REPUBLICA DE CHILE
DIARIO DE SESIONES DEL SENADO
PUBLICACION OFICIAL.
LEGISLATURA 317º, EXTRAORDINARIA.
Sesión 46ª, en jueves 30 de noviembre de 1972.
Especial.
(De 10.42 a 17.55).
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE, Y PATRICIO AYLWIN AZOCAR, PRESIDENTE ACCIDENTAL.
SECRETARIO, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO.

INDICE.
Versión taquigráfica.
I.- ASISTENCIA		1735
II.- APERTURA DE LA SESION		1735
III.- LECTURA DE LA CUENTA		1735
IV.- ORDEN DEL DIA:
Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite, que modifica disposiciones de los Nºs 10 y 16 del artículo 10 de la Carta Fundamental (se aprueba en particular)	1736
Anexos.
1.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto que aumenta la planta del personal de Carabineros de Chile para el Escalafón Femenino de Orden y Seguridad		1815
2.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto sobre cobro de peaje a los vehículos que transiten en dirección al balneario de Bucalemu	1816
3.- Observaciones, en segundo trámite, al proyecto sobre no reajustabilidad de viviendas adquiridas por personas jubiladas, inválidas o montepiadas	1817
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que incorpora al régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas al personal de la Corporación de la Reforma Agraria	1818

VERSION TAQUIGRAFICA.

I.- ASISTENCIA.

Asistieron los señores:

Acuña Rosas, Américo
Aguirre Doolan, Humberto
Aylwin Azócar, Patricio
Ballesteros Reyes, Eugenio
Bossay Leiva, Luis
Bulnes Sanfuentes, Francisco
Carmona Peralta, Juan de Dios
Contreras Tapia, Víctor
Chadwick Valdés, Tomás
Durán Neumann, Julio
Ferrando Keun, Ricardo
Foncea Aedo, José
García Garzena, Víctor
Gormaz Molina, Raúl
Gumucio Vives, Rafael Agustín
Hamilton Depassier, Juan
Ibáñez Ojeda, Pedro
Jerez Horta, Alberto
Juliet Gómez, Raúl
Lorca Valencia, Alfredo
Morales Adriasola, Raúl
Moreno Rojas, Rafael
Musalem Saffie, José
Noemi Huerta, Alejandro
Ochagavía Valdés, Fernando
Olguín Zapata, Osvaldo
Pablo Elorza, Tomás
Palma Vicuña, Ignacio
Papic Ramos, Luis
Prado Casas, Benjamín
Reyes Vicuña, Tomás
Rodríguez Arenas, Aniceto
Silva Ulloa, Ramón
Tarud Siwady, Rafael
Teitelboim Volosky, Volodia
Valenzuela Sáez, Ricardo, y
Von Mühlenbrock Lira, Julio.
Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamata.

II.- APERTURA DE LA SESION.

Se abrió la sesión a las 10.42, en presencia de 13 señores Senadores.
El señor PALMA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.

III.- LECTURA DE LA CUENTA.

El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
El señor EGAS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas:

Oficios.

Ocho de la Honorable Cámara de Diputados.

Con los dos primeros comunica que ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo ha hecho el Senado, los siguientes proyectos de ley:

1) El que concede amnistía a los señores Hugo Alfaro Tapia, Oscar González Galleguillos y Hernán Páez Cerda, y

2) El que beneficia, por gracia, a doña Lidia Figueroa viuda de Garay.
Se manda comunicarlos a Su Excelencia el Presidente de la República.

Con los tres siguientes comunica los acuerdos que ha tenido a bien adoptar respecto de las observaciones de Su Excelencia el Presidente de la República a los proyectos de ley que se indican:
1) El que aumenta la planta del personal de Carabineros de Chile para el Escalafón Femenino de Orden y Seguridad (véase en los Anexos, documento 1).
2) El que autoriza a la Municipalidad de Paredones, de la provincia de Colchagua, para cobrar peaje a los vehículos que transiten en dirección al balneario de Bucalemu (véase en los Anexos, documento 2).
Pasan a la Comisión de Gobierno.

3) El que excluye del sistema de reajustabilidad del D.F.L. Nº 2 a las viviendas adquiridas por personas jubiladas, inválidas o montepiadas (véase en los Anexos, documento 3).
Pasa a la Comisión de Obras Públicas y a la de Hacienda, en su caso.

Con los dos siguientes comunica que ha tenido a bien aprobar los proyectos de ley que se indican:

1) El que incorpora al régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas al personal de la Corporación de la Reforma Agraria (véase en los Anexos, documento 4).
Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

2) El que beneficia, por gracia, a doña
Norma González Méndez viuda de Rivas, y otros.
Pasa a la Comisión de Asuntos de Gracia.

Con el último comunica que ha tenido a bien aprobar las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que faculta al Ministro del Trabajo y Previsión Social y a la Directiva Nacional de la Agrupación Nacional de los Trabajadores Semifiscales para que sometan a la decisión de un árbitro arbitrador una petición de los personales de las instituciones semifiscales de previsión, y otras.
Se manda archivarlo.

Moción.

Una del Honorable Senador señor Lorca con la cual inicia un proyecto de ley que determina que la exención de impuestos establecida en el artículo 96 de la ley N° 13.305 se aplicará también respecto de las asignaciones de zona que perciban los trabajadores de las empresas del Estado y, en general, de todas las entidades en que éste tenga participación o representación.
Se manda comunicarla a Su Excelencia el Presidente de la República para los efectos del patrocinio constitucional necesario.

IV.- ORDEN DEL DIA.

MODIFICACION DE DISPOSICIONES DE LOS NUMEROS 10 Y 16 DEL ARTÍCULO 10 DE LA CARTA FUNDAMENTAL. REFORMA CONSTITUCIONAL.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde en esta sesión continuar debatiendo en particular las enmiendas propuestas por la Comisión de Constitución al proyecto que reforma los números 10 y 16 del artículo 10 de la Carta Fundamental.
Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de reforma constitucional (moción de los señores Ferrando, Irureta, Moreno, Musalem y Papic):
En primer trámite, sesión 17ª, en 20 de junio de 1972.

Informes de Comisión:
Legislación, sesión 54ª, en 22 de agosto de 1972.
Legislación (segundo), sesión 31ª, en 7 de noviembre de 1972. Legislación y Agricultura, unidas (nuevo segundo), sesión 44ª, en 29 de noviembre de 1972.

Discusión:
Sesiones 97ª, en 14 de septiembre de 1972; 99, en 15 de septiembre de 1972 (se aprueba en general); 32ª y 33, en 8 de noviembre de 1972; 34, en 14 de noviembre de 1972, y 45ª, en 29 de noviembre de 1972.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Realizada la división del tiempo disponible entre los ocho señores Senadores inscritos, a cada uno le corresponden veinte minutos.
El señor PALMA (Presidente).- En la discusión particular del proyecto, tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.
El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿Me permite, Honorable señor Hamilton?
Deseo preguntar a la Mesa quiénes son los ocho señores Senadores inscritos.
El señor PALMA (Presidente).- Los Honorables señores Hamilton, Von Mühlenbrock, Contreras, Aylwin, Jerez, Papic, Rodríguez y Valenzuela.
Naturalmente, ese orden se puede alterar, y, de acuerdo con lo resuelto por los Comités, también es factible ceder los tiempos.
Antes de otorgar la palabra al Honorable señor Hamilton, solicito el asentimiento de la Sala para empalmar esta sesión con las siguientes a que está citada la Corporación.
Acordado.

Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HAMILTON.- Señor Presidente, a propósito de la discusión habida en el Senado con motivo del proyecto que estamos examinando, quiero recordar que la reforma agraria, que se comenzó a realizar en profundidad durante el Gobierno del Presidente Frei, obedecía fundamentalmente a dos objetivos. En primer lugar, la promoción campesina: reivindicar al sector social de trabajadores más postergado de la comunidad nacional, y darle cabida, acceso, posibilidades a todas las ventajas que el desarrollo del país permite. Los campesinos, hasta ayer los pobres más pobres de Chile, pasarían, de acuerdo con ese proceso, a integrarse, a participar, a ser considerados dentro de la comunidad nacional.
El segundo objetivo, no menos importante que el anterior, era romper el estancamiento de la producción agropecuaria dando un gran impulso a este sector de la economía nacional, de manera que la tierra cultivable y el agua disponible en nuestra nación, que son suficientes para alimentar a 30 millones de habitantes, lo fueran al menos para proporcionar los alimentos que requerimos los 10 millones de chilenos.
Ahora bien, una de las realizaciones más trascendentales que llevó a cabo el Gobierno de la Democracia Cristiana fue precisamente la de haber iniciado y efectuado el proceso de reforma agraria, para lo cual se encuadró dentro de la ley, probablemente con errores, pero con respeto, en plena libertad, posibilitando la discusión pública y el juicio crítico de quienes no estaban de acuerdo con dicho proceso, permitiéndoles señalar ante la opinión pública o frente a los tribunales de justicia las equivocaciones en que pudiera incurrirse.
Ayer escuchamos aquí algunos datos estadísticos relacionados con el número de predios, hectáreas y animales que durante la actual Administración han sido objeto de la reforma agraria, como si este proceso tan profundo, importante y decisivo fuera un problema meramente estadístico y no una cuestión estructural, un problema social de tanta magnitud.
Recuerdo una anécdota que con ocasión de un debate muy similar a éste habido en el Senado contó en la Sala el Honorable señor Noemi, cuya ausencia en este momento deploro. Recordó entonces el cuento en que un hombre recién casado se ufanaba porque su mujer había tenido su primer hijo a los cuatro o cinco meses de haberse celebrado el matrimonio.
El señor CONTRERAS.- Era menos optimista que aquel chino que, no obstante ser recién casado, ya tenía un hijo grande.
El señor HAMILTON.- No escuché su chiste, señor Senador. Su Señoría habla muy bajo.
El señor CONTRERAS.- Se lo mandaré por escrito,
El señor HAMILTON.- Además, le ruego no interrumpirme.
El Gobierno actual ofreció continuar el proceso de reforma agraria en forma drástica, rápida y masiva, respetando la ley que lo regía, que los partidos políticos que ahora integran la combinación oficialista habían contribuido a aprobar y despachar con sus votos en el Congreso.
Pues bien, de acuerdo con la política seguida por la Administración anterior y en conformidad a la ley dictada por ella, el actual régimen ha podido sostener, a los dos años de gobierno, que en Chile ha terminado el latifundio. De manera que debemos entender que quienes hoy día son dueños de la tierra chilena sin considerar la que se haya en poder del Estado, aún sin asignar, son exclusivamente medianos y pequeños propietarios agrícolas o cooperativas campesinas. Ya no hablemos más del gran latifundista, del gran propietario de la tierra, porque éste, según lo que nos ha dicho el Ejecutivo, en virtud de la tarea que se emprendió en el régimen anterior y conforme a la aplicación de la referida ley, ha desaparecido en el país. No obstante, durante la actual Administración se han cometido graves errores en todo lo referente a la política agraria, y muy en particular respecto de la aplicación de la reforma agraria.
Basta señalar, para compenetrarse de la situación del campo chileno, lo ocurrido con las tomas. Hace algún tiempo, cumplidos los primeros 18 meses de este Gobierno, el Honorable señor Moreno nos trajo un informe oficial de Carabineros, que obtuvo por intermedio de la Oficina de Informaciones del Senado, en el que se daba cuenta de que en el campo se habían producido durante el actual régimen más de 1.800 tomas, vale decir, más de cuatro al día.
En seguida, no se ha respetado la ley. Y ello ha sucedido no sólo respecto del propietario, a quien se le ha desconocido sistemáticamente - sin más fundamento que una actitud sectaria o una posición ideológica que no está considerada en la ley ni tiene cabida en ella - el derecho a reserva cuando corresponde reconocerlo, por haber cumplido el propietario con las condiciones y limitaciones que el mismo texto legal establece para que aquél opere. También se ha desconocido - en los hechos, no en las palabras - la tranquila posesión y trabajo de la tierra del pequeño y mediano propietario para seguir trabajando la tierra. Son innumerables los discursos en que el señor Allende, los hombres que lo han servido en el Ministerio de Agricultura y los dirigentes de ese sector dan seguridades verbales a los pequeños y medianos propietarios de que no sólo no serán tocados, sino que van a ser ayudados con asistencia técnica y crediticia, y apoyados mediante la acción del Gobierno. Sin embargo, son dramáticos los casos presentados en todas las provincias agrícolas del país - se ha dado reiterado testimonio de ellos en esta Corporación -: a propietarios de 4, 8, 10 o 20 hectáreas se los ha privado de su tierra en forma ilegal e ilegítima, y aún no tienen posibilidad de recuperarla.
Son precisamente esos pequeños y modestos propietarios agrícolas quienes sufren la inseguridad derivada de la desacertada política que el Gobierno está siguiendo en el campo.
Pero tal vez los más frustrados con el proceso de reforma agraria al margen de la ley y en la forma como lo ha estado desarrollando esta Administración, sean los propios campesinos. A ellos estaba destinada la tierra; durante decenas de años se predicó que la tierra sería para el que la trabaja; ellos obtuvieron durante el Gobierno del Presidente Frei el despacho de la ley de Reforma Agraria; ellos debían ser los propietarios de la tierra. Sin embargo, hemos observado cómo sistemáticamente se elude entregar la propiedad de la tierra. Ya no se trata de la entrega en forma individual, cooperativa o comunitaria: no hay ninguna especie de asignación de tierra. Y los campesinos, lejos de ser liberados, de obtener la calidad de propietarios, de lograr la seguridad y tranquilidad que da la propiedad, hoy día son objeto de un proceso que para ellos significa el cambio de dueño, de patrón, pero que en ninguna forma ha mejorado su condición.
Los campesinos, que en su gran mayoría han estado en desacuerdo con el Ejecutivo, han sido objeto del desprecio y la represión gubernativos en sus personas, sus familias y sus organizaciones, como los consejos campesinos designados al comienzo de este régimen, la mayoría de cuyos dirigentes no pertenecían a la combinación oficialista, sino a la Oposición, y muy principalmente a la Democracia Cristiana. Después de haberse formado esos consejos y de haberse elegido a sus miembros, éstos dejaron de ser considerados, y en la práctica no han tenido participación ni intervención alguna.
Quiero destacar que este Gobierno, que se autodenomina popular, tiene el triste privilegio de haber encarcelado a dirigentes campesinos cuando decretaron una huelga en la provincia de Llanquihue. Todos los dirigentes de la Federación Por la Razón o la Fuerza conocieron - hecho acaecido por primera vez en la historia de Chile a dirigentes de los trabajadores del agro - la cárcel por haber defendido sus organizaciones y haber estado en contra del Gobierno.
También podemos recordar, al respecto, la forma cómo fueron tratados dirigentes de los trabajadores del campo que hace algunos meses quisieron participar y estar presentes en un debate que realizaría la Cámara de Diputados sobre la reforma agraria, y que en definitiva desarrolló, referente a la manera como se estaba cumpliendo el programa del Gobierno en el campo y como se estaba aplicando allí la ley de Reforma Agraria. La verdad es que no alcanzaron a llegar o, mejor dicho, no llegaron, porque en el camino fueron interceptados por fuerzas policiales que llevaban órdenes del Subsecretario del Interior, del Partido Comunista, las cuales los vejaron, los apalearon y les impidieron llegar. Y como si todo eso fuera poco, dicho funcionario, actuando al estilo de los patrones de épocas pasadas, se dio el lujo de decir que los dirigentes campesinos eran unos borrachos.
¡Para qué hablar de la burocracia que hoy impera en el sector agrario! La verdad es que existe más preocupación por la concientización de tipo político, por ganar adeptos para la Unidad Popular, por distribuir granjerías entre los partidarios, que por hacer progresar realmente la producción agropecuaria o por ganar lo que ellos mismos han llamado la batalla de la producción.
Podría poner muchos ejemplos sobre el particular. Me bastará citar que en la provincia de Chiloé, en la zona que represento, no se ha hecho más trabajo en materia agrícola, ni mucho menos en lo tocante a reforma agraria, que lo que se desarrolló durante el Gobierno anterior. Mas para mantener ese mismo trabajo y apoyar al sector reformado, se han contratado tantos nuevos funcionarios, que hoy día no hay sillas suficientes en las oficinas de la Corporación de la Reforma Agraria para que siquiera esos empleados tengan donde sentarse durante las horas en que reglamentariamente desarrollan su trabajo.
Podría decir, por ejemplo, que el incremento de la burocracia inútil en la provincia de Aisén ha significado que, de 12 funcionarios y un jefe de área que existían en 1970, para mantener prácticamente el mismo trabajo hoy día hay un director zonal, 5 jefes de área y 40 funcionarios, sin saberse qué labor desempeñan con relación a la producción agropecuaria.
Hay, incluso, casos pintorescos como el del jefe de área en Chile Chico, don Celestino Oyarce, quien goza del ciento ochenta por ciento de asignación de zona correspondiente a dicho departamento.
Allí no se desarrolla el proceso de reforma agraria; el jefe citado vive en la ciudad de Coihaique, donde además goza de viáticos, y a veces, para justificar su cargo, suele visitar la región de Chile Chico.
Podría seguir citando, indefinidamente, ejemplos que contribuyen a demostrar la forma como se ha disminuido la producción y como, en la misma proporción, se ha incrementado la burocracia.
El señor MORALES ADRIASOLA.- ¿Me permite una interrupción, Honorable Senador?
El señor HAMILTON.- Con todo gusto, con cargo a su tiempo.
El señor PALMA (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor MORALES ADRIASOLA.- Me parece interesante dejar constancia, a propósito de la exposición que nos está haciendo el Honorable señor Hamilton, de una cifra que considero sumamente grave y respecto de la cual pido al señor Senador que colabore a confirmarla. Se trata del dato estadístico de acuerdo con el cual en el lapso de dos años se han expropiado tres millones de hectáreas y sólo se han organizado 300 mil. Es decir, son 2 millones 700 mil hectáreas las que no tienen siembras y, en consecuencia, no tendrán cosechas.
Este es uno de los principales factores que han contribuido a que el país está sufriendo el grave desabastecimiento alimentario que todos conocemos.
El señor HAMILTON.- Este desprecio por la producción y este afán de usar la burocracia con fines proselitistas se refleja, en mejor forma, en la persona que hoy día desempeña el cargo de Ministro de Agricultura. Nadie conoce ni se ha explicado al país cuáles son los títulos o los atributos técnicos o profesionales que el titular de esa Cartera tiene para desempeñar dicho cargo en estos momentos tan dramáticamente difíciles para la economía del país y para su desarrollo agrario. El único antecedente que tenemos es que el actual Ministro de Agricultura fue dirigente de las guerrillas de Chaihuín, detenido, procesado y encarcelado por los tribunales de justicia, de acuerdo con la ley, durante el Gobierno anterior, y que bajo la actual Administración obtuvo el beneficio del perdón, del indulto otorgado por el Presidente de la República, juntamente con los delincuentes de la VOP, del MIR y de otras organizaciones terroristas.
Ahora bien, ¿cuáles han sido los resultados de esta desastrosa administración del sector agrario por parte del Gobierno de la mal llamada Unidad Popular? La anarquía, el desorden, la inseguridad y el caos. ¿En qué se traducen? En la baja de la producción, el desabastecimiento, la carestía y el mercado negro.
El propio Ministro de Agricultura, en una de sus primeras declaraciones después de asumir el cargo, desconoce la validez y la veracidad de las informaciones y estadísticas oficiales que hasta entonces estaba entregando el sector agrario. El Gobierno mismo proporciona datos alarmantes, tales como el de que la producción de trigo, que en 1970 era de 12 millones de quintales al año, en estos dos últimos años ha bajado a menos de 6 millones de quintales; es decir, a menos de la mitad. En otras palabras, hemos retrocedido en esta materia, en el lapso señalado, no menos de diez años. ¡Esto sí que también es un récord de la Unidad Popular!
Por otra parte, la importación de alimentos, que es un índice por medio del cual se puede juzgar hasta dónde la producción ha bajado o se ha incrementado, ha tenido éxito o ha fracasado, ha aumentado de 150 millones de dólares, que era aproximadamente en 1970, a más de 500 millones de dólares, que serán, según las versiones oficiales del Gobierno, las necesidades de importación del año en curso.
Todo lo anterior se traduce, para el hombre, para la mujer y para el joven común, en el campo y en la ciudad, en carestía y desabastecimiento; y mañana, lamentable e inevitablemente, en hambre y desesperación.
En estas circunstancias se ha presentado el proyecto que estamos discutiendo. Este es el cuadro general que justifica que se haya presentado, por el Honorable señor Moreno y por otros Senadores de la Democracia Cristiana, la iniciativa que hoy aprobaremos y que en lo sustancial - no quiero entrar al análisis de detalles que se han ido perfeccionando mediante el trabajo realizado tanto en la Comisión como en la Sala y que ha servido para demostrar que no ha habido sectarismo de especie alguna, pues también algunos Senadores de Gobierno han contribuido a mejorar sus disposiciones mediante el juicio crítico - pretende dar seguridad y tranquilidad al propietario de la tierra, al modesto y al pequeño propietario, que son los únicos que quedan después de la aplicación rápida, drástica y masiva de la ley de Reforma Agraria, y convertir al campesino en propietario individual, cooperativo o comunitario de la tierra que trabaja y que le corresponde en propiedad, de acuerdo con la ley.
Estas son las dos ideas centrales y fundamentales del proyecto que en estos instantes nos ocupa. Y éstas son también las dos circunstancias por las cuales la iniciativa no sólo es buena, sino también indispensable para dar al modesto, mediano y pequeño productor, al campesino transformado en productor, la seguridad que necesita para trabajar y hacer un aporte de sacrificio y de trabajo no sólo en beneficio propio, sino también en el de la comunidad entera.
Tengo especial interés en referirme a una de las partes de esta iniciativa, producto de una indicación que yo formulé. Se trata de que la norma de inexpropiabilidad que se propone para todo el país, que equivale a 40 hectáreas de riego básicas, en la Patagonia chilena se amplíe al doble, o sea, al equivalente a 80 hectáreas de riego básicas. Y esto, de manera fundamental, en Chiloé continental, en Aisén y en Magallanes, o sea, en la zona colindante con la Patagonia argentina.
Celebro la acogida que mi indicación tuvo en la Comisión de Legislación. Y también, por cierto, el apoyo posterior que le prestaron los demás señores Senadores de la Zona Austral salvo la excepción del que representa al Gobierno, cuya opinión no conozco, porque no ha sido dada ni en la Comisión ni en la Sala, algunos de los cuales, a pesar de haber tenido inicialmente posiciones diversas, en definitiva concurrieron con su voto a apoyar la idea que propuse.
¿Por qué presentamos la indicación a que me estoy refiriendo? En primer lugar, porque la tabla de conversión para establecer la equivalencia en esa zona no fue consignada por ley en el Congreso, sino en términos administrativos por el actual Gobierno; y tampoco fue hecha con criterio técnico, sino político.
En segundo lugar, porque las tierras de la Patagonia chilena tienen mucho menos productividad que las del resto del país. Allá la equivalencia de las 40 u 80 hectáreas de riego básicas es menor en términos económicos, en términos de producción, que en las Zonas Central o Norte, en razón del aislamiento, de las dificultades de abastecimiento, de la escasa infraestructura y del compromiso que el país entero tiene con esa zona, particularmente con sus colonos.
Por último, y con esto quiero terminar, en la zona existe un acuerdo entre los productores y los campesinos, entre los colonos y quienes trabajan la tierra, en el sentido de que se les aplique lealmente la reforma agraria. ¿En qué forma? Respetándose la reserva para el propietario.
El señor PALMA (Presidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor HAMILTON.- El Honorable señor Valenzuela me ha cedido tres minutos del que le corresponde. Por consiguiente, me parece que puedo poner término a mis observaciones sin necesidad de la urgencia a que me siento compelido.
El acuerdo a que me estoy refiriendo y en el cual han participado todos los sectores de la producción agropecuaria de las provincias australes, consiste en que se respete, en primer lugar, la reserva para el propietario, sin discutir, en el caso de esas provincias, si la tierra está bien o mal trabajada. Por una razón muy sencilla: ésa es una zona de conquista donde no hay tierras técnicamente bien trabajadas. Es un suelo que se está ganando por el hombre día a día, como producto del trabajo constante y de una difícil lucha contra la naturaleza.
En segundo lugar, que se respete al pequeño y mediano campesinos, propietario o colono; es decir, que realmente se les dé el respaldo de la ley, de la autoridad, para que puedan seguir trabajando y colaborando tanto en su propio bienestar como en el de la comunidad a que pertenecen.
En tercer lugar, que las tierras fiscales, las expropiadas o las que excedan la cabida, reserva o unidad económica que se respetan al propietario o colono, sean para el campesino que las trabaja, para quien labora en esos mismos predios.
Este es el acuerdo que se adoptó respecto de una zona donde sobran tierras y faltan brazos que las trabajen, donde hay compromisos adquiridos por el Estado con hombres venidos de otras zonas del territorio, e incluso desde Argentina y de otros países, quienes han llegado a colonizar el suelo austral.
Estamos exigiendo, entonces, que se respete el derecho que tienen estos campesinos, mediante la aplicación leal de la ley de Reforma Agraria a las particulares condiciones de la Patagonia chilena. Y en lo que hemos logrado, agradecemos principalmente a la Comisión de Legislación y al Senado, que ya aprobó una indicación mía en un proyecto similar presentado por el Honorable señor Foncea, y también a los demás colegas de la Agrupación Provincial que represento, con la excepción del Senador de Gobierno, que antes señalé, quienes repito, a pesar de haber tenido una posición inicial diferente, consideraron que lo propuesto era lo mejor y han concurrido con su voto a respaldar la iniciativa del Honorable señor Moreno.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Aylwin.
El señor AYLWIN.- Señor Presidente, ayer escuché con asombro las expresiones vertidas por los Senadores socialistas y comunistas que intervinieron en el debate, cuando se preguntaron cuál sería la opinión de los campesinos con relación a este proyecto. Sus Señorías, y en especial la Honorable señora Carrera lamento que no esté presente en esta oportunidad, manifestaron que los campesinos no eran, en modo alguno, interpretados por esta iniciativa legal, la que respondería a intereses de sectores patronales, derechistas o capitalistas, y no al pensamiento del sector campesino.

Menosprecio de los campesinos.
La verdad, sin embargo, es muy distinta. Deseo recordar que estas palabras de los dirigentes y parlamentarios socialistas confirman el criterio expuesto en el Documento Agrario aprobado por el Congreso Regional Santiago-Centro del Partido Socialista, efectuado en junio último, que apareció publicado en la revista Punto Final en su edición del 15 de agosto del año en curso. En este documento se plantea la ignorancia de que la Unidad Popular y el oficialismo en general adolecen respecto del pensamiento campesino. En una parte en que se refiere a la política agraria seguida por el actual Gobierno, se lee textualmente lo siguiente:
Se creó el contrasentido que habiendo la UP planteado la participación como elemento fundamental en la incorporación de las masas a las tareas de Gobierno, los campesinos han sido menospreciados y están ausentes de las verdaderas tareas de importancia.
A confesión de parte, relevo de pruebas.
¿Cuál fue el origen del proyecto? La tendencia inequívoca del Estado a imponer a toda costa las haciendas estatales, menospreciando el sentimiento de los campesinos y negándose a hacer las asignaciones de tierras a los asentados, ya sea en propiedad individual o en propiedad cooperativa.
Cité y denuncié en esta Corporación hace algunos meses - sobre el particular, solicité dirigir algunos oficios que no han tenido respuesta - los casos de los asentamientos San Diego y Flor del Llano, ambos ubicados en la comuna de San Clemente, y del asentamiento San Luis de Panimávida, de la comuna Colbún, que llevan varios años pidiendo la asignación de títulos en propiedad cooperativa, porque los campesinos también están de acuerdo en esta fórmula; pero las asignaciones todavía no se han hecho.
Este menosprecio hacia la opinión de trabajadores del campo se comenzó a manifestar tan pronto se estableció el actual Gobierno. En efecto, a comienzos del año pasado llegaron a visitarme, mientras desempeñaba el cargo de Presidente de esta Corporación, los dirigentes de la Confederación Nacional de Asentamientos y Cooperativas de Reforma Agraria. Eran más de treinta. Acababan de celebrar un congreso en la ciudad de Quillota, en el cual habían adoptado ciertos acuerdos que quisieron comunicar al Presidente de la República, quien no los había recibido. Trataron de entrevistarse con el Ministro de Agricultura, pero éste tampoco los recibió. Finalmente, intentaron conversar con el Vicepresidente de la CORA, quien también se negó a recibirlos. Entonces acudieron al Presidente del Senado.

Una carta del Presidente del Senado.
El 26 de marzo de 1971 envié una carta al Jefe del Estado en la que le transcribía las inquietudes que preocupaban a esa confederación, haciéndole presente que, principalmente, los campesinos planteaban la destinación de las tierras expropiadas para la reforma agraria y la participación de las organizaciones campesinas en este proceso de reforma. A propósito del primer punto, manifestaba a Su Excelencia:
La Confederación rechaza las haciendas estatales y reclama el cumplimiento de la ley 16.640 sobre reforma agraria, tanto en lo que se refiere a la inmediata constitución de asentamientos en los predios expropiados, cuanto en lo que respecta a la asignación de las tierras en propiedad en la forma prevista en esa ley.
Más adelante, detallando este punto, expresaba al Presidente de la República:
Se han suspendido totalmente las asignaciones de tierra en dominio familiar, cooperativo o mixto que ordena el artículo 67 de la misma ley. Por el contrario, autoridades y funcionarios del sector agrícola han enfatizado a los campesinos que sólo se les otorgarán título de dominio sobre la casa y el huerto y que el resto de las tierras expropiadas se constituirán en Haciendas Estatales.
Fundando este aserto, citaba al Presidente de la República algunos párrafos del documento titulado Análisis y Proposiciones para una Política Socialista en el Campo, de la Comisión Nacional Agraria del Partido Socialista, en el que se dice textualmente:
Se espera que con el tiempo desaparezcan los comités de pequeños agricultores y las cooperativas, en la medida en que cumplan su gran labor en un doble sentido: la de facilitar el paso de la explotación individual a la explotación colectiva y la de facilitar el paso de la propiedad privada a la propiedad estatal.
En cuanto a los asentamientos, expresamente se dice que no deben formarse donde aún no se hayan constituido, y en los ya instalados hay que orientar a la gente para que continúe trabajando en común y las tierras sigan en propiedad del Estado.

La respuesta del Presidente de la República.
¿Qué me contestó el Presidente de la República a este planteamiento, en que le advertía lo que estaba ocurriendo y le señalaba las inquietudes de los campesinos chilenos? Me dijo, en una carta publicada en los diarios de Santiago el 15 de abril de 1971, lo siguiente:
En relación con la asignación de las tierras expropiadas, este Gobierno comparte su preocupación, ya que de los campesinos asentados en la anterior administración sólo se asignó tierras a 5.184 de ellos y 5.586 que de acuerdo a lo establecido en la ley deberían haber obtenido la asignación de la tierra por haber cumplido los plazos correspondientes, no habían logrado todavía la asignación respectiva. He impartido instrucciones a la Corporación de la Reforma Agraria para que ponga término a la brevedad a esta situación, que no es de responsabilidad nuestra, asignando las tierras en conformidad con lo establecido en la ley vigente.
Agregaba el Presidente de la República:
Lamento además que sobre este aspecto usted haga eco de las campañas tendenciosas de los enemigos del movimiento popular, que han levantado una falsa imagen entre los campesinos en relación con las haciendas estatales.
Continuaba puntualizando sobre esta materia que las haciendas estatales sólo serían una excepción muy calificada.

Hacia las haciendas estatales.
Pues bien, esas instrucciones que el Presidente de la República me dijo haber impartido, si es que realmente las impartió, jamás fueron cumplidas. Los predios que los campesinos de la Confederación Nacional de Asentamientos señalaron al Presidente de la República y al Vicepresidente de la CORA para su asignación, no han sido asignados hasta ahora. Entre tanto, en junio del año pasado, o sea, a tres meses de haber dirigido esa carta al Presidente de la República, se reunió la Comisión Nacional Agraria Socialista CONAS, la que, en un documento cuya autenticidad ha sido reconocida, dice textualmente lo siguiente:
En cuanto a la forma específica que debe asumir el área socialista, el eje central de ésta es la Hacienda Campesina.
Como forma de propiedad superior, la Hacienda Campesina estará integrada al área de propiedad social, con lo cual iremos fortaleciendo el sector estatal que se constituirá en el sector dinámico de la economía.
En cuanto a la forma de asignación de la tierra, se plantea crear un Fondo Nacional de Tierras con todo lo que se expropie al latifundio y en cuanto a la renta y excedente que generen estas tierras se plantea la necesidad de crear un Fondo Nacional de Haciendas Campesinas que permitirá el manejo de las utilidades que produzca el sector reformado.
Es decir, no obstante lo que el Primer Mandatario me dijo, y que no se cumplió, y a pesar de su escándalo ante el hecho de que yo me hiciera eco de la campaña contra el Gobierno popular al afirmar que tenía antecedentes de que se buscaba crear las haciendas estatales, resulta que lo que realmente pretende la Unidad Popular es precisamente eso, como se desprende del documento oficial del Partido Socialista. Y la mejor confirmación de lo anterior la hemos tenido en la indicación presentada por el Gobierno al proyecto en debate, en virtud de la cual, tratándose de unidades productivas de importancia preeminente para el desarrollo de la agricultura, de la economía o para la seguridad nacional, por su incidencia en el comercio exterior, por requerir una fuerte concentración de capital o utilización de tecnología avanzada, su vinculación con la producción agro-industrial, su significativa aptitud forestal, sus condiciones ecológicas o por sus características geopolíticas, las tierras que las constituyen pasarán a formar parte de las áreas social o mixta de la economía.
Con esto, el Ejecutivo, aunque gramaticalmente aparezca como una excepción, está creando las haciendas estatales como regla general. ¿Qué cultivo no tiene importancia para la economía? ¿Qué cultivo no tiene importancia para el comercio exterior? Si disminuye la siembra de trigo, de arroz, de remolacha, ¿no vamos a tener consecuencias en el comercio exterior por la necesidad de importar más alimentos? ¿Qué cultivo no requiere en estos tiempos tecnología avanzada? No sólo las viñas. Para que haya un cultivo eficiente en la agricultura, se requiere tecnología avanzada. En consecuencia, invocando las excepciones, la letra de la indicación del Ejecutivo, toda el área reformada se puede convertir en propiedad social, lo que, en buen romance, en el lenguaje que caracteriza a la Unidad Popular, significa crear haciendas estatales.

