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- rdf:value = " El señor PALMA (Presidente).-r
Tiene la palabra el Honorable señor Jerez.
El señor JEREZ.-
Señor Presidente, considero inútil, o improcedente, escabullir el bulto de la discusión de este proyecto llevando las cosas a los términos en que las ha planteado el Senador señor Papic. En realidad, su fundamentación del proyecto la ha hecho en torno de hechos circunstanciales, ajenos a los problemas agrarios, de manera bastante acalorada, incluso desde el punto de vista del enjuiciamiento de la persona del Presidente de la República.
Al escuchar algunas intervenciones, me pareció más bien volver atrás, a los años 1966 y 1967, cuando se estaba luchando en el Congreso por el primer proyecto de reforma agraria, y recordar el discurso de algún Senador de Derecha en contra del Gobierno democratacristiano por esa iniciativa. Esto resulta bastante paradójico y, al mismo tiempo, extraño en una persona como el Honorable señor Papic, a quien conozco desde hace mucho tiempo; y me lleva a la confirmación de que el proyecto en debate no tiene defensa, y de que, simplemente, constituye un ataque a la propia reforma agraria de la Democracia Cristiana.
El Honorable señor Valenzuela, hombre muy respetable, que dice cosas que estimamos muy sinceras, expresaba ayer que en la intención de la gente de su partido no estaba lo que nosotros suponíamos respecto de la orientación de la iniciativa en debate. Pero la verdad es que su contenido ha sido de tal modo agresivo en Contra de la aplicación de la reforma agraria y tan dañino para los intereses de los campesinos, que, en el hecho, ha abierto el camino a una especie de soltura de trenzas. En efecto, he leído indicaciones, que fueron conocidas oportunamente, en que un señor Senador propone terminar con la reforma agraria en las zonas de Aisén o de Coihaique. Otro, con el pelo más largo, sugirió acabar con la reforma agraria desde Biobío al Sur. Yo creo que, si seguimos así, por leyes sucesivas se podría terminar con la reforma agraria desde Arica hasta Magallanes. Esta es una demostración cabal de que estamos en presencia de una iniciativa que abre el apetito a los intereses de la Derecha y de la gente que los sirve, cualquiera que sea la militancia que tenga en determinado partido.
Tanto es así que, rememorando los debates y los informes de las Comisiones, así como la discusión en la Sala, recuerdo perfectamente que hombres como el Senador Bulnes, que como es natural, no es termocéfalo ni exagerado, ni siquiera partidario de la política más moderada de reforma agraria, hubo de hacer correcciones y enmiendas de plana. Aquí, en la Sala, el señor Senador señaló que era técnicamente absurdo aplicar la entrega obligatoria de las dos hectáreas en igualdad de condiciones, por la naturaleza y calidad de las tierras, y que ésa era una disposición no sólo de contenido inhumano y antisocial, sino que, al mismo tiempo, refutable desde el punto de vista técnico, cosa que puede constatar cualquier persona que no sea experta en materia agraria, pues basta haber recorrido el país, conocer la naturaleza de las diversas zonas de nuestra tierra, para entender que dicha norma original del proyecto es inhumana repito palabras o conceptos del Senador Bulnes, porque condenaría a algunos a ser propietarios de dos hectáreas prácticamente inservibles y a otros los haría dueños de terrenos excepcionales, como podemos apreciarlo, por ejemplo, quienes hemos estado en la Zona Norte. En el último caso se encuentran regiones como Pica, donde algunos metros cuadrados de terreno permiten a una familia vivir con el producto de la explotación de cierto tipo de frutas, de renovación permanente y de exportación, que a veces tienen precios privilegiados. . Por lo tanto, es conveniente meditar en el hecho de que un hombre como el Senador señor Bulnes, de ultraderecha, o de Derecha, haya tenido que corregir esta parte del proyecto y, también, hacer observaciones tendientes a ampliar a dos años el plazo original para la obligación de asignar los títulos. Como bien se ha dicho, ésta es una de las trampas más descaradas que se han tendido con el objeto de paralizar todo el sistema de la reforma agraria y, también, a todos los funcionarios encargados de ella, pues ni con los actuales empleados, ni con todos los que hubiera contratado la Unidad Popular - aunque fueran cien veces más que los que se supone o se inventa - se habría podido disponer del personal necesario para realizar las asignaciones dentro del plazo de un año que dispone el proyecto de reforma en debate. Por desgracia, con el artículo transitorio ese lapso queda igualmente reducido a un año, pero la verdad es que aquí hubo una indicación en tal sentido, del Senador señor Bulnes, hombre de Derecha, quien entendió que, por lo menos, hay que tener buen gusto hasta cuando se da una puñalada, hacer las cosas de una manera más elegante, y propuso subir ese plazo a dos años, aunque en el hecho habría quedado, por la disposición del artículo transitorio, sólo en un año.
