REPUBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO LEGISLATURA 317ª, EXTRAORDINARIA. PUBLICACION OFICIAL. Sesión 48ª, en miércoles 13 de diciembre de 1972. Ordinaria. (De 16.14 a 19.17). PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES IGNACIO PALMA VICUÑA, PRESIDENTE, Y LUIS PAPIC RAMOS, VICEPRESIDENTE. SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA. INDICE. Versión taquigráfica. I.- ASISTENCIA 1895 II.- APERTURA DE LA SESION 1895 III.- TRAMITACION DE ACTAS 1895 IV.- LECTURA DE LA CUENTA 1895 V.- ORDEN DEL DIA: Proyecto de ley, en segundo trámite, que suplementa presupuestos de diversos Ministerios (queda pendiente la discusión) 1897 VI.- TIEMPO DE VOTACIONES: Elección de representantes del Senado ante el Consejo Nacional de Televisión (se pide aplazamiento de la votación) 1915 Publicación de discursos y envío de oficios 1916 VII.- INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncian) 1916 Situación alimentaria en la zona norte (observaciones del señor Carmona) 1913 Anexos. 1.- Informe de la Comisión de Gobierno, recaído en la observación al proyecto que destina 10% de recursos del Instituto CORFO-Aisén a las municipalidades de la provincia y autoridades de Aisén y Coihaique para contratar empréstitos 1924 2.- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto que aprueba la modificación del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo para la elección de los Directores Ejecutivos 1925 3.- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto que aprueba el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas 1928 4.- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto que aprueba el Convenio Internacional del Azúcar 1930 5.- Informe de la Comisión de Economía y Comercio, recaído en el proyecto que aprueba el Convenio Internacional del Azúcar 1935 6.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la observación al proyecto que deroga las disposiciones legales que suprimen los derechos previsionales como sanción por comisión de delitos 1938 7.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto que concede amnistía a don Luis Segundo Parra Munne 1939 8.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en la consulta a la Sala sobre la constitucionalidad de indicaciones formuladas por señores Senadores a una iniciativa que altera la división política y administrativa del país y que incide en el proyecto que crea el departamento de Peralillo 1940 9.- Informe de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto que suplementa los presupuestos de diversos Ministerios 1941 VERSION TAQUIGRAFICA. I.- ASISTENCIA. Asistieron los señores: Aguirre Doolan, Humberto Aylwin Azócar, Patricio Baltra Cortés, Alberto Bulnes Sanfuentes, Francisco Campusano Chávez, Julieta Carmona Peralta, Juan de Dios Durán Neumann, Julio Ferrando Keun, Ricardo Foncea Aedo, José García Garzena, Víctor Gumucio Vives, Rafael Agustín Hamilton Depassier, Juan Ibáñez Ojeda, Pedro Irureta Aburto, Narciso Jerez Horta, Alberto Juliet Gómez, Raúl Luengo Escalona, Luis Fernando Miranda Ramírez, Hugo Montes Moraga, Jorge Morales Adriasola, Raúl Moreno Rojas, Rafael Musalem Saffie, José Palma Vicuña, Ignacio Papic Ramos, Luis Prado Casas, Benjamín Reyes Vucuña, Tomás Rodríguez Arenas, Aniceto Silva Ulloa, Ramón Teitelboim Volosky, Volodia Valente Rossi, Luis Valenzuela Sáez, Ricardo, y Von Mühlenbrock Lira, Julio. Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario, el señor Daniel Egas Matamala. II.- APERTURA DE LA SESION. Se abrió la sesión a las 16.14, en presencia de 18 señores Senadores. El señor PALMA (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III.- TRAMITACION DE ACTAS. El señor PALMA (Presidente).- Las actas de las sesiones 44ª a 47ª, quedan en Secretaria a disposición de los señores Senadores hasta la sesión próxima, para su aprobación. IV.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor PALMA (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor EGAS (Prosecretario).- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes. Siete de Su Excelencia el Presidente de la República. Con los seis primeros, retira y hace presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos de ley: 1) El que fija la duración máxima de la jornada y la remuneración mínima a los choferes de la locomoción colectiva particular. Queda retirada la urgencia y la nueva se califica de simple. 2) El que crea el Consejo Nacional de Trabajo y Capacitación Penitenciaria. Queda retirada la urgencia y la nueva se califica de simple. 3) El que aumenta la planta de oficiales y empleados del Ejército. Queda retirada la urgencia y la nueva se califica dé simple. Con el séptimo, incluye entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional en la actual legislatura extraordinaria el proyecto de ley que establece un derecho de opción en favor de los pensionados de viudez y orfandad. Se manda archivarlo. Oficios. Nueve, de los señores Ministros de Educación Pública y de Obras Públicas y Transportes; Vicepresidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Minería; Director Administrativo y Secretario General del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo; Director de Aprovisionamiento del Estado; Subgerente de Distribución de la Empresa Nacional de Electricidad S.A. e Interventor de la Compañía de Teléfonos de Chile, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables señores Hamilton (1), Jerez (2), Morales Adriasola (3), Noemi (4), Ochagavía (5), Papic (6), Valente (7) y Valenzuela (8): 1) Pago de determinada partida de alfalfa a la Cooperativa Campesina Lago General Carrera Limitada, de Chile Chico; 2) Reparación del Canal de Quillón; 3) Electrificación del sector Villa El Blanco en Coihaique. 4) Reajuste de tarifas de ENAMI; 5) Instalación de alumbrado público y domiciliario en la población René Schneider; 6) Construcción de local para Escuela Nº 81, de Puerto Montt; 7) Designación de profesor reemplazante en asignatura de castellano en el Liceo de Hombres de Taltal; Construcción de grupo escolar en Calama, y 8) Instalación de servicio telefónico en Pumanque y Nilahue Cornejo, de Colchagua. Quedan a disposición de los señores Senadores. Informes. Uno de la Comisión de Gobierno, recaído en la observación de Su Excelencia el Presidente de la República formulada, en primer trámite constitucional, al proyecto de ley que destina 10% de los recursos del Instituto CORFO-Aisén a las municipalidades de esa provincia y autoriza a las de Aisén y Coihaique para contratar empréstitos (véase en los Anexos, documento 1). Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo: 1) El que aprueba la modificación de las disposiciones del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, en lo relativo a la elección de los Directores Ejecutivos (véase en los Anexos, documento 2). 2) El que aprueba el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas (véase en los Anexos, documento 3). Uno de la Comisión de Relaciones Exteriores y otro de la de Economía y Comercio, recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Convenio Internacional del Azúcar (véanse en los Anexos, documentos 4 y 5). Tres de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en los siguientes asuntos: 1) Observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, al proyecto de ley que deroga las disposiciones legales que suprimen los derechos provisionales como sanción por comisión de delitos (véase en los Anexos, documento 6). 2) Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Contreras, que concede amnistía a don Luis Segundo Parra Munne (véase en los Anexos, documento 7). 3) Consulta de la Sala relativa a la constitucionalidad de indicaciones formuladas por señores Senadores a una iniciativa que altera la división política y administrativa del país y que incide en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que crea el departamento de Peralillo (véase en los Anexos, documento 8). Uno de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que suplementa los presupuestos de diversos Ministerios (véase en los Anexos, documento 9). Uno de la Comisión de Asuntos de Gracia, recaído en la observación de Su Excelencia el Presidente de la República formulada al proyecto de ley que reconoce, por gracia, a don Julio Sanzana Nova, el tiempo servido que indica. Tres de la Comisión de Asuntos de Gracia e igual número de la Revisora de Peticiones, recaído en los proyectos de ley que benefician, por gracia, a las siguientes personas: 1) González Méndez viuda de Rivas, Norma y otros; 2) Guarachi Vidaurre-Leal, Laura, y 3) Vásquez Briones, Mario. Quedan para tabla. Moción. De los Honorables señores Jerez, Silva Ulloa, Teitelboim, Valenzuela y Von Mühlenbrock, con la cual inician un proyecto de ley que autoriza al Presidente de la República para liberar del pago de derechos la importación de película virgen, maquinarias y otros elementos necesarios para la producción de películas nacionales de largo metraje. Se manda comunicarla a Su Excelencia el Presidente de la República para los efectos del patrocinio constitucional necesario. Comunicaciones. Una del Honorable Senador señor Pablo, con la que informa que el Parlamento Latinoamericano acordó celebrar su Séptima Asamblea en 1974 en Santiago de Chile, y eligió a Su Señoría como Presidente del mismo. Se manda archivarla. Otra del señor Secretario General de la Universidad de Concepción, con la que envía el texto de la exposición pública hecha, por el Rector de esa Universidad, señor Edgardo Enríquez, sobre la situación presupuestaria de esa casa de estudios, a raíz de observaciones formuladas sobre el particular por el Honorable Senador señor Aguirre Doolan, y solicita se dé lectura a dicho documento en sesión de esta Corporación. Queda a disposición de los señores Senadores. El señor PALMA (Presidente).- Ruego a los señores Comités pasar a la Sala de la Presidencia. Se suspende la sesión por veinte minutos. Se suspendió a las 16.14. Se reanudó a las 16.34. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Continúa la sesión. Se suspende por 20 minutos. Se suspendió a las 16.34. Se reanudó a las 16.55. El señor PALMA (Presidente).- Continúa la sesión. V.- ORDEN DEL DIA. SUPLEMENTACION DE PRESUPUESTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS. El señor FIGUEROA (Secretario).- En primer lugar, corresponde discutir el proyecto de ley de la Cámara de Diputados que suplementa los presupuestos de los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y de la Vivienda y Urbanismo. Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 44ª, en 29 de noviembre de 1972. Informe de Comisión: Hacienda, sesión 48ª, en 13 de diciembre de 1972. Discusión: Sesión 47ª, en 12 de diciembre de 1972. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Aguirre Doolan, García, Gumucio e Irureta, recomienda a la Sala adoptar los acuerdos que figuran en el boletín Nº 26.774. El señor PALMA (Presidente).- En discusión general. Ofrezco la palabra. El señor REYES.- El proyecto que estamos tratando, aprobado por la Cámara de Diputados, suplementa distintos ítem de los presupuestos de los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y de la Vivienda y Urbanismo, del Congreso Nacional y de los Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción y de Defensa Nacional, principalmente. Desde nuestro punto de vista, estos ítem podrían ser incluidos dentro de la ley de Presupuestos del próximo año. Según entiendo, la Comisión de Hacienda acogió algunos de estos suplementos, y otros los rechazó más bien por falta de información adecuada de los respectivos Ministerios. Como las sumas de que se trata no son exiguas, sino que, por lo contrario, muy significativas dentro del Presupuesto de la Nación, sería de desear que, a lo menos, el informe de la Comisión de Hacienda fuera explicado. En todo caso, pido segunda discusión para este proyecto. El señor GUMUCIO.- En primer lugar, quiero hacer presente algo que ya manifesté en la sesión de ayer. En realidad, si se pide aplazamiento de la votación, segunda discusión o se recurre a cualquier otro procedimiento reglamentario parecido acerca de este proyecto, se perderán todas las posibilidades de que él sirva para sus objetivos. Para ello, debe entrar en vigencia antes del 30 de diciembre, y aún le falta un tercer trámite en la Cámara de Diputados. Insisto: el que acabo de señalar será el efecto de pedir aplazamiento de la votación o segunda discusión para esta iniciativa. En segundo término, debo advertir que en la Comisión de Hacienda el Subsecretario de Obras Públicas - lo que después fue ratificado por el propio Presidente de la Comisión, Senador señor Ballesteros - señaló que en el mes de julio, o en agosto, mediante indicaciones a un proyecto, se quiso suplementar estas partidas, pero que el señor Ballesteros objetó el procedimiento por ser ajena la materia a la idea matriz de esa iniciativa, y recomendó el camino de enviar un proyecto de ley especial. Se sostuve que la tramitación de un proyecto de esa naturaleza era bastante larga, porque primeramente, los respectivos Ministerios debían establecer los rubros correspondientes, luego comunicarlos al Ministerio de Hacienda, en seguida a la Cámara de Diputados y, por último, al Senado. Por lo tanto, existía el peligro - así se advirtió en aquella ocasión - de que ese proyecto de suplemento se discutiera en los últimos días de este año. Eso fue corroborado por el Senador señor Ballesteros, quien aclaró que efectivamente había recomendado ese camino pero que no había adquirido el compromiso de aprobar cada partida. Lo digo para los efectos de que no se crea que el señor Senador contrajo el compromiso de aprobar el detalle cada partida; pero sí recomendó el envío de un proyecto de ley para suplementar estos ítem. Repito: si se pide segunda discusión o aplazamiento de la votación, será totalmente imposible cumplir con la finalidad del proyecto. La Comisión de Hacienda examinó con bastante detalle cada ítem. Así, la suplementación de los ítem del Ministerio de Obras Públicas y Transportes se aprobó por tres votos contra dos, y la del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo se rechazó por cuatro votos contra uno, porque no estaban presentes los funcionarios que podían aportar los antecedentes del caso. Esa fue la causa por la cual la mayoría de la Comisión desechó esta última suplementación de ítem. Por otra parte, la Comisión aprobó por Unanimidad la suplementación de los ítem correspondientes al Congreso Nacional; y rechazó una partida del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, la que es muy importante porque allega fondos para la construcción del edificio donde funcionará la Comisión de Energía Nuclear, a la cual ya se ha otorgado una serie de recursos a fin de que pueda pagar los compromisos contraídos en este año, no en 1973. En cuanto al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, la Comisión, por unanimidad, aceptó la suplementación que se pide de ítem relativos al Comité Olímpico, cuyo presidente había justificado antes varios parlamentarios la necesidad de adoptar esa medida. Asimismo, hubo unanimidad para acoger la creación de algunos ítem, como el relativo al Consejo Nacional de Menores, que subvenciona a instituciones dependientes del Consejo, de carácter particular pero de beneficencia, por haber resultado insuficientes los aportes que han recibido en 1972. El Senador señor Reyes arguye que estos suplementos de ítem podrían consignarse en el Presupuesto de la Nación de 1973. Debo advertir al señor Senador que los recursos de 1972 están totalmente agotados en esta quincena del presente mes en lo que concierne a pago de contratistas de obras públicas y de otros compromisos ya contraídos. Por lo demás, el presupuesto para 1973 entra a regir, una vez que se promulga la ley respectiva, a contar del 1º de enero. Sin embargo, como consecuencia de toda la tramitación previa a esa promulgación, la ley no surte efecto, en el sentido material de la colocación de fondos en la tesorería de cada Ministerio, a partir del 01º de enero, sino a fines de febrero o en marzo. O sea, a esos contratistas se les suspendería el pago que recibirían en virtud de la ley de suplemento en debate, cancelación que ya tiene un atraso de tres meses. Según entiendo, el Senador señor García advirtió que ya en agosto se suspendió el pago a los contratistas. Es decir, éstos sufrirían una postergación en sus cobros, de cinco o seis mesas. Por eso, si al tenor de las observaciones que he formulado, el señor Reyes retirara su solicitud de segunda discusión, yo consideraría su gesto de extraordinario valor. El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, la verdad es que con este proyecto de suplemento de presupuestos de distintos Ministerios bien podría suceder lo señalado por el colega señor Gumucio, o sea que, por disposición de la mayoría del Congreso, no hubiera ley en este aspecto durante el presente año. Entiendo y creo que así deben comprenderlo los señores Senadores, que los ítem que esta iniciativa suplementa corresponden a obras e inversiones que son necesarias y que están haciéndose. De manera que, de no despacharse este proyecto, las sumas que consigna incidirán en una menor disponibilidad para la capitalización general del país en el año próximo, porque, de acuerdo con el estatuto orgánico de la ley de Presupuestos el D.F.L. 47, se trasladarían a los nuevos ítem. Lo mismo ocurriría respecto del Congreso Nacional, el que también se vería afectado en sus disponibilidades del próximo año, pues al no existir ley sobre la materia es indudable que las cuentas por los mayores gastos quedarían pendientes y tendrían que pagarse con cargo al presupuesto de 1973. Es decir, en el hecho, mediante el rechazo del proyecto que nos ocupa, el retraso de su discusión y de su aprobación, estaríamos disminuyendo las disponibilidades para 1973 de los Ministerios de Obras Públicas, de la Vivienda y Urbanismo y de Defensa Nacional, así como las del Parlamento. A mi juicio, el problema es demasiado serio para prolongarlo. Espero que esta iniciativa pueda despacharse más adelante y que sea todavía oportuna, a fin de no tener dificultades el próximo año. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes. El señor MONTES.