Lo que quieren y necesitan los campesinos.
Contra esto reaccionan los campesinos. Y contra ese peligro, interpretando la legítima inquietud y angustia de los trabajadores del campo, que viven o laboran en el área reformada, se ha patrocinado esta iniciativa de reforma constitucional, a fin de forzar al Gobierno, que desde el comienzo dijo que respetaría y cumpliría la ley, pero que en esta materia, como en tantas otras, ha desmentido sus palabras con los hechos; a fin de forzarlo, digo, a hacer las asignaciones de tierras no en propiedad individual, como señaló ayer la Honorable señora Carrera, sino en cualquiera de las formas previstas en la ley de Reforma Agraria, o sea, en propiedad individual, cooperativa o mixta.
Al proceder de esta ¡manera, no sólo estamos interpretando la voluntad enormemente mayoritaria de los campesinos, sino que también estamos tratando de encontrar una fórmula para estimular al campesinado a que, siendo dueño de la tierra que trabaja, estabilizando su situación y sabiendo que puede hacer inversiones con seguridad, supere el estado de desmoralización en que la incapacidad, la torpeza y el sectarismo de la política gubernativa en el campo lo han sumido, y pueda cumplir su tarea productiva.

Crisis de nuestra producción agrícola.
El documento del Partido Socialista, que publicó Punto Final el 15 de agosto último, al cual me referí, señala en términos dramáticos que Chile tendrá que importar este año cuatrocientos millones de dólares en alimentos y más de cien millones en insumos agrarios, y deja constancia de que eso se debe - leo textualmente - a que hemos sido incapaces de provocar un alza de la producción agropecuaria; muy por el contrario, ha sufrido una caída que difícilmente superaremos, especialmente en el sector expropiado, con el agravante de que es este sector donde se ha volcado el máximo de recursos que superan el 60% de la inversión para el sector agrario.
¿Qué significa esto? ¿Por qué se ha producido tal situación? Por la incapacidad, por el sectarismo y, sobre todo, porque no se han creado las condiciones morales para que el campesino trabaje con entusiasmo, con fe.
El gran lema de la reforma agraria fue siempre - ayer el Honorable señor Chadwick recordaba que los partidos de Izquierda habían luchado por él - la tierra para los campesinos; pero ofrecieron mucho de eso, hicieron muchas gargaritas con esa frase y nunca presentaron proyectos de ley sobre la materia ni concretaron sus ideas, razón por la cual fue necesario que llegara el Gobierno democratacristiano para realizar efectivamente una reforma agraria seria en Chile. Y este Gobierno ha ido destruyendo esa reforma con su sectarismo e incapacidad.