Por mi parte, reconozco, con espíritu bastante tranquilo pero autocrítico, que nosotros hemos cometido muchos errores. Y mi autocrítica es bastante comprometida, pues hasta hace poco tiempo el Ministro de Agricultura era mi Compañero de partido y amigo, Jacques Chonchol. Naturalmente, se han cometido errores, pero también hemos heredado muchos errores del régimen pasado, porque no me vengan con el cuentecito de que cuando uno de repente recorre un asentamiento o un centro de reforma agraria y ve que los campesinos no están trabajando con el ritmo y el rigor que exige una batalla por la producción agraria como la que necesita el país, ello se debe a que los malos hábitos los han adquirido ahora, en la época de la Unidad Popular. Pese a no ser un hombre que represente una zona fundamentalmente agraria, constantemente me tocó ver en la época de la Democracia Cristiana que no se había enseñado lo suficiente a los campesinos en el sentido de que, junto con la entrega o la disposición para ellos de la tierra y el término del latifundio, nacía una responsabilidad de carácter nacional y patriótico en cuanto a que eran ellos los que tenían a su cargo un factor fundamental de la producción, necesario para independizar económicamente al país. En este sentido, yo creo que incluso la Unidad Popular ha sido débil y no ha tenido la suficiente energía al respecto. Más aún: a mi juicio, se han cometido errores tácticos de procedimiento, no de intención, pero sí, repito de procedimiento, que han llevado a dividir a los campesinos; como, por ejemplo, la forma de aplicar los Centros de reforma agraria. Sobre este particular, estimo que los CERA son una fórmula superior a los asentamientos. En el fondo, son lo mismo, con la corrección de los vicios que éstos tenían. Por supuesto, esos vicios no los podemos imputar a los creadores de los asentamientos, que son una forma muy original y novedosa en la agricultura, y que como es natural, en sus comienzos tuvieron muchos defectos y errores que con el tiempo se van mejorando. En realidad, no existe gran diferencia entre un centro de reforma agraria y un asentamiento. Tienen sistemas de operación distintos, ya que los CERA permiten aprovechar mejor la tierra e incorporar a ella más campesinos, y no se convierten en una especie de canonjía de los campesinos que habitaban el fundo expropiado. En verdad, la aplicación de los CERA pudo haberse hecho de otra manera: creando más conciencia pública sobre la necesidad de modificar el sistema de los asentamientos y de reemplazarlo por aquéllos, y dialogando más con los trabajadores del agro. Reconocemos que éstos son errores que ha cometido el Gobierno de la Unidad Popular. Dios nos libre de caer en la soberbia de algunos que pensaron que se podría gobernar 30 años por creer que poseían una especie de varita mágica. Por lo menos, nosotros no caeremos en eso. Duraremos en el Poder mientras Contemos con el apoyo popular, pues éste es el sostén del actual Gobierno.
Por lo expuesto, encuentro muy improcedente el discurso del Senador señor Papic.
Con el mismo espíritu de autocrítica con que reconozco nuestros propios errores, también estimo que todavía habría que profundizar más en la responsabilidad de los campesinos y en su obligación de hacer producir la tierra. En cuanto a los funcionarios que no cumplen lo suficiente ni se han fijado metas de producción, espero que bajo la dirección del compañero Ministro Calderón se pueda continuar el proceso agrario en forma más dinámica, por ser mayor el apremio en este momento.