- Señor Presidente, he pedido la palabra sólo para formular una consulta o, si se quiere, una reflexión. Ayer, como el proyecto no estaba despachado por la Comisión, la Sala estimó que existía urgencia en que ese organismo técnico lo considerara, y hubo acuerdo, entiendo que unánime, es decir hubo asentimiento de todos los señores Senadores para tratar hoy esta iniciativa. Según entiendo, no se resolvió despacharlo propiamente, sino que se usó otro término: tratarlo hoy día. Reitero: como prácticamente la unanimidad de los señores Senadores presentes en la Sala en aquel momento estimó conveniente, por las razones dadas por los señores Gumucio y Silva Ulloa, tratar el asunto hoy día, así se acordó proceder, pues de lo contrario el proyecto no serviría y se perjudicaría de manera grave el presupuesto de diversos servicios de nuestro país Sin embargo, hoy nos encontramos, por lo menos nosotros, con la sorpresa de que el Senador Comité de la Democracia Cristiana, señor Tomás Reyes, solicita segunda discusión. En la práctica, esto significa el bloqueo del proyecto y, por ende, que no se puedan resolver hoy los problemas que él plantea, cual fue el criterio casi unánime de los señores Senadores en el día de ayer. Ahora, la reflexión o consulta que quiero formular, por si es posible obtener una respuesta a ella, es por qué razón se plantea este problema. Por supuesto, nadie tiene la obligación, ni mucho menos, de contestar las preguntas que se le formulen, si no quiere responderlas. Pero estimo que también desde estas bancas tenemos derecho a formular una consulta de esta especie en atención a que la suplementación del Presupuesto de la Nación no es un problema baladí, no es una situación adjetiva, que podamos mirar por debajo de la pierna, con desaprensión. Comprendo que puedan existir motivos políticos concretos que induzcan al Comité Demócrata Cristiano a adoptar su posición de hoy. También puede haber otro tipo de razones para ello. Sin embargo, a mi juicio, aquí no sólo está en juego la situación del Senado o del Parlamento, sino la del país, la de servicios tan importantes como los que aquí se han señalado, como, por ejemplo, el de Obras Públicas, en el caso del Ministerio del ramo; el relativo a la Vivienda, etcétera. Considero que no sólo el Senado, sino el país debe saber de manera clara cómo se ventilan los negocios aquí, en el Parlamento, porque – reitero - aun cuando tratemos de poner la mejor voluntad de nuestra parte para interpretar determinados hechos, no encontramos una explicación satisfactoria. Lo digo una vez más: ayer la unanimidad del Senado estimó necesario tratar hoy el proyecto que suplementa el Presupuesto de la Nación. Pero hoy día, de entrada, sin explicación, se solicita para él segunda discusión, lo que significa liquidarlo. Reitero que esto requiere alguna explicación. El país necesita saber por qué razón se castiga, diría yo, no al Gobierno ni a quienes aquí lo representamos, sino a todo Chile, por medio de servicios tan vitales como los mencionados. Me dirijo concretamente al Senador señor Tomás Reyes para representarle nuestra extrañeza frente a la decisión que él ha adoptado y que impedirá despachar el proyecto, causando así, a nuestro juicio, grave daño a servicios esenciales para la nación. Comprendo que pueden existir situaciones políticas de tal gravedad que merezcan actitudes de esta naturaleza. También puede haber para ello razones de índole económica o diversas otras consideraciones, relativas a la suplementación propuesta en el proyecto, en fin, puntos de vista distintos sobre la materia Pero estimo que en un asunto como éste tenemos derecho a expresar nuestro pensamiento, así como respetamos el de los demás. En mi opinión, no podemos desechar problemas de esta envergadura para la suerte de los servicios substanciales de nuestro país. No me referiré al fondo del proyecto. Otros colegas lo conocen mucho mejor que yo y han hablado de él. Probablemente, dirán algunas palabras más sobre la materia concreta de que se trata. Mi intervención sólo tiene por objetivo manifestar nuestra extrañeza acerca del procedimiento que se emplea para dilatar su despacho, pues no le encontramos explicación. Vemos, simplemente, que, en la práctica, en los hechos, en este instante se bloquea el tratamiento de una iniciativa considerada esencial para la suerte de servicios vitales del país, sin dar explicación de ninguna naturaleza. Por ello, pregunto cuáles son las causas que inducen a actuar de esta manera, hasta el momento incomprensible para nosotros. El señor PALMA (Presidente).- Respecto de la consulta que Su Señoría hace a la Mesa, y antes que otros señores Senadores se hagan cargo de sus observaciones, puedo decirle que, efectivamente, ayer se acordó tratar hoy el proyecto, lo que se está haciendo. Pero nadie se comprometió a renunciar a los derechos que reglamentariamente corresponden a los señores Senadores. Tampoco ha habido ningún acuerdo unánime de los Comités para tratar la iniciativa en una forma especial. De manera que todos los señores Senadores están en estos momentos en situación de usar de sus atribuciones y derechos. Por otra parte, como el 29 de noviembre se calificó de simple la urgencia de esta iniciativa, todavía hay plazo para tratarla. Hasta este momento, sólo se ha solicitado el aplazamiento de la votación. El señor REYES.- No, señor Presidente. Pedí segunda discusión. El señor PALMA (Presidente).- No cabe segunda discusión, señor Senador. El señor REYES.- Entonces, solicito aplazamiento de la votación. El señor PALMA (Presidente).- Esto implicaría realizar eventualmente una sesión especial antes de que venza la urgencia. El señor REYES.- ¿Por qué no se puede pedir segunda discusión? El señor PALMA (Presidente).- En virtud de los artículos 135 y 137 del Reglamento, señor Senador. Por consiguiente, estamos cumpliendo lo acordado por la Sala en el día de ayer. Sobre la materia, tiene la palabra el Honorable señor Ibáñez. El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, el señor Montes ha expresado sorpresa por no haber tenido mayores informaciones sobre la actitud del Comité Demócrata Cristiano. No me corresponde a mí dar esas explicaciones, pero sí quiero decir que me extraña la sorpresa del Senador comunista, porque los marxistas se caracterizan precisamente por proceder sin decir agua va. Hacen lo que les parece, en frecuentes ocasiones vulneran las leyes y, cuando se les pide alguna explicación sobre su comportamiento, simplemente guardan absoluto silencio. Por consiguiente, el Senador señor Montes sería la última persona que aquí, en el Senado, podría sentirse sorprendida porque no se le den las explicaciones que desea recibir. Con todo, y tomando nota, de la absoluta falta de interés del señor Montes por recibir estas explicaciones, me permitiré señalar algunas de las graves objeciones que me merece el proyecto en debate. Todos los años, es un sistema habitual el envío al Congreso de un proyecto de suplementación del Presupuesto, cuando los diversos ítem acordados para el año resultan insuficientes para atender las necesidades del Estado. Por lo general, estas suplementaciones presupuestarias las recibe el Congreso durante la legislatura ordinaria. Por ello, resulta realmente sorprendente que, cuando está por expirar el año, recibamos una petición de cuantiosos nuevos recursos por parte del Ejecutivo. Creo que la primera pregunta que es preciso formularse frente a esta iniciativa es por qué se envía un proyecto de suplemento presupuestario cuando está a punto de expirar el año fiscal. El señor GUMUCIO.- ¿Me permite una breve interrupción, señor Senador? El señor IBAÑEZ.- Con la venia de la Mesa, con mucho gusto. El señor PALMA (Presidente).- El Honorable señor Gumucio puede hacer uso de una interrupción. El señor GUMUCIO.- No sé si Su Señoría escuchó lo que dije. Esta suplementación se propuso mediante una indicación a otro proyecto, y el Senador señor Ballesteros, Presidente de la Comisión de Hacienda, recomendó que, en lugar de presentarla como indicación, por existir inconvenientes constitucionales para ello, se tramitara aparte, como proyecto de ley de suplementación del Presupuesto. Ese ha sido el origen de la demora en el envío y en la tramitación del proyecto de suplementación presupuestaria para el año en curso. El señor IBAÑEZ.- Escuché bien a Su Señoría. Eso sucedió en junio, y desde entonces han transcurrido seis meses. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia del Honorable señor Ibáñez, puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Irureta. El señor IRURETA.- La indicación la formuló el Ejecutivo en septiembre de este año y, efectivamente, en esa ocasión el señor Ballesteros hizo presente lo que ha señalado el señor Gumucio. Pero el proyecto que estamos discutiendo fue enviado por el Gobierno al Congreso el 21 de noviembre. Esas son las fechas exactas. El señor GUMUCIO.- Lo envió el 9 de noviembre. El señor PALMA (Presidente).- La iniciativa del Ejecutivo llegó al Parlamento el 21 de noviembre, y la Cámara la despachó el 28 de ese mes. El señor IBAÑEZ.- Exactamente. Es decir, cuando está a punto de expirar el año. Entonces, la pregunta que me formulo es cuál es el destino, la finalidad de esos recursos, pedidos en esta época. No quiero pensar mal, pero quedo con la impresión de que esos recursos han sido ya gastados, de que el Gobierno está tratando de ordenar su sistema financiero mediante una ley póstuma. Si tal fuera el caso, se trataría de una irregularidad grave, que la Cámara de Diputados tendría que investigar. En el caso de que hasta la fecha no hayan sido gastados, ¿qué sucederá? Me dicen que el proyecto fue enviado en noviembre, y ya estamos a 13 de diciembre; pero como faltan varios trámites, la iniciativa no podrá ser despachada hasta los últimos días de este mes, razón por la cual el Gobierno no dispondrá del tiempo físico para poder gastar los recursos que se le entregan. En consecuencia, no acierto a explicarme la razón que tuvo el Ejecutivo para formular esta petición, salvo que esos fondos ya hubiesen sido gastados, como dije, sin la autorización del Congreso. Y me atrevo a aventurar esta suposición porque este Gobierno se ha caracterizado por realizar todos sus actos, o gran parte de ellos, al margen de las autorizaciones que el Congreso debe otorgarle. Por tanto, no sería esta la primera vez que estaría procediendo en esa forma. El señor GUMUCIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor IBAÑEZ.- Con la venia de la Mesa, con mucho gusto. El señor GUMUCIO.- Corrientemente los Ministerios, y en especial el de Obras Públicas, van gastando fondos del Presupuesto por duodécimos. Entonces, cuando en el transcurso del año ocurren catástrofes o situaciones extraordinarias gastan los duodécimos en forma anticipada. En este caso, efectivamente puede ser que se hayan gastados duodécimos futuros Pero la verdad también es que en el transcurso del año se ha producido, como es de conocimiento público, una inflación bastante alta, lo que indudablemente ha hecho subir los presupuestos de compromisos ya contraídos. Voy a poner un ejemplo bien gráfico. En el Consejo de Menores los aportes de las instituciones de beneficencia particulares, en los cuales hay gastos por concepto de alimentación y de una serie de otros rubros, los fondos resultaron insuficientes, y esas instituciones tienen que seguir viviendo. No pueden dejarse botados a niños huérfanos y a otra cantidad de gente simplemente porque se ha gastado en forma adelantada un duodécimo debido a la inflación. Sin cometerse ilegalidad, puede hacerse frente a gastos mayores como los motivados por la inflación, recurriendo a duodécimos del presupuesto futuro. De modo que lo que se persigue mediante esta iniciativa es regularizar gastos ya hechos. Además, hay obras que requieren rápidamente la provisión de recursos. ¿Y eso, por qué? Porque hay contratistas a quienes no se les han cancelado contratos ya vencidos. Como lo dije denantes, en el mes de agosto se agotó el ítem de pagos de los contratistas, los cuales deben solventar gastos de jornales, que han subido en ciento por ciento en este año. Esa es la razón del proyecto. Por otra parte, en todos los Gobiernos se han despachado leyes de suplementos. El señor IBAÑEZ.- Pero han sido pedidas oportunamente. Debo decir que el 22 de noviembre, al dar respuesta a la extraña exposición de la Hacienda Pública del señor Ministro Millas, precisamente llamé la atención sobre el hecho de que hasta ese día no hubiésemos conocido ninguna iniciativa del Gobierno tendiente a suplementar el presupuesto del año en curso. Y voy a ayudar a Su Señoría. El señor Senador se refirió sólo a la inflación. Pero en esa oportunidad yo mencioné un hecho aún más grave, si es que puede haber algo más serio que la inflación que sufre Chile. Hice alusión a las pérdidas siderales de las empresas estatificadas, y consulté al señor Ministro de dónde se habían sacado los fondos para solventar las inmensas pérdidas de las empresas estatales y de las que el Estado se incautó o apropió. Debo hacer presente que hasta el momento no he recibido respuesta alguna, y lo digo por la sorpresa que muestra el Honorable señor Montes por no contar con los antecedentes que solicita. En consecuencia, hay una serie de vacíos y de informaciones que faltan, y nuestro propio colega el Senador Gumucio ha estado dando algunas explicaciones, pero sobre la base de suposiciones, porque él no tiene los antecedentes ni las cifras exactas. El señor GUMUCIO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor IBAÑEZ.- Con la venia de la Mesa, con mucho gusto. El señor PALMA (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría. El señor GUMUCIO.- Debo hacer presente que lo que les sucede a los Ministerios también le ocurre al Congreso Nacional. Por ejemplo, el papel que usamos los Senadores subió de precio; por lo tanto, el ítem correspondiente se agotó antes de que terminara el presente año, y es así como el propio Congreso Nacional, con el acuerdo de la Comisión, también está solicitando una suplementación de presupuesto. El señor IBAÑEZ.- Con todo, subsisten las observaciones de forma y procedimiento que he formulado y que considero extraordinariamente graves. Desearía que el señor Ministro explicara ésta y otras situaciones absolutamente oscuras que necesitamos conocer en su integridad antes de pronunciarnos sobre una petición del volumen de la que formula el Ejecutivo. Ahora, refiriéndome a algunos de los aspectos específicos del proyecto de suplementación presupuestaria, debo decir que apenas el 40% del Presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas está destinado a contratar obras públicas. Es preciso preguntar qué se hace con el 60% restante. Dicho Ministerio gasta ese porcentaje en obras que dice realizar por su propia cuenta, sin pedir propuestas públicas y sin que se sepa exactamente de qué trabajo se trata. Cuando se han solicitado explicaciones sobre ese extraño procedimiento, se ha sostenido - no obstante las cifras tan halagüeñas que el Gobierno da a la publicidad sobre la desaparición de la cesantía - que el Ministerio necesita esos recursos para absorber la tremenda desocupación que hay en el país, y que los destina a contratar obreros para realizar trabajos vagos que nunca han podido ser especificados de manera clara y convincente; supuestas reparaciones de obras públicas, que no se sabe cuáles son ni dónde están. En síntesis, se habrían contratado 14 mil obreros, que los paga directamente el Ministerio de Obras Públicas con cargo al 60% de su presupuesto. Si nosotros viésemos trabajos efectivos; si viésemos una capitalización nacional, como decían algunos señores Senadores, probablemente nos sentiríamos inclinados a conceder mayores recursos para que esa capitalización continuara. Pero en la práctica hemos podido advertir que esos obreros contratados por el Ministerio de Obras Públicas no hacen ninguna labor que represente una capitalización visible en infraestructura para Chile. En cambio, hemos visto que esos 14 mil obreros constituyen el núcleo central para las marchas políticas, para las manifestaciones de regocijo, de adhesión, de despedida o bienvenida que el Gobierno realiza. Esos 14 mil obreros participan en tomas de fábricas o de predios agrícolas y en otros actos de violencia surtidos. En consecuencia, los legisladores debemos mirar con cierta cautela peticiones de este volumen, que no aparecen debidamente especificadas ni tampoco se las ve justificadas al tenor de la paralización de las obras públicas que todos los chilenos estamos advirtiendo. En cuanto a las viviendas, la situación es todavía mucho más grave. En 1971 en Chile había 19.000 viviendas en construcción, y el Gobierno dijo haber contratado en el año anterior la edificación de 68.500 más. No obstante, el Gobierno informó que de esas 68.500 viviendas inició sólo la construcción de 58.900, lo que da un total de más o menos 78.000 casas, tomando en consideración todas las que ya se estaban construyendo a comienzos de ese año. Pues bien, de estas 78.000 viviendas se han entregado en el primer semestre de este año apenas 12.877, y los cálculos de las empresas y de los sectores que las construyen indican que como máximo se llegará a entregar 25.000 habitaciones, lo cual representa un déficit pavoroso, si se toma en cuenta que Chile requiere 60 mil viviendas nuevas cada año para satisfacer las necesidades del crecimiento vegetativo de la población y reemplazar las casas destruidas por obsolescencia. Por lo tanto, resulta inexplicable la petición de este suplemento para el Ministerio de la Vivienda, ya que en verdad no se están construyendo casas en el país. Antes de solicitar esos recursos, el Gobierno debe explicar a qué se debe la paralización de la construcción. Me voy a permitir anticipar las razones que impiden construir viviendas y que por lo tanto hacen innecesario que el Gobierno necesite mayores recursos. Las causas son bastante obvias y conocidas por la población: la escasez de materiales de construcción. Falta fierro; no hay cemento; faltan clavos y maderas y todos los elementos esenciales para construir una vivienda. Por lo tanto, el problema no radica en una escasez de recursos, sino fundamentalmente en la destrucción de la capacidad productiva del país, que impide proveer a la industria de la construcción de los elementos indispensables para llevar a cabo los planes de la vivienda. No existiendo esos elementos, no veo cual pueda ser la razón que justifique la ampliación del presupuesto para construir viviendas, las que, como todos sabemos, por las razones que acabo de explicar es imposible construir. A la luz de las cifras que he dado y de las escasísimas informaciones que tenemos sobre este proyecto y de la ausencia de un Ministro que explique con exactitud de qué se trata, llego a la convicción de que no sólo es innecesario este suplemento, en atención a lo avanzado del presente año, que ya está llegando a su término, sino que es innecesario porque simplemente no hay posibilidad física de emplear esos recursos. Insisto: si esos dineros ya han sido gastados, a mi juicio lo que procede es efectuar una acuciosa investigación acerca de cómo el Gobierno ha invertido tales recursos sin tener la autorización debida del Congreso Nacional. Por todas las razones que he expuesto, me parece de elemental prudencia la petición de aplazamiento de la votación formulada por el Comité Demócrata Cristiano, ya que se trata de un proyecto que no está debidamente explicado y que no parece justificado a la luz de mis argumentos. El señor REYES.- En primer lugar, quiero dejar establecido un aspecto reglamentario, aun cuando no haré cuestión sobre él. La Mesa declaró, basándose en el artículo 137 del Reglamento, que no procede pedir segunda discusión, sino solamente aplazamiento de la votación. Por lo menos mi criterio es el de que ello ocurre cuando ha vencido el plazo de la urgencia, y eso es lo que se desprende del contexto de la disposición. Como digo, no haré cuestión sobre el particular, y me atendré al aplazamiento de la votación. Después de escuchar las nuevas observaciones que se han formulado, creo que es una buena medida aplazar la votación, porque, como aquí se ha señalado, la Comisión, a cuyo informe deberíamos atenernos, rechazó la suplementación para el Ministerio de la Vivienda, que constituye más del 50% del suplemento solicitado. Respecto del Ministerio de Obras Públicas, según lo que aquí se ha dicho, se trataría de obras ejecutadas y saldos pendientes. Ello también constituye un procedimiento irregular, pues en la medida en que dichos saldos pendientes llegaran a cubrirse de inmediato, se contratarían nuevas obras también a crédito, incurriendo en el mismo vicio que ahora se trata de subsanar. Quiere decir que con este sistema se está contratando de hecho presupuesto y medio, en vez del presupuesto originalmente aceptado por el Congreso Nacional, y ello no sólo a causa de los reajustes de precios que, naturalmente, con una inflación tan descomunal como la que estamos viviendo, se pueden producir. Además, se ha pasado por alto un artículo que, a nuestro juicio, es muy importante. Se trata del artículo 4º de este proyecto de suplemento, que, por cierto, requiere un análisis, diría yo, mucho más concienzudo por parte de la Corporación. Sencillamente, autoriza para que cualquier suplemento se financie con créditos concedidos por el Banco Central, que son netamente emisiones. Si ése es el criterio con que en las actuales circunstancias vamos a afrontar el financiamiento de las obras públicas o de cualquier naturaleza que deban efectuarse en lo futuro, quiere decir que algunos, por lo menos, están incurriendo en una gravísima inconsecuencia. Por eso, dado que el informe se nos entregó hace pocos instantes, consideramos prudente hacer uso del recurso reglamentario del aplazamiento de la votación, a fin de que la iniciativa se estudie con posterioridad Si hubiera razones serias que indicaran la necesidad de aprobar este proyecto de suplemento y no una rectificación de la iniciativa de ley de Presupuestos para el año 1973, con el mayor interés nos allanaríamos a hacerlo. Pero en este instante la proposición que nos ocupa la votaríamos en su conjunto de manera negativa. No es nuestro propósito hacerlo de inmediato. Preferimos darnos el plazo de una semana que hemos solicitado, pues ello nos permitirá analizar con mayor detenimiento la situación. El señor PALMA (Presidente).