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- rdf:value = " El señor MONTES.-r
Naturalmente, una importación ilegal de 500 metralletas no se hace para deporte ni para defensa personal de un ciudadano, sino para armar a varios cientos de personas. El objetivo de estos grupos armados era, como es sabido, impedir el cumplimiento de las normas constitucionales sobre sucesión presidencial y desconocer el resultado de las urnas. Incluso, aunque hubiese existido el propósito de defenderse contra presuntos ataques de multitudes, de todos modos se configura el delito, pues se estaría sustituyendo a la fuerza pública en sus funciones.
El delito de que habla la letra e) del artículo 6º de la misma ley lo cometen "los que introduzcan al país, fabriquen, almacenen, transporten, distribuyan, vendan, faciliten o entreguen a cualquier título, o sin previa autorización escrita de la autoridad competente, armas, municiones, proyectiles, explosivos, gases asfixiantes, venenosos o lacrimógenos, aparatos o elementos para su proyección o fabricación; o cualquier otro instrumento idóneo para cometer alguno de los delitos penados por esta ley."
El hecho de que la tentativa de los conspiradores se haya frustrado no implica que el delito desaparezca, pues el 'artículo 23 de la ley de Seguridad Interior del Estado dice expresamente:
"La proposición y la conspiración para cometer alguno de los delitos mencionados en esta ley, serán castigados con la pena señalada al delito consumado, rebajada en uno o dos grados."
Se castiga, pues, hasta la mera proposición.
¿Cómo se interpreta la ley por los jueces? Un prejuicio vulgar presenta las cosas así: hay leyes buenas y malas. Si son buenas, el juez dicta sentencias buenas; si son malas, sentencias malas.
¡Esto no es así! Muchas veces, diría las más de las oportunidades, el quid del asunto no está en la ley, sino en su interpretación.
Al interpretar la ley, los jueces no pueden sustraerse a los criterios de interpretaciones de la Corte Suprema, que ésta imprime autocráticamente cada vez que el juez se aparta de sus criterios jurisprudenciales, mediante sus facultades disciplinarias.
¡Ay del juez valeroso que busque su propia interpretación, moderna, novedosa, progresista!
La Corte Suprema petrifica la ley, la deforma, divorciándola de la vida, interpretándola siempre al servicio de las valores más retardatarios.
Por ejemplo, el caso Altamirano: la Corte de Apelaciones, por 13 votos contra 2, había dicho: no es apología, no es propaganda un discurso reflexivo, una conferencia en que se expone una tesis y se añade que sobre ella hay que meditar.... La Corte Suprema revocó: basta extender al conocimiento y alabar a la revolución cubana para que se cometa delito.
La primera interpretación del concepto de apología procuraba conciliar las palabras de la ley con los criterios constitucionales de libertad de opinión... la segunda, la de la Corte Suprema, buscó la interpretación liberticida... Mientras la primera restringía los conceptos de propaganda y apología al abuso de elementos irracionales, obsesivos, como fue, por ejemplo, la campaña del terror, atentado contra la salud mental de la población, abuso de la credulidad, la segunda interpretación consideraba delictuosa aun la defensa elevada y teórica en el terreno de los principios de la revolución cubana.
La Corte Suprema.
Hemos dicho, y lo repetimos, que es necesario no apartarse del centro de la cuestión: si se dejaran en la impunidad la sedición y el crimen. Deben analizarse los aspectos concomitantes, pero sin desviarse por ello del problema esencial. No queremos convertir el debate sobre el fallo de la Corte Suprema en un proceso a la justicia, así, general.
Lo que ha quedado de manifiesto ahora es el criterio político con que ha actuado un tribunal. Y este tribunal ocupa un lugar muy especial dentro de la administración de justicia del país.
Las resoluciones de la Corte Suprema no están sujetas, como las de otros tribunales, a enmiendas de parte de otro juez o de otro poder del Estado. Posee un poder amplísimo, ilimitado. No responde por sus actos, en circunstancias de que los otros poderes del Estado sí son responsables por sus actuaciones. Los jueces de esta Corte sólo pueden ser acusados constitucional- mente por la causal de notable abandono de sus deberes.
Es, pues, un tribunal que tiene un poder ilimitado, que no está sujeto a control alguno, que no responde ante nadie de sus actuaciones. Tampoco está sujeto a norma alguna que permita su renovación en una forma distinta que la de su propia elección. En efecto, la Corte Suprema se autogenera. Ella misma elige cinco personas de entre las cuales saldrá el nuevo ministro. Esto debe influir, sin duda, en la calidad y el criterio de las personas que componen el tribunal, pues éste selecciona de acuerdo con su concepto de lo que debe ser el magistrado. La sociedad, la comunidad, nada tienen que ver con esta generación.