Dígase lo que se diga, el nombre de Jacques Chonchol - que ha sido aludido en el debate y a quien defiendo, como lo hice en otras oportunidades, por no estar él presente en la Sala - está indeleble y definitivamente ligado a una de las empresas absolutamente ineludibles en un proceso de cambios: la reforma agraria chilena. Eso no se lo quitará nadie ni nada, ni los insultos, ni las envidias, ni las pequeñeces. Aprovecho esta ocasión para decirlo, porque Chonchol es un hombre que hoy día aparece caído y, por eso, no cuesta mucho hacerlo objeto, a veces, de críticas injustas y envidiosas. Pero la estatura de Chonchol no va a menguar por eso. Nos alegramos de que un compañero nuestro haya comprometido de esta manera incluso su vida, más que otros funcionarios seguramente de mayor importancia. ¡A cuántos - como lo han confesado cuando de repente, en algunas de sus fiestocas, les suben los grados más arriba de lo que corresponde - les gustaría liquidar físicamente al hombre que en dos Gobierno fue el principal ejecutor de la reforma agraria, factor fundamental para un proceso revolucionario, no sólo en Chile, sino en cualquier país del mundo!
Al respecto, considero que lo que sostuvo ayer el Senador Moreno, en cuanto a que las finalidades esenciales del proyecto de que es autor en compañía de otros señores Senadores, consistían en mejorar la situación de los campesinos, garantizar la de los medianos y pequeños empresarios y dar garantías de libertad al comercio y al transporte, realmente no es más que una cobertura verbal muy elegante que disfraza los verdaderos fundamentos y objetivos de la iniciativa en debate.
Los Senadores de la Izquierda hemos sido bastante unánimes y hemos tenido consenso al enjuiciar el proyecto como corresponde. Pero no está de más recordar lo que señalé ayer con la Senadora señora Carrera: que los propios beneficiarios del proyecto, los campesinos, entre los cuales algunos están agrupados en organizaciones políticamente adscritas a la Democracia Cristiana, que sostienen principios de esa colectividad política que son dirigidos por militantes de ellas, se han manifestado adversarios a esta iniciativa. Entonces, resulta que ya no son beneficiarios, sino víctimas; incluso, emitieron una declaración mediante la cual rechazan en el fondo las bases fundamentales de este proyecto de reforma constitucional, rechazo que hacen en forma bastante categórica. También participa de él la Confederación de Asentamientos Campesinos, que ha pasado a ser una especie de parcela o propiedad individual, por la forma como se dispone de ellos, ya que anticipadamente se cuenta con un apoyo del campesinado que después no se recibe. ¿Qué significa esto? Que, en forma arbitraria, se está disponiendo de gente cuya dignidad debe por lo menos respetarse, en el sentido de consultarles si les interesa algo que les afecta directamente y que, a la postre, terminará dañándolos a tal punto, que emitieron una declaración junto con sus más enconados adversarios políticos, como lo es la Federación Ranquil, organización que tiene más afinidad política con el Gobierno.
Por otra parte, queremos señalar que los términos del proyecto, no sólo desde el punto de vista político sino también del técnico, aunque no soy experto en la materia, llevan a situaciones extraordinariamente delicadas.
Cuando el proyecto, en forma tan severa y rigurosa además, la norma pertinente es de carácter constitucional; ahí radica su gravedad, y sobre esto llamo la atención de los señores Senadores, obliga a que las tierras se asignen a los campesinos en dominio individual o en dominio exclusivo a cooperativas, etcétera, sin hacer distingo alguno respecto del tipo de tierras, está limitando de hecho la posibilidad de realizar cualquier obra de naturaleza agraria, que incluso puede ser un elemento coadyuvante de los propios campesinos, que son dueños de la tierra, como es el caso de los centros de experimentación, o, por último, de aquello que se denomina haciendas estatales sin que lo sea, queriendo peyorativamente, por anticipado, liquidarlas ante la imagen de los campesinos, en circunstancias de que son centros de producción o experimentales. Y cualquier país que desee realmente mejorar su agricultura y ayudar a los campesinos necesita disponer de extensiones de tierra donde efectuar instalaciones que a veces tienen más carácter industrial que agrario, trabajo que los campesinos agrupados en pequeñas organizaciones, como son los asentamientos, los CERA o las cooperativas, no son capaces de llevar a cabo. Desde el punto de vista de su propio interés y desde el ángulo del interés nacional, es indispensable considerar algunos elementos, como son los de seguridad y de soberanía nacional.