- La Mesa se permite reiterar que no procede la solicitud de segunda discusión, por cuanto el artículo 137 del Reglamento es categórico al establecer, en su inciso tercero, que no procederá la segunda discusión respecto de los asuntos acerca de los cuales se haya acordado la urgencia. Nada dice con relación al plazo de ésta. Sí procede el aplazamiento de la votación, como lo ha solicitado Su Señoría. El señor REYES.- Denantes dije que no hacía cuestión al respecto. El señor PALMA (Presidente).- Además, en el artículo 110 y en otras disposiciones reglamentarias que versan sobre la materia, se insiste en lo que señalé. Por lo tanto, no vale la pena promover debate en torno de ello. El señor REYES.- Ya declaré que no hacía cuestión sobre el particular. Sin embargo, insisto en que, de acuerdo al contexto del artículo 137 del Reglamento, no me parece acertada la interpretación de Su Señoría. El señor PALMA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gumucio. El señor GUMUCIO.- En forma breve, daré respuesta al Honorable señor Reyes, pues no deseo que queden flotando en el ambiente algunos conceptos que vertió. En primer término, dijo el señor Senador que el proyecto en estudio podría significar gastar presupuesto y medio; en otras palabras, que teniendo fondos el Ministerio, con los recursos que le destine la ley de suplemento contrate obras nuevas. Eso no puede acontecer, porque para que entre a regir el suplemento debe estar agotado el ítem respectivo. El señor REYES.- No es así. ¿Me permite, señor Senador? El señor PALMA (Presidente).- Está con el uso de la palabra el Honorable señor Gumucio. El señor GUMUCIO.- En el caso concreto del Ministerio de Obras Públicas, no cabe duda de que los valores de algunas obras contratadas con cargo a determinados ítem han debido experimentar un reajuste. Los reajustes, en el caso de los contratos de obras públicas, se producen cuando hay alzas en el costo de la vida; automáticamente se modifica el monto de los presupuestos convenidos. Corrientemente a mi juicio, ése es un error, el porcentaje del alza del costo de la vida que se prevé al discutirse la ley de Presupuestos queda por debajo de la cifra real. Por ejemplo, un ítem se calcula con equis millones de escudos, y se le agrega 35% o 40 %; pero resulta - como sucedió este año - que el alza del costo de la vida asciende a 100%. Por lo tanto, es un hecho real que hay contratistas que se hallan impagos. Entonces es preciso suplementar un ítem que está agotado, para posibilitar el cumplimiento de obligaciones provenientes del Presupuesto de 1972. En 1973, cuando rija un nuevo Presupuesto, naturalmente que podrán contratarse obras nuevas con cargo a él. Pero sería demasiado maquiavélico un Gobierno que guardara sus recursos, sin gastarlos, y, pese a contar con ellos, pidiera suplemento para contratar obras nuevas. La verdad es que no existen esos fondos; se hallan agotados, por los motivos que ya hice presentes. En cuanto a la segunda objeción que se formula al financiamiento, el Honorable señor Reyes menciona sólo el artículo 4°. Reconozco que mediante él se faculta al Presidente de la República para solicitar préstamos al Banco Central, lo que constituye emisión. Es triste que en Chile hayamos llegado al extremo de tener que recurrir a ese tipo de procedimientos. Sin embargo, se trata de un sistema que los parlamentarios han aceptado para el financiamiento de varios proyectos, que a veces ha dado origen a emisiones bastante voluminosas. Además, el Honorable señor Reyes olvida que en el artículo 3º se consignaba una fuente de financiamiento insuficiente, por lo que fue necesario introducir el artículo 4º, que faculta al Presidente de la República para contratar dichos préstamos. En el artículo 3º se establecía un financiamiento concreto, que la Comisión rechazó; pero había financiamiento. O sea, el artículo 4º constituía una fuente de recursos extra: si no alcanzaba el financiamiento del artículo 3º, entraba a regir la facultad del Primer Mandatario para contratar préstamos con el Banco Central. El señor PRADO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor GUMUCIO.- Con mucho gusto. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría. El señor PRADO.- Sólo deseo formular una consulta al Honorable colega. En cuanto a Obras Públicas, durante este año he leído varias declaraciones de organismos que agrupan a los contratistas. No estoy al tanto de la solución definitiva; pero he escuchado algunas afirmaciones relativamente graves. No sé si en la Comisión pertinente se estableció de manera adecuada el problema, para determinar si al hablarse de contratos de obras públicas se hace mención de cosas ciertas, reales, conocidas, o si se está suponiendo la existencia de ciertas dificultades en el Ministerio respectivo. Me refiero de modo concreto a lo siguiente. Hace alrededor de dos meses se habló de que todos los contratistas de obras públicas estaban pidiendo la liquidación de sus contratos porque no habían llegado a arreglo con el Ministerio del ramo. Había una serie de situaciones muy complejas y complicadas respecto de incumplimientos que motivaron una verdadera crisis. Esto se publicó muchas veces en los diarios. Quiero saber si ese problema ha tenido solución, si ha habido respuesta, y si lo que se presenta como necesidades de Obras Públicas derivadas de un programa que se realiza con relativa normalidad, pero que requiere un suplemento, obedece a este hecho o a otro distinto. En segundo lugar, siempre con relación a los contratistas de Obras Públicas, debo hacer presente que se ha dado el caso de que el Banco Central no ha cumplido con remesas de pagos diferidos correspondientes a importaciones de equipos que han efectuado empresas contratistas. Situaciones como ésa inducen a los contratistas a enfrentarse con el Gobierno, particularmente cuando no cumple obligaciones de dicha índole. En casos como el señalado, el Banco Central tiene la obligación de remesar al exterior, a la fecha de vencimiento respectiva, los dólares correspondientes a los pagos diferidos. El Honorable señor Gumucio, que conoce de Hacienda, sabe cómo opera ese sistema de pago. Y cuando no se cumplen tales obligaciones, se enturbia mucho el asunto de Obras Públicas. En consecuencia, deseo saber si la Comisión conoció exactamente lo que está pasando con Obras Públicas, y si lo que se plantea como suplemento de presupuesto obedece a una necesidad clara y real. El señor GUMUCIO.- En cuanto a la participación que han tenido los contratistas en la tramitación de este proyecto de suplemento, debo hacer presente lo que esta mañana sostuvo ante la Comisión el Subsecretario de Obras Públicas: que durante una reunión a la que concurrieron el Senador Ballesteros, personeros del Ministerio del ramo y representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, según me parece, éstos accedieron a esperar la ley en estudio, en vez de insistir en una indicación que se formuló y que dicho parlamentario estimó inconstitucional. O sea, ellos están pendientes de la tramitación de esta iniciativa, para tener la posibilidad de que se les pague lo que se les adeuda desde el mes de agosto. Me parece que están suspendidos todos los pagos. Es decir, Obras Públicas tiene deudas con los contratistas. Es cuanto puedo contestar al Honorable señor Prado en lo relativo a su primera pregunta. Respecto de las divisas, lo único concreto que puedo responder a Su Señoría es que la crisis existente sobre el particular afecta indudablemente a toda entrega de dólares, aunque sea para pagos diferidos. Porque si al momento de vencer un pago diferido material y físicamente no existen divisas, no se puede cumplir con la obligación respectiva. El problema de la carencia de divisas afecta a todas las importaciones y a todo tipo de pagos al exterior. No estoy en condiciones de entrar en detalles. Ignoro si el Banco Central, por mala voluntad, maliciosamente no tramita el otorgamiento de divisas para los pagos diferidos. Mi impresión es que ello obedece a motivos de fuerza mayor: la escasez de moneda dura imposibilita la entrega de dólares para dar cumplimiento a los pagos diferidos. Eso puedo expresar con relación al segundo asunto que plantea el Honorable señor Prado. Sin embargo, no cabe duda de que la ley de suplemento en estudio tiene por finalidad posibilitar el cumplimiento de compromisos pendientes. Insisto: ¿por qué no examinamos el problema del Congreso Nacional, que lo tenemos a mano? El Tesorero del Senado fue a la Comisión, donde demostró palmariamente que los ítem del Presupuesto de esta Corporación se agotaron en determinada fecha. En igual situación se hallan los servicios públicos. Entonces, ¿por qué le vamos a creer más al Senado que a los otros organismos públicos? Esa es la realidad de los hechos. Concedo una interrupción al Honorable señor Jerez. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría. El señor JEREZ.- Creo que la observación del Honorable señor Prado es bastante pertinente. Tengo el convencimiento de que, aparte lo señalado por el Honorable señor Gumucio, en este momento no hay situación de crisis entre el Ministerio de Obras Públicas y los empresarios privados. Por el contrario, hemos escuchado al Almirante Huerta manifestar claramente su voluntad de solucionar cualquier cuestión pendiente. Sin duda alguna, hay problemas pendientes; existen dificultades financieras, Y, como expresó el Honorable señor Gumucio, los más interesados en que la ley en proyecto se apruebe son los empresarios privados que tienen contratos con el Fisco. De modo que, como sostuvo Su Señoría, la iniciativa tiende principalmente a posibilitar el cumplimiento de esos compromisos. En segundo término, hay que ver cuál es el carácter de las dificultades. Las hay con algunas empresas constructoras, por ejemplo, porque a raíz de los sucesos del mes de octubre incurrieron en abandono de labores y adhirieron al paro gremial, creándose problemas de hecho cuando los trabajadores asumieron la dirección de la obra en contacto con la CORMU, que intervino con toda razón a las empresas. Aún más, sostengo que el Gobierno no ejerce una política de persecución a la empresa privada. Porque sucede que hay labores que sin su concurso no se pueden realizar y que el Ejecutivo no está en condiciones de enfrentar. En el caso del edificio de la UNCTAD, concretamente, de no haber participado la empresa DESCO ni don Enrique Benítez con BELFI, la construcción no se habría podido terminar dentro del plazo establecido, por mucho que la CORMU hubiera tenido la mejor disposición de ánimo para trabajar. Y fue preciso realizar un esfuerzo gigantesco, en el cual los más resueltos fueron los trabajadores. Hay otras obras futuras, como las de los Juegos Panamericanos, para cuya ejecución se tendrá que contratar con las empresas privadas, pues las instituciones estatales solas no se hallan en situación de planearlas ni de llevarlas a cabo. En resumen, con esta iniciativa no se perjudica al sector privado. Por el contrario, es el que más desea que los recursos consignados en ella lleguen, para permitir solventar todos los compromisos pendientes. Respecto de la actitud del Ministerio de Obras Públicas para con las empresas privadas, personalmente opino - lo he escuchado en forma directa al Ministro del ramo; y sería conveniente que los parlamentarios interesados en el problema lo consultaran a este respecto - que existe el propósito de cumplir todos los compromisos contraídos con aquéllas. Y el Ministro es hombre que ha demostrado tener gran solvencia, especialmente a raíz de su actuación en su calidad de Director de los Servicios de ASMAR. El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, en mi primera intervención ya señalé que el despacho de este proyecto de ley de suplemento obedecía a la necesidad de resolver problemas inmediatos en algunos Ministerios - concretamente, los de Obras Públicas, de la Vivienda y Urbanismo, y de Defensa Nacional - y en el Parlamento. Como aquí se ha explicado, se trata de contar con las disponibilidades presupuestarias para cubrir gastos originados en el presente ejercicio que son fáciles de comprender y que no necesitan de mayor explicación, porque a partir del mes de octubre se produjo una alteración total en el desarrollo económico del país. Por ejemplo, los contratos de obras públicas están sujetos a un reglamento aprobado por decreto supremo, que establece las modalidades a que deben someterse los reajustes que deben pagarse de acuerdo con el alza del costo de la vida. ¿Qué ocurre si el proyecto que estamos discutiendo no se convierte en ley oportunamente? El artículo 47 del D.F.L. Nº 47, de 1959, que es el estatuto orgánico de la ley de Presupuestos, dice: Los decretos de fondos conservarán su validez después del cierre del ejercicio, debiendo imputarse los saldos no pagados al 31 de diciembre a los ítem correspondientes en el nuevo presupuesto. Para tales fines se entenderán creadas asignaciones en los ítem del nuevo presupuesto de igual denominación a las del año anterior y por un monto equivalente a los saldos decretados e impagos de dichas asignaciones al 31 de diciembre. En estos momentos nosotros estamos despachando en la Comisión Mixta el proyecto de ley de Presupuestos. Este trámite deberá quedar totalmente terminado la próxima semana, para que en seguida la iniciativa en referencia pase a la Cámara de Diputados y luego al Senado. El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, por el solo efecto de no aprobarse oportunamente dicho proyecto, quedará reducido en una suma superior a los mil millones de escudos, en circunstancias de que todos los parlamentarios, tanto los de Gobierno como los de Oposición, están solicitando que se destinen recursos para determinadas obras. En estas condiciones, creo que aparece un contrasentido evidente, pues mientras por una parte se formulan peticiones para satisfacer al electorado a mi juicio, es justo, de mayor capitalización del país y de un cumplimiento más cabal de los programas elaborados, por otra se niegan los recursos que permitan concretar tales aspiraciones, que no son sólo de los parlamentarios, sino que del país entero. Sé que en la zona que represento en esta Corporación hay angustia por resolver los problemas de Obras Públicas y los de la Vivienda. Estos se están solucionando hoy día casi exclusivamente mediante la inversión fiscal, porque los particulares no construyen. Prácticamente no existen casas que hoy día edifiquen los particulares, pues casi exclusivamente se trata de obras que inicia y termina el Ministerio de la Vivienda, por intermedio de la Corporación de la Vivienda. No creo que en mi zona haya siquiera diez construcciones individuales de casas que sean financiadas en forma exclusiva por el sector privado. Es decir, el ciento por ciento da la inversión en este rubro, que es tan importante, se está realizando exclusivamente por el Fisco. Y ocurre que en este instante el déficit en materia habitacional alcanza a más de 600 mil viviendas. El señor MORENO.- ¿Cuántas casas se han construido este año? El señor SILVA ULLOA.- Allá voy. El señor MORENO.- Por eso le hago la pregunta. El señor SILVA ULLOA.- Por eso le digo que allá voy. El señor GARCIA.- Dieciséis mil. El señor SILVA ULLOA.- No. El señor MORENO.- Diecisiete mil. El señor SILVA ULLOA.- Ni uno ni otro tiene la razón. Sus Señorías pueden seguir agregando algunos miles más y llegarán, seguramente, a una cifra que también es insuficiente. Como consta a los Honorables colegas, yo he estado participando en las Comisiones y solicitando los datos respectivos. Por eso los tengo muy frescos. De acuerdo con las cifras obtenidas, en el año en curso la construcción efectiva realizada por el Ministerio de la Vivienda va a ser, aproximadamente, de 25 mil casas. El señor GARCIA.- Va a ser. El señor SILVA ULLOA.- Va a ser. El señor MORENO.- Hemos preguntado cuántas son. El señor GARCIA.- Hemos consultado cuántas son, señor Senador. E1 señor SILVA ULLOA.- Bueno, hoy estamos a 13 de diciembre. Por consiguiente, no me pidan Sus Señorías que les dé un dato al 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes... El señor GARCIA.- ¡Yo creo que el que ha dado el señor Senador es un dato de 28 de diciembre...! El señor SILVA ULLOA.- Nosotros hemos llegado a esa cifra después de hacer las consultas del caso al Subsecretario de la Vivienda y a los Vicepresidentes... El señor IRURETA-¿Y por qué no se hace la misma consulta a los pobladores? El señor SILVA ULLOA.- A todos, señor Senador. El señor MORENO.- En las provincias que yo represento no hay una sola casa nueva. El señor PALMA (Presidente).- Está con la palabra el Honorable señor Silva Ulloa. Puede continuar Su Señoría. El señor SILVA ULLOA.- El Honorable señor Moreno es muy nervioso, tanto aquí en la Sala como en las Comisiones. Yo ya lo conozco, y me he acostumbrado a tolerarlo, y seguiré tolerándolo. El señor MORENO.- Se lo agradezco, señor Senador. El señor SILVA ULLOA.- De manera que su actitud no me molesta. Por lo contrario, me cae simpático. El señor RODRIGUEZ.- ¡Gran fortaleza...! (Risas). El señor SILVA ULLOA.- Como decía, en el año en curso, en cifras redondas, se construirán alrededor de 25 mil viviendas. Esto significa que el problema habitacional no será solucionado, y se irá agravando. Porque de acuerdo con los estudios técnicos, el crecimiento vegetativo de la población, según algunos, requiere en la actualidad una construcción de 45 mil viviendas al año; según otros, de 60 mil. Por consiguiente, el déficit de 600 mil casas, con una edificación efectiva de 25 mil viviendas, cuando de acuerdo con las estimaciones más prudentes se necesitan 45 mil, irá aumentando en más de 20 mil viviendas al año. Si ésta es la realidad de Chile; si esto es lo que está ocurriendo y nosotros estamos impidiendo que se disponga de los recursos y de los resortes económicos y legales para afrontar ese problema, la verdad es que no podemos hacer cargos a quien administra el país de acuerdo con la Constitución Política. Es este Poder del Estado, que tiene por misión estudiar la formación de la ley, el que, por cuestiones subalternas no podemos calificarlas en otros términos, está negando los recursos que se necesitan. Durante más de 20 años, prácticamente, yo he sido en el Congreso parlamentario de Oposición. He estado... El señor AGUIRRE DOOLAN.- Yo lo vi llegar como Diputado de Gobierno. El señor SILVA ULLOA.