Y por último, se da otra característica especial en este tribunal máximo de Chile. En los restantes poderes del Estado, sus personeros ejercen un mandato popular por un lapso determinado. Hay, por lo tanto, una limitación temporal que significa una renovación de personas o una confirmación en los cargos de algunas de ellas, como en el caso del Poder Legislativo. En cambio, para los magistrados de la Corte Suprema no existe límite en el tiempo: pueden permanecer allí hasta su muerte o hasta que ellos mismos se consideren no capacitados.
Si a todo lo anterior se agrega que sus magistrados no están sujetos a incompatibilidades de tipo económico, como las que rigen para los parlamentarios, y que gozan de las remuneraciones más elevadas de la Administración Pública, se estimará explicable encontrar allí un pensamiento comprometido en lo esencial frente a una definición importante. La que plantea el proceso a la sedición que llevó al asesinato del General Schneider, con todas sus modalidades, como la compra de armas, intento de rapto, etcétera, es precisamente una de tales definiciones. El criterio que allí ha aplicado la Corte Suprema ilustra una posición política concretamente favorable al círculo estrecho de la ultraderecha, que pretendió y pretende todavía desconocer la voluntad de cambios de la mayoría nacional y su decisión democrática, e imponer, sin vacila# en el crimen, una dictadura que perpetúe los privilegios económicos de la minoría. La Derecha sediciosa y antidemocrática ha encontrado un aliado en el fallo de la Corte Suprema. La Justicia Militar, a la que respalda toda la nación, ha encontrado, en cambio, una barreta que obstaculiza su acción.
El mito mantenido siempre por círculos minoritarios de los sostenedores del régimen injusto que ha prevalecido en Chile, de una Corte Suprema independiente, imparcial, intachable e intangible, es sólo eso: un mito. La existencia de la figura del delito de desacato ha contribuido a mantenerlo, pues ha impedido el ejercicio de la crítica a que están sometidos los per- soneros de los otros poderes del Estado. Muchas veces rasgaron vestiduras para hacer alarde de la respetabilidad e independencia de los jueces supremos quienes defendían sus privilegios económicos. Hoy lo vuelven a hacer y se escandalizan porque la indignación de la ciudadanía se ha manifestado. La injuria nada soluciona, sin duda. Lo sabemos. Pero este tribunal no puede seguir exceptuado de la crítica y del juicio de la nación.
De hecho, la decisión de la Corte Suprema implicaría establecer en nuestro país el derecho a la sedición y aun al magnicidio. Los aventureros que buscan atentar contra las instituciones, se sienten amparados por el criterio de la Corte Suprema. Los sediciosos vienen desarrollando su propio plan. Uno de esos objetivos es impedir que se juzgue a los políticos comprometidos en el asesinato de Schneider.
Hace ya alrededor de dos meses se hicieron publicaciones en "La Prensa" señalando la conveniencia de dejar impune el crimen.
Ahora lograron salvar al Senador que mantuvo contactos con Olalqueaga, el hombre de CIA.
El señor MORALES ADRIASOLA.-
¿Qué tiene que ver con el proceso este señor Olalqueaga?
Ni siquiera se lo ha citado.
El señor MONTES.-
Son dos procesos distintos, pero, naturalmente, no pueden desligarse uno de otro. Al examinar las implicancias sediciosas del Senador Morales Adriasola en el proceso por infracción a la ley de Seguridad Interior del Estado, es necesario también examinar el que se instruye por el asesinato del General en Jefe del Ejército.
El respaldo a la actividad conspirativa otorgado por la Corte Suprema ha dado alas a los personeros de la Reacción. La revista "PEC" hizo circular la especie de que el desafuero del señor Raúl Morales obedecería al propósito de alterar la composición del Senado. Agregó que luego, diabólicamente, vendrían otras inhabilidades. Hubo quienes llegaron a morder el anzuelo en las altas esferas del propio Partido Demócrata Cristiano. Luego de la resolución de la Corte Suprema, los reos por sedición e implicados en el asesinato del General Schneider levantan cabeza. Acusan al General Cheire, Jefe de Investigaciones, de recurrir a torturas y flagelaciones. Aquí hemos escuchado también un relato espeluznante a este respecto, en cuanto a otros reos y detenidos. Este problema no se había representado antes. Ni siquiera el abogado de estas personas había reclamado por ello. Habría, incluso, la pretensión de lograr la salida de la cárcel del propio Roberto Viaux.