Como lo señalaba el Senador señor Chadwick, la iniciativa está muy mal redactada, y hubo que corregirla muchas veces, diciendo que la intención era otra. Pero sucede que por primera vez nos encontramos con gente que piensa una cosa y escribe otra distinta. Porque aquí ha sido necesario corregir muchas intenciones. Ocurre que ni siquiera habría posibilidad de disponer de sectores adyacentes a la cordillera, que son elementos definitivamente ligados a la seguridad nacional, porque toda la tierra de Chile tendrá que asignarse a los campesinos; sin embargo, éstos, mediante la declaración conjunta que emitieron todas las federaciones de trabajadores del agro ayer le dimos lectura, han rechazado ese sistema de asignación tan irracionalmente generoso.
En tercer término, desde el punto de vista de moral política, considero grave la situación que se presenta, porque este proyecto de reforma constitucional va mucho más atrás que la propia reforma agraria vigente, lo que ya es mucho decir, no porque no haya sido un instrumento eficaz para ciertos objetivos, sino porque en materia de reforma agraria, como en todo proceso y eso lo debió reconocer la Democracia Cristiana cuando, habiendo sido partidaria primero de la Chilenización del cobre, posteriormente se adscribió a la política de nacionalización sustentada por la Unidad Popular, es preciso avanzar y no retroceder. Y sucede que nos encontramos con preceptos que, por la forma absolutamente ambigua diabólicamente ambigua, diría yo como están redactados, van a obligar, por ejemplo, a que 317 predios que fueron entregados voluntariamente por sus propietarios a la CORA porque eso les interesaba más, ya que no deseaban seguir trabajando sus tierras, o algunos que fueron tomados, por hallarse en total estado de abandono, sean devueltos, porque la aplicación del artículo transitorio que establece que la disposición primera regirá con efecto retroactivo a contar del 15 de junio de 1972 obligará prácticamente a esa devolución, sin siquiera posibilitar un entendimiento con los actuales propietarios.
Por otra parte, cuando se critica la lentitud del otorgamiento de títulos de dominio a los campesinos, no está de más recordar lo que señalaba ayer el Honorable señor Chadwick: que durante los seis años de Gobierno de la Democracia Cristiana, durante los cuales el propio Senador Moreno tuvo responsabilidad directísima en su calidad de ejecutivo superior de la CORA, se otorgó títulos de dominio respecto de la asignación de 108 predios, 75 centros del plazo estipulado y 33 fuera de él. Pero ahora se desea que en un año se entreguen los títulos de dominio correspondientes a la asignación de cerca de cinco mil predios.
Seguimos sosteniendo, porque es realmente grave, que ésta es la mejor manera que se ha encontrado para detener cualquier proceso de reforma agraria, aunque no sea éste, y la herramienta más eficaz que tiene la Derecha para empezar, sobre la base de esa paralización, a recuperar sus tierras. Porque todo está hecho de modo que, por último, mediante disposiciones legales, se pueda reagrupar la tierra, devolverla o asignarla de tal manera que se permita restablecer, de una forma u otra, el sistema latifundista.
También decíamos ayer que, en nuestro concepto, la indicación que aquí pomposamente se llama de defensa de la libertad de comercio y de transporte era algo que seguramente se le cayó del bolsillo, o no sabemos de qué parte, al señor León Vilarín, lo recogieron y, por equivocación, lo metieron en este proyecto. Y hay que tener impudicia - lo digo con toda franqueza - para negar que esto significa la liquidación total, por ejemplo, de elementos vitales para los propios campesinos, como son los poderes compradores, el otorgamiento de créditos. Y, en el fondo, vendrá el restablecimiento del viejo y corrompido sistema de la compra en verde, que significa simplemente que el campesino venda como un esclavo el producto de su trabajo de mucho tiempo. Inclusive, pensamos que los propios campesinos deberían organizar - y lo señalan en la declaración que emitieron conjuntamente con el Ministro - los mecanismos de comercialización y transporte que les permitieran hacer una reforma distinta de la de puertas adentro, como lo ha sido hasta ahora. Porque, por mucho que los trabajadores agrícolas transpiren la gota gorda y rindan tres veces más de lo que sería posible en las condiciones más óptimas, al final se va a producir el ciclo del sistema capitalista, que no se romperá sino mediante la venta directa por los campesinos, mediante sus organizaciones, a los centros de consumo. De esta manera se beneficia el campesino, porque obtiene un precio justo, que no es cercenado por la participación de intermediarios, y se favorece también al consumidor. A mi juicio, ésta es la manera de hacer avanzar la reforma agraria.
El hecho de instituir disposiciones como la señalada demuestra que ya no sólo se defienden los intereses de los agricultores, sino también los de todos aquellos que han lucrado con el sistema capitalista a través de la totalidad de sus métodos y conductos de funcionamiento.