Oportunismo de un convenio.
Una última palabra, señor Presidente: la Honorable señora Carrera decía ayer que el documento suscrito por el señor Ministro de Agricultura y los dirigentes de las organizaciones campesinas el jueves de la semana pasada, era una prueba de que los trabajadores del campo están en contra de esta reforma y de que el Gobierno va a asignar las tierras. Yo señalo lo contrario. Ese documento empieza con el compromiso del Gobierno de asignar las tierras. Pero tal propósito no es más que una consecuencia del proyecto en debate, ya que, en vista de que iba a ser aprobado en el Congreso, el Gobierno se vio en la necesidad de entrar en compromisos con los campesinos, compromisos que no valen nada a la luz de la historia de lo que ha sido este Gobierno: en veinte ocasiones ha formulado promesas que los hechos desconocen al día siguiente.
A mi juicio, este proyecto ha tenido el mérito y la virtud de abrir los ojos. Interpreta profundamente el sentimiento mayoritario de los campesinos. Y si ahora las tierras fueran asignadas, el Gobierno no podrá invocar ese hecho como un mérito suyo, sino como consecuencia de que ha sido forzado mediante esta iniciativa a cumplir la ley que hasta ahora, después de dos años en el poder, ha estado dejando de cumplir.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Contreras.
El señor CONTRERAS.- He escuchado pacientemente las observaciones de los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra. Y he llegado a la conclusión de que aquí se puede decir todo lo que se quiera y sostener que ello es verdad, aunque la historia sea adversa a quien ello afirma.
Se ha dicho aquí que esta Administración ha atropellado la ley y que no ha cumplido las disposiciones de la reforma agraria; pero es necesario que entremos en materia. No voy a recoger todas las insidias lanzadas en contra del Gobierno y de los funcionarios oficiales, porque da la impresión de que quienes intervienen en esta Sala nunca han participado en las labores gubernativas, y si lo han hecho, parecen pensar que todo cuanto realizaron fue perfecto, pues, según ellos, desde la independencia de nuestra patria, los políticos han cumplido cabalmente sus compromisos y las promesas contraídas con el país. En el año 1921 el Diputado obrero Luis Emilio Recabarren, con motivo de esos discursos, refiriéndose a las promesas, decía lo siguiente: Ustedes prometen mientras meten, y una vez que han metido, se olvidan de lo prometido. Creo que ese refrán habría que recordárselo durante muchos años a varios Senadores, para que no se olviden de las promesas hechas a la ciudadanía, ya que en forma lamentable se han olvidado de ellas.
Se invoca actualmente la no participación del pueblo. ¡Ojalá que en una próxima oportunidad nos informaran qué participación le han dado ellos! Nos hablan de libertad y democracia; sin embargo, ¿qué participación han dado al pueblo, para que vengan a este recinto a hablar de democracia?
El señor HAMILTON.- ¡Esa es una dura crítica al socialismo!
El señor CONTRERAS.- No sé a quién afecte esta crítica; pero si es a ustedes, recójanla en su oportunidad.
El señor HAMILTON.- ¡A quien le venga el sayo, que se lo ponga!
El señor CONTRERAS.- Si no le corresponde a usted, guarde silencio.
Entramos a tratar el problema de la reforma constitucional. En las Comisiones Unidas dije que, a mi juicio, esta cuestión no debió ser materia de reforma constitucional. Modestamente di mi opinión sobre el particular, porque la tenencia de la tierra constituye un problema extremadamente complejo. Desde comienzos de este siglo, en todo el mundo se vienen realizando experiencias al respecto con el objeto de encontrar una solución ecuánime que permita explotar científicamente la tierra y que ésta rinda de acuerdo con las exigencias de consumo de la población. Sin embargo, en ningún país se ha encontrado todavía la manera más eficaz de conseguir el óptimo rendimiento y obtener los objetivos que se persiguen. De manera que esta reforma constitucional no podría significar una solución adecuada a este problema, que en el caso de Chile es mucho más complicado aún por una serie de razones: carecemos de cabida de suelos agrícolas suficiente como para atender a las necesidades internas. Además, poseemos una agricultura atrasada y, por ende, las dificultades son mucho mayores.
El inciso primero del artículo 1º de la reforma propuesta otorga a los campesinos título de dominio. Sobre el particular nadie se opone, pero ha habido opiniones discrepantes. Sin embargo, en una democracia no pueden dejarse de escuchar las opiniones disidentes con la tesis que sostienen los patrocinadores de esta reforma. ¿Acaso otras personas no pueden tener planteamientos diferentes? Me parece que sí.
Estamos discutiendo una reforma que, en el fondo, es una iniciativa de carácter político, porque los señores de la Oposición estiman que así deben hacerse las cosas. Pero, ¿nosotros no podemos tener una opinión adversa a la de ellos, o es que nos quieren privar del derecho a pensar de manera diferente?
Se preguntó denantes por qué no hemos patrocinado proyectos de ley sobre la materia. Pero Sus Señorías saben perfectamente bien como corren las leyes, si se me excusa el término popular. ¿Cuál es el trámite de los proyectos? ¿Qué ganamos nosotros con presentar muchas iniciativas? Desde luego, hay gente que nos puede ayudar a prepararlas. Sin embargo, ¿cuándo se despachan? Los proyectos los aprueban quienes tienen mayoría. Y se da el caso de que ni siquiera a los que envía el Ejecutivo, que tienen urgencia, se les da el trámite y la rapidez que el caso requiere. Para justificar nuestra labor en este recinto, la mayoría de nosotros tiene que conseguir algo por la vía de la indicación, porque es el único camino de que disponemos.
En la legislatura pasada, presentamos un proyecto de ley para favorecer a las 32 viudas que, desgraciadamente, perdieron a sus esposos en el hundimiento del, vapor Santa Fe. El Senado despachó tal iniciativa en junio o julio de este año, si no me equivoco. ¡Todavía está en la Cámara de Diputados, porque no hay quien lo patrocine o pueda tramitarlo con rapidez! De manera que no es producto de la incapacidad; no es producto...
El señor HAMILTON.- Seguramente ese proyecto no tiene urgencia.
El señor CONTRERAS.- La tiene.
El señor MORENO.- Entonces tiene que ser despachado.
El señor CONTRERAS-Si no hay interés en Comisiones, allí estará.
El señor MORENO.- Pero en la Cámara hay Diputados socialistas y comunistas que pueden sacarlo.
El señor CONTRERAS.- Yo no he concedido interrupciones al Honorable señor Moreno.
Denantes me equivoqué. En realidad, el proyecto a que me referí, aun cuando está Incluido en la convocatoria, no tiene urgencia.
En otra parte de la reforma se establece un plazo de dos años para entregar los títulos de dominio a los asignatarios de la tierra. La ley de Reforma Agraria fija tres años; pero a los señores Senadores da la Oposición se les ha ocurrido que tal plazo es amplio y existe necesidad de limitarlo a dos años, porque, según ellos, este Gobierno no ha cumplido ni cumple la ley.
Debo decir que durante la Administración de don Eduardo Frei se expropiaron 1.408 predios. ¿Cuántos fueron asignados a los campesinos durante los seis años del Gobierno anterior? Se asignaron 104.
¿Cuántos quedaron por adjudicar? 1.304. ¡Esta es la herencia que nos dejaron los señores Senadores que fervorosamente llegan a este recinto a romper lanzas y a decir que no se han entregado títulos de dominio a los campesinos!
El señor MORENO.- Está absolutamente errado el señor Senador.
El señor CONTRERAS.- No estoy nada de errado.
Bueno, ¿por qué razón no se entregaron esos 1.304 predios a los campesinos?
Durante este Gobierno se han expropiado 5.191 predios. ¿Cuántos han sido asignados a los campesinos en dos años? 74. Evidentemente que son pocos. Hay 30 por entregar, con lo cual se va a alcanzar la cantidad de predios que entregó el Gobierno anterior.
Por otra parte se dice: Es un escándalo la manifiesta negligencia del Gobierno. Y el término negligencia es suave frente a los que usan para tratar a los funcionarios de CORA e INDAP, para quienes se emplean palabras mucho más duras.
Yo les pregunto: ¿Qué sucedió en el predio Alborada, ubicado en la provincia de Coquimbo? Cuando se expropió en 1966, se dio a los campesinos un cartoncito prácticamente, un diploma, en el cual se decía que, desde esa fecha, eran ellos los dueños de la propiedad. Pero ocurrió que, terminado el período de la anterior Administración, no se les había entregado título de dominio a esos campesinos. Sólo el 13 de junio de 1972 - durante el actual Gobierno - se les asignó la tierra en propiedad.
Por otra parte, se habla de la necesidad de incorporar a los campesinos a la producción, al trabajo del campo. Sin embargo, entre los discursos, las opiniones que se emiten, y los hechos, hay una distancia bastante grande.
Sabemos que se practican las expropiaciones y que al dueño del predio le corresponden 80 hectáreas de riego básicas. Quedan en poder del dueño, además, las maquinarias y todos los útiles de labranza.
El resto, se distribuye entre los campesinos. ¿De qué medios disponen éstos para cultivar la tierra? En algunos casos, ni siquiera cuentan con una pareja de caballos para roturarla.
¿Por qué los señores Senadores, que son estudiosos, profesionales y, según ellos, gente muy inteligente, ignoran que el cambio de la tenencia de la tierra es un problema de vastas complicaciones? ¿No lo saben? Sí, lo saben. Y esos señores profesionales, abogados, imponen al Gobierno la obligación de entregar en el plazo de dos años todos los títulos de dominio. Y, como si esto fuera poco, en el artículo transitorio se establece el plazo de sólo un año para entregar 5.191 predios a sus actuales ocupantes.
Los señores abogados, que ponen énfasis en acusar a la Administración Pública, en la cual ellos tienen un contingente muy importante, pues el 90% de los funcionarios públicos pertenece a las filas de sus partidos, ¿no saben, acaso, que hay que medir los predios?
El señor MORENO.- ¿Les está quedando sólo un 10% de gente a ustedes en la Administración Pública?
El señor CONTRERAS.- No son tantos los funcionarios de la Unidad Popular, señor Senador. Además, usted ha traído inclusive a funcionarios de la CORA a trabajar al servicio del Senado. De modo que ha estado descargando de personal a ese organismo para trasladar aquí a sus amigos personales. En consecuencia, no son todos de la Unidad Popular.
El señor MORENO.- Lo que yo decía es que les está quedando muy poca gente a ustedes en la Administración Pública: el 10%.
El señor CONTRERAS.- Ese 10% es insignificante.
A mi juicio, la materia debe ser consultada con los campesinos. Empieza el tira y afloja, como se dice en jerga popular, en materias de precios. Hay que inscribir los títulos. Todo esto lo saben perfectamente los señores Senadores. En consecuencia, incorporan a la Constitución Política del Estado el artículo transitorio para contar con un caballo de batalla más para seguir acusando constitucionalmente a Ministros de Estado, pues el show de las acusaciones constitucionales seguramente continuará, porque le interesa a la Oposición promover la mayor cantidad de escándalos con el objeto de distraer la atención de la opinión pública para que ésta, en lugar de preocuparse de los problemas de interés general y de beneficio para el país, se concentre en todo lo que se hace dentro de estas cuatro murallas.
En cuanto a las declaraciones formuladas en el día de ayer, oportunidad en la cual se invocó incluso la opinión del Secretario General del Partido Comunista en el sentido de que estaría de acuerdo con las 40 hectáreas de riego básicas, debo reconocer que fue así. Él lo propuso cuando se planteó el proyecto de ley sobre reforma agraria. Antes, estaba en vigencia una ley de Reforma Agraria que establecía una cabida de 80 hectáreas básicas. Como somos realistas, pensamos que era necesario modificar tales disposiciones y, por eso, formulamos esa indicación. No estamos avergonzados de haberlo hecho, ni mucho menos.
Respecto de las afirmaciones de que debe darse seguridad a los campesinos, estamos de acuerdo en ello, pero no hagamos escándalo porque vuela una mosca, pues cuando se está en la Oposición, cualquier argumento es bueno para desprestigiar, para crear problemas. Todos cuantos nos sentamos en esta bancas estamos inspirados, y de buena fe, no de palabra, sino en los hechos. Sí, aunque les dé carraspera a algunos señores Senadores, es así, porque nosotros somos hombres políticos, no nos avergonzamos en decir que somos hombres públicos, y cualquier persona puede enjuiciar nuestra línea de conducta, nuestra vida pública y nuestra vida privada. No tenemos ningún antecedente que nos pueda perjudicar en este sentido.
A nuestro juicio, la reforma constitucional en debate no resolverá el problema de la tenencia de la tierra. En las Comisiones señalé que el sistema de asentamientos no constituía la perfección para mucha gente. Para otros, tampoco son perfectos los centros de reforma agraria.
En vez de tratar el problema de la tenencia de la tierra, si realmente se piensa que en nuestro país existe un verdadero régimen democrático, lo ideal hubiera sido que el Congreso Nacional lo practicara elaborando un proyecto de reforma constitucional - tocante a la producción agropecuaria - que hubiera circulado a lo largo del territorio, con el objeto de que los interesados, los campesinos, a quienes los señores Senadores de la Oposición dicen querer tanto, hubiesen dado su opinión, a fin de entregar al país una reforma que permitiera asegurar los plenos derechos de los trabajadores del agro.
El señor PALMA (Presidente).- En seguida, tiene la palabra el Honorable señor Papic.
El señor PAPIC.- Señor Presidente, ante, todo, deseo manifestar que presentamos este proyecto de reforma constitucional acogiendo el clamor de centenares de campesinos que han sido atropellados en su legítimo derecho de aspirar a la tenencia de la tierra, de los fundos en los cuales habían trabajado durante muchos años. También lo hicimos recogiendo la protesta de miles de pequeños y medianos comerciantes del país, afectados por la política de distribución establecida por el actual Gobierno.
Para reforzar mis palabras ante el Senado, daré lectura a una declaración pública formulada por algunos campesinos, en la ciudad de Valdivia, a comienzos del mes en curso. Ella dice lo siguiente:
Debido a la gravedad que revisten las actitudes y hechos suscitados en el Comité Campesino La Victoria en la comuna de Máfil, es que venimos en dar cuenta a la opinión pública, lo siguiente:
Primero.- El Comité La Victoria está constituido de acuerdo a las normas que ha fijado la CORA y agrupa a nueve trabajadores. Hasta el día 29 de octubre este grupo laboraba sin mayores inconvenientes, salvo los normales en un grupo de trabajo.
Segundo.- El día 30 de octubre pasado en forma intempestiva, se hicieron presentes en el Comité Isidoro Paillamilla presidente del Consejo Campesino de Máfil; Hernán Catalán, inspector Municipal de Máfil; los Consejeros Campesino de Máfil, señores Barruel, Sáez y Albornoz, además del Jefe del Área de Mariquina de apellido Bustos de la Corporación de la Reforma Agraria, quienes en forma prepotente prácticamente se apoderaron de la oficina del Comité y trataron a los trabajadores en forma grosera y, posteriormente, procedieron verbalmente a despedir a 7 trabajadores.
Tercero.- Los trabajadores despedidos son Manuel Henríquez Lara, presidente del Comité; Pedro Escobar Salazar, cajero-bodeguero con un grupo familiar de 3 personas; José Henríquez Lara, secretario; Thelmo Escobar Sandoval, trabajador con un grupo familiar de 10 personas: Artemio Escobar Salazar, trabajador; Miguel Escobar Salazar, trabajador; Julio Henríquez Lara, trabajador. La familia Henríquez en total son 9 personas, todos ellos han sufrido y después de todo fueron los que lucharon por la expropiación del predio a los anteriores patrones. Creían que salvados todos los inconvenientes de una explotación y constituido el comité la tranquilidad y seguridad se impondría para todos ellos y sus familias.
Cuarto.- Que repudiamos en forma enérgica la actitud del Consejo Campesino de Máfil, del Jefe de Área de Mariquina de la CORA y del inspector municipal de Máfil, que nos han tratado en forma inhumana, sin considerar nuestras necesidades, nuestros sacrificios, nuestras familias, en una actitud incalificable han procedido por la fuerza a lanzarnos del Comité, sin ser nada nuestro, ni de nuestra organización. Además si quisieron constituirse en Nuevos Patrones demostraron que su conocimiento sobre los seres humanos es ínfimo y que su trato deja mucho que desear, además creemos que sólo en los períodos de esclavitud se actuó en la forma que lo hicieron estas personas que se han constituido en los Negreros del Nuevo Régimen y que no están dispuestos a respetar la dignidad de la persona humana, sino a imponer su descriterio y su prepotencia de matones baratos.
Quinto.- Exigimos el reintegro de todos los compañeros despedidos y que se proceda al retiro de los trabajadores que en total de 8 llevaron para llenar los cargos dejados por los despedidos. Creemos que lo que rebasa nuestra paciencia es la actitud de echar a compañeros que lucharon y sufrieron por una causa; y estas personas traen otros que vienen a servirse del sacrificio nuestro y encuentran la mesa puesta y la casa hecha. Nuestras familias y nosotros no estamos dispuestos a sufrir este vejamen y haremos todo lo posible para evitar que se salgan con sus propósitos de dividir a los trabajadores chilenos y crear el odio y la discordia entre nosotros.
Sexto.- Para ello haremos todas las gestiones ante las diferentes autoridades para que se solucione nuestro problema a la brevedad posible, porque esto constituye una injusticia que nos ha sumido en el dolor y la desesperación, esperamos que ellas nos escuchen y cumplan lo que el Gobierno ha estado predicando que debe trato preferencial a los que se encuentran laborando para el país, ya sea en el campo o en la ciudad. Tenemos confianza que los representantes del Gobierno no podrán permitir un hecho de esta naturaleza y menos podrán amparar o defender a estos malos elementos que sólo están desprestigiando la política del Gobierno en el campo.
Esperamos que la opinión pública y los personeros de Gobierno nos juzguen ecuánimemente y se haga justicia hacia nuestra justa petición de reintegro al campo por el que tanto luchamos, por nuestras casas construidas con nuestro sudor y esfuerzo, por nuestras familias que tienen confianza que esta situación se solucionará pronto.
Comité Campesino La Victoria comuna de Máfil.
Manuel Henríquez Lara, Presidente; José Henríquez Lara, Secretario; Pedro Escobar Solazar, Cajero-bodeguero.
Debo dejar constancia de que el día martes 7 del presente mes, debido a la acción de la Confederación Triunfo Campesino y de una serie de sindicatos, se logró el reintegro de estos trabajadores. Pero posteriormente, con fecha 21 de este mes, han surgido nuevas dificultades a raíz de la intervención de algunos elementos del Partido Socialista que han notificado al Presidente del Sindicato Comunal, don Ornar Matamala, que, aun cuando ganaron la primera pelea, de todas maneras los campesinos serían lanzados de ese predio.
Aquí tengo una declaración jurada ante el notario de Valdivia don René Martínez Miranda, firmada por don Juan Meza Zambrano, carné 51.120 de Valdivia, don Ornar Matamala Huenchur, carné 72.698 de Valdivia, y por don Nelson Fuentes Campos, carné 156.654 de Valdivia. Quiero dar lectura a esta declaración jurada, porque es una prueba más de la prepotencia y del abuso con que actúan algunos funcionarios de Gobierno y otros que, sin pertenecer a él, por el hecho de militar en los Partidos Comunista y Socialista, están estableciendo ya no sólo el atropello, sino el matonaje y el abuso despiadado contra muchos campesinos. Este documento dice:
En Valdivia, a veinte de noviembre de 1972, don Ornar Matamala Huenchur, don Juan Meza Zambrano y don Nelson Fuentes Campos, bajo Fe de Juramento, expresan lo siguiente:
Que el día viernes 17 del presente mes, alrededor de las 17 horas se hicieron presentes en la hijuela Unguento, comuna de Máfil, a fin de que el presidente del Sindicato Sol de Septiembre, de trabajadores agrícolas de la citada comuna procediera a requerir al empleador agrícola don Perfecto López Cea, alcalde de la comuna, el pago del 2% de aporte sindical correspondiente a un trabajador, adeudado durante tres meses. Recibidos por el señor Perfecto López Cea, en presencia de los señores Meza y Fuentes, más el secretario administrativo del Sindicato Sigifredo Martínez Jaramillo, el señor López se negó en primer lugar al pago de la deuda sindical y acto seguido procedió a amenazar al dirigente Ornar Matamala diciéndole que no se hacía responsable de lo que pudiera pasarle en el futuro y que no le faltaría ocasión para liquidarlo personalmente y que el conflicto del fundo Las Quemas sería una buena oportunidad para ello por cuanto era un acuerdo tomado por ellos al respecto, además manifestó que habría conversado personalmente con el Presidente de la República y obtenido seguridades de que liquidarían a la organizaciones agrícolas campesinas no comprometidas con el actual Gobierno y que su acción se centralizaría en las organizaciones sindicales dependientes de la Confederación Triunfo Campesino de Chile. El presidente del sindicato le expresó que iba solamente a cumplir su obligación sindical y no a ser objeto de amenazas violentas ni prepotentes y que se retiraba, reiterando al señor López las amenazas ya descritas y agregando que lo denunciaran donde quisieran, que para eso él era hombre de influencias.
Acto seguido se retiraron los declarantes conjuntamente con el señor Martínez acordando de inmediato dar cuenta del hecho referido a todas las autoridades y personas adecuadas a fin de impedir la consumación de las delictuosas amenazas del señor Alcalde la comuna de Máfil.
Este es otro de los hechos que indujeron a Senadores democratacristianos a presentar el proyecto de reforma constitucional que estamos tratando, que tiene por finalidad perfeccionar el proceso de reforma agraria instituido por la ley Nº 16.640, y que se debe al torcido y lesivo procedimiento en su aplicación por parte del Gobierno. Estos mismos medios oficialistas y su prensa adicta han levantado un torbellino de críticas tratando de hacer creer a la opinión pública y especialmente a los sectores campesinos, con, superficiales planteamientos, que se trata de un proyecto anti-reformista y que significa la vuelta al latifundo. Se han permitido hasta manifestar que nosotros seríamos escuderos de la Derecha para hacer retrogradar el proceso de la reforma. Pero, en tal sentido, debemos recordarles que nosotros fuimos los más tenaces luchadores para la dictación de la ley de Reforma Agraria, y que fue precisamente durante el Gobierno democratacristiano cuando este cuerpo legal se dictó. Y queremos decirles, además, que no hemos sido ni seremos jamás escuderos de nadie, porque no doblegamos los principios que hemos sostenido a los arbitrios contingentes de menguados intereses, como la total conquista del Poder, o a consignas foráneas interesadas en ella.
Por eso, seguimos y seguiremos defendiendo a los campesinos como siempre lo hemos hecho, y queremos que la tierra les pertenezca de acuerdo con la ley que dictamos.
Pero quisiera también recordar a los personeros del oficialismo la campaña electoral que los llevó al Poder, y los encendidos discursos del propio candidato, hoy Presidente de la República, ante los ilusionados campesinos: Nadie quedaría sin tierra; todos tendrían a lo menos una parcela; la tierra para el que la trabaja. ¡Qué cruel ironía el resultado de tantas promesas, la confrontación de ellas con los hechos actuales, y qué enorme frustración y desengaño para tantos esperanzados campesinos que siguen viviendo la angustia y la inquietud de un incierto futuro!
A propósito de las críticas a que me he referido, un señor parlamentario manifestaba que el Honorable señor Moreno había sido campeón de la reforma agraria y que si hoy se atreve a llegar a los campos, será recibido como lo fue recientemente un político en la Universidad Técnica del Estado. Mal recuerdo ha hecho el señor parlamentario de un penoso incidente ocurrido en un centro universitario que debe ser reflejo de la cultura. El Senador Moreno seguirá llegando a los campos y seguirá siendo aplaudido, porque los campesinos saben que les lleva la verdad de su palabra y la defensa de sus esperanzas.
En cambio, quienes no podrán llegar a los campos con tranquilidad de conciencia son los que hoy niegan lo que ayer prometieron. Ellos recibirán el repudio de los trabajadores del agro, y podrán comprobarlo en marzo próximo.
Parece increíble que los que tanto halagaron a los campesinos invocando su conciencia y su madurez, les supongan hoy tan poca dignidad y responsabilidad en sus procedimientos como para vender a sus antiguos dueños las tierras que les fueron o puedan serles asignadas por el Estado. Por nuestra parte, no podemos suponer siquiera tal irresponsabilidad, ni podemos inferir esta verdadera ofensa a quienes tanto lucharon con esfuerzo y sacrificio por alcanzar la meta de su vida: la tierra propia.
Al defender a los campesinos, estamos defendiendo a la vez el bienestar de Chile, porque la tranquilidad en los campos involucra mejor y mayor producción, alejando el fantasma de la miseria que hoy inquieta en forma dramática a nuestra patria, producto de una desconcertante política agraria cuyos antecedentes no tienen calificativos. Quienes han dirigido y aplicado esta política desde el Gobierno creían que bastaba con expropiar en el menor plazo el mayor número de hectáreas, buscando el aplauso fácil en el cambio profundo del agro y jactándose de haber realizado en un año lo que no se hizo antes en cuatro.
Pero, antes de lo que imaginaron, el desengaño ha sido violento. Hoy día están conscientes de su tremendo fracaso, tratando de cubrir con inútiles subterfugios una amenazadora realidad que no tiene justificación porque es producto de la obcecación, de la prepotencia y de la ineptitud, condiciones que no son virtudes para quienes ostentan el poder y que mañana deben ser enjuiciados por la historia, que enaltece o condena.
A no dudarlo, si los campesinos hubieran recibido las tierras en los plazos legales y hubiera existido una planificación racional adecuada a nuestra economía, el ex Ministro de Agricultura no habría tratado de justificar este fracaso con la debilidad de la economía arguyendo que ésta no ha permitido hacer producir ni siquiera la mitad de las tierras expropiadas, y, seguramente, se habría evitado al país la vergüenza de tener que consumir pan con afrecho, o pan de guerra, como bombásticamente se le llama, sin que estemos o hayamos pasado por guerra alguna, salvo que el camino al socialismo implique este estado. Pero no fue eso lo que se ofreció al país, sino algo muy distinto.
Ahora, parodiando a gobernantes cuyas naciones han pasado por alguna grave emergencia, se nos pide apretarnos más el cinturón, porque vendrán días de mayores sacrificios. En nuestro país no tenemos otra emergencia que un Gobierno marxista. Pero, ¿acaso, por este hecho, Chile debe ser solidario de las ineptitudes y el fracaso de los gobernantes? El pueblo no perdona que se le engañe y busca democráticamente cauces para liberarse de los responsables de sus inquietudes.
La prensa oficialista y los voceros del Gobierno, obedeciendo en sus críticas, sin duda, el plan concitado de la operación verdad la que, por extraña paradoja, es la operación de la mentira, como todo el mundo sabe, están tratando por todos los medios de suponer al proyecto de reforma constitucional que discutimos interpretaciones acomodaticias, no exentas de maldad para con sus autores, y que ahora podemos comprender claramente que no eran otra cosa que la preparación para el gran golpe, el de la traición a los campesinos, como acertadamente lo calificó mi colega el Senador señor Moreno. El Ejecutivo, con inaudita frialdad, ha presentado indicaciones no sólo para anular los efectos de esta iniciativa, sino para dar definitiva existencia legal a las haciendas estatales, lo que equivale a negar, también definitivamente, la propiedad de la tierra a los campesinos y a convertirlos en lo que tantas veces hemos dicho: en obreros del Estado. Y, más aún: pretende que en adelante las expropiaciones puedan hacerse a puertas cerradas, vale decir, con mejoras, instalaciones, utensilios, equipos, maquinarias e incluso animales. Para ello bastaría que así lo estimaran conveniente los funcionarios de la Reforma Agraria. ¡Esto sí que es anti-reforma!
De esta manera el Gobierno marxista pretende llevar tranquilidad y seguridad a los campesinos, a los medianos y pequeños agricultores; de esta manera pretende aumentar la producción del agro para saldar el dramático déficit de abastecimiento de estos productos.
Ahora el Presidente de la República puede viajar al extranjero, seguramente con la conciencia tranquila, y participar a sus anfitriones, con orgullo revolucionario, las iniciativas que ha dejado en marcha. Con seguridad lo aplaudirán; no así la gran mayoría del pueblo chileno, especialmente los campesinos, que están sufriendo las consecuencias de la actitud de este Gobierno.
Por nuestra parte, podemos expresar que seguiremos defendiendo desde todos los ángulos nuestro proyecto. Sin duda lo harán también todas las fuerzas democráticas, ya que estimamos que el cumplimiento integral de la ley de Reforma Agraria, en su letra y espíritu, es el único medio capaz de llevar la tranquilidad a todo el sector agrario y de encauzar las bases de la producción hacia la normalidad y la superación.
En esta oportunidad, quiero referirme a las declaraciones que formuló hace pocos días el señor Ministro de Agricultura, y que se publicaron en la prensa del día 28. Consultado respecto de la baja de la producción, el señor Ministro, entre otras cosas, manifestó:
También Calderón culpó de la mayor parte de los problemas al reciente paro nacional, indicando que por esta razón no había sido posible transportar semillas, fertilizantes, abonos, etcétera, justamente cuando se estaban haciendo las siembras de primavera. Todo esto significará que no habrá una buena producción agropecuaria, y de ello son responsables los señores de la derecha chilena con su paro criminal que afectó a toda la agricultura.
Expresó el Ministro de Agricultura que, pese a todos estos inconvenientes, se están adoptando medidas para el próximo año. Se están pidiendo créditos a algunos organismos internacionales y a países amigos. Sin embargo, hizo hincapié en que el bloqueo económico que se está haciendo en contra de Chile es cada más cerrado.
Yo pregunto: ¿Y si les va mal al Presidente de la República o a los funcionarios que andan por el extranjero con el platillo estirado? Porque eso es lo que ha hecho este Gobierno durante dos años: recorrer todos los países socialistas y de Europa Occidental y también todas las naciones de América Latina, exceptuando Bolivia, a la que no le extendió el platillo porque nuestras relaciones diplomáticas con esa república están cortadas.
¡Qué vergüenza para este país! ¡Después de dejar los campos y las industrias destruidos, después de arrasar con la principal fuente de divisas para Chile, que es el cobre, después de no haber dejado barbaridad por cometer, nos hacen pasar por la ignominia de andar mendigando!
¿Qué ocurrió hace algunos días? El Ministro de Hacienda de la República Argentina llamó a nuestro Embajador en ese país, quien tuvo que acudir acompañado del Presidente del Banco Central para dar explicaciones, porque nunca Chile, en la historia de nuestras relaciones comerciales con Argentina, había contraído con esta nación una deuda tan fabulosa, que hoy día sobrepasa los 200 millones de dólares.
¿De qué se trata, señor Presidente? De que se le quiere echar la culpa al paro.
Pero aquí tengo declaraciones formuladas por el Presidente de la República cuando estuvo en la ciudad de Valdivia en octubre, publicadas el día 8 de ese mes. Entre otras cosas fue larga su intervención, manifestó que los campesinos del Sur no habían podido recibir los abonos que necesitaban para sembrar porque el barco que los transportaba desde Europa, donde se adquirieron, se había incendiado. ¡Esa fue una de las razones por las cuales los campesinos no tenían fertilizantes!
Además, en esta ocasión el Jefe del Estado, refiriéndose a las fallas del área reformada, entre otras cosas expresó: También hay que decirlo honestamente, los campesinos de las tierras reformadas no han modificado la situación tradicional del mal uso de la tierra. Así, en abril del presente año, se pudo comprobar que más del 30% de las tierras cultivables del área reformada estaban ocupadas por pastos naturales, es decir, se mantenía el mal uso de la tierra del latifundio tradicional. Esto sí que es responsabilidad de los campesinos y también del Gobierno. No basta, pues, con expropiar. Hay que modificar los malos hábitos del pasado y darle un uso eficiente al suelo agrícola para dar trabajo a la gran masa campesina y alimentos a la población de Chile.
El señor PALMA (Presidente).- Ha terminado el tiempo de que disponía, señor Senador.
El señor VALENZUELA.- Yo le cedo tres minutos del mío, señor Presidente.
El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar Su Señoría.
El señor PAPIC.- Antes del último paro nacional de camioneros, el propio Presidente de la República reconocía lo malo que estaba sucediendo en los campos. Asimismo, el Ministro de Agricultura Jacques Chonchol, cuando estuvo en el mes de agosto en Temuco y Lautaro, reconoció - están publicadas sus declaraciones - que no se podían entregar ni semillas, ni abonos ni insumos a los campesinos, porque el país no tenía recursos económicos, porque se habían expropiado muchas tierras y ahora no se tenía dinero! Yo pregunto: ¿no tenían la capacidad suficiente para pensar antes si dispondrían de recursos para hacer producir la tierra? ¿Qué ha pasado? Que la mayor parte de las tierras expropiadas están abandonadas, así como lo están los campesinos, que no tienen semillas, ni herramientas, ni maquinaria, ni asistencia técnica, pues lo único que ha hecho la Unidad Popular, o el Gobierno de la Unidad Popular, es designar - aquí tengo la nómina que me envió la Contraloría, donde constan los nombramientos - a miles de funcionarios miles, Honorable señor Contreras, en especial en los organismos de la reforma agraria; pero no a funcionarios con capacidad, con experiencia en los campos, en el trabajo de la agricultura, sino prácticamente analfabetos, incapaces. ¡Y estos individuos han querido enseñar a los campesinos que han nacido y vivido en la tierra! ¿Cómo aumentar la producción con personas que no tienen idea de lo que son los trabajos del campo?
No se les eche pues, la culpa a los camioneros. ¿Por qué se originó el paro de éstos? Por el problema que había creado en la provincia de Aisén la decisión del Gobierno, o de la CORFO, de establecer allí una empresa estatal de transportes. Yo pregunto: ¿Hay o no hay en este Gobierno gente capaz de haberse dado cuenta desde el comienzo de que, si ese paro continuaba, afectaría enormemente a la agricultura y al país? ¿Qué era preferible para Chile? ¿Dejar de lado la idea de establecer esa empresa de transportes, que no significaba gran cosa para el país y que sí, en cambio, importaba dejar a los campos sin producir, o perseverar en esa idea?
Entonces, no se venga a echar la culpa a los camioneros de lo que sucede. La culpa la tienen los irresponsables e incapaces que se encuentran en el Gobierno y que lo único que pretenden es hacer proselitismo, practicar el sectarismo y yo diría ordeñar cada día más la vaca lechera, sin darse cuenta de que a este pobre país ya casi no le queda leche.
Si el país se hunde, si la destrucción económica a que lo están llevando lo sume en el caos, ellos también pagarán las consecuencias, pues viven en Chile. No se salvarán por el hecho de pertenecer a la unidad Popular.
Por eso, quiero dejar establecido que hemos presentado este proyecto de reforma constitucional para terminar con la prepotencia y el abuso de que han sido y son víctimas miles de campesinos.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Jerez.
El señor JEREZ.- Señor Presidente, considero inútil, o improcedente, escabullir el bulto de la discusión de este proyecto llevando las cosas a los términos en que las ha planteado el Senador señor Papic. En realidad, su fundamentación del proyecto la ha hecho en torno de hechos circunstanciales, ajenos a los problemas agrarios, de manera bastante acalorada, incluso desde el punto de vista del enjuiciamiento de la persona del Presidente de la República.
Al escuchar algunas intervenciones, me pareció más bien volver atrás, a los años 1966 y 1967, cuando se estaba luchando en el Congreso por el primer proyecto de reforma agraria, y recordar el discurso de algún Senador de Derecha en contra del Gobierno democratacristiano por esa iniciativa. Esto resulta bastante paradójico y, al mismo tiempo, extraño en una persona como el Honorable señor Papic, a quien conozco desde hace mucho tiempo; y me lleva a la confirmación de que el proyecto en debate no tiene defensa, y de que, simplemente, constituye un ataque a la propia reforma agraria de la Democracia Cristiana.
El Honorable señor Valenzuela, hombre muy respetable, que dice cosas que estimamos muy sinceras, expresaba ayer que en la intención de la gente de su partido no estaba lo que nosotros suponíamos respecto de la orientación de la iniciativa en debate. Pero la verdad es que su contenido ha sido de tal modo agresivo en Contra de la aplicación de la reforma agraria y tan dañino para los intereses de los campesinos, que, en el hecho, ha abierto el camino a una especie de soltura de trenzas. En efecto, he leído indicaciones, que fueron conocidas oportunamente, en que un señor Senador propone terminar con la reforma agraria en las zonas de Aisén o de Coihaique. Otro, con el pelo más largo, sugirió acabar con la reforma agraria desde Biobío al Sur. Yo creo que, si seguimos así, por leyes sucesivas se podría terminar con la reforma agraria desde Arica hasta Magallanes. Esta es una demostración cabal de que estamos en presencia de una iniciativa que abre el apetito a los intereses de la Derecha y de la gente que los sirve, cualquiera que sea la militancia que tenga en determinado partido.
Tanto es así que, rememorando los debates y los informes de las Comisiones, así como la discusión en la Sala, recuerdo perfectamente que hombres como el Senador Bulnes, que como es natural, no es termocéfalo ni exagerado, ni siquiera partidario de la política más moderada de reforma agraria, hubo de hacer correcciones y enmiendas de plana. Aquí, en la Sala, el señor Senador señaló que era técnicamente absurdo aplicar la entrega obligatoria de las dos hectáreas en igualdad de condiciones, por la naturaleza y calidad de las tierras, y que ésa era una disposición no sólo de contenido inhumano y antisocial, sino que, al mismo tiempo, refutable desde el punto de vista técnico, cosa que puede constatar cualquier persona que no sea experta en materia agraria, pues basta haber recorrido el país, conocer la naturaleza de las diversas zonas de nuestra tierra, para entender que dicha norma original del proyecto es inhumana repito palabras o conceptos del Senador Bulnes, porque condenaría a algunos a ser propietarios de dos hectáreas prácticamente inservibles y a otros los haría dueños de terrenos excepcionales, como podemos apreciarlo, por ejemplo, quienes hemos estado en la Zona Norte. En el último caso se encuentran regiones como Pica, donde algunos metros cuadrados de terreno permiten a una familia vivir con el producto de la explotación de cierto tipo de frutas, de renovación permanente y de exportación, que a veces tienen precios privilegiados. . Por lo tanto, es conveniente meditar en el hecho de que un hombre como el Senador señor Bulnes, de ultraderecha, o de Derecha, haya tenido que corregir esta parte del proyecto y, también, hacer observaciones tendientes a ampliar a dos años el plazo original para la obligación de asignar los títulos. Como bien se ha dicho, ésta es una de las trampas más descaradas que se han tendido con el objeto de paralizar todo el sistema de la reforma agraria y, también, a todos los funcionarios encargados de ella, pues ni con los actuales empleados, ni con todos los que hubiera contratado la Unidad Popular - aunque fueran cien veces más que los que se supone o se inventa - se habría podido disponer del personal necesario para realizar las asignaciones dentro del plazo de un año que dispone el proyecto de reforma en debate. Por desgracia, con el artículo transitorio ese lapso queda igualmente reducido a un año, pero la verdad es que aquí hubo una indicación en tal sentido, del Senador señor Bulnes, hombre de Derecha, quien entendió que, por lo menos, hay que tener buen gusto hasta cuando se da una puñalada, hacer las cosas de una manera más elegante, y propuso subir ese plazo a dos años, aunque en el hecho habría quedado, por la disposición del artículo transitorio, sólo en un año.
Por mi parte, reconozco, con espíritu bastante tranquilo pero autocrítico, que nosotros hemos cometido muchos errores. Y mi autocrítica es bastante comprometida, pues hasta hace poco tiempo el Ministro de Agricultura era mi Compañero de partido y amigo, Jacques Chonchol. Naturalmente, se han cometido errores, pero también hemos heredado muchos errores del régimen pasado, porque no me vengan con el cuentecito de que cuando uno de repente recorre un asentamiento o un centro de reforma agraria y ve que los campesinos no están trabajando con el ritmo y el rigor que exige una batalla por la producción agraria como la que necesita el país, ello se debe a que los malos hábitos los han adquirido ahora, en la época de la Unidad Popular. Pese a no ser un hombre que represente una zona fundamentalmente agraria, constantemente me tocó ver en la época de la Democracia Cristiana que no se había enseñado lo suficiente a los campesinos en el sentido de que, junto con la entrega o la disposición para ellos de la tierra y el término del latifundio, nacía una responsabilidad de carácter nacional y patriótico en cuanto a que eran ellos los que tenían a su cargo un factor fundamental de la producción, necesario para independizar económicamente al país. En este sentido, yo creo que incluso la Unidad Popular ha sido débil y no ha tenido la suficiente energía al respecto. Más aún: a mi juicio, se han cometido errores tácticos de procedimiento, no de intención, pero sí, repito de procedimiento, que han llevado a dividir a los campesinos; como, por ejemplo, la forma de aplicar los Centros de reforma agraria. Sobre este particular, estimo que los CERA son una fórmula superior a los asentamientos. En el fondo, son lo mismo, con la corrección de los vicios que éstos tenían. Por supuesto, esos vicios no los podemos imputar a los creadores de los asentamientos, que son una forma muy original y novedosa en la agricultura, y que como es natural, en sus comienzos tuvieron muchos defectos y errores que con el tiempo se van mejorando. En realidad, no existe gran diferencia entre un centro de reforma agraria y un asentamiento. Tienen sistemas de operación distintos, ya que los CERA permiten aprovechar mejor la tierra e incorporar a ella más campesinos, y no se convierten en una especie de canonjía de los campesinos que habitaban el fundo expropiado. En verdad, la aplicación de los CERA pudo haberse hecho de otra manera: creando más conciencia pública sobre la necesidad de modificar el sistema de los asentamientos y de reemplazarlo por aquéllos, y dialogando más con los trabajadores del agro. Reconocemos que éstos son errores que ha cometido el Gobierno de la Unidad Popular. Dios nos libre de caer en la soberbia de algunos que pensaron que se podría gobernar 30 años por creer que poseían una especie de varita mágica. Por lo menos, nosotros no caeremos en eso. Duraremos en el Poder mientras Contemos con el apoyo popular, pues éste es el sostén del actual Gobierno.
Por lo expuesto, encuentro muy improcedente el discurso del Senador señor Papic.
Con el mismo espíritu de autocrítica con que reconozco nuestros propios errores, también estimo que todavía habría que profundizar más en la responsabilidad de los campesinos y en su obligación de hacer producir la tierra. En cuanto a los funcionarios que no cumplen lo suficiente ni se han fijado metas de producción, espero que bajo la dirección del compañero Ministro Calderón se pueda continuar el proceso agrario en forma más dinámica, por ser mayor el apremio en este momento.
Dígase lo que se diga, el nombre de Jacques Chonchol - que ha sido aludido en el debate y a quien defiendo, como lo hice en otras oportunidades, por no estar él presente en la Sala - está indeleble y definitivamente ligado a una de las empresas absolutamente ineludibles en un proceso de cambios: la reforma agraria chilena. Eso no se lo quitará nadie ni nada, ni los insultos, ni las envidias, ni las pequeñeces. Aprovecho esta ocasión para decirlo, porque Chonchol es un hombre que hoy día aparece caído y, por eso, no cuesta mucho hacerlo objeto, a veces, de críticas injustas y envidiosas. Pero la estatura de Chonchol no va a menguar por eso. Nos alegramos de que un compañero nuestro haya comprometido de esta manera incluso su vida, más que otros funcionarios seguramente de mayor importancia. ¡A cuántos - como lo han confesado cuando de repente, en algunas de sus fiestocas, les suben los grados más arriba de lo que corresponde - les gustaría liquidar físicamente al hombre que en dos Gobierno fue el principal ejecutor de la reforma agraria, factor fundamental para un proceso revolucionario, no sólo en Chile, sino en cualquier país del mundo!
Al respecto, considero que lo que sostuvo ayer el Senador Moreno, en cuanto a que las finalidades esenciales del proyecto de que es autor en compañía de otros señores Senadores, consistían en mejorar la situación de los campesinos, garantizar la de los medianos y pequeños empresarios y dar garantías de libertad al comercio y al transporte, realmente no es más que una cobertura verbal muy elegante que disfraza los verdaderos fundamentos y objetivos de la iniciativa en debate.
Los Senadores de la Izquierda hemos sido bastante unánimes y hemos tenido consenso al enjuiciar el proyecto como corresponde. Pero no está de más recordar lo que señalé ayer con la Senadora señora Carrera: que los propios beneficiarios del proyecto, los campesinos, entre los cuales algunos están agrupados en organizaciones políticamente adscritas a la Democracia Cristiana, que sostienen principios de esa colectividad política que son dirigidos por militantes de ellas, se han manifestado adversarios a esta iniciativa. Entonces, resulta que ya no son beneficiarios, sino víctimas; incluso, emitieron una declaración mediante la cual rechazan en el fondo las bases fundamentales de este proyecto de reforma constitucional, rechazo que hacen en forma bastante categórica. También participa de él la Confederación de Asentamientos Campesinos, que ha pasado a ser una especie de parcela o propiedad individual, por la forma como se dispone de ellos, ya que anticipadamente se cuenta con un apoyo del campesinado que después no se recibe. ¿Qué significa esto? Que, en forma arbitraria, se está disponiendo de gente cuya dignidad debe por lo menos respetarse, en el sentido de consultarles si les interesa algo que les afecta directamente y que, a la postre, terminará dañándolos a tal punto, que emitieron una declaración junto con sus más enconados adversarios políticos, como lo es la Federación Ranquil, organización que tiene más afinidad política con el Gobierno.
Por otra parte, queremos señalar que los términos del proyecto, no sólo desde el punto de vista político sino también del técnico, aunque no soy experto en la materia, llevan a situaciones extraordinariamente delicadas.
Cuando el proyecto, en forma tan severa y rigurosa además, la norma pertinente es de carácter constitucional; ahí radica su gravedad, y sobre esto llamo la atención de los señores Senadores, obliga a que las tierras se asignen a los campesinos en dominio individual o en dominio exclusivo a cooperativas, etcétera, sin hacer distingo alguno respecto del tipo de tierras, está limitando de hecho la posibilidad de realizar cualquier obra de naturaleza agraria, que incluso puede ser un elemento coadyuvante de los propios campesinos, que son dueños de la tierra, como es el caso de los centros de experimentación, o, por último, de aquello que se denomina haciendas estatales sin que lo sea, queriendo peyorativamente, por anticipado, liquidarlas ante la imagen de los campesinos, en circunstancias de que son centros de producción o experimentales. Y cualquier país que desee realmente mejorar su agricultura y ayudar a los campesinos necesita disponer de extensiones de tierra donde efectuar instalaciones que a veces tienen más carácter industrial que agrario, trabajo que los campesinos agrupados en pequeñas organizaciones, como son los asentamientos, los CERA o las cooperativas, no son capaces de llevar a cabo. Desde el punto de vista de su propio interés y desde el ángulo del interés nacional, es indispensable considerar algunos elementos, como son los de seguridad y de soberanía nacional.
Como lo señalaba el Senador señor Chadwick, la iniciativa está muy mal redactada, y hubo que corregirla muchas veces, diciendo que la intención era otra. Pero sucede que por primera vez nos encontramos con gente que piensa una cosa y escribe otra distinta. Porque aquí ha sido necesario corregir muchas intenciones. Ocurre que ni siquiera habría posibilidad de disponer de sectores adyacentes a la cordillera, que son elementos definitivamente ligados a la seguridad nacional, porque toda la tierra de Chile tendrá que asignarse a los campesinos; sin embargo, éstos, mediante la declaración conjunta que emitieron todas las federaciones de trabajadores del agro ayer le dimos lectura, han rechazado ese sistema de asignación tan irracionalmente generoso.
En tercer término, desde el punto de vista de moral política, considero grave la situación que se presenta, porque este proyecto de reforma constitucional va mucho más atrás que la propia reforma agraria vigente, lo que ya es mucho decir, no porque no haya sido un instrumento eficaz para ciertos objetivos, sino porque en materia de reforma agraria, como en todo proceso y eso lo debió reconocer la Democracia Cristiana cuando, habiendo sido partidaria primero de la Chilenización del cobre, posteriormente se adscribió a la política de nacionalización sustentada por la Unidad Popular, es preciso avanzar y no retroceder. Y sucede que nos encontramos con preceptos que, por la forma absolutamente ambigua diabólicamente ambigua, diría yo como están redactados, van a obligar, por ejemplo, a que 317 predios que fueron entregados voluntariamente por sus propietarios a la CORA porque eso les interesaba más, ya que no deseaban seguir trabajando sus tierras, o algunos que fueron tomados, por hallarse en total estado de abandono, sean devueltos, porque la aplicación del artículo transitorio que establece que la disposición primera regirá con efecto retroactivo a contar del 15 de junio de 1972 obligará prácticamente a esa devolución, sin siquiera posibilitar un entendimiento con los actuales propietarios.
Por otra parte, cuando se critica la lentitud del otorgamiento de títulos de dominio a los campesinos, no está de más recordar lo que señalaba ayer el Honorable señor Chadwick: que durante los seis años de Gobierno de la Democracia Cristiana, durante los cuales el propio Senador Moreno tuvo responsabilidad directísima en su calidad de ejecutivo superior de la CORA, se otorgó títulos de dominio respecto de la asignación de 108 predios, 75 centros del plazo estipulado y 33 fuera de él. Pero ahora se desea que en un año se entreguen los títulos de dominio correspondientes a la asignación de cerca de cinco mil predios.
Seguimos sosteniendo, porque es realmente grave, que ésta es la mejor manera que se ha encontrado para detener cualquier proceso de reforma agraria, aunque no sea éste, y la herramienta más eficaz que tiene la Derecha para empezar, sobre la base de esa paralización, a recuperar sus tierras. Porque todo está hecho de modo que, por último, mediante disposiciones legales, se pueda reagrupar la tierra, devolverla o asignarla de tal manera que se permita restablecer, de una forma u otra, el sistema latifundista.
También decíamos ayer que, en nuestro concepto, la indicación que aquí pomposamente se llama de defensa de la libertad de comercio y de transporte era algo que seguramente se le cayó del bolsillo, o no sabemos de qué parte, al señor León Vilarín, lo recogieron y, por equivocación, lo metieron en este proyecto. Y hay que tener impudicia - lo digo con toda franqueza - para negar que esto significa la liquidación total, por ejemplo, de elementos vitales para los propios campesinos, como son los poderes compradores, el otorgamiento de créditos. Y, en el fondo, vendrá el restablecimiento del viejo y corrompido sistema de la compra en verde, que significa simplemente que el campesino venda como un esclavo el producto de su trabajo de mucho tiempo. Inclusive, pensamos que los propios campesinos deberían organizar - y lo señalan en la declaración que emitieron conjuntamente con el Ministro - los mecanismos de comercialización y transporte que les permitieran hacer una reforma distinta de la de puertas adentro, como lo ha sido hasta ahora. Porque, por mucho que los trabajadores agrícolas transpiren la gota gorda y rindan tres veces más de lo que sería posible en las condiciones más óptimas, al final se va a producir el ciclo del sistema capitalista, que no se romperá sino mediante la venta directa por los campesinos, mediante sus organizaciones, a los centros de consumo. De esta manera se beneficia el campesino, porque obtiene un precio justo, que no es cercenado por la participación de intermediarios, y se favorece también al consumidor. A mi juicio, ésta es la manera de hacer avanzar la reforma agraria.
El hecho de instituir disposiciones como la señalada demuestra que ya no sólo se defienden los intereses de los agricultores, sino también los de todos aquellos que han lucrado con el sistema capitalista a través de la totalidad de sus métodos y conductos de funcionamiento.
Por eso, estimamos que los epítetos que ha merecido este proyecto en el sentido de ser un golpe artero a los intereses de los campesinos, no son exagerados. Personalmente, he mantenido la mayor tranquilidad en mi argumentación; pero hay cosas que me abisman.
Quiero terminar reiterando lo que dije al comienzo: el proyecto es de tal modo dañino para los intereses de los trabajadores del agro y tan francamente favorable a los intereses de los ultrarreaccionarios, de los capitalistas, de los latifundistas de este país, que algunas personas se sintieron con libertad moral o autorizadas o, en definitiva, actuaron llevadas por esta corriente o resaca contraria a la reforma agraria- para presentar indicaciones que llegaron al absurdo de intentar detener la reforma agraria desde Biobío al Sur.
Con seguridad, el Honorable señor Von Mühlenbrock conoce el campo mejor que yo; no me cabe la menor duda. Por lo tanto, Su Señoría sabe también cómo estaban el campo y sus trabajadores antes de la reforma agraria. Porque aquí no se puede hablar, cuando se conoce algo, sólo de una parte, de lo que podría lastimarse amagado injustamente a raíz de la aplicación de una reforma del agro. Es preciso reconocer, además, cuál era la suerte de los trabajadores del campo y cómo los latifundistas, aparte explotar a los campesinos, se farrearon en Chile una riqueza que, a lo menos, pudo permitir a nuestra población autoabastecerse. Y por algo los sectores industriales más dinámicos, aun aquellos que no lo son tanto, siempre reconocieron que en Chile era inevitable hacer algo con la mayor rapidez: la reforma agraria. Porque hasta ellos acusaron a los latifundistas de ser responsables de una situación que, al final, dañaba la economía entera. Y por algo un Gobierno que no fue revolucionario, sino reformista, como el del Presidente Frei, comenzó por la reforma agraria; porque aun para un Presidente reformista, la transformación del agro era factor esencial. Ni siquiera ya desde el punto de vista revolucionario, porque Frei no lo planteó así.
Cuando el Presidente Frei envió al Congreso el proyecto de reforma agraria lo hizo casi un año después de asumir la Primera Magistratura, y luego de una presión bastante dura que se ejerció sobre él para que procediera en esa forma, convocó en el Salón Rojo de La Moneda a algunas organizaciones entre paréntesis, no había recibido a los campesinos para discutir este tema, pero sí a la Sociedad Nacional de Agricultura, y el fundamento esencial que señaló fue el de que razones de orden técnico y de productividad hacían aconsejable la transformación del sistema agrario en Chile. De modo que hasta para un gobernante moderado, que no acometió tareas que incluso estaban en su programa, la reforma agraria fue lo principal.
El señor PALMA (Presidente).- Perdón, señor Senador, pero ha terminado su tiempo.
El señor JEREZ.- Ruego a Su Señoría que con la misma amplitud de criterio con que lo hizo respecto del Honorable señor Papic, me conceda unos minutos...
El señor PALMA (Presidente).- Al Honorable señor Papic le cedieron tiempo.
El señor JEREZ.- El Honorable señor Rodríguez, si estuviera inscrito, podría cederme tres minutos para terminar mis observaciones.
El señor RODRIGUEZ.- Con mucho gusto.
El señor JEREZ.- Muchas gracias.
El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar, señor Senador.
El señor JEREZ.- Ojalá que en los trámites posteriores del proyecto no se apruebe una disposición constitucional como la señalada, que, llevada a tal nivel, sería muy grave; o que al menos en cierto modo puedan morigerarse sus efectos, que son extraordinariamente dañinos para los trabajadores de la tierra, quienes así lo reconocen en la declaración a que me referí.
Por último, hacemos un llamado para que se reflexione. Porque si los campesinos a quienes se pretende beneficiar son quienes reaccionan con la mayor violencia, y sus organizaciones, a pesar de que hasta hace pocos días no podían entenderse en ningún plano por sus diferencias políticas, se ponen de acuerdo para defender intereses comunes, es preciso que mediten aquellos que dicen ser defensores de los campesinos; y deben hacerlo con la responsabilidad que exige el pronunciamiento sobre una iniciativa de este peligro y de esta inconsecuencia.
El señor VON MUHLENBROCK.- Señor Presidente, lamento no disponer de tiempo, porque me habría gustado mucho explicar al Honorable señor Jerez el contenido de la indicación que analizó, atribuyéndome el propósito de eliminar la reforma agraria en la región comprendida desde la provincia de Biobío al Sur.
Su Señoría no leyó a fondo la indicación. Por lo tanto, no se dio cuenta de que estaba orientada a salvar la ganadería y a mantener la línea auténtica del proyecto de reforma agraria en 80 hectáreas de riego básicas inexpropiables sólo para los terrenos de quinta, sexta, séptima y octava categorías, que están por encima de la línea de los de secano arable; o sea, tierras absolutamente improductivas, que sólo con una garantía podrían atraer la iniciativa privada, y de esta manera incorporarse a la producción.
Continuaré defendiendo tenazmente en lo futuro esta tesis, porque los déficit de carne y leche que acusa nuestro país son tan grandes que los habitantes estarán condenados a la desnutrición si no se corrigen errores técnicos de la reforma agraria.
El objetivo de mi indicación es el de incorporar a la producción terrenos que se hallan por encima de los de secano arable, que no tocan las tierras de cultivo y que, por ende, nada tienen que ver con la reforma agraria.
Señor Presidente, si hubiera que definir jurídicamente este proyecto de reforma constitucional desde el más frío tecnicismo de la práctica legislativa, podría estimarse a primera vista que es innecesario consignar garantías en nuestra Carta Fundamental, pues en cuanto a la ley 16.640, de Reforma Agraria, su esencia su espíritu, su estudio, debate y despacho son y fueron claros: eliminar los déficit alimentarios crónicos que padece Chile, mediante el mejor aprovechamiento técnico de la tierra y reacondicionando la tenencia de ésta para permitir que el trabajador agrícola ascienda a la condición de propietario del suelo que labora y, por ende, dignifique su posición social.
Las disposiciones de la ley 16.640 son precisas. Y si se recuerda su discusión y se leen uno a uno sus artículos, puede apreciarse que todos ellos obedecen a una mecánica constante: expropiar los predios de cabida superior a 80 hectáreas de riego básicas, calculadas según las tablas de equivalencia; sancionar al propietario de predios abandonados; garantizar a todo propietario expropiado por la causal de mayor cabida una reserva de 80 hectáreas básicas; constituir en cada predio expropiado un asentamiento sobre la base de los obreros que en él laboran, y entregar, transcurridos tres años, la tierra en propiedad a los campesinos, conforme a los distintos sistemas de asignación que la misma ley establece.
Así podría creerse. Y si la ley se hubiera aplicado y respetado, si se hubieran obedecido sus mandatos y sus objetivos, más una dosis de prudencia y buen criterio en resguardo de los altos intereses nacionales, no se habría necesitado esta reforma constitucional, y todo Chile estaría avanzando seguro a través de uno de sus más trascendentes cambios sociales.
¡Pero qué distinta ha sido la realidad! La ley Nº 16.640 es tal vez el instrumento jurídico menos acatado, más desvirtuado, atropellado y conculcado por quienes tenían la obligación de aplicarlo sobre la base de la experiencia hecha por otras naciones que realizaron reformas agrarias, y en las cuales lo primero que conviene observar es que alteraciones bruscas en la tenencia de la tierra traen consigo violentas bajas en la productividad agrícola.
Deficitario crónico en alimentos, Chile tenía que avanzar con prudencia en sus objetivos, para no aumentar su dependencia de los mercados exteriores, ya que precisa con urgencia invertir sus escasas divisas en diversificar los distintos rubros de su economía, condenada a depender exclusivamente de las exportaciones de cobre.
Empero, lo que menos han tenido en cuenta los ejecutivos de la reforma agraria es la dependencia en materia de alimentos de que padece Chile. Mucho menos, el avanzar sobre la base de la técnica y del buen criterio.
La reforma agraria fue calificada de política, drástica y masiva, con una sola orientación: eliminar la propiedad de la tierra y los empresarios agrícolas, y convertir al Estado en amo absoluto de la tierra.
Con una velocidad que cuesta concebir, se expropiaron en menos de dos años todos los predios superiores a 80 hectáreas de riego básicas, estuvieran bien o mal trabajadas, y en innumerables casos se atropelló la ley, expropiando predios de superficie inferior a esa cabida.
Las tomas, usurpaciones y ocupaciones ilegales de tierras se convirtieron en panorama habitual en la agricultura, privándose de toda defensa al propietario atropellado. Tras la ocupación ilegal, efectuada siempre por elementos ajenos al predio y a la misma agricultura, llegaba la expropiación hecha por CORA, con objetivos estrictamente sectarios.
Se desconoció el principio de las 80 hectáreas de riego básicas y el derecho de reserva, y cuando ésta se otorgó, se fijó arbitrariamente su superficie. Predios bien trabajados fueron calificados como mal trabajados para los efectos de la indemnización. Toda la tierra chilena se consideró arable, y fue así como se expropiaron terrenos de la Cordillera de la Costa y de la Cordillera de los Andes, absolutamente ajenos a toda posibilidad de cultivos.
Elementos incapaces, carentes de toda idoneidad y sin preparación técnica alguna, fueron contratados con un solo objetivo: liquidar al empresario agrícola, desconocerlo, vejarlo y abatirlo moralmente, tasando a ruin precio las mejoras hechas en los predios. Miles de tasaciones no merecen el calificativo de indemnización, sino de rapiña y despojo. Ya antes se había sentado el sistema de reavaluar los predios agrícolas en la tercera parte del reavalúo fijado a un bien raíz urbano al aplicarse los porcentajes de alza del costo de la vida.
Se pagaron precios irrisorios por mejoras recientemente hechas, sin considerar el interés nacional, se expropiaron predios donde funcionaban criaderos de animales de raza y en los cuales se había alcanzado la máxima calidad.
Se negó a los propietarios de terrenos forestales el pago del suelo del bosque, desconociéndose categóricamente la ley, lo que ha originado la ruina de centenares de industrias madereras y el nacimiento de innumerables litigios, que forzosamente la CORA deberá perder ante los tribunales de justicia. Privando al propietario agrícola expropiado de toda defensa, en la mayoría de las provincias de Chile se mantuvieron sin constituir los tribunales agrarios provinciales y los tribunales de apelación, establecidos en la ley 16.640.
Hace poco, el Gobierno declaró enfáticamente que había terminado el latifundio en Chile, o sea, que habían quedado expropiados todos los predios de una cabida superior a 80 hectáreas de riego básicas, y todo esto se hizo en un plazo inferior a dos años, con lo cual se ha cumplido uno de los objetivos fundamentales de los postulados revolucionarios de la Unidad Popular.
Pero, paralelamente a esta acción ilegal, arbitraria y carente de toda cordura, ¿qué ha venido aconteciendo? La expropiación masiva, inmisericorde e injusta; la ocupación ilegal y arbitraria de predios, la ninguna seguridad a que fue condenado el empresario agrícola, cualquiera que fuera su categoría; las tasaciones absurdas de las mejoras; la negación de la reserva y del pago del bosque, originaron, a lo largo de todo Chile, una ola de incertidumbre, desconfianza y angustia que paralizó la inversión en los campos, disminuyendo las siembras y la crianza de animales, al extremo de que los déficit alimenticios se triplicaron: de importaciones de alimentos que nunca superaron los 150 millones de dólares, Chile ha llegado a importaciones que excedieron los 400 millones de dólares; y para 1973, en una primera fase, se anuncian importaciones de alimentos por casi 500 millones de dólares.
Este es el costo de una reforma agraria hecha con criterio político, drástico y masivo, muy distante, por supuesto, de la técnica inteligente de un proceso de cambios y de la consideración de los intereses nacionales.
Los ingresos del cobre se esfumaron en compras de alimentos y, como consecuencia de la política de formación del área social de la economía, no se ha creado una sola fuente de ocupación nueva, en circunstancias de que la población del país, en los últimos dos años, aumentó en más o menos 500 mil habitantes.
En cuanto a la producción de trigo, se ha llegado a un déficit que es desconocido. Chile, que bajo la Presidencia del señor Alessandri alcanzó a producir 14 millones de quintales de trigo, en 1973 no cosechará posiblemente ni siquiera 5 millones de quintales. Y como la penuria de divisas es tan angustiosa, se ha debido aumentar a 88% el porcentaje de extracción de harina del trigo, con lo cual desaparecen del mercado la harinilla y el afrechillo, productos básicos en la alimentación de aves y cerdos.
Los déficit en leche, carne, maíz y oleaginosas marcan guarismos que podrían hacer meditar al cerebro más empecinado. Paralelamente a la caída de la producción agrícola y de la industrial, y al déficit de la Balanza de Pagos, se ha producido el vertiginoso descenso del valor de la moneda, por la necesidad en que se ha visto el Estado de emitir miles de millones de escudos en papel moneda para sostener el área social de la economía. Frente a este caos, a la paralización de la inversión, a la anarquía imperante en los campos, al vértigo inflacionista y al déficit alimenticio cada vez mayor, ha surgido la iniciativa de reforma constitucional que nos ocupa.
El proyecto en debate tiende, pues, a crear un área de seguridad, de estabilidad y confianza, a salvar de la condena ineluctable a un sector de la agricultura chilena, a poner en marcha un motor de la producción, aquel que tal vez mueve mayor número de empresarios; a lograr que 300 mil chilenos puedan trabajar sin ser mañana despojados y vejados, y en cuanto a los medianos y pequeños propietarios agrícolas, a declarar inexpropiables, para los efectos de la reforma agraria, todo predio igual o inferior a 40 hectáreas de riego básicas y su equivalencia.
De esta forma, en Chile habrá dos áreas: la privada, menor de 40 hectáreas de riego básicas y dueña del 40% de los terrenos agrícolas de Chile, y la reformada, dueña del 60% de los suelos agrícolas del país, donde ¡paradoja de las paradojas!, por culpa del Estado, del mismo Estado que se jacta de haber exterminado el latifundio y eliminado al empresario agrícola, permanece improductivo el 50% del área expropiada.
El artículo 66 de la ley de Reforma Agraria, la número 16.640, establece que la CORA procederá a instalar un asentamiento en todo predio expropiado. El artículo 67 determina que las tierras adquiridas por ese organismo se constituirán en unidades agrícolas familiares. Sucesivos artículos ordenan la forma como se organizará la propiedad campesina. Estos imperativos de la ley de Reforma Agraria no han sido cumplidos por el Gobierno de la Unidad Popular ni por la CORA. Se han hecho expropiaciones de más de dos mil predios superiores a 80 hectáreas de riego básicas, y no se ha instalado un solo asentamiento. Tampoco se ha asignado la tierra de acuerdo con las modalidades de la ley 16.640.
Si se examinan las condiciones en que laboran los asentamientos, puede llegarse a una sola conclusión: en su funcionamiento y resultado aquéllos están amenazados por el más ruidoso de los fracasos. Y el mismo riesgo corren los llamados centros de reforma agraria, organizados por la CORA en reemplazo de los asentamientos, vale decir, la propiedad estatal de la tierra, en el que el campesino se transforma en un trabajador del Estado.
La crianza de ganado, las siembras, la lechería, etcétera, marcan en los asentamientos fuertes pérdidas, y dan lugar a que surja la duda en cuanto a si el campesino es incapaz de trabajar por sí solo la tierra y reemplazar al empresario agrícola.
Nosotros, los Senadores nacionales, no creemos que el asentamiento, sistema transitorio de adaptación del campesino a la propiedad del suelo, haya fracasado. Por el contrario, sostenemos que la reforma agraria, aplicada estricta y lealmente en sus disposiciones, y sobre la base de honestidad, es un proceso irreversible en el cual el país debe marchar adelante, sin perjuicio de que los tribunales agrarios establecidos por la ley misma corrijan los abusos y arbitrariedades cometidos por la CORA.
Lo que ha ocurrido es que no se ha aplicado la ley, no se ha dado al campesino la debida asistencia técnica y económica, no se han constituido los asentamientos ni asignado la tierra en sus distintas formas de propiedad determinadas por la ley.
Bajo el disfraz de eliminar la cesantía y de aprovechar el mayor número de campesinos que pudieran recibir un predio agrícola en planes de expansión, se instaló en las tierras expropiadas a gente de la más diversa extracción proveniente de las ciudades; masa humana ajena a las labores del campo, carente de tradición y experiencia en las labores agrícolas. Por política, por proselitismo, esa gente aplastó al verdadero trabajador campesino y quedó en una posición mayoritaria en las decisiones. Y como no les interesa el resultado exitoso de los asentamientos, porque son simples agentes de una política de colectivización de las tierras, nada hacen por producir y financiar los asentamientos. Trabajan cuando quieren y como lo desean, con un resultado: la anarquía en los asentamientos, pérdidas inmensas en el área reformada, que el Estado sostiene sobre la base de emisiones inorgánicas de papel moneda, tal como acontece en el resto del área estatal, sostenida artificialmente a trueque de la más vertiginosa inflación.
Nosotros creemos en el empresario agrícola y en su capacidad de creación. Pensamos que el campesino puede triunfar en su afán de ser dueño de un pedazo de suelo y de entregar un aporte al futuro de su patria. Por esta causa, respaldamos la reforma constitucional en debate y votaremos favorablemente su articulado.
Habríamos sido partidarios de exigir no sólo la obligación de ser trabajador permanente en el predio expropiado en el instante de la toma de posesión, sino también el requisito de tres años de anterioridad. Pero votamos su eliminación en la Comisión y nos pronunciaremos del mismo modo en la Sala, en el imperativo de hacer justicia, de no poder discriminar e incurrir en injusticia respecto de los campesinos incorporados. Señalamos, eso sí, que el sistema seguido compromete seriamente la rentabilidad de las explotaciones, y que, si no se aplica una dirección estrictamente técnica y ajena a partidarismos, todo el sistema de asignación de tierras a los campesinos puede derivar en el fracaso; fracaso que no deseamos y que estamos dispuestos a evitar con nuestra cooperación sincera a toda legislación o medida encaminada a ello.
No es el empresario agrícola ni el campesino los que han fracasado o pueden, fracasar. Es el Estado burocrático y apegado a formas estériles quien no ha sabido interpretar los mejores anhelos de los empresarios y del trabajador agrícola chileno, a los que sí de veras se les apoya, se los puede convertir en admirables instrumentos de avance económico y social.
Por estas razones, en defensa de la asignación de la tierra al campesinado y velando por el irrestricto cumplimiento de las disposiciones de la ley de Reforma Agraria, hemos votado y votaremos en contra de las indicaciones del Ejecutivo, orientadas a transformar todo el suelo chileno en propiedad del Estado y a reducir a polvo para siempre las esperanzas de los trabajadores del campo.
Asimismo, votaremos favorablemente las indicaciones tendientes a establecer la inexpropiabilidad de los predios de superficie igual o inferior a las 40 hectáreas de riego básicas, calculadas según las tablas de equivalencia consignadas en el artículo 172 de la ley 16.640, de Reforma Agraria, como también aquellas que amparan los predios agrícolas de las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes.
Técnicamente, no compartimos el criterio de establecer la inexpropiabilidad en la línea de las 40 hectáreas de riego básicas, pues nuestra tesis es la defensa permanente del espíritu de la ley 16.640, que en todas sus disposiciones estatuye como cabida para la mediana agricultura la superficie de 80 hectáreas de riego básicas.
Por su configuración geográfica, la calidad de sus suelos, su clima, el atraso de las explotaciones, por la carencia de capitales y preparación técnica, por su endémica inflación, por los precios políticos aplicados incesantemente a su agricultura, Chile no podrá alcanzar a corto plazo los niveles de la agricultura intensiva. No nos hacemos ilusiones al respecto, cuando un proceso que debería ser absolutamente técnico, porque de su resultado dependen la suerte y vida de todo un pueblo, se transforma en estrictamente político; cuando el agro se convierte en crisol de ensayos absurdos. La agricultura aparece como una actividad condenada, incomprendida y vilipendiada, contra la cual se ha lanzado todo el impulso de la lucha de clases. Para centenares de miles de chilenos, el empresario agrícola, grande, mediano o pequeño, aparece marcado con el signo de Caín. El debate sostenido en esta Sala lo prueba hasta la saciedad.
Es de esperar que esta marea de incomprensión, de injusticia y de desprecio se disipe algún día y que el empresario agrícola sea colocado en el papel que le corresponde. Pero para ello pasarán muchos años, y mientras tanto Chile deberá pagar muy caros, infinitamente caros, a costa de la suerte de su pueblo, de la baja de su nivel de vida y de la postergación de sus otras posibilidades, los errores cometidos.
Formulamos nuestras esperanzas da que esta reforma constitucional destinada a. frenar el proceso de extirpación de la iniciativa privada en el agro y a poner en marcha el ascenso de condición de los obreros agrícolas, se convierte en ley de la República, pues bien sabemos que contra ella se ejercitarán los mismos recursos con que se paralizó la reforma constitucional que dictaba normas sobre las áreas de la economía, y no irá más allá de nobles y bien intencionados propósitos.
Sólo el correr del tiempo, la inflación vertiginosa, la quiebra total de la Balanza de Pagos y la mordedura cruel de la escasez y el hambre, llevarán a Chile al convencimiento de que la agricultura es la actividad madre de la nación y de que ella debe ser orientada por rumbos y políticas muy diversos de los que hoy se siguen.
Señor Presidente, ¿me quedan aún algunos minutos del tiempo que se me concedió?
El señor PALMA (Presidente).- Le restan cuatro minutos.
El señor VON MUHLENBROCK.- Se los cedo al Honorable señor Morales, quien me ha solicitado una interrupción.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MORALES ADRIASOLA.- Señor Presidente, en estos pocos minutos de que dispondré, gracias a la gentileza del Honorable señor Von Mühlenbrock, deseo dejar constancia en el debate de la reforma constitucional que nos ocupa y que votaremos en la tarde de hoy, de que yo había presentado a la consideración del
Senado, alcanzando a ser aprobada por la Comisión de Agricultura del mismo, una iniciativa legal mediante la cual se establecía la inaplicabilidad de la reforma agraria en Chiloé continental, y en la provincia de Aisén.
El proyecto citado nació como consecuencia de numerosas peticiones formuladas por numerosos sindicatos y organizaciones campesinas, y que incluso fueron planteadas al ex Ministro de Agricultura señor Chonchol en la oportunidad en que estuvo en esa región. Entonces se le representó la inconveniencia de aplicar allí dicha reforma, en razón, especialmente, de la geografía compleja de la misma y del desarrollo ganadero que ha habido en la zona.
Innumerables razones, todas ellas tendientes a garantizar el futuro ganadero y agrícola de Chiloé continental y de Aisén, me indujeron a presentar la iniciativa a que me estoy refiriendo. Sin embargo, como estimé que ese proyecto podría ser objeto de las observaciones del Ejecutivo en su tramitación, sobre todo después de conocer la opinión de los parlamentarios de Gobierno en la Comisión - es decir, podría aprobarse por el Congreso, pero en definitiva no ser promulgado como ley - en virtud del veto presidencial, lo retiré y no insistí en su aprobación en la Sala, considerando, además, que las disposiciones consignadas en la reforma constitucional que hoy día discutimos son ampliamente satisfactorias para lograr los propósitos que originalmente se persiguieron con la iniciativa que yo presenté.
A mi juicio, la reforma constitucional propuesta pasa a satisfacer también las inquietudes, aspiraciones y anhelos expresados por todos los sectores de Chiloé continental y de la provincia de Aisén, tanto de los empleadores como de los obreros agrícolas y de los campesinos de esa región. Además, ella constituirá un elemento de confianza en las estructuras ganaderas y agrícolas de la zona austral, permitiendo que ésta continúe en un proceso de próspero desarrollo.
En cuanto a la provincia de Magallanes la reforma también incide en ella, considero fundamental dar a conocer en los minutos que me quedan, un memorándum que he elaborado acerca del problema, ya que es bueno dejar constancia de lo que ha significado, a lo largo de dos años, la política impuesta por el Gobierno en esa provincia: un tremendo déficit que resiente naturalmente el consumo de alimentos en toda la región.
¿Cuántos minutos me restan, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- Uno, señor Senador.
El señor MORALES ADRIASOLA.- Gracias, señor Presidente.
Daré lectura a dicho memorándum:
La producción de lana en la provincia de Magallanes ha disminuido en los últimos años en aproximadamente dos millones de kilos. En los cueros lanares su disminución es de aproximadamente cuatrocientas mil unidades. Se calcula que el stock ovino ha disminuido en la provincia en alrededor de cuatrocientos mil lanares.
Debe estimarse que sobre un stock de tres millones de lanares la producción de venta de animales debiera ser del 30% de ese stock, o sea deberían producirse novecientos mil ovinos anuales para la venta, como lo fuera hace años. Ahora con sólo dos millones seiscientos mil lanares no se están produciendo, por diversos motivos, más de quinientos cincuenta o seiscientos mil animales por año.
Con relación al equivalente de las ochenta hectáreas básicas en esta provincia por las diferentes características ecológicas de los suelos, varían extraordinariamente en su capacidad talajera. Se ha estimado que es una unidad económica el predio que pueda mantener entre tres mil quinientos y cuatro mil ovinos. Se entiende que esta última cifra es el mínimo para que pueda sostenerse un productor que trabaje personalmente en el campo. Pero si se desea que pueda aplicar las técnicas e inversiones que ellas representan debiera aumentarse la capacidad del predio en por lo menos seis mil animales de stock. Por ello debe entenderse que las ochenta hectáreas básicas en su equivalente en hectáreas reales para la provincia de Magallanes deben ser tales que permitan esa capacidad talajera de cuatro mil ovinos mínimo y seis mil como técnicamente ideal.
En la actualidad se basan las ochenta hectáreas sobre un estudio practicado por Impuestos Internos para el avalúo de los campos. Esto no es realista. Puede producirse una redistribución de las tierras con grave perjuicio para la economía regional y nacional.
Con referencia a la implantación de nuevas especies forrajeras, en la práctica no ha producido un aumento de producción que justifique su inversión. Se está en esto en un período de ensayo y experiencias de manejos que no permiten todavía poder recomendarlo como algo positivo.
El señor PALMA (Presidente).- ¿Me permite, señor Senador?
Ha terminado su tiempo.
Tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ.- Ya en la sesión de ayer, en una muy bien fundada exposición jurídica y política, el Honorable señor Tomás Chadwick señaló la característica esencial del proyecto que nos preocupa y que, a nuestro juicio, como sostuvo el señor Senador, representa un regreso, una vuelta atrás en el proceso de la reforma agraria.
Podrán hacerse aquí, como ya se han hecho, muchas afirmaciones enfáticas. Se podrán encubrir los conceptos, se podrán deformar los planteamientos, pero siempre quedará en claro que aquí hay un regreso negativo en el proceso de reforma agraria, que, con defectos y todo, con tropiezos, con vehemencia, con errores burocráticos, ha encontrado en estos dos años de Gobierno de la Unidad Popular un impulso vital, extraordinario, dinámico, que se traduce en el número de predios que han sido expropiados. En efecto, vemos que en estos dos años se hizo tres o cuatro veces - no estoy seguro de la cifra exacta - lo que hizo la Democracia Cristiana en seis años.
El señor HAMILTON.- No en seis años, sino en tres.
El señor RODRÍGUEZ.- Lo cierto es que la Democracia Cristiana responde por los seis años de su Gobierno, y que en ese lapso sólo hicieron lo que todos sabemos, en términos magros, reducidos y limitados.
Ahora bien, sin ser experto en materias agrarias y acudiendo sólo al sentido común, a la sensatez política, no cabe duda de que este proyecto tiende a crear un régimen en la tierra con caracteres de miscelánea, en la que, en el proceso mismo de reforma agraria, haya de todo, y en la que, incluso, en pequeñas unidades geográficas, se expresen contradictoriamente distintos regímenes.
El destino inicial de este proyecto de ley, corregido por la oportuna denuncia del Honorable señor Chadwick, indudablemente era el de restablecer el latifundio. Así es, porque lo permitía el proyecto patrocinado por el Honorable señor Moreno. Sólo la severa denuncia del Honorable señor Chadwick, planteada en nombre de los Senadores de nuestro partido, ha logrado corregir en parte esta iniciativa en su segundo informe. Pero no cabe duda de que la verdadera y muy diáfana intención inicial del proyecto no evitaba, por lo menos, la consolidación del latifundio, según la forma tan vaga con que se expresaba la idea original de esta reforma.
En segundo lugar, suponiendo que ése no fuese el destino del proyecto el de restablecer el latifundio, hay otra dirección básica que él sigue, cual es, por último, la de constituir el minifundio en Chile, expresión tan antieconómica, o tal vez más, que la primera.
Con el sistema ideado por los autores de esta iniciativa se impedirá, también, la planificación dé la producción, porque si cada predio se repartirá en tantas partes como trabajadores permanentes que habrá en él, más allá de la reserva inexpropiable de las cuarenta hectáreas de riego básicas, resulta que pervivirán después numerosas pequeñas unidades, para las cuales resultará difícil proyectar en conjunto, como en una gran unidad económica, cualquier planificación de la producción agrícola. Es posible, entonces, llegar a una economía de autoabastecimiento o de consumo familiar, pero no se logrará realmente la integración de esas pequeñas unidades para enfrentar los problemas agrarios como corresponde científica y técnicamente.
Por otra parte, a nuestro juicio con ese sistema se obstaculizará seriamente la solución de los problemas que enfrentan las comunidades indígenas del sur, que constituyen verdaderos islotes de pequeñas propiedades individuales. Al no ser posible expropiar las tierras vecinas, indudablemente que no se podrán resolver los problemas planteados a estas comunidades indígenas en una extensa zona del país.
Todo lo anterior se agrava si consideramos que sólo entre el doce y el trece por ciento de las familias pobres en el agro se han incorporado al sector reformado. El resto, entonces, permanecerá al margen de la posibilidad de obtener tierras.
A este respecto, insisto en la observación que le formulaba ayer al Honorable señor Moreno, al expresarle que con este proyecto se restarán posibilidades reales de incorporar más mano de obra a la explotación agrícola y se estimulará el éxodo permanente de campesinos a las grandes ciudades, con toda la complejidad y los problemas que surgen por este atochamiento humano y social en los principales centros urbanos, especialmente en Santiago.
Es decidor, por ejemplo, recordar un diálogo que sostuvieron los trabajadores afuerinos con el Presidente de la República, por el dramatismo de sus dichos, dentro de su lenguaje sencillo. En ese diálogo, el compañero José Sepúlveda, presidente del grupo de afuerinos, señaló:
Somos miles y miles de compañeros que andamos con la linguera al hombro por falta de trabajo y de hogar en distintos puntos del país, queremos que con el respaldo suyo señor Presidente y compañeros de la reforma agraria nos ubiquen en los asentamientos igual que los demás compañeros hermanos y no ser trabajadores de ellos. Nosotros sabimos la agricultura igual y no querimos tierras, siguen hablando en su lenguaje sencillo querimos trabajo, así podemos estar establecidos en una sola parte, tener trabajo permanente, salario diario, habitación y comida y no dormir debajo de los puentes, en casas solas inhabitables, en pajales, debajo de los árboles. Si pasamos a un fundo a pedir alojamiento, nos dicen que no hay para gente extraña, esto es por la escasez de trabajo, si tuviéramos un trabajo diario no los pasaría esto.
Luego agregaron:
No podimos formar un hogar por falta de trabajo, no tenemos derecho a tener una mujer o a engendrar hijos, la mayoría de los compañeros somos solteros. Hay veces que tenemos que andar a pie una semana o dos en busca de trabajo, si llega la noche tenemos que dormir a orillas de los caminos, debajo de los puentes, la poca alimentación que llevamos en nuestras bolsas se termina, tenemos que pedir, la gente que vive en sus hogares se admira y nos miran como si fuéramos de otros lugares lejanos, nos da vergüenza que un hombre solo tenga que hacer eso habiendo tanto campo en nuestro Chile por trabajar.
Yo diría que estas palabras sencillas, llenas de gran emoción y contenido humano, señalan precisamente la contradicción que este proyecto entraña cuando, en vez de posibilitar más trabajo para miles y miles de hombres totalmente marginados de la comunidad nacional, que carecen de una ocupación estable, de un hogar y de una familia, esta iniciativa, con el apoyo tan abierto e indisimulado de la Derecha - lo que le da un sello político bien determinado - está negando casi definitivamente, diría yo, la posibilidad de dar trabajo a varias decenas de miles de personas del sector activo de la agricultura.
Por otra parte, quisiera reiterar lo que se ha dicho aquí en cuanto a la trampa que encierra este proyecto. No cabe duda de que aquí, con mucha agilidad, con mucha diablura, se ha urdido toda una trampa jurídica, a fin de que en los últimos tres años de este Gobierno - debemos considerar el año de plazo que se da para proceder a las asignaciones - estén permanentemente sometidos a la posibilidad de ser acusados constitucionalmente en especial los Ministros de Agricultura. Porque será físicamente imposible en tan breve plazo, asignar las tierras de los predios expropiados. Según decía el Honorable señor Contreras, creo que son entre cuatro, mil y cinco mil los predios que deberán asignarse en el curso de un año. Y se da el caso de que los autores de la iniciativa callan con toda impudicia el dato que se dio en las Comisiones Unidas, de que en el Gobierno anterior sólo pudieron asignar creo que un centenar de predios. ¡Y así piden a este Gobierno que en un solo año asigne entre cuatro mil y cinco mil predios! De esta manera, quedará sin cumplirse la ley, no por falta de voluntad de parte del Gobierno, sino por imposibilidad física, administrativa y financiera, tal vez, con los diferentes tropiezos naturales que presenta este proceso. Por lo tanto, no se podrá cumplir esta enmienda constitucional, lo que, de seguro, dará lugar a acusaciones políticas de las cuales el Parlamento ha hecho uso tan frecuentemente en los últimos tiempos. Por eso, la Derecha apoya con entusiasmo esta reforma, no sólo porque ella tiene un sello reaccionario en sí misma, sino porque le permite utilizar aviesamente otra herramienta jurídica para seguir anulando la presencia de no pocos hombres como Ministros de Agricultura en el Gobierno de la Unidad Popular, e incluso para llegar a la acusación al Presidente de la República.
Creo que el criterio del Gobierno ha quedado muy claramente expresado en el informe de las Comisiones, donde se consignan las palabras del compañero Cox, Fiscal de la Corporación de la Reforma Agraria, según entiendo. En efecto, el compañero Cox ha planteado oficialmente la posición del Gobierno y ha desvirtuado las mentiras que se han dicho en esta Sala, al expresar, según se señala en el informe:
El pensamiento del Ejecutivo, expresado en su indicación, en cuanto al destino de las tierras, es el de contemplar dos formas: una es la asignación, claramente establecida en la primera parte de la indicación, y otra es la destinación. Se ha pretendido insinuar que con esta norma propuesta el Ejecutivo pretendería legitimar el establecimiento de haciendas estatales, sin tener presente que la segunda parte de esta indicación, en cuanto se refiere a la destinación como forma excepcional, dadas las características de estas tierras, es la repetición casi exacta del artículo 67 de la ley número 16.640, promulgada en el Gobierno pasado.
O sea, todas las formas jurídicas de asignación que pretende crear con cierta originalidad este proyecto, ya estaban consideradas en la propia ley de Reforma Agraria de la Democracia Cristiana, en la cual me parece que colaboró decididamente el Honorable señor Moreno en su calidad, en ese entonces, de autoridad máxima de CORA.
Y a propósito de las afirmaciones del Honorable señor Aylwin, que le escuché al finalizar su intervención, al referirse a la negligencia socialista en materia de política agraria, debo recordar que uno de los coautores de la ley vigente fue nuestro querido e inolvidable compañero Salomón Corbalán, cuya capacidad sobre la materia fue reconocida públicamente por los personeros del Gobierno anterior, entre ellos, por el Honorable señor Moreno y por el señor Jacques Chonchol, que en esa época estaba a cargo de INDAP. Cuando ocurrió la desafortunada y trágica muerte del compañero Corbalán, llegaron ambos hasta el local de nuestro partido - hecho que agradecí por lo que implicaba - a expresarnos su pesar y a reconocer una vez más, en esos minutos de tristeza, el gran aporte que hizo Salomón Corbalán a la discusión y perfeccionamiento de la ley de Reforma Agraria.
De manera que no venga a decir aquí el Honorable señor Aylwin, liviana e irresponsablemente, que el Partido Socialista no tuvo una opinión frente al problema de la reforma agraria, porque de manera constante enriqueció el debate y el perfeccionamiento de la ley en esos momentos.
El señor HAMILTON.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor RODRIGUEZ.- Desgraciadamente, no tengo tiempo.
En cambio - agrega el señor Cox - es el proyecto constitucional en estudio el que pretende derogar la disposición del artículo 67, que se consideró necesaria al momento de dictación de la ley de Reforma Agraria y que ahora se pretende dejar sin efecto, impidiendo todas esas formas de destinación que no es posible ignorar.
En cuanto a la afirmación de que el Estado no quiere asignar las tierras expropiadas, agrega que queda claro de la sola lectura de la indicación que ése es el propósito principal y que la destinación procederá sólo en los casos de excepción que el texto señala. Prueba lo anterior que se han hecho 98 asignaciones, las que han beneficiado a 20.640 familias.
En cuanto a la crítica respecto a la parte de la indicación que se refiere a los trabajadores no permanentes (inciso segundo), el señor Cox dice que no es posible limitar el beneficio de la reforma agraria sólo a aquellos campesinos que se encontraban trabajando en el predio a la fecha de la toma de posesión, ya que con ello no se resuelve el grave problema de la cesantía en el campo ni se procura uno de los objetivos centrales de la reforma agraria, cual es el de incorporar a las unidades productivas a todos los trabajadores del campo. Mediante el procedimiento de beneficiar sólo a quienes se encontraban viviendo en el predio no se puede concebir la reforma agraria como un proceso dinámico, ya que ello limitaría la posibilidad de realizar obras de regadío u otras que aumenten la capacidad potencial del predio, toda vez que no podría aumentarse la ocupación de mano de obra, que ya habría quedado determinada al momento de la toma de posesión.
Es lo que acabo de comentar a propósito del drama humano de los afuerinos, que suman sobre las 200 mil personas, que caminan como parías por todos los caminos agrícolas del país, problema al cual tampoco dio solución el Gobierno pasado.
Agrega el señor Cox:
Tampoco es exacto decir que el Gobierno estaría negando a los campesinos la posibilidad de contar con casa y cerco, ya que la indicación deja en claro que mientras subsista la organización transitoria de los predios incorporados al proceso de reforma agraria, los campesinos que formen parte de ella tendrán derecho al uso y goce exclusivo de una casa habitación y de una extensión de terreno correspondiente a su huerto o cerco. Pero no puede condenarse al campesino a vivir indefinidamente en la casa que le asignó el propietario del predio, no con un criterio social sino de acuerdo a sus intereses, muchas veces ubicada en lugares totalmente alejados de los centros poblacionales y más bien con el propósito de la defensa de las fronteras del predio.
Es la herencia que dejó la reacción latifundista en este país, en muchos casos con habitaciones aisladas y solitarias para los campesinos, incluso negándoles la construcción de ventanas para que les entrara la luz y el sol. Y en vez de precipitar la formación legal y colectiva de las aldeas campesinas, de acuerdo al proceso que está siguiendo la reforma agraria del Gobierno de la Unidad Popular, con este proyecto se impide realmente que se estimule el surgimiento de las aldeas o agrupaciones de campesinos.
La herencia que nos dejó la Reacción del pasado la recogen de nuevo estos noveles exponentes de la Democracia Cristiana, para mantener a los campesinos aislados o solitarios; herencia que, hemos dicho, impidió que el campesino dialogase con su compañero de clase y que le negó a su vez el alfabeto, el maestro y la escuela. Ese es el balance que deja la Reacción y que se nos entrega en el Gobierno de la Unidad Popular. Afortunadamente, la dinámica del proceso revolucionario está venciendo esos obstáculos históricos, pues ya estamos eliminando estas contrariedades.
El señor HAMILTON.- ¿Dónde lo han hecho?
El señor RODRIGUEZ.- Reclamo mi derecho, señor Presidente. Yo no he dado interrupciones al vehemente señor Hamilton, tan insolente como siempre.
El señor HAMILTON.- ¡Vehemencia por la verdad, y vehemencia contra la falsedad...!
El señor PALMA (Presidente).- Honorable señor Hamilton, está con la palabra el Honorable señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ.- El drama de la Democracia Cristiana es terrible, porque cuando se suma al paro de la Reacción, que quiso derrocar a este Gobierno, ocurre que la basé obrera de la Democracia Cristiana sigue frente a la producción, sigue elaborando. Y el drama continúa ahora, frente al proyecto del Honorable señor Moreno, aliado con la Derecha, que es repudiado por la base campesina de la Democracia Cristiana.
Por mucho que se diga que ese documento -como lo alcancé a escuchar al Honorable señor Aylwin- tiene un valor relativo, la declaración de las organizaciones campesinas de Chile suscrita con el señor Ministro de Agricultura tiene relevancia no sólo por los temas concretos que recoge, sino porque en él está expresada la voluntad de los dirigentes campesinos democratacristianos, que repudian ese contubernio y rechazan el proyecto. Es el caso, por ejemplo, de los dirigentes de la Confederación Triunfo Campesino, de la Confederación Libertad, en las cuales hay participación importante de los campesinos de la Democracia Cristiana, que vienen en ratificar y en suscribir ese (documento y en rechazar el proyecto del señor Moreno y de la Derecha.
Por eso termino diciendo que nosotros rechazaremos esta iniciativa; porque, indudablemente, no representa ni el interés del campesino ni es un factor que contribuya a continuar, con sentido creador, el proceso de la reforma agraria.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Le he cedido mi tiempo al Honorable señor Moreno.
Satisfacción de la Democracia Cristiana por la reforma constitucional.
El señor MORENO.- En esta oportunidad, quiero reiterar la profunda satisfacción con que los Senadores de la Democracia Cristiana que hemos presentado la iniciativa de reformar la Constitución a fin de establecer garantías reales para los campesinos, los pequeños y medianos agricultores, los comerciantes y los transportistas, vaya a ser votada por el Senado en el día de hoy.

