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- rdf:value = " El señor PALMA (Presidente).-
Puede fundar el voto Su Señoría.
El señor MORENO.-
Señor Presidente, quiero, al fundar mi voto respecto del artículo transitorio, despejar dos argumentos respecto de los cuales también se ha insistido en forma reiterada en el curso del debate de la reforma constitucional que nos ocupa. En lo que respecta a uno de ellos, el Honorable señor Rodríguez, en forma muy insistente, ha tratado de probar que la garantía de la inexpropiabilidad deja excluida cualquiera otra forma de expropiación o adquisición de las tierras por parte del Estado en las zonas en general. Yo debo insistir en que ese argumento no es valedero. Y no es porque el señor Senador quiera faltar a la verdad. Lo que ocurre es que él no se ha fijado en lo que dice la enmienda que hoy estarnos votando. En ella se establece la inexpropiabilidad sólo para los fines de la reforma agraria, y Su Señoría debe de saber que existen otras leyes, otras disposiciones que permiten al Estado expropiar o adquirir cualquier superficie de terreno en el territorio nacional para otros fines, como ocurre en el caso de las leyes de obras públicas, de viviendas, de remodelación y de otros tipos de materias.
Todavía más, existe incluso un argumento respecto de la propia propiedad agrícola: si el Estado requiere la propiedad para establecer un programa de reconcentración de minifundios, se puede aplicar el criterio universalmente aplicado en otros países - por lo menos en aquellos donde ha tenido éxito la idea de reagrupar los minifundios - y que consiste en adquirir la propiedad del pequeño agricultor o minifundista por la vía de la negociación comercial.
En consecuencia, despejo ese argumento, porque a mi juicio no refleja ni lo qué se consigna en el proyecto ni lo que está estatuido en otras leyes vigentes, que no son alteradas por esta disposición constitucional.
La segunda argumentación que quiero recoger es la planteada por el Honorable señor Contreras, quien ha tratado de probar que la norma contenida en el artículo transitorio y que obliga a asignar en el plazo de un año las tierras de los predios de que ya se ha tomado posesión material, es un gazapo para crear las condiciones que permitan acusar constitucionalmente a los futuros Ministros de Agricultura del Gobierno de la Unidad Popular.
La verdad es que ese argumento tampoco es aceptable, pues carece de solidez. Si la presente reforma constitucional es despachada por la Cámara de Diputados y posteriormente la ratifica el Congreso Pleno, la CORA dispondrá, en los plazos mínimos, por lo menos, de acuerdo con la vigencia del artículo que se propone, de un año y medio a dos años, a partir de hoy, para asignar las tierras de los predios de que ya ha tomado posesión material. Por consiguiente, perfectamente pueden apresurarse los funcionarios en cumplir lo que no han querido cumplir. A todos nos consta que existen cientos de funcionarios y de técnicos que hoy día permanecen arrinconados y ociosos como consecuencia del sectarismo de los ejecutivos que hoy manejan el sector agrario.
El otro argumento, en el sentido de que el Gobierno anterior expropió 1.500 predios y sólo asignó 108 o 120, con unos 5 mil o 6 mil títulos de propiedad, es, igualmente, insostenible. Basta leer la ley 16.640 para darse cuenta de que en ella se establece, a contar del 28 de julio de 1967, fecha de su promulgación, un plazo de tres años para hacer las asignaciones. Y si los señores Senadores me acompañan a contar, llegaremos al 1º de agosto de 1970, treinta días antes de la renovación del Poder Ejecutivo. En consecuencia, no es posible que aquí se venga a señalar una cifra que aritméticamente no resiste ni una suma ni una resta, ni venir a decir que la Democracia Cristiana dejó una gran cantidad de predios sin asignar. Basta leer las actas del Consejo de CORA para comprobar que la gran mayoría de las expropiaciones se realizaron durante los años 1968, 1969 y 1970, luego de la promulgación de la ley.
No obstante, aquí se recurre al argumento de que no se han asignado esas tierras porque se cambió el Gobierno y la actual Administración ha recibido una herencia de predios expropiados que, habiéndose cumplido los plazos correspondientes, de acuerdo con las cuentas que ellos sacan, perdieron la oportunidad de ser asignados.
La Democracia Cristiana siempre ha tenido el mismo criterio, que ahora renueva. Somos partidarios de la asignación de la propiedad de la tierra, y nadie puede dudar, como no lo hizo la gente que de buena fe conoció el proceso de la reforma agraria durante el Gobierno pasado, de que el criterio y espíritu nuestros es hacer propietarios y no escamotear la propiedad de la tierra a la gente, como por desgracia está ocurriendo en la actualidad.
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