Por eso, estimamos que los epítetos que ha merecido este proyecto en el sentido de ser un golpe artero a los intereses de los campesinos, no son exagerados. Personalmente, he mantenido la mayor tranquilidad en mi argumentación; pero hay cosas que me abisman.
Quiero terminar reiterando lo que dije al comienzo: el proyecto es de tal modo dañino para los intereses de los trabajadores del agro y tan francamente favorable a los intereses de los ultrarreaccionarios, de los capitalistas, de los latifundistas de este país, que algunas personas se sintieron con libertad moral o autorizadas o, en definitiva, actuaron llevadas por esta corriente o resaca contraria a la reforma agraria- para presentar indicaciones que llegaron al absurdo de intentar detener la reforma agraria desde Biobío al Sur.
Con seguridad, el Honorable señor Von Mühlenbrock conoce el campo mejor que yo; no me cabe la menor duda. Por lo tanto, Su Señoría sabe también cómo estaban el campo y sus trabajadores antes de la reforma agraria. Porque aquí no se puede hablar, cuando se conoce algo, sólo de una parte, de lo que podría lastimarse amagado injustamente a raíz de la aplicación de una reforma del agro. Es preciso reconocer, además, cuál era la suerte de los trabajadores del campo y cómo los latifundistas, aparte explotar a los campesinos, se farrearon en Chile una riqueza que, a lo menos, pudo permitir a nuestra población autoabastecerse. Y por algo los sectores industriales más dinámicos, aun aquellos que no lo son tanto, siempre reconocieron que en Chile era inevitable hacer algo con la mayor rapidez: la reforma agraria. Porque hasta ellos acusaron a los latifundistas de ser responsables de una situación que, al final, dañaba la economía entera. Y por algo un Gobierno que no fue revolucionario, sino reformista, como el del PresidenteFrei, comenzó por la reforma agraria; porque aun para un Presidente reformista, la transformación del agro era factor esencial. Ni siquiera ya desde el punto de vista revolucionario, porque Frei no lo planteó así.
Cuando el Presidente Frei envió al Congreso el proyecto de reforma agraria lo hizo casi un año después de asumir la Primera Magistratura, y luego de una presión bastante dura que se ejerció sobre él para que procediera en esa forma, convocó en el Salón Rojo de La Moneda a algunas organizaciones entre paréntesis, no había recibido a los campesinos para discutir este tema, pero sí a la Sociedad Nacional de Agricultura, y el fundamento esencial que señaló fue el de que razones de orden técnico y de productividad hacían aconsejable la transformación del sistema agrario en Chile. De modo que hasta para un gobernante moderado, que no acometió tareas que incluso estaban en su programa, la reforma agraria fue lo principal.
El señor PALMA (Presidente).-
Perdón, señor Senador, pero ha terminado su tiempo.
El señor JEREZ.-
Ruego a Su Señoría que con la misma amplitud de criterio con que lo hizo respecto del Honorable señor Papic, me conceda unos minutos...
El señor PALMA (Presidente).-
Al Honorable señor Papic le cedieron tiempo.
El señor JEREZ.-
El Honorable señor Rodríguez, si estuviera inscrito, podría cederme tres minutos para terminar mis observaciones.
El señor RODRIGUEZ.-
Con mucho gusto.
El señor JEREZ.-
Muchas gracias.
El señor PALMA (Presidente).-
Puede continuar, señor Senador.
El señor JEREZ.-
Ojalá que en los trámites posteriores del proyecto no se apruebe una disposición constitucional como la señalada, que, llevada a tal nivel, sería muy grave; o que al menos en cierto modo puedan morigerarse sus efectos, que son extraordinariamente dañinos para los trabajadores de la tierra, quienes así lo reconocen en la declaración a que me referí.
Por último, hacemos un llamado para que se reflexione. Porque si los campesinos a quienes se pretende beneficiar son quienes reaccionan con la mayor violencia, y sus organizaciones, a pesar de que hasta hace pocos días no podían entenderse en ningún plano por sus diferencias políticas, se ponen de acuerdo para defender intereses comunes, es preciso que mediten aquellos que dicen ser defensores de los campesinos; y deben hacerlo con la responsabilidad que exige el pronunciamiento sobre una iniciativa de este peligro y de esta inconsecuencia.
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