La angustia de los campesinos y pequeños agricultores.
Presentamos este proyecto por instrucciones de nuestro partido. Lo hicimos porque, a través de nuestros contactos con los campesinos y pequeños agricultores, hemos podido recoger la angustia y desesperación en que ellos están sumidos, debido a la forma como los ha tratado el
Gobierno de la Unidad Popular. El conocimiento de su drama, la verdadera crisis no sólo ya de confianza sino que de la verdad con la cual ellos se enfrentan, es lo que motivó a la Democracia Cristiana a presentar esta reforma constitucional, a fin de establecer en nuestra Carta Fundamental las garantías verdaderas y reales que les den el pleno derecho a obtener lo que por ley no pudieron obtener, no obstante estar expresamente consignado, y que ahora vamos a consagrar en la Constitución.

El Gobierno del engaño.
Esta iniciativa obedece a que estamos frente a un Gobierno que ha hecho del engaño y de la falsedad su norma de conducta permanente. Esta situación, que se está dando en todas las esferas de la actividad económica y social tiene fuerza y solidez, más que en ningún otro lugar, en el sector agrícola, especialmente en el caso particular de los campesinos y de los pequeños agricultores.
Al iniciarse este Gobierno, todos creían que se iba a respetar y a cumplir lo que pasó a ser la Biblia Sagrada de las promesas: el Programa de las 40 Medidas por desgracia, no sólo ha sido retirado de la venta al público, sino que han fondeado el Programa de la Unidad Popular; pero basta leer y comparar lo que se ofreció a los trabajadores de la tierra y a los pequeños agricultores con lo que hoy día se ha hecho con ellos, para entender que la falsedad, la tergiversación y la traición permanente a las promesas es lo que está llevando a los campesinos a protestar y a rebelarse contra el Gobierno.
Para que quede constancia de lo anterior, pido insertar en el texto de mi intervención los números 3 y 4 del documento de la Unidad Popular sobre Las Cuarenta Medidas, en los cuales se ofreció a los campesinos la propiedad de la tierra, la asignación en forma familiar de ella, el otorgamiento de títulos de dominio, etcétera, nada de lo cual hoy está ocurriendo en la realidad práctica de la acción de la Corporación de la Reforma Agraria.

¡Al fin se sacan la careta!
Lo que es más grave aún, es que nada de lo ofrecido estaba consignado en el criterio y en el espíritu de las indicaciones que con la firma del Presidente de la República llegaron al Senado para esta reforma, indicaciones que yo me atrevo a calificar de plenas de descriterio técnico y que muestran hasta dónde llega la insensatez de quienes no entienden lo que pasa en la agricultura y que con su fanático ideologismo están llegando a perder la perspectiva de lo que conviene al país y a los trabajadores de la tierra.
Pido también insertar en mi discurso las indicaciones números 2 y 10 del señor Presidente de la República, con el objeto de que se puedan comparar con lo dicho en el Programa de la Unidad Popular y así apreciar lo que se prometió y juraron cumplir y lo que hoy día están haciendo.
El señor PALMA (Presidente).- Oportunamente se requerirá el acuerdo de la Sala para acceder a lo solicitado por Su Señoría.
Los números 3 y 4 de Las Cuarenta Medidas, cuya inserción se acordó con posterioridad, son los siguientes:
3.- Las tierras expropiadas se organizarán preferentemente en formas cooperativas de propiedad. Los campesinos tendrán títulos de dominio que acrediten su propiedad sobre la casa y el huerto que se les asigne y sobre los derechos correspondientes en el predio indivisible de la cooperativa.
Cuando las condiciones lo aconsejen, se asignarán tierras en propiedad personal a los campesinos, impulsando la organización del trabajo y de la comercialización sobre bases de cooperación mutua.
También se destinarán tierras para crear empresas agrícolas estatales con la tecnología moderna.
4.- En casos calificados se asignarán tierras a los pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y empleados agrícolas capacitados para el trabajo agropecuario.
El texto de las dos indicaciones mencionadas es el siguiente:
2.- Agréganse a continuación del inciso octavo los siguientes incisos nuevos:
Los predios que el Estado o los organismos o entidades que de él dependen adquieran a cualquier título para la realización de la reforma agraria, sea cual fuere la organización transitoria que en ellos se hubiere constituido, serán asignados o destinados definitivamente a voluntad de los campesinos, en el plazo y forma que disponga la ley. No obstante, tratándose de unidades productivas de importancia preeminente para el desarrollo de la agricultura, de la economía o para la seguridad nacional, por su incidencia en el comercio exterior, por requerir una fuerte concentración de ¡capital o utilización de tecnología avanzada, su vinculación con la producción agro-industrial, su significativa aptitud forestal, sus condiciones ecológicas o por sus características geopolíticas, las tierras que las constituyen pasarán a formar parte de las áreas social o mixta de la economía. Igual destino tendrán los predios respecto de los cuales sus trabajadores permanentes soliciten y acuerden con el Estado incorporarlos a una de esas dos áreas.
Para ser beneficiario del proceso de reforma agraria no se requerirá tener la candad de trabajador permanente al momento de la toma de posesión material del predio correspondiente.
Los campesinos que formen parte de la organización transitoria de los predios incorporados al proceso de reforma agraria, mientras ésta subsista, tendrán derecho al uso y goce exclusivo de una casa-habitación y de una extensión de terreno correspondiente a su huerto o cerco; cuando la tierra se asigne o se destine definitivamente se transferirán en dominio a los campesinos la casa que durante el período transitorio hubieren habitado y el huerto, salvo que los trabajadores acuerden lo contrario.
Los campesinos tendrán derecho a participar en la administración de las unidades productivas agrícolas que pasen a formar parte de las áreas social o mixta de la economía. Asimismo tendrán derecho a participar, a través de los consejos campesinos que funcionen a nivel comunal, provincial y nacional, en la definición, ejecución y control de la política agraria.
Para agregar la siguiente frase final al inciso octavo del artículo 10 Nº 10 de la Constitución Política del Estado:
En todo caso, la expropiación comprenderá, además del suelo, las mejoras, instalaciones, utensilios, equipos, maquinarías, viviendas, construcciones y animales del predio y, en general, todos los bienes mueblas o inmuebles destinados al uso, cultivo o beneficio del mismo, cuando los intereses de la reforma agraria así lo aconsejen.
El señor MORENO.- Aquí ya no estamos ante discursos retóricos ni declaraciones. El país vive una crisis de confianza en el Presidente de la República y en su Gobierno, porque no se han respetado ni el programa que prometieron ni la Constitución y la ley con la cual juraron trabajar y gobernar, como tampoco se ha respetado el derecho de participación del campesino, ni siquiera el de dar su opinión en este Gobierno.

¿A qué campesinos dicen representar?
Para mí resulta un sarcasmo que aquí, desesperados por la falta de argumentos, los Senadores de la Unidad Popular vengan a leer declaraciones que han obtenido ayer o anteayer de organizaciones campesinas, declaraciones que, por desgracia, serán una prueba más del incumplimiento y del engaño a que se ha sometido a los campesinos. Basta leer lo que han publicado sobre la materia los propios partidos políticos cercanos a este Gobierno.
El primer acto del Gobierno en materia agrícola fue la dictación del decreto 481, del Ministerio de Agricultura, que establecía la creación del Consejo Nacional Campesino. Como ese organismo representaba lo que los trabajadores de la tierra pensaban, lo declararon cerrado, y hasta el día de hoy ni siquiera han tomado en cuenta su opinión. A los campesinos los han engañado, los tienen postergados, los han tramitado; en una palabra, se han reído de ellos.
En realidad, si bien en un tiempo quisieron ser sutiles en sus propósitos, en el último tiempo han descubierto desembozadamente sus intenciones.
Su propósito es uno solo, el que responde a una concepción teórica de la vida y a una concepción ideológica de lo que debe ser el manejo de los bienes de producción en nuestro país: quieren la socialización de la tierra y de los medios de comercialización que dependen de la agricultura; quieren la estatificación de todas las fuentes de producción. Primero usaron los resquicios, y cuando se dan cuenta de que los resquicios no les son suficientes, abren verdaderos boquetes en contra de la Constitución y de la ley. Pero se han topado con una sorpresa que no esperaban, porque después de haber hablado de que tendrían la unidad obrero campesina, advierten que casi no van quedando obreros al lado de ellos y que los campesinos les han dado vuelta las espaldas porque han entendido que el Gobierno de la Unidad Popular está contra los trabajadores de la tierra, de los campesinos y de los pequeños agricultores.

