los mandatarios y los encargados de esta tarea no han podido cumplir su cometido: se destituye a dos Ministros del Interior por permitir la anarquía, las tomas de predios indiscriminadas, las ocupaciones de establecimientos y las amenazas y violencias contra las personas. De acuerdo con nuestros mecanismos, debería haber bastado la destitución de un sólo Ministro para que se hubieran remediado los males. No sólo éstos continuaron destruyendo al país, sino que quienes fueron juzgados y condenados ocuparon otros puestos de confianza en el Gobierno, apareciendo el Congreso como incapaz de hacer cumplir sus resoluciones. En otra ocasión, el Parlamento destituyó a un Intendente por privar a una radioemisora de su concesión. Se estimó que la medida acordada por el funcionario era ilegal, que había abuso de su parte y, sin embargo, la estación emisora, radio Agricultura de Los Ángeles, continúa silenciada. El Congreso, en pleno, después de resoluciones de sus dos ramas, acordó reiterar lo que ya estaba en la Constitución: que sólo por ley podrá crearse el área social. A pesar de ello, todos los días, con resquicios y martingalas, se prosigue la labor de estatificar todas las empresas que el Gobierno estima conveniente. No menos de tres veces el Congreso ha manifestado su decisión de amparar las radioemisoras, dándoles un financiamiento para que puedan cumplir sus finalidades, y el Ejecutivo, por su parte, persiste en su empeño y en su tarea de quitarles los medios económicos, para silenciar las formas de expresión de los partidos opositores. El Congreso pide que se cumplan las leyes con respecto a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, y el Gobierno hace caso omiso de estas peticiones. Otro día se denuncia el ingreso ilegal de bultos desde el exterior, en el que están implicados altos funcionarios; se destituye a un Ministro, se entablan procesos, y el resultado es que llegan nuevos bultos ocultos en aviones que vienen desde el extranjero y dirigidos al Ejecutivo. Se desechan las objeciones de la Contraloría, la Cámara de Diputados ejerce sus funciones fiscalizadoras y, sin embargo, se continúa impunemente manteniendo los decretos ilegales. Se establecen estancos, como el de los automóviles, absolutamente ilegales, y se ignoran los reclamos y los acuerdos del Parlamento. No se cumplen fallos judiciales; la Corte Suprema manifiesta su disconformidad, y no es oída. Se continúan las requisiciones, se persigue a los técnicos y profesionales que emigran para poder trabajar en paz, causándole el más serio e irreparable perjuicio al país, sin que el Gobierno tome ninguna medida para evitar estos graves daños. { Se destruye a la empresa privada con impuestos a la renta que exceden a la totalidad de sus utilidades, y se vetan las medidas del Congreso para salvar, aunque sea en parte, a los empresarios. Frente a este cuadro, los mandantes, el pueblo que eligió al Congreso, observan con temor que sus mandatarios no pueden protegerlos en sus garantías constitucionales, y ésa es la razón fundamental de que los gremios se hayan organizado y disciciplinadamente decretaran y resolvieran un paro, que ha sido el más grande y el más prolongado que ha tenido nuestra patria. El Ministro señor Millas, en su Exposición de la Hacienda Pública, señaló los graves perjuicios que se causaron al país en los veintitrés días hábiles en que se paralizaron las actividades, pero en parte alguna señaló las causas que llevaron a la desesperación a los hombres de trabajo ni dio la menor señal de que contribuiría a restablecer el imperio del Estado de derecho para cooperar a la pacificación del país. He procurado en esta intervención ante mis colegas del Senado, que me escuchan todos con tanta atención, y que agradezco, señalar con detalle las razones de la desconfianza de los gremios, su inquietud y su desilusión del sistema legal, que no les ha dado la seguridad a que tienen derecho, a raíz de lo cual, para hacerse oír, para que su reclamo fuera atendido, iniciaron su resistencia y la paralización de sus actividades. Y su éxito consistió en que actualmente hay en el Gabinete personas que dan confianza, como es la que todos los chilenos tienen en las Fuerzas Armadas. Lo que el Congreso no logró con los mecanismos legales, lo han logrado los gremios con su disciplina, la fe en su unión y en los destinos de Chile. No han hecho otra cosa que inspirarse en el lema de nuestro escudo nacional: Por la razón o la fuerza. He preferido resumir en la Sala del Senado estas palabras, iniciadas con la respuesta que di el miércoles pasado a la exposición del Ministro, para que tengan el marco de esta, la más Alta Corporación de la República, y lleguen al Gobierno, a fin de contribuir, con mis modestos medios, a que, dentro de los marcos constitucionales, vuelva la tranquilidad al país mediante el respeto a nuestras normas legales y sea el Parlamento el cauce de las aspiraciones ciudadanas. Si se quiere evitar la resistencia civil de un pueblo, es menester respetar las decisiones que adopte la mayoría del Congreso Nacional. De otro modo, los gremios buscarán el camino doloroso de las huelgas y de las paralizaciones, que tanto daño pueden causar a Chile. Por eso, después de la pacificación, el país espera el régimen de la legalidad. He dicho. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se levanta la sesión. Se levantó a las 19.21. Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.