Un monigote, llamado Pablo Rodríguez, amigo del señor Morales Adriasola, a quien ha defendido con motivo de este proceso no sólo ante la Corte Suprema, sino también en otros litigios más caseros que tuvo el señor Senador no hace mucho tiempo, continúa haciendo el juego de los conspiradores, a través de su demagogia plagada de complejos fascistas. El Partido Nacional publica avisos en los diarios derechistas llamando a "detener el peligro comunista". En la televisión, el Diputado Fernando Maturana, vicepresidente de aquel partido, interviene insolentemente para socavar la imagen del Presidente de la República; tiende a destruir su prestigio, a descalificarlo personal y políticamente. Tal discurso no es sólo un accidente o una "salida de madre". Tras sus palabras está el afán revanchista artero, la sedición de los que saquearon a Chile de manera infinita en provecho de sus privilegios, que hoy se estrellan contra un Gobierno que incorpora al pueblo y a sus esperanzas al poder real y al cumplimiento del programa popular.
En la llamada "comida de desagravio" al Senador Morales Adriasola, éste sacó pecho. Entre otras finuras "democráticas", expresó que había que destituir al Presidente Allende y a sus Ministros. Nuevamente, en esta Sala, ha planteado el problema. Y formuló el consiguiente llamado a la Democracia Cristiana. Fue coreado por los Senadores Fernando Ochagavía y Julio Durán. El señor Morales atacó al fiscal militar señor Fernando Lyon; al juez militar, General Urbina; a la Corte de Apelaciones, a la prensa y a la televisión. Fue la euforia, planeada, del conspirador impune.
Nuevos atentados.
A las palabras de los sediciosos del Audax Italiano, han seguido ya los hechos a través de atentados en los que muchos de ellos son maestros. En la noche del viernes 15 se intentó asaltar la casa del Ministro de Salud, ocasión en la que balearon al carabinero de guardia. En la misma noche asaltaron y tajearon cobardemente al Director General de Ferrocarriles. Estos atentados criminales no son hechos aislados. Corresponden al plan reaccionario en marcha. Recordemos que en septiembre de 1970 la escalada se inició con atentados terroristas y bombazos que culminaren trágicamente con el asesinato del Comandante en Jefe del Ejército.
El sábado 16 en la mañana se ubicaron en los jardines del Palacio de Cerro Castillo, de Viña del Mar, cuatro cartuchos de dinamita conectados a otras tantas pilas eléctricas.
Los golpistas actúan.
La conspiración continúa. La alternativa golpista decidida en Washington y puesta en marcha con la llegada a Chile, en octubre de 1967, del Embajador Korry, ha escrito varios capítulos dramáticos, aunque no el último.
La conjura cruzó los umbrales del Tacna y puso fin a la vida de un soldado ilustre. Conoció nombres de personas hoy día procesadas y de otras aún en las sombras. Actuó con todo su peso y decidió un fallo históricamente condenable de la Corte Suprema de Justicia. Continúa, como algunas víboras, dejando en su camino nocturno, criminal y antipatrio, las bombas, los atentados, su venganza clandestina.
La conjura - en la que participan linajudos personajes y despreciables comparsas- tiene una meta clara: colmar de obstáculos el camino del Gobierno del pueblo chileno y crear las condiciones para su colapso.
Las clases desplazadas del poder no se resignan ante los cambios, ante la pérdida de sus privilegios. Temen el avance del pueblo, odian la revolución.
Sus cantos de sirena, dirigidos a sectores políticos democráticos de la Oposición, pueden encontrar eco en algunos persone- ros de estos últimos. Pero en su inmensa mayoría, ante la invitación a la alianza reaccionaria dirigida al Partido Demócrata Cristiano, esta colectividad, a nuestro juicio, responde con las palabras de uno de sus Diputados, Luis Maira: "Queda también en claro por qué la invitación de Onofre Jarpa reviste el mayor peligro para el Partido Demócrata Cristiano, lo conduce a negarse a sí mismo y a su propia desnaturalización como fuerza popular. Frente a él, no caben ni el silencio ni menos la aceptación."
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
Ha terminado su tiempo, señor Senador.
El señor MONTES.-
Me falta sólo un minuto, señor Presidente.
El señor MORALES ADRIASOLA.
Por nuestra parte, puede continuar con mucho gusto el Honorable colega.
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
Con el asentimiento de la Sala, puede continuar Su Señoría.
El señor MONTES.-
Muchas gracias.
El pueblo vigila.
En tanto, el Gobierno popular, las organizaciones del pueblo, vigilan sus conquistas, desarrollan una actividad patriótica, robustecen sus organismos unitarios, cumplen el programa, establecen la defensa del proceso democrático.
Los sediciosos no pasarán. En su camino se alza y se alzará con dureza inquebrantable el puño del pueblo.
He dicho.
"