Se han negado a constituir los asentamientos.
Por eso estamos viviendo un drama durante estos dos años: el drama de ver que la ley de Reforma Agraria en su artículo 66 - en la fundación de mi voto de esta tarde reproduciré las palabras del ex Senador Corbalán, a quien le rendimos homenaje ¡y le renovamos nuestras expresiones de admiración, porque tuvo el coraje de decir lo que pensaba, sin estar sometido a instrucciones de su partido o a la oportunidad u oportunismo de un instante para disfrazar o esconder su pensamiento - establece única y exclusivamente el asentamiento como fórmula transitoria que media entre la expropiación y la asignación definitiva de la propiedad de la tierra. Así lo dijo el ex Senador Corbalán. Así está consignado en los Diarios de Sesiones del Senado y en los informes de las Comisiones. Felicitó a la Democracia Cristiana y a quienes defendíamos sus ideas por haber establecido en forma tan precisa la disposición respectiva, que contenía una fórmula transitoria que llevaba necesariamente a la asignación de la tierra. Llega a ser un sarcasmo el que, invocando su memoria respetable, hoy día vengan a tratar de cambiar los términos de lo que fue la verdad y a tratar de obtener falsos dividendos de tipo político. Ya ni siquiera eso les da resultado, porque las pruebas de lo que ha ocurrido son más grandes que los argumentos que puedan dar aquí.
Por ello este Gobierno se ha negado desde el primer día a respetar el artículo 66 de la ley de Reforma Agraria. No ha construido un solo asentamiento, y ha declarado enfáticamente que no quiere hacerlo, porque a su juicio el asentamiento lleva a la propiedad de la tierra.

La ignorancia de los Senadores del Gobierno.
Realmente lamento que Senadores como el Honorable señor Jerez sean tan ignorantes en materia agrícola y vengan a levantar su voz para decir que un asentamiento es igual que un CERA. La verdad es que debería buscar mejores asesores, porque eso ni siquiera se aceptaría en un curso de primer año universitario. Basta la sola lectura para darse cuenta de que ambas cosas son distintas, de que corresponden a otra concepción, de que buscan otro destino y de que producen, por lo tanto, consecuencias distintas, no sólo productivas, sino que desde el punto de vista de la propiedad de la tierra.

La falsedad de los CERAS.
Por estas consideraciones, el actual Gobierno ha tratado, en forma mañosa y artera, de hacer creer a los campesinos que hay instrumentos legales para constituir los CERAS o comités campesinos.
Pido igualmente insertar en el texto de mi discurso las páginas 16, 17 y parte de la 18 del informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y de Agricultura, unidas, en las cuales aparece la verdad de lo que es el CERA, la verdadera interpretación de lo que dice la ley.
El documento mencionado, cuya inserción se acordó con Posterioridad, es el siguiente:
El señor Cox dice que el Nº 3 del artículo 224 de la ley Nº 16.640 modificó al D.F.L R.R.A. Nº 11, de 1963, que es el Estatuto Orgánico de CORA, y, en lo referente al destino de las tierras que se incorporaban al proceso, facultó a esa Corporación para formar, dirigir y administrar centros de reforma agraria. Conforme a esta disposición el Consejo de CORA, en virtud de sus atribuciones, el 20 de agosto de 1971 reglamentó la formación de los CERA.
El Honorable Senador señor Moreno dice que todo el procedimiento fijado en la ley Nº 16.640, especialmente en el capítulo relativo al destino de las tierras, está encaminado a instalar un asentamiento por un período transitorio, para ir posteriormente a la asignación de la tierra. El gran debate durante la discusión de la ley fue cuál sería la forma de asignación. La intención del Gobierno anterior y lo que queda establecido en la ley fue que la tierra se asignaría a los campesinos y por ello se expresó que la primera opción sería la asignación de tipo familiar, y otras dos adicionales: la de tipo comunitario o cooperativo y la mixta. En la parte final del artículo 67 se estableció que las tierras podrían también ser destinadas a otros objetivos, pero que no son los CERA ni las haciendas estatales. Este espíritu de la ley consistente en otorgar a los campesinos la propiedad de la tierra, está presente en todo el texto de la ley. El artículo 224 de la ley de reforma agraria introduce modificación al Estatuto Orgánico de CORA, es decir a un cuerpo de normas ajeno a la ley de reforma agraria, de modo que concluir que allí se encontraría consagrada la forma central de organización de los campos, que serían los CERA, es utilizar un resquicio legal inaceptable. Señala que Su Señoría es el autor de esa terminología, la que tuvo por objeto resolver un problema de dualidad de nombres con que se denominaban situaciones distintas. En efecto, la ley 15.020 estableció colonias agrícolas y la parcelación de los predios en propiedades familiares, quedando en rezago, en propiedad de lo que se subentendió posteriormente que era una cooperativa de reforma agraria, la infraestructura del predio. Por ejemplo, en el caso de la Hacienda Hospital, de la Hacienda Mariposas y de la Hacienda Santa Fe, la casa, la bodega, el policlínico, no son de propiedad de los asignatarios de las parcelas individuales, sino que constituyen una entidad jurídica distinta que no es una cooperativa asignataria, sino una cooperativa cuya forma no está precisada claramente. Como la ley 16.640 estableció que habría cooperativas de asignatarios y cooperativas asignatarias, ocurría que se iba a denominar de la misma manera a situaciones distintas: lo que venía de las colonias de la Caja de Colonización Agrícola o del inicio de la ley 15.020 (las casas de la Hacienda Hospital) se estimó necesario que eso se denominara centro de reforma agraria, pero comprendía las casas y no las tierras.
En cuanto a la asignación de la casa, el Honorable Senador señor Moreno expresa que para dar seguridad a los campesinos y para evitar abusos, era indispensable mantener la disposición contenida en el proyecto.
Por acuerdo de la Sala, originado en una petición formulada más adelante por el señor Rodríguez, se insertan a continuación las palabras pronunciadas en la misma Comisión por el señor Chadwick respecto de lo expresado por el señor Cox:
El Honorable Senador señor Chadwick expresa que de lo escuchado se desprende que los centros de reforma agraria están consultados en una ley despachada por el Congreso y actualmente vigente, de tal manera que podrá decirse que a esa forma jurídica de organización se le está dando una orientación distinta, pero no podrá decirse que la creación de los CERA constituye una violación de la ley de reforma agraria.
Agrega que cuando asumió el Gobierno la Democracia Cristiana tuvo que emplear la ley de reforma agraria Nº 15.020, patrocinada por el Gobierno anterior, ya que no había otra ley que se ajustara a la concepción que la Democracia Cristiana tenía sobre lo que debía ser la reforma agraria. Cabe recordar que la Democracia Cristiana había estado en desacuerdo con la ley Nº 15.020, a la que había considerado insuficiente para llevar adelante un proceso de reforma agraria. Para operar con esa ley no había otra manera que infundirle un nuevo espíritu. No es honesto entonces criticar al Gobierno actual porque utiliza una ley despachada en el anterior y le infunde un nuevo espíritu. Eso no justifica en caso alguno elevar a la categoría de disposición constitucional un conjunto de ideas que hacen imposible continuar con la aplicación de la ley de reforma agraria.
El señor MORENO.- ¡Hasta cuándo vamos a aceptar argumentos tinterillescos de parte de quienes no tuvieron la voluntad de decir lo que verdaderamente querían hacer!
Doy gracias al señor Presidente de la República porque, aunque haya sido al final del período dramático que viven los campesinos, se hayan sacado la careta y hayan dicho que lo que quieren son las haciendas estatales. Esta es la verdad.
Por eso no se les ha entregado a los campesinos la propiedad de la tierra, no se han constituido sus asentamientos, y a los pequeños agricultores se los ha cercado y arrinconado, abusando y prostituyendo la reforma agraria.
Levanto mi voz en el Senado porque, en nombre de la Democracia Cristiana fui uno de los autores de esa ley, y no puedo dejar pasar que impunemente se argumente que se trata de un proceso de redistribución social de la tierra cuando, en el fondo, vienen a defender la quiebra absoluta y la proliferación de fórmulas políticas, que lo único que están haciendo es detener el progreso en nuestro país, provocando, además, una catástrofe productiva y moral por ineptitud e incompetencia de quienes hoy día nos gobiernan, especialmente en el sector agrícola.

La agricultura chilena está arruinada.
No entiendo cómo el Gobierno persiste en su criterio de estatificar la tierra productiva, como se observa claramente en las indicaciones cuya inserción solicité, en circunstancias de que todo el país sabe que si hoy día la agricultura está arruinada es porque el Gobierno la ha quebrado. No se debe al último para nacional, pues bastaría tener cierto conocimiento de la agricultura para darse cuenta de que las importaciones de alimentos no ascenderán a 500 millones de dólares el próximo año, sino, en realidad, a 750 millones de dólares, para con ello poder tener siquiera un nivel mínimo de alimentación para nuestra población, considerando que continuarán el racionamiento y la falta de alimentos.
No entiendo cómo el señor Presidente de la República puede afirmar con tanta tranquilidad que se deberán comprar 10 millones de quintales de trigo en 1973, a sabiendas de que la producción total de Chile no sobrepasa normalmente los doce millones de quintales anuales de ese cereal. Es decir, nos está notificando de que tendremos que adquirir en el extranjero más del 80% de las necesidades chilenas de consumo de trigo. Sin embargo, se persiste en la estatificación de la tierra, y se permiten proponer que ahora, cuando se han terminado las expropiaciones, de todos los grandes predios, de los latifundios, de los predios abandonados y mal explotados, de las grandes propiedades, ahora deben expropiarse los medianos y pequeños predios, incluyendo todos los inventarios. ¡Hay que tener muy poco criterio o muy poco sentido de la realidad para no darse cuenta de que con esta medida nadie tendrá un animal, ni siquiera una gallina, dentro de sus propiedades, si éstas les van a ser expropiadas y les van a quitar el capital que ellos han podido construir con su esfuerzo. Por eso, deberían por lo menos observar los ejemplos internacionales que hoy los golpean. Hace generaciones, a la Unión Soviética, que hoy tiene un sistema de agricultura socializada, se la llamó el granero de Europa. Hoy día se les debe caer la cara de vergüenza a quienes defienden ese sistema, pues al leer los cables internacionales nos imponemos de que ese país debe comprar en el granero de su peor enemigo la harina para hacer el pan para su propio pueblo.
La verdad es que hay que ser muy inconsecuente o muy porfiado para no entender que aquí el sistema está quebrado, pese a lo cual se insiste en la socialización absoluta de la tierra y de la producción.
Este proyecto de reforma constitucional no es una trampa. Trae justicia a los campesinos y proporcionará tranquilidad a los pequeños agricultores.
La desesperación de la Unidad Popular se debe a que esta iniciativa pondrá fin a la acción de los tramposos que han estado organizando el control de la economía chilena, y que han tratado de quedarse a la mala con el Poder, volviendo la espalda a las mayorías nacionales, que en cada rincón, en cada comuna y en cada predio agrícola, se manifiestan contrarias al Gobierno.
No entiendo cómo hay Senadores que se atreven a decir que representan o levantan la voz en nombre de los campesinos. En lugar de pasarse metidos en las oficinas o gabinetes del Gobierno, en la ciudad de Santiago, deberían ir a conversar con ellos.
Lo que los campesinos desean es que les entreguen sus tierras. Ellos querían la reforma agraria, y la siguen queriendo; pero para ser los libres destinatarios de la tierra para así poder construir su estabilidad y prosperidad futura.
Por eso, en nombre de la Democracia Cristiana, reitero nuestro orgullo y satisfacción como chilenos y Senadores por haber contribuido, aunque haya sido con modestia e imperfecciones, a incorporar en la Carta Fundamental de nuestra patria un derecho esencial para los hombres de la tierra, los campesinos y los pequeños agricultores.
He dicho.
El señor PALMA (Presidente).- Se suspende la sesión hasta las 15.
Se suspendió a las 13.29.
Se reanudó a las 15.5.

El señor AYLWIN (Presidente accidental).- Continúa la sesión.
El señor FIGUEROA (Secretario).- En conformidad al acuerdo de Comités, corresponde iniciar la votación de las modificaciones propuestas en segundo informe por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y en nuevo segundo informe por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Agricultura y Colonización, unidas.
En la página 15 del boletín Nº 26.742, que contiene el segundo informe de la Comisión de Constitución, los señores Senadores pueden leer las enmiendas al artículo único que deben votarse en primer lugar.
En la página 41 del nuevo segundo informe de las Comisiones Unidas figuran las modificaciones introducidas al primitivo segundo informe que acabo de señalar.
Corresponde votar las enmiendas propuestas en segundos informes al artículo único, Nº 1, letra a). Daré lectura al Nº 1 que debe votar la Sala.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, además, las Comisiones Unidas de Constitución y Agricultura proponen el siguiente texto:
Sustituir el Nº 1 por el siguiente:
1.- Agréganse, a continuación del inciso tercero, los siguientes incisos.
Los predios que el Estado o los organismos o entidades que de él dependan adquieran para la realización de la reforma agraria deberán ser asignados a campesinos en dominio individual, o en dominio exclusivo a cooperativas campesinas o de reforma agraria, o en copropiedad a campesinos o a cooperativas campesinas o de reforma agraria, dentro del plazo de dos años contados desde su toma de posesión material y en conformidad a la Ley de Reforma Agraria.
Si dicha asignación no se hiciere en el plazo indicado, los predios se entenderán transferidos de pleno derecho y en copropiedad a los campesinos que acrediten haber trabajado en ellos, en forma permanente, a la fecha de la toma de posesión material.
El señor OCHAGAVIA.- ¿Por qué la Mesa no suspende la sesión por diez minutos, a fin de que podamos orientarnos en los boletines?
El señor JULIET.- Vale la pena acoger la petición del señor Senador, para orientarnos en los impresos mencionados por el señor Secretario.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Voy a repetir lo que dije al comienzo.
En la página 15 del boletín Nº 26.742, que es el segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, aparecen las modificaciones propuestas al Nº 1 del artículo único.
En seguida, las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Agricultura y Colonización emitieron un nuevo segundo informe, en cuya página 41 figuran las enmiendas que complementan las contenidas en el segundo informe ya señalado.
El señor RODRIGUEZ.- Despachemos el proyecto. ¡No vengan a ganar tiempo!
El señor FIGUEROA (Secretario).- En consecuencia, incluyendo las dos modificaciones...
El señor MUSALEM.- Es una reforma constitucional.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Estoy leyendo como quedaría redactado el Nº 1.
El señor RODRIGUEZ.- Vamos votando, señor Presidente.
El señor MORENO.- ¡Calma, calma! ¡Qué tanto apuro...!
El señor OCHAGAVIA.- ¡Serenidad, Honorable colega...! Yo todavía no me oriento.
El señor RODRIGUEZ.- Se puede votar con mucha serenidad.
El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se suspende la sesión por quince minutos.
Se suspendió a las 15.11.
Se reanudó a las 15.24.

El señor PALMA (Presidente).- Continúa la sesión.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde votar el Nº 1 de la letra a) del artículo único del proyecto de reforma constitucional.
Su texto, con las modificaciones propuestas en los dos segundos informes de la Comisión, quedaría en la siguiente forma:
1.- Agréganse a continuación del inciso tercero, los siguientes incisos:
Los predios que el Estado o los organismos o entidades que de él dependan adquieran para la realización de la reforma agraria deberán ser asignados a campesinos en dominio individual, o en dominio exclusivo a cooperativas campesinas o de reforma agraria, o en copropiedad a campesinos o a cooperativas campesinas o de reforma agraria, dentro del plazo de dos años contados desde su toma de posesión material y en conformidad a la Ley de Reforma Agraria.
Si dicha asignación no se hiciere en el plazo indicado, los predios se entenderán transferidos de pleno derecho y en copropiedad a los campesinos que acrediten haber trabajado en ellos, en forma permanente, a la fecha de la toma de posesión material. El precio y sus condiciones de pago se regularán de acuerdo a la Ley de Reforma Agraria. La ley podrá establecer las normas sobre la forma y plazo para hacer valer el derecho que confiere este inciso y las disposiciones por las cuales se regirán las comunidades a que dé origen su aplicación.
En los casos en que las asignaciones de tierras no se hagan en propiedad individual, se transferirán en dominio a los campesinos jefes de familia que, a la fecha de la toma de posesión material del predio expropiado hubieren trabajado en él en forma permanente, la casa que hubieren tenido destinada en forma exclusiva para su habitación y el cerco respectivo.
Cuando las asignaciones de tierras se hagan en alguna forma de propiedad distinta de la individual, los campesinos asignatarios que acrediten haber trabajado en forma permanente en el predio expropiado a la época de la toma de posesión material tendrán derecho a que se les asigne en dominio individual una extensión de terreno de dos hectáreas de superficie. Si se trata de campesinos que se encuentren en el caso regulado en el inciso anterior, la referida extensión de terreno deberá estar, en lo posible, anexa a la casa habitación que se les asigne.
Tendrán los derechos establecidos en los incisos quinto, sexto y séptimo, los campesinos que hubieren ingresado a los predios respectivos, como trabajadores permanentes, con posterioridad a la toma de posesión material, siempre que sean aceptados por la mayoría de los campesinos que hubieren trabajado en ellos en dicha fecha.
Las asignaciones y transferencias a que se refieren los cinco incisos anteriores se efectuarán con las limitaciones y prohibiciones establecidas en la Ley de Reforma Agraria.

El señor PALMA (Presidente).- En votación.
El señor RODRIGUEZ.- Votación nominal, señor Presidente.
El señor JEREZ.- Pido votación nominal.
El señor PALMA (Presidente).- Ya se había solicitado, señor Senador.
Recuerdo a la Sala que, según acuerdo de Comités, sólo dos señores Senadores por cada Comité podrán fundar su voto.
Asimismo, deseo informar que hay 49 señores Senadores en ejercicio. Por lo tanto, el quórum para aprobar la reforma es de 25 votos.
En votación nominal.
(Durante la votación).
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Contreras para fundar su voto.
El señor CONTRERAS.- Señor Presidente vamos a votar en contra esta modificación constitucional, en primer lugar, por estimar que ella no satisfará los deseos de los campesinos de tener a la brevedad títulos de dominio.
La ley de Reforma Agraria dispone que en el plazo de tres años deberán otorgarse títulos de dominio. Sin embargo, los señores Senadores autores de esta enmienda saben perfectamente bien que se trata de una disposición irreal...
El señor HAMILTON.- La de este Gobierno.
El señor CONTRERAS.- Y no sólo de este Gobierno, sino del de ustedes también. ¿Por qué? Se lo explicaré a continuación.
¿Razones? Basándose en las cifras proporcionadas en este hemiciclo, se ha dicho que el Gobierno actual no ha cumplido con la obligación de entregar títulos de dominio. Sobre el particular, repetiré lo dicho esta mañana: durante la Administración anterior se expropiaron mil cuatrocientos ocho predios y sólo 104 se asignaron a los campesinos.
El señor FONCEA.- La ley se dictó en 1967, y dio tres años de plazo.
El señor PALMA (Presidente).- Perdón, señor Senador, está fundando el voto el Honorable señor Contreras.
El señor CONTRERAS.- No entiendo mucho de matemáticas, pero sucede que dos años son menos que tres. Y durante el Gobierno anterior los señores Senadores democratacristianos dispusieron de tres años para hacer las asignaciones. Por ende, nos dejaron una herencia de mil trescientos cuatro predios cuyos títulos de dominio no entregaron a los campesinos.
Por lo tanto, las disposiciones que se incorporen a la Constitución sólo servirán para que dichos señores Senadores acusen a quienes tienen a su cargo el proceso de reforma agraria de no haber cumplido con nuestra Carta Fundamental. Con seguridad, se originarán nuevas acusaciones constitucionales y, como tienen mayoría en el Congreso, las aprobarán.
Por ello, estimo que esta enmienda no solucionará la ansiada aspiración de los campesinos de tener a la brevedad sus títulos de dominio.
Por las razones expresadas, y considerando que se trata, precisamente, de un proyecto de carácter demagógico e irreal, voto que no.

El señor FONCEA.- ¡Miren al campesino de la pampa...!
El señor CONTRERAS.- Soy más campesino que el señor Senador.
El señor FONCEA.- Yo no soy campesino.
El señor CONTRERAS.- Si quieren que los respeten, empiecen por respetar.
El señor OCHAGAVIA.- ¿En cada votación tenemos derecho a fundar el voto?
El señor PALMA (Presidente).- Sí, señor Senador.
Tiene la palabra el Honorable señor Ochagavía para fundar su voto.
El señor OCHAGAVIA.- Los Senadores nacionales votaremos en forma favorable esta modificación del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, por considerar que la aplicación de la reforma agraria tiene al campesino en absoluta inestabilidad en cuanto al dominio de la tierra que se le ofreció en propiedad.
¿Cómo entiende el campesino y cómo entienden los chilenos el título de dominio? Al igual que los campesinos, lo entendemos como la propiedad física, real de la tierra, en la cual el trabajador pueda volcar su capacidad para mejorarla, a fin de que el fruto de su esfuerzo y del de su familia implique transformar el agro en un centro de captación de ahorros que, acumulados, permitan realizar, especialmente en las zonas donde es necesario hacerlo, inversiones importantes con el propósito de incorporar nuevos terrenos a la explotación y al cultivo.
Yo pregunto a los señores Senadores que impugnan la asignación de terrenos en propiedad individual si creen que, de prevalecer su criterio, alguien va a realizar un esfuerzo extra, como deben hacerlo sobre todo los campesinos de zonas aisladas, con clima inhóspito, quienes deben sobreponerse a esas condiciones para convertir muchas veces un bosque decrépito en una pradera o incorporar al cultivo ñadis u otras tierras semejantes. Un proceso como éste se cristaliza en la medida en que el campesino sabe que el fruto de su trabajo y de su ahorro va a favorecer a su hogar y, por ende, a su mujer y a sus hijos.
Por eso, cuando los Senadores del Partido Comunista hablan de título de dominio, debemos pensar que se refieren al de una propiedad colectiva, donde el único patrón es el Estado, pues el centro de producción no es sino la proyección del Estado dueño de la tierra. ¿Qué título de dominio puede existir en esas condiciones? ¿Qué incentivo tendrá el campesino para esforzarse por mejorar la tierra?
Vemos así como la aplicación de la reforma agraria tiene a Chile en este momento en las puertas de una verdadera hambruna. El déficit de productos alimenticios alcanza actualmente a cifras que el país no es capaz de solventar: 500 millones de dólares para el presente año, cantidad estimada por los propios representantes del Gobierno.
En nuestra opinión, al campesino debe otorgársele título de dominio individual, en términos que sepa cuál va a ser su propiedad, dándole en seguida una organización cooperativa para que en forma libre e independiente reciba los bienes y servicios que le permitan explotar su terreno. Naturalmente, en una propiedad pequeña o mediana, no es fácil obtener esos bienes en forma individual. Pero no queremos sujetar al campesino a un régimen estatista; no deseamos que se halle sometido al funcionario del Estado, que inclusive va a poder fiscalizar su actividad política. Porque detrás de los centros de reforma agraria está el tutelaje político de un partido que pretende convertir al trabajador de la tierra en esclavo.
Todo el proceso de reforma agraria, en vez de significar la liberación del campesino - como eran las metas de aquélla - mediante su transformación en dueño de la tierra y de su trabajo, ha implicado convertirlo en súbdito de un Estado omnipotente, manejado en este caso por los partidos marxistas.
Por esta razón, y reafirmando nuestro planteamiento de que la libertad está íntimamente ligada al derecho de propiedad, los Senadores nacionales votamos favorablemente esta enmienda constitucional.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, durante el debate promovido a raíz de esta primera modificación constitucional, se ha dicho que el espíritu de los Senadores de estas bancas que presentaron el proyecto en estudio en nombre del Partido Demócrata Cristiano ha sido el de entorpecer el proceso de reforma agraria.
Hemos expresado que jamás podría estar en nuestra mente una actitud semejante.
Para razonar en esa forma, sostienen que la realización de los estudios previos a la asignación definitiva de las tierras a los campesinos, de acuerdo con las normas de la ley de Reforma Agraria, ocuparía muchos funcionarios y demasiado tiempo, lo que impediría acelerar el amplio proceso final que debe efectuarse para la expropiación de todos los latifundios existentes en el país.
Ha sido criterio permanente nuestro el de que debe llevarse a cabo una reforma agraria amplia y profunda.
La verdad de las cosas es que la afirmación de Sus señorías no se compadece con la realidad. Es efectivo que, previo a la expropiación, deben realizarse estudios sobre cuya base el Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria acuerda aplicar tal medida respecto de determinados predios. Por lo tanto, todos esos estudios están elaborados, y sólo hay que materializarlos en los instrumentos legales respectivos para los efectos de inscribirlos.
El problema es otro. Radica en que existe por parte del Gobierno - lo entiendo - un criterio inspirado fundamentalmente en las concepciones marxistas-leninistas: el de llevar a la realidad el estatismo en el agro. Y eso se pretende con la reforma agraria, mediante los CERA, Centros de Reforma Agraria, o de lo que se ha denominado haciendas estatales.
Ese es el objetivo final, que se contradice con lo que se está realizando en algunas naciones socialistas.
En días pasados, por ejemplo, leí que un periodista comunista chileno que estuvo en Polonia se extrañó de encontrar allí pequeñas propiedades agrícolas individuales, y manifestó que ello contrariaba concepciones tradicionales. Comunistas polacos le respondieron con una frase muy objetiva: Los frutos no se pueden hacer madurar a palos. Esto quiere decir que todo tiene su tiempo, y que un proceso socioeconómico tan profundamente revolucionario como el de reforma agraria requiere de algo vital: que la conciencia en los trabajadores agrícolas vaya incorporándose cada día más a lo que es verdaderamente la transformación de la propiedad de la tierra, para lo cual se necesita estar de acuerdo con el pensamiento profundo de aquéllos.
Aún más, recientemente en el semanario francés Les Informations se hizo una entrevista al jefe del Partido Comunista italiano, Cario Galuzzi, quien sostuvo respecto de estas materias cosas más o menos parecidas a las que hemos visto en el proceso de reforma agraria yugoslavo.
Como está finalizando mi tiempo, deseo terminar expresando que concebimos el proceso de reforma agraria de modo tal, que signifique que los campesinos sean efectivamente propietarios de la tierra en forma comunitaria. Y por eso el proyecto de reforma constitucional presentado por los Senadores de la Democracia Cristiana lleva ese sello.
Deseo reiterar la contradicción existente entre el pensamiento moderno que está profundizándose en vastas capas de marxistas de otras naciones frente a la realidad de la hora presente, y el criterio que desgraciadamente se está aplicando en Chile, con resultados catastróficos para nuestra agricultura.
Voto que sí.

Se aprueba el número 1 de la letra a) del artículo único (28 votos contra 6).

Votaron por la afirmativa los señores Aguirre Doolan; Aylwin; Ballestero; Bossay; Bulnes Sanfuentes; Carmona; Durán; Ferrando; Foncea; García; Gormaz; Hamilton; Ibáñez; Juliet; Lorca; Morales Adriasola; Moreno; Musalem; Noemi; Ochagavía; Olguín; Pablo; Palma; Papic; Prado; Reyes; Valenzuela y Von MUhlenbronck.

Votaron por la negativa los señores Contreras; Chadwick; Gumucio; Jerez; Rodríguez y Silva Ulloa.

El señor FIGUEROA (Secretario).- El número 2 de la letra a) del artículo único quedaría redactado en los siguientes términos:
Agréganse a continuación del inciso octavo, que pasa a ser decimocuarto, los siguientes:
Los predios rústicos de una cabida igual o inferior a cuarenta hectáreas de riego básicas o a cuarenta hectáreas físicas, no podrán ser expropiados para los fines de la reforma agraria. Por actos administrativos no se podrá privar de uso, goce y administración de estos predios a sus propietarios o a quienes legítimamente los representen.
Cuando la cabida de un predio rústico sea superior a cuarenta hectáreas de riego básicas o a cuarenta hectáreas físicas, e inferior a ochenta, la expropiación para fines de reforma agraria sólo podrá realizarse en el exceso de superficie de cuarenta hectáreas de riego básicas. En la parte no expropiable quedará incluida la casa habitación y las instalaciones del predio.
Tampoco serán expropiables para fines de reforma agraria los predios rústicos ubicados en las provincias de Aisén y Magallanes y en Chiloé continental de una superficie igual o inferior a ochenta hectáreas de riego básicas.
Para los efectos de las disposiciones contenidas en los tres incisos anteriores, la superficie se determinará considerando como un todo los predios que pertenezcan a una misma persona jurídica, o a una misma persona natural, o a su cónyuge o a sus hijos menores, y los derechos que estas personas tengan en alguna persona jurídica.
El señor PALMA (Presidente).- No se ha solicitado votación nominal.
El señor JEEEZ.- Sí, señor Presidente, para todas las modificaciones.

El señor PALMA (Presidente).- En votación nominal.
(Durante la votación).
El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, en principio, estamos de acuerdo con el inciso primero del precepto. Pero el Gobierno había formulado indicación a fin de dejar establecido que, para recibir un lote de tierra, era condición indispensable trabajarla personalmente. Por desgracia, ella no se aceptó. En consecuencia, las personas que obtengan 40 hectáreas de riego básicas deberán recibir irremediablemente mano de obra de afuera.
Algunos señores Senadores han dicho estar en contra de la explotación de los campesinos. Pero los trabajadores afuerinos o de temporada, de acuerdo con las disposiciones que estamos despachando, no tendrán derecho a ser asentados de los predios. Por lo tanto, se producirá una cesantía extraordinariamente grande. Se va a cumplir la cita que hacía esta mañana el Honorable señor Rodríguez a propósito de la entrevista que los trabajadores voluntarios sostuvieron con el Presidente de la República.
Consideramos estas dos ideas: la primera, que no hay una exigencia para que el propietario del bien raíz trabaje personalmente la tierra, y la segunda, que no podrán ser asentados o participar de la explotación de la tierra los campesinos que han trabajado durante algún tiempo en ella sin ser inquilinos o sin haber permanecido al servicio del patrón por lapso indeterminado. A nuestro juicio, mientras no se creen las condiciones necesarias, mientras no se desarrollen en las regiones agrarias otras industrias que permitan ofrecer a parte de los trabajadores la posibilidad de incorporarse a nuevas actividades, resulta de manifiesta inconsecuencia negar el derecho que tienen quienes han trabajado durante una vida entera en labores agrícolas de no quedar al margen de estos beneficios.
Tanto en este recinto como en cualquier otro donde nos hemos pronunciado sobre la materia, hemos dejado establecido que concordamos en que haya una limitación de la cabida agrícola, con el objeto de que la gente que cultiva las tierras tenga la debida seguridad de que no serán expropiados los suelos que han estado trabajando.
Por esas razones voto que no.

El señor CHADWICK.- Pido la palabra.
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, la norma constitucional que se trata de aprobar por la vía de esta iniciativa es manifiestamente irracional en su alcance absoluto y, además, su formulación es ambigua e imposible de precisar. Digo que es irracional en su alcance absoluto, porque se erigirá como norma constitucional un principio según el cual un predio de cabida no superior a 40 hectáreas de riego básicas será inexpropiable, cualesquiera que sean las circunstancias o condiciones que se den en él. Se trate de predios que tengan terrenos de ñadis o que sea necesario reforestar; se trate de predios ubicados en lugares donde se indispensable instalar, para los fines de la reforma agraria, establecimientos de experimentación o de enseñanza agrícola, cualesquiera que sean las circunstancias, digo, los predios serán inexpropiables.
Además, me parece absurdo pensar que pueda tener consagración constitucional un precepto cuya imprecisión es absoluta. Porque, de acuerdo con la ley vigente sobre reforma agraria, que trata de las cabidas de los predios de 40 hectáreas de riego básicas, hay referencias que son absolutamente imposibles de determinar. Por ejemplo, en algunas regiones se hace alusión a zonas cordilleranas y a valles derivados, en circunstancias de que no existe en el país instrumento alguno que permita determinar con claridad dónde empiezan y dónde terminan tales zonas.
Por otra parte, la traducción de esta medida de 40 hectáreas cíe riego básicas significa extensiones muy considerables que pueden dar corno resultado que el país esté totalmente dominado en su geografía por islotes inaccesibles al proceso de la reforma agraria. He dicho, y nadie se ha atrevido a contradecirme, que en tres provincias importantes del país la extensión de 40 hectáreas de riego básicas representa 3.500 hectáreas...
El señor MORENO.- Físicas.
El señor CHADWICK.- Sí, físicas.
Se ha hecho la objeción de que son tierras de poco valor. Sin duda que lo son. Pero es precisamente de aquellas de poco valor de las que es necesario, en beneficio de la economía nacional, obtener rendimientos más altos en la agricultura. Y esta incorporación a mayores rendimientos es lo que está condicionando la posibilidad de que el país supere la falta de producción.
Por las dos razones indicadas, y no habiendo sido contradicho respecto de una afirmación que hice durante el debate repito, voto que no.