- Efectivamente, llegué al Congreso como Diputado de Gobierno, como apunta el Honorable señor Aguirre Doolan; pero lo fui por muy pocos meses, junto con el Honorable señor Rodríguez y varios otros militantes de la Izquierda chilena. Sin embargo, en el hecho no he sido parlamentario de Gobierno por largos años, como lo han sido otros Honorables colegas, a quienes no envidio. Lo que me interesa destacar es que, rio obstante haber sido Diputado de Oposición y haber participado permanentemente en el debate propio de la formación de la ley, cada vez que se ha tratado de materias como la que ahora nos ocupa, cada vez que se han requerido determinados fondos para que el Estado cumpla algunas de sus metas, cualquiera que haya sido el Gobierno del momento, siempre se contó con mí cooperación, porque la pasión política no la he llevado al extremo de negarme a colaborar en tales casos. Siempre he tenido la serenidad suficiente para pesar qué es lo que debemos hacer como políticos y qué debemos hacer como chilenos. En este caso,... El señor PRADO.- ¿Me permite formularle una pregunta, Honorable colega? El señor SILVA ULLOA.- Con todo gusto. El señor PALMA (Presidente).- Con la venia de la Mesa, puede hacer uso de una interrupción el Honorable señor Prado. El señor PRADO.- Aun cuando el señor Senador es inteligente, explica muy bien las cosas y es tranquilo, la verdad es que el sentido de mi pregunta no fue contestado, a pesar de la buena voluntad que se puso para responderla. Lo que el Honorable señor Silva Ulloa ha explicado ahora indica, a mi manera de entender, que hay menos casas que las que debiera haber; que se ejecutan menos obras públicas que las que deberían ejecutarse; que hay déficit, y que, en consecuencia, se necesitan recursos. Desde el punto de vista de la fecha en que estamos 13 de diciembre, lo que interesa saber es otra cosa: para qué se requieren tales recursos, y si lo que estamos estudiando corresponde exactamente a suplementos para hacer frente en su totalidad a obligaciones pendientes. Este es un aspecto importante. Por eso, en mi intervención anterior pregunté si los funcionarios competentes dieron en la Comisión respectiva las informaciones del caso. Y complementando esa pregunta, expresé que tenía conocimiento, en virtud de declaraciones formuladas por los organismos oficiales de la construcción, de que a pedido de ellos se habían liquidado los contratos de obras pendientes, o sea, no hay obligaciones que afrontar. Por lo tanto, y a pesar de las explicaciones dadas por el Honorable señor Jerez, quien ha dicho que los contratistas son los más interesados en que las obligaciones se cumplan, la verdad es que no sé en qué están interesados. De ahí que haya preguntado, precisamente, si aquéllos están interesados en que se cumplan las obligaciones pendientes o en que con los recursos nuevos se los vuelva a contratar para realizar obras también nuevas, caso en el cual lo que se pide no es un suplemento, sino entrar ya a la ley de Presupuestos. Y para eso, como es natural, se requiere de cierta información que, según entiendo, no se dio en la Comisión. El señor SILVA ULLOA.- Con el mayor agrado, trataré de satisfacer al Honorable señor Prado. A pesar de que no asistí a la sesión que celebró la Comisión de Hacienda en la mañana de hoy me reemplazó el Honorable señor Gumucio, pues yo debí asistir a la que celebró la Comisión Mixta de Presupuestos, había pedido los antecedentes del caso. Puedo, pues, decir que se trata de cancelar pagos pendientes e impedir que los trabajadores dependientes del Ministerio de Obras Públicas o de los contratistas, en este mes de diciembre, cuando todos los hogares chilenos se preparan para celebrar las tradicionales festividades de fin de año, se vean enfrentados a una situación muy difícil. Esa es la realidad. Celebrar contratos múltiples por los montos que se señalan en los diferentes ítem es algo que resulta materialmente imposible, pues para iniciar una obra es preciso estudiar la factibilidad de la misma, disponer de los planos y hacer los estudios correspondientes. No se puede iniciar una obra de la noche a la mañana. Nadie - ni este Gobierno, ni los anteriores, ni un particular - podría iniciar la construcción de una casa de la noche a la mañana sin contar previamente con los estudios correspondientes, con los planos confeccionados por los arquitectos, etcétera. Por consiguiente, ése no es el alcance. Lo que ha ocurrido es que al 30 de septiembre pasado se produjo un alza en el costo de la vida del ciento por ciento; que en virtud de ello el Congreso despachó una legislación que se convirtió en ley de la República el 8 de noviembre, la cual dispuso un aumento de ciento por ciento de todas las remuneraciones, y que, de acuerdo con un reglamento sobre contratos de obras públicas, tales rubros determinan un reajuste del valor de los contratos. En cuanto a la pregunta formulada por el Honorable señor Prado, es efectivo lo que Su Señoría expresó. Existen contratistas que, por la inestabilidad del mercado, han abandonado sus obras, y éstas han tenido que ser continuadas por el Ministerio de Obras Públicas o por la CORVI, por administración. En todo caso, la inmensa mayoría de los contratistas de obras públicas se mantiene en sus frentes de trabajo. Así lo he podido comprobar en la zona que represento y que recorro todos los fines de semana. Están ejecutando obras. De manera que existen las dos situaciones en el país, y no una sola. Y esto ha sido siempre así. Durante el Gobierno pasado hubo empresas que estuvieron en quiebra y abandonaron sus obras, como Sus Señorías muy bien lo saben, y aquél tuvo que tomarlas por su cuenta y seguirlas desarrollando mediante el sistema llamado de ejecución de obras por administración. De manera que existen las dos cosas, y eso no quita ni pone rey. Lo que sí tiene importancia es que no habrá los recursos necesarios para cumplir los compromisos pendientes en estos instantes. Concedo una interrupción al Honorable señor Jerez. El señor JEREZ.- Seré muy breve, señor Presidente. Di una explicación al Honorable señor Prado respecto de una pregunta muy concreta que formuló Su Señoría hace un momento en este debate. La verdad es que los contratistas están interesados tanto en que se les paguen las obligaciones pecuniarias que el Estado tiene con ellos como en mantener sus vínculos con éste, ya que, salvo que se llegue a una situación extrema, no hay empresario privado que se niegue a contratar con el Estado si tiene posibilidad de hacerlo. Esa es la realidad. Y muchas de las empresas que conocimos durante los Gobiernos de Ibáñez, Alessandri y Frei siguen trabajando para el Estado durante el Gobierno de Allende. Y no son pocas. El señor REYES.- Están todas intervenidas. El señor JEREZ.- Algunas están intervenidas, como lo señalé oportunamente, al responder al Honorable señor Prado. Y puedo mencionar una que, por la naturaleza de la obra que tiene encargada, debió haber observado otra conducta. Me refiero a la firma DESCO, encargada de la construcción del monumento al General Schneider, que, simplemente, abandonó la obra y se plegó al paro gremial del mes de octubre. Los trabajadores siguen la obra bajo su responsabilidad, y, además, interviene lógicamente la CORMU. Y me parece que ello era necesario, puesto que existe una ley que obliga a la construcción de ese monumento; de manera que cierto sentido de nobleza y patriotismo impedía dejar abandonada la obra destinada a recordar a un hombre a quien, al momento de ser asesinado, todo el mundo le rindió homenaje. Y precisamente ahora, cuando se ha dictado una sentencia verdaderamente vejatoria para la justicia y la dignidad de los militares y para el recuerdo de ese hombre a quien todos rendimos homenaje porqué ningún partido dejó de hacerlo, esa gente deja abandonadas las faenas, por lo cual la CORMU, con sentido de responsabilidad, se hace cargo de ellas, aunque garantizando el cumplimiento de las obligaciones pendientes. La CORMU no quiere rescindir el contrato con la firma DESCO. Incluso se llamará a sus representantes al Ministerio de Defensa Nacional con el objeto de que aclaren la situación y digan si están o no están dispuestos a seguir los trabajos. La verdad es que quien ha fallado aquí no es el Gobierno, que no ha intervenido porque sí, sino por abandono de las faenas por parte de los empresarios responsables a quienes se llamó para ejecutar una obra que perfectamente pudo llevarse a cabo prescindiendo de contratistas, o sea, directamente por Obras Públicas, ya que por la naturaleza de ese proyecto ello era posible. Finalmente, quisiera señalar al Honorable señor Prado que todos los argumentos que se han entregado en esta ocasión los hemos oído en muchas otras oportunidades. Realmente deploro - y lo digo con sinceridad - no terminar mi período parlamentario en mayo próximo, porque para mí el Congreso Nacional se ha convertido en un lugar de reiteración de las costumbres, hábitos, tretas, jugarretas y diabluras. Los argumentos se dan siempre según la posición en que se esté, pues hay que respetar el compromiso político que cada cual tiene con su partido. Porque estas discusiones las hemos oído en muchas otras oportunidades. Lo que dice el Honorable señor Gumucio es verdad: todos los Gobiernos anteriores han debido presentar proyectos para suplementar los respectivos presupuestos. Es efectivo que estos fondos quedarán sujetos a. la fiscalización de la Contraloría General de la República. Además, se han dado todas las explicaciones que se han pedido. En seguida, el Senado sabe, en lo que respecta a su presupuesto, cuál es la verdadera situación por la que atravesamos. Si el Congreso tiene problemas presupuestarios en estos momentos, ¿por qué razón no habrían de tenerlos los Ministerios de que se trata? Como estos argumentos no sirven, uno se cansa y se pregunta: ¿para qué sirve esto? Esto es un gallinero donde se cacarea y se discuten ¡muchos problemas para resolverlos, en definitiva, con un criterio tan abiertamente político que se dañan intereses no del Gobierno de la Unidad Popular, en este caso como tampoco se afectaron los del Gobierno de Frei con actitudes de oposición totalmente cerrada que observaron los partidos de algunos Honorables colegas a los cuales aprecio y respeto, como el Honorable señor Rodríguez, que adoptó un criterio que considero bastante sectario, al decir en 1964 que a ese Gobierno se le negaría la sal y el agua, sino los de todo el país. Creo que actitudes como ésta constituyen un error lamentable. Con esto quiero demostrar la consecuencia de mis planteamientos. Estoy en contra de todo este tipo de vicios parlamentarios que, en el fondo, no llevan sino a otras cosas. Yo le preguntaba a un señor Senador democratacristiano si su actitud de esta tarde se debía a que se postergó la votación para elegir a los representantes ante el Consejo Nacional de Televisión. El me respondió: No sólo es eso, pues también hay otras cosas. En consecuencia, quiere decir que también es eso, de manera que hay de por medio un pequeño espíritu de revancha. No sólo es eso, me ha dicho. E1 señor MORENO.- La actitud que hemos observado frente a este proyecto no tiene nada que ver con el problema de la elección de consejeros. El señor JEREZ.- Perdón, señor Senador. Estoy repitiendo sólo lo que se me ha dicho. Yo hablé con un amigo mío, y no tengo ningún inconveniente en decirlo. Se lo pregunté personalmente, a fin de garantizarle que, en cuanto a nosotros, si existe tal compromiso, se cumplirá. Y si hay un error o ha habido alguna equivocación, de todas maneras cumpliremos, si ése es el acuerdo. Yo venía dispuesto a votar por una persona determinada, y se me ha dicho que hay un compromiso anterior. Bien, cumplo ese compromiso. En definitiva, todos los argumentos que se dan se estrellan contra una oposición cerrada que, incluso, presenta una apariencia de benevolencia, como la del Honorable señor Prado, que formuló una serie de preguntas que prácticamente nos hacen llegar al final de la sesión, impidiendo con ello votar este proyecto aun cuando se retire la petición formulada por el Honorable señor Reyes. Por actitudes como ésta, la gente pierde la fe en los partidos y el respeto al Parlamento. Estoy hablando prácticamente de aburrido. Lo digo con franqueza, pues pienso que éste es un debate ocioso, ya que corresponde, exclusivamente, a sectarismo político. El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Silva Ulloa. El señor PRADO.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor SILVA ULLOA.- Con la venia de la Mesa, no tengo ningún inconveniente. El señor PALMA (Presidente).- Puede hacer uso de la interrupción el señor Senador. El señor PRADO.- Por supuesto, no haré ningún alcance con relación a las palabras finales del Honorable señor Jerez, porque ello equivaldría entrar a un debate político al que no corresponde entrar ni por la hora, ni por el tiempo ni por la ocasión. Por lo menos, no puede hacerse así, tan rápido, en la misma forma como habla el señor Senador. En cuanto al fondo del asunto, me parece que hacer preguntas no es perder el tiempo. Según datos de que dispongo, sé, por ejemplo, que a comienzos de año, en enero o febrero, en moneda de ese entonces, se estaban gastando en el país más de 50 millones de escudos en la contratación de obreros a jornal, en el fondo sólo como una forma de disimular la cesantía. Sus Señorías, igual que yo, seguramente han visto en el camino a Valparaíso gente cortando pasto, cortando maleza, u ocupada en faenas de ese tipo. No están empleadas en obras públicas que representen inversión o capitalización; o sea, no realizan trabajos permanentes que signifiquen una utilidad significativa para el país. Aquí tengo las cifras correspondientes a las provincias de Valparaíso y Aconcagua, las que di a conocer en una crítica que planteé a raíz del incumplimiento de la ley de Reconstrucción. Esto en primer lugar. En segundo lugar, acabo de señalar que en el Banco Central no se están cumpliendo los pagos con el extranjero por internación de equipos que los importadores y contratistas han pagado a esa institución. Seguramente esto dará lugar a una irregularidad futura, porque, o se mandan ahora los dólares al extranjero a determinado tipo de cambio, o se mandan posteriormente a un valor distinto. Si se altera el valor de la moneda dura, alguien tendrá que pagar la diferencia, y no debería ser el contratista si éste cumplió a tiempo. Y estas cosas no las saco del aire, Honorable colega. En tercer lugar, si se liquidaron los contratos anteriores, deseo saber si se han suscrito otros nuevos. Todavía no he podido escuchar aquí una explicación en cuanto a si estos fondos corresponden a nuevos contratos, ya que he leído en la prensa que se liquidaron totalmente los anteriores. ¿Y por qué esta liquidación total, Honorable señor Silva Ulloa? Por una razón muy simple, que también es imputable al Ministerio de Obras Públicas: porque los costos subieron desmesuradamente, entre otras razones por el alza del dólar, y, sin embargo, el Gobierno se había negado, durante muchos meses, a reajustar los precios a los contratistas. De ahí vino el conflicto. Hubo firmas que en un momento dado no pudieron pagar los salarios, a raíz de lo cual fueron intervenidas. Así comenzó este círculo fatal, que es una de las formas que emplea este Gobierno para, a través de la intervención, quedarse definitivamente en poder de empresas privadas. Por eso, no se puede pedir en forma tan simple un suplemento de presupuesto sin que uno tenga la oportunidad de preguntar de qué se trata y cuánta gente nueva hay contratada para todas estas cosas. El señor Senador decía que las empresas que dejaron de actuar por su cuenta han sido remplazadas por la CORMU mediante la ejecución de obras por administración. Es efectivo. He sabido de casos de esta naturaleza. Y también he sabido de otros: que hay equipos políticos dentro del Ministerio de Obras Públicas que se han ofrecido para organizarse entre ellos y llevar a cabo ciertos trabajos. Entonces, debemos preguntarnos qué pasará con estos recursos, ya que estamos a tres meses de una elección. Y si buena parte de las explicaciones, que con mucha voluntad y conocimiento general nos da el Honorable señor Ramón Silva Ulloa, en lo específico no corresponden a la realidad, quiere decir que una proporción importante de estos suplementos serán usados o en determinado tipo de contratación de obras nuevas siempre hay manera de contratar estas obras y deben estar listos muchos planes y proyectos al respecto, o bien se dedicarán al pago de personal o a otros fines. Lamento la impaciencia de mi amigo y colega el Honorable señor Jerez, pero las preguntas que formulé tienen mucho que ver con la época, con la hora, con el día y con la oportunidad. Nada más. El señor PALMA (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Silva Ulloa. Ruego a Su Señoría no conceder más interrupciones. El señor SILVA ULLOA.- Debo referirme muy brevemente - luego concederé una última interrupción al Honorable señor Montes - a lo que acaba de expresar el Honorable señor Prado. La verdad es que en el manejo de la cosa pública hay veces en que es necesario recurrir a ciertos arbitrios. Por ejemplo, recuerdo que en 1953 nosotros impulsamos un arbitrio que nos dolió bastante: la creación del puerto libre de Arica; pero lo hicimos conscientes de que esa era la única solución que en esos instantes podíamos entregar a miles de trabajadores... El señor PALMA (Presidente).- ¿Me permite, señor Senador? Ha terminado el Orden del Día. Queda pendiente la discusión del proyecto. VI.- TIEMPO DE VOTACIONES. ELECCION DE REPRESENTANTES DEL SENADO ANTE EL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde elegir dos representantes del Senado ante el Consejo Nacional de Televisión, por haber cumplido su período los actuales. El señor SILVA ULLOA.- En la reunión de Comités solicité aplazamiento de la votación, señor Presidente. El señor PALMA (Presidente).- Tiene que pedirlo en la Sala, señor Senador. El señor SILVA ULLOA.- Lo hago ahora. El señor PALMA (Presidente).- Queda aplazada la votación. PUBLICACION DE DISCURSOS Y ENVIO DE OFICIOS. El señor FIGUEROA (Secretario).- El Honorable señor Ferrando formula indicación para publicar in extenso el debate habido durante la Cuenta de la sesión ordinaria de ayer respecto de un programa de televisión. Se aprueba. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Aguirre Doolan para publicar in extenso las observaciones formuladas por el Honorable señor Baltra en Incidentes de la sesión ordinaria de ayer. Se aprueba. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor García para publicar in extenso el discurso pronunciado por el Honorable señor Ibáñez en la sesión ordinaria de ayer. Se aprueba. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Prado para enviar, en su nombre, los oficios que mencionó en su intervención de ayer en el debate sobre la Cuenta, respecto de un programa de televisión. El señor REYES.- Y en nombre del Comité Demócrata Cristiano. El señor PALMA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación. Aprobada. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación de los Honorables señores Va-lente y Gumucio para publicar in extenso la intervención del Honorable señor Montes en Incidentes de la sesión ordinaria de ayer. Se aprueba. El señor PALMA (Presidente).- Se suspende la sesión por 20 minutos. Se suspendió a las 18.22. Se reanudó a las 18.47. VII.- INCIDENTES. PETICIONES DE OFICIOS. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Continúa la sesión. El señor EGAS (Prosecretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria. Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes: Del señor Carmona: DESAHUCIO DE JUBILADOS Y MONTEPIADAS DE CAPREMER, DE IQUIQUE (TARAPACA). Al señor Ministro de Hacienda, planteándole el problema que se le ha creado a la Asociación de Jubilados y Montepiadas de CAPREMER, de la ciudad de Iquique, con la aplicación de la ley Nº 17.634, que modificó la Nº 15.386. La ley Nº 17.634 concedió un desahucio de 24 meses de sueldo al empleado que jubila a contar del año 1964, pero con dos considerables desventajas para los beneficiarios. 1.- Si un imponente jubiló en el año 1966 con una renta de Eº 1.500, y, por efectos de los sucesivos reajustes durante estos últimos años, su renta asciende a Eº 6.000, su desahucio se reajusta sobre la base del valor que recibió en el año 1966 (Eº 1.500) y no de los Eº 6.000. 2.- Este beneficio se está pagando de acuerdo con los años de afiliación que el jubilado tiene en CAPREMER, sin tomarse en cuenta las concurrencias de las otras Cajas de Previsión. Vale decir, si el beneficiario trabajó catorce años y sólo 10 de ellos impuso en CAPREMER, tiene derecho únicamente a percibir 10 meses de desahucio. Rogamos al señor Ministro estudie este problema y entregue la solución adecuada. IMPONIBILIDAD DE ASIGNACION DE ZONA DE OBREROS MUNICIPALES DE TARAPACA Y ANTOFAGASTA. Al señor Ministro de Hacienda, planteándole el problema que tienen los integrantes de la Junta Provincial de Obreros Municipales de Tarapacá y Antofagasta. Entre los obreros municipales de la zona norte existe inquietud respecto a la imponibilidad de la asignación de zona a que tienen derecho (ley 12.108, que hace aplicable el artículo 63 de la ley Nº 11.469). La ley Nº 17.840, en el párrafo final del inciso segundo de su artículo único, dice que ese beneficio se extiende a los obreros de las provincias y localidades con regímenes estatutarios; pero como los Estatutos de la Caja de Previsión donde ellos hacen sus imposiciones no contemplan este beneficio, solicitan al Gobierno que arregle esta situación por intermedio de una ley especial. Como los obreros municipales del norte, al percibir este beneficio en sus salarios, deben imponer por los mismos a la respectiva Caja de Previsión, y no reciben el correspondiente porcentaje en caso de jubilación, mucho agradeceré al señor Ministro estudiar estos antecedentes y los que obran en su poder, a fin de llevar tranquilidad a estos esforzados trabajadores nortinos. Del señor Moreno: TELEFONOS PUBLICOS PARA POBLACION MANUEL RODRIGUEZ, DE RANCAGUA (O’HIGGINS). Al señor Ministro del Interior, solicitando lo siguiente: Hacer los estudios correspondientes, a fin de dotar de tres teléfonos públicos en la población Manuel Rodríguez de la ciudad de Rancagua. ALCANTARILLADO EN POBLACION MANUEL RODRIGUEZ, DE RANCAGUA (O’HIGGINS). Al señor Ministro de Obras Públicas, solicitandole lo siguiente: Terminar los trabajos de servicio de alcantarillado en la población Manuel Rodríguez, de la comuna de Rancagua, beneficiando con ello a un amplio sector poblacional. TITULOS DE DOMINIO EN POBLACION MANUEL RODRIGUEZ, DE RANCAGUA (O'HIGGINS). Al señor Ministro de la Vivienda, solicitando lo siguiente: Hacer los trámites pertinentes, a fin de entregar los avalúos y títulos de dominio a los vecinos de la población Manuel Rodríguez, de la ciudad de Rancagua. LOCOMOCION COLECTIVA EN POBLACION MANUEL RODRIGUEZ, DE RANCAGUA (O’HIGGINS). Al señor Intendente de la provincia de O’Higgins, solicitando lo siguiente: Dejar sin efecto el retiro del servicio de liebres que llega a la población Manuel Rodríguez, de la comuna de Rancagua, ya que con esta medida se perjudica a un amplio sector. PAVIMENTACION DE CALLEJONES EN POBLACION MANUEL RODRIGUEZ, DE RANCAGUA (OHIGGINS). Al señor Director de Obras Urbanas, solicitando lo siguiente: Informar si existe presupuesto con el fin de pavimentar los callejones de la población Manuel Rodríguez, de la comuna de Rancagua. El señor PAPIC (Vicepresidente).- En incidentes, el primer turno corresponde al Comité Socialista, que ha cedido su tiempo al Honorable señor Jerez. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. El turno siguiente corresponde al Comité Nacional, que ha cedido su derecho al Honorable señor Carmona. Ofrezco la palabra. El señor CARMONA.- Pido la palabra. El señor PAPIC (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. SITUACION ALIMENTARIA EN LA ZONA NORTE. El señor CARMONA.- Señor Presidente: En mi intervención de esta tarde, deseo hablar de la situación alimentaria que está viviendo el norte de Chile, en especial las provincias que represento en el Senado, Tarapacá y Antofagasta. Al respecto, quiero advertir que formularé mis observaciones en nombre de todos los parlamentarios democratacristianos de la región, o sea de todos los Senadores y Diputados de Tarapacá y Antofagasta. Se sabe que desde hace muchos años la situación alimentaria del llamado Norte Grande ha constituido un problema de consideración para el país. Antes de la dictación de la ley de Frontera Libre Alimenticia, la escasez era tan grande en el Norte, que para adquirir los artículos más esenciales los habitantes de las ciudades del Norte Grande debían hacer largas colas desde muy tempranas horas de la madrugada para adquirir los alimentos más fundamentales, como pan, leche, conservas, frutas, verduras, etcétera. Llegó a tal extremo la situación, que la leche condensada y en polvo la vendían en las farmacias, bajo receta médica. Tal estado hizo crisis, lo que determinó la dictación de la ley 12.858 - llamada de Frontera Libre Alimenticia - que se publicó en el Diario Oficial el 3 de febrero de 1958. Dicho cuerpo legal fue patrocinado por todos los parlamentarios de las provincias de Tarapacá y Antofagasta y benefició muy principalmente no sólo a esas provincias, sino que también a algunas zonas importantes de la de Atacama. Cuando se dictó era común -ello da una idea de la verdadera situación alimentaria en la región- ver que los diarios publicaban como gran noticia para la población la llegada de algunos alimentos. Sin embargo, con la dictación de ese precepto legal, que autorizó la libre importación de varios rubros de mercaderías y alimentos en forma libre, lo reitero, la situación mejoró de manera tan extraordinaria, que los habitantes de la zona norte se consideraron satisfechos. Así, en las postrimerías del Gobierno del General Ibáñez, cuando se dictó la ley mencionada; durante todo el transcurso de la Administración de don Jorge Alessandri, y especialmente en el Gobierno de don Eduardo Frei, el abastecimiento de alimentos se regularizó en tal forma, que los extremos del país, la zona norte y la zona sur, fueron casi totalmente abastecidos en el rubro alimentos. Ahora, bajo el Gobierno del Presidente Allende, hemos vuelto a vivir situaciones como la que acabo de describir: es habitual ver aparecer noticias, tanto en la prensa como en la radio y la televisión, sobre llegada de algunos rubros alimenticios, las cuales se difunden como información importante y como una grata nueva para la población. Pero, a diferencia de épocas pasadas, cuando no regía aún la ley de Frontera Libre Alimenticia, ahora faltan algunos rubros esenciales de la alimentación para los habitantes de ese zona, quienes realizan sus labores bajo un clima extraordinariamente riguroso y ejecutan faenas muy pesadas, como son las mineras. Es el caso del rubro carne, producto fundamental que ahora no existe en la zona. Ahora comprobamos que en los campamentos mineros se han restablecido de nuevo las tarjetas de racionamiento para la población, las cuales antes tenían por finalidad fundamental proveer a los trabajadores de algunos elementos básicos; pero ahora sólo significan mala distribución de los pocos alimentos que llegan a las pulperías de esos campamentos mineros. Antes de finalizar esta parte de mi exposición referente a la escasez y al desabastecimiento como lo denomina el Gobierno de la Unidad Popular, no rae resisto a leer un artículo que aparece en El Mercurio de Antofagasta el jueves 23 de noviembre de este año. Se publican dos fotografías que trasuntan toda la tragedia que está viviendo el norte de Chile. Y la leyenda que la acompaña expresa: Cinco cajas de pollos fueron saqueadas de una camioneta estacionada en calle Baquedano y que estaban destinados, para el Bar-Restaurante Burú. Aunque se desconoce el monto de la pérdida, resultó impresionante el espectáculo que brindó la desesperación de las dueñas de casa por obtener un pollo. Así fue como hubo luchas y pugilatos, disputándose cada pollo que fue sacado de la camioneta. Esta alcanzó a retirarse antes de que una avalancha de gente asaltara el vehículo. Algunos pollos, debido a su envoltura plástica y su estado frigorizado, resbalaron y rodaron bajo los automóviles aparcados en el lugar, lo cual hizo que hombres y mujeres de todas edades se arrastraran entre las ruedas de los vehículos,, luchando denodadamente, en medio de charcos de agua y aceite, por rescatar el producto. Al término del forcejeo y luego que numerosas personas alcanzaran a obtener un pollo, un sentimiento de vergüenza y frustración se apoderó de varias mujeres que participaron o bien observaron el asalto. Estallaron en llanto y comentaron calladamente que esto fue igual que si hubiéramos sido animales.... Esta situación, señor Presidente, continúa. ¡Para qué hablar de los precios que han alcanzado los artículos de primera necesidad y de ¡a proliferación del mercado negro! Tal vez estos hechos explican algo que ha parecido un poco extraño a propósito del regreso a Chile del Presidente de la República: la cancelación de la pasada por Arica del Presidente Allende, seguramente porque se le advirtió el clamor público que existe en esa ciudad por los hechos que estoy relatando. Recordé que para remediar la situación de desabastecimiento se dictó la ley de Frontera Libre Alimenticia, la cual, en su artículo 1º, autoriza la libre importación por las provincias de Tarapacá y Antofagasta y el departamento de Chañaral, de la provincia de Atacama, exentas de todo derecho aduanero e impuesto que grave su internación, de las siguientes mercaderías destinadas exclusivamente al consumo de las mencionadas provincias y departamento. Y viene el detalle de ellas: aves vivas y congeladas; vacunos en pie para matadero; ovejunos para matadero; arroz; trigo; frutas frescas; hortalizas frescas; yerba mate; carne de cerdo no elaborada, congelada o enfriada; carne de vacuno frigorizada o enfriada; grasas comestibles vacunas; manteca de cerdo; leche fresca; mantequilla; aceite comestible; azúcar materia prima y azúcar refinada blanca. El artículo 2º de esa ley establecía un régimen de importación autorizada, por medio de una comisión, de algunos otros rubros tales como huevos, frutas cítricas, leche condensada, leche en polvo y harina de trigo. Estas mercaderías, a diferencia de lo preceptuado en el artículo 1º, carecían de régimen de libre importación. La comisión fija las necesidades y establece al efecto verdaderos cupos. Todo este, sistema de la ley de Frontera Libre Alimenticia descansa en un régimen de libre importación. Esta legislación, que resolvió un gravísimo problema de la Zona Norte - lo cual era de justicia, pues el norte del país proporciona una cuota importantísima o mayoritaria de la moneda dura que utiliza Chile para sus importaciones - fue respetada por todos los Gobiernos anteriores y, muy en especial, como lo he dicho, por el de don Eduardo Frei. Digo que esa medida era justa, porque tengo al alcance de mi mano los datos sobre los siguientes rubros de exportación de 1971, correspondientes sólo a la provincia de Antofagasta y al departamento de Chañaral: cobre electrolítico; cobre blíster; molibdeno; cobre cátodos, ánodos; barro anódico; hierro; salitre ensacado; salitre a granel, yodo y sulfato. Faltan muchos otros. En 1971 esas exportaciones de la provincia de Antofagasta y del departamento de Chañaral llegaron a la cantidad de 431.393.073,29 dólares. El gasto total de las importaciones efectuadas ese mismo año al amparo de la ley de Frontera Libre Alimenticia alcanzó a 26 millones 126 mil dólares. Debo advertir que me estoy refiriendo a la totalidad de esas importaciones y a todas las provincias beneficiadas con dicho cuerpo legal. Todo ello significaba sólo un 5,3% de las divisas producidas en los rubros que he señalado. Faltan muchos otros, como azufre, mármol, ónix, harina de pescado, aceite de pescado, fertilizantes, y gran parte de las exportaciones de salitre. Pues bien, el actual Gobierno no ha respetado esa legislación, y se ha valido de toda clase de políticas y de los denominados resquicios legajes, en especial mediante la intervención del Banco Central, para producir la situación que ahora vive la Zona Norte. Los resultados de esas políticas se pueden resumir en las siguientes ideas fundamentales: Nunca como ahora el Norte había estado peor en materia de abastecimiento alimenticio. Nunca como ahora al Norte se le había burlado en sus leyes, logradas con gran esfuerzo, especialmente por los habitantes de esa zona, por sus organismos más representativos y sus parlamentarios. Nunca el Norte había conocido una mayor ineficacia funcionaría, una tramitación tal de carácter administrativo, ni una incompetencia rayana en la estulticia en la conducción de los organismos del Estado. Nunca se habían conocido más pérdidas que las experimentadas ahora en algunas exportaciones hechas por esos organismos estatales. Nunca había habido menos respeto por la persona del trabajador y por el consumidor del Norte, como está ocurriendo ahora. Desde hace algunos meses los parlamentarios hemos denunciado tal situación. Hemos formulado declaraciones de diversa índole. Hemos advertido las infracciones flagrantes cometidas en contra de la ley, y la manera desviada de utilizar el poder a fin de no dar cumplimiento a las disposiciones de la ley de Frontera Libre Alimenticia. Inclusive hemos acudido al recurso de denunciar los hechos a la Contraloría General de la República, con el objeto de que ésta los investigue. Y no sólo hemos actuado los parlamentarios de Oposición. Tengo a la vista una denuncia formulada por el señor Rubén Soto Gutiérrez, Diputado radical por Antofagasta, integrante de la Unidad Popular. El 17 de julio de 1972, dicho personero expresó en forma pública: Yo no falto a mi lealtad al Gobierno cuando estoy interpretando un clamor del pueblo que estimo justo. Mi posición no es de hoy, como podría creerse. Mi inquietud viene de mucho antes que surgiera el problema, y, como Diputado de Gobierno, tengo la obligación de velar por que nuestra política sea acertada, para evitar el fracaso. Se refería a una nota enviada en esa época al Ministro de Economía, señor Carlos Matus, en la cual le hizo presente su inquietud por la falta de previsión para evitar que el desabastecimiento hiciera presa de la Zona Norte en el rubro alimentario. ¿Cuál es la situación actual, producto de la política empleada por el Gobierno, por intermedio del Banco Central, y que yo podría calificar de malintencionada? Ya no hay libre importación, ya no se respeta la ley de Frontera Libre Alimenticia. Por lo contrario, se recurre a toda clase de subterfugios para no cumplirla, y se persevera en la política del Ejecutivo de acaparar el poder para los organismos del Estado y de utilizar determinados instrumentos, a fin de manejar la situación a su arbitrio e impedir a los importadores usar de los medios que les franquean las disposiciones de la ley de Frontera Libre Alimenticia. ¿Cuáles son las medidas utilizadas por el Gobierno, y, en especial, por el Banco Central de Chile? Primero, la preferencia otorgada a las instituciones comerciales del Estado. Se aprueban en forma exclusiva por parte de esa entidad las solicitudes de registro de importación por alimentos, amparadas por la ley 12.858, hechas por los organismos estatales. Segundo, se autorizan en forma inmediata las líneas de créditos para esos mismos organismos. Tercero, el Banco Central no devuelve las solicitudes de registros de importación por previa alta a las instituciones comerciales del Estado, pero es corriente que cuando un particular presenta una solicitud de importación, el organismo emisor trate de no tramitarla, aduciendo que hay previas altas. No procede así – repito - con las instituciones del Estado. Cuarto, se aprueban en forma indiscriminada las cantidades y valores que cubren las solicitudes de registro de importación presentadas por esas mismas instituciones estatales. Sin embargo, se actúa en forma diferente cuando las presentan importadores particulares. Quinto, las importaciones con acreditivo que logran efectuar los particulares están afectas al 130% de depósito de garantía para los registros de importación aprobados por el Banco Central. En cambio, este organismo bancario no hace tal exigencia a las entidades comerciales estatales. Sexto, el Banco Central concede, diez días hábiles de plazo para cubrir ese 130% de depósito y proporciona quince días para cancelar los valores que demandan las importaciones realizadas contra documento por los particulares, desde la fecha de recepción de las solicitudes. En el caso de que no cumplan este requisito, los importadores particulares desaparecen definitivamente, y ya no podrán operar en lo futuro mientras no depositen el 500% del valor total de la solicitud del registro de importación. Séptimo, las empresas del área social intervenidas por el Gobierno quedaron exentas del depósito de garantía del 130% para los registros de importación, aprobados por el Banco Central, de acuerdo con la circular 1.769, de 16 de octubre, suscrita por el gerente de comercio exterior de ese organismo, señor Marcos Colodro. En ese mismo documento se agrega que tales empresas están autorizadas para pagar a plazos los acreditivos, y no al contado. Estas exigencias, naturalmente, se aplicarán en forma rigurosa en el caso de los importadores particulares. Octavo, a estos últimos se les obliga a presentar dentro del plazo de 120 días contados desde la fecha del conocimiento del embarque, el sexto ejemplar ante el Banco Central de Chile. En el caso de no hacerlo, quedan expuestos a pagar el 500% de depósito de garantía por las solicitudes de registro de importación que presenten en el futuro. Es difícil en ciertas oportunidades cumplir con esta exigencia, debido a la demora con que la Aduana entrega los documentos de los despachadores para hacerlos llegar a los importadores. Por último, los importadores particulares deben cancelar el 3% del valor de la solicitud del registro de importación que apruebe el Banco Central. En caso de que no logren el visto bueno de la línea de créditos o que los registros de importación venzan por atrasos de los embarques, o que el Banco Central no apruebe la anexa presentada por el importador para que se le otorgue mayor plazo para el embarque, automáticamente se pierde el 3% cancelado. Sin embargo, el Banco Central de Chile no hace tal exigencia a las instituciones comerciales del Estado. Esos son algunos de los puntos en que se establecen discriminaciones y que hacen imposible la competencia de los particulares con los organismos estatales. En seguida, si examinamos la distribución de productos nacionales, nos encontramos también con un cuadro más o menos parecido. Las industrias o fábricas estatificadas o intervenidas no entregan mercaderías a los comerciantes mayoristas instalados en la Zona Norte. Tales industrias o fábricas han entregado a DINAC el monopolio de distribución de los productos que elaboran. DINAC no incluye en su plan de distribución a los comerciantes mayoristas, y efectúa un deficiente sistema de distribución, por cuotas, desde su local a los comerciantes minoristas. En esta forma, dicho organismo contribuye eficazmente al desabatecimiento de la. Zona Norte. Las mercaderías que logran adquirirlas