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- rdf:value = " El señor MORENO.-
Con agrado contestaré la pregunta de Su Señoría, porque se trata de uno de los temas que más inquietan en el debate universitario y en los organismos técnicos abocados al problema de la reforma agraria.
Chile es un país que tiene en la actualidad una población rural que corresponde aproximadamente al 30% del total de sus habitantes, con un 24% ó 25% de mano de obra activa dedicada a la agricultura. La superficie continental de nuestra patria es de 74 millones de hectáreas, con sólo 5 millones cultivables y susceptibles de ser ampliados a 8 o 9 millones. De ellos, sólo millón y medio de hectáreas son tierras regadas. No hay duda de que, con la tecnología existente al nivel medio en países de ingresos similares al nuestro, es del todo inconveniente seguir presionando a la agricultura para que siga absorbiendo el crecimiento vegetativo de la población dentro de su sector, en lugar de transferir esa mano de obra, como está ocurriendo en todas las naciones que tienen un nivel de instalación similar al nuestro, a otros sectores más productivos y multiplicadores del crecimiento económico. Esa es la tesis socialmente adecuada y con la cual, a mi juicio, difícilmente se puede estar en desacuerdo. Por el contrario, sostener la inconveniencia de provocar un éxodo de la población rural, específicamente de la agrícola, hacia los sectores urbanos, fundándose en que el país no estaría en condiciones de absorberla, por razones de salubridad, de movilización o de trabajo, se contradice con el concepto del desarrollo de una agricultura presionada por una población que sigue creciendo y, en particular, por una agricultura que no ha podido ser tecnificada, precisamente por haber mantenido dentro de ella una cuota de mano de obra desproporcionada con la realidad.
Por eso, yo no estoy promoviendo - porque tampoco creo que se debe ser insensato - la migración desde el campo a las ciudades. Pero no podemos colocar un freno a lo que constituye un proceso natural, y que en nuestro país ya se está produciendo, a pesar de que la población rural está decreciendo, pues en los últimos diez años ha bajado, comparativamente, más rápido que lo que descendió en los últimos 50. No hay duda de que las expectativas de vida, de bienestar e, inclusive, las oportunidades de trabajo, son mejores en el nivel urbano, en el sector de los servicios.
Por eso, la indicación que he propuesto no excluye el aprovechamiento de aquella capacidad productiva que, sin duda, existió en los predios expropiados, por mala explotación o por abandono. En muchos que inclusive me correspondió expropiar cuando era Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria, se advertía un excedente de capacidad potencial productiva, sin inversiones adicionales, de aproximadamente 5% a 8% de mano de obra. Por tal motivo, esos trabajadores pueden ser incorporados en calidad de permanentes, siempre que la tierra pueda subvenir a las necesidades de sus familias, por lo menos dando trabajo para más de 220 jornadas en el año; o sea, que puedan trabajar más de 220 días dentro del predio.
Si esos predios en los cuales se pretende incorporar gente no resisten, de acuerdo con su producción y con el grado de inversión que hoy día está exigiendo nuestra economía para absorber esa mano de obra, a mi juicio, constituye una insensatez desde el punto de vista técnico y social creer que se resuelve el problema de la cesantía presionando para que los trabajadores que deben encontrar ocupación en otras esferas de nuestra economía, permanezcan dentro del sector agrícola, a sabiendas de que no sólo se van a redistribuir en las peores condiciones los excedentes de ese predio, sino que se generará una situación social insostenible para ellos mismos en el lugar donde van a permanecer.
Me habían solicitado interrupciones el Honorable señor García y la Honorable señora Carrera. Con agrado se las concedo.
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