El señor JEREZ.- Deseo fundar mi voto.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor JEREZ.- Señor Presidente, tal como lo hice en mi intervención de la mañana de hoy, deploro tener que refutar al Honorable señor Valenzuela, pues tengo mucha estimación por su persona y lamento que sea él quien deba sacar la cara en defensa de un proyecto de ley que traduce una política tendiente a impedir que prosiga el proceso de la reforma agraria, que es – repito - lo único importante que hizo un Gobierno reformista como el del Presidente Frei.
Digo lo anterior porque no se pueden estar haciendo comparaciones de carácter internacional ni aplicando fórmulas ajenas a la realidad que vive Chile. Por cierto, me importa mucho, desde el punto de vista cultural, lo que opina el Secretario General del Partido Comunista do Polonia o lo que digan los chinos sobre la materia, pero más me interesa la realidad del país. Y resulta absurdo establecer comparaciones, pero hay una cosa de la cual se puede estar seguro: de que la gente que realmente quiere los cambios sociales procura, por medio de todas las circunstancias, sean éstas electorales, legales o parlamentarias, que el proceso no se detenga, sino que avance.
Es cierto que los chinos, en la época de la República de Yenán consideraban que era reforma agraria, dadas las condiciones de ese país, abolir la pena de azotes a los campesinos y rebajar las rentas abusivas que cobraban los latifundistas a los medianos y pequeños propietarios; pero es efectivo también que los chinos no se quedaron en eso: avanzaron al extremo de que hoy día no existe la propiedad privada de la tierra y ésta ha pasado a constituir un elemento de producción en manos de cooperativas y de organizaciones de carácter comunitario. Y uso esa expresión porque la empleó el Honorable señor Valenzuela, ya que ni en nuestro país ni en China existen experiencias agrarias de carácter comunitario. En efecto, lo que aquí se está tratando de hacer es asignar la tierra en carácter individual. A eso tiende el proyecto que en estos instantes nos ocupa; de manera que aquí no se está resguardando el carácter comunitario de la propiedad. Si así fuera, no lo votaría con tanto encanto la Derecha, que ha sido la defensora más consecuente de la idea, desde el punto de vista de la argumentación que hemos escuchado en la Sala.
Por otra parte, a lo señalado por el Honorable señor Chadwick respecto de la irracionalidad no soy técnico, pero éste es ya un problema de sentido común, quiero llamar la atención de los señores Senadores sobre el inciso tercero del número segundo. Este precepto dice: Cuando la cabida de un predio rústico sea superior a cuarenta hectáreas de riego básicas o a cuarenta hectáreas físicas, e inferior a ochenta, la expropiación para fines de reforma agraria sólo podrá realizarse en el exceso de superficie de cuarenta hectáreas de riego básicas.
Sobre la base de dicho texto, es perfectamente posible preguntarse qué pasa si las hectáreas son 41. ¿Se expropia una?
En seguida, y como botón de flor en el ojal, esa misma disposición termina señalando, con fina ironía y, a la vez, como para golpear en el suelo al que resulte beneficiado con la hectárea de exceso sobre las cuarenta, lo siguiente: En la parte no expropiable quedará incluida la casa habitación y las instalaciones del predio. De modo que, si se trata de tierras malas, ocurre, con relación a lo señalado por el señor Chadwick, que no sólo se entrega una especie de presente griego, sino que se comete el crimen de restar a la producción agraria para atender a las necesidades del país tierras que podrían ser mejor aprovechadas.
Por lo tanto, aquí no sólo se trata de un problema político, sino de un asunto que, a mi juicio, quienes presumen de técnicos, en reforma agraria debieron pensar mejor; de otro modo más vale sacarse la careta, ser recto y decir: no queremos más expropiaciones en Chile.
En cuanto a saber hasta dónde se pensaba llegar, convendría tener presente, por último, que las pocas disposiciones de sentido común y que benefician a los campesinos, se lograron en la Comisión, o gracias a la protesta de los campesinos, la totalidad de los cuales está en contra de la iniciativa legal en debate, a pesar de que, según afirman sus autores, los beneficiaría.
Quiero reiterar, al pronunciarme negativamente, que todas las organizaciones campesinas chilenas, las que están bajo la influencia ideológica de los partidos de la Unidad Popular o de la Democracia Cristiana, cualesquiera que ellas sean, por primera vez concuerdan en manifestar que el proyecto no les gusta y que es preciso rechazarlo en su base fundamental,...
El señor MORENO.- No es verdad.
El señor JEREZ.- ¡Cómo que no es verdad! Lea los diarios.
El señor MORENO.- Es cuestión de saber leer.
El señor JEREZ.- Yo estoy fundando mi voto. No tengo interés alguno en dialogar con el Honorable señor Moreno y le ruego que me permita terminar mis observaciones.
La declaración de las organizaciones campesinas está redactada en castellano. Y ese acuerdo de declaración se adoptó entre el Ministro de Agricultura y todas las organizaciones campesinas. Participó, inclusive, la Federación de Asentamientos Campesinos, que parecía por anticipado que estaría de acuerdo con el proyecto porque daba la impresión de estar administrada por la Democracia Cristiana. Si hasta se usaba tono casi paternal cuando se la mencionaba. Sin embargo, no están de acuerdo en un aspecto fundamental del proyecto.
Por la razón señalada, porque los presuntos beneficiarios no son realmente tales, sino víctimas de esta iniciativa, voto que no.

El señor LORCA.- Pido la palabra.
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor LORCA.- Señor Presidente, anuncio desde ya que votaré favorablemente todos los artículos consignados en esta enmienda constitucional y referentes al profeso de la reforma agraria.
Quiero analizar de manera especial el tercer inciso, relativo a las provincias de Aisén, Magallanes y Chiloé. Desde luego, no pretendo interpretar lo que dicen los campesinos o lo que éstos firman delante del Ministro de Agricultura o de cualquiera otra autoridad de Gobierno. Sólo sé lo que dicen los campesinos con quienes mantengo contacto en la zona que represento.
Ahora bien, el problema planteado en el inciso que estoy analizando se originó en un hecho bastante triste y desconsolador producido hace dos o tres meses en Aisén, donde muchos colonos fueron expropiados violentamente, no obstante ser propietarios de predios de extensión menor de 80 hectáreas de riego básicas. En esa oportunidad, el Honorable señor Morales presentó a la consideración del Parlamento un proyecto tendiente a interpretar, como era la idea de todos los Senadores de la zona, un criterio para buscar cualquiera solución que evitara la producción de hechos sangrientos, como los que se originaron a raíz de la llegada de autoridades de la CORA que fueron a expropiar terrenos que apenas alcanzaban para alimentar a una familia. Tal es el caso de los predios de dos mil, dos mil quinientas o tres mil hectáreas, que equivalen en esa zona a 80 hectáreas de riego básicas. Al respecto, no sé en qué se funda un señor Senador para estimar que las 40 hectáreas de riego básicas equivalen en esa provincia a 3 mil hectáreas. Es posible que puedan alcanzar esa superficie predios que se extienden por terrenos montañosos, sobre todo en provincias como las que yo represento, las de la Zona Austral, que tienen un clima inhóspito. Pero la realidad es que allá las 80 hectáreas de riego básicas, en algunos lugares, equivalen a mil hectáreas físicas, y en otros, a 2 mil o a 2.500. De la explotación de un predio de extensión inferior a la señalada, difícilmente puede vivir una familia en esa región, menos aún si lo que este Gobierno de los hombres nuevos pretende es dar a los trabajadores un mínimo de justicia y dignidad.
Ahora bien, como el proyecto de ley que se presentó suspendía la aplicación de la reforma agraria en Chiloé continental y en la provincia de Aisén, los Senadores que concurrimos a la Comisión de Agricultura concordamos con el Honorable señor Morales en redactar la indicación que después fue incorporada, felizmente, a esta reforma constitucional, en el sentido de que no se pudieran expropiar predios de cabida inferior a 80 hectáreas de riego básicas. Y desde luego resulta muy apropiada la idea de plantear este precepto como una reforma constitucional, puesto que si se subiese aprobado como simple proyecto de ley, como lo habíamos propuesto en la Comisión de Agricultura los Senadores de esas provincias, corríamos el riesgo de que el Presidente de la República lo vetara sin que el Congreso pudiese reunir los dos tercios para insistir en su criterio. De esta forma, lógicamente no habríamos podido legislar sobre la materia. Eso era, pues, lo acertado: consagrar esta idea como reforma constitucional, porque, como lo sabe el Presidente de la República, que como tal es un constitucionalista, en estos casos no se necesitan dos tercios, sino simple mayoría, para mantener el criterio del Congreso, en el que están los representantes del pueblo. Y como él siempre ha sido un representante del pueblo, porque integró durante veinticuatro años el Senado de la República, sabrá comprender el punto de vista de los campesinos. Por eso, repito, encuentro muy atinada la inclusión de este precepto en la reforma constitucional, pues así se viene a hacer justicia y a satisfacer el problema básico de las provincias de Magallanes, Chiloé continental y Aisén.
Por lo demás, me parece muy positivo todo lo que se haga para que existan pequeñas propiedades agrícolas y se otorguen los respectivos títulos de dominio, porque se ha visto que el Gobierno de la Unidad Popular ha confundido la reforma agraria con un proceso destinado a llevar adelante una política tan atroz en la agricultura, que no tenemos los alimentos necesarios. El Primer Mandatario, en los miles de discursos que ha pronunciado y que conoce el mundo entero, ha dicho que la falta de alimentos en el país lo está obligando a gastar más o menos quinientos millones de dólares. Un día un Ministro habla de cuatrocientos millones de dólares; al día siguiente, el Presidente de la República habla de quinientos millones, y como cambian los Ministros de Agricultura, llega otro que habla de seiscientos millones destinados a importar productos alimenticios. Este es el fruto de una equivocada política agraria que ha llevado adelante el Gobierno de la Unidad Popular, tan bien representado en estos momentos en la Sala por los Senadores de la Izquierda Cristiana que han hecho uso de la palabra.
El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador...
El señor LORCA.- Pido al señor Presidente que mantenga la serenidad.
El señor PALMA (Presidente).- Yo pido a Su Señoría que tenga en cuenta que cinco minutos son cinco minutos. Le estaba advirtiendo que terminaba su tiempo.
El señor LORCA.- Me pareció que el señor Presidente hacía unos gestos como si estuviera preocupado por la continuación del debate.
Deseo saber si me queda algún minuto.
El señor PALMA (Presidente).- No, señor Senador.
El señor LORCA.- Entonces, voto que sí.

El señor MORALES ADRIASOLA.- Señor Presidente, si bien ya opiné al respecto en la mañana de hoy, me parece necesario, en la fundación de este voto, dejar constancia de que la disposición tercera consignada en este número 2?, que dice: Tampoco serán expropiables para fines de reforma agraria los predios rústicos, ubicados en las provincias de Aisén y Magallanes y en Chiloé continental de una superficie igual o inferior a ochenta hectáreas de riego básicas, fue, originalmente, objeto de un proyecto de ley, que aprobó la Comisión de Agricultura. Mediante esa iniciativa se concretaba la aspiración no sólo de los trabajadores agrícolas de Chiloé continental y Aisén, sino también los anhelos reiteradamente manifestados en cabildos y tribunas públicas por campesinos y centrales de campesinos en las dos provincias que he señalado y a las cuáles represento. Pero como dicho proyecto de ley corría el riesgo de ser vetado por el Ejecutivo supimos que el Gobierno estaba en desacuerdo con nuestra idea, lo que importaría que necesitáramos dos tercios para insistir, resolví no persistir en mi propósito de que lo aprobara la Sala, con el fin de incorporar el precepto en esta parte de la reforma constitucional. De este modo, ahora tenemos la certeza de prestar nuestra aprobación a una norma que asegura la inexpropiabilidad de ochenta hectáreas básicas en Chiloé continental, Aisén y Magallanes; sin exponernos a que el Gobierno frustre las esperanzas que se habían puesto en la disposición original, por no tener la Oposición los dos tercios necesarios para insistir en el criterio del Congreso.
Estimo que el precepto en votación, en el que se incluye la idea a que me referí, ahora como reforma constitucional, satisfará plenamente a esos hombres que, con su esfuerzo, han organizado las estructuras ganaderas y agrícolas de las provincias australes, y les dará confianza para ir consolidando el porvenir de esa zona,, como lo han hecho hasta el momento.
Voto que sí.

El señor MORENO.- Deseo en esta oportunidad, al fundar mi voto, en cierta medida en representación de los demás Senadores democratacristianos, que, según el acuerdo de los Comités, no podrán exponer sus puntos de vista, señalar que el artículo en votación es el que lleva la garantía real de la inexpropiabilidad a los pequeños y medianos agricultores.
Al exponer nuestra posición sobre esta materia, lo hacemos renovando la misma disposición y los mismos criterios que sustentamos y defendimos durante la discusión de la ley 16.640, que, por petición y decisión de la Democracia Cristiana, estableció expresamente que, al momento de promulgarse su texto, serían inexpropiables en forma absoluta, durante tres años a contar desde esa fecha - o sea, desde el 28 de julio de 1967 hasta el 1º de agosto de 1970 - todos los predios, cualquiera que fuese la condición en que se encontraran, de superficie igual o inferior a ochenta hectáreas de riego básicas.
En consecuencia, levanto el cargo formulado con ligereza por algunos Senadores que antes pertenecieron a la Democracia Cristiana y que hoy tratan de olvidar lo que ayer defendieron, pretendiendo crear la imagen de que nosotros estaríamos alterando lo que fue nuestro criterio, nuestro compromiso público a nivel parlamentario, y el compromiso moral que contrajimos al dictar la ley y al cumplirla con posterioridad.
Me parece que no se puede continuar aceptando la argumentación de que dejar una cantidad de terreno inexpropiable en manos de pequeños y medianos propietarios privados significa generar una forma odiosa de explotación de los trabajadores por el solo hecho de que persistiría en esos predios un número apreciable de trabajadores asalariados. La verdad es que esta argumentación no resiste ningún análisis serio, porque con tal criterio no habría, en ninguna organización o empresa del mundo, cualquiera que fuese el régimen político en el que se encontrasen, la posibilidad de que se desempeñasen personas con remuneración por el trabajo aportado, sea cual fuere el capital o el propietario de esas empresas.
Nosotros somos autores de toda la legislación sindical campesina establecida en la ley 16.625, que consigna los derechos de estos trabajadores. Y no creemos que pueda considerarse como una lacra o una vergüenza para este país el hecho de que exista un contingente de trabajadores en las propiedades inexpropiables.
Por otra parte, pienso que, probablemente, el Senador señor Chadwick no conoce adecuadamente la geografía chilena, pues ha dicho que en tres provincias Valdivia, Osorno y Llanquihue, de acuerdo con estas disposiciones, habría predios de tres mil quinientas hectáreas inexpropiables. El señor Senador debe saber que hasta hoy la tecnología no ha descubierto la forma de arar, cultivar o explotar, ni siquiera en ganadería, las nieves eternas y las pendientes con más de treinta por ciento de inclinación, que son precisamente las que constituyen la zona de nuestra Cordillera de los Andes.
En consecuencia, no se puede argumentar con seriedad al respecto, porque tal aserto no tiene ninguna solidez. Entiendo que éste ha sido un error del señor Chadwick, que Su Señoría posteriormente querrá rectificar.
En seguida, deseo reclamar por la falta de seriedad y de ética con que el Senador señor Alberto Jerez ha venido insistiendo reiteradamente en que las organizaciones campesinas - y ha citado en tres oportunidades a la Confederación Nacional de Asentamientos - están de acuerdo con el criterio del Gobierno.
Tengo a mano la publicación del diario El Siglo en que se consigna el acuerdo suscrito por el Ministro de Agricultura y los campesinos, donde la Confederación de Asentamientos deja expresa constancia y salvedad de que no comparte los puntos 12, 13, 14, 15 y 16 de la declaración, que, precisamente, se refieren a la inexpropiabilidad de las cuarenta hectáreas; y señalan que ellos no están de acuerdo en que se expropien los inventarios ni en que se impida la propiedad de la casa habitación. En una palabra, no se puede seguir con este argumento, que es faltar a la verdad.
Por último, deseo destacar la satisfacción de los Senadores democratacristianos por haber incorporado en la Constitución chilena, por iniciativa de nuestro partido, una disposición que trae seguridad, estabilidad y garantía de trabajo a los pequeños agricultores.
Voto por la afirmativa.
El señor OCHAGAVIA.- Señor Presidente, los Senadores nacionales hemos planteado la necesidad de establecer una garantía que permita al trabajador, al mediano empresario agrícola, tener la seguridad de mantener la propiedad de su tierra. Aquí se han formulado conceptos de orden socio-económico y político para justificar una rebaja de la cabida mínima. La verdad es que no me merecen respeto las palabras de algunas personas que sostienen ideologías absolutamente contradictorias con la realidad.
Me explico. Hay personas partidarias de una mayor subdivisión. Pues bien, a ellas debo recordarles que la disposición de la inexpropiabilidad de las ochenta hectáreas básicas consignada en la ley 15.020, que nosotros hicimos realidad en el Gobierno de Alessandri, permite la mantención de una empresa mediana, que es aquella que tiene mayor eficiencia, más posibilidades de acceso a la técnica, o sea, en una palabra, la que entrega al país y a la producción nacional mayor cantidad de frutos.
A los Senadores comunistas, que hablan del trabajo personal, les digo que los profesionales del agro, actividad en la que participo como ingeniero agrónomo, consideramos que los conceptos de la técnica, hoy día fundamentales para la eficiencia de la producción agraria, para convertir la explotación agrícola en una explotación agro-industrial, señalan que ello debe obtenerse, no sobre la base de la explotación personal de un obrero, sino de la explotación de una empresa dinámica, que cuente con los recursos técnicos y los capitales necesarios para ello.
Respecto de la explotación del campesino, debo manifestar que los trabajadores agrícolas que laboran en empresas medianas son precisamente los que están mejor remunerados, ganan más que los que trabajan en asentamientos o en centros estatales. Por eso, no tiene ninguna validez el argumento que aquí se ha dado en el sentido de que habría explotación del campesino por parte del mediano empresario que trabaja propiedades de hasta ochenta hectáreas.
En cuanto a la observación del Honorable señor Chadwick, de que sería irracional esta disposición por lo impreciso de su alcance, debo hacer presente al señor Senador que es el sectarismo marxista el que obliga a llevar adelante este tipo de preceptos, porque este Gobierno ha venido atropellando la legislación vigente y ha expropiado terrenos óptimamente explotados. Para ello, ha recurrido a la calificación de esos terrenos por personeros sin ningún título profesional, que han desplazado a los técnicos, a los ingenieros agrónomos, a los médicos veterinarios, a los ingenieros forestales, o sea, a aquellos que deben o pueden hacer una calificación de esta naturaleza. Así, reemplazando a estos profesionales por funcionarios políticos, se han logrado las expropiaciones, que tienen una finalidad política y no técnica.
En lo relativo a la necesidad de incorporar al cultivo nuevos terrenos, hago presente al Senador señor Chadwick que en el país no se ha hecho ninguna expropiación con ese ánimo. Yo represento a Chiloé, donde no se han hecho expropiaciones con esa intención y allí sí que es necesario incorporar al cultivo nuevos terrenos, sino que se han expropiado precisamente los predios que están produciendo en forma óptima, porque continuar su explotación es mucho más fácil, puesto que ya están dando frutos. Así, se ha provocado el descalabro de la producción nacional.
En las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes, que constituyen una zona de colonización, una zona de fronteras, una zona donde los colonos mantienen nuestra soberanía abriendo campos, se ha llegado, con espíritu sectario, a destruir los conceptos de propiedad que el colono entiende con razón que deben respetárseles después de haber roto él a fuerza de hacha los bosques y de crear campos que en este momento podrían ser abastecedores de ganado y de carne, productos de los que en este momento Chile es deficitario.
Por eso, fui autor de una indicación que precisamente, en el inciso tercero del artículo pertinente, establece la inexpropiabilidad de los terrenos de 80 hectáreas en Chiloé, Aisén y Magallanes.
Somos partidarios de mantener esta disposición, para que en Chile subsista la propiedad mediana, que es la más eficiente. La reforma agraria ha demostrado en el mundo que han debido reagruparse los predios después de haberse destruido la propiedad. Y aquí nos encontramos con que hombres que se dicen políticos vienen a demostrar su ignorancia e incapacidad respecto de un problema que es eminentemente técnico y que tiene al país sometido al hambre.
Por estas consideraciones, los Senadores nacionales estamos apoyando esta disposición. Por eso hemos planteado y sostenemos la conveniencia de las propiedades de 80 hectáreas de riego básicas, que nos parece que son de las más eficientes, las que mejores frutos pueden rendir y que más acceso tienen a la técnica.
Voto a favor de la modificación.
El señor RODRIGUEZ.- En realidad, todos deberíamos reconocer - por supuesto - mayor competencia técnica al Honorable señor Moreno en esta materia de reforma agraria, por su larga permanencia en el frente que ocupó en el pasado Gobierno. Pero, de repente, el señor Senador sufre de amnesia de amnesia derechista, diría yo, porque empieza por decir que las ideas básicas de esta reforma se mantienen igual que en la ley 16.640. De paso yo he estado leyendo algunas disposiciones de la ley de Reforma Agraria, y he comprobado que no es como él dice.
En la ley de Reforma Agraria se establecen varios casos en que son expropiables los predios rústicos. Por ejemplo, el artículo 11 señala que son expropiables los predios rústicos que constituyan minifundios, para el solo efecto de reagruparlos y asignarlos en cualquiera de las formas indicadas en el artículo 67.
Por su parte, el artículo 12 dispone que son expropiables total o parcialmente los predios rústicos que se encuentren comprendidos dentro de un área de ñadis donde el Estado vaya a realizar obras de habilitación de tierras para la producción.
En el artículo 13 se dice que son expropiables los predios rústicos que se encuentren comprendidos dentro de un área en la que el Estado esté realizando o vaya a realizar obras de riego o de mejoramiento del mismo...
A propósito de lo anterior, la mayoría opositora en la Cámara de Diputados acaba de rechazar el proyecto de ley que daba vida a la Dirección Nacional de Riego.
El artículo 15 determina que son inexpropiables, por las causas que indica, los predios rústicos de que sea dueña una persona natural, que tuvieren, desde una fecha anterior al 4 de noviembre, etcétera.
El señor MORENO.- Léalo completo, señor Senador.
El señor RODRIGUEZ.- Señala el artículo textualmente: La inexpropiabilidad establecida en este artículo no rige para los predios abandonados, ni para los que se encuentren mal explotados una vez transcurrido el plazo de tres años, contado desde la fecha de vigencia de la presente ley, ni para los comprendidos en un área de riego, ni a los minifundios para el solo efecto de reagruparlos, ni a los predios que sean ofrecidos transferir por sus dueños a la Corporación.
El señor MORENO.- Lea todo el artículo, señor Senador.
El señor PALMA (Presidente).- Señor Senador, el Honorable señor Rodríguez está fundando su voto.
El señor RODRIGUEZ.- Es que el señor Moreno cree que es el único que tiene la razón. Entonces, cuando uno da argumentos claros, interrumpe, o salta la risa irresponsable del señor Hamilton. Yo diría que la gente que se ríe muy a menudo adolece de falta de fortaleza intelectual.
No es efectivo lo dicho por el señor Moreno en cuanto a que este proyecto recoge con un carácter prístino, muy puro, las disposiciones de la ley de Reforma Agraria. No es efectivo. Los artículos que he leído contrarían precisamente lo que ahora está haciendo la Democracia Cristiana unida a la Derecha. Por eso, con perdón del colega señor Valenzuela, por quien tengo estimación y respeto, contrariamente a lo que él ha afirmado esto tiene un sello individualista, como lo dijimos en el debate de la mañana, y carece del sentido comunitario y gregario que busca el programa comunitario, bastante indefinido, por lo demás, de la Democracia Cristiana.
El señor JEREZ.- ¡Tal vez en el espíritu!
El señor RODRIGUEZ.- Ni en el espíritu ni en la letra. Y con la disposición que ahora estamos aprobando, resulta incluso mucho más imposible salvar las pocas excepciones que consignaba la ley de Reforma Agraria del Gobierno pasado. Se eliminan, prácticamente.
No quiero pronunciarme respecto de las indicaciones que con un espíritu regional o electoralista han hecho los colegas de la zona austral, zona que conozco bastante. Pero, ¡vaya que ha de ser peligroso este artículo cuando, en algunos casos, se aplique en las zonas limítrofes que, desde el punto de vista estratégico, es indispensable mantener en el área social de la reforma agraria! Recuerdo que en dicha zona hubo predios de particulares asociados con algunos extranjeros, creándose así serios problemas sobre la seguridad nacional inclusive. Por este motivo, dije que ni siquiera en este aspecto se advierte un criterio de responsabilidad al impulsar esta reforma, porque no se dejan a salvo los predios limítrofes, respecto de los cuales es indispensable que el Estado tenga realmente tuición directa, no sólo por razones de productividad, sino por motivos de seguridad nacional.
Por eso, no es tan efectivo lo dicho por el Honorable señor Moreno cuando expresó que esta reforma recoge con mucha fidelidad lo que antes había en la reforma agraria. Las excepciones no se consignan; se eliminan. Y eso no tiene, ni por asomo, un carácter comunitario, como de muy buena fe, pero con vana esperanza, sugirió el Honorable señor Valenzuela.
Voto que no.
El señor VON MUHLENBROCK. Señor Presidente, el Honorable señor Chadwick ha tratado de arrojar sombras sobre esta iniciativa de reforma constitucional burlándose del artículo 172, que establece las tablas de conversión.
Los mejores técnicos de Chile y notables técnicos extranjeros trabajaron en el levantamiento aerofotogramétrico del país hecho por la OEA, y en el Tratado del Uso Potencial de los Suelos de Chile, crearon las tablas del artículo 172. Le recuerdo al señor Senador para su mejor conocimiento, ya que representa la provincia de Coquimbo, que las 80 hectáreas de riego básicas corresponden, en los terrenos costeros de cordilleras y serranías de esa provincia, a diez mil hectáreas, cifra record de la República.
Ahora quiero brevemente referirme a una alusión que me hizo hoy día en la manan el Honorable señor Jerez, relacionada con una indicación que presenté manteniendo el criterio que sostuve durante la discusión de la ley de Reforma Agraria, indicación basada precisamente en el artículo 15, que acaba de recordar el Honorable señor Rodríguez, y que fue de mi redacción.
Busqué por todos los medios mantener en la zona que represento - las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue - la inexpropiabilidad de las 80 hectáreas de riego básicas, para conservar las características ganaderas de la región, porque Chile adolece de un déficit de carne desde hace 30 años - su ganadería está estancada en menos de tres millones de cabezas - y nuestra producción lechera va creciendo en un porcentaje inferior al del aumento de la población.
¿Cuál fue el propósito de mi indicación? Robustecer la ganadería. No es posible que 40 hectáreas de riego básicas en las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue se exploten con la rentabilidad de un predio ganadero. Este país renuncia a tener carne, leche, mantequilla, cuero y azúcar, como consecuencia del cultivo de la remolacha.
Honorable señor Jerez, mi indicación tendía a declarar inexpropiables los predios que a lo menos en 80 hectáreas básicas estuvieran integrados por terrenos de la V, VI, VII y VIII categorías.
Y leo a Su Señoría la clasificación del Tratado del Uso Potencial de los Suelos de Chile; la parte pertinente, del subtítulo Suelos de secano no arables:
Los suelos pertenecientes a este grupo han quedado excluidos de las categorías de arables por tener limitaciones extremas en sus características: (pendientes, erosión, drenaje, clima y otras), que limitan el desarrollo de los cultivos. Su uso en cultivos implica riesgos muy serios de erosión; de allí que estén limitados al pastoreo, a la explotación forestal y a usos indirectos como mantención de la vegetación para proteger las hoyas hidrográficas, la flora y la fauna natural.
Este grupo comprende las clases V, VI, VII y VIII, o sea, Aisén, la Cordillera de Los Andes y la Cordillera de la Costa.
Mi objetivo fue técnico, estrictamente científico y guarda relación con el Tratado del Uso Potencial de los Suelos de Chile. No he tratado de desvirtuar la reforma agraria. He tratado de señalar un camino que, estoy convencido, tarde o temprano este Congreso tendrá que rectificar, si realmente quiere resolver el déficit alimenticio de nuestra patria.
Los índices de desnutrición de la república señalan la decadencia de nuestra raza. Y algún día, pasada la pasión política, tendremos que desandar el camino y recurrir a lo único que nos puede permitir derrotar nuestra crisis: la técnica, la ciencia y el aprovechamiento de la experiencia de los pueblos más desarrollados que el nuestro.
Voto que sí.

El señor HAMILTON.- Quisiera fundar mi voto, señor Presidente.
El señor RODRIGUEZ.- Su Señoría ya había votado.
El señor PALMA (Presidente).- De acuerdo con lo resuelto por los Comités, sólo dos señores Senadores de cada uno de ellos pueden fundar el voto.
Solicito el acuerdo de la Sala para que el Honorable señor Hamilton pueda fundar su voto.
El señor HAMILTON.- Seré muy breve.
El señor RODRIGUEZ.- No hay inconveniente.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor HAMILTON.- No voy a insistir en los fundamentos de esta indicación, de que ya di cuenta en la mañana, especialmente en la parte que se refiere a la iniciativa del Senador que habla para que la inexpropiabilidad de la equivalencia de 40 hectáreas de riego básicas se eleve al doble, o sea a 80 hectáreas, en la Patagonia chilena. Consta en la página 11 del informe que la indicación correspondiente fue hecha por el Senador que habla; y la verdad es que la presenté en el mismo día en que el Honorable señor Moreno y otros señores Senadores presentaron el proyecto de reforma constitucional, después de haber recogido en el terreno mismo, particularmente en la provincia de Aisén, la inquietud tanto de los colonos como de los pequeños y medianos propietarios y campesinos de la zona.
Quiero rectificar lo que se ha dicho aquí. No he participado ni participaré jamás de ninguna iniciativa tendiente a no aplicar la ley de Reforma Agraria en las provincias que represento. Así lo he dicho en esa zona y lo he reiterado aquí, en el Senado. En consecuencia, por las razones que di a conocer en la mañana, presenté la indicación que las Comisiones y la Sala aprobaron. Ella significa una aplicación leal de la ley de Reforma Agraria, amoldada o acondicionada a las características peculiares de la Patagonia chilena. Sin embargo, haré dos observaciones.
La primera es que me parece hasta absurdo que personeros de la Unidad Popular se jueguen en contra de esta determinación que lleva a dar tranquilidad a los pequeños y medianos propietarios.
En los puntos 3 y 4 del Programa de la Unidad Popular, en la parte relativa, precisamente, a la economía agraria, se dice que las tierras expropiadas se organizarán preferentemente en formas cooperativas de propiedad y que en casos calificados se asignarán tierras a los pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y empleados agrícolas, capacitados para el trabajo agropecuario.
Ahora bien, el señor Rodríguez ha dado aquí, para oponerse, un solo argumento diferente de los demás: que sería peligroso dar la estabilidad de la propiedad de la tierra al mediano y pequeño agricultor o entregar en propiedad la tierra a los campesinos en zonas fronterizas, porque éstas debieran ser preferentemente del Estado.
Quiero que el señor Senador sepa que la zona de Chiloé continental, toda la provincia de Aisén y toda la provincia de Magallanes están decretadas, por resolución del Gobierno, de acuerdo con la ley de Fronteras y Límites, zonas fronterizas; de manera que esa zona, de acuerdo con la tesis del señor Senador llevada al absurdo, tendría que ser toda de propiedad del Estado. ¿Es eso lo que quiere el Estado? Nosotros estamos rotundamente en contra de eso. Y se ha llegado a un gran entendimiento, del cual he participado en la provincia, entre los campesinos, colonos y pequeños y medianos propietarios, en el que los derechos de cada cual están limitados y las fronteras entre unos y otros están establecidas en la ley: la reserva para el propietario; tranquilidad y apoyo al pequeño y mediano propietario - no se le toca - en la pacífica posesión de su propiedad y del trabajo de la tierra; y el resto de ésta, sea lo que exceda de la cabida de la unidad económica, sean tierras fiscales, preferentemente para los campesinos que la han trabajado en forma permanente.
Celebro que esta indicación, que estoy seguro ha de llevar tranquilidad a la zona y prosperidad a la producción agrícola de la zona austral, haya sido aprobada en las Comisiones y lo sea ahora en la Sala, y que se hayan dejado de mano otras iniciativas que se habían impulsado anteriormente para impedir que se aplicara en esa región la ley de Reforma Agraria.
Voto que sí.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 27 votos por la afirmativa, 6 votos por la negativa.

Votaron por la afirmativa los señores Aguirre Doolan; Aylwin; Ballesteros; Bossay; Bulnes Sanfuentes; Carmona; Ferrando; Foncea; García; Gormaz; Hamilton; Ibáñez; Juliet; Lorca; Morales Adriasola; Moreno; Musalem; Noemi; Ochagavía; Olguín; Pablo; Palma; Papic; Prado; Reyes; Valenzuela y Von Muhlenbrock.

Votaron por la negativa los señores Contreras; Chadwick; Gumucio; Jerez, Rodríguez y Silva Ulloa.

Se aprueba el Nº 2.

El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, corresponde votar el N° 3, que dice:
3.- Sustituyese en el inciso undécimo, que pasa a ser vigesimoprimero, su frase inicial que dice: La pequeña propiedad rústica trabajada por su dueño, por La propiedad rústica de una cabida igual o inferior a cuarenta hectáreas de riego básicas trabajadas por su dueño.
b) Sustitúyese en el inciso final del Nº 16º la coma (,) y la conjunción y por un punto y coma (;), y en el Nº 17º el punto final (.) por lo siguiente: , y.
c) Agrégase el siguiente Nº18º, nuevo:
18º.- La libertad de comercio y de transporte.
Es deber del Estado velar por el libre abastecimiento y transporte de todos los bienes necesarios para el desenvolvimiento y desarrollo de las actividades comerciales en forma de permitir el acceso no condicionado a las fuentes de producción o distribución. Sólo en virtud de una ley podrán establecerse normas que regulen el ejercicio de esta garantía, como asimismo autorizar al Estado o a los organismos o entidades que de él dependan a intervenir en la adquisición y transporte de bienes con fines de comercialización o en el expendio de ellos directamente al consumidor. Sin autorización de ley, el control de transporte de mercaderías no podrá significar la reserva de la comercialización o el transporte de determinados productos al Estado, a los organismos o entidades que de él dependan o en los que éstos tengan participación o control.
Asimismo, es obligación del Estado garantizar, sin discriminaciones, el libre acceso a la adquisición o contratación de los bienes y servicios que produzcan las empresas de las áreas social y mixta, no pudiendo producirse en su comercialización otras diferencias que las inherentes a sus costos u otras que determine la ley.

El señor PALMA (Presidente).- En votación nominal.
(Durante la votación):
El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, no sé cuántos desvelos causará esta disposición a algunos señores Senadores que legislaron para establecer en nuestro país ciertas organizaciones de carácter estatal que permitieran regularizar, principalmente, el comercio. Ahora vamos a borrar con el codo lo que en una oportunidad escribimos con la mano.
Existe un organismo que ha permitido regularizar los precios en nuestro país y atender especialmente a las importaciones de alimentos. Me refiero a la Empresa de Comercio Agrícola, la cual, debido a esta disposición, no podrá celebrar convenios con los campesinos para adquirir los productos del agro. Igual suerte correrán SOCOAGRO, entidad encargada del abastecimiento de la carne, y la Empresa Nacional de Frigoríficos. Esta última ha logrado montar una red de frigoríficos a lo largo del país, pero de ahora en adelante no podrá hacerlo sino en virtud de una ley, la que seguramente deberá dictarse por la misma mayoría que ahora está aprobando esta reforma constitucional.
Conocemos la tragedia sufrida por los productores de frutas, especialmente en la provincia de Aconcagua, ya que las empresas conserveras ofrecen precios realmente usurarios. Por ello, los campesinos han preferido perder sus productos antes que venderlos a un valor que no compense en manera alguna sus esfuerzos.
El año pasado, la Empresa Nacional de Frigoríficos adquirió prácticamente la totalidad de la producción frutícola, parte de la cual se exportó, y el resto, que no pudo ser enviado al mercado internacional, se desecó.
En la disposición se prohíbe, además, que el Estado organice cualquier medio de transporte o comercialización. Se dice que hay escasez de productos, y cuando se quiere ofrecer un abastecimiento eficaz, los señores Senadores proponen terminar con todas las organizaciones de comercialización de carácter estatal. Seguramente lo hacen para pagar su precio a los señores transportistas que organizaron un paro a principios de octubre, y para proporcionarles en esta oportunidad la protección necesaria.
La población de Chile sabe perfectamente cuántos sacrificios ha debido soportar por causa de ese movimiento. Por eso, denuncio que se está cometiendo un verdadero atentado en contra de las instituciones estatales establecidas, encargadas no sólo de atender a las necesidades de abastecimiento de la población, sino, principalmente, de ofrecer a los campesinos precios racionales por sus productos, cuyo transporte a las ferias y mercados les hace alcanzar precios irreales, que no corresponden al costo.
Por tales razones, voto que no.