industrias o fábricas que aún gozan de la libertad de comerciar lo que producen, a fin de destinarlas al norte del país, sufren entrabamiento por parte de la Dirección de Industria y Comercio de Santiago, la cual se resiste a conceder la guía de libre tránsito. Estas prácticas verdaderamente innobles demuestran el menosprecio del centralismo por los habitantes, del Norte: amagan la única posibilidad de que pueda mantenerse esta poderosa fuente de trabajo que los comerciantes, en general, proporcionan a la sociedad nortina. Cualquiera puede suponer que la imposibilidad para importar en que se coloca a los particulares por el Banco Central, obedece a una política tendiente a normalizar el abastecimiento del Norte, de ahorrar divisas y establecer prioridades en la importación y consumo de alimentos Al examinar la forma como funciona el sistema en Antofagasta, comprobaremos que no sólo estamos en presencia de una infracción y más que eso, ante una violación de la ley de Frontera Libre Alimenticia por parte del Banco Central y de los organismos comerciales del Estado, sino frente a la más grande incompetencia funcionaría, rayana - como dije - en la estulticia, que está causando gravísimos perjuicios al país y a los consumidores del Norte. He aquí algunos ejemplos. En primer lugar, la Empresa de Comercio Agrícola recibió el 2 de octubre del año en curso 455 toneladas de manteca de cerdo refinada, en 30 mil 136 cajas, que llegaron en el barco Janis Raynis, con lo cual se asegura el abastecimiento para un larguísimo período. Este producto ha debido almacenarse en las cámaras frigoríficas, desplazando de ellas a los productos cárneos, aves, hortícolas, y otros que necesitan de su protección. La larga permanencia en las cámaras frigoríficas y la humedad producirán óxidos y arranciamiento de la manteca, que harán perder gran parte del producto. En segundo término, el barco G. Loyalti, que recaló en Antofagasta el 20 de noviembre, trajo para ECA 4.700 toneladas de arroz, en 94.400 sacos, de procedencia tailandesa. Esta misma nave trae para la Empresa de Comercio Agrícola 2.000 toneladas de ese producto, en 40.000 sacos, para la ciudad de Arica. Ahora bien, con todo esto pretendían asegurar el abastecimiento de arroz para la zona donde tiene su imperio la ley 12.858. Lamentablemente, por falta de tratamiento, este arroz de tipo corriente no se mantendrá apto para el consumo poblacional por más de seis meses, sobre todo si se considera su alto porcentaje de quebrado y lo harinoso de sus puntillas, que facilitan la proliferación del gorgojo, que deja el producto en condiciones inadecuadas para el consumo humano. Esta partida de arroz adquirida por ECA es para el consumo de 15 meses, con lo cual indudablemente toda esta mercadería se perderá en un lapso de once meses de consumo, ya que, de acuerdo con las disposiciones de la ley de Frontera de Libre Alimenticia, dicho cereal no puede trasladarse a la Zona Sur. En tercer lugar, la Empresa de Comercio Agrícola presentó solicitud de registro de importación por 47.500 cajas de leche líquida de procedencia alemana cuyo valor alcanza a la suma de 205.895 dólares. El Banco Central aprobó la solicitud, con el Nº 18.923, el 17 de octubre. Resulta incomprensible que esta institución haya tramitado la adquisición de ese producto, por cuanto con anterioridad el Jefe de Importaciones de ECA y las autoridades habían coincidido en declarar que es inconcebible que estemos importando agua en la leche líquida, lo que cuesta dólares. Esta partida cubre el consumo de seis meses de la provincia de Antofagasta y del departamento de Chañaral, en circunstancias de que en bodegas de importadores particulares hay existencias que aseguran el abastecimiento por un período de tres. Cuarto. A pesar de haber abastecimiento normal de aceite y stocks suficientes en las bodegas de importadores particulares y de ECA para el consumo normal de seis meses... El señor PAPIC (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Comité Nacional. El señor CARMONA.- Entonces, seguiré en otra oportunidad mis observaciones. El señor PAPIC (Vicepresidente).- El turno siguiente corresponde al Comité Mixto. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Se levanta la sesión. Se levantó a las 19.17. Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción. ANEXOS: 1 INFORME DE LA COMISION DE GOBIERNO RECAIDO EN LA OBSERVACION DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, EN PRIMER TRAMITE, AL PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA A LAS MUNICIPALIDADES DE AISEN Y COIHAIQUE PARA CONTRATAR EMPRESTITOS Y QUE LES OTORGA UN 10% DE LOS RECURSOS DEL INSTITUTO CORFO-AISEN. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Gobierno tiene el honor de informaros la observación del Presidente de la República, en primer trámite, formulada al proyecto de ley que autoriza a las Municipalidades de Aisén y Coihaique para contratar empréstitos y que les otorga un 10% de los recursos del Instituto Corfo-Aisén. El Presidente de la República argumenta la objeción a la iniciativa de ley en cuestión expresando que, con su aplicación, además de impedirse el oportuno cumplimiento de los proyectos en actual ejecución y de los que deberán efectuarse a corto y mediano plazo, por la rigidez que se da a la administración del Instituto Corfo-Aisén, se transforma a este organismo en una verdadera caja distribuidora de fondos, restándole independencia y desvirtuando los propósitos jurídico-administrativos que condujeron a su creación. El Honorable Senador señor Von Mühlenbrock pidió dejar constancia de su opinión opuesta a la del Presidente de la República, ya que el objetivo primordial y único de la iniciativa es financiar la realización de obras de progreso comunal de las Municipalidades de Aisén, Coihaique, Chile Chico, Cochrane y Puerto Cisnes, que, tal como se lo dieron a conocer diversas representaciones locales, en resumidas cuentas, va en beneficio del pueblo mismo por cuanto es él quien disfrutará de los adelantos que se logren. En seguida, se dio cuenta de una petición del Honorable Senador señor Hamilton, que fue acogida por unanimidad, en orden a dejar constancia de diversas solicitudes de ediles, Juntas de Vecinos y Centros de Madres de Puerto Cisnes, ediles de Coihaique, Asociación de Trabajadores Municipales y Centros de Madres de Aisén, en que recaban el rechazo de la observación del Presidente de la República. Por los motivos anotados, vuestra Comisión, por unanimidad, acordó recomendaros rechacéis la observación en informe e insistáis en la aprobación del texto primitivo. Sala de la Comisión, a 28 de noviembre de 1972. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Valenzuela (Presidente), Aguirre y Von Mühlenbrock. (Fdo.): Gustavo Yáñez Bello, Secretario. 2 INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES, RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA LA MODIFICACION DE LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO CONSTITUCIONAL DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, EN LO RELATIVO A LA ELECCION DE LOS DIRECTORES EJECUTIVOS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el Honor de informaros acerca del proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba la modificación de las disposiciones del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, en lo relativo a la elección de los Directores Ejecutivos. A las sesiones en que se trató esta materia asistieron el señor Subsecretario de Relaciones Exteriores y funcionarios de la Cancillería. El año recién pasado el Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de ley por el cual se aprobaban las modificaciones de las disposiciones del Convenio Constitutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, en lo concerniente a la elección de los Directores Ejecutivos. Vuestra Comisión, en su oportunidad, reparó dicha iniciativa legal en atención a que dicha materia por su naturaleza jurídica debía ser objeto de un proyecto de acuerdo y no de un proyecto de ley. Posteriormente, con fecha 9 de mayo del presente año el Ejecutivo envió un Mensaje sometiendo a la consideración del Congreso Nacional el proyecto de acuerdo que es materia del presente informe. Por Decreto Nº 602, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 7 de diciembre de 1959 y publicado en el Diario Oficial el día 23 del mismo mes y año, adquirió existencia legal en Chile el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad internacional de la cual nuestro país forma parte y que tiene por finalidad acelerar el proceso de desarrollo económico de los países que lo integran. Por su parte la Ley Nº 13.904, de 13 de enero de 1960, estableció las normas destinadas a poner en ejecución en Chile dicho Convenio. En lo que dice relación a la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo y las operaciones que realiza, cabe señalar que ello queda entregado a un Directorio Ejecutivo, integrado por siete personas, las que son designadas de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 3 del artículo VIII del Convenio Constitutivo. Las normas sobre designación se fundamentan en el propósito de otorgar una justa y proporcional representación en el Directorio Ejecutivo del Banco a los países miembros de la Institución, pero el hecho de estar fijado su número y la forma de elegirlos en el Convenio mismo, le resta flexibilidad al sistema, lo que impide adecuarlo a las nuevas circunstancias, determinadas, principalmente, por el ingreso al Banco de nuevos países, como ha sucedido, en los últimos tiempos, con Jamaica, Barbados, Trinidad-Tobago y Canadá. Con el objeto de corregir esta situación, la Asamblea de Gobernadores del Banco, sobre la base de los estudios elaborados y del informe del Grupo de Trabajo II, en la Reunión Anual celebrada en Lima, el mes de mayo de 1971, adoptó la resolución AG-6/71, a través de la que se recomienda a los países miembros la adopción de las decisiones necesarias para modificar las normas vigentes del Banco Interamericano de Desarrollo. En síntesis, la modificación propuesta o recomendada consiste en eliminar del Convenio Constitutivo del Banco las disposiciones que actualmente rigen para elegir los Directores Ejecutivos, y proceder, a la vez, a incorporarlas a un Reglamento Especial que la Asamblea de Gobernadores podría, en su caso, adoptar y modificar por la misma mayoría que se requiere para la enmienda del Convenio Constitutivo mismo, vale decir, por la mayoría de dos tercios del número total de los Gobernadores que represente, a lo menos, los tres cuartos de la totalidad de los votos de los países miembros del Banco. En virtud del procedimiento propuesto, se logra una mayor flexibilidad para la elección de los Directores Ejecutivos, especialmente en caso de ingreso de nuevos miembros, que en la actualidad, conforme a las disposiciones vigentes, significa enmendar el Convenio Constitutivo, lo cual entraña necesariamente un sistema sumamente engorroso. Igualmente, al exigirse a la Asamblea de Gobernadores la mayoría señalada, se obtiene la necesaria estabilidad de las disposiciones aplicables a la elección de los Directores Ejecutivos del Banco. A fin de cumplir con los propósitos señalados, la Asamblea de Gobernadores, junto con acordar la proposición de enmienda del Convenio Constitutivo, aprobó un Proyecto de Reglamento que contiene las disposiciones aplicables a la elección de los Directores Ejecutivos. En el artículo VIII se proponen dos modificaciones a la Sección 3: la primera, tiende a sustituir la letra b) por otra nueva que preceptúa, en primer término, que los Directores Ejecutivos deberán ser personas de reconocida capacidad y de amplia experiencia en asuntos económicos y financieros y no podrán ser a la vez gobernadores. En seguida, esta misma enmienda señala que un director ejecutivo será designado por el país miembro que posea el mayor número de acciones del Banco y que los demás serán elegidos por los gobernadores de los restantes países miembros. El número de directores ejecutivos a elegirse, que no será menor de seis, y el procedimiento para su elección serán determinados por el reglamento que adopte la Asamblea de Gobernadores por mayoría de dos tercios del número total de los gobernadores que represente por lo menos tres cuartos de la totalidad de los votos de los países miembros. Cualquier modificación del reglamento antes referido requerirá para su aprobación la misma mayoría de votos. Por último, se señala que los directores ejecutivos del Banco serán designados o elegidos por períodos de tres años y podrán ser designados o elegidos para períodos sucesivos. La segunda modificación que se introduce a la Sección 3 tiene por finalidad suprimir la letra j), que preceptúa lo siguiente: Cuando el Banco admita nuevos miembros que tengan en conjunto un total de votos no inferior a 22.000, la Asamblea de Gobernadores, por mayoría de dos tercios del número total de los Gobernadores que represente por lo menos tres cuartos de la totalidad de los votos de los países miembros, podrá aumentar en uno el número de Directores Ejecutivos a elegir. Finalmente, la última modificación al Convenio consiste en suprimir el Anexo C, relacionado con la elección de los Directores Ejecutivos. El Proyecto de Reglamento propuesto para la elección de Directores Ejecutivos está formado por seis números o cláusulas. La primera de ellas señala que los gobernadores que tengan derecho a votar de acuerdo con el Artículo VIII, Sección 3 (b) (ii), del Convenio Constitutivo del Banco elegirán siete directores ejecutivos. La segunda dispone que cada uno de los gobernadores emitirá a favor de una sola persona todos los votos a que el país miembro que él represente tenga derecho de conformidad con el Artículo VIII, Sección 4 (a), del Convenio. Para los fines de este Reglamento, la totalidad de los votos de los países con derecho a participar en la votación prevista en este Reglamento se contará como 100 por ciento. En la disposición tercera del Reglamento propuesto se establece que, en primer lugar, deberán efectuarse tantas votaciones como sea necesario hasta que cinco personas hayan sido elegidas directores ejecutivos conforme al siguiente procedimiento: Resultarán elegidos, en primer término, los dos candidatos que hayan recibido un número de votos no inferior a la suma de los que correspondan al país con el mayor número de votos y al país con el menor número de ellos. A continuación, resultará elegido el candidato que haya recibido un número de votos no inferior a la suma de los votos que correspondan al país con el tercer mayor número de votos y a los dos países con el menor número de votos. En seguida, se elegirá director ejecutivo al candidato que haya recibido un número de votos no inferior a la suma de los votos que correspondan al país con el cuarto mayor número de votos y a los dos países con el menor número de votos. Finalmente, se considerará elegido director ejecutivo al candidato que haya recibido un número de votos no inferior a la suma de los votos que correspondan al país con el quinto mayor número de votos y a los tres países con el menor número de votos. La cuarta disposición establece que los gobernadores que no hayan emitido su voto a favor de algunos de los directores elegidos de conformidad con el párrafo 3 del Reglamento, elegirán dos directores ejecutivos en el entendido de que solamente tendrán derecho a presentar candidatos y a votar los países que individualmente no tengan más de dos y medio por ciento (2 1/2%) de la totalidad de los votos. Se considerarán elegidos los dos candidatos que reciban el mayor número de votos, siempre que en cada caso éstos hayan sido emitidos por tres o más países y se efectuarán tantas votaciones como sean necesarias para llegar a este resultado. La quinta disposición del Reglamento señala que terminada la votación, cada uno de los gobernadores que no votó por cualquiera de los candidatos elegidos, deberá consignar su voto en favor de uno de ellos. El número de votos que, de conformidad con el Artículo VIII, Sección 4 (a), del Convenio tenga cada gobernador que haya votado o consignado su voto en favor de algún candidato elegido conforme a este Reglamento se considerará, para los fines del Artículo VIII, Sección 4 (c) (ii), como que contribuyó a la elección de ese candidato. En relación con esta quinta disposición, es necesario tener presente que el artículo VIII, Sección 4 (a), del Convenio, prescribe que cada país miembro tendrá 135 votos más un voto por cada acción que suscriba en el capital del Banco, y la Sección 4, letra c) (ii) del mismo artículo VIII, establece que cada director elegido podrá emitir el número de votos que contribuyeron a su elección, los cuales se emitirán en bloque. Finalmente, la sexta disposición del Reglamento establece que la Asamblea de Gobernadores podrá modificarlo en cualquiera de sus sesiones, o por votación sin convocar a reunión, por mayoría de dos tercios del número total de los gobernadores que represente por lo menos tres cuartos de la totalidad de los votos de los países miembros. No obstante que, según el Convenio, las modificaciones que se desee introducirle serán acordadas por la Asamblea de Gobernadores, como ha sucedido en el caso que nos ocupa, la propia Asamblea, en atención a las disposiciones constitucionales de muchos de los países miembros del Banco, estimó necesario que cada país apruebe dichas modificaciones de acuerdo a la legislación que los rige. Vuestra Comisión, en atención a los antecedentes señalados, por unanimidad, acordó recomendaros que aprobéis el proyecto de acuerdo en informe, en los mismos términos en que consta en el oficio de la Honorable Cámara de Diputados. Sala de la Comisión, a 11 de diciembre de 1972. Acordado en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 1972, con asistencia de los Honorables Senadores señores Reyes (Presidente), Juliet, Pablo y Teitelboim. (Fdo.): Carlos Hoffmann Contreras, Secretario. 3 INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL CONVENIO DE BERNA PARA LA PROTECCION DE LAS OBRAS LITERARIAS Y ARTISTICAS, EN SU TEXTO DE BRUSELAS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros acerca del proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, en su texto de Bruselas de 1948. A las sesiones en que estudiamos este asunto asistieron el señor Subsecretario de Relaciones Exteriores, don Luis Orlandini; el Director General de la Cancillería, don Mario Valenzuela, y el Jefe del Departamento de Tratados de la misma Secretaría de Estado, don Jaime Lagos. Antes de abocarse el estudio del proyecto de acuerdo, vuestra Comisión solicitó informes a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, a !a Corporación de Autores y Compositores, a la Sociedad de Autores Teatrales de Chile y al Departamento del Derecho de Autor de la Universidad de Chile y al Departamento del Derecho de Autor de la Universidad de Chile. Los documentos respectivos se agregan al final de este informe. El Convenio de Berna se celebró el 9 de septiembre de 1886. El texto propuesto en esta ocasión al Parlamento es el revisado en Bruselas el 26 de junio de 1948. El incorpora la mayor parte de los principios generalmente admitidos por la doctrina y la legislación internacionales, agrupándolos en un conjunto de normas destinadas a la protección de los derechos de los autores sobre sus obras, siendo su objetivo fundamental la uniformación de las reglamentaciones nacionales de acuerdo con criterios técnicos modernos. La protección del derecho de autor en este instrumento internacional está fundamentada en tres ideas rectoras, a saber: un autor goza de iguales derechos en su país y en los demás Estados miembros; la protección de una obra nace con ella, sin que se requieran formalidades especiales; una obra es protegida sin mirar a cual sea su país de origen. Estos principios se denominan de asimilación, de protección automática y de independencia, respectivamente. El Convenio protege el derecho de autor tanto en su aspecto patrimonial como moral. El primero consiste en la facultad del autor de disponer de su obra, de enajenarla, de publicarla; de traducirla o autorizar su traducción y de reproducirla en cualquiera forma, aprovechando los resultados de esa explotación. El segundo consiste en la facultad del autor para crear y hacer respetar su obra, pudiendo reivindicar su paternidad y oponerse a las deformaciones de la misma que lo perjudiquen. Dado el carácter perpetuo de este segundo aspecto del derecho de autor, en contraposición a la temporalidad del primero, la cesión sólo transfiere el elemento patrimonial, conservando siempre el autor su derecho moral: El Convenio de Berna en su texto de Bruselas consta de 31 artículos. Los veinte primeros consultan las disposiciones que regulan en internacional el derecho de autor. Los artículos 21 a 23 se refieren al aspecto orgánico, en lo que cabe destacar la existencia de un Bureau con sede en Suiza, cuya misión es centralizar, coordinar y publicar toda la información concerniente a la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas. En los artículos 24 y siguientes se encuentran los preceptos habituales en este tipo de acuerdos, sobre revisión, adhesión, ratificación, vigencia y denuncia. Valga llamar la atención acerca de que su duración es indefinida y que las diferencias en cuanto a su interpretación y aplicación serán resueltas eventualmente por la Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes en conflicto las solucionen de otro modo. Finalmente, es de interés hacer notar que el plazo de protección reconocido por el Convenio para después de la muerte del autor alcanza a 50 años, en tanto que nuestra actual legislación nacional consagra un plazo de 30 años en el artículo 10 de la ley Nº 17.336. Sobre este particular, Vuestra Comisión acordó dejar constancia de que la aprobación del instrumento en análisis y su posterior entrada en vigor como ley dé la República implica naturalmente una derogación de la ley chilena vigente, en lo que sea contrario al tratado. Además, acordó recomendar una pronto modificación de la citada ley Nº 17.336, a fin de adecuar sus disposiciones con las del Convenio de Berna, con el objeto de evitar dudas y dificultades en la interpretación y aplicación de aquélla o éste. Los antecedentes relacionados movieron a la unanimidad de vuestra Comisión de Relaciones Exteriores a aprobar el proyecto de acuerdo en informe, respecto del cual os recomienda que adoptéis un pronunciamiento similar. Sala de la Comisión, a 4 de diciembre de 1972. Acordado en sesiones de fecha 23 de agosto pasado, con asistencia de los Honorables Senadores señores Reyes (Presidente), Juliet y Pablo, y de fecha 29 de noviembre de este año, con asistencia de los Honorables Senadores señores Reyes, Juliet, Pablo y Teitelboim. (Fdo.): Rafael Eyzaguirre E., Secretario. 4 INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL CONVENIO INTERNACIONAL DEL AZUCAR. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros el proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Convenio Internacional del Azúcar. A las sesiones celebradas por la Comisión con el objeto de considerar esta iniciativa, concurrieron, además de sus miembros, los señores Jaime Lagos, Leonidas Irarrázaval y Eugenio Herrera, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y el señor Raimundo León, funcionario de la Industria Azucarera Nacional S. A. (IANSA). Una de las esferas de mayor importancia dentro de la cual se desenvuelve UNCTAD es la de los productos básicos y es así como existe en ese Organismo una Comisión Especial sobre estas materias, la que se preocupa en forma permanente y sistemática de facilitar acuerdos comerciales y convenios multilaterales que tengan por objeto ampliar el comercio de tales productos. Ya en 1964, durante la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo celebrada en Ginebra, se acordó realizar una reunión internacional con el objeto de estudiar y elaborar un Convenio de carácter multilateral tendiente a establecer un conjunto de normas reguladoras del comercio mundial del azúcar que, de otra manera, podría estar expuesto a fluctuaciones perniciosas para los intereses de los países exportadores e importadores, especialmente aquellos que se encuentran en vías de desarrollo, que no podrían incrementar su producción azucarera, ni menos, por esta causa, competir en los mercados internacionales de este producto. Fue así como en 1968, se aprobó en Ginebra, Suiza, con la participación de más de 80 países, el Convenio Internacional del Azúcar, instrumento cuya finalidad principal es establecer un equilibrio mutuamente satisfactorio entre los países importadores y exportadores de azúcar, para lo cual contempla disposiciones destinadas a aumentar el volumen del comercio internacional del azúcar, logrando así, incrementar los ingresos obtenidos por los países exportadores; estabilizar el precio del azúcar asegurando al mismo tiempo, que dicho precio, junto con ser remunerativo, no constituya un factor que fomente una mayor producción azucarera por parte de los países desarrollados; y ofrecer disponibilidades de ese producto suficientes para cubrir los requerimientos de los países importadores, a precios equitativos y razonables. Además de las anteriores, fueron también importantes recomendaciones formuladas por UNCTAD al propiciar la celebración del Convenio Internacional del Azúcar, las siguientes: 1) Aumentar el consumo de azúcar y, en especial, promover la adopción de medidas encaminadas a fomentar el consumo en los países en que el consumo per cápita es bajo: 2) Lograr un mayor equilibrio entre la producción y el consumo mundiales del azúcar; 3) Facilitar la coordinación de las políticas de comercialización del azúcar y la organización del mercado; 4) Asegurar una participación adecuada a los mercados de los países desarrollados, y un acceso creciente a los mismos, para el azúcar proveniente de los países en desarrollo; 5) Seguir de cerca la situación por lo que respecta al empleo de cualquier tipo de sucedáneos del azúcar, entre ellos los ciclamatos y otros edulcorantes artificiales, y 6) Fomentar la cooperación internacional en las cuestiones azucareras. Los órganos internacionales y administrativos que se crean en el Convenio son los siguientes: a) La Organización Internacional del Azúcar, propiciada por la UNCTAD, organismo especializado de las Naciones Unidas, con sede en Londres, en carga de poner en práctica las disposiciones de este Convenio y de fiscalizar su aplicación; b) El Consejo Internacional del Azúcar, que es la autoridad suprema de la Organización, y que está integrado por todos los miembros de ella (artículo 5º); c) El Comité Ejecutivo, encargado de dar cumplimiento a los acuerdos del Consejo y de realizar, en muchos casos, las funciones propias del Consejo cuando éste delegue sus atribuciones en él. Está integrado por 16 miembros, 8 exportadores y 8 importadores. d) El Director Ejecutivo y el personal administrativo, a los que les competen las funciones propias de esta categoría funcionaría y la calidad que se otorga a los funcionarios de clase similar en los organismos intergubernamentales (artículo 19). Entre las numerosas disposiciones que contiene el instrumento internacional en informe, cabe destacar las que se refieren a las siguientes materias: a) Número de votos que corresponden a los miembros exportadores e importadores (artículo 9º) ; b) Privilegios e inmunidades de la Organización (artículo 20); c) Normas y procedimientos para preservar a los exportadores de las consecuencias que pueda acarrearles la competencia de países no miembros que, a su vez, exporten azúcar (artículos 28 y 29); d) Obligaciones especiales de los miembros exportadores en materia de suministro del azúcar, tanto a países miembros como no miembros y del monto de sus exportaciones en cada año cuota (artículos 30, 31 y 32); e) Factores determinantes en el precio del azúcar (artículo 33); f) Normas tendientes a obligar a los países exportadores a mantener existencias máximas, y mínimas de azúcar, las que se calificarán en relación con porcentajes y niveles que allí se señalan y de acuerdo con la calidad de país desarrollado o exportador en desarrollo (artículos 52 y 53), etcétera. Respecto al sistema de cuotas, el Convenio dispone que anualmente se deberá realizar un análisis de la situación del mercado libre del azúcar, teniendo en cuenta las necesidades de importación de ese mercado y los demás factores que influyen en la oferta y la demanda de ese producto. Sobre esa base, se asignan a cada uno de los miembros exportadores, cuotas iniciales de exportación para ese año, las que son establecidas en proporción a los tonelajes básicos de exportación contemplados en el artículo 40. Dichas cuotas están sujetas a ajustes y cambios posteriores, los que se efectúan en relación a los niveles de precios según detalla el artículo 48 del Convenio. En cuanto a garantías y obligaciones de los países exportadores en materia de suministro de azúcar, se establece en los artículos 30 y siguientes un sistema que cautela el interés de los países consumidores a fin de que no queden desabastecidos del producto en momento alguno y cuya finalidad es producir un equilibrio en la producción azucarera y de control en el volumen de las exportaciones. El Convenio contempla, asimismo, disposiciones tendientes a que los miembros exportadores mantengan existencias máximas, con el objeto de evitar la acumulación de excedentes. Es así como tales países (artículo 52) no pueden mantener, durante el período inmediatamente anterior al comienzo de una nueva zafra, existencias superiores al 20% de su producción en el año inmediatamente anterior. En lo que dice relación con las existencias mínimas (artículo 53), los Estados exportadores están obligados a tenerlas como un modo de garantizar el consumo a los países importadores, todo ello dentro de los niveles que en el instrumento se especifican. Es propósito de Chile adherir al Convenio en informe, en razón de las numerosas ventajas que acarreará a la economía nacional, entre las que cabe destacar - según señala el Mensaje del Ejecutivo - la seguridad de poder contar oportunamente con los suministros necesarios para satisfacer los requerimientos nacionales de azúcar, la garantía de precios estables, lo cual facilitaría desde todo punto de vista, las labores de planificación a corto, mediano y largo plazo, de la producción e importación azucarera nacional y la posibilidad de actuar dentro de un mercado internacional reglamentado en considerable medida, evitando así que el país esté sujeto a prácticas especulativas y otras medidas unilaterales perjudiciales. Dicho Convenio fue estudiado también, a solicitud nuestra, por la Comisión de Economía y Comercio, la que después de solicitar diversos antecedentes al Ejecutivo que se consignan en su informe de 20 de abril pasado (Boletín Nº 25.909), le prestó su aprobación por unanimidad, sin perjuicio de recomendar al Gobierno la formulación de algunas reservas cuya finalidad es no entrabar el desarrollo del país en lo que se refiere a la producción y cultivo de la remolacha. Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores consideró detenidamente el Convenio en informe y sus alcances frente a la política azucarera de nuestro país y fue así como se pidieron a los funcionarios representantes de IANSA informaciones relacionadas con el Plan de Expansión de la Industria Azucarera Nacional, como asimismo sobre las importaciones de azúcar realizadas por Chile, con detalle de los países de origen con sus respectivos tonelajes, antecedentes que se acompañan como anexos de este informe. Según esos antecedentes, los lineamientos generales para el sector azucarero nacional son los siguientes: 1) Aumento de la producción interna de azúcar de remolacha hasta lograr el abastecimiento de la actual capacidad instalada de elaboración; 2) En el momento en que los aumentos de producción lo requieran, deberán realizarse las ampliaciones contempladas para las fábricas de Curicó, Ñuble y Valdivia; 3) El porcentaje del consumo del resto del país abastecido por producción interna deberá ir en aumento, y 4) Las previsiones sobre aumento, tanto de la demanda de azúcar como de la producción interna de remolacha, permiten asegurar que en los próximos años continuarán importándose cantidades sustanciales de azúcar. Informó, también, el representante de IANSA, señor León, que Chile producirá en el presente año 1972, 140.000 toneladas de azúcar para un consumo, en el mismo año, de 360.000 toneladas. Agregó que nuestros principales proveedores son Brasil, Colombia, Cuba, México y Perú. Nuestro país debe adquirir preferentemente el producto de países de la ALALC y del Pacto Andino. Señaló, asimismo, que existe real interés de los países en la concertación de acuerdos internacionales en esta materia porque los producción a fin de demostrar que tienen una gran capacidad exportadora para que en el nuevo Convenio se les asignen mejores cuotas de exportación. Añadió que este Convenio vence el próximo año y que para entonces el precio será más alto que el promedio de este año, ya que la producción ha bajado sensiblemente, lo que está produciendo graves problemas en, los stocks de azúcar. Se calcula que habrá un déficit de un millón y medio de toneladas de producción con respecto al consumo. Diversas informaciones sobre producción y comercio internacional del azúcar que fueron proporcionadas a vuestra Comisión son análogas a las que aparecen ya especificadas en las páginas 3 y 4 del informe de la Comisión de Economía y Comercio a que hicimos referencia, por lo que no parece necesario repetirlas. De ellas se colige que en el mercado mundial del azúcar, dos tercios son consumidos por los propios productores; del tercio restante dos terceras partes están comprendidas en convenios bilaterales, de modo que sólo se transa libremente un décimo de la producción mundial, lo que provoca fuertes fluctuaciones de precios. Se adjunta, también, a este informe, el texto del Convenio en análisis. Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, con los antecedentes relacionados, aprobó por unanimidad el Convenio en informe y al respecto os recomienda aprobar el proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados en los mismos términos en que lo hizo la Comisión de Economía y Comercio, esto es, recomendando al Ejecutivo que formule las reservas allí señaladas, para lo cual os proponemos enviarle el oficio correspondiente. Sala de la Comisión a 4 de diciembre de 1972. Acordado en sesiones de 22 de noviembre de 1972, con asistencia de los Honorables Senadores señores Reyes (Presidente), Contreras y Pablo y de 29 de noviembre de 1972, con asistencia de los Honorables Senadores Reyes (Presidente), Juliet, Pablo y Teitelboim. (Fdo.): Rafael Eyzaguirre Echeverría, Secretario. 5 INFORME DE LA COMISION DE ECONOMIA Y COMERCIO, RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL CONVENIO INTERNACIONAL DEL AZUCAR. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Economía y Comercio tiene el honor de informaros el proyecto del rubro, con urgencia calificada de simple el 28 de marzo pasado. A las sesiones celebradas por vuestra Comisión con el objeto de considerar esta iniciativa concurrieron, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Chadwick y los señores Juan Carlos Valdovinos, Samuel Radrigán y Raimundo León, funcionarios, respectivamente, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del de Economía, Fomento y Reconstrucción y de la Industria Azucarera Nacional S. A. (IANSA). 1.- Antecedentes. El Convenio Internacional del Azúcar se elaboró en la Conferencia de Ginebra del año 1968, y es consecuencia de los acuerdos adoptados por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en relación al comercio de algunos productos básicos, que tienden a paliar los efectos de lo que se ha dado en llamar división internacional del trabajo. Persigue, fundamentalmente, establecer un equilibrio satisfactorio entre los países importadores y exportadores de azúcar, aumentando al mismo tiempo el volumen del comercio internacional del producto y estabilizando el precio. Se caracteriza por establecer un sistema de cuotas tanto de exportación como de importación, las que fluctúan en relación al precio del producto, y por crear un organismo internacional con sede en Londres - la Organización Internacional del Azúcar - que tiene la misión de velar por el cumplimiento de las obligaciones que se imponen tanto a los países importadores como a los exportadores. II.- Algunos caracteres del comercio internacional de productos básicos. El aumento de las ventas mundiales totales en el período 1950-1962 fue de un 1,4% anual para las materias primas, en tanto que para las manufacturas alcanzó al 3,1% también anual. En igual período, los precios de los productos primarios bajaron en un 7% en términos relativos, en tanto que los de las manufacturas aumentaron en un 27%. Frente a esta situación, tanto UNCTAD como FAO y otros organismos internacionales han venido estudiando la manera de encontrar soluciones, habiéndose propuesto la eliminación de barreras tanto arancelarias como no arancelarias que afectan el acceso de los productos primarios a los mercados de los países desarrollados, así como que la producción de elementos sintéticos en estos últimos no vaya a afectar desfavorablemente a los países productores de materias primas. Otro de los mecanismos que se han propuesto son los Convenios Multilaterales de Productos Básicos, que tratan de incluir a una gran parte de la comunidad internacional. Merece destacarse, a este respecto, que UNCTAD es más universal que la propia Asamblea General de las Naciones Unidas. Estos convenios son a largo plazo y pretenden establecer un equilibrio entre la producción y el consumo de una determinada materia prima, como asimismo regular el precio de modo que no sean sólo remuneradores para los productores sino también equitativos para los consumidores. III.- Producción y Comercio Internacional del Azúcar. La producción mundial de azúcar es del orden de los 70 a 75 millones de toneladas anuales, de las cuales alrededor de 20 millones se transan a precios del mercado internacional. Aproximadamente la mitad de este último volumen se comercia en forma propiamente libre en cuanto a cantidad y precio. El resto de la producción es objeto de convenios directos entre países, en los que se establecen condiciones especiales de adquisición, tales como el Acta Azucarera de los Estados Unidos, el Acuerdo Azucarero de los Países Británicos, el Convenio de los Países Socialistas y el Convenio Chino con las Repúblicas Africanas y Malgache. Tales convenios especiales tienen las características de ser a largo plazo y a precio fijo, estableciéndose este último por factores políticos en lugar de tomar en consideración los costos o volúmenes de producción. El consumo de azúcar no tiene variaciones bruscas, en tanto que la producción puede oscilar entre un 5 y un 10% anual, lo que hace variar el precio en forma violenta. Así, en 1963-64 llegó a doce centavos de dólar la libra FOB Caribe, en tanto que en 1965 bajó a dos centavos de dólar la libra. Los costos de producción fluctúan alrededor de cuatro centavos de dólar la libra - varían en cada país - y los productores pueden subvencionar en algunas oportunidades sus exportaciones al mercado libre con los excedentes que obtienen mediante la aplicación de los convenios especiales, que se generan por el precio superior al internacional que por regla general establecen. Así, el convenio de los países socialistas fija un precio de seis centavos, el de los países británicos igual cantidad y el de Estados Unidos ocho centavos de dólar por libra de azúcar. Para los efectos del presente convenio, los precios se han estimado entre 3,25 centavos y 5,25 centavos la libra, los que guardan relación, además, con las cuotas de exportación. Si el precio se eleva por sobre los 5,25 centavos de dólar la libra se eliminan las cuotas de exportación, y si lo hace por sobre los 6,5 centavos (hoy 6,95) los países exportadores están obligados a vender a no más de este precio a los importadores tradicionales. Ante una pregunta del Honorable Senador señor Musalem, el señor León manifestó que las compras chilenas de azúcar cubana se han hecho a los precios del mercado internacional: 4,7 centavos de dólar la libra el año pasado y 9 centavos el presente año. Agregó que el alza de precio se debió a que en el año pasado disminuyó la producción de Cuba y de la URSS en 1,5 millones de toneladas cada una, de 6 a 4,5 millones de toneladas aproximadamente. IV.