El señor CHADWICK.- Señor Presidente, usaré mi derecho a fundar el voto para llamar la atención de la Sala y dejar pública constancia...
Algunos señores Senadores parecen olvidar aquel pasaje que dice que la risa abunda en la boca del que no es inteligente. Creo que la cita es más dura, que dice: la boca del tonto.
El señor GARCIA.- Hay otro pasaje que dice que el hombre es el único ser que se ríe.
El señor CHADWICK.- Creo que las hienas también se ríen.
Decía que quería llamar la atención del Senado sobre la irregularidad con que se está tomando esta votación, pues, según el artículo 141 del Reglamento, La Votación nomina] se verificará pidiendo a los Senadores, uno a uno y por el orden alfabético de su primer apellido, con excepción del Presidente, quien votará el último, que expresen su voto,..., etcétera. Es un hecho categórico e indesmentible que cuando le correspondió votar al Honorable señor Bulnes, él no se encontraba en la Sala y, por lo tanto, no podía hacerlo. El señor Senador volvió más tarde al hemiciclo, y al retirarse dejó el voto en manos del señor Secretario. En consecuencia, este voto no puede computarse, de acuerdo con la disposición a que me he referido.
El señor PALMA (Presidente).- ¿Me permite, señor Senador?
Ha sido costumbre inveterada de esta Corporación que cada Senador que salga de la Sala durante una votación nominal, en la que se deja constancia del voto de cada uno, pueda expresar su voto cuando vuelva al Hemiciclo. Lo han hecho Senadores de todos los partidos, y siempre se ha aceptado el procedimiento. Reconozco que, efectivamente, como dice Su Señoría, el artículo 141 del Reglamento es categórico al respecto. No obstante, la costumbre lo ha modificado reiteradamente, y parlamentarios de todos los sectores – repito - incluso algunos que están presentes en la Sala, tanto de Gobierno como de Oposición, han procedido en esa forma.
El señor RODRIGUEZ.- En las votaciones corrientes sí, no en las nominales.
El señor VON MUHLENBROCK.- También en las nominales, señor Senador.
El señor CHADWICK.- Estoy con el uso de la palabra, señor Presidente.
La intervención del señor Presidente no hace sino confirmar los hechos que estoy alegando. Por lo tanto, quedará testimonio fehaciente e indiscutible de que se ha cometido una grave irregularidad en contra del Reglamento en la votación que se está llevando a cabo. En consecuencia,...
El señor AYLWIN.- ¿Cuál es la consecuencia que deduce Su Señoría de esa grave irregularidad?
El señor CHADWICK.- La consecuencia es obvia: que la votación no se está tomando en la forma reglamentaria de rigor y, que por lo tanto, está viciada.
El señor GARCIA.- Tomémosla de nuevo, entonces.
El señor PALMA (Presidente).- Al término de la votación siempre se pregunta si algún señor Senador no ha votado.
El señor RODRIGUEZ.- Ese es otro caso.
El señor CHADWICK.- Sostengo, primero, que, al momento en que le correspondía votar, el Honorable señor Bulnes no se encontraba en la Sala. Segundo, que el artículo 141 fija un orden para recoger la votación nominal. Esta norma es excepcional, pues incluso señala cómo debe votarse: por orden alfabético. Tercero, que esta votación es muy importante y que no puede llevarse adelante sin tomar en cuenta lo que prescribe el Reglamento.
En todo caso, voto que no.

El señor GARCIA.- Señor Presidente, me circunscribiré a la materia en debate.
Una de las razones fundamentales que se tienen en consideración para asegurar la pequeña propiedad y declararla inexpropiable, es la actitud asumida por el Estado de crear los centros de reforma agraria, que en realidad son haciendas estatales.
Para constituir las haciendas estatales, se ha tenido que violar, pero flagrantemente, la disposición general a que se refirió el Senador señor Moreno en su alegación, que yo ahora ampliaré. Cuando el artículo 16 de la ley de Reforma Agraria define lo que es el asentamiento, dice que es transitorio; y ello porque finalmente rían de entregarse las tierras, de acuerdo con el artículo 67 de la misma ley, que dice que las tierras adquiridas por la Corporación de la Reforma Agraria se constituirán en unidades agrícolas familiares en conformidad a la letra h) del artículo 1º y serán, asignadas a los campesinos en dominio individual. Esta es la regla general. Hay casos de excepción, de terrenos forestales y otros, en los cuales se permite una cooperativa o una comunidad campesina, distintas, por cierto, de lo que es el centro de reforma agraria y también de lo que es la hacienda estatal.
¿En virtud de qué disposición se buscó, no diré un resquicio, sino una grosería legal? Del decreto con fuerza de ley que aprobó el estatuto orgánico de la reforma agraria, estatuto que dice lo siguiente: La Corporación es el único organismo oficial que podrá formar, dirigir y administrar colonias agrícolas o centros de reforma agraria.
Entonces, todos gritan entusiasmados: ¡Aquí está!, en circunstancias de que lo único que se está expresando es que sólo la Corporación puede hacer estas cosas, pero entre sus facultades no figura la de crear las haciendas estatales. Y se invoca la letra e) del artículo 4º del decreto con fuerza de ley de 1963 que establece una de las atribuciones de la Corporación de la Reforma Agraria: la de orientar, dirigir, intensificar e industrializar la producción mediante la creación de centros especiales, centros especiales que se cambiaron por la ley de la Reforma Agraria, ya que la letra que acabo de mencionar se modificó en el sentido de que la CORA tendrá la facultad de promover o participar en la construcción y explotación de bodegas, mataderos, plantas lecheras, fábricas de conservas, frigoríficos y otros establecimientos industriales que beneficien a los campesinos...
El señor JEREZ.- ¿A qué disposiciones se está refiriendo, señor Senador?
El señor GARCIA.- Al artículo 224 de la ley de la Reforma Agraria, que modificó las normas sobre la organización de la CORA contenidas en el D.F.L. R.R.A Nº 11, de 1963.
El Honorable señor Moreno explicó que él había redactado esas disposiciones y que recordaba perfectamente qué eran centros de reforma agraria y qué entendía por tales, concepto que consta en esa letra e), norma relativa a la construcción y explotación de bodegas y silos que pertenecen a todos los campesinos, elementos distintos de la asignación de tierras, porque sirven a todas las tierras asignadas.
De manera que cuando la ley establece que el único organismo que podrá dirigir y orientar estos centros de reforma agraria, se está refiriendo a los centros a que aludió el Honorable señor Moreno, es decir a lo señalado en la letra e) del artículo 4º del citado decreto con fuerza de ley.
En consecuencia, frente a lo que...
El señor RODRIGUEZ.- ¿Puedo hacerle una pregunta, señor Senador?
El señor GARCIA.- Si la Mesa lo permite, con mucho gusto.
El señor PALMA (Presidente).- No procede, porque el Honorable señor García está fundando el voto.
El señor RODRIGUEZ.- Es para aclarar el debate, señor Presidente.
El señor PALMA (Presidente).- A continuación, solicitaré el acuerdo de la Sala para que Su Señoría pueda hacer la consulta.
El señor GARCIA.- Lo que quiero decir es que los campesinos están angustiados por la creación de las haciendas estatales. En las propias Comisiones dijeron: No queremos cambiar de patrón ni que nos traigan otro. Esta creación se ha llevado a cabo en virtud de una grosería legal, porque la Corporación de la Reforma Agraria carece de facultades para establecer haciendas estatales; y al concepto de centros de reforma agraria se le está dando un alcance que no tiene en la ley.
Voto afirmativamente.
El señor JEREZ.- ¿Qué textos está manejando Su Señoría?
El señor GARCIA.- Dos, señor Senador.
El señor RODRIGUEZ.- La ley de la Reforma Agraria tiene vigencia desde 1967 en adelante.
El señor GARCIA.- Pero ella modificó textos legales anteriores.
El señor IBAÑEZ.- Pido la palabra.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría para fundar el voto.
El señor IBAÑEZ.- Brevemente, respecto de esta disposición constitucional, deseo hacerme cargo de algunas palabras de nuestro colega el señor Rodríguez, quien dijo que estas modificaciones que estamos aprobando vendrían a consolidar el espíritu individualista de los campesinos.
Deseo explicar a Su Señoría...
El señor RODRIGUEZ.- Expresamente no lo dije así, señor Senador.
El señor IBAÑEZ.- Tomé nota, porque me pareció un concepto muy importante.
El señor RODRIGUEZ.- Manifesté que el proyecto tiene un sello individualista.
El señor IBAÑEZ.- Exactamente, y quiero confirmar al Senador señor Rodríguez que efectivamente todas estas disposiciones tienen por finalidad específica consolidar la posición individualista de los campesinos.
Quiero explicar a nuestro colega - a quien ruego escucharme con alguna atención - que la actitud individualista es inseparable del hombre de campo y nada tiene que ver con la ideología política que ese hombre tenga.
Al respecto, deseo recordar al Senador señor Rodríguez que en algunos países comunistas que visitamos juntos, como Polonia y Hungría, la tierra es de propiedad privada de los campesinos, y que, como consecuencia de este hecho, esas naciones exhiben altos índices de producción agrícola, incluso tienen excedentes exportables. No es el caso de lo que sucede en la Unión Soviética, donde por tener la propiedad agrícola carácter colectivo, su productividad es tanto más baja que origina graves déficit alimentarios, como los que se observan en estos instantes en ese país.
Ahora, como el Partido Comunista chileno obedece a las inspiraciones del soviético, no puede sorprendernos que aquí se trate de establecer ese mismo régimen.
El señor CONTRERAS.- ¡El Reglamento debiera disponer que no se dijeran tonterías!
El señor PALMA (Presidente).- El Honorable señor Ibáñez está fundando el voto. Ruego a los señores Senadores respetar a quien tiene el uso de la palabra.
El señor IBAÑEZ.- Siempre he tenido gran respeto por el Senador señor Contreras, y lamento que mis palabras lo molesten. No quiero hacer recuerdo que sé que lo van a molestar mucho más, que demuestran la supeditación del Partido Comunista chileno al Partido Comunista soviético.
Me estaba refiriendo a lo expresado por el Senador señor Rodríguez, quien juzga con mucho más amplitud estas materias. Deseo recordar al señor Senador que en Yugoslavia también existe la propiedad privada en el campo.
Finalmente, quiero decir, respecto del artículo que estamos votando, que, sin duda alguna, era indispensable establecer la norma constitucional que contiene, por los abusos a que ha dado origen la intervención del Estado en la comercialización de los productos. Y aquí lamento nuevamente tener que contradecir a nuestro colega el Honorable señor Contreras por quien, repito, tengo mucho respeto, cuando habla de lo bien que regula los precios la DIRINCO. En este instante tenemos el ejemplo de los automóviles, que es una de las demostraciones más fehacientes de cómo DIRINCO cuida el interés de los consumidores: cuadruplicando los precios de un elemento tan esencial como son los medios de transporte.
Por eso, quiero terminar expresando que este precepto constitucional, lejos de eliminar los institutos del Estado que puedan realizar este tipo de actividades económicas, lo único que establece, Honorables colegas, es que debe dictarse una ley para que los organismos del Estado tengan el monopolio de esas actividades o, por lo menos, para que se dediquen a ellas. Después, habrán de ser los usuarios quienes decidan si utilizan los servicios de los organismos estatales o si prefieren los de particulares. Y si aquéllos son pésimos o extraordinariamente onerosos, no tiene por qué sorprender a nadie que los usuarios, los campesinos o asentados prefieran emplear los servicios de entidades particulares. Nada de esto queda prohibido ni impedido por la disposición constitucional que estamos aprobando. Lo único que se dice aquí es que se requiere de una ley para que el Estado pueda realizar este tipo de actividades. Por lo demás, de acuerdo con las normas constitucionales vigentes que garantizan la libertad de trabajo, todas las actividades están abiertas a todos los chilenos.
Por estos motivos, voto favorablemente.

El señor JEREZ.- Pido la palabra.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría para fundar el voto.
El señor JEREZ.- Para empezar, quiero en algunos minutos contestar una referencia personal del Senador Moreno, quien expresó que él exigía mayor ética de parte mía, porque yo no había mencionado en mi intervención, cuando aludí a la declaración de las organizaciones campesinas, que la Confederación de Asentamientos había discrepado en algunos puntos de ese documento. Pedí a la Redacción del Senado esa parte de mi intervención, la que con claridad dice textualmente: Quiero preguntar al Honorable señor Moreno si, como información de cultura general, él conoce esta declaración y si le niega validez, con una salvedad, porque quiero ser muy claro: la Confederación de Asentamientos Campesinos rechaza algunos de los puntos, pero acepta los tres esenciales que he mencionado. Más adelante, en dicho documento señala que está en desacuerdo con otros que no tienen relación directa con el tema en debate.
Desde luego, el señor Moreno estaba presente cuando ayer expresé esas palabras que hoy leo de la versión taquigráfica, y, como todavía no sé qué le digan don Gervasio ni que sea sordo, me parece de mala fe y falta de ética de su parte que, habiendo escuchado lo que expresa el texto recogido por la versión, manifieste que yo no he tenido...
El señor MORENO.- No dije eso...
El señor JEREZ.- Perdón, señor Senador; haga el favor de no interrumpirme.
Lo expresó hoy día y lo que acabo de leer lo dije en la interrupción que me concedió el mismo señor Senador en la sesión de ayer. De manera que no puede olvidar lo que afirmé, porque fue la mía una alusión directa y una consulta que le formulé. Por consiguiente, en cuanto al problema de ética, creo que la caridad debe empezar por casa.
Yo estoy libre de culpa, señor Senador. En ese sentido, estimo que el señor Moreno es el que ha incurrido en falta de ética.
El señor PALMA (Presidente).- ¿Cómo vota Su Señoría?
El señor JEREZ.- Un momento, señor Presidente. Creo que he sido aludido en una forma que me obliga a defenderme.
El señor PALMA (Presidente).- Su Señoría está fundando el voto.
El señor JEREZ.- ¿Usted quiere que repita lo que manifesté denantes para defenderme?
El señor PALMA (Presidente).- No. Funde el voto, señor Senador.
El señor OCHAGAVIA.- Después otorgamos tiempo al Honorable colega para vindicarse.
El señor JEREZ.- Sí, podría recurrir al Reglamento, que me permite hacer uso de ese derecho, pero no deseo perder más tiempo.
El señor PALMA (Presidente).- Le quedan tres minutos, señor Senador.
El señor JEREZ.- En segundo lugar, el señor Moreno se refirió a las personas que habían abandonado la Democracia Cristiana; aparentemente al Senador Gumucio y a quien habla, porque no veo a quién puede aludir más directamente, y manifestó que habíamos cambiado nuestra posición respecto de la reforma agraria.
Muy bien. Quiero expresar al señor Moreno, que fue un funcionario ejecutor de la reforma agraria, que el proyecto sobre esta materia lo debe de recordar muy bien Su Señoría fue el único que la Democracia Cristiana tenía preparado para ser presentado, antes de asumir el Poder. Y quiero señalarle que, con ocasión de una junta nacional o poco tiempo después, en que salí derrotado por el Senador Aylwin en la lucha por la presidencia de la Democracia Cristiana, fuimos juntos a un acto en el teatro Caupolicán. Y ahí hablé, en agosto o septiembre de 1965 en el fondo recogiendo la protesta de la militancia democratacristiana, y exigí en ese recinto que se enviara al Parlamento ese proyecto, y efectivamente se envió. O sea, alguna relación moral y activa hemos tenido con la reforma agraria de la propia Democracia Cristiana.
Lo debo decir por primera vez: el Senador Gumucio, Jefe de la Democracia Cristiana en el Senado, y yo, en calidad de jefe de los Diputados en reemplazo del señor Lorca, Diputado entonces, que estaba de viaje, ante la presión que se nos hacía en los debates de parte de nuestros militantes e incluso de nuestros adversarios, concurrimos a La Moneda a pedir al Presidente de la República que enviara ese proyecto, en vista de que estaba redactado desde hacía tanto tiempo, so pena de renunciar a nuestros cargos como una manera de protestar por esta inconsecuencia.
Por lo tanto, deseo demostrar aquí que, aunque nosotros no hayamos sido redactores de la ley, políticamente hemos sido consecuentes e impulsadores de la reforma agraria. Y cuando en estos momentos, junto con el Honorable señor Rodríguez, estamos defendiendo una tesis contraria a esta reforma constitucional, es porque hemos sido desde el comienzo partidarios incluso de la reforma agraria no tan amplia como lo fue la de la época del Presidente Frei.
Además, no somos enemigos de los pequeños y medianos agricultores, pero de ahí a incurrir en esta especie de manga ancha que significa que cualquiera queda a salvo de la expropiabilidad, aunque tenga los terrenos abandonados, incultivados, hay mucha distancia. Por último, una persona podrá tener necesidad de pedir la expropiación de su predio, o éste tener que requerirse para poder configurar en su conjunto algún tipo de propiedad, como ocurre ahora, en que tienen que expropiarse saldos de terrenos.
Y resulta que desde el punto de vista técnico, incluso, es absolutamente absurdo llevar adelante estas ideas, sobre todo cuando los propios campesinos son contrarios a las normas del proyecto que se vota. Vuelvo a decirlo aquí, y ojalá que la gente escuche bien porque las cosas se citan parcialmente, para que después no se diga que uno falta a la ética.
La verdad es que este proyecto es una contradicción con lo planteado en la ley de Reforma Agraria democratacristiana. Y lo lamentamos mucho, porque esa ley, de por sí, no era lo suficientemente dinámica como podía haber sido. Por lo tanto, en lugar de retroceder, debiera avanzarse en su perfeccionamiento.
A mi juicio, no constituye argumento alguno sostener, como lo hicieron el Honorable señor Valenzuela y otros colegas, que en el espíritu de la disposición se busca otra cosa, porque, si es así, habrá que encontrar una manera variada de promulgar las leyes, ya sean ellas claras o de este tipo en que el espíritu es distinto del texto. La que estamos despachando será en el espíritu otra cosa, pero en su texto es una ley reaccionaria y contraria a todo lo que ha sostenido la propia Democracia Cristiana en materia de reforma agraria.
El señor PALMA (Presidente).- ¿Cómo vota Su Señoría?
El señor JEREZ.- Que no, por supuesto.
El señor MORENO.- En la fundación del voto quisiera desvirtuar, en primer término, un argumento que dio el señor
Chadwick cuando reclamaba por la forma en que se estaba recogiendo esta votación.
El señor Senador ha hecho referencia al artículo 141 del Reglamento del Senado, respecto de la forma como se debe efectuar la votación nominal. Basta leer el artículo 158, que, por supuesto, está después del 141, para ver que el Secretario del Senado deberá preguntar a la Sala si algún Senador no ha emitido su voto, a fin de que lo haga. Esa es la norma general para todas las votaciones, cualquiera que sea la clase de votación que se realiza.
Con relación a la fundación misma de mi voto, deseo dar dos tipos de argumentos que, a mi juicio, es necesario dejarlos consignados también para la historia de este proyecto de reforma constitucional.
Diversos señores Senadores de Gobierno han expresado que la inexpropiabilidad que otorga el número que acabamos de aprobar estaría creando una situación de extraordinaria dificultad y, quién sabe, de riesgos, para la seguridad nacional, al incluirse en la norma las zonas limítrofes o fronterizas.
Como éste es un argumento dado en forma reiterada en la Sala y también por la prensa, quiero manifestar que discrepamos de él. Personalmente, el Senador que habla discrepa en forma categórica de este tipo de interpretaciones. Basta conocer la historia de la mayoría, por no decir de todos los países que en nuestro hemisferio y en nuestro propio continente defienden sus fronteras, para ver que ellos han aplicado como norma la asignación de la propiedad de la tierra a sus habitantes que viven en las zonas limítrofes, como forma de garantizar no sólo su permanencia en ellas, sino también la soberanía de su territorio.
En consecuencia, no se puede argumentar que las fronteras chilenas quedarían en una situación de debilidad al consagrarse en la reforma constitucional que nos ocupa la inexpropiabilidad para los habitantes chilenos dueños de propiedades con superficie igual o inferior a 40 hectáreas básicas de riego situadas en las zonas de nuestro territorio que deslindan con otros países.
En cuanto a la indicación que se refiere a la libertad de comercio y de transporte, sólo quiero decir algunas palabras.
La Democracia Cristiana no acostumbra a que le coloquen indicaciones y argumentos en el bolsillo. Esa podrá ser la norma que se usa respecto de otros señores Senadores, pero no sirve para la Democracia Cristiana. Nosotros procedemos de acuerdo con nuestro propio criterio, y tenemos una doctrina que respetamos en nuestros planteamientos y que avala nuestras actuaciones. Si hemos garantizado en la Constitución Política la libertad de comercio y de transporte, es porque existen en nuestra patria más de 400 mil chilenos que desarrollan esa actividad, y porque hoy existe consenso nacional en que, debido a las acciones de los organismos del Estado y al criterio de este Gobierno, dicha actividad no sólo se encuentra en peligro, sino que, en algunos lugares, ya ha comenzado a ser amagada.
Por último, también deseo, aun cuando lo considero innecesario, refutar una afirmación, a mi juicio absolutamente imprudente, hecha por el Senador señor Jerez.
El señor Senador trata de arrogarse que, gracias a la presión de él y del Senador Gumucio, el proyecto de reforma agraria de la Democracia Cristiana fue enviado al Congreso en 1965. En realidad, hay que tener demasiada largueza de genio, por no decir otra palabra un poco más dura, para hacer tal afirmación, porque, como yo recuerdo mejor que nadie en esta Sala el proceso de lo que fue la preparación de ese proyecto de reforma agraria, que se envió al Parlamento el 22 de noviembre de 1965, jamás...
El señor JEREZ.- Estaba listo mucho antes.
El señor MORENO.- No estaba listo.
Como decía, durante dicho período jamás vi ni al señor Gumucio ni al señor Jerez participar en ninguna de las reuniones que celebramos para el estudio de la reforma. Jamás vi al señor Senador participar en su discusión en la Sala. Jamás lo vi interesarse en esta materia. Puede ser que ahora, cuando él debe dar explicaciones públicas de sus actuaciones del pasado, haya sufrido este ataque de buena memoria; pero lo cierto es que la realidad desmiente su memoria, que está bastante frágil sobre este punto.
La reforma agraria de la Democracia Cristiana formó parte de un conjunto de ideas y de un compromiso que el ex Presidente Frei y nuestro partido suscribieron con Chile. Preparamos la iniciativa sobre esta materia con cuidado, con delicadeza y con seriedad, y se discutió porque era necesario fundar cada una de sus ideas.
Esa es la razón por la cual hoy venimos a esta Corporación a reforzar lo consignado en dicho proyecto; no para desvirtuarlo ni para justificar posiciones adoptadas en esta etapa, que no forman parte de lo que es nuestro compromiso con quienes nos han elegido.
Nada más, señor Presidente.
El señor MUSALEM.- Pido la palabra.
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor MUSALEM.- Quiero fundar mi voto respecto de esta disposición, porque, entre los argumentos dados en la Sala, se ha pretendido cambiar el espíritu y el sentido claro de la letra de la garantía que se establece a la libertad de comercio y de transporte.
Constituye una afirmación caprichosa sostener que, mediante esta reforma constitucional, se pretende acabar con la distribución y la posibilidad de transporte por parte del Estado. La norma en votación trata de otra cosa.
Durante dos años el país ha sido testigo de cómo el Gobierno acecha las distintas actividades del país, pequeñas y medianas, para llevarlas al nivel de monopolio del Estado. Así ha estado sucediendo en el campo, donde, por medio del proceso de tomas, cayeron pequeños paños de tierra de 5, 8 y 10 hectáreas. De la misma manera, han estado al acecho de las actividades del comercio y del transporte, y ha habido acuerdos expresos del Gobierno para monopolizar el transporte en una provincia del país, hecho que motivó el paro de octubre.
Es tal la actitud de concentrar toda la actividad del comercio y del transporte por parte de este Gobierno, que en la actualidad nadie tiene dudas al respecto. Ni el pequeño comerciante ni el transportista dueño de un camión dudan de que, tarde o temprano, dentro de los planes del Gobierno, está restarles sus fuentes de trabajo, sea por la vía de la expropiación o del despojo, y constituir el monopolio total del Gobierno en esas actividades.
La reforma constitucional que nos ocupa trata, sencillamente, de entregar al Congreso Nacional la determinación por ley de cómo debe regularse esta garantía de la libertad del comercio y del transporte; la fijación de las normas que la van a regir; de qué manera la autoridad del Estado intervendrá en la adquisición y transporte de bienes de comercialización. También deja en claro que el control del transporte de las mercaderías no puede significar reserva de la comercialización o del transporte, salvo que la ley lo determine. Por último, establece que el Estado garantiza el libre acceso a la adquisición y contratación de bienes y servicios que producen las empresas del área social.
No se pretende borrar con el codo lo escrito con la mano en el pasado. Lo que se quiere es impedir el atropello y la decisión caprichosa de un Gobierno que no respeta el pensamiento de las mayorías nacionales y que, en su afán de alcanzar el poder total, tampoco respeta al pequeño comerciante ni al dueño de un viejo camión que lo dedica con mucho esfuerzo al transporte, para ganarse la vida y el sustento de su familia.
Por eso, frente a un Gobierno que actúa de esta manera, sin respetar la mínima libertad de trabajo y sin dar al hombre posibilidades de iniciativa en las actividades más pequeñas, y, obedeciendo a un clamor de la ciudadanía y a una tradición de hacer respetar los grados de libertad en que estamos acostumbrados a movernos los chilenos, se hace indispensable esta reforma constitucional, para que un sector de chilenos muy esforzados, de pequeños trabajadores que constituyen 400 mil personas, y, con sus familias, alrededor de 3 millones de chilenos, puedan trabajar sin temor, con tranquilidad y seguridad.
Por ello se justifica esta reforma de nuestra Carta Fundamental, que tiende a evitar el monopolio deshumanizado del Estado en este tipo de actividades fundamentales, que pueden realizar en mejor forma los pequeños comerciantes y los pequeños transportistas.
Por lo expuesto, voto que sí.

El señor OCHAGAVIA.- Pido a la Mesa recabar el acuerdo de la Sala para poder fundar mi voto.
El señor PALMA (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para que el Honorable señor Ochagavía pueda fundar su voto.
El señor JEREZ.- Queremos terminar luego, señor Presidente.
Ya votó el Senador Moreno. ¡Para qué más...!
El señor PALMA (Presidente).- No hay acuerdo.
El señor RODRIGUEZ.- Para que no queden flotando en el ambiente algunos argumentos que parecieran válidos, pero que, en definitiva, no lo son, quiero responder una afirmación del Honorable señor Moreno respecto de las zonas fronterizas.
Cuando nosotros señalamos la significación e importancia estratégica de esas zonas, no queremos decir que ellas queden despobladas. No veo por qué el proceso de reforma agraria deba ir unido a una intensa instalación de una población activa en esas regiones, por lo general despobladas, particularmente en el sector austral. Por eso, cuando hemos señalado que ojalá las zonas fronterizas queden a salvo de la propiedad individual, ello no significa que, paralelamente, estemos despoblándolas. Ese es un absurdo.
Por lo demás, en cuanto a lo expresado por el señor Senador en el sentido de que los países del hemisferio han tenido cuidado de colocar personas en las regiones limítrofes durante los procesos de reforma agraria, la verdad es que son contadísimas las reformas agrarias llevadas a cabo en América Latina. Yo diría que lo que impera en esta parte de nuestro continente es el latifundio más aberrante, como lo establecen las propias estadísticas de los organismos internacionales. A mi juicio, fuera del caso de Cuba, en su contexto histórico; del nuestro, en sus dos etapas: el proceso inicial de la Democracia Cristiana y éste más profundizado durante el Gobierno de la Unidad Popular; de la primera experiencia de reforma agraria en Bolivia, y del interesante proceso que surge en Perú, no hay otras naciones en el hemisferio que realmente tengan un proceso de reforma agraria que nos permita considerar como buena la información dada por el Senador Moreno sobre el problema de las zonas fronterizas.
Repito: el hecho de que no haya propiedad individual en esas regiones no implica que ellas queden despobladas. Al contrario. Yo diría que una buena reforma agraria puede intensificar la afluencia de gente que las pueble, lo que les daría mayor seguridad y soberanía que la que actualmente tiene allí la desierta propiedad individual.
Daré respuesta ahora a lo expresado por el Honorable señor Ibáñez.
No cabe duda, debemos concordar en ello, de que en el sector campesino hay un sentido conservador, individualista; pero, indudablemente, ello se debe a la formación cultural de siglos. Como es evidente, ese criterio debe cambiarse. Así ha sucedido en algunos sectores que han modificado su estado de conciencia. Dichos sectores no constituyen la mayoría en este estado histórico, pero lo serán más adelante.
De manera que si acaso me dan como argumento, para que esto tenga un sello individualista, el hecho de que hay sectores en la vida agraria, rural, que tienen una formación individualista, claro que es cierto; pero ello se debe a un sistema existente no sólo en el agro, sino también en la vida urbana, que ha creado los valores de la sociedad individualista, de los criterios liberales, bajo un largo dominio histórico.
Esto no invalida el hecho de que en los procesos de reforma agraria tendrá que llegarse a estadios colectivos de dominación de la tierra, en que realmente la conciencia nueva vaya desalojando esos criterios individualistas.
En tercer lugar, quiero decir al Honorable señor Ibáñez que estamos conscientes de que aún por larguísimo tiempo deberemos estimular a los pequeños y medianos propietarios. Tanto es así, que hay un proyecto -lo tengo a la mano - enviado por el Gobierno - se halla en la Cámara de Diputados- en el cual se establecen garantías para esos sectores.
¿A qué nos oponemos en esta iniciativa? A que tenga un carácter sagrado de inexpropiabilidad. Siempre - ni siquiera tendrán valor las excepciones muy bien estudiadas que consagra la ley de Reforma Agraria vigente - serán inexpropiables las 40 hectáreas de riego básicas, según la concepción del Honorable señor Moreno y de la Derecha. A eso nos oponemos. Es una posición que contradice el propósito de favorecer y estimular al pequeño y al mediano empresario agrícola. Pero habrá circunstancias o necesidades estratégicas que requieran del agrupamiento en el campo, que obligarán incluso a expropiar las tierras de esa cabida. Y ahí es donde colocamos un criterio científico, diría yo, frente al concepto regresivo del Honorable señor Moreno.
Esa es la respuesta a la acusación del Honorable señor Ibáñez.
En resumen, primero, zonas fronterizas superpobladas no opuestas a un proceso de reforma agraria. Segundo, conciencia individualista que con el tiempo habrá que reemplazar por una de carácter colectivo. Y, tercero, no creemos que deben dejar de existir el pequeño y el mediano empresarios agrícola; tanto es así, que el Gobierno lo enuncia a través del referido proyecto de ley. A lo que nos estamos oponiendo es a la inexpropiabilidad sagrada de típico corte liberal que ha establecido en el proyecto el Honorable señor Moreno y que ha impuesto la mayoría opositora del Congreso.
Por eso, voto que no.

El señor BULNES SANFUENTES.- En vista de que fui aludido con relación la votación anterior...
El señor PALMA (Presidente).- Perdón, señor Senador, pero ya dos señores Senadores de su partido fundaron el voto.
El señor BULNES SANFUENTES.- Como fui aludido en la votación anterior, solicito que se me conceda el derecho a fundar el voto.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, el Honorable señor Bulnes Sanfuentes podrá fundar su voto.
No hay acuerdo.
El señor BULNES SANFUENTES.- ¡Es una linda manera de atacar a la gente: lanzar el cargo y luego oponerse a la rectificación!
El señor PALMA (Presidente).- Solicito nuevamente la autorización de la Sala para permitir al Honorable señor Bulnes Sanfuentes fundar su voto.
No hay acuerdo.
El señor JEREZ.- Que hable el señor Senador. Requiera de nuevo el acuerdo de la Sala, señor Presidente.
El señor GUMUCIO.- Que Su Señoría intervenga al término de la sesión.
El señor OCHAGAVIA.- ¡Muy democrática su actitud!
El señor GUMUCIO.- El Honorable señor Jerez pidió recabar nuevamente el asentimiento de la Sala.
El señor PALMA.- Terminada la votación.

El señor CHADWICK.- Al final de cuentas, no se tomó el voto del Honorable señor Bulnes.
El señor BULNES SANFUENTES.- Pero voy a votar.
El señor PALMA (Presidente).- Su Señoría ya votó, de acuerdo con la costumbre y la tradición del Senado.
El señor CHADWICK.- Según el artículo 141.
El señor BULNES SANFUENTES.- ¡No es cierto! ¡Eso es una tinterillada!
Se aprueba el número 3 del artículo único (27 votos contra 6).

Votaron por la afirmativa los señores Aguirre Doolan; Aylwin; Ballesteros; Bossay; Bulnes Sanfuentes; Carmona; Ferrando; Foncea; García; Gormaz; Hamilton; Ibáñez; Juliet; Lorca; Morales Adriasola; Moreno; Musalem; Noemi; Ochagavía; Olguín; Pablo; Palma; Papic; Prado; Reyes; Valenzuela y Von Muhlenbrock.

Votaron por la negativa los señores Contreras, Chadwick, Gumucio, Jerez, Rodríguez y Silva Ulloa.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Finalmente, corresponde votar el artículo transitorio, que dice:
Los predios adquiridos por el Estado o por los organismos o entidades que de él dependan para la realización de la reforma agraria, cuya toma de posesión material se hubiere efectuado con un año de anterioridad, a lo menos, a la fecha de publicación de esta reforma constitucional, deberán ser transferidos a los campesinos en la forma establecida en los incisos cuarto, sexto, séptimo, octavo y noveno del Nº 10º del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, dentro del plazo de un año contado desde dicha fecha de publicación.
Si dicha asignación no se hiciere en el plazo indicado, se aplicarán a estos predios las normas contenidas en los incisos quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del Nº 10º del artículo 10 de la Constitución Política del Estado.
Los campesinos asignatarios de los predios que la Corporación de la Reforma Agraria ha asignado con anterioridad a la publicación de esta reforma, tendrán el derecho establecido en el inciso séptimo del Nº 10º del artículo 10 de la Constitución.
La inexpropiabilidad establecida en el inciso decimoquinto del Nº 10º del artículo 10 de la Constitución regirá a contar del 15 de junio de 1972.

El señor PALMA (Presidente).- En votación nominal.
(Durante la votación).
El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente, en una votación anterior debí retirarme un momento de la Sala para atender a los representantes de los ingenieros técnicos y empleados administrativos de PETRODOW, una industria de mucha importancia para el país, que el Gobierno está destruyendo actualmente con una requisición ilegal. Volví a incorporarme a la Sala, y voté ante el Secretario.
Se me ha informado que, al retirarme nuevamente, el Honorable señor Chadwick manifestó que la única oportunidad de emitir el voto en una votación nominal era en el primer llamado que para este efecto realiza el Secretario. Tengo que rectificar a Su Señoría a la luz del Reglamento y de una práctica inveterada del Senado, que jamás se había discutido antes.
Las votaciones y elecciones se rigen por el título IX del Reglamento. El artículo 139 dice que las votaciones públicas serán individuales o nominales. El artículo 140 establece que la votación individual es aquella que se efectúa pidiendo el voto a cada Senador según el orden en que están sentados. Y el artículo 141 dispone que la nominal se verificará pidiendo a los Senadores el voto uno a uno y por el orden alfabético de su primer apellido; y agrega que en este caso se dejará testimonio en el acta de la forma como cada Senador emita su voto.
La votación individual y la nominal sólo se diferencian, en esencia, en que en la primera queda constancia únicamente del número de Senadores que han votado afirmativa o negativamente, que se han abstenido o que han declarado estar pareados o inhabilitados; en el segundo caso - y éste es el único objeto que persigue la votación nominal - queda constancia en el acta de cómo ha votado cada persona, con su respectivo nombre.
Respecto de la oportunidad de votar no hay ninguna diferencia, porque ambos tipos de votaciones se rigen por el artículo 158, que dice: Antes de comenzar el escrutinio, el Secretario preguntará a la Sala si algún Senador no ha emitido su voto, para que lo haga, después de lo cual el Presidente declarará: Terminada la votación.

El artículo 158, como todas las disposiciones que lo preceden, se refiere a ambos tipos de votaciones, e invariablemente, en los veinte años que llevo en el Senado, terminada una votación nominal el Secretario ha preguntado si algún Senador no ha emitido su voto. Y hay ciertos Senadores - por ejemplo, el señor Teitelboim - que indefectiblemente, en todas las votaciones, se quedan para el final, por si es preciso replicar a lo aseverado por otro Senador durante el fundamento de su voto.
También se ha reconocido siempre en el Senado la posibilidad de que no se emita el voto en voz alta, sino ante el Secretario. Y este procedimiento se emplea precisamente cuando un Senador debe ausentarse de la Sala.
¿En nombre de qué se ha aceptado esa práctica? Sobre la base del artículo 157, que dice: La recepción de los votos y su escrutinio se harán por el Secretario, bajo la inspección del Presidente. Esta norma se cumple, porque es ante el Secretario y el Presidente que uno declara, al retirarse de la Sala, en qué sentido vota. De modo que la posibilidad de votar en una segunda rueda se halla expresamente establecida en el Reglamento. Y la posibilidad de votar ante el Presidente y el Secretario cuando uno se va a retirar de la Sala es práctica consagrada por el Senado; es una regla del juego, y no me parece honesto pretender cambiar las reglas del juego cuando se está jugando la partida.
Si al Honorable señor Chadwick le parece mal este sistema de votación ante el Presidente y el Secretario, debe plantearlo para que se adopte un procedimiento general. Pero no puede pretender que, emitido un voto bajo el imperio de una norma aplicada siempre en el Senado, ese voto se anule, planteándolo todavía en ausencia del Senador que lo emitió.
Voto que sí.
El señor CONTRERAS.- Señor Presidente, los Senadores comunistas rechazaremos la disposición que se vota, porque está en abierta contradicción con el número 1, recientemente aprobado.
La ley de Reforma Agraria establece que para los efectos de entregar títulos de dominio a los campesinos, la CORA dispone de tres años para dar cumplimiento a las normas legales pertinentes. En seguida, la reforma en estudio dispone que ese organismo tendrá sólo dos años para cumplir las normas en ella establecidas. Pero el artículo transitorio ya no habla de tres ni de dos años, sino de uno.
En la sesión de esta mañana sostuve que el Gobierno anterior había expropiado 1.408 fundos y asignado a los campesinos, en el curso de tres años, solamente 104, quedando en consecuencia pendiente la asignación a sus actuales ocupantes de 1.304 predios.
La actual Administración, en el lapso de dos años, ha expropiado 5.191 fundos. ¿Puede concebirse que en un año se vaya a cumplir con las disposiciones de esta reforma constitucional? ¿Será éste el caldo de cultivo para nuevas acusaciones constitucionales por incumplimiento, ya no de la ley, sino de la Constitución Política del Estado?
Participan de esta reforma personas entendidas en derecho. Ellas saben perfectamente qué trámites deben seguirse para entregar un título de dominio. En primer lugar, es indispensable mensurar los predios. Luego viene el entendimiento entre la CORA y los asignatarios; debe llegarse a acuerdo en materia de precios. Después viene la inscripción de títulos.
Es fácil decir ahora que el Gobierno tiene el plazo de un año, en circunstancias de que la Administración anterior, a lo largo de dos o tres años repito, sólo asignó 104 fundos.
Creo, pues, que no sólo hay inconsecuencia, sino que se trata de una burda maniobra política para acusar con posterioridad a quienes asumirán la responsabilidad de entregar o asignar a los campesinos sus títulos de dominio.
En consecuencia, voto negativamente la disposición, pues me parece que ella, en el fondo, es de carácter demagógico y no tiene otra virtud que proceder políticamente en contra de los funcionarios que tendrán esa responsabilidad.
El señor CHADWICK.- Pido la palabra.
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, me veo en la necesidad de hacerme cargo de las palabras pronunciadas por el Honorable señor Bulnes.
Diré que me tengo por muy atrevido, casi por insolente, porque he osado o he tenido la insolencia de pedir que se aplique el Reglamento al señor Senador.
Naturalmente, el problema es distinto. Voy a agregar otra consideración. El artículo 141, sin que quepa la menor duda, contiene una norma especial dictada para señalar la forma y oportunidad en que cada Senador debe votar cuando se trata de una votación nominal. La letra de la disposición no admite duda alguna. Por eso, después de leer el precepto y de comprobar que el Honorable señor Bulnes votaba en contradicción con el artículo 141, hice presente la irregularidad, y tuve la insolencia de considerar que la votación estaba viciada.
Ahora se argumenta con el artículo 158; pero ocurre que en virtud de un principio elemental que nadie puede discutir, cuando hay oposición entre dos normas de un mismo reglamento o de una misma ley, deberá preferirse la regla especial sobre la regla general. Como es natural, esto no les parece bien a quienes están en una posición distinta. Pero sucede que la realidad es la que he señalado.
La verdad es que yo no sólo doy excusas, sino que hasta pediría perdón por tener la insolencia de pensar en estos términos. Sin embargo, siempre he pensado y he creído que, cuando existe oposición entre dos preceptos de un mismo cuerpo legal o reglamentario, prevalece la norma especial, la que está dada o prevista para el caso determinado de que se trata. Y si las cosas no se entendieran así, no se podrían entender de otra manera y se caería en el caos mental.
Porque creo que esta disposición reglamentaria está vigente y se aplica a todos los señores Senadores, cualesquiera que sean su prosapia o pergaminos, yo me he atrevido - pido excusas al Senado por esta conducta - a solicitar que se aplique el Reglamento.
Voto que no.

El señor GARCIA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor GARCIA.- Yo también, al fundar mi voto, pido que se me excuse por volver al mismo problema. Pero creo que no es posible, aunque se pida perdón, sostener jurídicamente una aberración como la que se expresa en materia de aplicación del Reglamento.
Todos los preceptos reglamentarios que rigen para las votaciones nominales, para las votaciones secretas o para las de cualquiera otra índole, están enunciadas primero en el Reglamento, y, en seguida, en el mismo texto se determinan las normas que debe cumplir el Presidente de la Corporación respecto de todas las votaciones. De acuerdo con ellas, tendrá que llamar a los señores Senadores por medio de los timbres; deberá decir: En votación; no podrá interrumpirse la votación; no se aceptarán votos condicionados; la recepción de los mismos y los escrutinios se harán por el Secretario, y al terminar la votación, deberá preguntarse si algún señor Senador no ha votado. Y todas estas reglas -repito- se aplican a todas las votaciones, sin excepción.
Ahora, si se arguye que la votación debe ser por orden alfabético, resulta que el Reglamento también dispone que debe votarse en el orden en que los Senadores están sentados. De modo que según el criterio sustentado, si se perdiera el asiento, se perdería también la votación.
Lo anterior, a mi juicio, no puede sostenerse. Por consiguiente, me alegro de que el Honorable señor Chadwick pida que lo perdonen. Desde luego, no constituye una insolencia de su parte equivocarse. No, porque todo el mundo puede cometer un error; pero cuando una persona se equivoca tan lamentablemente, no le cabe sino decir que los demás tienen la razón, y entonces todos, con mucho respeto, seguiremos el debate en el Senado.
Voto que sí.

El señor IBAÑEZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor RODRIGUEZ.- No puede hacerlo.
El señor PALMA (Presidente).- Tiene razón, señor Senador.
Como existe un acuerdo de Comités sobre la materia, solicito el asentimiento de la Sala para que pueda fundar el voto el Honorable señor Ibáñez.
El señor GUMUCIO.- No hay acuerdo.
El señor PALMA (Presidente).- No hay acuerdo.
El señor IBAÑEZ.- Voto que sí.

El señor MORENO.- Pido la palabra.
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor MORENO.- Señor Presidente, quiero, al fundar mi voto respecto del artículo transitorio, despejar dos argumentos respecto de los cuales también se ha insistido en forma reiterada en el curso del debate de la reforma constitucional que nos ocupa. En lo que respecta a uno de ellos, el Honorable señor Rodríguez, en forma muy insistente, ha tratado de probar que la garantía de la inexpropiabilidad deja excluida cualquiera otra forma de expropiación o adquisición de las tierras por parte del Estado en las zonas en general. Yo debo insistir en que ese argumento no es valedero. Y no es porque el señor Senador quiera faltar a la verdad. Lo que ocurre es que él no se ha fijado en lo que dice la enmienda que hoy estarnos votando. En ella se establece la inexpropiabilidad sólo para los fines de la reforma agraria, y Su Señoría debe de saber que existen otras leyes, otras disposiciones que permiten al Estado expropiar o adquirir cualquier superficie de terreno en el territorio nacional para otros fines, como ocurre en el caso de las leyes de obras públicas, de viviendas, de remodelación y de otros tipos de materias.
Todavía más, existe incluso un argumento respecto de la propia propiedad agrícola: si el Estado requiere la propiedad para establecer un programa de reconcentración de minifundios, se puede aplicar el criterio universalmente aplicado en otros países - por lo menos en aquellos donde ha tenido éxito la idea de reagrupar los minifundios - y que consiste en adquirir la propiedad del pequeño agricultor o minifundista por la vía de la negociación comercial.
En consecuencia, despejo ese argumento, porque a mi juicio no refleja ni lo qué se consigna en el proyecto ni lo que está estatuido en otras leyes vigentes, que no son alteradas por esta disposición constitucional.
La segunda argumentación que quiero recoger es la planteada por el Honorable señor Contreras, quien ha tratado de probar que la norma contenida en el artículo transitorio y que obliga a asignar en el plazo de un año las tierras de los predios de que ya se ha tomado posesión material, es un gazapo para crear las condiciones que permitan acusar constitucionalmente a los futuros Ministros de Agricultura del Gobierno de la Unidad Popular.
La verdad es que ese argumento tampoco es aceptable, pues carece de solidez. Si la presente reforma constitucional es despachada por la Cámara de Diputados y posteriormente la ratifica el Congreso Pleno, la CORA dispondrá, en los plazos mínimos, por lo menos, de acuerdo con la vigencia del artículo que se propone, de un año y medio a dos años, a partir de hoy, para asignar las tierras de los predios de que ya ha tomado posesión material. Por consiguiente, perfectamente pueden apresurarse los funcionarios en cumplir lo que no han querido cumplir. A todos nos consta que existen cientos de funcionarios y de técnicos que hoy día permanecen arrinconados y ociosos como consecuencia del sectarismo de los ejecutivos que hoy manejan el sector agrario.
El otro argumento, en el sentido de que el Gobierno anterior expropió 1.500 predios y sólo asignó 108 o 120, con unos 5 mil o 6 mil títulos de propiedad, es, igualmente, insostenible. Basta leer la ley 16.640 para darse cuenta de que en ella se establece, a contar del 28 de julio de 1967, fecha de su promulgación, un plazo de tres años para hacer las asignaciones. Y si los señores Senadores me acompañan a contar, llegaremos al 1º de agosto de 1970, treinta días antes de la renovación del Poder Ejecutivo. En consecuencia, no es posible que aquí se venga a señalar una cifra que aritméticamente no resiste ni una suma ni una resta, ni venir a decir que la Democracia Cristiana dejó una gran cantidad de predios sin asignar. Basta leer las actas del Consejo de CORA para comprobar que la gran mayoría de las expropiaciones se realizaron durante los años 1968, 1969 y 1970, luego de la promulgación de la ley.
No obstante, aquí se recurre al argumento de que no se han asignado esas tierras porque se cambió el Gobierno y la actual Administración ha recibido una herencia de predios expropiados que, habiéndose cumplido los plazos correspondientes, de acuerdo con las cuentas que ellos sacan, perdieron la oportunidad de ser asignados.
La Democracia Cristiana siempre ha tenido el mismo criterio, que ahora renueva. Somos partidarios de la asignación de la propiedad de la tierra, y nadie puede dudar, como no lo hizo la gente que de buena fe conoció el proceso de la reforma agraria durante el Gobierno pasado, de que el criterio y espíritu nuestros es hacer propietarios y no escamotear la propiedad de la tierra a la gente, como por desgracia está ocurriendo en la actualidad.
El señor JEREZ.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor PALMA (Presidente).- Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor JEREZ.- Señor Presidente, aun cuando no analizaré la parte jurídica de la argumentación del Honorable señor Bulnes, la verdad es que el Honorable señor Chadwick se refirió, en general, a un procedimiento que se estaba usando en la Sala, y en modo alguno fue un ataque personal contra el Senador del Partido Nacional, quien, a mi juicio, magnificó la situación. Y, naturalmente, en ese sentido, yo era partidario de que el Honorable señor Chadwick hubiera dado una explicación a fin de que hubiera recibido también las razones de por qué el Honorable señor Bulnes se opuso a su criterio.
Quiero señalar que para mí lo más ilustrativo y aclaratorio en este debate ha sido la fundación de voto del Honorable señor Ibáñez en el artículo anterior. Es preciso reconocer que el señor Senador, aunque discrepo mucho de él, es hombre que dice las cosas como las piensa. Que no estemos de acuerdo con lo que él piensa, ése es otro problema; pero es directo.
En realidad, el Honorable señor Ibáñez ha dicho aquí, con toda claridad, que el proyecto en debate tiende a reforzar el espíritu que él supone individualista en los campesinos. Esa es una cosa en torno de la cual, como dijo el Honorable señor Rodríguez, giran razones tanto de orden cultural como de orden social. Pero la verdad es que Su Señoría no debería alegrarse tanto ni pensar que esto es algo de naturaleza tan permanente, pues en el propio campo y aun en las zonas industriales donde hoy día existe área social, los trabajadores, que ya le tomaron el gusto a lo que significa la propiedad social, trabajada en común, dicen que no la soltarán, y en esa materia, de hecho, se han puesto de acuerdo los dirigentes sindicales de la Democracia Cristiana con los de la Unidad Popular. Además, todos estamos impuestos de que el problema de fondo y que obliga muchas veces a postergar las resoluciones sobre estas materias, radica en la imposibilidad física de restituir a los antiguos empresarios las industrias que hoy día están en manos de los trabajadores. Lo mismo sucederá en el campo, cuando se haya extendido esta conciencia y los trabajadores puedan ser los propietarios de la tierra en la forma que más convenga a sus intereses de clase y no a sus intereses individuales. En este sentido, me felicito de la franqueza del Honorable señor Ibáñez.
Reitero que no comparto su criterio, pero me parece que su intervención ha sido de lo más ilustrativa para comprender el verdadero alcance de este proyecto. El señor Senador es consecuente con sus puntos de vista, porque siempre ha sido defensor de las posiciones individualistas; pero no son consecuentes con su posición aquellos que se dicen avanzados en materia de reforma agraria y ser defensores de los campesinos, pero que, en definitiva, son interpretados por las palabras del Honorable señor Ibáñez, quien junto con ellos apoyan este proyecto tan pernicioso.
Esto es todo, señor Presidente.

El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 27 votos por la afirmativa y 7 por la negativa.

Votaron por la afirmativa los señores Aguirre Doolan; Aylwin; Ballesteros; Bossay; Bulnes Sanfuentes; Carmona; Ferrando; Foncea; García; Gormaz; Hamilton; Ibáñez; Juliet; Lorca; Morales Adriasola; Moreno; Musalem; Noemi; Ochagavia; Olguín; Pablo; Palma; Papic; Prado; Reyes; Valenzuela y Von Muhlenbrock.

Votaron por la negativa los señores Contreras; Chadwick; Gumucio; Jerez; Rodríguez; Silva Ulloa y Teitelboim.

El señor PALMA (Presidente).- Aprobado el artículo transitorio.

Terminada la discusión del proyecto.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Los Honorables señores Hamilton, Moreno, García y Ochagavía formulan indicación para publicar in extenso el debate de las sesiones de ayer y de hoy respecto del proyecto de reforma constitucional.
Se aprueba.
El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Moreno para insertar en el texto del discurso de Su Señoría los documentos que señaló oportunamente.
El señor RODRIGUEZ.- Solicito que se inserte, luego del texto que el Honorable señor Moreno solicitó insertar, la respuesta que dio el Honorable señor Chadwick en las Comisiones y que aparece a continuación de aquél. No estoy en desacuerdo con la indicación del señor Senador, pero en ese entendido.
El señor PALMA (Presidente).- Primero votaremos la indicación del Honorable señor Moreno.
Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación del Honorable Senador para insertar los documentos a que se refirió.
Aprobada.
El señor JEREZ.- Perdón, señor Presidente. Yo no he dado mi aquiescencia. No pretendo que se tome una votación sobre este asunto, pero, por lo menos, permítame plantear una condición.
Solicito que también se inserte la declaración de los campesinos a que aludimos ayer con la Honorable señora Carrera, y que leímos casi en su totalidad.
El señor PALMA (Presidente).- En seguida se votará su indicación, señor Senador.
El señor RODRIGUEZ.- Mi indicación es para insertar, a continuación del documento señalado por el Honorable señor Moreno, la respuesta del Honorable señor Chadwick referente a los CERA. Me parece, que se consigna en el mismo informe y que consta de una página y media.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación del Honorable señor Rodríguez.
Aprobada.
El señor JEREZ.- Y el documento firmado por las organizaciones campesinas, a que se hizo alusión ayer.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación del Honorable señor Jerez para insertar el documento que transcribe el acuerdo entre las diversas organizaciones campesinas y el Ministro de Agricultura, a los cuales se refirieron ayer la Honorable señora Carrera, y hoy, el señor Senador.
Acordado.

Declaración de las organizaciones campesinas de Chile y el Ministro de Agricultura.
Las Organizaciones Confederación Nacional Campesina e Indígena Ranquil, Confederación Nacional Campesina El Triunfo Campesino, Confederación Nacional Campesina Libertad, Confederación Nacional Unidad Obrera Campesina, la Confederación Nacional de Asentamientos y Cooperativas Asignatarias y el Ministro de Agricultura han acordado comprometerse públicamente a:
1.- Luchar en conjunto por elevar la producción agropecuaria.
2.- Luchar en conjunto por eliminar la especulación y el mercado negro.
3.- Luchar en conjunto contra los funcionarios que perjudican la producción, que no cumplen con su trabajo, cualquiera que sea su ideología.
4.- Luchar en conjunto por eliminar el alcoholismo y el ausentismo que se da en algunos sectores del campesinado.
5.- Modificar el reglamento de los asentamientos creando mecanismos que democraticen mayormente su funcionamiento interno, que establezcan sanciones y estímulos a la producción. Este reglamento será confeccionado por una comisión integrada por dos representantes de cada una de las organizaciones campesinas que suscriban este acuerdo y dos funcionarios del Ministerio de Agricultura.
6.- Asignar la tierra de acuerdo a lo que estipula la actual Ley de Reforma Agraria. Las prioridades para estas asignaciones serán propuestas por las organizaciones campesinas que suscriban este acuerdo tomando en cuenta la antigüedad de ellos. Las organizaciones campesinas que suscriban este acuerdo consideran que la asignación individual no sería de beneficio para el país ni para los campesinos. Además las organizaciones campesinas acuerdan que la asignación debe ser para todos los trabajadores permanentes del predio.
Nota: Agregúese al punto 5 que una vez aprobada la modificación de los reglamentos de los asentamientos, los campesinos que se incorporen al Area Reformada podrán optar por la forma de organización del asentamiento reformado.
7.- Asignar la casa y el huerto en forma individual, tal como lo plantea el programa del Gobierno y los campesinos. La superficie del huerto será de hasta 2 Has. de acuerdo a una tabla que confeccionará una comisión integrada por la organizaciones campesinas que suscriben este acuerdo y funcionarios del Ministerio para las distintas zonas del país. El criterio de esta comisión será determinar superficies de huerto que no puedan significar el descuido de los trabajos cooperativos.
8.- Las Unidades Reformadas podrán adquirir maquinaria agrícola en propiedad cooperativa de los campesinos. Además de esto, existirán pooles estatales de maquinarias, con participación de las organizaciones campesinas.
9.- Impulsar la participación campesina en los organismos crediticios. Para facilitar esta participación campesina, deberán simplificarse los planes de siembra y control de avance. Se formará una comisión para estudiar los mecanismos del crédito.
10.- La fijación de precios a los productos agrícolas, se realizará con la participación de las organizaciones campesinas que suscriban este acuerdo en ODEPA, que es el organismo técnico encargado de realizar los estudios respectivos.
11.- Impulsar la participación de las organizaciones campesinas en los organismos de comercialización del Estado y además el intercambio entre organizaciones de trabajadores, con la autorización del SAG.
12.- Las organizaciones campesinas y el Ministerio de Agricultura, acuerdan dar el mayor respaldo posible a los pequeños agricultores o pequeños propietarios, entendiendo por tales a quienes trabajan directamente sus tierras. También acuerdan dar amplias garantías a los medianos agricultores que trabajan en buena forma predios de hasta 40 H.R.B. que cumplan con sus trabajadores y que les dan participación en las utilidades de la empresa. Además del apoyo del aparato estatal, las organizaciones campesinas harán conciencia en sus bases de la necesidad de ayudar a los pequeños agricultores, a través de facilitar el uso de la maquinaria agrícola, abonos, trabajos voluntarios, etc.
13.- Las organizaciones campesinas que suscriben este acuerdo y el Ministro de Agricultura manifiestan su desacuerdo con la idea de dejar obligatoriamente reservas de 40 H.R.B. y de declarar in-expropiables a los predios de hasta 40 H.R.B. Todos los predios que se encuentren abandonados o que sean ofrecidos voluntariamente por su dueño, deben pasar a manos de los campesinos para ponerlos en producción.
14.- Manifestar que la expropiación del puro casco perjudica a la producción y va contra los intereses de los campesinos y proponemos que los campesinos determinen con qué parte de los inventarios de trabajo desean quedarse.
15.- Otros puntos que son de interés de los campesinos y del Gobierno serán resueltos a través de la participación permanente de las organizaciones campesinas que suscriben este acuerdo, a todos los niveles de los organismos del Ministerio de Agricultura.
16.- El Ministro se compromete a instruir a todos los funcionarios a dar cumplimiento a estos acuerdos.
17.- La Confederación Nacional de Asentamientos deja establecido que rechaza los puntos 12, 13, 14, 15 y 16 de esta declaración.

Rolando Calderón Aránguiz, Ministro de Agricultura.- Eduardo Vega, Vicepresidente Confederación Ranquil.- Julio Barría, Subsecretario de Organización Confederación Ranquil.- Manuel Inzunza Campos, Vicepresidente interino Confederación El Triunfo Campesino.- Enrique Mellado, Director de Educación Confederación El Triunfo Campesino.- Gustavo Díaz, Presidente Confederación Libertad.- Héctor Lucero, Organización Confederación Libertad.- Carlos Morales, Presidente Confederación Unidad Obrera Campesina.- Ernesto Díaz, Presidente Confederación Nacional de Asentamientos.- Dagoberto Ortega, Director, Confederación Nacional de Asentamientos.
El señor MORENO.- ¿Me permite, señor Presidente?
Como se trata de dar a conocer la palabra de los campesinos, formulo indicación para que se publique in extenso la relación que éstos hicieron en las Comisiones y que se consigna en el informe. Ahí hay personas de todas las ideologías.
El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación del Honorable señor Moreno.
El señor RODRIGUEZ.- No hay acuerdo.

El señor PALMA (Presidente).- En votación.
El señor RODRIGUEZ.- ¿Pretende el Honorable señor Moreno que un texto de este volumen se publique en El Mercurio? Si sólo se trata de incluirlo en el Diario de Sesiones, estaríamos totalmente de acuerdo. Me parece que gran parte de las declaraciones de los campesinos han sido reproducidas en este debate tanto por el Honorable señor Moreno como por los Senadores de estas bancas, de manera que sería redundante incluirlas nuevamente en una inserción. No me opongo a que se publique la opinión de los campesinos, pero creo que basta con hacerlo en el Diario de Sesiones.
El señor PALMA (Presidente).- Hay acuerdo para publicar in extenso el debate, que es el mismo que se consigna en el Diario de Sesiones. En consecuencia, sólo cabe aprobar o rechazar la indicación del Honorable señor Moreno.
Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación.
El señor RODRIGUEZ.- No hay acuerdo.

El señor PALMA (Presidente).- En votación.
El señor RODRIGUEZ.- Solicito segunda discusión.
El señor PALMA (Presidente).- La indicación queda para segunda discusión.
Se levanta la sesión.
Se levantó a las 17.55.
Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción.

ANEXOS.

1
OBSERVACION DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE AUMENTA LA PLANTA DEL ESCALAFON FEMENINO DE ORDEN Y SEGURIDAD DE CARABINEROS DE CHILE

Tengo a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que aumenta la Planta del Personal de Carabineros para el Escalafón Femenino de Orden y Seguridad de nombramiento supremo.
La observación en referencia consiste en suprimir el artículo 3º del proyecto.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Fernando Sanhueza Herbage.- Raúl Guerrero Guerrero.

Texto de la observación del Ejecutivo.
Por Oficio Nº 2.075 que me fuera remitido con fecha 13 del presente mes de septiembre, V. S. me ha comunicado la aprobación de un proyecto de ley relacionado con la Planta del Personal de Carabineros de Chile. En mérito de la facultad que me concede el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, vengo en observar dicho proyecto de ley en los términos siguientes:
Incorpora el proyecto un artículo 3º, que no figuró para nada en el Mensaje, origen del presente proyecto de ley. En este precepto se concede derecho al personal femenino de Carabineros e Investigaciones regido por el citado Decreto con Fuerza do Ley, para obtener el traspaso de imposiciones desde cualquier Caja de Previsión a la Caja de Previsión de los Carabineros de Chile, sirviéndoles dichos lapsos efectivamente servidos para todos los efectos legales en el Cuerpo de Carabineros y en la Dirección General de Carabineros, respectivamente.
Esta disposición a más de sor inconstitucional, por cuanto el artículo 45, inciso 2º de la Constitución entrega en forma exclusiva al Presidente de la República la iniciativa para establecer o modificar los regímenes previsionales o de seguridad social, traería, de constituirse en ley, una grave distorsión dentro del sistema de remuneraciones y de previsión vigentes para el Cuerpo de Carabineros e Investigaciones. En efecto, uno de los factores en que se funda dicho sistema de remuneraciones es el de los quinquenio, los cuales, de acuerdo con la redacción del artículo 2º propuesto, estarían determinados en este caso, por años que el personal femenino hubiese servido en otra institución, lo que es inaceptable.
Por consiguiente, vengo en observar el artículo 3º del proyecto en el sentido de que se suprime.
Saluda atentamente a Ud.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Jaime Suárez B.

2
OBSERVACION DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE PAREDONES, DE LA PROVINCIA DE COLCHAGUA PARA COBRAR PEAJE A LOS VEHICULOS QUE TRANSITEN EN DIRECCION AL BALNEARIO DE BUCALEMU.

Tengo a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que autoriza para cobrar y percibir peaje en el trayecto de Paredones a Bucalemu, a la Municipalidad de Paredones, y ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
Dicha observación consiste en la desaprobación total del referido proyecto.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Fernando Sanhueza Herbage.- Raúl Guerrero Guerrero.

Texto de la observación del Ejecutivo.
La Honorable Cámara de Diputados por Oficio Nº 2245, de 22 de septiembre pasado, remitido con fecha 26 del mismo mes, se ha servido comunicarme que el Honorable Congreso Nacional ha dado su aprobación a un Proyecto de ley, que autoriza a la Municipalidad de Paredones, de la provincia de Colchagua, para cobrar y percibir peaje a los conductores de vehículos motorizados desde el sector Nilahue Alto hacia los balnearios de Bucalemu, Llico, El Aquelarre y otros, durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo de cada año.
Al respecto, el Supremo Gobierno debe hacer presente a V. E. que desaprueba dicho proyecto de ley por estimar que todos los fondos que se recauden por concepto de peaje deben ser invertidos, en su totalidad, en obras de mejoramiento y conservación de los caminos, en los cuales se establezca el cobro de dicho derecho, basado en el principio de hacer participar los usuarios en el financiamiento de las nuevas facilidades que la comunidad les otorga como es el caso de las plazas de peaje que existen en el país. Asimismo, estima que su percepción debe corresponder a la Dirección de Validad del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que es el Servicio que tiene a su cargo todo lo relacionado con el estudio proyección construcción y conservación de los caminos públicos del país.
Por lo tanto, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, desaprueba el Supremo Gobierno el proyecto de ley mencionado y lo devuelve a esa Honorable Corporación. Saluda a V. E. atentamente.
(Fdo.): Salvador Allende Gossens.- Pascual Barraza Barraza.

3
OBSERVACIONES DEL EJECUTIVO, EN SEGUNDO TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE EXCLUYE DEL SISTEMA DE REAJUSTABILIDAD DEL D.F.L. Nº 2, A LAS VIVIENDAS ADQUIRIDAS POR PERSONAS JUBILADAS, INVALIDAS O MONTEPIADAS.

Tengo a honra comunicar a V. E. que la Cámara de Diputados ha tenido a bien rechazar la observación formulada por S. E. el Presidente de la República al proyecto de ley que excluye del sistema de reajustabilidad del D.F.L. 2, de 1959, a las viviendas adquiridas por personas jubiladas o montepiadas, pero no ha insistido en la aprobación del texto primitivo.
La observación en referencia consiste en la supresión del artículo 1º del proyecto.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Fernando Sanhueza H.- Raúl Guerrero G.

Observaciones del Ejecutivo
Por oficio N° 2073, del 11 de septiembre en curso, remitido con fecha 13 del mismo mes, V. E. se ha servido comunicar la aprobación de un proyecto de ley que, entre otras disposiciones, en su artículo 1º exime del régimen de la reajustabilidad a jubilados, inválidos y montepiadas en relación con propiedades adquiridas por intermedio de las Corporaciones de la Vivienda y de Servicios Habitacionales y de instituciones de previsión.
En uso de la facultad que me confiere el artículo 53 de la Constitución Política del Estado, manifiesto mi desaprobación al referido proyecto de ley, en virtud de las observaciones que paso a indicar:
El artículo 1º del mencionado proyecto de ley establece el beneficio de la exención de la reajustabilidad en favor de los jubilados, inválidos o montepiadas que hayan adquirido un bien raíz por intermedio de la Corporación de la Vivienda, Corporación de Servicios Habitacionales o instituciones de previsión, siempre que residan en él, que su avalúo no exceda de 10 sueldos vitales anuales, escala A) del departamento de Santiago, que no sean propietarios de otro bien raíz y que su renta total imponible sea inferior a 3 sueldos vitales, escala A) del departamento de Santiago.
Al respecto, el artículo 1º de la ley 17.663, en relación con el artículo 4° y 18 del mismo cuerpo legal, suprimen en forma amplia la reajustabilidad de las deudas originadas en créditos concedidos por las instituciones que menciona el artículo 1º del proyecto de ley que se observa. Dentro de dicho precepto de la ley 17.663 encuentran cabida los beneficios del proyecto de ley en referencia, sin las limitaciones referentes a avalúo del inmueble y monto de su renta. Resulta, pues, que el proyecto en cuestión es menos favorable que la aludida ley 17.663 para los jubilados, inválidos o montepiados.
Por lo dicho, propongo la supresión de este artículo 1° del proyecto de ley en referencia.
Por las consideraciones precedentes y de acuerdo a los artículos 53 y 55 de la Constitución Política, devuelvo a V. E. el proyecto de ley que se me ha remitido, con las observaciones expresadas.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Salvador Allende G.- Jaime Suárez B.

4
PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE INCORPORA AL REGIMEN PREVISIONAL DE LA CAJA NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PERIODISTAS AL PERSONAL DE LA CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA.

Con motivo del Mensaje y demás antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente

Proyecto de ley:

Artículo 1º.- El personal de la Corporación de la Reforma Agraria tendrá el régimen previsional de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, contemplado en el D.F.L. N 1.340 bis, de 1930, y sus modificaciones, y se le aplicará lo dispuesto en los párrafos 18, 19 y 20 del Título II del D.F.L. Nº 338, de 1960, sin perjuicio de Tas demás disposiciones del Estatuto del Personal, contenido en el D.F.L. RRA. Nº 22, de 1963, y sus modificaciones. Para los efectos del artículo 132 del D.F.L. Nº 338, de 1960, se entenderá que son empleados de las cinco primeras categorías aquellos que gocen de una remuneración imponible igual o superior a la 5º categoría de la Escala Directiva, Profesional y Técnica o a la 5ª categoría de la Escala Administrativa, según corresponda, a que se refiere el artículo 132 antes citado.
Artículo 2º.- A partir del día 1º del mes siguiente a la publicación de la presente ley, la bonificación establecida en el artículo 2º del D.F.L. Nº 1, de 1970, del Ministerio de Agricultura, tendrá el carácter de imponible para los efectos previsionales.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.): Fernando Sanhueza H.- Raúl Guerrero G.