- Aprobación del Convenio por la. Comisión. Vuestra Comisión aprobó el presente Convenio después de solicitar la ampliación de algunos antecedentes a los Ministerios de Relaciones. Exteriores y de Economía, Fomento y Reconstrucción, los que se contienen en el Oficio Nº 9.101, de 19 de abril de 1972, del primero de los nombrados, que se incluye como Anexo de este informe y forma parte-del mismo. Tales antecedentes se refieren principalmente a las reservas que deberá hacer Chile frente al Convenio en análisis, con el objeto de no entrabar el desarrollo de sus planes de cultivo de la remolacha actualmente en ejecución, de que da cuenta el párrafo Nº 4) del oficio aludido, las que fueron consideradas adecuadas por vuestra Comisión. En consecuencia, vuestra Comisión de Economía y Comercio tiene a bien proponeros la aprobación del proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados relativo al Convenio Internacional del Azúcar, y recomendar al Ejecutivo que formule las reservas a que se hace mención en el oficio antes indicado. Sala de la Comisión, a 20 de abril de 1972. Acordado en sesiones celebradas los días 8 de marzo y 19 de abril, ambos del presente año, con asistencia de los Honorables Senadores señores Musalem (Presidente), Gumucio, Hamilton, Lorca y Valente. (Fdo.): Andrés Rodríguez Cruchaga, Secretario. 6 INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA OBSERVACION FORMULADA POR EL EJECUTIVO, EN PRIMER TRAMITE CONSTITUCIONAL, AL PROYECTO DE LEY QUE DEROGA LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE SUPRIMEN LOS DERECHOS PREVISIONALES COMO SANCION. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros la observación formulada por el Ejecutivo, en primer trámite constitucional, al proyecto de ley que deroga las disposiciones legales que suprimen los derechos previsionales como sanción. La observación en informe consiste en la sustitución de la segunda oración del inciso segundo del artículo transitorio del proyecto. La disposición aprobada por el Congreso Nacional establece que los beneficios previsionales que se hubieren perdido o disminuido a título de sanción principal o accesoria por la comisión de delitos o de infracciones administrativas o de cualquier otro carácter establecidas en las leyes, podrán ser recuperados dentro del plazo de un año, y desde la fecha de la respectiva solicitud por los beneficiarios de las personas afectadas por dichas sanciones, si éstas hubieren fallecido. La norma propuesta por el Ejecutivo dispone que si las personas que hubieren sido sancionadas en la forma indicada hubieren fallecido a la fecha de publicación del proyecto, y que como consecuencia de dicha sanción se hubiere privado o limitado de derecho a pensión a sus sobrevivientes, éstos podrán solicitar la recuperación del beneficio a que hubiere lugar, dentro del plazo de un año y desde la fecha de la respectiva solicitud, siempre que cumplan en dicha época con los requisitos exigidos en el respectivo régimen previsional. Agrega que, asimismo, el desahucio que podría haber correspondido al causante por efecto de la dictación del proyecto, podrá ser reclamado por quienes posean u obtengan la calidad de beneficiarios de pensiones de sobrevivientes. El Ejecutivo fundamenta la sustitución propuesta en que el texto aprobado por el Congreso Nacional adolece de imprecisión y podría por ello provocar problemas de alcances imprevisibles. Así, por ejemplo, no se indica quienes son los beneficiarios ni tampoco se aclara a qué beneficios se está refiriendo. Por tal razón, si bien concuerda con la intención perseguida, estima necesario precisar el texto de la norma en la forma ya relatada. Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por unanimidad, concordó con el texto y el fundamento de la observación y, en consecuencia, tiene el honor de proponeros que la aprobéis. Sala de la Comisión, a 12 de diciembre de 1972. Acordado en sesión celebrada en el día de hoy, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carmona (Presidente), Bulnes y Moreno. (Fdo.): Iván Augwer Labarca, Secretario. 7 INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR CONTRERAS, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AMNISTIA AL SEÑOR LUIS SEGUNDO PARRA MUNNE. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros la Moción del Honorable Senador señor Víctor Contreras, con la que inicia un proyecto de ley que otorga amnistía al señor Luis Segundo Parra Munne. A la sesión en que se trató esta materia asistió, además de los miembros de vuestra Comisión, el Honorable Senador señor Víctor Contreras. El señor Luis Segundo Parra Munne fue condenado a sufrir la pena de 541 días de presidio como autor del delito de lesiones graves, de aquéllas que ocasionan enfermedad o incapacidad por más de 30 días, inferidas a don Ignacio Alvarado Flores el día 28 de julio de 1969, por sentencia del Noveno Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago, dictada el 12 de junio de 1970. Dicha sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago el 13 de agosto del mismo año. De la sentencia respectiva se desprende que el hechor y la víctima, acompañados de otras personas, estuvieron en un negocio el día 28 de julio de 1969 hasta las 4 horas de la madrugada, y que posteriormente, cuando se dirigían a sus casas, se produjo una discusión entre ellos, golpeando el condenado con sus puños al afectado, quien al caer al suelo y golpearse la cabeza en la acera, sufrió lesiones graves. Asimismo, se concluye que el señor Parra ha tenido antes del hecho y después del mismo buena conducta, hecho que es además comprobado por diversos certificados. El beneficiario del proyecto es chofer-mecánico y ha tenido problemas para trabajar por constar en su certificado de antecedentes la mencionada condena. Por otra parte, ha sido beneficiado por un indulto de 27 de marzo del año en curso y cumplió la mayor parte de la pena que se le impuso. La unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión estimó que los hechos relatados son antecedentes suficientes para aprobar un proyecto de ley que concede amnistía al señor Parra y, en consecuencia, tiene el honor de proponeros que aprobéis el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Concédese amnistía a don Luis Segundo Parra Munne, por el delito de lesiones graves a que fue condenado por sentencias del Noveno Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía y de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, dictadas con fechas 12 de junio y 13 de agosto de 1970, respectivamente, recaídas en la causa Rol Nº 457-1. Sala de la Comisión, a 12 de diciembre de 1972. Acordado en sesión celebrada en el día de hoy, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carmona (Presidente), Bulnes y Moreno. (Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario. 8 INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA CONSULTA SOBRE LA INICIATIVA DE LOS SEÑORES SENADORES PARA MODIFICAR PROYECTOS DE LEY QUE ALTEREN LA DIVISION POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL PAIS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros la consulta que le habéis formulado, a petición de la Honorable Comisión de Gobierno, sobre la constitucionalidad de indicaciones formuladas por señores Senadores a un proyecto de ley que altera la división política y administrativa del país, para reemplazar la ciudad cabecera del departamento que se crea y para sustituir el nombre del mismo. El inciso segundo del artículo 45 de la Constitución Política del Estado dispone que corresponderá exclusivamente al Presidente de la República la iniciativa... para alterar la división política y administrativa del país.... Por su parte, el inciso tercero de la misma disposición establece que el Congreso Nacional sólo podrá aprobar o rechazar... la modificación de la división política o administrativa... En consecuencia, es atribución exclusiva del Presidente de la República iniciar proyectos que alteren la división política o administrativa del país y al Congreso Nacional sólo le corresponde aprobar o rechazar dicha modificación. Para determinar si los señores Senadores tienen iniciativa para reemplazar la ciudad cabecera de los departamentos que por dicha clase de proyectos se creen o sustituir el nombre propuesto por el Ejecutivo, es necesario, por tanto, establecer si dichas indicaciones alteran la división política o administrativa del país, ya que si así fuere al Congreso Nacional sólo le correspondería aprobar o rechazar las normas que sobre la materia proponga Su Excelencia el Presidente de la República. Según el Diccionario de la Lengua Española, decimonovena edición, alterar es cambiar, la esencia o forma de una cosa y división es la acción y efecto de dividir, y dividir es partir, separar en partes. A juicio de la unanimidad de los miembros presentes de vuestra Comisión durante el estudio de la consulta en informe, las citadas indicaciones no alteran la división política o administrativa del país. En efecto, la ciudad cabecera del departamento y el nombre del mismo no cambia la esencia o forma del departamento que se crea. Por otra parte, ni el establecimiento de la ciudad cabecera ni el nombre del departamento parten o separan en partes, es decir, en departamentos el territorio de la República. Dicha partición o separación en partes está determinada por la creación de departamentos y por la fijación de sus límites. Finalmente, hay que tener presente que las materias legislativas cuya iniciativa la Constitución reserva exclusivamente al Presidente de la República están establecidas por la vía de la excepción y que, en consecuencia, las disposiciones correspondientes deben interpretarse restrictivamente. Por las razones expuestas, vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros que, a su juicio, los señores Senadores tienen iniciativa para formular indicaciones a un proyecto que crea un departamento para reemplazar su ciudad cabecera y su nombre. Sala de la Comisión, a 12 de diciembre de 1972. Acordado en sesión celebrada en el día de hoy, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carmona (Presidente), Bulnes y Moreno. (Fdo.): Iván Auger Labarca, Secretario. 9 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE SUPLEMENTA LOS PRESUPUESTOS DE LOS MINISTERIOS DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES Y DE LA VIVIENDA Y URBANISMO. Honorable Senado: La Comisión de Hacienda en dos oportunidades citó a las autoridades pertinentes para conocer de este proyecto de ley que, por su naturaleza, debe regir durante el curso del presente año para que surtan efectos sus disposiciones. A esas reuniones no concurrieron los Ministros de Defensa Nacional; Economía, Fomento y Reconstrucción; Obras Públicas y Transportes y de la Vivienda y Urbanismo, quienes fueron oportunamente citados. En sesión que celebrasteis, en el día de ayer se resolvió tratar esta materia en el primer lugar de la tabla de la sesión a celebrarse en el día de hoy, por lo cual vuestra Comisión sesionó en la mañana de hoy con asistencia sólo del señor Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y del Director de la Oficina del Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Por lo expuesto, no disponemos del tiempo suficiente para informaros en detalle del debate habido sobre el particular, el que resumiremos de la siguiente manera: 1) El Honorable Senador señor García criticó la poca representatividad actual de la Ley de Presupuestos, la que no contempla el gasto de la vasta gama de empresas del Estado, las que financian sus cuantiosas pérdidas principalmente por la vía del crédito. Estimó la pérdida del área social en una cifra superior a los Eº 55.000.000.000. Criticó la demora en tramitar esta ley de suplemento y la conveniencia de refundirla con la ley de Presupuestos para 1973. b) El Subsecretario de Obras Públicas fundamentó la necesidad del suplemento en los mayores gastos que han debido afrontarse por efecto de la naturaleza, como el caso del volcán Villarrica; por modificaciones de la paridad cambiaria, que repercute pesadamente en el costo de la maquinaria de Obras Públicas; en el alza del índice de precios al consumidor; en la elevación de los niveles de remuneraciones de obreros y en la contratación de un mayor número de ellos; c) El Honorable Senador señor Ballesteros expresó que, en general, votaría en contra los suplementos propuestos por estimar que éstos no se justifican al término del ejercicio presupuestario y que deben ser contemplados en la Ley de Presupuestos para 1973 en actual tramitación. Expuestos los criterios anteriores la Comisión procedió a votar el proyecto de ley en informe, adoptando los siguientes acuerdos: Artículo 1º Después de un empate a dos votos y una abstención, la Comisión resolvió, por tres votos contra dos aprobar los suplementos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Aguirre, García y Gumucio y por el rechazo los señores Ballesteros e Irureta. El señor García cambió la abstención por un voto favorable, reservándose el derecho de definir su posición durante el debate de esta materia en el Senado. Por un voto a favor y cuatro en contra se acordó el rechazo de los suplementos del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Votó a favor el Honorable Senador señor Gumucio. El Honorable señor Aguirre indicó que su rechazo se fundaba en que suplementos de la importancia de los contenidos en esta parte del artículo exigen una explicación del Ejecutivo y que constituía una descortesía de los funcionarios pertinentes no concurrir cuando eran citados por las Comisiones del Senado. Los suplementos al Congreso Nacional fueron aprobados después de escucharse a los Tesoreros respectivos. Los suplementos relativos al Ministerio de Economía fueron rechazados con el sólo voto favorable del Senador señor Gumucio, y los concernientes al Ministerio de Defensa Nacional aprobados unánimemente. Artículo 2º Propone la creación de dos ítem en el Ministerio de Hacienda: El punto 061 para reparar el edificio del Ministerio de Hacienda, especialmente lo relativo al sistema eléctrico, fue aprobado con la oposición de los Senadores democratacristianos. El punto 035.006 relativo al Consejo Nacional de Menores que consulta aportes para gastos de operación del Consejo, subvenciones a sus entidades colaboradoras y recursos para la Congregación del Buen Pastor de Santiago, fue aprobado con la abstención de los Senadores señores Ballesteros e Irureta. Artículo 3º A indicación del Honorable Senador señor Ballesteros se acordó, con la oposición del Honorable Senador señor Gumucio, sustituir los incisos primero y segundo de este artículo por un artículo separado que imputa el gasto de esta ley a los mayores ingresos que se han producido como consecuencia del alza del costo de la vida, con respecto a los estimados en el cálculo de entradas del Presupuesto de la Nación vigente. Los incisos finales de este artículo fueron aprobados por unanimidad. Artículo 4º Fue aprobado con modificaciones de redacción, con la abstención de los Senadores señores Ballesteros e Irureta, declarando el primero que no creía conveniente participar en la autorización de emisiones inorgánicas. Artículo 5º Por tres votos por su rechazo, de los Senadores señores Ballesteros, García e Irureta y la abstención de los Senadores Aguirre y Gumucio, se os propone suprimir este artículo. Artículo 6º Fue aprobado con la abstención del Senador señor Aguirre. En consecuencia, os proponemos aprobar el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, con las siguientes modificaciones: Artículo 1º Suprimir los párrafos concernientes al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Artículo 3° Suprimir los incisos primero y segundo. Artículo 4º Sustituir su parte inicial que dice: Sin perjuicio de lo anterior y como financiamiento complementario, facúltase, por la siguiente palabra: Facúltase. Artículo 5º Rechazarlo. Consultar como artículo 5º, nuevo, el siguiente: Artículo 5º.- La presente ley se financiará con los mayores ingresos que se produzcan durante el año 1972 con respecto a los estimados en el cálculo de entradas del Presupuesto de la Nación vigente para este mismo año. En virtud de lo expuesto el proyecto de ley queda como sigue: Proyecto de ley: Artículo 1º.- Supleméntanse los ítem que se indican en las cantidades que se expresan: Ministerio de Obras Públicas y Transportes Item 12/02/01.050 Eº 1.500 000 Item 12/02/01.053 14.000 000 Item 12/02/01.055 141.900.000 Item 12/02/01.056 160.000.000 Item 12/02/01.057 20.000.000 Item 12/02/01.060 156.000.000 Item 12/02/01.061 122.000 000 Item 12/02/01.063 15.000 000 Item 12/02/01.064 10 000000 Item 12/02/03.061 8000000 Item 12/02/10.056 10 000 000 Item 12/02/11.064 145.000.000 Item 12/02/12.064 17.000. 000 Item 12/02/14.064 8200000 Item 12/02/16.064 8200000 Item 12/05/01.057 42.000000 Congreso Nacional Item 02/01/01.013 Item 02/01/01.017 Item 02/02/01.012 Item 02/02/01.050 Item 02/03/01.012 Item 02/03/01.017 3.122.000, 2.443.000 7.664.000 25.000 1.175.000 251.000 Ministerio de Defensa Nacional ítem 11/01/01.035.004.2 8.400.000 Artículo 2.- Créanse en el Presupuesto de 1972 del Ministerio de Hacienda, los siguientes ítem: 08/01/01.061 Eº 1.500.000 1 08/01/01.035.006 Consejo Nacional de Menores 40.000.000 Artículo 3º.- Condónanse las deudas tributarias fiscales y municipales, incluido el derecho por servicio de aseo domiciliario, de hasta Eº 200, en mora a la fecha de esta ley. Esta condonación operará individualmente respecto de cada boletín u orden girada por el Servicio de Impuestos Internos en que conste la deuda, siempre que el impuesto neto no exceda la cantidad mencionada. La condonación se extenderá a todas las deudas accesorias del tributo. El Servicio de Tesorerías procederá al descargo de las deudas correspondientes. Artículo 4º.- Facúltase al Presidente de la República para contratar préstamos con el Banco Central de Chile por las cantidades necesarias para dar cumplimiento a esta ley. Artículo 5º.- La presente ley se financiará con los mayores ingresos que se produzcan durante el año 1972 con respecto a los estimados en el cálculo de entradas del Presupuesto de la Nación vigente para este mismo año. Artículo 6º.- Lo dispuesto en el artículo 95 de la ley Nº 17.416 se aplicará a los trabajadores de la Universidad del Norte. Sala de la Comisión, a 13 de diciembre de 1972. Acordado con la asistencia de los Honorables Senadores señores Ballesteros (Presidente), Aguirre, García, Gumucio e Irureta. (Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario.