REPUBLICA DECHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACION OFICIAL. LEGISLATURA 312ª, EXTRAORDINARIA. Sesión 63ª, en martes 4 de mayo de 1971. Ordinaria. (De 16.10 a 21.1). PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES TOMAS PABLO ELORZA, VICTOR GARCIA GARZENA Y TOMAS REYES VICUÑA, PRESIDENTES ACCIDENTALES. SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA. INDICE. Versión taquigráfica. I.- ASISTENCIA 3262 II.- APERTURA DE LA SESION 3262 III.- LECTURA DE LA CUENTA 3262 Vivienda gratuita para doña Ana Millalonco. Preferencia 3265 Previsión para comerciantes. Prórroga de plazo a la Comisión 3266 Beneficio por gracia para padres de don Rolando Matus. Petición de patrocinio constitucional 3266 Beneficios para profesionales y técnicos chilenos que regresen del extranjero. Prórroga de plazo a la Comisión 3267 IV.- ORDEN DEL DIA: Proyecto de ley, en primer trámite, que concede amnistía a inculpados, procesados o condenados por Ley de Seguridad Interior del Estado con anterioridad al 4 de septiembre de 1970 (se despacha). 3267 Proyecto de ley, en primer trámite, sobre transferencia gratuita de vivienda a doña Ana Millalonco (se despacha) 3280 Proyecto de ley, en quinto trámite, sobre promulgación del Estatuto de la Universidad de Chile (se despacha) 3281 Creación de la Junta de Desarrollo Industrial en Biobío, Malleco y Cautín. Reapertura del debate 3286 V.- TIEMPO DE VOTACIONES: Designación de Consejeros en la Editorial Jurídica de Chile y en el Consejo Nacional de Televisión 3295 Publicación de discursos 3296 VI.- INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncian) 3296 Semblanza de don Roque Esteban Scarpa y de don Juvencio Valle a propósito de designación de Director de Bibliotecas, Archivos y Museos (observaciones del señor Hamilton) 3304 Análisis a actuaciones políticas de partidos integrantes de la Unidad Popular (observaciones del señor Valenzuela) 3307 Destitución del Jefe del Servicio Médico Nacional de Empleados de Valparaíso, doctor Oscar Marín Sosias (observaciones del señor Prado 3314 Demora por servicios públicos en entrega de información a parlamentarios (observaciones del señor Musalem) 3317 Alcances a discursos pronunciados en Incidentes de esta sesión por los señores Hamilton, Valenzuela y Prado (observaciones del señor Montes) 3319 Anexos DOCUMENTOS: 1.- Proyecto de ley, en quinto trámite, que faculta al Presidente de la República para promulgar el Estatuto de la Universidad de chile 3330 2.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que deroga diversas disposiciones de las leyes Nºs. 17.015 y 17.378, en beneficio del personal de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas 3330 3.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto que concede amnistía a los inculpados, procesados o condenados por delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado y otros textos legales que indica, cometidos con anterioridad al 4 de septiembre de 1970 3331 4.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto que indulta, en la forma que indica, a los reos rematados que estuvieran cumpliendo condenas al 1º de junio de 1971 3335 5.- Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento recaído en el proyecto que concede amnistía a periodistas condenados o procesados por delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado y otros cuerpos legales 3337 6.- Informe de la comisión de Hacienda recaído en el Mensaje que propone la designación del señor Javier Urrutia Soto como Gobernador Suplente ante el Banco Interamericano de Desarropo 3338 7.- Informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto que consulta diversas disposiciones en favor de Astilleros y Maestranzas de la Armada 3340 8.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que consulta diversas disposiciones en favor de Astilleros y Maestranzas de la Armada 3343 9.- Informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en el proyecto que faculta a la Corporación de la Vivienda y a la Corporación de Servicios habitacionales para remitir determinados saldos de precios y deudas 3350 10.- Informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en el proyecto que modifica el artículo 95 de la ley Nº 17.271 sobre venta de materiales en desecho de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3351 11.- Informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en el proyecto que dispone la transferencia gratuita de la vivienda que indica a doña Ana Millalonco 3352 12.- Informe de la Comisión de Salud Pública recaído en el proyecto que reconoce el tiempo servido por los dentistas en establecimientos educacionales 3353 13.- Moción del señor Hamilton con la que inicia un proyecto que autoriza a la Municipalidad de Cisnes para contratar empréstitos 3354 14.- Moción del señor Lorca con la que inicia un proyecto que concede un nuevo plazo para que las Municipalidades puedan transferir a sus actuales ocupantes determinados terrenos en conformidad a la ley Nº 15.629 3355 15.- Moción del señor Silva Ulloa con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que deroga el Capítulo X de la Carta Fundamental sobre reforma de la misma y establece la convocatoria a una Asamblea Constituyente 3356 VERSION TAQUIGRAFICA. I.- ASISTENCIA. Asistieron los señores: Aguirre Doolan, Humberto Baltra Cortés', Alberto Ballesteros Reyes, Eugenio Bulnes Sanfuentes, Francisco Campusano Chávez, Julieta Carmona Peralta, Juan de Dios Carrera Villavicencio, María Elena Contreras Tapia, Víctor Chadwick Valdés, Tomás Duran Neumann, Julio Foncea Aedo, José Fuentealba Moena, Renán García Garzena, Víctor Gumucio Vives, Rafael Agustín Hamilton Depassier, Juan Jerez Horta, Alberto Juliet Gómez, Raúl Lorca Valencia, Alfredo Luengo Escalona, Luis Fernando Miranda Ramírez, Hugo Montes Moraga, Jorge Morales Adriasola, Raúl Musalem Saffie, José Noemi Huerta, Alejandro Ochagavía Valdés, Fernando Olguín Zapata, Osvaldo Pablo Elorza, Tomás Palma Vicuña, Ignacio Papic Ramos, Luis Prado Casas, Benjamín Reyes Vicuña, Tomás Silva Ulloa, Ramón Sule Candía, Anselmo Teitelboim Volosky, Volodia Valente Rossi, Luis, y Valenzuela Sáez, Ricardo. Concurrió, además, el señor Ministro de Justicia, don Lisandro Cruz Ponce. Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamata. II.- APERTURA DE LA SESION. - Se abrió la sesión a las 16.10, en presencia de 21 señores Senadores. El señor PABLO (Presidente accidental).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor PABLO (Presidente accidental).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Mensajes. Tres de Su Excelencia el Presidente de la República. Con el primero, retira de entre los asuntos en que puede ocuparse el Congreso Nacional durante la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones el proyecto de ley que crea el Instituto Nacional del Alcoholismo. (Cámara de Diputados, tercer trámite). - Se manda archivarlo. Con el segundo, hace presente la urgencia para el despacho del proyecto de ley que deroga diversas disposiciones de las leyes números 17.015 y 17.378, en beneficio del personal de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas. - Se califica de "simple" la urgencia. Con el último, incluye entre las materias de que puede ocuparse el Congreso Nacional durante la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones el proyecto de ley que denomina "General del Aire Arturo Merino Benítez" al Aeropuerto Internacional de Pudahuel, y hace presente la urgencia para su despacho. (Senado, primer trámite, pendiente en Comisión de Defensa Nacional). - Se califica de "simple" la urgencia. Oficios. Dos de la Honorable Cámara de Diputados. Con el primero, comunica que ha tenido a bien insistir en la aprobación de las modificaciones introducidas al proyecto de ley que faculta al Presidente de la República para promulgar el Estatuto de la Universidad de Chile, aprobado por el Congreso Universitario, rechazadas por el Senado (véase en los Anexos, documento 1). - Queda para tabla. Con el segundo, comunica que ha tenido a bien prestar su aprobación al proyecto que deroga diversas disposiciones de las leyes Nºs. 17.015 y 17.378, en beneficio del personal de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas (véase en los Anexos, documento 2). - Pasa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Trece, de los señores Ministros del Interior, de Economía, Fomento y Reconstrucción; de Justicia, de Obras Públicas y Transportes, de Salud Pública, y de la Vivienda y Urbanismo; y de los señores Contralor General de la República y Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Previsión de Empleados Particulares, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores Acuña (1), Aguirre Doolan (2), Baltra (3), Morales Adriasola (4), Ochagavía (5), Olguín (6), Silva Ulloa (7) y Valente (8): 1) Deudas de pavimentación en Valdivia. 2) Pago de gratificación de zona a personal de Ferrocarriles. Aumento de dotación de Carabineros en Portezuelo y Trehuaco, Ñuble. Problemas de urbanización en Arauco. 3) Embarques de papel en Talcahuano. 4) Problemas en Hospital Puerto Aisén. 5) Alcantarillado y agua potable en Puerto Chacabuco. 6) Construcción de viviendas en Calama. 7) Pago de imposiciones por parte de Oficina Salitrera Alemania. Atención dental en presidio de Antofagasta. 8) Servicio de taxi-buses en Antofagasta Consultas a Contraloría relativas a Municipalidad de Iquique. Condonación de deuda de cooperativa que indica, en Iquique. - Quedan a disposición de los señores Senadores. Uno del señor Intendente de Aisén, don Norberto Anazco Ruiz, con el cual responde a la petición de desafuero formulada en su contra. - Pasó a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, junto con los antecedentes respectivos. Uno del señor Contralor General de la República, con el cual remite un ejemplar del Estado de Fondos Fiscales y Balance Presupuestario de Entradas y Gastos correspondiente al mes de enero de 1971. - Pasa a la Oficina de Informaciones. Informes. Tres de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en los siguientes asuntos: 1) Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que concede amnistía a los inculpados, procesados o condenados por los delitos contemplados en la Ley de Seguridad interior del Estado y otros textos legales que indica, cometidos con anterioridad al 4 de septiembre de 1970 (véase en los Anexos, documento 3). 2) Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que indulta en la forma que indica, a los reos que estuvieren cumpliendo condenas al 1º de junio del presente año (véase en los Anexos, documento 4). 3) Proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señora Carrera y señores Acuña, Contreras y Chadwick, que concede amnistía a los periodistas condenados o procesados por delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado u otros cuerpos legales (véase en los Anexos, documento 5). Uno de la Comisión de Hacienda, recaído en el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República con el que solicita el acuerdo del Senado para designar al señor Javier Urrutia Soto como Gobernador suplente del Banco Interamericano de Desarrollo (véase en los Anexos, documento 6). Uno de la Comisión de Defensa Nacional y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que establece diversas disposiciones a favor de Astilleros y Maestranzas de la Armada (véanse en los Anexos, documentos 7 y 8). Dos de la Comisión de Obras Públicas, recaídos en los siguientes asuntos: 1) Proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que faculta a la Corporación de la Vivienda y a la Corporación de Servicios Habitacionales para remitir determinados saldos de precios y deudas (véase en los Anexos, documento 9). 2) Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Aguirre Doolan, que modifica el artículo 95 de la ley Nº 17.271, sobre venta de materiales en desecho de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (véase en los Anexos, documento 10). Uno de la Comisión de Obras Públicas y otro de la de Asuntos de Gracia, recaídos en el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Hamilton, que dispone la transferencia gratuita de la vivienda que indica a doña Ana Millalonco (véase en los Anexos, documento 11). Uno de la Comisión de Salud Pública, recaído en el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que reconoce el tiempo servido por los dentistas en establecimientos educacionales (véase en los Anexos, documento 12). - Quedan para tabla. Mociones. Una del Honorable Senador señor Hamilton, con la que inicia un proyecto de ley que faculta a la Municipalidad de Cisnes para contratar empréstitos (véase en los Anexos, documento 13). Una del Honorable Senador señor Lorca, con la que inicia un proyecto de ley que concede un nuevo plazo para que las municipalidades puedan transferir a sus actuales ocupantes determinados terrenos, en conformidad a la ley Nº 15.629 (véase en los Anexos, documento 14). - Pasan a la Comisión de Gobierno. Una del Honorable Senador señor Silva Ulloa, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que deroga el Capítulo X de la Constitución Política del Estado, sobre reforma de la misma, y establece la convocatoria a una Asamblea Constituyente (véase en los Anexos, documento 15). - Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Una del Honorable Senador señor Ochagavía, con la que inicia un proyecto de ley que beneficia, por gracia, a doña María Teresa Castillo y a don Elias Matus. - Se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República para los efectos del patrocinio constitucional necesario. Solicitud. Una de doña Florencia Lanne viuda de Navarro, con la que solicita se le otorgue copia autorizada de los documentos que indica. - Se accede a lo solicitado. Comunicaciones. Una del señor Vicerrector de la Universidad de Chile, con la que formula alcances al proyecto de ley que faculta al Presidente de la República para promulgar el Estatuto de la Universidad de Chile, aprobado por el Estatuto Universitario. Una del Círculo de Pilotos de Línea Aérea Nacional, con la que manifiesta su apoyo al proyecto de ley que denomina "General del Aire Arturo Merino Benítez" al Aeropuerto Internacional de Pudahuel. - Se manda agregarlas a sus antecedentes. Telegramas. Veintitrés, de diversas organizaciones de las provincias de Aisén y Colchagua, en los que expresan su apoyo a los señores Intendentes de ambas provincias y solicitan el rechazo de las peticiones de desafuero formuladas en su contra. - Se manda agregarlos a sus antecedentes. El señor PABLO (Presidente accidental).- Para referirse a la Cuenta, tienen la palabra los Honorables señores García, Hamilton y Ballesteros. El señor GARCIA.- No voy a referirme a la Cuenta, señor Presidente. Deseo dar a conocer al Senado algunos hechos muy graves que se han producido en el país. Para dicho efecto, solicito que se me concedan 10 minutos a fin de exponer estos acontecimientos y solicitar el envío de un oficio. El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Hay acuerdo para acceder a lo solicitado? El señor MONTES.- ¿De qué se trata? El señor GARCIA.- Se trata de los incidentes acaecidos en el fundo "Nilahue", donde murió el agricultor Jorge Baraona Puelma. El señor MONTES.- El señor Senador puede hablar en la hora de Incidentes. El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para acceder a la petición del Honorable señor García? No hay acuerdo. El señor GARCÍA.- ¡Quiere decir que la gente de la Unidad Popular no sólo está dispuesta a matar mediante estos procedimientos inauditos, sino que también se opone hasta a que se pida hacer justicia! El señor MONTES.- ¡Eso es una insolencia, señor Senador! El señor AGUIRRE DOOLAN.- Su Señoría puede intervenir en la hora de Incidentes. El señor GARCIA.- Es un problema muy grave. Por eso había solicitado el uso de la palabra. VIVIENDA GRATUITA PARA DOÑA ANA MILLALONCO. PREFERENCIA. El señor HAMILTON.- Se ha dado cuenta de dos informes, uno de la Comisión de Obras Públicas y otro de la de Asuntos de Gracia, recaídos en el proyecto de ley que dispone la transferencia gratuita de una vivienda a la familia Millalonco, más concretamente a doña Ana Millalonco, madre del joven Juan Millalonco. Como se trata de una iniciativa muy sencilla, cuya urgencia incluso ha hecho presente el propio Ejecutivo, me permito solicitar que se acuerde tratarla en los últimos 10 minutos del Orden del Día de esta sesión. El señor PABLO (Presidente accidental).- Se tramitará un acuerdo de Comités sobre el particular, señor Senador. PREVISION PARACOMERCIANTES. PRORROGA DE PLAZO A LA COMISION. El señor BALLESTEROS.- Solicito el acuerdo necesario para prorrogar hasta el término del plazo constitucional el lapso de que dispone la Comisión de Trabajo y Previsión Social para informar el proyecto que figura en el tercer lugar de la tabla, que otorga previsión a los comerciantes. El señor PABLO (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado. El señor VALENTE.- ¿Me permite, señor Presidente? Haré otra proposición sobre esta materia. Estamos de acuerdo en que debe acelerarse al máximo la tramitación del proyecto. El plazo constitucional para su despacho vence el 7 de mayo. Nosotros estaríamos llanos a dar nuestro acuerdo en los siguientes términos: que la Comisión de Trabajo estudie la iniciativa en el curso de esta semana, con el propósito de que la Sala lo trate en general la próxima, y se discuta en particular en la subsiguiente. No tengo bien claro qué alcance tendría la prórroga del plazo reglamentario hasta el término del constitucional. El señor BALLESTEROS.- Significaría ampliar el plazo a la Comisión hasta el 7 de mayo. Es mucho más restrictivo. El señor GARCÍA.- El 7 de mayo es el próximo viernes. El señor PABLO (Presidente accidental).- El plazo constitucional vence el 7. El señor BALLESTEROS.- En virtud del Reglamento, hoy la Comisión de Trabajo y Previsión Social perdería competencia para seguir estudiando el asunto y éste pasaría a la Sala sin informe. Por eso, solicito ampliar el plazo de que dispone la Comisión hasta el término señalado. Estamos conscientes de que debe despacharse el proyecto a la brevedad. Por otra parte, hago presente que el propio Ejecutivo estaría dispuesto a retirar la urgencia para renovarla en seguida. Así, podríamos establecer una tramitación expedita para el proyecto. El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Hay acuerdo para proceder en la forma propuesta por el Honorable señor Ballesteros? Acordado. BENEFICIOS POR GRACIA PARA PADRES DE DON ROLANDO MATUS. PETICION DE PATROCINIO CONSTITUCIONAL. El señor OCHAGAVIA.- He presentado una moción para beneficiar por gracia a los padres adoptivos del pequeño agricultor fallecido a manos de quienes quisieron usurparle la propiedad que ocupaba en la provincia de Cautín, en la localidad de Pucón, don Rolando Matus. Como la iniciativa de este tipo de proyectos corresponde constitucionalmente al Ejecutivo, me permito solicitar que se recabe el acuerdo necesario para enviar un oficio a Su Excelencia el Presidente de la República, en nombre del Senado, pidiéndole su patrocinio para esta moción y su inclusión en la convocatoria, a fin de que pueda tratarse en esta legislatura extraordinaria. El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Hay acuerdo para proceder en la forma señalada? El señor MONTES.- El Honorable señor 0?hagavía puede pedir que se envíe el oficio en nombre suyo. El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Hay acuerdo para enviar el oficio en nombre del Comité Nacional, y de los Comités Democracia Radical y Demócrata Cristiano, que adhieren a la petición? Acordado. BENEFICIOS PARA PROFESIONALES Y TECNICOS QUE REGRESEN DEL EXTRANJERO. PRORROGA DE PLAZO A LA COMISION. El señor PALMA.- Debo informar a la Sala que el proyecto que figura en el primer lugar del Orden del Día fue discutido en la mañana de hoy en la Comisión de Hacienda. Como no tuvimos a mano diversos antecedentes imprescindibles para el debate, el señor Subsecretario de Hacienda hizo presente que el Ejecutivo retiraría la urgencia y enviaría hoy un oficio al respecto. No sé si ha llegado dicha nota. En caso negativo, como el plazo constitucional vence el próximo 7 de mayo, no habría inconveniente -y así lo solicito- en esperar algunos días, porque, como digo, el Ejecutivo retirará la urgencia. En subsidio de mi petición, solicito prorrogar el plazo reglamentario hasta el término del constitucional. El señor PABLO (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado. Acordado. Terminada la Cuenta. IV.- ORDEN DEL DIA. AMNISTIAAINCULPADOS, PROCESADOS O CONDENADOS POR LEY DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO CON ANTERIORIDAD AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1970. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde ocuparse en el proyecto que figura en el segundo lugar del Orden del Día, iniciado en mensaje del Presidente de la República, mediante el cual se concede amnistía a los inculpados, procesados o condenados por delitos establecidos en la ley de Seguridad Interior del Estado y en otros textos legales, cometidos con anterioridad al 4 de septiembre de 1970. - Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer trámite, sesión 43ª, en 3 de mayo de 1971. Informe de Comisión: Legislación, sesión 63ª, en 4 de mayo de 1971. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en informe suscrito por los Honorables señores Fuentealba (Presidente), Gumucio, Hamilton y Sule, recomienda a la Sala aprobar la iniciativa en los términos señalados en el informe que tienen a la mano los señores Senadores. El señor PABLO (Presidente accidental).- En discusión general el proyecto. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si le parece a la Sala, se aprobará el informe de la Comisión. El señor GARCÍA.- No hay acuerdo, señor Presidente. Solicito que se tome votación secreta respecto de cada uno de los artículos, porque todos los casos son distintos. El señor LORCA.- Y que informe alguno de los miembros de la Comisión. El señor PABLO (Presidente accidental).- No correspondería tomar la votación secreta, pues el artículo 144 del Reglamento se refiere a los asuntos de gracia y otros similares, no a las amnistía. En consecuencia, para tomar votación secreta se requeriría acuerdo de la Sala. El señor BULNES SANFUENTES.- Pero el proyecto favorece a personas determinadas. El señor PABLO (Presidente accidental).- El artículo 144 del Reglamento señala: "Serán siempre secretas las votaciones de los asuntos de interés particular o de gracia y de aquellos que se refieran a sueldos, grados, gratificaciones, jubilaciones, nombramientos o ascensos." El señor MORALES ADRIASOLA.- - Este es un asunto de interés particular. El señor GARCÍA.- En el precepto del Reglamento se habla de "los asuntos de interés particular"; y, precisamente, éste es el caso. En seguida viene la enumeración de los asuntos de gracia, los montepíos y los beneficios económicos. El señor PABLO (Presidente accidental).- En anteriores proyectos, las amnistías siempre se tramitaron en forma pública, vale decir en forma distinta de los asuntos de gracia. En este caso la Mesa no tiene inconveniente en solicitar el acuerdo de la mayoría de la Sala para que la votación sea secreta. El señor REYES.- ¿De qué se trata? El señor PABLO (Presidente accidental).- El Honorable señor García solicita votar separadamente los distintos artículos del proyecto de amnistía enviado por el Ejecutivo, y, además, pidió votación secreta sobre el particular. Como el artículo 144 del Reglamento no dispone perentoriamente lo último, se requiere pronunciamiento de la Sala. El señor LORCA.- Perfecto. El señor CONTRERAS.- Me llama la atención que se haya pedido votación secreta respecto de la amnistía de varios ciudadanos sancionados por infringir disposiciones de la ley de Seguridad Interior del Estado. Tengo entendido que varias de las personas beneficiadas son periodistas. El señor GARCIA.- No, señor Senador; lea el informe. El señor CONTRERAS.- Tenía entendido que se habían reunido en una sola disposición y en un solo proyecto las iniciativas sobre amnistía que benefician también a los periodistas. No sé si algún miembro de la Comisión de Legislación me puede sacar de la duda. El señor HAMILTON.- Se trata de dos proyectos separados. El señor GARCIA.- Que se reabra el debate. El señor MORALES ADRIASOLA.- Es fundamental que se reabra el debate. El señor MONTES.- No, señor Senador. El señor CONTRERAS.- De todas maneras, estimamos que no hay razón alguna para votar en forma secreta este proyecto. Nosotros no daremos acuerdo para ello, y creemos que, conforme al Reglamento, no corresponde pronunciarse en votación secreta sobre un proyecto de amnistía por delitos consignados en la ley de Seguridad Interior del Estado. El señor PABLO (Presidente accidental).- Señor Senador, se ha pedido votación secreta sobre este asunto, lo cual someto a la consideración de la Sala. El señor CONTRERAS.- Pero reglamentariamente no corresponde hacer votación secreta. El señor PABLO (Presidente accidental).- Señor Senador, se tratan en sesión secreta todas aquellas materias en que la Sala estime conveniente hacerlo. El Reglamento no establece qué debe tratarse en sesión secreta. Por lo tanto, la proposición del Honorable señor García queda entregada a la decisión de la Sala. El señor LUENGO.- En todo caso, me gustaría saber qué artículo autoriza a la Mesa para consultar a la Sala. El señor PABLO (Presidente accidental).- El artículo 57 del Reglamento, que señala: "Las sesiones podrán ser públicas o secretas", y luego dice, en el inciso tercero: "Las que el 'Senado acuerde que tengan este carácter." En votación lo propuesto por el Honorable señor García. - (Durante la votación). El señor CONTRERAS.- Por las razones que di, voto que no. El señor HAMILTON.- No veo ningún inconveniente en tratar en sesión pública el informe sobre el proyecto de amnistía. No recuerdo que un proyecto de esta naturaleza se haya tratado en sesión secreta. El señor BULNES SANFUENTES.- Se solicitó que la votación sea secreta. El señor HAMILTON.- Tampoco veo inconveniente en votar públicamente. Voto que no. - Se rechaza la petición (21 votos por la negativa y 11 por la afirmativa). El señor PABLO (Presidente accidental).- Conforme a la petición del Comité Nacional, se votarán separadamente los distintos artículos. Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto. Acordado. En votación el artículo 1º. El señor GARCÍA.- Que se lea, señor Presidente. El señor FIGUEROA (Secretario).- El artículo lº dice: "Concédese amnistía a los inculpados, procesados o condenados por alguno de los delitos que describen y sancionan la Ley Nº 12.927, de Seguridad del Estado; el Título II del Libro II del Código Penal; el Título IV del Libro III del Código de Justicia Militar y los artículos 284 y 299, Nº 3, del mismo cuerpo legal, cometidos antes del día 4 de septiembre de 1970. "La amnistía favorecerá también a los condenados por los delitos previstos en las Leyes Nºs. 6.026 y 8.987, cuyo texto refundido se fijó por Decreto Supremo Nº 5.839, de 30 de septiembre de 1948." - (Durante la votación). El señor FUENTEALBA.- Pido la palabra para fundar de inmediato el voto, porque varios señores Senadores desean una explicación. El señor PABLO (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala se concederá primero la palabra al Honorable señor Fuentealba para fundar el voto. Acordado. Tiene la palabra Su Señoría. El señor FUENTEALBA.- Como lo consigna el informe, y lo dice por lo demás el propio artículo 1º, que es bastante claro en cuanto a la señalización de las disposiciones legales, se concede amnistía a los inculpados, procesados o condenados por alguno de los delitos que describen y sancionan la ley de Seguridad Interior del Estado, los Títulos sobre Seguridad Interior del Estado de los Códigos Penal y de Justicia Militar, y los artículos 284 y 299, Nº 3 de este último, por los delitos que se hubieren cometido antes del día 4 de septiembre de 1970. Al respecto, es conveniente recordar que Su Excelencia el Presidente de la República, don Salvador Allende, al asumir su mandato, hizo un llamado a la pacificación nacional y anunció su propósito y deseo de hacer cuanto estuviera de parte de su gobierno para traer la paz a los espíritus. Con este objeto, entre otras cosas, el señor Presidente estimó conveniente amnistiar a todos los procesados por delitos políticos cometidos con anterioridad al 4 de septiembre de 1970. De acuerdo con los antecedentes que pudimos conocer, el inciso primero del artículo 1º beneficia principalmente a los implicados en el proceso instruido en el Segundo Juzgado Militar de Santiago en contra del ex General Horacio Gamboa Núñez, y de los ex oficiales Fernando Nieraad Ebner, Víctor Catalán Polanco, Arturo Marshall Márchese y otros, por la celebración de reuniones destinadas a proponer el derrocamiento del Gobierno constituido; a las personas afectadas por el proceso Nº 3146- 69, del mismo Juzgado Militar, instruido por los sucesos ocurridos en octubre de 1969 en el Regimiento "Tacna", y a las señaladas en el proceso Nº 3.162- 69, también del Segundo Juzgado Militar, instruido contra los ex Oficiales Raúl Igual, Guillermo Álvarez y otros, por el delito de incumplimiento de deberes militares. Esto en lo que respecta al inciso primero. El inciso segundo amnistía a personas condenadas por delitos previstos en la ley de Defensa de la Democracia. Esta disposición tiende, principalmente, a poner fin a los problemas que, por las anotaciones prontuariales y por el carácter de condenados, afectan a dichas personas en sus actividades. Ahora bien, deseo hacer presente respecto de este primer artículo, como también del tercero, que veremos más adelante, que el artículo 49 excluye expresamente de la amnistía a que se refiere el artículo 1º, a las personas inculpadas o procesadas, o que pudieren resultar implicadas, a cualquier título, sea como autor, cómplice o encubridor, en las causas números 2446 - 70 y 2464 - 70, del Segundo Juzgado Militar de Santiago, que se instruyen por homicidio en la persona del General de Ejército señor Rene Schneider Chereau e infracción de la ley de Seguridad Interior del Estado, ni aun en el caso de que los hechos hubieren tenido lugar con anterioridad al 4 de septiembre de 1970. Además, el inciso segundo del artículo 4º, que es producto de una indicación del Honorable señor Hamilton, que la Comisión aprobó por unanimidad, deja expresamente excluidos del beneficio de la amnistía a quienes con posterioridad al 3 de septiembre de 1970 y hasta la fecha de vigencia de la presente ley hayan delinquido nuevamente. El señor PABLO (Presidente accidental).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría. El señor FUENTEALBA.- ¿Podría terminar mi explicación? El señor PABLO (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se prorrogará el tiempo del señor Senador. Acordado. . Puede continuar Su Señoría. El señor FUENTEALBA.- Muchas gracias. En otras palabras, - las personas favorecidas por la disposición del artículo 1º no podrán invocar los beneficios de la amnistía si hubieren, delinquido con posterioridad a la fecha señalada: 3 de septiembre de 1970 y hasta la promulgación de la ley en proyecto. Por lo tanto, la amnistía ha quedado bastante restringida y no favorecerá a ninguna persona que pueda estar implicada en el proceso por homicidio del General Rene Schneider Chereau, de que habla el inciso primero del artículo 4º, ni en cualquier otro delito cometido con posterioridad al 3 de septiembre de 1970. De ahí que la Comisión haya estimado de conveniencia aprobar este artículo 1º. Voto afirmativamente. El señor GARCIA.- Voy a fundar mi voto sólo para llamar la atención hacia el hecho de que, en la página 3 del informe que se nos ha entregado, se dice: "De acuerdo con el inciso tercero y final del artículo 1º, la amnistía "no alcanzará a ninguna persona inculpada o procesada" ... Yo había estudiado el proyecto creyendo que éste era el texto del artículo 1º. Ahora me doy cuenta, por las explicaciones que acabamos de oír al Honorable señor Fuentealba, de que dicha cita está equivocada. Convendría corregirla, para que no apareciera en forma errónea. Votamos favorablemente. El señor FIGUEROA (Secretario).- El informe de la Comisión se refiere al articulado del mensaje del Ejecutivo, no al texto que propone a la Sala. El señor HAMILTON.- Se cambió la ubicación del inciso: pasa a ser el primero del artículo final. El señor GARCÍA.- La Comisión lo presenta como artículo nuevo, entonces. Está bien, señor Presidente. El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para aprobar el artículo 1º? El señor PALMA.- No. El señor PABLO (Presidente accidental).- Se aprobaría, con el voto contrario del señor Senador. El señor HAMILTON.- Estamos votando, señor Presidente. El señor PABLO (Presidente accidental).- Continúa la votación. Puede fundar el voto Su Señoría. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, las palabras que hemos escuchado al Honorable señor Fuentealba nos ahorran comentarios sobre el particular, pues compartimos el criterio de la Comisión. En todo caso, quiero decir que el objeto del artículo 1º es otorgar una amnistía amplia por todos aquellos delitos que hayan tenido motivación política, lo que ha sido de ordinaria ocurrencia en nuestro país cuando asume una nueva Administración, y en muchas naciones extranjeras cuando ocurre igual cosa. Sin ir más lejos, en la Administración pasada, a principios de 1965, se dictó una ley de amnistía de carácter similar al de la que se está proponiendo ahora. Ha sido deseo manifestado por Su Excelencia el Presidente de la República el de producir una pacificación en el orden social. Estamos de acuerdo con la idea del Jefe del Estado y concurrimos con nuestros votos a aprobar el proyecto. El señor PALMA.- Señor Presidente, comprendo el alcance que se da, por parte de los miembros de la Comisión, a esta iniciativa del Gobierno; pero, en verdad, no obstante los precedentes que puedan existir sobre la materia, nos encontramos frente a un hecho contradictorio, que me parece vale la pena destacar para justificar mi votación. Con mucha frecuencia el Ejecutivo ha aplicado, en los últimos meses, la ley de Seguridad Interior del Estado para resolver problemas sobre los cuales no me quiero pronunciaren estemomento. Y ahora nos encontramos con que una serie de delitos contra la ley de Seguridad Interior del Estado, que en su mayor parte son de carácter político - es cierto- , como lo podremos ver al analizar cada uno de ellos, pueden ser motivo de amnistía siempre que hayan sido cometidos antes del 4 de septiembre, o del 4 de noviembre o del día que corresponda; ello en circunstancias, repito, de que después de esa fecha se recurre con extraordinaria frecuente a ese cuerpo legal para poner orden en lo que el Gobierno estime necesario. En esto hay una contradicción tan evidente, que a uno le resulta muy difícil comprender qué se persigue. Por ese motivo, me pronuncio negativamente. - Se aprueba el artículo 1° (31 votos por la afirmativa, 1 por la negativa y 1 pareo). - Se aprueba el artículo 2º por unanimidad. El señor FIGUEROA (Secretario).- Artículo 3º. Dice: "Concédese amnistía a los inculpados, procesados o condenados en las siguientes causas: "... El señor BULNES SANFUENTES.- Pido que se vote por letras, señor Presidente. El señor PABLO (Presidente accidental).- Se me está pidiendo que se vote cada letra por separado. El señor BALLESTEROS.- Proceso por proceso. El señor PABLO (Presidente accidental).- Si a la Sala le parece, así se procederá. Acordado. El señor FIGUEROA (Secretario).- El señor Presidente pone en votación la letra a), que dice: "Concédese amnistía a los inculpados, procesados o condenados en las siguientes causas: "a Nº 68.107, del Rol del Séptimo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago;". El señor OCHAGAVIA.- Pido que se lean los antecedentes pertinentes. El señor BULNES SANFUENTES.- Que se lean, señor Presidente. Queremos saber de qué se trata. El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Podría fundar previamente el voto algún señor Senador miembro de la Comisión? El señor VALENTE.- ¿Por qué no se lee la parte correspondiente? El señor PABLO (Presidente accidental).- Se le va a dar lectura. El señor FIGUEROA (Secretario).- Dice así: "a) Proceso Nº 68.107, del Rol del Séptimo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago. "Corresponde a la causa incoada por los delitos de usurpación, violación de domicilio e incendio de las instalaciones de la Industria "SABA", ubicada en calle Piloto Lazo Nº 120 (Maipú), de propiedad de la Empresa Wagner Stein S. A. C.;". ¿Se aprueba esta letra a)? El señor LORCA.- Señor Presidente, deseo hacer una consulta. ¿Estos procesos están en trámite judicial o se ha dictado sentencia? El señor HAMILTON.- Algunas causas están en trámite, y otras, con sentencia ejecutoriada. El señor LORCA.- Convendría informar a la Sala acerca del estado en que se encuentra el proceso. En el caso que se vota, he preguntado si hay sentencia. El señor VALENTE.- En el Anexo se dice. El señor LORCA.- No lo dice. El señor VALENTE.- Se dice: "encontrándose apelada la sentencia;". El señor LORCA.- En la letra b), no en la letra a). El señor PABLO (Presidente accidental).- En la letra a), ¿no hay sentencia? El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente? El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Para fundar su voto? El señor HAMILTON.- No, señor Presidente, quiero referirme al artículo completo. El Honorable señor Lorca ha observado que la Sala no dispone de antecedentes completos en todos los casos. En efecto, así es. Tampoco los tuvo la Comisión. No me refiero al caso de SABA, que es de pública notoriedad y respecto del cual se ha intentado, en varias oportunidades, amnistiar a los acusados. Lo voté favorablemente en la Comisión y lo mismo haré en la Sala; pero en la Comisión me he abstenido de dar mi voto afirmativo en otros casos, por referirse a delitos de lesiones u otros a personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Con excepción del que estamos tratando, que es muy conocido, en la Comisión han faltado antecedentes más completos sobre el estado del proceso y el grado de responsabilidad que pueda caber a cada uno, porque dicho organismo ha tenido que despachar el proyecto en un lapso muy breve. El señor PABLO (Presidente accidental).- Señores Senadores, estamos en votación. ¿Habría acuerdo para abrir debate? El señor VALENTE.- No. El señor BALLESTEROS.- Si no hay debate, que se nos dé una pequeña información. El señor VALENTE.- Puede fundarse el voto. El señor PABLO (Presidente accidental).- Pueden Sus Señorías fundar el voto. El señor GARCIA.- Señor Presidente, ¿no podría abrirse debate sobre cada proceso? El señor PABLO (Presidente accidental).- Hay oposición en la Sala, y se ha cerrado el debate. El señor GUMUCIO.- ¿Me permite, señor Presidente, sólo para completar la información, no para fundar mi voto? En la Comisión, se dejaron pendientes dos de los procesos que se incluían en el Mensaje, porque en ese momento, como decía el Honorable señor Hamilton, no había suficiente información; pero se tomó el acuerdo de que, una vez que se tuvieran mayores antecedentes, los miembros de la Comisión serían consultados por el Secretario de la misma, y de que, si hubiera acuerdo de mayoría para incluir en el proyecto alguno o algunos de esos procesos, así se haría. El señor PABLO (Presidente accidental).- En votación la letra a). - (Durante la votación). El señor MONTES.- Señor Presidente, tuvimos oportunidad de estar presentes durante la discusión de este proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Allí se explicó que este proceso era suficientemente conocido tanto por los Senadores que integran la Comisión como por el Senado, toda vez que ya en- ocasión anterior aquélla y éste se habían pronunciado favorablemente sobre un proyecto de amnistía, limitado a determinados delitos de los contenidos en este proceso, los que, naturalmente, no aparecen en la iniciativa en debate, pues, como lo he dicho, aquella proposición fue acogida por esta Corporación. Votamos ahora favorablemente la letra a), porque este proceso - que ha sacudido a la opinión pública y que, desde hace varios años, viene significando para los obreros de la industria SABA un verdadera calvario, ya que han debido afrontar muchas dificultades y vivir situaciones difíciles- nos induce a estimar perfectamente justificada la idea del Ejecutivo de otorgar esta amnistía con el objeto de poner término a una situación que, en la práctica, en los hechos ya está resuelta. Voto que sí. El señor GARCÍA.- Voy a fundar mi voto, señor Presidente. Según mis recuerdos, cuando se estudió este proceso hace algún tiempo, al someterse a la consideración del Senado un proyecto de amnistía, quedó de manifiesto que estaba acreditada la existencia del delito de incendio... La señora CAMPUSANO.- No fue así, señor Senador. El señor MONTES.- No, señor. El señor GARCÍA.- Estoy hablando como abogado, basándome en los antecedentes que vi. De las declaraciones del Cuerpo de Bomberos, de la policía y de los testigos, e incluso de las explicaciones que dieron los inculpados, se dedujo que existía dentro de la fábrica todo un mecanismo para incendiarla por los cuatro costados. Más que eso: hay constancia en el proceso de que, en el momento en que avanzaba la fuerza pública para tomar la fábrica, se le dijo que, si se acercaba más, ésta sería enteramente quemada. No me opongo a que se perdone este delito y se conceda el indulto. Inclusive, acepto un indulto general, de esos que puede otorgar el Senado en uso de sus facultades. Pero conceder a esas personas la amnistía significa declarar que jamás en su vida han delinquido, que nunca han cometido ningún acto contrario a la ley: quedan exactamente igual que cualquier ciudadano que jamás haya cometido un delito. Nos parece una disposición absolutamente exagerada, y por esto los Senadores del Partido Nacional la votaremos negativamente. Es cierto -quiero dejar testimonio de ello- que este proceso lleva ya dos años; que durante su tramitación no sólo han sido encargados reos los inculpados, sino que, dada la gravedad del delito, no se les ha otorgado libertad bajo fianza. Por lo tanto, los antecedentes del proceso, que han sido juzgados por todos los tribunales, no dan mérito para que esas personas queden en igual condición futura que cualquier ciudadano que nunca haya cometido un delito. Si hubiéramos conocido el proyecto más de cerca, habríamos formulado indicación para transformar la amnistía en indulto, que también lo puede aprobar el Senado; pero sus efectos son distintos de los de la amnistía: por el indulto se perdona, se levanta la pena, pero la persona queda siempre con el antecedente de haber cometido el delito, que en este caso es de la gravedad que he señalado. Por eso, voto que no. El señor LUENGO.- Quiero decir muy pocas palabras sobre el particular. Hace algún tiempo tuvimos ocasión de conocer en el Senado un proyecto de ley que proponía amnistiar a los obreros de la fábrica SABA. Sin embargo, las cosas no son tal como las dio a conocer el Honorable señor García. En realidad, el señor Senador ha dado por sentados diversos hechos y afirmaciones que de ninguna manera nos constan ni que tampoco fueron comprobados en la Comisión cuando discutimos una anterior iniciativa legal sobre la materia. Estimo difícil que a estas alturas y con el solo recurso de la memoria, podamos decir con exactitud cuáles son los antecedentes reales del proceso que conocimos. Por mi parte, puedo afirmar que existían serias dudas sobre el particular, ya que cuando los estudiamos acababan de iniciarse los sumarios del caso; de manera que los hechos no estaban del todo esclarecidos. Sin embargo, aparecían diversas circunstancias que hacían dudar de la actuación de los empresarios de la Sociedad Wagner Stein, que construía los receptores de radio SABA. Por tales consideraciones, en esta oportunidad solo quiero manifestar que los hechos no son exactamente como los ha relatado el Honorable señor García, porque nadie podría afirmar que existió la intención de hacer arder la fábrica por sus cuatro costados. Imaginen, señores Senadores: los obreros de esa industria se ganaban la vida en ella; tenían numerosas cargas familiares; sus familias quedaban en la miseria. Entonces, ¡cómo iban a incendiar la fábrica por los cuatro costados, en circunstancias de que ello les significaba estar encarcelados durante largo tiempo y quedar cesantes y sin la posibilidad de alimentar a los suyos! Me parece que la afirmación del Honorable señor García es muy temeraria y no obedece a los antecedentes que tuvimos en cuenta oportunamente. El señor GARCÍA.- No hago afirmaciones temerarias. El señor LUENGO.- Sí, señor Senador: resulta temeraria la forma en que lo dice, porque no se puede argumentar sólo sobre la base de la memoria acerca de los hechos de que nos informaron en esa oportunidad. Incluso, tengo la certeza de que en esa ocasión un funcionario del Senado confeccionó una minuta sobre los antecedentes relativos a estos procesos, y de ninguna manera se deducía de ellos que estuviera comprobada fehacientemente la participación de los obreros de SABA en el incendio de tal industria. El tiempo transcurrido permitirá que ahora tengamos los votos suficientes para dar por terminada definitivamente una situación que, en cierto modo, está relacionada con otros procesos acerca de los cuales también trata el proyecto. Lo que el Ejecutivo pretende es que en Chile haya realmente una definitiva pacificación de los espíritus, y creo que se está logrando. Así lo establece la exposición de motivos del proyecto. El señor OCHAGAVIA.- Pregunte a la familia Baraona acerca de si está logrando la pacificación. El señor LUENGO.- Lo ocurrido a la familia Baraona no tiene nada que ver con la pacificación. Voto favorablemente esta letra. El señor FUENTEALBA.- Según mis recuerdos, hace unos seis meses - no menos- , en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia estudiamos una amnistía para los obreros de la industria SABA. En aquella oportunidad, precisamente a proposición del Senador que habla, se excluyó de tal beneficio a quienes hubieran cometido el delito de incendio, delito que efectivamente estaba acreditado y respecto del cual en esa fecha existía una investigación pendiente. Estimé entonces que, tratándose de un delito tan grave, las investigaciones debían continuar para determinar quiénes eran los inculpados. De esto hace más o menos seis meses a la fecha. Ahora bien, en el Anexo del informe de la Comisión de Constitución, donde se dan los antecedentes relativos a los procesos individualizados en el artículo 3°, al consignarse los del proceso signado con la letra a), se dice: "a) Proceso Nº 68.107, del Rol del Séptimo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago. "Corresponde a la causa incoada por los delitos de usurpación, violación de domicilio e incendio de las instalaciones de la Industria "SABA", ubicada en calle Piloto Lazo Nº 120 (Maipú), de propiedad de la Empresa Wagner Stein S. A. C.;". Cualquiera que lea tal antecedente podría imaginar que se trata pura y simplemente de personas que han cometido los delitos de usurpación, violación de domicilio e incendio de las instalaciones, y que a tales personas les estamos concediendo el beneficio de la amnistía. Sin embargo, no es así: es preciso recordar que esos obreros se encontraban en conflicto colectivo, a raíz de un pliego de peticiones presentado a los ejecutivos de la industria. Como una manera de presionar -naturalmente, ella no está establecida en la ley, pero fue así- , procedieron a tomarse la industria, para presionar - repito- al patrón y obtener la aceptación de su pliego de peticiones. De tal suerte que esos delitos de usurpación, violación de domicilio e incendio fueron, pura y simplemente, la consecuencia de un acto de trabajadores en conflicto que recurrieron a ese arbitrio como una forma de presionar al patrón para conseguir la aceptación de su pliego de peticiones. Por estos motivos, transcurridos seis meses o más desde la fecha en que vimos este asunto en la Comisión de Constitución, me parece que ahora, acogiendo el propósito del Jefe del Estado sobre esta materia y después de que esas personas han permanecido detenidas por largo tiempo con motivo de esos procesos, procede otorgar la amnistía, pues no se trata de delincuentes comunes; porque los delitos se originaron en un pliego de peticiones durante un conflicto colectivo, y porque ha transcurrido el tiempo más que suficiente para que los inculpados hayan purgado la falta que cometieron. Voto favorablemente. - Se aprueba la letra a) por 19 votos contra 6, 5 abstenciones y 1 pareo. El señor PABLO (Presidente accidental).- Corresponde votar la letra b), a cuyos antecedentes dará lectura el señor Secretario. El señor FIGUEROA (Secretario).- La letra b) del artículo 3º trata del Proceso Nº 83.476, del Rol del Sexto Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago. El informe dice al respecto: "La referida causa se sigue en contra de Julio y Abel Araya Elizalde, por hurto de vehículo motorizado; el referido automóvil habría sido utilizado en la comisión de otros delitos de motivación política. El fallo de primera instancia impuso a los reos la pena de un año de presidio menor en su grado mínimo, y accesorias legales, encontrándose apelada la sentencia;" El señor GARCÍA.- Deseo consultar qué alcance tiene la frase "el referido automóvil habría sido utilizado." ¿Sabe o no sabe la Comisión si fue utilizado? El señor FUENTEALBA.- Fue utilizado. El señor GARCÍA.- Entonces deberíamos cambiar la frase. El señor BULNES SANFUENTES.- ¿En qué delito se usó? El señor FUENTEALBA.- Entiendo que en el asalto a un banco. El señor BULNES SANFUENTES.- ¡Una "expropiación"! El señor PABLO (Presidente accidental).- En votación. - (Durante la votación). El señor PRADO.- Voté favorablemente la amnistía de que trata la letra a), porque beneficiaba a un grupo importante de obreros -veinte, treinta o más- que actuaron bajo las circunstancias de un conflicto social, donde muchas veces no hay la posibilidad de que se responsabilice moralmente a cada uno de los que intervienen en tales hechos. En definitiva, cometieron actos calificados como delitos por la ley. En un momento como el actual, creo justificado que el legislador haga una excepción en la legislación penal en ese caso particular. Debe hacerlo para todos los efectos directos o indirectos de una condena o de un proceso por esta clase de delitos; es decir, para todas las consecuencias que puedan afectar a estos obreros y ciudadanos chilenos que actuaron bajo una condición social conflictiva, dura y difícil, sobre todo cuando a muchos de ellos los pueden haber hecho participar en los acontecimientos en forma impensada. En tales circunstancias, el Parlamento excepciona la vigencia plena de la ley penal chilena. Sin embargo, no me parece que se dan las mismas circunstancias en el caso que ahora nos ocupa. Por lo mismo, quienes estamos en esta Sala, al emitir nuestro voto, debemos meditar a fondo nuestra decisión, porque ya no estamos amnistiando - no indultando- el delito cometido por un grupo de trabajadores en conflicto laboral, sino un delito común en donde hay personas individualizadas. En este caso hubo un delito común, falta que es advertida hasta por los niños más pequeños: se hurtó o robó un vehículo, el que fue utilizado con posterioridad para cometer un delito al que se le da el carácter de político. Planteamientos de ese tipo no son legítimos en Chile. Tras ese sistema hay una vía de acción política que yo rechazo en conciencia, en virtud de mis convicciones políticas y morales. No acepto en Chile un pensamiento que cree necesario buscar la vía violenta para alterar las estructuras y el ordenamiento jurídico, social y moral de Chile. No acepto esa posibilidad. Ni por la vía indirecta podría legitimar casos como éste, porque estimo absolutamente necesario desalentar en definitiva a quienes, en términos demasiado generales, afirman ajustarse estrictamente al ordenamiento democrático fundamental del país, pero que cada día, por falta de claridad en sus planteamientos, excepcionan a ciudadanos chilenos o a grupos de chilenos de las normas que rigen para los demás. No lo creo bueno tal procedimiento ni para la suerte del país ni para el proceso de cambio que vive Chile. El legislador no puede hacer la misma excepción que en el caso anterior, cuando se trata de delitos que deben ser sometidos a la ley común y condenados. En consecuencia, voto que no. El señor CHADWICK.- Pienso que toda ley de amnistía supone el reconocimiento del constituyente de que hay circunstancias muy calificadas, de carácter supra legal, que obligan al Estado a adoptar una actitud diferente de la de la ley común. En el caso de que se trata, estamos en presencia de hechos que constituyen delitos, puesto que han dado lugar a la formación de causa. El propio Ejecutivo, al promover esta iniciativa, reconoce implícitamente la existencia del delito. Pero hay circunstancias supra legales, no consignadas por el legislador común, que obligan a tomar una actitud especial." Nadie podría desconocer que estamos viviendo una época en que la violencia está reconocida como existente a través de las propias instituciones que rigen al Estado. Personalidades que pertenecen a jerarquías muy distantes de nuestro pensamiento, como sacerdotes de la Iglesia católica, son las primeras en proclamar que hay una violencia institucionalizada. Hay gente que siente esa violencia, que se alza en contra de ella y comete delitos previstos en la legislación común. Pero cuando ocurren cambios políticos y sociales y hay una nueva manera de contemplar el acontecer social, el legislador puede emplear la herramienta, que la Constitución le franquea, de otorgar amnistía. Estimo que, precisamente, después de dar en Chile este ejemplo de formación de un Gobierno Popular por las vías legales, se hace necesario extenderlo a quienes juzgan que sólo procede la rebeldía violenta en contra del orden institucional, a fin de que ellos reconozcan que también hay otra solución. Por eso, debemos darles la amnistía que el Ejecutivo, que es el responsable del orden público, propone. Me parece extraordinariamente severo y poco apropiado al tiempo que vivimos el juicio de que el delito, por estar establecido en la legislación común, debería ser excluido de la amnistía. Eso no es posible aceptarlo. Lo que se está ¡reconociendo es que hubo motivaciones de orden político que impulsaron a estas personas a infringir la ley penal, y como esa motivación corresponde a un tiempo que ha cambiado, a circunstancias que han desaparecido, ahora, juzgando el acto humano del delito, les abrimos las puertas de la amnistía. Por eso, y por estar muy convencido del acierto de la iniciativa del Ejecutivo, voto favorablemente la letra b). El señor HAMILTON.- En la Comisión me pronuncié en contra de esta letra. Ahora reafirmo mi voto. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 16 votos por la afirmativa, 16 por la negativa y 1 pareo. El señor PABLO (Presidente accidental).- Se va a repetir la votación. - Se rechaza la letra b) (18 votos contra 16 y 1 pareo). El señor FIGUEROA (Secretario).- Letra c). Proceso Nº 2.306- 69, del Rol del II Juzgado Militar de Santiago. Este proceso se sigue con motivo de los hechos ocurridos en el mes de agosto de 1969 en el interior de la "boite" "La Sirena", de Santiago. Se encuentra procesado el ex Oficial Víctor Catalán Polanco, por incumplimiento de deberes militares y daños, y el garzón de la referida "boite" Aníbal Zarate por lesiones a Catalán Polanco. La causa se encuentra elevada a plenario. El señor HAMILTON.- Tuvimos una información muy completa de parte del Honorable señor Gumucio -tal vez Su Señoría pueda repetirla- , que fue determinante para que aprobáramos la letra c). El señor PABLO (Persidente accidental).- Si le parece a la Sala, se aprobará la letra c). Aprobada. El señor FIGUEROA (Secretario).- Letra d). Proceso Nº 1.986- 70, del Rol del II Juzgado Militar de Santiago. Corresponde al proceso que se instruye en contra de Luis Orlando Moreno Flores o Pablo Wladimir Marinkovic Cáceres, en averiguación del delito de homicidio frustrado de un carabinero que pretendió detenerlo por sospechas de intentar asaltar la Sucursal Buin del Banco del Estado de Chile; además, el dictamen del señor Fiscal Militar solicita que se apliquen penas por los delitos de maltrato de obra a carabinero de servicio y falsificación de instrumento público; en este último caso, por haber sido sorprendido Moreno Flores con una cédula de identidad falsificada. El señor PABLO (Presidente).- En votación. - (Durante la votación). El señor GARCIA.- Quisiera que algún miembro de la Comisión explicara cómo puede dictarse una ley de amnistía que favorece a una persona cuyo nombre no se conoce. El señor VALENTE.- La letra d) se refiere a dos nombres, uno de los cuales corresponde al beneficiado. El señor PABLO (Presidente accidental).- Con la venia de la Sala, puede votar primero el Honorable señor Gumucio, quien desea fundar su voto. El señor GUMUCIO.- En la Comisión se acordó que los casos que quedaran pendientes por falta de antecedentes podrían ser resueltos con posterioridad sobre la base de nuevos datos que los miembros de la Comisión hicieran llegar al Secretario de la misma. Por mi parte, me preocupé de dos casos pendientes, entre ellos el que estamos discutiendo. Pedí conversar con el afectado, a quien no conocía. Se trata de un hombre muy joven, que fue detenido en una esquina cerca de la Sucursal Buin del Banco del Estado de Chile. En ese lugar fue abordado por Carabineros, por sospecha de un posible asalto a esa sucursal. Pero de ninguna manera era ésa su finalidad. El hecho es que fue detenido y se produjo un pugilato con un carabinero. Al respecto, resultó no efectiva la información dada en la Comisión en el sentido de que éste había muerto. Sólo hubo maltrato al carabinero, como lo sostiene el propio Fiscal Militar. En cuanto al nombre del afectado, puedo decir que en realidad portaba una cédula que no correspondía a su identidad. Eso es efectivo. Pero la edad del afectado y los móviles políticos por los cuales estaba en esa esquina me hacen pensar que los delitos que cometió no son de gravedad. Por eso, consideré en conciencia que podría votar favorablemente la amnistía, y así lo haré. Voto que sí. El señor HAMILTON.- Votaré en contra esta amnistía y también la dispuesta por la letra f). Ambas casos se refieren a personas que agredieron e intentaron asesinar a carabineros, y por eso estimo que no merecen el beneficio que se les propone otorgar. Sin embargo, quiero que sepa el Senado que las personas afectadas por los procesos a que me refiero fueron indultadas por el Presidente de la República. Y en el discurso en que el Primer Mandatario anunció esa medida, dijo que ninguna de esas personas había agredido o dado muerte a carabineros. - Se rechaza la letra d) (19 votos contra 14). El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para aprobar la letra e)? Aprobada. El señor FIGUEROA (Secretario).- Letra f). El señor PABLO (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se rechazará con la misma votación anterior. El señor MONTES.- No, señor Presidente. El señor PABLO (Presidente accidental).- En votación. - (Durante la votación). El señor MONTES.- Aun cuando no aparecen claramente especificados en el informe los antecedentes que tuvo en vista la Comisión para aprobar esta letra, puedo decir que ella se refiere a un conflicto colectivo de campesinos ocurrido antes del 4 de septiembre de 1970 -el 15 de mayo de 1968- , derivado de una toma de terrenos por parte de mapuches. En todo caso, no se dice en el informe cuál fue exactamente la situación que se produjo y en qué lugar ocurrió. Siendo 24 el total de los procesados por esta causa se estimó conveniente aprobar la amnistía que los beneficiaba, toda vez que se trata de un caso distinto de otros cuestionados por algunos señores Senadores. Por esta razón general, estamos de acuerdo en aprobar la letra f). Repito: se trata de hechos ocurridos durante un conflicto aboral, no de alguna situación cuestionada por los miembros de la Comisión. Además, las explicaciones del abogado del Gobierno produjeron consenso -si mal no recuerdo- en la Comisión para aprobar la letra e). Voto que sí. - Se rechaza la letra f) (17 votos contra 16 y 1 pareo). El señor FIGUEROA (Secretario).- Letra g), proceso Nº 11- 70, del Rol del IV Juzgado Militar de Valdivia. El proceso se sustancia ante el Fiscal de Carabineros de Puerto Montt, en contra de Ciro Pacheco Moreira, por maltrato de obra a Carabineros y robo de armamento fiscal. El proceso fue sobreseído definitivamente respecto del reo Carlos Cárcamo Clement, el día 12 de enero de 1971, en virtud del decreto de indulto fechado el 18- de diciembre de 1970. Causa en estado de sumario. El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para proceder conforme a lo resuelto en la letra anterior; o sea, para rechazar la letra g), con la misma votación? El señor LUENGO.- Que se vote. El señor MONTES.- Que se vote. El señor HAMILTON.- Votemos, entonces. El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿Para qué perdemos el tiempo? El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Piden votación Sus Señorías? El señor MONTES.- Sí, que se vote. El señor PABLO (Presidente accidental).- En votación. - (Durante la votación). El señor GUMUCIO- ¿Me permite, señor Presidente? Quiero tan sólo decir breves palabras para precisar los casos, si es que algún señor Senador desea establecer distingos entre uno y otro rechazo. En la Comisión ya tuve oportunidad de explicar en qué consiste este proceso: se trata de un grupo de muchachos de Puerto Montt, quienes fueron detenidos por Carabineros en circunstancias de que pasaban frente a un retén a altas horas de la noche. Las personas en referencia fueron trasladadas al retén y apaleadas en el interior del mismo. Mientras eran maltratadas, una de ellas sacó un revólver, disparó e hirió a un carabinero. Sus Señorías pueden reírse. Yo tengo un criterio distinto al respecto y, en cierto modo, siento que tengo una obligación de humanidad. No me considero una vestal que condena a todo el mundo. Creo que los señores Senadores también debieran tener cuidado, pues igualmente pueden ser víctimas de un juicio injusto y necesitar perdón. El señor LUENGO.- A lo mejor, de un juicio justo. El señor GUMUCIO.- Precisamente, hay un señor Senador que invariablemente ha votado en contra de la amnistía, y está procesado. En realidad, los alcances del incidente no fueron otros que los que ya expliqué. El señor OCHAGAVIA.- ¿Quién está procesado? El señor GUMUCIO.- El Honorable señor Morales, que invariablemente ha votado en contra de todos los casos que consigna esta amnistía. , El señor MORALES ADRIASOLA.- ¡No sea ignorante! El señor GUMUCIO.- ¿No está procesado? El señor DURAN.- No lo está. El señor MORALES ADRIASOLA.- ¡No sea ignorante! El señor DURAN.- Hubo una petición de desafuero, que la Corte Suprema rechazó. El señor GUMUCIO.- Pero sigue el juicio. El señor MORALES ADRIASOLA.- Es muy distinto hablar del agrado que Su Señoría hubiera experimentado en caso contrario. El señor GUMUCIO.- El asunto, repito, no tiene otro alcance que el que ya hice presente. Por lo tanto, votaré favorablemente la letra que estamos discutiendo. El señor HAMILTON.- ¿Me permite, señor Presidente? A propósito de las palabras del Honorable señor Gumucio, quiero decir simplemente que hemos aprobado unas y rechazado otras de las amnistías propuestas en virtud de las razones dadas por diversos señores Senadores. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: por la afirmativa, 17 votos; por la negativa, 17 votos, y 2 pareos. El señor PABLO (Presidente accidental).- Corresponde repetir la votación. - Se aprueba la letra g) (20 votos contra 13, 1 abstención y 1 pareo). El señor FIGUEROA (Secretario).- Letra h), proceso Nº 12- 66, del Rol del Primer Juzgado Militar de Antofagasta. Esta causa se inició el 13 de marzo de 1966, ante Fiscalía ad hoc, en averiguación de los sucesos ocurridos en el mineral El Salvador el día 12 de dichos mes y año. En el proceso, que se encuentra actualmente en estado de sumario, a fin de practicar diligencias para mejor resolver, dispuestas por la Corte Marcial, no hay reos y, primitivamente, se dictó sobreseimiento en la causa. El señor PABLO (Presidente accidental).- La verdad es que la Mesa tiene dudas respecto de la amnistía que se otorga cuando no hay reo. El señor HAMILTON.- La amnistía sería para quienes pudieran tener responsabilidad. El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para aprobar la letra h)? El señor OCHAGAVIA.- Creo que la aclaración de la Mesa es muy importante. El señor GARCIA.- Señor Presidente, yo entiendo que en el caso de amnistía por delitos cuyos autores no se conocen, se tiene que sobreseer en el proceso por la denuncia que se hizo, cualesquiera que sean las personas que ahora o más tarde pudieran aparecer implicadas. Por eso, a mi juicio, la amnistía tiene valor. El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para aprobar la letra h)? Aprobada. El señor FIGUEROA (Secretario).- "Artículo 4º- La amnistía que otorgan los artículos 1º y 3º de esta ley, no favorecerá a ninguna persona inculpada o procesada o que pudiere resultar implicada, a cualquier título, en las causas Nºs 2.446- 70 y 2.464- 70, del Segundo Juzgado Militar de Santiago, que se instruyen por homicidio en la persona del General de Ejército señor Rene Schneider Chereau e infracción a la Ley de Seguridad del Estado, ni aun en el caso que los hechos hubieren tenido lugar con anterioridad al 4 de septiembre de 1970. "Dicha amnistía tampoco favorecerá a quienes con posterioridad al 3 de septiembre de 1970 y hasta la fecha de vigencia de la presente ley, hubieren delinquido nuevamente." El señor PABLO (Presidente accidental).- En discusión. Ofrezco la palabra. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, en la Comisión hubo acuerdo unánime respecto de este artículo, y me parece que también debe haberlo aquí en la Sala. - Se aprueba el artículo, y queda terminada la discusión del proyecto. TRANSFERENCIA GRATUITA DE VIVIENDA A DOÑA ANA MILLALONCO. El señor FIGUEROA (Secretario).- En virtud de un acuerdo de los Comités, corresponde tratar, en los últimos diez minutos del Orden del Día, en primer lugar, el proyecto, iniciado en moción del Honorable señor Hamilton, que dispone la transferencia gratuita de una vivienda a doña Ana Millalonco. Esta iniciativa ha sido informada por las Comisiones de Obras Públicas y de Asuntos de Gracia. - Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción del señor Hamilton): En primer trámite, sesión 56ª, en 20' de abril de 1971. Informe de Comisión: Obras Públicas, sesión 63ª, en 4 de mayo de 1971. - Se aprueba en general y particular el proyecto. PROMULGACIONDELESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, y en virtud también de un acuerdo de Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en quinto trámite constitucional, que faculta al Presidente de la República para promulgar el Estatuto de la Universidad de Chile, aprobado por el Congreso Universitario. La Cámara ha insistido en la aprobación de las enmiendas que introdujo al proyecto, que se refieren al artículo 2º, y que el Senado rechazó en el tercer trámite. En su encabezamiento, ha sustituido la frase "como artículo 5° del referido Estatuto, el siguiente:" por la que sigue: "como artículos 5° y 15 transitorio del referido Estatuto, los siguientes:". A continuación del referido artículo 5°, ha agregado el siguiente artículo 15 transitorio al Estatuto de la Universidad de Chile: "Artículo 15.- La Universidad de Chile aceptará la entrada a ella a todas aquellas personas que cuenten con su título de Bachiller, para lo cual en un plazo no superior a treinta días, a contar desde su publicación en el Diario Oficial, el Consejo Superior deberá confeccionar una tabla de equivalencia que relacione el puntaje del Bachillerato con el puntaje de la actual Prueba de Aptitud Académica, como igualmente, en el mismo plazo, se indicarán las carreras a las cuales podrán optar las diferentes asignaturas del Bachillerato.". - Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer trámite, sesión 52ª, en 15 de septiembre de 1970. En tercer trámite, sesión 53ª, en 7 de abril de 1971. Informe de Comisión: Educación Pública, sesión 4ª, en 25 de noviembre de 1970. Discusión: Sesiones 8ª, en martes 22 de diciembre de 1970; 12ª, en miércoles 23 de diciembre de 1970 (se aprueba en general y particular); 54ª, en 13 de abril de 1971 (se despacha en tercer trámite). El señor PABLO (Presidente accidental).- En discusión. Ofrezco la palabra. La señora CAMPUSANO.- ¿Me permite, señor Presidente? Sólo deseo formular una pregunta: ¿se trata de dos modificaciones? El señor FIGUEROA (Secretario).- La enmienda es una sola y comprende dos aspectos: uno se refiere a la redacción, y el otro, a la adición de un artículo nuevo. El señor GARCÍA.- Deseo hacer una aclaración, porque no entendí claramente la relación que hizo el señor Secretario. La Cámara de Diputados insistió en agregar el artículo 15, de modo que en este quinto trámite debemos pronunciarnos en contra de la insistencia, o sea, por la supresión del artículo, o bien por mantenerlo. Este es el problema. Teóricamente, pienso que si la Universidad tiene en vigencia un determinado sistema de calificaciones para el ingreso a ella, resulta contraproducente dar validez, simultáneamente, a otro sistema, basado en otro tipo de calificaciones, como lo fue en su oportunidad el bachillerato. Opino que adoptar una medida de esta índole sólo contribuye a crear confusión. Sin embargo, cuando este asunto se discutió en su tercer trámite en el Senado, se hizo presente que muchas personas que lograron excelentes puntajes en las pruebas del bachillerato y que por razones económicas o por problemas de índole familiar en ese momento no pudieron ingresar a la Universidad, si hoy desean hacerlo, se encuentran con que ese antecedente de nada les vale. Esas personas me han pedido recalcar que el artículo no dispone el ingreso a la educación superior de quienes aprobaron el bachillerato, sino que encomienda a la Universidad de Chile relacionar el puntaje de esa prueba con el de la aptitud académica. En otras palabras, significa posibilitar el ingreso a la universidad a quienes aprobaron el bachillerato con alto puntaje. Por tales razones, rectificaré la posición que mantuve en el tercer trámite de la iniciativa y aprobaré el criterio de la Cámara. El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo unánime para seguir el predicamento de la Cámara de Diputados? El señor MONTES.- No, señor Presidente. El señor LORCA.- Me agradaría oír las razones que mueven a los señores Senadores comunistas a oponerse al criterio hecho presente por la Cámara en más de una oportunidad, en el sentido de aceptar el bachillerato para los efectos de ingresar a la universidad. Siempre hemos escuchado hablar de la universidad para todos, de que todos deben poder llegar a los establecimientos de enseñanza superior. Sin embargo, a quienes aprobaron el bachillerato con alto puntaje y desean ingresar a la universidad se pretende imponer la exigencia de rendir un nuevo examen de admisión. La verdad es que en el tercer trámite acogí el criterio del Senado. Pero ahora, después de escuchar las expresiones del Honorable señor García y lo que han sostenido personas afectadas por esta situación, aprobaré el predicamento de la Cámara. En virtud de las modificaciones que introdujo esa rama del Parlamento, se faculta al Consejo Superior de la Universidad de Chile para elaborar una tabla de equivalencia que relacione el puntaje del bachillerato con el de la prueba de aptitud académica. Como dije denantes, a menudo se habla de la universidad para todos. Sin embargo, ahora que hemos querido legislar en la forma señalada, acogiendo el criterio de la gente moderna de la Cámara, de la gente de avanzada social -la insistencia en el criterio de esa Corporación se aprobó por unanimidad; o sea, concordaron en este aspecto comunistas, socialistas, democratacristianos, radicales y todos los representantes de los diversos partidos- , los "viejos" del Senado, al parecer, desean evitar que quienes poseen bachillerato ingresen a la universidad. El señor MONTES.- Señor Presidente, en el tercer trámite del proyecto en debate el Senado, por unanimidad, acordó rechazar la proposición de la Cámara de Diputados. En el cuarto trámite, esa rama del Congreso insistió unánimemente en su criterio. Y se produjo esta situación contradictoria. Recuerdo que durante el tercer trámite, el señor Secretario del Senado leyó una comunicación mediante la cual la Rectoría de la Universidad de Chile explicaba los motivos por los cuales ese establecimiento de enseñanza superior estimaba impracticable el sistema que propuso la Cámara de facultar al Consejo Superior para elaborar una tabla de equivalencia que relacione el puntaje del bachillerato con el de la prueba de aptitud académica, considerando sobre todo que ambas pruebas tienen significaciones cualitativas distintas y que, desde el punto de vista académico, técnico, científico, no existe posibilidad real de establecer esa tabla de equivalencia. Si la Mesa tiene el documento a mano, convendría leerlo, a fin de ilustrar a Sus Señorías y para señalar por qué en aquella ocasión la unanimidad del Senado acogió la solicitud que hizo la Universidad de Chile. Además, hubo un segundo argumento: la autonomía de la universidad, en el plano académico, para resolver este tipo de problemas. Los señores Rector y Secretario General de la 'Universidad de Chile -entiendo que ellos firmaban la comunicación- expresaban que esto debía ser objeto de una decisión privativa de la universidad, en cuanto a su función académica, y que, a su juicio, la disposición contenida en un proyecto de esta naturaleza no sólo violaría dicho principio, sino que dificultaría las decisiones de índole académica de ese plantel de enseñanza superior. Por ello solicitaban al Senado rechazar la proposición de la Cámara, para permitir al Consejo Superior y a los organismos pertinentes estudiar el problema planteado y resolver respecto de él en la medida en que fuera posible. Por tales razones, los Senadores comunistas estimamos equivocado el criterio de la Cámara. Preferimos que no sea la ley la que establezca las obligaciones que, en el plano académico, debe cumplir la universidad, sino que sea ésta quien resuelva, en virtud de su autonomía académica, los problemas de la naturaleza del que nos ocupa. Si hoy aprobáramos una disposición similar a la que debatimos y en lo futuro hiciéramos lo mismo respecto de otras, ello envolvería el peligro de que, mediante disposiciones legales dictadas en el Parlamento, entráramos a reglar, según nos pareciera, la vida académica o cualquier otro aspecto de las universidades. Rechazamos ese criterio, y, por este motivo fundamental, estamos en contra, no de la solución del problema planteada en el artículo, sino de la forma en que ella se aborda: mediante un precepto legal que ordena a la universidad proceder en determinado sentido. Nos parece que esto debe entregarse a la decisión final del referido plantel universitario. Por tales razones, los Senadores comunistas rechazamos el criterio de la Camaina. El señor FONCEA.- Señor Presidente, como manifestó el Honorable señor Montes, durante el tercer trámite del proyecto, el señor Secretario del Senado dio cuenta de una comunicación en que la Universidad de Chile señalaba sus fundamentos para oponerse al artículo en debate. En la página 7 de la Cuenta de hoy figura una comunicación del señor Vicerrector de esa universidad, mediante la cual formula alcances al proyecto de ley que faculta al Presidente de la República para promulgar el Estatuto de dicha casa de estudios, aprobado por el Congreso Universitario. Esto significaría que la universidad insiste en su nota primitiva. Me agradaría conocer el texto de la comunicación a que me referí. El señor PABLO (Presidente accidental).- El documento es muy largo. ¿Su Señoría solicita leerlo? El señor LORCA.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor GARCIA.- ¿A qué hora termina el Orden del Día, señor Presidente? El señor PABLO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor Lorca. El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿A qué hora termina el Orden del Día, señor Presidente? El señor PABLO (Presidente accidental).- Hay acuerdo de Comités para prorrogarlo hasta el despacho del proyecto en debate, señor Senador. El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¡No, señor Presidente! Me parece que el Orden del Día terminó. El señor PABLO (Presidente accidental).- Existe acuerdo de Comités para despachar determinadas iniciativas. El señor AGUIRRE DOOLAN.- En los últimos diez minutos del Orden del Día, señor Presidente, y ese tiempo ya transcurrió. El señor GARCÍA.- El Honorable señor Aguirre Doolan tiene razón. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Pido a la Mesa respetar la hora. El señor BULNES SANFUENTES.- El Orden del Día ya terminó. El señor GARCIA.- ¿Qué dice el acuerdo de Comités? El señor PABLO (Presidente accidental).- En realidad, el acuerdo de Comités es para destinar los últimos diez minutos del Orden del Día al despacho de ciertas iniciativas. Por lo tanto, procede poner en votación el artículo. El señor GUMUCIO.- El acuerdo de Comités es para despachar determinados proyectos, señor Presidente. El señor PABLO (Presidente accidental).- El Honorable señor Aguirre Doolan hizo cuestión respecto de la hora, pues el Orden del Día terminó. ¿Habría acuerdo para seguir discutiendo el proyecto que ocupa a la Sala? El señor AGUIRRE DOOLAN.- Sugiero que el Senado se pronuncie de inmediato, sin fundamento de voto. El señor SILVA ULLOA.- Que se vote. El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo para votar sin fundamento de voto? El señor LORCA.- No, señor Presidente. El señor PABLO (Presidente accidental).- En votación. - (Durante la votación). El señor PABLO (Presidente accidental).- Solicito el asentimiento de la Sala para que pueda fundar su voto en primer lugar el Honorable señor Lorca. Acordado. El señor LORCA.- Señor Presidente, confieso que las razones dadas por el Honorable señor Montes me inducen a insistir en que el mejor criterio es el de la Cámara. No creo que en modo alguno se haya pretendido ofender al Consejo Superior de la Universidad de Chile. Se piensa que en él está la gente más talentosa, capaz, eficiente e inteligente. Por lo tanto, es inadmisible suponer que se pueda "ahogar" al confeccionar una tabla de equivalencia como la señalada en el curso del debate. Me parece que, en cierto sentido, es síntoma de aburguesamiento de ese Consejo, porque se trata simplemente de un trabajo que puede hacer cualquier persona. El argumento que se aduce para sustentar la posición de la Universidad es la imposibilidad de llevar a cabo dicha tarea. A mi juicio, ése es el único argumento que no debió dar la referida casa de estudios, porque, como dije, en el citado Consejo se encuentra la gente más capacitada. Además, me mueve a insistir en mi criterio la alusión del Honorable señor Montes a la invasión de la autonomía universitaria, tema que podría ser objeto de largo debate. Creo que no podemos coartar al Parlamento la posibilidad de legislar sobre cualquier asunto. Considero inadmisible que respecto de esta materia –de tan poca importancia para la universidad, pero tan trascendental para quienes aprobaron el bachillerato- no podamos decir nada, ni siquiera encomendar una tarea al Consejo Superior. A mi juicio, es erróneo considerar que la aprobación de un precepto de tal naturaleza implique atropellar la autonomía universitaria. Por eso, participo del criterio de los Diputados comunistas, socialistas, radicales, democratacristianos, mapucistas y de todos los partidos. Me sumo a la posición que sustentan los parlamentarios jóvenes. No concuerdo con el predicamento de los Senadores comunistas, quienes, al parecer, en esta oportunidad discrepan de la opinión de los Diputados de esa tendencia. No pretendo molestar a nadie; no se trata de un problema de imperialismo ni de algo por el estilo. Tan sólo insisto en que hay diferencia entre los jóvenes Diputados del Partido Comunista y los viejos Senadores de esa colectividad. Voto por el criterio de la Cámara. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, aprobaré el predicamento del Senado, la posición de los "viejos", por una razón muy simple: cuando mediante una ley se suprimió el bachillerato, se dispuso que las universidades realizarían anualmente lo que se llama "prueba de aptitud académica". En consecuencia, los alumnos que por cualquier causa no ingresan en un período, pueden hacerlo en el siguiente, para lo cual deben rendir un nuevo examen. No se trata de una norma permanente. Por eso, la universidad considera que el ingreso a sus aulas debe hacerse en esa forma y no sobre la base del título de bachiller, ya que, como es indudable, se crearía una situación de privilegio para el que tuviese dicho título. Ese es el sistema de la Universidad de Chile. La Universidad Técnica del Estado no opera así, ya que para el ingreso a ella sólo toma en consideración los puntos obtenidos por los alumnos en los últimos años de humanidades. Tiene un criterio selectivo distinto, que puede ser bastante bueno para aquilatar lo que verdaderamente ha estudiado el alumno en los últimos años de la enseñanza media. Por las razones expuestas, voto por el criterio del Senado. El señor FONCEA.- No sé si las comunicaciones que se envían al Congreso, y de las cuales se da cuenta, son secretas o confidenciales, porque fui muy claro al decir que en la Cuenta de hoy se alude a una comunicación del Vicerrector de la Universidad de Chile sobre este proyecto, y pedí que se le diera lectura, lo que no se hizo. O sea, nosotros, a conciencia, queremos votar sin tener conocimiento cabal sobre la materia. Considero que la comunicación mencionada tiene relación con el proyecto que estamos tratando, y por ello pedí que se leyera. Cualquier parlamentario tiene derecho a formular peticiones de esta índole. Inclusive, algunos solicitan las aberraciones más grandes, e inmediatamente la Mesa las aprueba. Yo tengo derecho, de vez en cuando, a formular estas peticiones. En señal de protesta por no haberse dado lectura al documento que solicité, no voy a votar, y pido que el señor Secretario me envíe la comunicación. El señor PABLO (Presidente accidental).- Señor Senador, la Mesa desea hacerle presente lo siguiente: se iba a dar lectura a la comunicación cuando sobrevino la discusión sobre el término del Orden del Día. Por eso no se leyó. El oficio de la Universidad insiste en los puntos de vista que ella había manifestado con anterioridad. El señor GARCIA.- Espero que los señores Senadores habrán comprendido las razones que di en el sentido de que el problema radica en establecer una equivalencia entre el bachillerato y el actual examen de admisión de las universidades. Es evidente que se puede establecer esta equivalencia. Puede no ser perfecta, y, por último, podría darse la posibilidad de ingresar a la universidad a aquellos que obtuvieron muy buenas notas en el bachillerato; es decir, fijar una equivalencia para la parte más selecta de los que rindieron esa prueba. En cuanto a la autonomía universitaria, no olvidemos que en estos momentos estamos legislando sobre la totalidad del Estatuto, sobre las funciones de la Universidad, el nombramiento del personal, las cualidades que debe poseer, etcétera. Incluso, se interviene hasta en la edad de los académicos. De manera que introducir en el proyecto un artículo más o un artículo menos no significa, a mi juicio, atentar contra la autonomía universitaria. Se trata del momento en que se pone en marcha el nuevo Estatuto, y al ponerlo en marcha el Congreso da las normas por las cuales se regirá de ahora en adelante la Universidad. Por lo anterior, voto por el criterio de la Cámara. El señor CHADWICK.- En mi concepto, la modificación introducida por la Cámara importa en el fondo hacer revivir el bachillerato, el cual se suprimió con muy buenas razones. Desde luego, se buscaba una prueba que no midiera tanto los conocimientos, sino el grado de madurez del postulante a ingresar a la universidad. Por lo tanto, se han seguido métodos completamente distintos. De ahí nace la dificultad de establecer la equivalencia, y eso justifica la resistencia del Consejo Universitario a aceptar la idea patrocinada por la Cámara. Por ello, estoy en contra del criterio de esta última. Pienso que, además, hay una razón que debe señalarse: la prueba de aptitud académica ha resultado un éxito, porque experimentalmente se ha podido comprobar en el transcurso de los años universitarios que los postulantes que obtienen altos puntajes en la prueba de aptitud académica son efectivamente muy buenos alumnos. Volver atrás -porque ahora se trata de revivir la prueba de bachillerato, dándole la posibilidad de que sirva para ingresar a la Universidad- presenta la dificultad de que la prueba de aptitud académica es un examen de madurez, de criterio, y no tanto de conocimientos. En el bachillerato se medía más bien la capacidad del alumno de retener y repetir los conocimientos que se le habían inculcado en la educación secundaria. Hoy día la universidad ha comprobado que ese sistema debe desecharse, que no debe admitirse para el efecto de la matrícula. Considero que no se puede estar en contra de la decisión que adoptó el Consejo Universitario y que hace presente el Vicerrector de la Universidad. Por eso, estoy por el criterio del Senado y en contra del de la Cámara. - El Senado no insiste (15 votos por la no insistencia, 14 por la insistencia y 3 pareos), y queda terminada la discusión del proyecto. CREACIÓN DE LA JUNTA DE DESARROLLO INDUSTRIAL EN BIOBIO, MALLECO Y CAUTÍN. REAPERTURA DEL DEBATE. El señor FIGUEROA (Secretario).- Hay una indicación para reabrir debate en el proyecto, aprobado por el Senado, que crea la Junta de Desarrollo Industrial en Biobío, Malleco y Cautín, que ha sido apoyada por todos los Comités, quienes acordaron, además,... El señor JULIET.- Pero para el solo efecto de votarla. El señor FIGUEROA (Secretario).- ...votar al término de la sesión de hoy la indicación del Honorable señor Fuen- tealba que agrega un artículo nuevo al mismo proyecto. El señor BULNES SANFUENTES.- ¿Al término de la sesión de hoy? El señor PABLO (Presidente accidental).- En verdad, el Honorable señor Fuentealba presentó una indicación, en conformidad al artículo 171 del Reglamen to, para reabrir debate sobre el proyecto de ley que crea la Junta de Desarrollo Industrial en Bío- Bío, Malleco y Cautín, la cual, en virtud del mismo precepto legal, se iba a tratar en el Tiempo de Votaciones de esta sesión. En efecto, de acuerdo con el Reglamento, dicha indicación debe tratarse en el Tiempo de Votaciones de primera hora de la sesión ordinaria siguiente, y ni aun por la unanimidad de los presentes puede considerarse en otra ocasión. En realidad, la Mesa entiende que la disposición reglamentaria obedece al propósito de no tomar a nadie por sorpresa al reabrirse el debate, y la Mesa cumplió con la obligación de colocar la indicación en el Tiempo de Votaciones. Sin perjuicio de que para este efecto se requiere el asentimiento unánime de los señores Senadores presentes, la Mesa tramitó un acuerdo con los distintos Comités a fin de discutir exclusivamente la indicación formulada por el Honorable señor Fuentealba y, tengo entendido, por el Honorable señor Duran. En virtud de ello, se logró el acuerdo de los Comités. El Senador que patrocina la indicación tiene interés en que se despache hoy, por tener urgencia su tramitación en la Cámara. Por tales razones, el acuerdo de los Comités autoriza reabrir el debate para el solo efecto de conocer y votar la indicación. El señor JULIET.- No, señor Presidente: sólo para votarla. Conocer es otra cosa. El señor PABLO (Presidente accidental).- Para votarla. El señor BULNES SANFUENTES.- Pero no al término de la sesión, como leyó el señor Secretario, porque ello implicaría votarla después de la hora de Incidentes. El señor PABLO (Presidente accidental).- Al término del Orden del Día; es decir, para votar de inmediato. Si le parece a la Sala, así se procederá. Acordado. El señor FIGUEROA (Secretario).La indicación del Honorable señor Fuentealba consiste en agregar el siguiente artículo: "En caso que por exigirlo el interés nacional la ley modificare o extinguiere las franquicias que el Presidente de la República hubiere otorgado a las personas naturales o jurídicas que efectuaren inversiones en actividades económicas productivas en Biobío, Malleco y Cautín, de conformidad al artículo 26 de esta ley, se compensará el perjuicio que esa modificación o extinción ocasionare dándose la facultad al inversionista de transferir la empresa afectada a la Corporación de Fomento de la Producción la que deberá pagar al contado, en moneda corriente o en dólares, según se tratare de inversiones nacionales o extranjeras, la diferencia existente entre su activo, tasado de acuerdo a valores comerciales y su pasivo, excluidos su capital y reservas." La indicación también la firma el Honorable señor Duran. El señor PABLO (Presidente accidental).- En votación. - (Durante la votación). El señor PABLO (Presidente accidental).- Con la venia de la Sala, puede votar en primer término el Honorable señor Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Lamento profundamente no haber podido participar en la discusión general de este proyecto, que se refiere a la zona que tengo el honor de representar en el Senado. Ello se debió a una circunstancia desgraciada que me privó de hacer uso del derecho de intervenir y de formular algunas observaciones a la iniciativa en general, y referirme en particular a la indicación recién leída. Cuando se conoció este proyecto, todos los sectores políticos de Biobío, Malleco y Cautín, sin diferencia alguna, sin exclusión de nadie, le prestamos nuestro apoyo. Personalmente, tuve el agrado de asistir a una conferencia que dictó sobre el particular el Honorable señor Baltra en la sede de Temuco de la Universidad de Chile. De manera que no he tenido el propósito de obstaculizar el despacho de esta iniciativa. Como no tengo tiempo para referirme a todo el proyecto en general, lo haré tan solo respecto de la indicación que se acaba de leer. La iniciativa del Honorable señor Baltra opera, primero, sobre la base de destinar determinados fondos para las finalidades consignadas en ella, en las provincias de Biobío, Malleco y Cautín. En segundo lugar, se funda en la concesión de una serie de franquicias y exenciones tributarias para los inversionistas e industriales que se instalen en esas provincias, las que pueden ser otorgadas por el Presidente de la República hasta por un plazo de 20 años. Pues bien, en la reforma constitucional que se despacha en estos días en el Congreso Nacional y que se refiere a la nacionalización del cobre, se estableció una disposición, aprobada ya por ambas ramas del Parlamento, que va a convertirse en texto constitucional, que dice lo siguiente: "En los casos en que el Estado o sus organismos hayan celebrado o celebren con la debida autorización o aprobación de la ley, contratos o convenciones de cualquier clase en que se comprometan a mantener en favor de particulares determinados regímenes legales de excepción o tratamientos administrativos especiales, éstos podrán ser modificados o extinguidos por la ley cuando lo exija el interés nacional." Conforme a esta disposición, en lo sucesivo no cabrá invocar la doctrina de los derechos adquiridos respecto de las franquicias o exenciones que el legislador pueda haber otorgado, porque la Constitución Política dirá en el futuro que ellas podrán dejarse sin efecto en virtud de una ley. En consecuencia, las franquicias que el proyecto otorga hasta por 20 años a los industriales que se establezcan en las provincias de Biobío, Malleco y Cautín, podrán ser dejadas sin efecto, después de concedidas, por una ley que se base en esa disposición constitucional que contó con la aprobación unánime de todos los sectores. Por eso, nos ha parecido que el proyecto que crea el Instituto para el Desarrollo Industrial de Biobío, Malleco y Cautín, tal cual está concebido, resultaría inoperante. Para evitarlo, acogiéndonos a otra disposición constitucional que agregó la Cámara para complementar la que acabo de leer, según la cual "en casos calificados, cuando se produzca como consecuencia de la aplicación del inciso anterior, un perjuicio directo, actual y efectivo, la ley podrá disponer una compensación a los afectados", hemos propuesto la moción en debate. En virtud de ella, los industriales que se hubieren instalado en dichas provincias al amparo de determinadas franquicias y exenciones tendrán derecho a una indemnización en la forma que señala nuestra moción en caso de que el legislador estime conveniente dejar sin efecto tales privilegios. Aún más, no se trata propiamente de una indemnización, sino del derecho de esos industriales, en casos de verse afectados por una ley que los despoje de las exenciones, franquicias y beneficios que se les concedieron al instalarse, de vender su industria a la Corporación de Fomento, la cual deberá comprársela en la forma que se expresa en la indicación. Este es el objeto de la idea que proponemos el Honorable señor Duran y el Senador que habla, a fin de hacer más operante el proyecto mencionado. El señor PABLO (Presidente accidental).- Terminó su tiempo, señor Senador. El señor FUENTEALBA.- Termino la idea de inmediato, señor Presidente. El señor PABLO (Presidente accidental).- Con la venia de la Sala, puede continuar. El señor FUENTEALBA.- De no acogerse nuestra proposición, la iniciativa quedaría reducida a una simple destinación de fondos del Presupuesto Nacional a determinada zona. En ese caso no se justificaría la creación de un organismo como el Instituto para el Desarrollo de Biobío, Malleco y Cautín, pues tales fondos podrían ser administrados por una oficina del Estado, sin necesidad de crear una nueva institución burocrática. Este es -repito- el alcance de la indicación. Constreñido por el acuerdo que se acaba de leer, que me obliga a referirme sólo a ella, debo limitarme a solicitar al Honorable Senado que dé su aprobación al precepto que propuse junto con el Honorable señor Duran. El señor PABLO (Presidente accidental).- Solicito autorización de la Sala para permitir al Honorable señor Luengo fundar su voto de inmediato. Tiene la palabra, señor Senador. El señor LUENGO.- Quisiera empezar por manifestar que también deploro el hecho de que este proyecto de ley no se haya podido discutir en forma amplia en una sesión del Senado. En primer término, relataré exactamente cómo se aprobó la iniciativa. El proyecto estaba en tabla en la sesión del martes pasado. Todos entendíamos que se discutiría minuciosamente. Así lo habíamos conversado, incluso, con el propio autor de la moción, el Honorable señor Baltra. Cuando faltaban muy pocos minutos para el término del Orden del Día, debí ausentarme de la Sala para asistir a una reunión a que me citó el Ministro de Justicia a fin de discutir las primeras bases de un proyecto de reforma constitucional que estudia el Gobierno. Como estaba por terminar el Orden del Día, estimé que de manera alguna se alcanzaría a tratar el proyecto. Aún más, pensé que, en el caso de que se comenzara su estudio, la discusión debería quedar pendiente para el día siguiente, ya que, como digo, la iniciativa requería estudio y explicaciones. Sin embargo, la tabla se despachó más rápidamente de lo que imaginé, y el proyecto se trató mientras yo estaba en la mencionada reunión en el Ministerio de Justicia. En consecuencia, no tuve ocasión de intervenir en el debate ni de referirme a la situación que viven las provincias de Biobío, Malleco y Cautín, particularmente la de Malleco, que es una de las más pobres de Chile y donde es necesario impulsar en alguna forma la creación de nuevas industrias, es decir, de nuevas fuentes de trabajo para los numerosos cesantes de la región. De hecho, el proyecto está aprobado, porque la reapertura del debate se aceptó sólo para los efectos de votar la indicación del Honorable señor Fuentealba, sin la posibilidad de entrar a un debate amplio, a tratar algunas indicaciones que tal vez habrían servido para mejorar la iniciativa. He querido decir estas palabras en esta oportunidad para dejar expresamente establecido que, por mi parte, no ha existido despreocupación acerca de este proyecto. Por el contrario, he tenido mucho interés en él, porque lo considero una buena iniciativa y porque creo que significará un adelanto importante en materias económicas, en la industrialización y creación de nuevas fuentes de trabajo, tan necesarias en la zona que tengo el honor de representar en el Senado. En cuanto a la indicación del Honorable señor Fuentealba, en esta ocasión no lo acompañaré con mi voto, porque, a mi juicio, será el Ejecutivo quien tendrá en definitiva la última palabra. Hemos aprobado un proyecto de reforma constitucional, al cual ha hecho mención el señor Senador, y no quisiera otorgar mi asentimiento a una disposición legal que en alguna forma pudiera estar en contradicción con el criterio que hemos mantenido al aprobar esa enmienda de nuestra Carta Fundamental. El señor FUENTEALBA.- No la contradice, sino que la aplica, señor Senador. El seño LUENGO.- Yo no lo considero así, Honorable colega. Por desgracia, no tengo el tiempo suficiente para explicarlo, pero creo que, en cierto modo, la indicación modifica el proyecto de reforma constitucional. Sin embargo, aun cuando no fuera así, será la Constitución la que prevalecerá. El Ejecutivo tendrá oportunidad de estudiar la iniciativa en debate y de manifestar su opinión al respecto. Por estas razones, votaré en contra de la indicación del Honorable señor Fuentealba. El señor VALENTE.- Nosotros somos y fuimos partidarios del proyecto que crea el Instituto para el Desarrollo Industrial de las provincias de Biobío, Malleco y Cautín. Lo considero una iniciativa de mucha importancia y de gran trascendencia para la zona, porque será un vehículo de real progreso para ese sector del país. Por ello, hemos dado nuestro asentimiento para reabrir el debate y para conocer la indicación del Honorable señor Fuentealba. Pero debo agregar que la acabamos de leer, de manera que no la hemos podido estudiar concienzudamente, en circunstancias de que, a nuestro juicio, merece un mejor estudio. Consideramos que la obligación que se impone a la Corporación de Fomento de pagar al contado, en moneda corriente o en dólares, a modo de indemnización, el valor de la inversión que hayan efectuado los inversionistas nacionales o extranjeros en la zona en caso de extinguirse o modificarse las franquicias, le implica un gravamen excesivamente oneroso. Además, esto equivale un tanto a inmiscuirnos en la ley orgánica de la CORFO, imponiéndole obligaciones. Creo muy perjudicial sentar un precedente de esta naturaleza. Por tales razones, votaremos negativamente la indicación. Aun cuando no discrepamos con el fondo del planteamiento, estimamos que su redacción no ha sido la más acertada ni es la que más conviene a los intereses del país. El señor PALMA.- Concuerdo en general con el proyecto presentado por el Honorable señor Baltra, porque tiende a estimular el desarrollo de una región que, por diversas razones, necesita de un organismo como el Instituto para el Desarrollo de Biobío, Malleco y Cautín. En el curso del estudio del proyecto en la Comisión, el Honorable señor Miranda y el que habla analizamos la posibilidad de crear un organismo similar a ése para las provincias de Atacama y Coquimbo, donde las condiciones económicas y de desarrollo, por motivos que todos mis Honorables colegas conocen, son extraordinariamente críticas. Como los parlamentarios no podemos iniciar proyectos de esta naturaleza, oportunamente enviamos un oficio al Ejecutivo solicitándole incluir algunas de estas ideas en el proyecto del Honorable señor Baltra. Como el Ejecutivo acaba de contestar, pedí la palabra sólo para dejar expresa constancia de la respuesta: "El Ejecutivo estima de gran interés y urgencia la solución de los problemas que afectan a las provincias de Atacama y Coquimbo y tiene en estudio un proyecto de ley sobre la materia, siendo su propósito enviarlo cuanto antes al Parlamento." Es decir, sin acoger la petición concreta que le formulamos, el Gobierno recoge nuestra idea y entiende la urgencia en crear un organismo que resuelva los problemas extraordinariamente graves que enfrentan las provincias de Atacama y Coquimbo. Por estas razones, voto favorablemente la indicación del Honorable señor Fuentealba y dejo constancia de que, de parte del Ejecutivo, hay un cierto compromiso para crear el organismo mencionado en esas provincias del Norte. El señor CARMONA.- Votaré favorablemente la indicación del Honorable señor Fuentealba, pues creo que sin ella el proyecto que crea el Instituto para el Desarrollo de Biobío, Malleco y Cautín no pasa de ser sino una buena intención. En efecto, mediante ella se materializa la posibilidad de hacer efectivas las franquicias y los beneficios que el proyecto consigna para la zona. Además, estimo que, tal como se ha concebido, no vulnera, como aquí se ha dicho, la modificación que se está introduciendo en nuestra Carta Fundamental. Por el contrario, no es sino una manera de aplicar la norma establecida en la reforma, a que dio lectura el Honorable señor Fuentealba, que el Senado acaba de aprobar. Soy partidario de acoger la indicación, pues considero necesario para el desarrollo de la zona promover la iniciativa de los particulares, y no vulnerarla mediante la supresión de "determinados beneficios. No deseamos que suceda lo que pasa con la Junta de Adelanto de Arica, cuya acción se ve entorpecida -incluso la de particulares de la zona- a raíz de que la CORFO está absorbiendo gran parte de los ingresos de esa institución en actividades que ni siquiera estimulan el desarrollo industrial, sino que constituyen una simple competencia con las industrias que se han instalado en el departamento de Arica, como es el caso de la electrónica. Por tales razones, y porque creo que esta indicación es el único camino para dar eficacia al proyecto, la voto favorablemente. El señor BULNES SANFUENTES.- Todos los Senadores que han hecho uso de la palabra han manifestado su amplia simpatía por el proyecto del Honorable señor Baltra. Debo declarar que también simpatizo con la iniciativa, pero con ciertas reticencias. Estoy con cualquier proyecto tendiente a fomentar el desarrollo económico, a llevar industrias a las provincias. Comprendo que se dé tratamiento especial a las zonas de los extremos norte y sur; pero no me parece equitativo que a determinadas regiones que no están ubicadas en los extremos, se les otorgue tratamiento discriminatorio, mucho más favorable que a las provincias vecinas. Para mí no hay justificación lógica para obligar al propietario de una industria situada al norte del río Laja o del Biobío a pagar todos los tributos que se pagan en Santiago o en cualquier otro punto del país, en tanto al que se instaló en la ribera opuesta del río se le otorga toda clase de exenciones. Estimo que al crear estas zonas de privilegio se perjudica indirectamente a otras. Concretamente la región que represento - al igual que el Honorable señor Pablo, quien preside en estos instantes la Corporación- , que comprende las provincias de Ñuble, Concepción y Arauco, vecina a la agrupación de Biobío, Malleco y Cautín, tendrá un tratamiento tributario absolutamente diferente. No me parece que haya equidad. Estimo que los proyectos destinados a fomentar las industrias en las provincias deben alcanzar por igual a todos los lugares del territorio que no sean Santiago ni los extremos. La indicación del Honorable señor Fuentealba me llama profundamente la atención, ya que se está tramitando un proyecto de reforma constitucional destinado a concluir con los contratos leyes. Personalmente, yo era partidario de mantenerlos con ciertas restricciones; pero la mayoría del Senado optó por derogarlos. De acuerdo con la disposición constitucional que se ha aprobado, no hay ninguna franquicia, beneficio o exención que no pueda ser suprimida por el legislador, y aquí, por la vía indirecta, se está tratando de impedir la derogación de los beneficios concedidos en este proyecto, porque se impone a la CORFO la obligación de adquirir las industrias por el valor de libro, sin proporcionarle los fondos que necesitaría para realizar tal operación. En otras palabras, se pretende evitar durante veinte años que el legislador modifique la franquicia, garantía o exención de que gozará la zona de Biobío, Malleco y Cautín. Me parece una inconsecuencia, una contradicción manifiesta. No puede el Senado aprobar un día una reforma constitucional que termina con los contratos leyes, y, al día siguiente, introducir por la ventana un contrato ley como lo pretende esta indicación. Deseo señalar además que esta proposición, en el fondo, no produce efecto alguno, porque los contratos leyes dejarán de tener amparo constitucional, y al no tenerlo, dependerán de la ley; en consecuencia, aun cuando hoy se apruebe la indicación, una ley podrá derogarla mañana junto con las franquicias que ella comprende. Repito: como el precepto no tiene respaldo constitucional, su derogación posterior sería correcta. Considero que la indicación es una mera manifestación de propósitos, y que es inconsecuente con lo que aprobó hace poco la mayoría del Senado. Por las razones expuestas, voto en contra. El señor CHADWICK.- En parte concuerdo con la opinión del Honorable señor Bulnes, pero considero que la indicación es inconveniente e inoportuna. Es inoportuna porque se pone en el caso hipotético de que la ley modificará o extinguirá las franquicias que el Presidente de la República hubiera otorgado a las personas naturales o jurídicas que efectuaran inversiones en actividades económicas productivas en las provincias de Biobío, Malleco y Cautín. Además, exige compensar el perjuicio que la modificación o extinción pueda ocasionar, dando al inversionista afectado la facultad de transferir la empresa a la CORFO, la cual la adquirirá en determinadas condiciones, una de las cuales llama mucho la atención, porque estipula que el pago será al contado, en moneda corriente o en dólares. Sin embargo, a mi juicio, si se deberá dictar una ley para modificar las franquicias, en ese texto legal se deberá señalar la forma de cancelar la indemnización. Ahora, ¿por qué es inconveniente? Pienso que el Honorable señor Bulnes tiene toda la razón cuando recuerda el precepto constitucional que, en el fondo, ha extinguido el régimen de los contratos leyes. Si ello es así, indudablemente una mera ley no puede imponer condiciones a un texto legal que está por dictarse, no puede señalar el régimen a que deberá sujetarse. Esta es una materia de rango constitucional. Y en su esencia, la indicación persigue ir más allá de lo que dispone el artículo 10 de la Constitución Política del Estado, según la última reforma en esta materia,, respecto de indemnizar cada vez que se suprime una franquicia. Como no se puede modificar el alcance de la Constitución mediante un proyecto de ley, creo que no es posible admitir esta indicación. Además, la considero inconveniente, porque no parece justo que en el momento en que el país se da una norma mediante la modificación de la Carta Fundamental, la cual se aplicará a los intereses extranjeros, cuando se trate de otra gente y otros intereses demos una regla absolutamente distinta, como la que aquí discutimos, que obliga a pagar la indemnización al contado, en moneda corriente o en dólares. En la Sala se dijo que no se trata de una indemnización; pero yo me pregunto, ¿qué naturaleza jurídica corresponde dar a lo que se llama "compensación por los perjuicios"? Compensar un perjuicio es indemnizarlo... El señor LUENGO.- Son equivalentes. El señor CHADWICK.- ... son términos equivalentes, como me anota el Honorable señor Luengo. Pensamos que la indicación debe ser rechazada por inoportuna, puesto que corresponde a la futura ley dejar sin efecto la franquicia o exención, según el texto constitucional que mencionó el Honorable señor Fuentealba. En consecuencia, será la ley la que suprimirá la franquicia y señalará el modo de indemnizar o compensar. Hacerlo anticipadamente es pretender, mediante una simple ley, fijar una disciplina obligatoria al próximo legislador. Eso es inaceptable en Derecho; jurídicamente es un absurdo. El señor FUENTEALBA.- Le ha puesto una lápida al proyecto del Honorable señor Baltra. El señor CHADWICK.- No me refería al proyecto, sino a la indicación. El señor FUENTEALBA.- ¡Requiescat in pace! El señor MIRANDA.- Sólo dos palabras, para manifestar nuestra posición consecuente con lo que sostuvimos cuando se discutió la reforma constitucional que ponía término a la pretendida existencia de los contratos leyes en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico. Concuerdo íntegramente con lo expresado por el Honorable señor Chadwick. En verdad, la mencionada reforma constitucional -personalmente la voté a favor- terminó con la presunta institución de los contratos leyes en nuestra legislación. Recuerdo que la Cámara aprobó dicha disposición e introdujo un inciso nuevo que también acogió el Senado, en virtud del cual, en casos calificados, cuando se produzca un perjuicio directo, actual y efectivo como consecuencia de la aplicación del inciso anterior, que termina con la existencia de los pretendidos contratos leyes, la ley podrá disponer una compensación a los afectados. En consecuencia, los requisitos y condiciones exigidos por la reforma constitucional aprobada ya en tercer trámite, son tan precisos y copulativos, que de ninguna manera; de estar vigente dicha enmienda, se podría autorizar que la ley anticipadamente pudiera imponer una norma como la que se pretende establecer. Cuando el legislador esté frente a una legislación positiva que concede franquicias para una zona determinada, y que esté en plena aplicación, sólo en esos momentos, en uso de sus facultades constitucionales, puede derogarlas. Sólo ahí y no antes podría, perfectamente facultado por la Constitución, entrar a distinguir si se han producido las condiciones requeridas por el propio texto constitucional para establecer una especie de compensación. En consecuencia, como estamos ante un proyecto que establece algunas franquicias para una zona determinada y que apenas se ha aprobado en segundo trámite constitucional, no me parece consecuente con lo que sostuve durante la discusión de la reforma constitucional autorizar a la ley para calificar casos que todavía no se han producido. Por tales razones y no otras, voto en contra de la indicación. El señor DURAN.- Comprendo que la indicación formulada por el Honorable señor Fuentealba, a la cual adherí con el mayor agrado, tiene una serie de naturales defectos, producto del hecho insólito de la manera como se discutió este proyecto de ley, que es de extraordinaria significación. Lo mismo que aconteció al Honorable señor Luengo le ocurrió al Honorable señor Fuentealba y al Senador que habla: que siendo representantes de las provincias de Biobío, Malleco y Cautín y teniendo todos el mismo interés, no pudimos participar en ningún debate ni formular indicaciones, porque, como aquí se señaló, la tabla corrió muy rápidamente. Ni siquiera hubo segundo informe y no existió posibilidad alguna de debatir a fondo la iniciativa. Respecto de estas materias, los Senadores de la Unidad Popular tienen un juicio del que en grado importante participo: los Gobiernos, desde el punto de vista del desarrollo nacional, tienen la obligación de planificar e ir señalando qué tiene prioridad e invertir en las zonas que requieren mayor preocupación. Sin embargo, en el hecho distintas provincias han gozado de trato preferencial, como es el caso de las que tienen la suerte de encerrar en sus tierras mantos cupríferos, o las que están ubicadas en los extremos del país. Comprendo que existen razones para dictar estatutos especiales; pero sí hay un hecho cierto y verdadero: que las provincias de Biobío, Malleco y Cautín están en la órbita del abandono. Después de ingentes esfuerzos, tanto de los Gobiernos como de parlamentarios, la provincia de Cautín logró montar la planta hidroeléctrica de Pullinque, que no sólo entrega energía a la red central, sino que está permitiendo instalar un "complejo agrícola industrial fundamental: aserraderos, molinería, panadería, etcétera. Sin embargo, con el Honorable señor Fuentealba queríamos señalar que innegablemente esas provincias siguen en el abandono. Como el proyecto del Honorable señor Baltra plantea las necesidades de la zona y la solución reclamada por todos los sectores, en el sentido de promover la industrialización de esa agrupación senatorial, todos hemos expresado, tanto en concentraciones como en todas las oportunidades en que se nos ha consultado por la prensa, nuestra tesis favorable al apoyo de la iniciativa. Pero tengo la impresión, después de haber leído y estudiado el proyecto, de que estamos en presencia de una especie de "ley Mardones", una ley muy especial que tiene la característica de dar una serie de ventajas tributarias, de franquicias, de trato preferencial para tentar a la gente con el objeto de que instale industrias en la zona. Pero nosotros sabemos que, en la práctica, para el montaje de industrias, para el cambio esencial de todo el proceso productor de esa circunscripción, se requieren al mismo tiempo confianza y fe. Y el país sabe -lo saben en especial todos los señores Senadores de la zona- que en ella no sólo no se instala ninguna industria: hay temor colectivo, se desmontan lecherías, se destruyen criaderos de animales vacunos; que, en consecuencia, se está viviendo allí todo un proceso de inquietud. ¿Qué obtendremos de un proyecto de ley que nos libere de algunos impuestos si previamente no establecemos las normas generales por las cuales hemos de regirnos, conforme a los propósitos del Ejecutivo de promover efectivamente el desarrollo de esas provincias y absorber la cesantía que va en paulatino crecimiento? El señor PABLO (Presidente accidental).- Ha terminado su tiempo, señor Senador. ¿Cómo vota Su Señoría? El señor DURAN.- Afirmativamente. He firmado la indicación. El señor GARCÍA.- Señor Presidente, al fundar mi voto empiezo por decir que encuentro razonable la posición de mi compañero de partido, el Honorable señor Bulnes. Sin embargo, votaré a favor de la indicación, por un motivo muy simple. ¿En qué se funda esta indicación a un proyecto de ley tendiente a mejorar, levantar los negocios de esas provincias, incentivar su economía y su desarrollo? En dos propósitos bien claros: uno, dar franquicias, esto es, rebajar impuestos, porque con los gravámenes actuales no pueden desarrollarse las empresas; por consiguiente, para su desarrollo se les dan, por una parte, privilegios, al mismo tiempo que con la indicación se les pretende dar seguridad. Esto es: rebaja de tributos -franquicias- y seguridad. Eso es lo que hemos venido sosteniendo: que no hay posibilidades de desarrollo en un país si no se dan ambas cosas. Y como este proyecto las da... La señora CAMPUSANO.- Sus Señorías no las dieron cuando eran Gobierno. El señor GARCIA.- Ustedes estuvieron siempre votando en contra, señora Senadora; de manera que nunca se pudo hacer nada porque siempre estaba la amenaza de ustedes por delante. Como me quedan sólo unos minutos, seré muy claro y preciso. Los que he citado son los dos pilares de la ley en cuestión, y hago votos por que en todo el país se aplique igual sistema, esto es: por un lado, franquicias, baja de tributos para incentivar la producción, las industrias, las empresas; y, por otro, seguridad a las personas de que no van a ser engañadas y de que cuanto inviertan podrán alguna vez retirarlo. Y la indicación da esa seguridad. Por ser ésas las ideas que siempre he sostenido, voto favorablemente. Y mucho más todavía: me siento acompañado por el propio señor Sergio Aranda, Subdirector de ODEPLAN, quien dijo que había que dar autonomía a las provincias y cierto grado de independencia y de flexibilidad. ¿Para qué? Para fomentar su desarrollo. Y como más adelante, reforzando este criterio, manifestó que esa opinión es válida también para otras provincias que no tienen ley especial de desarrollo, espero que, después de votar favorablemente el proyecto y, ahora, la indicación, podamos hacer extensivas estas normas a otras provincias dándoles el grado de flexibilidad y autonomía de que habla el señor Subdirector de ODEPLAN. Voto que sí. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 14 votos por la afirmativa, 14 por la negativa y 1 pareo. El señor PABLO (Presidente accidental).- Se va a repetir la votación. El señor DURAN.- Señor Presidente, me preguntaron insistentemente cómo votaba yo. Dije que, naturalmente, a favor de la indicación. Pero estoy pareado con el Honorable señor Tarud y no he sido liberado del pareo. De manera que no cabe computar mi voto. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Démosla por rechazada. El señor HAMILTON.- Que se vote de nuevo. El señor LUENGO.- Hubo un error. El señor PABLO (Presidente accidental).- La votación ha sido proclamada. Se había computado el voto del Honorable señor Duran. En esta nueva votación, que espero sea sin discursos, se dejará constancia del pareo del señor Senador. El señor FUENTEALBA.- Muchas gracias por la sugerencia. El señor FIGUEROA (Secretario).- ¿Se aprueba o no la indicación? - (Durante la votación). El señor GUMUCIO.- Señor Presidente, en principio la indicación me pareció aceptable, pero ahora me merece dos objeciones, que a primera vista estimo importantes. La primera de ellas es que si, de conformidad con la reforma constitucional, se dicta un nueva ley, esa nueva ley anulará esta disposición y, por ende, la indemnización que en ella se preceptúa. Y la segunda objeción es la de que se obliga a la Corporación de Fomento de la Producción, institución autónoma, a pagar indemnización, en circunstancias de que dicho organismo debe ceñirse a un presupuesto; o sea, que no puede establecerse tal obligación de modo imperativo para una entidad autónoma que podría no tener fondos con qué dar cumplimiento a la ley. Estas son las razones que me mueven a votar no. - Se rechaza la indicación (16 votos contra 12 y 3 pareos) y queda terminada la discusión del proyecto. El señor PABLO (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo unánime de la Sala para que en la hora de Incidentes presidiera el Honorable señor García? Acordado. V.- TIEMPO DE VOTACIONES. DESIGNACION DE CONSEJEROS EN LA EDITORIAL JURIDICA DE CHILE Y EN EL CONSEJO NACIONAL DE TELEVISION. El señor FIGUEROA (Secretario).- Los Comités han acordado que en el Tiempo de Votaciones de hoy puedan elegirse Consejeros representantes del Senado en los cargos que por renuncia del señor Raúl Rettig han quedado vacantes en la Editorial Jurídica de Chile y en el Consejo Nacional de Televisión. El señor PABLO (Presidente accidental).- A la Mesa han llegado dos proposiciones: la que sugiere el nombre de don Humberto Del Canto Del Canto para el Consejo de Televisión Nacional; y la de designar a don Jacobo Schaulsohn en la Editorial Jurídica de Chile. Reglamentariamente, corresponde elegir en votación secreta, a menos... La señora CARRERA.- No hay más que un candidato por cargo. El señor PABLO (Presidente accidental).- ...que por unanimidad y sin constituir precedente designáramos a las dos personas propuestas. Acordado. PUBLICACIÓN DE DISCURSOS. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación del Honorable señor Tarud para publicar in extenso los discursos pronunciados en la sesión ordinaria del martes 27 de abril en homenaje a la República Popular de Hungría. - Se aprueba. VI.- INCIDENTES. PETICIONES DE OFICIOS. El señor FIGUEROA (Secretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El señor GARCIA (Presidente accidental).- Se les dará curso en la forma reglamentaria. - Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes: Del señor Carmona: LABORATORIOPARAESPECIALIDADDE COMBUSTIONINTERNAPARAESCUELA INDUSTRIAL DE ARICA (TARAPACA). "Al señor Ministro de Educación Pública, haciéndole ver las aspiraciones de los padres y apoderados, alumnos y profesores jefes de los terceros y cuartos años de Enseñanza Media de la Especialidad de Motores de Combustión Interna, de la Escuela Industrial de Arica, quienes desean que se les envíe, a la brevedad posible, uno de los 12 laboratorios que ese Ministerio ha encargado a Argentina, destinados a cubrir las necesidades de todas las escuelas industriales de esa especialidad del país. Actualmente no disponen de los medios materiales, equipos y maquinarias, indicados en los planes y programas correspondientes, por lo que el Plan Diferenciado no conseguirá los frutos deseados. "Agradeciendo que se dé prioridad a esta petición en la repartición de los laboratorios mencionados, saluda muy atentamente al señor Ministro." Del señor Foncea: RETEN DE CARABINEROS EN PEÑUELAS (LINARES). "Al señor Ministro del Interior, con el objeto de señalar la urgente necesidad de que se construya un Retén de Carabineros en la localidad de Peñuelas, comuna de Yerbas Buenas, provincia de Linares. "Cabe hacer presente que en dicha localidad no existe un contingente policial permanente, a pesar de ser un sector densamente poblado. Ello ha traído consigo un notorio incremento de la delincuencia, con la justa alarma de las autoridades y habitantes de Peñuelas." LOCAL PARA ESCUELA DE ENSEÑANZA BÁSICA Nº 6, DEL DEPARTAMENTO DE TALCA. "Al señor Ministro de Educación Pública, con el objeto de señalar la urgente necesidad de que se destinen fondos para que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales inicie los trabajos de construcción de un nuevo local para la Escuela de Enseñanza Básica Nº 6, del departamento de Talca. "Cabe hacer presente que el local donde funciona actualmente dicho establecimiento educacional se encuentra en pésimas condiciones, ya que fue levantado en forma provisional y con una duración calculada de no más de 10 años, como consecuencia del terremoto de 1928. Sin embargo, en la actualidad tiene una matrícula superior a los 800 alumnos, quienes deben permanecer prácticamente amontonados durante las horas de clases, puesto que la capacidad real es de 300 alumnos. "La obra en referencia ha sido considerada por ese Ministerio en los planes elaborados durante los cuatro últimos años, siéndolo por última vez mediante el decreto Nº 1.047 de fecha 19 de marzo de 1970, que aprueba el Plan de Construcciones Escolares para 1971. Pero a pesar de todo, por razones inexplicables, da la sensación de que nuevamente ha sido postergada, ya que en lo que va corrido del año, aún no se inicia trabajo alguno en ese sentido, con el consiguiente malestar de todas aquellas personas que de una u otra forma deben cumplir funciones en dicha escuela." PAVIMENTACION DE CAMINO ENTRE LINARES Y YERBAS BUENAS (LINARES). "Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, a fin de señalar la urgente necesidad de que se inicien los trabajos de pavimentación del camino que une la ciudad de Linares con la comuna de Yerbas Buenas, ubicado en la provincia de Linares. "Cabe hacer presente que la obra en referencia se encuentra programada por ese Ministerio para mediados del presente año. Sin embargo, las autoridades de dicha comuna han solicitado la intervención del Senador infrascrito con el objeto de que no sea nuevamente postergada, como ha sucedido en innumerables oportunidades. "Deseo hacer notar la enorme importancia que reviste la pavimentación de dicho camino, ya que es la única vía de acceso a la comuna de Yerbas Buenas, localidad eminentemente agrícola, la cual, especialmente en invierno, como consecuencia de su estado actual, se presenta intransitable, con las dificultades fáciles de advertir." Del señor Jerez: LOCAL PARA ESCUELA DE HOMBRES Nº 1, DE CHILLAN (ÑUBLE). "Al señor Ministro de Educación Pública, en los siguientes términos: "Nuevamente me permito referirme a la Escuela Nº 1 de Chillan, pues otra vez el Centro de Padre y Apoderados ha dado a conocer la situación del viejo edificio de ese plantel que tiene ya 127 años de existencia. "El edificio sólo tiene en funciones un servicio higiénico de cinco que existen, y la red de alcantarillado está obstruida; la despensa para guardar los alimentos para el almuerzo y el desayuno escolar está inservible, es de madera y antihigiénica; no hay comedor, y la cocinera trabaja en una pieza obscura que no presta ninguna comodidad para ese objeto. "Hay que considerar que para el terremoto de 1939 se reconstruyó de madera, de emergencia; hace 30 años fue acomodado para unos ¡500 estudiantes, como capacidad máxima, y su matrícula actualmente supera los 1.000 alumnos. "Sobre esta situación, tanto los padres y apoderados como la prensa han representado la precaria condición material de la Escuela de Hombres Nº 1 de Chillan, pero hasta ahora no ha habido solución alguna a su grave problema. "Ante lo expuesto, ruego al señor Ministro se sirva considerar esta grave situación y adoptar las medidas necesarias para que a la brevedad se construya un nuevo edificio para esta escuela. "Ruego a Ud. informarme lo que al respecto se resuelva." PROFESORES Y SALAS DE CLASES PARA ESCUELA Nº 21, DE SAN NICOLAS (ÑUBLE). "AI señor Ministro de Educación Pública, en los siguientes términos: "En esta ocasión debo referirme a la falta de salas y profesores en la Escuela N° 21 de San Nicolás, del departamento de Quirihue. "La escuela mencionada tiene 600 alumnos que se distribuyen en 19 cursos, con sólo 15 profesores, por lo que hace falta designar más profesores para un desarrollo normal de enseñanza al alumnado. Por otra parte, dicho establecimiento cuenta con sólo 4 salas de clases en regular estado, y cinco en mal estado y no adecuadas para las tareas docentes. "Estos problemas requieren una pronta solución, por lo que solicito al señor Ministro se sirva estudiar la forma para que se adopten las medidas que el caso requiere para darle la solución que merece. "De la resolución que se adopte, ruego a Ud. informarme." NECESIDADES DE ESCUELAS DE ÑUBLE. "Al señor Ministro de Educación Pública, en los siguientes términos: "Molesto la atención del señor Ministro para darle a conocer los problemas de algunas escuelas del departamento de; Itata, provincia de Ñuble, que requieren pronta solución: "1) Escuela Nº 37 de Itata.- Este establecimiento ha sido levantado con el esfuerzo de la comunidad. La construcción está lista, faltándole sólo el techo a dos clases, la cocina y la sala de profesores. "Además, se necesita la designación de dos profesores, por cuanto la matrícula de alumnos así lo requiere. "2) Por otra parte, en el sector Los Corrales faltan profesores para la escuela local, pues el año pasado se contaba con dos de éstos y ahora no hay ninguno. La población escolar es numerosa y esta situación tiene muy preocupados a los padres y apoderados. "3) Escuela Nº 71, "El Durazno".- Tiene una regular matrícula con sólo un profesor, por lo que es imposible atender a todos los alumnos. "Además, cuenta con terrenos propios donados por doña Francisca Marín para la construcción de la escuela, el que fue nivelado, pero lamentablemente nada se ha hecho para construir el edificio escolar, pese al empeño de los pobladores del sector de que la escuela tenga local propio. "4) Escuela Nº 31 de "El Membrillar".- Los vecinos de esta localidad están muy preocupados por la construcción de la escuela que se encuentra inconclusa, pues sólo una sala de clases está lista y el resto permanece abierto. Todo se ha hecho con el esfuerzo de padres y apoderados, quienes llevan invertidos más de cien mil escudos, y no tienen de donde obtener más dinero para dar término a la construcción de la escuela, que cuenta con el ciclo completo de enseñanza media. "Ellos se quejan con razón, por cuanto la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, durante el enorme trabajo que ha hecho, nunca envió algún representante de dicha institución para imponerse de la obra que se ejecutaba, ya que la escuela debió ser terminada en julio del año pasado. "Por lo expuesto, solicito al señor Ministro considerar lo representado, con el objeto de que se dé pronta solución a las escuelas inconclusas y a la falta de profesores. "Ruego a Ud. informarme lo que se resuelva al respecto." Del señor Lorca: NECESIDADES DE RILAN (CHILOE). "Al señor Ministro del Interior, solicitándole ayuda para la localidad de Rilan, provincia de Chiloé, que fue devastada por un incendio que arrasó prácticamente con toda la ciudad. Esa ayuda sería con cargo al 2% constitucional. "Asimismo, pido a esa autoridad la construcción de un edificio para los servicios públicos de Correos, Registro Civil y Posta de Primeros Auxilios, y también que se construyan el garaje y la sala de sesiones del Cuerpo de Bomberos." LOCAL PARA JUZGADO DE PUERTO AISEN (AISEN). "Al señor Ministro de Justicia, solicitándole la construcción de un edificio propio para el Juzgado de Puerto Aisén, que carece de un inmueble apropiado para las funciones que realiza." VIVIENDASPARA JUEZYSECRETARIO DE JUZGADO DE PUERTO AISEN (AISEN). "Al señor Ministro de Justicia, solicitándole considerar la posibilidad de construir casas para los señores Juez y Secretado del Juzgado de Puerto Aisén, basado en la ley de que soy autor que proporciona fondos para este efecto." TRANSITO DEVEHÍCULOS PORPASO DE CHACAO Y HABILITACION DE ADUANA DE PALENA. "A los señores Ministro y Subsecretario de Relaciones Exteriores, con el objeto de que se autorice la entrada y salida en automóvil por el paso de Chacao; y, asimismo, para que se habilite la Aduana de Palena." HABILITACION POR ARGENTINA DE PASO INTERNACIONAL RIO ENCUENTRO. "A los señores Ministro de Relaciones Exteriores y Cónsul de Chile en Esquel, República Argentina, con el objeto de que se vea la posibilidad de que el vecino país habilite el paso Río Encuentro. En esa nación se le conoce con el nombre de Carreuleufú. "Esta petición se me ha hecho presente en Palena. Los habitantes de esta zona consideran que sería muy importante llevar a cabo dicha iniciativa." SITUACIÓN DE MANIPULADORAS DE LA JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS DE PUNTA ARENAS (MAGALLANES). "A los señores Ministro de Educación Pública y Secretario General de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, con el fin de que se haga todo lo posible para solucionar, el problema que a continuación expongo, y que me remitió la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, doña Nelda Panicucci. "Por ley Nº 15.720, del 1º de octubre de 1964, se creó la Junta de Auxilio Escolar y Becas, habiendo cumplido este organismo hasta la fecha una interesante e importante labor en beneficio de miles y miles de niños chilenos. "Remitiéndonos al aspecto provincial, tenemos conocimiento de que estas instituciones -pluralizo por las filiales- cuentan actualmente con 51 manipuladoras, distribuidas entre Punta Arenas, Natales y Puerto Porvenir, quienes desempeñan una labor inmensa y variada, que para muchos es prácticamente desconocida, lo mismo que la función que está cumpliendo el mencionado organismo. "Pero lo doloroso y desconcertante es cuando llegamos a conocer el sueldo de las modestas manipuladoras, que perciben la suma de E? 360 mensuales, sin descuentos; o sea, el sueldo líquido es muy inferior a esa cifra. "Ninguna de esas funcionarias recibe asignación de zona, lo que podría mejorar siquiera en parte su mísera situación en materia de remuneraciones. "Finalmente, existe preocupación en el gremio de manipuladoras por el excesivo retraso en el pago de sus modestos sueldos, todo lo cual les ocasiona serios perjuicios, fáciles de comprender. "Por lo expuesto, solicito que se dé una justa solución a este problema." VUELOS FACHENTRE PALENA (CHILOE) Y PUERTO MONTT (LLANQUIHUE). "A los señores Ministro de Defensa Nacional y Subsecretario de Aviación, con el objeto de que se considere la posibilidad de que la FACH haga vuelos regulares entre Puerto Montt y Palena, y viceversa, trasladando especialmente pasajeros, ya que en la actualidad se puede considerar que Palena está, con relación a sus medios de transportes, desvinculada del resto del país." VIVIENDAS Y EDIFICIO PUBLICO PARA RILAN (CHILOE). "A los señores Ministro y Subsecretario de la Vivienda y Urbanismo, solicitándoles ayuda para los damnificados de Rilan, provincia de Chiloé, en el sentido de otorgarles viviendas sin reajustes, y pidiéndoles, además, que se construya en esa localidad un edificio público, ya que todas las casas y los edificios fueron destruidos por un incendio." VUELOS LAN ENTRE PALENA (CHILOE) Y PUERTO MONTT. (LLANQUIHUE). "Al señor Presidente de la Línea Aérea Nacional, con el objeto de considerar la posibilidad de que haya vuelos regulares entre Puerto Montt y Palena, y viceversa, trasladando pasajeros y carga, ya que Palena se puede considerar que está, con relación a sus medios de transportes, desvinculada del resto del país." AYUDA PARA RILAN Y CLUB AEREO DE PALENA (CHILOE). "A los señores Gerente y Consejeros del Instituto CORFO Chiloé, solicitándoles considerar la posibilidad de ayudar a la localidad de Rilán, Chiloé, que fue devastada por un incendio; y asimismo, acoger una petición que ha formulado el Club Aéreo de Palena, en el sentido de que se le presten Eº 250.000, ya que, por estar ubicado en Chiloé Continental, tiene gran actividad aérea y, por ende, su material debe renovarse más a menudo." Del señor Luengo: LICEO DE ENSEÑANZA MEDIA PARA PUERTO SAAVEDRA (CAUTIN). "Al señor Ministro de Educación Pública, pidiéndole tenga a bien considerar la posibilidad de incluir en los próximos presupuestos educacionales la urgente construcción de un liceo para la enseñanza media en Puerto Saavedra, departamento de Nueva Imperial, provincia de Cautín, ya que este año se empezó con el primer curso en forma de agregado a las escuelas que existen, las que no están preparadas para esta enseñanza tan fundamental." INSTALACIONDEREDDEAGUAPOTABLE EN PILLANLELBUN (CAUTIN). "Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, haciéndole presente que el pueblo de Pillanlelbún, departamento de Lautaro, provincia de Cautín, está solicitando desde hace varios años, por intermedio de su Junta de Vecinos, que se construya definitivamente la instalación de agua potable. Dicha instalación se está haciendo cada día más indispensable, por ser de vital importancia para la salud de la población, ya que ésta sólo bebe agua de noria, la que generalmente está sucia, quedando así expuesta a enfermedades y epidemias por falta absoluta de higiene." PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A PILLANLELBUN (CAUTIN). "Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, pidiéndole tenga a bien considerar con la prioridad que el caso requiere la inclusión, en los planes más inmediatos de la Dirección de Vialidad, del asfaltado del camino de acceso que une la localidad de Pillanlelbún, departamento de Lautaro, provincia de Cautín, al camino Longitudinal Sur. "El asfaltado de este camino es reclamado con insistencia por sus habitantes en general, ya que diariamente deben recorrer los seis kilómetros de acceso al Longitudinal Sur para tomar los vehículos de la locomoción colectiva; sin contar, por cierto, con el clamor permanente de los numerosos sectores relacionados con la producción agropecuaria, que requieren en forma permanente de un buen camino, tan necesario para el progreso de esa importante zona." POSTADEPRIMEROSAUXILIOSPARA PILLANLELBUN (CAUTIN). "Al señor Ministro de Salud Pública, a fin de que se sirva disponer que el Director General del Servicio Nacional de Salud, accediendo a la petición formulada por la Junta de Vecinos de la localidad de Pillanlelbún, departamento de Lautaro, provincia de Cautín, disponga la construcción de una Posta de Primeros Auxilios, en esa localidad que no cuenta con este servicio de vital importancia para la salud de su población." VIGENCIA DE ANTIGUO PLANO REGULADOR DE PUERTOSAAVEDRA (CAUTIN). "Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, pidiéndole tenga a bien considerar la posibilidad de poner nuevamente en vigencia el antiguo plano Regulador de Puerto Saavedra, departamento de Nueva Imperial, provincia de Cautín, que existía antes del maremoto de 1960, en vista de que en él se consultan los edificios de mayor importancia, como ser: hospital, tenencia de Carabineros, grupo escolar, Escuela de Capacitación Araucana, edificio municipal, Juzgado de Policía Local, Subdelegación, y otros. "Esta determinación es de suma importancia, ya que con ella se vendría a beneficiar a este puerto con los planes habitacionales que está poniendo en vigencia el Supremo Gobierno." VIVIENDAS PARA PILLANLELBÚN (CAUTÍN). "Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, pidiéndole tenga a bien considerar la posibilidad de construir 35 viviendas para la gente sin casa de la localidad de Pillanlelbún, departamento de Lautaro, provincia de Cautín. "La petición tiene plena justificación, por tratarse de un grupo de obreros cesantes, de numeroso grupo familiar, y con dificultades para conseguir trabajo en la zona." Del señor Ochagavía: ESCUELA HOGAR PARA VALLE FRIO (CHILOE). "Al señor Ministro de Educación Pública, a fin de destinar los recursos necesarios para construir una Escuela Hogar en la localidad de Valle Frío, departamento de Palena, provincia de Chiloé." ENVIODECOPIASCON TRANSCRIPCIONES DE DECRETOS. "Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, en cuanto a que, según nota del señor Roberto Cuellar, Subsecretario de esa misma cartera, fechada en febrero de 1971, se había ordenado enviar quincenalmente copias de las transcripciones de los decretos que son de interés por relacionarse con obras por ejecutar en la zona austral que yo represento. "Como hasta la fecha, transcurridas cuatro quincenas desde que se envió la nota referida, no ha llegado a poder del Senador que suscribe ninguna transcripción de decretos, y pensando por lo tanto que las órdenes que el señor Subsecretario dijo haber impartido no han sido cumplidas por los funcionarios subalternos, solicito que se me envíen a la brevedad posible la transcripciones anunciadas por el señor Subsecretario." CAMINO ENTRE ALTO PALENA Y VALLE FRIO (CHILOE). "Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, a fin de que se destinen los recursos necesarios para construir un camino que una las localidad de Alto Palena con Valle Frío, en la provincia de Chiloé." Del señor Olguín: EQUIPO DE LABORATORIO PARA ESCUELAS INDUSTRIALES DEARICA Y CALAMA (TARAPACA Y ANTOFAGASTA). "A los señores Ministro de Educación y Director de Educación Profesional, en los siguientes términos: "Los Centros de Padres y Apoderados, Centros de Alumnos y profesores jefes de la especialidad de motores a combustión interna, de las .Escuelas Industriales de Arica y Calama, me han expresado la necesidad imperiosa de contar con un equipo de laboratorio, de un grupo de 12, que el Ministerio de Educación está adquiriendo en Argentina. "Los planes de estudios vigentes de dichas escuelas requieren de este material para la ejecución de sus programas. Actualmente, por falta de elementos técnicos, los objetivos que persiguen estas Escuelas Industriales pueden verse deteriorados. "La mayor preocupación de los apoderados y personal docente de la escuela de Arica, está en que este año egresará la primera promoción de esta especialidad y es necesario evitarles problemas de eficiencia a los jóvenes que han de egresar. "Por lo tanto, ruego a Ud. dar prioridad a las Escuelas Industriales de Arica y Calama en la dotación de un equipo de laboratorio a cada una." FLUORACION DE AGUA POTABLE DE CALAMA (ANTOFAGASTA). "Al señor Director de Obras Sanitarias, en los siguientes términos: "Deseo consultar al señor Director si la fluoración del agua potable de la ciudad de Calama está incluida en los planos de redes de cañerías de aducción, estanques de almacenamiento y planta de filtros, que se están construyendo. "Sabemos que los planes en ejecución son bastantes amplios y completos, pero tenemos duda acerca de si está dispuesta la fluoración, lo que parece indispensable llevar adelante, porque, de acuerdo con la opinión de los odontólogos de la zona, es un factor que aminorará el alto porcentaje de caries dentales." Del señor Silva Ulloa: FONDOS PARA RECONSTRUCCION DE TALTAL (ANTOFAGASTA). "Al señor Ministro de Hacienda, rogándole que se sirva disponer la entrega de fondos provenientes del mayor rendimiento de las entradas previstas por ley Nº 17.271, y que deben destinarse a la reconstrucción de Taltal, ya que obras impostergables que deben ejecutarse en la Escuela Industrial están pendientes por esta causa." FALTA DE PROFESORES EN LICEO MIXTO SUPERIOR DE TOCOPILLA (ANTOFAGASTA) . "Al señor Ministro de Educación Pública, solicitándole que se sirva impartir instrucciones tendientes a resolver el grave problema que afronta el Liceo Mixto Superior de Tocopilla por la falta de profesores de matemáticas y física, situación que ha denunciado el Gobierno Estudiantil del referido Liceo." ANTECEDENTES SOBRE CONCURSO PARA CARGOSEN EL SERVICIO NACIONALDE SALUD EN ANTOFAGASTA. "Al señor Director General de Salud, solicitándole proporcionar todos los antecedentes del concurso a que se llamó en enero pasado para llenar cargos administrativos vacantes o creaciones en Antofagasta, Calama, Tocopilla y Mejillones, especialmente la nómina de quiénes postularon, puntaje que obtuvieron y quiénes resultaron seleccionados." Del señor Valente: ESCUELA PARA GUACOYO (TARAPACA). "Al señor Ministro de Educación Pública, en los siguientes términos: "Al interior de Arica, en la comuna de General Lagos, existe un pueblo de campesinos llamado Guacoyo. Es un villorrio enclavado en plena cordillera y alejado de los centros más poblados. "Los niños de Guacoyo deben concurrir a una escuela en el pueblo de Cosapilla, distante 15 kilómetros de Guacoyo. También es un pueblo muy inhóspito, desde el punto de vista climático. Los estudiantes de Guacoyo deben ir a clases, durante casi todo el año, bajo una persistente lluvia o soportando nevadas y fríos bajo cero. En Cosapilla no tienen siquiera los medios para recibir alimentación o pernoctar durante los días de clases. Diariamente deben recorrer 15 kilómetros a pie, de ida y de regreso, para recibir instrucción y educación. "Agradeceré al señor Ministro ordenar que la Junta de Adelanto de Arica, de los fondos destinados a construcciones escolares, disponga de los recursos para que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales u otro organismo construya en Guacoyo una escuela, obra tan necesaria para evitar sacrificios inútiles e innecesarios a esos niños." AUMENTO DE PERSONAL Y AMPLIACIÓN DE DEPENDENCIAS ENHOSPITAL DE IQUIQUE (TARAPACA). "Al señor Ministro de Salud Pública, en los siguientes términos: "Complemento mi petición anterior relacionada con la necesidad de aumentar la dotación de personal del Hospital de Iquique, a fin de proporcionar mejor atención a los pacientes que concurren a él en busca de asistencia médica. "Iquique, para una población cercana a las 100 mil personas, cuenta sólo con 25 médicos, siendo ésta una de las cifras más bajas del país. "Para atender a 408 pacientes hospitalizados, de acuerdo con el número de camas del hospital, se tiene apenas 393 funcionarios, sin contar con las atenciones externas, las consultas y otras formas de atención médico- asistencial. "En proporción a otros hospitales de la zona norte, el de Iquique es el que tiene menor proporción de funcionarios, si se hace esta comparación atendiendo al número de camas de cada establecimiento. En efecto, Antofagasta tiene 1,47 funcionarios por cama; Arica, 2,5 funcionarios por cama, e Iquique, tan sólo 0,94 funcionarios por cama. "Esta menor dotación, tanto de personal médico como asistencial y paramédico, atenta contra el servicio y dificulta una atención más adecuada al paciente. "Por estas razones, deseo reiterar al señor Ministro mi petición, a fin de que se aumente el número de médicos y de personal en el Hospital de Iquique, como asimismo para que se amplíen sus dependencias, con el fin de incrementar el número de camas y mejorar la atención al público en las consultas externas. "Por último, deseo solicitar al señor Ministro la construcción de los pabellones para el sector de imponentes empleados, tal como fue dispuesta por Su Señoría cuando estuvo en Iquique. Esta construcción reviste urgencia, y quedó programada para ejecutarse durante el año en curso." AMBULANCIA PARA ATENCIÓN DE ENFERMOS ENTRE ARICA Y PUTRE (TARAPACA). "A los señores Ministros de Hacienda y de Salud pública, en los siguientes términos: "La Junta de Adelanto ha terminado de construir un moderno local para una Policlínica en el Pueblo de Belén, al interior de Arica. La construcción es de óptima calidad, y el instrumental que se ocupa ha sido donado por el Gobierno de Suiza. La Policlínica está muy bien atendida por un practicante del Cuerpo de Carabineros, según convenio suscrito entre el Servicio Nacional de Salud y Carabineros. "Para completar la atención de los enfermos sólo se necesita una ambulancia que haga el traslado de los que requieren atención hospitalaria. Esta ambulancia serviría a todos los pueblos y habitantes que están ubicados entre Arica y Putre, pasando por Chapiquiña, Belén, Zapahuira, etcétera. "Agradeceré al señor Ministro se sirva disponer que, con los recursos de la Junta de Adelanto, se adquiera esta ambulancia y sea puesta a disposición de estos pueblos para su servicio y atención de enfermos." Del señor Valenzuela: TERMINACION DE OBRAS EN LICEO DE HOMBRES DE SAN FERNANDO (COLCHAGUA). "Al señor Ministro de Educación, con el objeto de que se autorice a la actual firma constructora, que termina en julio próximo los trabajos del Liceo de Hombres de San Fernando, para que pueda seguir construyendo las obras que faltan por terminar, que serían los Bloque: A, B, C y el patio cubierto, tan indispensable para dicho establecimiento educacional de esa zona." FALTA DE MEDICOS EN HOSPITAL DE RANCAGUA (O'HIGGINS). "Al señor Ministro de Salud Pública, con el objeto de que se sirva impartir las instrucciones pertinentes para la pronta destinación de médicos para el Hospital de Rancagua, ya que actualmente han debido suspenderse algunos turnos del Servicio de Emergencia por falta de profesionales. Esto constituye una situación gravísima para la población de Rancagua, si se considera lo esencial que es una buena atención en un servicio como el recién aludido." SEMBLANZA DE DON ROQUE ESTEBAN SCARPA Y DE DON JUVENCIO VALLE, A PROPOSITO DE DESIGNACION DE DIRECTOR DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, hace algunos días el país presenció una pugna lamentable y bochornosa. Lamentable, porque enfrentó a dos intelectuales de muy alto nivel, cada uno en su campo. Y bochornosa, porque el enfrentamiento no se produjo en el terreno de las ideas, sino en otro mucho más mezquino: el de la colocación burocrática. No quiero referirme a los detalles de ese tira y afloja tendiente a obligar- por encima o por debajo de la ley- a don Roque Esteban Scarpa, Director de Bibliotecas, Archivos y Museos, a abandonar su cargo para que pudiera instalarse en él el poeta comunista Juvencio Valle. Todos sabemos, señor Presidente, que esas funciones no son de la confianza del Jefe del Estado, y que, por consiguiente, la permanencia del titular tampoco está sujeta a los vaivenes de la política. A muchos nos parece saludable que así sea. Otros disienten. Repito que no voy a entrar en el debate, aunque rae habría gustado ver una actitud de mayor respeto hacia un intelectual de la estatura y la trayectoria de Roque Esteban Scarpa. No nos detengamos en esas pequeñeces. Hagamos abstracción de ellas y demos a cada uno de estos dos hombres, que un anhelo burocrático puso frente a frente, lo que en verdad les corresponde. Quiero ser breve. No me referiré, por ello, a la vasta labor desarrollada por Scarpa antes de asumir la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Miles de alumnos y ex alumnos suyos -tanto secundarios como universitarios- somos testigos irrecusables de su fecunda tarea como maestro y del fervor que en ella puso desde su primera juventud. Decenas de miles son los lectores de sus obras, poéticas y ensayísticas, en las cuales prolongó la docencia más allá de las aulas, más allá de nuestras fronteras. Con esos títulos asumió la Dirección que ahora deberá abandonar. Veamos muy someramente algo de lo que hizo en aquel cargo, entre 1967 y 1970. ¿Por qué 1967, y no 1964, año en que se inició la Administración Frei? Porque en esa oportunidad se respetó al Director de Bibliotecas, Archivos y Museos, no obstante su distinta adhesión política y pese a ser entonces un hombre discutido. En ese lapso, Roque Esteban Scarpa logró mejorar considerablemente las rentas del personal del servicio, subiendo, por ejemplo, las remuneraciones a jornal de Eº 8,33 diarios a una cifra que fluctúa, en diciembre de 1970, entre Eº 20 y Eº 34,44. Se creó, también, un Centro Comunitario de Enseñanza Media, gracias al cual los auxiliares pudieron completar sus estudios y aspirar a situaciones mejores. Paralelamente, se dictaban seminarios de perfeccionamiento en bibliotecología y se organizaba el Centro Nacional de Museo- logia, organismos ambos que permitieron una acabada capacitación profesional. Un curso de monitores dio la posibilidad de ofrecer al público visitas guiadas y explicadas a los museos, de modo que ellas adquirieran real valor pedagógico. Y para interesar a la juventud en lo que constituye el gran desafío de nuestro tiempo, se crearon clubes científico-juveniles dirigidos a estimular la investigación en este campo por los estudiantes chilenos. Fue Roque Esteban Scarpa quien, después de enormes esfuerzos y venciendo mil dificultades, consiguió que se reestructuraran los servicios bajo su dependencia, eleváranse las rentas del personal y agilizárase su operación. Secciones nuevas, como la Mapoteca, y ampliación de las anteriores, como la de microfilmes, contribuyeron a dar vitalidad a esta rama clave de nuestra cultura. Subrayo algunas iniciativas: el Archivo de la Palabra recoge, en grabaciones magnetofónicas, las voces de los escritores vivos y conserva para la posteridad un testimonio inapreciable. Lo completa el Archivo del Escritor, en el cual se conservan originales de puño y letra, material iconográfico, traducciones, etcétera. La Oficina de Referencias Críticas informa periódicamente a los autores sobre todo lo que se ha publicado acerca de ellos y de su obra en diarios y revistas. Y el Museo del Escritor acoge a nuestros prosistas y poetas, dedicándoles exposiciones combinadas con charlas ilustrativas. Esto es algo, apenas algo, de lo que ha hecho Roque Esteban Scarpa en tres años. Sumemos a eso más de trescientas conferencias, más de cien actos académicos, sobre ochenta exposiciones, ciento veinte conciertos, ciento once cine- foros, y tendremos la imagen de bibliotecas y museos plenos de vitalidad, en auténtico contacto con el mundo de en torno. Y con la comunidad: veinte nuevas bibliotecas públicas, un servicio de cuatro bibliobuses destinados a llevar la cultura a los barrios, cincuenta estantes móviles, trece museos nuevos, son parte de la obra de difusión desarrollada por Roque Esteban Scarpa. Por eso, sin entrar en la penosa mezquindad de los incidentes que provocaran su salida, quiero hoy rendirle un sincero homenaje al Director que dinamizó bibliotecas y archivos e hizo lo posible por acercarlos al pueblo, que desempolvó los museos y atrajo hacia ellos a la juventud chilena. Veamos, ahora, quién es el hombre nuevo, y démosle lo que en justicia le corresponde. Juvencio Valle, poeta, Premio Nacional de Literatura, tiene también una obra literaria vastamente conocida. Y es funcionario de la Biblioteca Nacional desde hace muchos años. Quise, señor Presidente, investigar su labor en este último campo, pero no encontré testimonios. Me consta que lo conocen, pero ni siquiera entre sus partidarios descubrí a ninguno que pudiera mencionar sus creaciones o iniciativas en el servicio. Habrá que esperar. Entre tanto, yo los invito a conocer el autorretrato que, a través de su obra y de algunas declaraciones, ha ido bosquejando Juvencio Valle. "Todos los días", declaró a "El Siglo" el 25 de marzo último, "me quedo después de las cinco y media, cuando se han ido los compañeros." ¿Un poeta que vende su primogenitura espiritual por un plato de lentejas burocrático? No, señor Presidente. En las mismas declaraciones el intelectual aclara: "Pero no te creas que lo hago porque le tengo mucho amor al trabajo. A esa hora la oficina deja de serlo. Estoy lejos de ruidos, de molestias, de gente que llega. Entonces me siento en mi casa." No, el poeta no se esclaviza al cargo. Más adelante afirma: "Los sábados no vengo a la Biblioteca. Trabajo..." Para decirlo en términos actuales, Juvencio Valle está comprometido con su poesía. Así, en uno de sus libros puede afirmar con voz clara y vigorosa: "Me dicen "que respete las leyes, "la Constitución del Estado, "los reglamentos, "las costumbres establecidas. "Yo no respeto nada." Y algunos vibrantes versos más abajo, subraya: "... por ese anchuroso lado "sobro de pie a cabeza". Fue lo que algunos -superficialmente- pensaron cuando se anunció su candidatura. No apreciaban la esencia etérea del poeta, que Juvencio Valle boceta diciendo: "Me miro en lo que soy, "entre real, a veces, e hipotético". Hipotético, sí, más no inmodesto, señor Presidente, porque a continuación escribe: "...me encuentro sobrevivido, viejo..." Y en seguida: "... difícilmente encuentro "razones que me justifiquen." A pesar de su edad, y de estar -según propio testimonio- "sobrevivido y viejo", Juvencio Valle es un rebelde. Por eso exclama, en otros versos inmortales: "No me hagan marchar en fila, "déjenme sobre un cerro, "déjenme." En su palabra resuenan, a ratos, los ecos de la canción protesta: "Háblenme de la ley escrita, "del estatuto orgánico, "de la educación señores: "el buen comportamiento "y las buenas maneras... "qué tiene que ver con esas cosas "un buscador de miel, como yo, "un picaflor, apenas..." Hasta aquí la visión -lo reconozco- es incompleta. ¿Dónde está su programa, su plan de acción, su aporte de hombre nuevo, aunque "sobrevivido y viejo"? Quizás lo encontremos en otra de sus líricas páginas, inolvidables, llenas de dramática tensión: "Me vienen ganas incontenibles "de incendiar la oficina, "echar al diablo tanta papelería inútil, "números, edificios, fichas, "horarios y estadísticas." Cualquier cosa augura este autorretrato, señor Presidente, cualquier cosa, menos la monotonía del "dejar hacer, dejar pasar". Juvencio Valle nos da, a través de sus versos, la imagen de un revolucionario tal vez exagerado para algunos gustos, pero auténtico, sincero,, sin resquicios. ¿Cómo no rendirle, también, un cálido homenaje en estos momentos en que -saltándose la "ley escrita, el estatuto orgánico, la educación, señores"-, se dispone a asumir un cargo que, según sus propias declaraciones (éstas en prosa), le permitirá "Jubilar de la mejor manera"? Aunque hago votos por que domine sus "ganas incontenibles de incendiar la oficina", no puedo menos de inclinarme ante el poeta de la jubilación más noble. ANALISIS A ACTUACIONES POLITICAS DE PARTIDOS INTEGRANTES DE LA UNIDAD POPULAR. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente: Creo de mí deber hablar esta tarde en el Senado sobre un tema que está golpeando fuertemente sobre mí desde hace algún tiempo. Estimé inoportuno considerarlo en la época anterior a las elecciones municipales, de reciente celebración en Chile, para que, de ninguna manera, se pudiese desfigurar ante la opinión pública la intención constructiva y honesta de mis palabras frente al creciente sectarismo y prepotencia, carente de todo sentido crítico, de parte de los integrantes de los partidos de Gobierno del Presidente Allende. Al producirse la elección presidencial la Democracia Cristiana consideró con patriotismo y desinterés partidista -actitud no corriente en la política chilena, cargada de odiosidades y pequeñeces- el problema de la elección del doctor Allende, al ser derrotado Tomic y haber conquistado la primera mayoría nacional el actual Presidente de Chile. Nuestro acuerdo de votar en el Congreso Pleno para elegir Presidente al doctor Allende fue categórico y claro. A mi juicio, significó despejar el ambiente tan cargado de pesimismo sobre el futuro inmediato de la institucionalidad de Chile. Si no hubiésemos tomado una actitud positiva; si hubiéramos preferido soslayar la solución del problema, no comprometiéndonos en el proceso, como muchos creían mejor, no sabemos qué tremendos sucesos habríamos presenciado y cuánto dolor pudiera haberse producido entre los chilenos. Basta considerar el asesinato del General Schneider, realizado después del acuerdo de la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano, para prever el clima de Chile sin una clara, consciente y patriótica actitud de nuestro partido para dar una solución limpiamente democrática al problema por resolver. Nadie podría, ni en ese entonces ni hoy, prever si el señor Allende habría llegado al poder o qué habría pasado en el país. Por ello, todo hacía presumir que, ante los graves asuntos que el nuevo régimen debía resolver, había en el espíritu mismo de las llamadas "Garantías Constitucionales", más que en su letra misma, un espíritu para producir un clima de respeto y consideración para con aquella parte del pueblo trabajador chileno" que quedó, por el hecho político de la elección, en la Oposición al Gobierno del Presidente Allende. Pensamos que las actitudes delirantes de muchos elementos de los partidos oficialistas, iban a ser canalizadas en forma constructiva para servir a todo el pueblo chileno y no sólo al sector triunfante. Desgraciadamente para el proceso revolucionario que vive Chile desde 1964 adelante, esto no ha sido así: las naturales aspiraciones de quienes, como los democratacristianos, creíamos indispensable unir al pueblo chileno frente a grandes perspectivas de desarrollo económico, social y cultural, están resultando fallidas. La desesperanza, las odiosidades, la separación cada día más profunda parece ser el motivo de lucha de los partidarios del Presidente Allende, quien, justo es decirlo, hace inhumanos esfuerzos para que las acciones de sus partidarios tengan sentido constructivo y serio. Los democratacristianos no somos los que provocamos la desunión del pueblo chileno; ni en las poblaciones ni en el campo; ni en la juventud ni en la mujer chilena, sino que es el sectarismo y prepotencia que crece cada día el que cava la fosa que separa, el que alimenta pasiones bajas destinadas a crear un clima artificial, que no es propio del chileno de gran corazón, lo que va conduciendo el espíritu más anti revolucionarlo de los partidos de la Unidad Popular. No son simples afirmaciones carentes de realidad, ni meras apreciaciones generales, las que por desgracia fundamentan mi juicio respecto del problema más serio que se está viviendo en Chile. Más grave que la cesantía y que muchos errores del Gobierno del Presidente Allende, es producir entre los chilenos que queremos cambios revolucionarios efectivos y que somos el noventa por ciento del país, una separación tajante: aquí los que ganaron; allá los que no triunfaron y que fueron precisamente -aunque le duela recordarlo- los que iniciamos en Chile, desde 1964, con el Gobierno de Frei, la organización del pueblo, de los campesinos, de la mujer y la juventud; su concientización profundamente admirable en razón de la gran capacidad receptiva de los chilenos para los elementos del cambio; los que iniciamos la reforma agraria; los que pavimentamos los caminos a los nuevos gobernantes para acelerar y ampliar los procesos para destruir el sistema capitalista, causante de los grandes males de nuestro mundo y, en especial, de esta América morena donde vivimos. Los funcionarios que como Hernán Mery -mártir de los campesinos de Chile frente a la prepotencia de los latifundistas- , durante seis años expusieron sus vidas, no tuvieron descanso, entregaron toda su fe y esperanza para la liberación de los campesinos de Chile; los funcionarios de CORA e INDAP, que estudiaron, se capacitaron y fueron compañeros fraternos con sus colegas de trabajo, durante este Gobierno, en lugar de ser aprovechados para el proceso necesario de una reforma agraria masiva y profunda, están humillados en "la huesera", como llaman con sorna y amargura, en piezas, muchas veces sin los elementos materiales necesarios para realizar una labor mínima eficiente para los proletarios de Chile. Tengo aquí - no lo leo por respeto al Senado- un volante- invitación de los trabajadores del agro mandados por compañeros de la Unidad Popular, que verdaderamente sólo puede producir indignación en quienquiera que lo lea. Los ingenieros y funcionarios técnicos y de todo tipo de los Ferrocariles del Estado están en "el patio de los elefantes", como me lo expresara con vergüenza un amigo mío ferroviario de la UP; los dentistas y funcionarios del Servicio Médico Nacional de Empleados son trasladados en comisiones de servicio sin fin; los choferes de la Dirección General de Salud, cambiados a establecimientos lejanos; los Supervisores de Educación, integrados por maestros de todos los partidos que hicieron cursos y se capacitaron para asesorar a sus colegas en los programas y métodos de la Reforma Educacional, son dispersados y vueltos a sus escuelas de origen, despreciando su preparación y sus conocimientos. ¿Qué produce todo esto en los afectados, en sus familiares y amigos y en sus colegas de trabajo? No es precisamente un deseo de unidad del pueblo, sino que el legítimo anhelo de defenderse frente al sectarismo de que se hace gala. Tengo aquí una carta dirigida por el profesor Orlando Urra a su Jefe. Sus palabras son el fiel reflejo de la amargura* y desesperación producida en su espíritu al decir "que mientras permanezca atropellado en mi carrera funcionaría, me será muy difícil desempeñarme normalmente hasta que se reconozcan mis antecedentes profesionales y se me den amplias garantías de que no seré perseguido políticamente. Yo no puedo aceptar como superior jerárquico a un colega, impuesto políticamente, con antecedentes profesionales muy limitados. Tal como lo denuncié en el último Consejo General de Profesores, me es imposible trabajar normalmente cuando en forma tan descarada se ha introducido la politiquería en la Dirección de la Escuela, situación que viene a socavar la unidad del cuerpo de profesores, de quienes, como usted sabe, recibí hace dos semanas atrás la Presidencia del Consejo Gremial". A los dirigentes campesinos se les trata de socavar su prestigio frente a las bases -tengo casos concretos- , a fin de destruirlos como dirigentes en la misma forma en que lo hicieron y lo hacen los reaccionarios de la Derecha; se escucha y atiende sólo a los organismos comunitarios dirigidos por personas de la Unidad Popular, como es el caso inaudito acaecido en el mes de marzo en San Vicente de Tagua- Tagua respecto del local del Centro de Madres de Rastrojos, en el que el regidor socialista, que es abogado, don Waldo Barraza con compañeras de la Unidad Popular descerrajó el candado y tomó posesión del local comprado por el Centro. Mandé un telegrama reclamándole de este acto al señor Ministro del Interior -quiero que tomen nota de esto, Honorables colegas- , y no lo hice público para que nadie pudiese creer que me interesaba como propaganda electoral. En ese telegrama pedí que el Gobernador del departamento ordenara la devolución del local a sus legítimas dueñas. Por eso, al volver a Santiago, mi extrañeza fue muy grande al recibir en respuesta la siguiente nota del Subsecretario del Interior: "El señor Gobernador de San Vicente de Tagua- Tagua, por oficio Nº 88, de 25 de marzo en curso, expresa a este Ministerio lo que sigue: en respuesta a su providencia Nº 2.371, de fecha 22 de marzo del año en curso, recaída en la petición que formula el señor Senador don Ricardo Valenzuela en el sentido se le devuelva local, cúmpleme informar US lo que sigue: El suscrito, desde que asumió el cargo, no ha tenido conocimiento se le haya tomado local alguno al señor Senador ni a nadie; tampoco ha sabido se haya cometido algún escándalo. Es todo cuanto puedo informar a US". Tengo aquí un periódico de la localidad, en cuya primera página se especifica el problema del Centro de Madres de Rastrojos. ¿Qué se desprende de esta nota de contestación del Subsecretario del Interior? O que el señor Daniel Vergara está viviendo en una nebulosa que le impide ver la realidad, o que es engañado burdamente por el representante del Presidente de la República, o que pretende reírse de quien, como representante del pueblo, ejerce un legítimo derecho de reclamo en forma correcta y digna, La señora CAMPUSANO.- Su Señoría sabe que no es así. El señor VALENZUELA.- Señora Senadora, nunca digo una cosa que no es verdad. Acabo de decir ante el Senado que cuando envié el telegrama no hice público su contenido. Se lo mandé sólo al Ministro, a fin de que, como estábamos en un período preelectoral -antes de los comicios municipales- , nadie pudiera creer que lo hacía por un afán de aprovechamiento político. Siempre me gusta ser limpio y correcto cuando desempeño mis actividades políticas. No me presto para obtener beneficios de circunstancias ajenas a ese tipo de comportamiento. ¿Qué efectos, señores Senadores, pueden producir hechos como éstos, en los que se pisotean derechos, y más aún, se dice a su superior jerárquico, el Ministro o el Subsecretario del Interior, como en el viejo cuento de la ancha manga, "aquí no ha pasado nada", ni se ha sabido nada, siendo que a él, al Gobernador, se ha reclamado desde el comienzo de estos hechos por las afectadas? Colchagua era la única provincia de Chile que tenía como presidente del SUTE, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, a un gran luchador gremial, el profesor del liceo de San Fernando don Enrique León González. Tiene derecho, como tal, de integrar, junto a funcionarios de educación básica y según la circular Nº 25, del mes de marzo de 1971, la Comisión para las vacantes de maestros en la Enseñanza Básica. Nombraron a otro colega, empujándolo así a presentar, por dignidad de maestro y de dirigente gremial, la renuncia a su cargo de Presidente. He sabido que en el liceo el Inspector General lo colocó, como otro castigo más, en el llamado "patio Siberia", para humillarlo frente a sus colegas por los cuales luchó siempre, antes y ahora, y a sus alumnos, que ven en él a un hombre sin tacha. Cómo será la reacción frente a esto, que el periódico "La Voz de Colchagua", órgano del centro cultural "Urcicinio Peña", que mis colegas radicales deben identificar muy bien porque representa a una prestigiosa institución filosófica chilena, editorializa sobre la materia, y dice: "Planteada la renuncia del Presidente del Sindicato Único de los Trabajadores de la Enseñanza en los términos conocidos, y reemplazado por otro, se estaría simplemente frente a un caso de transgresión de las normas administrativas y técnicas superiores preestablecidas y, por consiguiente, al atropello representativo de tan amplio sector de trabajadores, lo que sin duda constituye un precedente negativo para el prestigio de la Educación en la Comunidad". Se atropella impunemente la limpia representación gremial de los maestros, por el solo hecho de que el Presidente Provincial del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación es militante demócrata-cristiano. ¿Qué pensarán los demás colegas, cualquiera que sea su ideología? Hoy desplazaron a León, mañana será otro que tenga independencia de criterio gremial y no sea fácilmente manejable. ¿Dignifica esto a un proceso revolucionario? No es mi ánimo dar una visión completa de hechos como los señalados que, salvo muy honrosas excepciones, constituyen la norma general, una línea de conducta que califico de sectaria y cerrada en contra, especialmente, de los militantes y simpatizantes de la Democracia Cristiana. Esta actitud, naturalmente, se ha acentuado, ya que por los medios de comunicación de masas se pretende descapitalizar a personeros nuestros en términos muy conocidos y que han merecido nuestro categórico rechazo. Al respecto, quiero señalar como ejemplo las publicaciones acerca de los discursos hechos por el ex Presidente de la República, camarada Eduardo Frei, y por el Presidente del Senado, camarada Patricio Aylwin. En ellas se les quiso presentar como personas que tenían un interés reñido con la vida institucional de Chile. Pues bien, el ex Presidente Frei fue invitado a visitar varios países extranjeros; solicitó el permiso constitucional respectivo y la Cámara se lo concedió por la unanimidad de sus miembros. Si hubiera habido la mínima seriedad, debió haberse aprovechado esa oportunidad para plantear el problema que hicieron presente ante la opinión pública del país. Pero no es ése el problema. La cuestión reside, precisamente, en pretender descapitalizar ante la opinión pública a los per- soneros y militantes de la Democracia Cristiana. Los parlamentarios estamos en intenso contacto con el pueblo; sabemos de sus inquietudes, de las injusticias que sufren grandes masas trabajadoras por el sistema capitalista. Los militantes demócrata- cristianos, desde toda la existencia del partido, primero en la Falange Nacional y hoy en el Partido Demócrata Cristiano, hemos realizado una campaña ideológica y práctica para destruir el capitalismo, caracterizándonos como un partido de Izquierda que lucha por establecer en Chile un régimen de justicia y libertad, una sociedad justa y humana formada por trabajadores dueños de los medios de producción en forma comunitaria y fraterna; o sea, una sociedad sin clases, que haya derrotado al capitalismo y construido un nuevo sistema social sin explotadores ni explotados. Eso somos; por estas ideas luchamos y, por ello, en el Parlamento, en el Gobierno, cuando lo fuimos, en la base de las organizaciones del pueblo, hemos formado conciencia de nuestra ideología verdaderamente revolucionaria e iniciamos el proceso de cambios, especialmente entre el campesinado, los pobladores, la mujer y la juventud chilena. En la campaña presidencial, el Partido Demócrata Cristiano señaló la necesidad de la unidad del pueblo para realizar la revolución chilena, democrática y popular. Dimos cuenta de nuestro hondo sentido popular, cuando todo el partido, mediante sus parlamentarios y sin ninguna defección, en el Congreso Pleno voto por el actual Presidente de la República; continuamos en esa línea cuando apoyamos y mejoramos notablemente el proyecto de nacionalización del cobre, el despacho' de la ley de Presupuestos, de Reajustes; no prestándonos a juegos interesados de la Derecha en acusaciones constitucionales a Ministros; despachando los nombramientos de Embajadores y de diplomáticos diversos; aprobando las reformas a la Carta de la OEA y al Estatuto de la Universidad de Chile; estudiando y mejorando en la Cámara de Diputados el proyecto sobre el Ministerio de la Familia; en fin, una labor eminentemente constructiva al servicio del pueblo chileno. Nadie puede enjuiciarnos en nuestra limpia trayectoria de útil herramienta de los trabajadores chilenos, y, por ello, frente al desafío de este período de la historia de Chile, en lo que se denomina la construcción del socialismo y del "hombre nuevo" chileno, tenemos una actitud clara y bien definida, hecha presente cuando nuestra juventud democratacristiana dice: "Explicamos, una vez más la cuestión de fondo, no es el capitalismo y la necesidad de su destrucción lo planteado por delante para las grandes masas populares. Es la perspectiva socialista y el esfuerzo unitario de los grupos sociales y partidos populares lo que está en juego. Después de la elección presidencial, como después de la elección municipal, lo que queda pendiente se refiere al tipo o modelo de socialismo que se debe construir: su estilo, su inspiración y su intención final". Por ello, considero vital en esta hora de definiciones expresar que estamos por la construcción del socialismo como expresión del bienestar de la comunidad social, y la concebimos como la constitución de una sociedad sin clases, formada por los trabajadores liberados del capitalismo y también de la opresión de un Estado omnipotente y supremo dador de todos los bienes. En esa inspiración, en el fondo vitalmente cristiana, que señala al ser humano como el verdadero y único constructor de la Historia y de su Destino, luchamos todos los democratacristianos. Para una tarea de esta envergadura, de una perspectiva tan noble y señera, el Partido Demócrata Cristiano, en la lucha social de los chilenos, está monolítica y férreamente unido. Y los halagos que se hacen a algunos de nuestros camaradas no penetran, porque tenemos conciencia digna y sabemos que estamos en una acción política de gran trascendencia para Chile, la que sólo podremos realizar con la unidad ejemplarizadora del pueblo chileno. Por ello mis palabras de esta tarde, señores Senadores. Porque nuestra franqueza y sinceridad no pueden ser tergiversadas por nadie, por pequeños intereses políticos circunstanciales, es que he creído de mi deber levantar mi voz en este hemiciclo para señalar que, por el camino del sectarismo, la prepotencia y el corto alcance, no se podrá obtener para el pueblo chileno su liberación. En lo doctrinario fundamental: para la construcción en Chile de un socialismo humanista, sí; para un socialismo marxista, no. No se trata de un mayor o menor grado de estatificación de la economía, sino de un espíritu conductor del proceso revolucionario, de una filosofía de la vida que proyecte la realidad del ser humano liberado de toda explotación. Para nosotros, los democratacristianos, Dios hizo el mundo para el goce -en su gran sentido- de todos los seres humanos y no tan sólo de unos pocos. Por eso, quiero recordar en este instante cuando, hace diez años, en una visita realizada a la Unión Soviética con nuestros propios medios, tuve la oportunidad de responder a las palabras del Presidente de la Cámara de Nacionalidades, señor Peyve, quien, refiriéndose a los Diputados democratacristianos que estábamos allí junto a otros partidos diversos, dijo más o menos: "Nosotros los comunistas nos diferenciamos de ustedes los democratacristianos en que queremos y luchamos por dar felicidad al hombre en el planeta, y ustedes quieren dársela en su cielo, en el que creen que existe." Tuve el agrado de ser el primer militante democratacristiano chileno que le respondiera a esa alusión tan clara al fondo de su pensamiento marxista, al decirle: "Yo creo que usted está equivocado profundamente, porque nosotros los democratacristianos luchamos, precisamente en razón de nuestra filosofía de la vida, por dar felicidad y alegría al ser humano en este mundo. Porque, al constituir una sociedad de trabajadores libres, buscando en la fraternidad el progreso y el bienestar en su sistema comunitario de propiedad, el ser humano tendrá necesariamente mayor facilidad para intuir, en el fondo de su conciencia, la gran perspectiva superior de una vida plena." El día 1º de mayo, Su Excelencia el Presidente de la República, el doctor Salvador Allende, en parte de su discurso, dijo lo siguiente: "Y cuando yo hablo de ampliar el poder político, pienso que más allá de las fronteras de la Unidad Popular hay miles y miles de chilenos que pueden estar juntos con nosotros; hay cientos y miles de chilenos sin domicilio político. Y hay otros que teniendo domicilio político no pueden olvidar ni los principios ni las ideas, y yo los llamo fraternalmente, limpiamente, a trabajar por el Chile nuevo y por la patria que queremos para todos los chilenos." Ese es, precisamente, el espíritu y la actitud consciente, patriótica y permanente que ha tenido la Democracia Cristiana desde el día mismo, desde la noche misma del 3 de septiembre de 1970. Esa ha sido nuestra actitud, consecuente con nuestros principios verdaderamente revolucionarios y populares. Consecuente con ellos, el Partido Demócrata Cristiano, como lo he señalado mediante las palabras que acabo de pronunciar, ha tenido una actitud que ha significado dar a Chile la constitucionalidad que debe tener en el proceso verdaderamente democrático de la sucesión del poder presidencial. Deseo enfatizar de manera especial lo relativo al proyecto de nacionalización del cobre, a través de la reforma constitucional, porque ése ha sido, indudablemente, uno de los hechos de orden político y económico de mayor importancia que caracterizará al Gobierno de la Unidad Popular. Y la Democracia Cristiana, precisamente por los principios que la informan, por su sentido patriótico, por la filosofía de su pensamiento cristiano, ha tenido la actitud que todos los señores Senadores, el Parlamento y el país entero han sabido apreciar y justipreciar. Nosotros no sólo aprobamos la idea de legislar, tanto en las Comisiones como en las respectivas Salas de la Cámara y del Senado, mejorando notablemente el proyecto, sino que, con un sentido de colaboración real, efectiva, respecto de una obra tan fundamental como es la nacionalización de la gran minería del cobre, hemos enriquecido esa iniciativa legal. Y al respecto, quiero aprovechar la intervención da esta tarde para rendir el homenaje que merece uno de nuestros camaradas, el Senador y Presidente de la Comisión de Legislación del Senado, Honorable señor Renán Fuentealba, porque lo he visto personalmente preocupado, hasta de los menores detalles, por que el proyecto sea despachado en la mejor forma para los intereses permanentes de Chile y para que el Gobierno y el pueblo chilenos no tengan la más leve inquietud respecto del proceso de nacionalización de esa actividad. Quiero recordar, sí, que con motivo de la discusión de esa iniciativa legal, los Senadores de las provincias cupreras presentamos una indicación que era producto de un estudio hecho por el Departamento Sindical del Partido Demócrata Cristiano en una conferencia nacional, en la cual participaron también nuestros dirigentes y los trabajadores del cobre. La idea consignada en esa indicación estaba relacionada con los derechos de los trabajadores. Precisamente en la semana que recientemente termina hemos podido ver cómo, en Chuquicamata, los trabajadores de la industria cuprera, que no han tenido una información efectiva respecto de lo que se estaba tratando en el proyecto de reforma constitucional, querían que se les pagara anticipadamente la indemnización por años de servicios. Ellos creían que sus prerrogativas estaban cercenadas por el proyecto de nacionalización del metal rojo. Sin embargo, cuando nosotros, los Senadores de la Democracia Cristiana, junto con nuestro Honorable colega don Ramón Silva Ulloa, presentamos la indicación que garantizaba los derechos de esos trabajadores, no faltaron frases de los amigos de la Unidad Popular para sostener que se tenía desconfianza en el Presidente de la República y que, en realidad", eso estaba de más. No obstante, como lo dije en sesión pasada, con esa indicación hemos dado al Jefe del Estado ahora, cuando hay inquietud en algunos trabajadores, una herramienta, un arma de defensa poderosa, verdadera y eficaz para que él pueda hacer ver que los derechos de quienes laboran en el cobre no están cercenados con el proyecto de nacionalización. Es decir, lo que el señor Presidente de la República ha dicho en su discurso pronunciado el 1º de mayo, al celebrarse el día internacional del trabajo, corresponde a la actitud permanente de la Democracia Cristiana. Es así como nosotros hemos actuado; es así como nosotros consideramos que debemos actuar: al servicio del pueblo de Chile y de los grandes procesos revolucionarios que tiene que vivir el país. Por eso, al comenzar mis palabras, yo decía que una inquietud corroía mi espíritu. Hacía ya muchos días que deseaba hablar en el Senado, pero ello no había sido posible porque no disponíamos del tiempo indispensable para hacerlo. Hacía ya tiempo que quería decir que esta actitud de sectarismo y prepotencia de la mayoría de los sectores de la Unidad Popular -así tuve oportunidad de expresarlo personalmente al Presidente de la República meses atrás, cuando era Vicepresidente de la Democracia Cristiana, a raíz de una entrevista que nuestra directiva sostuvo con él- está creando una odiosidad muy profunda en las bases mismas del pueblo. Y esto no puede ser, porque así no vamos a construir una revolución. A nosotros no nos interesa, en modo alguno, pretender aparecer con otro motivo que no sea el puro y auténtico interés por realizar en Chile una transformación profunda de los sistemas económico, social, cultural, político y educacional que vive el país, a fin de incorporar las grandes masas de asalariados al dominio de las empresas de producción, y poder, en esta forma, alcanzar el ideal por el cual hemos luchado durante todas nuestras vidas y que está representado por una sociedad sin clases e integrada por los trabajadores mismos. Esas son las razones que me han inducido a pronunciar las palabras que el Senado me escuchó esta tarde. Como es posible que algunos de los problemas que he planteado susciten el interés del señor Ministro del Interior, pido que las partes pertinentes de mi intervención le sean transcritas por oficio, a fin de que ese Secretario de Estado pueda aquilatar que cuanto he expresado esta tarde implica algo extraordinariamente grave para la eficacia de la acción que debe desarrollar como Ministro, al servicio de todos los chilenos. - Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, de conformidad con el Reglamento. El señor REYES (Presidente accidental).- Dentro del tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Prado. DESTITUCION DEL JEFE DEL SERVICIO MEDICO NACIONAL DE EMPLEADOS DE VALPARAISO, DOCTOR OSCAR MARIN SOSIAS. El señor PRADO.- Señor Presidente, quiero, ante todo, hacer notar que la intervención del Honorable señor Valenzuela ha sido muy seria y pronunciada en un tono que revela gran sinceridad. Todavía más, yo diría en el tono que corresponde a un auténtico patriota chileno, a quien no busca posiciones de meros antagonismos, sino que, más bien, desea emplear sus palabras y juicios para advertir al Gobierno respecto de lo que empieza a suceder en Chile. Ahora, aprovechando la intervención de mi Honorable colega, quiero referirme a un hecho que en sí pareciera no ser grave; pero que, a mi juicio, empieza a convertirse en una especie de símbolo de lo que está ocurriendo a lo largo de todo el país y contrariando las palabras del Primer Mandatario, quien, a cada rato, promete respeto por las personas, por los derechos, por la carrera funcionaría, por los ciudadanos que merecen respeto. En Valparaíso, en el día de ayer, fue suspendido de su cargo de Jefe del Servicio Médico, el doctor Oscar Marín Sosias. Este profesional - el doctor Salvador Allende lo conoce- presta servicios desde hace 35 años y es Jefe del Servicio Médico de esa ciudad desde hace muchos años. El Hospital del Empleado, el único en su género que existe en Chile, fue construido, precisamente, gracias a su celo funcionario. Y ahora, el 21 de mayo o pocos días después, se inaugurará el segundo pabellón de ese hospital, que es un orgullo para Chile -no sólo para la Democracia Cristiana, que lo impulsó en el Gobierno pasado- , tal como ocurre con el médico mencionado, que es un orgullo como funcionario. ¿Por qué fue suspendido el doctor Oscar Marín? Lo fue por el Vicepresidente y por el Fiscal del SERMENA, por poner en vigencia y aplicación la ley de Medicina Curativa, legislación que permite a los colegios respectivos, por intermedio de todos los profesionales que laboran en ese servicio, otorgar a sus imponentes, que suman muchos miles en Chile, algo tan importante como lo son la atención médica, y la atención químico-farmacéutica. Quiero tocar con mis palabras la conciencia de quienes leerán esta intervención mía, del mismo modo que la del Honorable señor Montes, que está aquí presente. También me habría gustado que la Honorable señora Campusano, quien interrumpió al Honorable señor Valenzuela para decirle que era falso lo que él afirmaba, la hubiera escuchado. ¿Por qué se suspende a un funcionario? La verdad es que yo estoy perplejo frente a lo ocurrido. Hoy día envié un telegrama al Presidente de la República, mediante el cual le digo que recurro a él, porque el Jefe del Estado debe saber lo que está pasando en el país. Hay un médico que es respetado en Valparaíso por los imponentes, al que hoy día están defendiendo todos los gremios que reciben atención del SERMENA -entiendo que sobre el particular hay actitudes de violencia dentro del Servicio, inclusive, y en la calle- : los estibadores, los marítimos, los portuarios, los empleados particulares. En esas manifestaciones intervienen militantes de todos los partidos políticos e independientes. Lo que hay en el fondo de esto es de una mezquindad increíble. Ojalá que el Honorable señor Montes, que está presente en la Sala, viera en mis palabras el deseo de que tal situación se corrija, porque suelen producirse hechos de esta naturaleza y es bueno que tomen conocimiento de ello quienes están en el Poder, ya que, mientras empiezan a creer que cuanto se está haciendo se halla imbuido de una especie de atmósfera mística o de pureza, la práctica burócrata de segunda o de tercera clase inicia la obra destructora. El Servicio Médico de Valparaíso ha efectuado prestaciones médicas y de química y farmacia, porque la ley así lo ordena. El doctor Marín ha expedido órdenes para que los imponentes se acojan a esos beneficios. Los fondos con los cuales se paga ese tipo de atención provienen de aportes que hacen los propios empleados. No hay recursos fiscales comprometidos; no existe malversación de especie alguna ni aprovechamiento funcionario. Simplemente, se suspendió de su cargo a ese médico porque, se le dice, no fue autorizado en forma previa para otorgar beneficios establecidos en la ley. El doctor Marín preguntó: "¿Por qué no se me ha objetado el hecho de conceder tales beneficios en el caso de las prestaciones médicas y se me impugna lo relativo a química y farmacia?". No ha recibido respuesta a esa interrogante. Por la razón señalada, se suspendió de sus cargos al doctor Marín y a los siguientes funcionarios de carrera: don Arturo Silva, 20 años de servicios, democratacristiano; don Ricardo Lemp, democratacristiano, contador de quinta categoría, y don Mario Salinas, contador-jefe y contador del Regional Valparaíso del Colegio Médico. ¿Tiene sentido adoptar una actitud como la señalada con un hombre que lleva 35 años de servicio, que es colega del Presidente Allende, cuando escucho a los Senadores de Izquierda sostener en el Senado que ya no tiene vigencia la legalidad burguesa que ellos pretenden derogar a cada instante; cuando los he oído criticar al Poder Judicial y a la justicia chilena como una justicia clasista, como si estuviera derogada por los hechos; cuando hoy día, mientras votábamos un proyecto de amnistía, los vi defender una especie de sentido moral que inhibiría a un hombre de buena fe de aplicar la ley penal vigente que sanciona a quien la transgrede? Sin embargo, quienes sostienen esa posición tan renovadora, tan refrescante, tan revolucionaria, suspendieron de su cargo al doctor Marín por haber otorgado beneficios que consagra la ley de Medicina Curativa, que rige en nuestro país porque el Congreso Nacional la puso en vigencia. Formulo tales aseveraciones porque detrás de esa actitud hay una mezquindad tal, que me resulta casi increíble concebirla: se adoptó dicha resolución porque dentro de pocos días se inaugurará el Hospital del Servicio Médico. En un acto público que se programó, todos los gremios de Valparaíso iban a rendir homenaje a un hombre que no es democratacristiano, que hace muchos años dejó de pertenecer a uno de los partidos que integran la Unidad Popular, que es respetado por su prestigio, seriedad y celo funcionario. Conversé con el Contralor General de la República acerca del caso del doctor Marín. Esa autoridad me dijo en dos oportunidades: "Según mis informaciones, las acusaciones que se le formularon no estaban motivadas sino por el interés de ese médico jefe de un servicio de otorgar beneficios. Sólo fue por eso, y usted tiene razón. La Contraloría procederá como corresponda." Hasta el día de hoy, al doctor Marín no se le ha formulado cargo de especie alguna; no sabe por qué está suspendido. Quienes conocemos un poco lo relativo a los procesos administrativos sabemos que la suspensión preventiva tiene razón de ser en los sumarios administrativos cuando se justifica, cuando un funcionario no puede seguir en su cargo -caso en el cual queda como inhibido, como inhabilitado- por faltas graves, pero no por la causa a que me he referido. En el fondo, como dije, se quiere impedir que el doctor Marín esté presente -¡hasta ese punto llega la pequeñez!- en el acto en que se inaugurará el hospital que en tiempo pasado contribuyó a construir. Burócratas del SERMENA nombrados por este Gobierno, en quienes el Presidente Allende confía, quieren recibir aplausos e impedir el justo reconocimiento que merece un funcionario que enorgullece a la Administración Pública chilena. Hoy envié un telegrama al Primer Mandatario para pedirle su intervención en este asunto. El señor Allende no puede seguir hablando en los términos en que lo está haciendo sin saber que es desmentido por funcionarios que incurren en actitudes como las señaladas, tan concretas y claras, que en ningún caso él tendría derecho a desconocerlas, olvidarlas o soslayarlas. Hoy día solicité al Jefe del Estado que, junto con ordenar reponer en su cargo al doctor Marín, haga algo que constituye un deber del Presidente de la Unidad Popular -si lo que pretende ese conglomerado político, a pesar de tales ejemplos, es, como se ha dichos tantas veces, crear una nueva mística de trabajo; una especie de atmósfera de espiritualidad para que la respiren todos los chilenos; un sentido solidario ; un aumento de la decencia; respeto real, no oral ni teórico- : impartir instrucciones para que se inicie un sumario contra los burócratas que parecen no entender nada de lo que dice el Primer Mandatario en sus discursos; contra el Fiscal del SERMENA, por lo que acaba de hacer. Considero muy grave que a un médico que durante 35 años se ha desempeñado en forma ejemplar y que ha ganado el respeto de todos, se lo pueda separar de su cargo en forma mezquina y humillante, como lo fue ayer el doctor Marín, quien, gracias a Dios, ha sido defendido por miles de trabajadores, que están creando conflictos al actual Gobierno. Se encuentra en la Sala el Honorable señor Montes, que pertenece a un partido integrante de la Unidad Popular. Con el respeto que me merece la Mesa, quiero dirigirme a Su Señoría para pedirle que tome esta causa como suya y que investigue por qué ocurren tales hechos. En todo caso, puedo decir al señor Senador que si pronuncio estas palabras, no lo hago con el ánimo de atacar. Desde una posición pequeña, mezquina, electoral, estas cosas benefician a la Oposición; pero desde el punto de vista de un chileno, nada se gana con ello. En consecuencia, pido a Su Señoría que, si es posible, investigue personalmente tales hechos, a fin de que el Jefe del Estado, sobre la base de testimonios de esta naturaleza, pueda corregir a tiempo una situación que está desmoronando una moralidad tan anunciada y tan poco real hasta ahora. DEMORA POR SERVICIOS PUBLICOS EN ENTREGA DE INFORMACION A PARLAMENTARIOS. El señor MUSALEM.- Señor Presidente, esta tarde hemos escuchado a los Honorables señores Hamilton, Valenzuela y Prado en distintas intervenciones unidas por un hilo conductor común: una actitud de sectarismo, de menosprecio a las personas y a las instituciones, por parte de funcionarios del Gobierno, generalmente los de más alta jerarquía. Lamentablemente, esa actitud se repite. Y lo estamos viendo a diario. No sólo lo oímos comentar en esta Sala, sino que lo leemos en la prensa y tenemos conocimiento de ello a través de quienes se acercan a nosotros para, plantearnos este tipo de situaciones. Muy lejos de las palabras de tranquilidad y de garantía de respeto a las personas que pronuncia en sus intervenciones el Presidente Allende, muchos funcionarios tienen una conducta que las contradice. Y esa actitud no sólo se expresa en los casos y a los niveles que plantearon mis Honorables colegas; también la estamos experimentando nosotros: el Senado como institución y los Senadores en particular. Normalmente -éste es el objeto de mi intervención- , los Senadores, al igual que los Diputados, solicitamos informaciones de diverso tipo económicas, relacionadas con determinadas instituciones o con ciertos hechos), con el objeto de cumplir nuestra función de orientar e informar al país, y en el caso de la Cámara de Diputados, para fiscalizar los actos del Gobierno. Sin embargo, de manera sistemática, el Ejecutivo demora la entrega de antecedentes por períodos que los hacen absolutamente inútiles, y en algunos casos, inclusive, no los proporciona. Hay ocasiones en que las respuestas son mañosamente premeditadas, a fin de dar la sensación de que los datos se entregan, cuando en el hecho no es así, lo que impide a los parlamentarios cumplir con el cometido que señalé. Dentro de la misma línea de actuación de muchos funcionarios de Gobierno, debo hacer presente que se ha suprimido del boletín de informaciones que elabora cada mes el Banco Central una serie de datos que normalmente el país conocía mediante esa publicación. Al respecto, por ejemplo, puedo señalar que hoy día no tenemos antecedentes acerca del gasto público que está realizando el Ejecutivo, ni tampoco sobre las reservas de divisas internacionales del país de todo el sistema bancario. Nos parece grave esta situación, en primer lugar, porque los parlamentarios tenemos el deber de trabajar sobre la base de esa información, y en segundo término, porque una ley obliga a los funcionarios gubernativos a proporcionarla, y en forma oportuna. A mediados del mes de marzo solicitamos una serie de antecedentes que el país debe conocer. Pedimos que se nos diera la nómina de los bienes y servicios bonificados o subsidiados por el Gobierno, directa o indirectamente; el costo de las bonificaciones o subsidios, especialmente en los casos del pan, del azúcar, de las compañías productoras de electricidad, del petróleo, de los ferrocarriles, de la Empresa de Transportes Colectivos del Estado. También solicitamos el porcentaje que representan las bonificaciones o subsidios con relación al precio de esos bienes o servicios, con el objeto de informar a la opinión pública y para saber qué parte de inflación se está escondiendo mediante esa vía. Además, nos parecía indispensable conocer la fuente de recursos de que se ha echado mano para el sistema de las bonificaciones. En el caso de las empresas del Estado, no se informó al Congreso que se iban a bonificar en sus tarifas. Pedimos, además, el costo de la bonificación comprometida entre el Gobierno y las empresas de la locomoción colectiva particular; el estado de las reservas internacionales brutas y netas, por razones obvias, con algunos antecedentes de detalle, para evitar informaciones globales que pudieran ser erróneas; el total de emisiones a favor del Fisco, y fundamentalmente una emisión que el Congreso tiene el deber de conocer: todos los años, mediante la ley de Presupuestos, autorizamos al Gobierno para contratar determinada cantidad de empréstitos que van a ser entregados al Fisco. Sin embargo, el Banco Central no necesita autorización legal para hacer emisiones a favor de las instituciones autónomas. En el hecho, el Gobierno ha ordenado emisiones sin el cuidado que tenían al respecto las Administraciones anteriores, porque existe un criterio diferente en materia de emisión y aumento del circulante. Los Gobiernos pasados estimaban que esto producía inflación, y la actual Administración cree que puede ordenar la economía del país elevando, en tres meses y medio, en 50% el circulante, como lo ha hecho. El Congreso tiene el deber de conocer no sólo las emisiones hechas de acuerdo con lo autorizado en el Presupuesto, que ya alcanzan a más de cinco mil millones de escudos, sino también aquellas emisiones "fantasmas", disimuladas en cierta forma, a favor de las empresas autónomas del Estado. También teníamos interés en conocer la cantidad de dinero emitida para favorecer al sector privado. Pedimos informes sobre la variación del ahorro en sus distintas fuentes y sistemas con el objeto de saber si realmente el país está respondiendo a los nuevos planes del Gobierno en cuanto a ahorro, o si, en definitiva, todo lo que se está emitiendo se está imputando a gastos; porque si la emisión de dinero ha aumentado en 50%, podemos prever que un 40% de ella ha ido a gasto. Por otra parte, sabemos que la economía no ha crecido ni crece en ese porcentaje, pues ni siquiera los planes del Gobierno así lo establecen, sino que se limitan a programar un 10% de crecimiento del producto nacional bruto. Hace más de un mes y medio que pedimos las informaciones a que me he referido. Reiteramos nuestra solicitud el 15 de abril, y hasta la fecha el Gobierno no las ha entregado. Las solicitamos por oficio a los Ministros de Economía y de Hacienda, y también por medio de las Oficinas de Informaciones del Senado, en nuestro caso, y en otros, de la Cámara de Diputados. Sin embargo, repito, hasta ahora no hemos recibido todos los datos pedidos. Algunas informaciones parciales que nos enviaron son totalmente limitadas y no dan exactamente la visión que deseamos tener al respecto para analizar el curso de la economía. En cuanto a los antecedentes que solicitamos sobre los déficit de las empresas fiscales, en un caso no se mencionan; en otros, dan la información relativa al mes de diciembre y no proporcionan la de 1971. En materia de ahorro, se nos envió una información incompleta, no de todos los sectores que ahorran, y se plantea incluso en moneda de cada año, en circunstancias de que solicitamos informes en moneda constante, ya que en el Senado no contamos con los medios ni con el personal técnico necesario para hacer este tipo de conversiones. Además, no se nos envió ningún dato al respecto en cuanto al año 1971, señalando el funcionario respectivo haber manifestado a la Oficina de Informaciones que esos antecedentes se comunicarán una vez que se encuentren disponibles. Estoy en conocimiento de que esas cifras ya podrían enviarse, porque están listas en el Banco Central. Pero prefieren contestar de esa manera precisamente para hacer inútil el resto de la información que han enviado sobre el particular. También hemos recibido datos parciales sobre el déficit de las empresas productoras de electricidad, los que, sumados a otros de que disponemos, nos hacen presumir que el desfinanciamiento de aquéllas alcanzan a 250 millones de escudos en marzo abril de este año. Comprendo que no se quieran proporcionar informaciones completas cuando se produce este tipo de déficit por una política errada de tarifas que no cubren el costo total de la mayor producción de electricidad, pues ello presagia que estas compañías no contarán con los medios necesarios para efectuar las ampliaciones ni las reparaciones de sus equipos, lo que puede provocar la baja de su producción y, por ende, el racionamiento de este servicio esencial. Por último, señor Presidente, aplicando la ley que creó las Oficinas de Informaciones del Senado y de la Cámara de Diputados, pedimos oficiar a la Contraloría a fin de que plantee la acusación respectiva para sancionar a los funcionarios que no han enviado las informaciones solicitadas hace un mes y medio, y que son fundamentales para el Congreso. El señor REYES (Presidente accidental).- Se enviará el oficio solicitado, en nombre de Su Señoría. En el tiempo del Comité Radical, que cedió su tiempo al Comité Comunista, tiene la palabra el Honorable señor Montes. ALCANCES A DISCURSOS PRONUNCIADOS EN INCIDENTESDE ESTASESIONPORLOS SEÑORES HAMILTON, VALENZUELA Y PRADO. El señor MONTES.- Deseábamos hablar esta tarde -y lo haremos- acerca de un problema muy concreto que para nosotros, en el fondo, es de carácter político. Sin embargo, teniendo presente que en esta sesión diversos señores Senadores democratacristianos, durante una hora y media, han pronunciado discursos dirigidos a criticar al Gobierno de la Unidad Popular y a presentar la imagen de que nada es bueno de lo que aquí ocurre, y habiéndose planteado también por algunos señores Senadores - no por todos- , incluso a veces en términos de ofensa, la crítica implacable, considero que debo decir dos o tres palabras con relación a algunos conceptos aquí vertidos. Estimo que debemos hacer diferencias entre las voces escuchadas aquí en el Senado, para demostrar que en la Unidad Popular no somos precisamente sectarios delirantes, sino que, considerando la responsabilidad que tenemos como participantes y miembros del Gobierno, tratamos de examinar los problemas de la manera más objetiva posible. Digo esto porque, en efecto, he escuchado a algunos señores Senadores democratacristianos que, al parecer, no rechazan el diálogo. Comienzo mis observaciones señalando que, por supuesto, no es éste el caso del Honorable señor Hamilton, quien, a mi juicio, utilizando una ironía pobre, ha pretendido descalificar y ridiculizar al gran poeta nacional Juvencio Valle -evidentemente, cada cual está en su derecho al enjuiciar a la gente- , asumiendo la defensa del señor Roque Esteban Scarpa, refiriéndose a sus virtudes, a lo que ha hecho como Director de Bibliotecas y Museos. No se ha referido -habría sido muy penoso- a ciertas conocidas aficiones del señor Roque Esteban Scarpa. Pero, en fin, ha tratado de descalificar a quien lo reemplaza: al poeta Juvencio Valle. Podemos afirmar, sin que por ello se nos aplique una vez más el calificativo de "sectarios", que ese poeta es una de las glorias de nuestras letras, cosa que probablemente para algún señor Senador no valga nada y que tampoco lo entienda, pues aquí se ha tratado de desvirtuar su categoría poética. Como muchos críticos lo han reconocido, Juvencio Valle es el poeta de la sensibilidad, de las flores y de las cosas simples, y no el hombre tremendamente apasionado y díscolo que se ha tratado de presentar aquí. Precisamente, su poesía refleja otra cosa: el amor a la naturaleza, a las flores y a las cosas simples y hermosas de la vida. Por eso, mis primeras palabras son para levantar -digamos- estos cargos, esta interpretación maliciosa que se hace de la personalidad y de la obra de ese poeta comunista cuyo gran delito, para el señor Senador que se refirió a él, es probablemente éste: ser comunista. Concuerdo con lo señalado por el Honorable señor Prado en el sentido de que a veces se observa bastante mezquindad en las opiniones de algunas personas y, sobre todo, de quienes de una u otra manera están en este instante tratando de remar contra la corriente, no en los detalles ni en los aspectos secundarios, sino en el curso grueso de los acontecimientos sociales 0e nuestro país, en la gran epopeya que precisamente vive nuestro pueblo. En mi concepto, de allí nacen posiciones, odios tremendos, mezquindades dignas -no diré de mejores causas- de tener en cuenta para llegar a conocer lo más aproximadamente posible el interior de algunos hombres. Por otra parte, considero que algunas afirmaciones del Honorable señor Valenzuela no corresponden exactamente a la realidad de los hechos que están ocurriendo. El señor Senador dijo, por ejemplo, que los partidos de la Unidad Popular desean producir una separación tajante entre los chilenos. Creo que no es así, y lo sostengo no sólo por el afán de negar una afirmación del señor Senador democratacristiano, sino porque nuestra actitud y la orientación del Gobierno están dirigidas, precisamente, a lo contrario. No, en definitiva. Hacemos distingos. No somos ciegos. Por lo demás, no está en nuestras manos producir o no producir separaciones entre los chilenos, las que a veces son muy profundas, abismales, realmente imposibles de remontar o de cruzar, ni siquiera a través de puentes de plata o de concreto. A nuestro juicio, la separación se produce entre aquellos que están por el avance social, por el progreso, y los que están en contra de esto. Me limito a repetir esta idea probablemente tan vieja como la existencia misma de los partidos de la Unidad Popular, muchas veces expresada por nosotros durante la campaña presidencial en este recinto y en todas las tribunas: la Unidad Popular tiene una ruta, la que fija el programa de Gobierno. En este camino - repito- , creemos que nuestro pueblo está viviendo una gran epopeya, tratando de construir un desarrollo económico y social nuevo para nuestro país a través de esfuerzos fundamentales y decisivos, los cuales, para nosotros, pesan mucho más que las cosas pequeñas. Aquí se ha hablado de la nacionalización de nuestra riqueza básica. Sí. Este es, precisamente, un hito decisivo en nuestro desarrollo económico social. Y las actitudes hacia esta iniciativa del Gobierno Popular, a nuestro juicio, definen a quienes no podrán unirse nunca a nosotros. Efectivamente, si analizamos el proceso social de nuestro país utilizando los conceptos de clases, estamos convencidos de que determinados sectores, que sabemos absolutamente minoritarios, jamás podrán estar en las barricadas en las que se ubican los partidos de la Unidad Popular, porque toda su tradición, toda su historia, todas sus posiciones de clase, todos sus intereses económicos y sus tremendos privilegios, que han defendido siempre con mucho ardor y fuerza, y a veces también con mucha sangre, les impiden compartir los objetivos de la lucha que mantiene este Gobierno. La estatificación bancaria es otro punto combatido por algunos o por muchos. Mas para nosotros es un objetivo fundamental que el Estado pueda controlar el capital financiero de este país, con el objeto de que, por medio de una planificación económica, se pueda realmente desarrollar el gran proceso de liberación económico- social de nuestro pueblo. Quien no lo entienda así, por cierto, tiene derecho a criticar, a ubicarse en la barricada opuesta. Pero son los problemas- concretos los que pueden ubicar a las personas a aquél o a éste lado, no nuestra intención ni nuestras palabras. Creo que eso está claro, y demuestra que el Honorable señor Valenzuela está equivocado cuando afirma que la Unidad Popular desea producir una separación tajante entre los chilenos. Las posiciones de cada cual ante la reforma agraria, ante la estatificación de las áreas fundamentales de nuestra economía; todo el proceso tendiente a cambiar las estructuras, que está impulsando este Gobierno, son las que definen nuestras ubicaciones en el aspecto político, en problemas concretos. El Honorable señor Valenzuela ha dicho: "Queremos destruir el capitalismo y llegar a una sociedad sin clases." Ha manifestado que no quiere un socialismo marxista, sino de otro tipo. Pero creo que lo fundamental es si en este instante, frente a los problemas decisivos que enfrenta nuestro pueblo, se está con las medidas de avance y progreso o se está en contra de ellas. Considero que esto es lo primordial, es lo que define la actitud de la gente, de los partidos, de los hombres, de las clases. Por eso, para decirlo con las palabras del Honorable señor Valenzuela, quienes militamos en la Unidad Popular "deseamos destruir el sistema capitalista y construir una nueva sociedad, más justa, más humana." Pero, francamente, dudamos de la enfática declaración del señor Senador democratacristiano. Dudamos de que todo su partido, absolutamente todo, esté con esa afirmación suya tan categórica y tajante, que -repito- compartimos en su fondo. Pero, personalmente, creo que no la comparten muchos Senadores democratacristianos. La práctica política de nuestro país, y las posiciones adoptadas por distintos personeros o sectores de la Democracia Cristiana, reflejan que en el seno de ese partido pugnan fuerzas contradictorias. Este es un hecho real, a nuestro juicio. No creemos que sea justo decir: "Todo el Partido Demócrata Cristiano quiere esto", porque -repito que estoy expresando un juicio personal- dentro de esa colectividad no existe un criterio unitario en torno de los problemas fundamentales, de los grandes objetivos. Estamos convencidos de que un importante sector no anhela los cambios que menciona el Honorable señor Valenzuela. No somos ciegos. Deseamos mirar la realidad tal como es. Deseamos dar nuestra opinión con la misma franqueza con que hablaron los Senadores democratacristianos. Y nuestra opinión es ésa. En cuanto a los problemas particulares, concretos, precisados por los Honorables señores Valenzuela y Prado -el asunto del prestigioso médico de Valparaíso, que mencionó este último- , debo señalar que no tenía conocimiento de lo sucedido. Sólo en este instante me informé de ello a través de las palabras de los señores Senadores. Sobre este particular, creo que no puede haber sino una sola opinión. Si me piden la mía, diré que no tengo inconveniente alguno en acompañar a los Senadores democratacristianos en pedir que se investiguen y esclarezcan cada una de las situaciones planteadas, para que no se cometan injusticias, errores o abusos en ninguno de los niveles de la administración de nuestro país. No estamos por ahondar, sino por superar y extirpar los vicios y problemas que se han producido en Chile. Recogiendo las palabras del Honorable señor Prado, diré que no investigaré yo personalmente la situación concreta que él ha señalado, como lo solicita, pero sí que estoy dispuesto a acompañar a Su Señoría para exigir dicha investigación, para Salir a luz los hechos y reparar las injusticias que puedan haberse producido o que se estén produciendo, toda vez -repito- que no conozco personalmente el caso y no puedo pronunciarme sobre él. No quisiera hablar esta tarde siguiendo la política de "la sartén le dijo a la olla". He escuchado muchas acusaciones en el sentido de que el Gobierno popular estaría cometiendo injusticias y actuando con prepotencia y sectarismo delirante, como señaló el Honorable señor Valenzuela. Creo que los abusos y errores que pueden haberse cometido hoy no se justificarían sacando a luz o recordando los que se produjeron ayer. Esa no sería la solución del problema. Deseo enfocarla correctamente. Probablemente podríamos citar cincuenta, ciento o mil problemas suscitados durante el Gobierno anterior; casos concretos, algunos de ellos tremendamente lamentables o dramáticos y acerca de los cuales podríamos hablar mucho desde esta tribuna. Pero - insisto- no creemos que sea un camino adecuado tratar de explicar los verdaderos o supuestos errores cometidos en esta Administración invocando verdaderos o supuestos errores producidos en el pasado. Dicho con sentido autocrítico, muchas veces actuamos con apasionamiento. No creemos que esto sea un error. Hemos visto aquí a Senadores muy apasionados. Personalmente, no me disgusta el apasionamiento, pues creo que él nace del hecho de que por las venas de cada hombre corre sangre caliente, y porque cada individuo defiende con cariño y pasión sus ideas. Sin embargo, a veces se va demasiado lejos y ya no se trata del apasionamiento sano, que refleja la actitud personal o el temperamento de un hombre, sino de cierta odiosidad que en el fondo busca algunos objetivos políticos que no me atrevería a calificar de pequeños. En ese caso tenemos -por lo menos ésa es mi opinión- el deber de expresar en forma franca nuestro criterio respecto de cada una de esas actitudes pequeñas, si bien pueden perseguir grandes objetivos. Estimamos que esas actitudes no están en el ánimo de todos los señores Senadores que han hecho uso de la palabra esta tarde, pero sí puede que estén en el de algunos. DESAFUERO DE INTENDENTES DE AISEN Y COLCHAGUA. El señor MONTES.- Pero, en verdad, tenía intención de referirme a otro asunto esta tarde. La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado estudió desde el mediodía del jueves las peticiones de desafuero presentadas en contra -de dos intendentes de nuestro país: don Nolberto Anazco, comunista, Intendente de Aisén, y don Juan Codelia Díaz, del MAPU, Intendente de Colchagua. Ese día la Comisión alcanzó sólo a tratar la petición de desafuero formulada por el Diputado democratacristiano Tolentino Pérez, representante de la provincia de Magallanes, en contra del Intendente de Aisén, compañero Nolberto Anazco Ruiz. Deseo referirme a este problema públicamente, porque el próximo martes el Senado tratará en forma secreta estos dos casos. Creo que por sobre los detalles y pequeñas anécdotas expresadas en esta discusión, hay un problema político de fondo que se expresa en la actitud asumida por los distintos partidos representados en el Congreso con relación a estas acusaciones. Esto es, a nuestro juicio, lo importante del asunto y por eso lo traemos aquí. La petición de desafuero presentada por el Diputado Tolentino Pérez expresa "que según copia debidamente autorizada por el Notario y Conservador, de Bienes Raíces de Coihaique, don Guillermo Rebolledo López, que en este acto se acompaña, se da cuenta de la celebración de un contrato de trabajo entre los señores Senén Conejeros Ampuero, de profesión periodista, y don Luis Ojeda Ojeda, propietario de la Radioemisora Patagonia Chilena de Coihaique. "El contrato aludido se celebró con fecha 29 de diciembre del año próximo pasado y en la cláusula segunda se disponía que el señor Conejeros debía hacerse cargo de la Dirección del Departamento de Prensa el día 5 de enero del presente año. Las restantes disposiciones del contrato a que se hace referencia establecían las obligaciones de las partes y la duración del mismo que sería de plazo indefinido. "Sin embargo, por comunicación de fecha 5 de enero de 1971, que se inserta en el documento que se acompaña, el señor propietario de la Radioemisora en cuestión, informa al señor Conejeros que no asuma el cargo de Director de Prensa de la mencionada radio "mientras no solucione algunos asuntos pendientes con el Departamento de Prensa, lo que pienso hacerlo a la brevedad posible"." Me salto un par de párrafos y leo a continuación: "El señor Conejeros en el comparendo que se llevó a efecto en la Dirección del Trabajo dio lectura a una comunicación que le había sido enviada, en la que se le comunicaba que el día en que debía asumir su puesto en la Radio fue llamado el señor Ojeda a una reunión en que intervinieron el señor Intendente, la señora Gobernadora y el señor Alcalde, reunión en la que se le sugirió que dejase sin efecto el contrato de trabajo, sin que el señor Ojeda desmintiera tales aseveraciones. "Los hechos que se han relatado" -continúa el Diputado Tolentino Pérez en su libelo- "y que dieron lugar a la rescisión del contrato suscrito entre los señores Ojeda y Conejeros, demuestran palmariamente que tal decisión se debió a la intervención activa del señor Intendente de la Provincia que en forma arbitraria y seguramente por discrepancia de carácter político presionó al propietario de la Radio en cuestión para que dejara sin efecto la contratación con el evidente perjuicio al afectado." Sin ser abogado, a mi juicio, ése es el quid del asunto, el meollo de la cuestión. Es decir, se ha acusado al Intendente de Aisén porque presumiblemente presionó al director de la emisora Patagonia Chilena, de Coihaique, para que no recontratara a un periodista. Ese es todo el asunto. Señor Presidente, hay una respuesta del Intendente de la provincia que esclarece su actitud respecto de los cargos formulados. En resumen, el compañero Anazco expresa una terminante negativa a la acusación, en el sentido de que ni por doctrina ni por principio, ni por normas morales acendradas de su personalidad, podría haber recurrido a un arbitrio como el de que aquí se le acusa: haber presionado al dueño de la emisora para que no recontratara a un periodista. Ese es el cargo, y la Comisión aprobó el desafuero. Después explica en detalle las diversas circunstancias que ocurrieron. No ocuparé más tiempo del debate en dar lectura completa a la defensa del Intendente Anazco, porque me parece de mayor importancia leer una declaración pública del dueño de la radio, de la persona que supuestamente fue presionada por el Intendente de Aisén; aquella persona que no recontrató al mencionado periodista: del señor Luis Ojeda Ojeda, que es una persona discutible y, a juicio de algunos, contradictoria. En todo caso, su declaración ante notario dice lo siguiente: "Declaración pública. "Luis A. Ojeda Ojeda, Director propietario de Radio "Patagonia Chilena" de Coihaique, ante la Acusación Constitucional de dominio público que afecta al señor Intendente de la Provincia, don Nolberto Añazco Ruiz, por supuesta intervención dolosa suya ante mí, para pretender negar el ingreso a mi Emisora del periodista señor Senén Conejeros A., declaro, bajo la responsabilidad de mi palabra de honor, en este documento ratificado ante Notario, lo siguiente: "Carece totalmente de fundamento y falta a la verdad, la imputación señalada. Por cuanto el señor Intendente de la Provincia de Aisén jamás ha pretendido siquiera insinuarme una determinación en el sentido que se pretende -con escándalo a nivel nacional- enjuiciar al señor Nolberto Anazco. "El caso del cese de funciones del señor Conejeros como Jefe del Depto. de Prensa de mi emisora que -tengo entendido- fundamenta tal pretendida acusación constitucional, fue una determinación de mi exclusiva responsabilidad, en mi carácter de propietario de Radio "Patagonia Chilena de Coihaique", que adopté por circunstancias tan atendibles como son: "a) Haber dejado sin mínima atención a Prensa de mi Emisora en fecha tan determinante como fue la jornada eleccionaria presidencial última; a pesar de mis reiterados requerimientos en orden a que dicha responsabilidad era ineludible e irremplazable. "b) Esta circunstancia revistió tal gravedad que me vi precisado entonces a solicitar la concurrencia del señor Gustavo López para cubrir esta misión periodística, por la que a la sazón el señor Conejeros percibía un sueldo, "c) Estando en plena vigencia un contrato de trabajo, suscrito conmigo, con fecha 29 de diciembre de 1970, el señor Conejeros -no obstante haberse hecho profusa difusión de su reintegro a la emisora a cargo de Prensa,- el día 5 de enero de 1971, se negó extrañamente a asumir sus responsabilidades, pretextando conceptos contractuales que estarían pendientes. "(1) A pesar de ello, contradice el fundamento de la acusación motivo de esta declaración pública del suscrito, el hecho de que hasta hoy el aludido señor Conejeros tiene libre acceso a mi emisora, recibiendo trato cordial y deferente de todos, en razón de que suscribe e incluso transmite personalmente programas de su responsabilidad. Más aún, no he tomado determinación punitiva alguna en su perjuicio, a pesar de que en dichos espacios radiales ha tenido expresiones ofensivas y antojadizas en mi contra. Extremando su deslealtad hasta actitudes incalificables de irme a desprestigiar ante autoridades y dar pábulo para que órganos de radio y prensa del país estén presentando de mi personalmente y de mi empresa una imagen que no se compadece con la realidad de los hechos. "Lo anterior, imperativo de conciencia y en procura de que la verdad sea señalada con justeza, vengo en declarar con publicidad y refrendamiento notarial, asumiendo la integral responsabilidad de cada uno de sus términos. "(Fdo.): Luis A. Ojéela Ojeda, Director propietario de Radio "Patagonia Chilena" de Coihaique. "Coihaique, 23 de marzo de 1971. "Ratificó su firma ante mí, don Luis Ojeda Ojeda, carnet Nº 4602 de Coihaique. Coihaique, veintisiete de marzo de 1971.- E. Lobos J., N. y C. S." Me parece contundente esta opinión que ha sido cuestionada por algunas personas. Hay otras declaraciones del Círculo de Periodistas de Coihaique, donde hay periodistas de todos los partidos políticos, que expresan no su apoyo, sino su rechazo a la acusación, en cuanto ella implica un desconocimiento de una actitud permanente del Intendente de Aisén respecto del problema que se le imputa. También hay declaraciones de diversas organizaciones sociales y de personas que establecen su rechazo a la acusación. El señor REYES (Presidente accidental).- ¿Me permite, señor Senador? Restan sólo tres minutos al Comité Radical. En seguida, Su Señoría puede continuar con el uso de la palabra en el tiempo del Comité Comunista. Pero quiero advertirle que todavía no se ha dado cuenta a la Sala de los informes relativos a las acusaciones constitucionales, y está expresamente prescrito que no debe hacerse alusión a los informes. El señor Senador no lo ha hecho; pero, por si acaso, le hago la advertencia. El señor MONTES.- Decía que hay otras declaraciones de organizaciones sociales, de personas, donde se rechaza la acusación. En todo caso, hay una actitud que quiero destacar, y en el fondo ésa ha sido la causa de que quisiéramos hablar en esta sesión. Como es público, y así se ha señalado en la prensa, la petición de desafuero contra el Intendente de Aisén, don Nolberto Anazco, fue acogida por la mayoría de la Comisión. Votaron a favor los Honorables señores Ochagavía, Lorca y Hamilton. Y también es público que la mayoría de la Comisión acogió la petición de desafuero en contra del Intendente de la provincia de Colchagua, don Juan Codelia Díaz, deducida por los hermanos Baraona, del Partido Nacional, discutida ayer lunes y votada hoy a mediodía. Así se ha dado a conocer por radioemisoras y por alguna prensa. Votaron a favor del desafuero el Senador del Partido Nacional, Honorable señor García, y los Senadores democratacristianos, Honorables señores Lorca y Hamilton. Debo expresar que el Presidente de la Comisión, Honorable señor Fuentealba, no asistió a las sesiones del organismo técnico de estudio y fue reemplazado por el Honorable señor Lorca, de manera que no participó en el debate ni en la votación del desafuero contra esos dos Intendentes. Quiero obtener algunas conclusiones de lo ocurrido. Respecto de las acusaciones constitucionales, donde teóricamente hay una decisión adoptada -digo "teóricamente" desde un punto de vista estrictamente jurídico- y en donde se aprecian los cargos en conciencia, estamos en absoluto convencidos de que entre los Senadores derechistas del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana ha habido un acuerdo: apoyar mutuamente las peticiones de desafuero en contra de esos Intendentes. Debo hacer presente que en la tarde del jueves, cuando se iniciaba la sesión de la Comisión, ésta se interrumpió ante una repentina reunión entre los Honorables señores Ochagavía, Lorca y Hamilton, quienes salieron a reunirse fuera de la Sala de la Comisión. Anoto este hecho porque acentúa la evidencia de que el acuerdo político forma parte de un plan que estaría en desarrollo por parte del Partido Nacional y de la derecha de la Democracia Cristiana, en el sentido de unirse en casos concretos para golpear al Gobierno popular. Lo señalamos, además, porque tenemos en cuenta la actitud del Presidente de la Comisión, Honorable señor Fuentealba, que no asistió a ella y fue reemplazado. A nuestro juicio, la actitud asumida en esa ocasión por los Senadores de la Democracia Cristiana, sobre todo por el Honorable señor Hamilton, es realmente decidora en cuanto significó adoptar una posición anticomunista, de una odiosidad increíble en las argumentaciones contra el Partido Comunista y el Gobierno; había una identificación plena con la política de la Derecha. Como producto de la discusión en el organismo técnico de estudio, se produjo un incidente verbal que fue transcrito por la prensa, concretamente por "Las Ultimas Noticias" del viernes 30 de abril, en la crónica denominada "Política al Día", en donde la periodista Patricia Guzmán recoge informaciones del señor Hamilton sobre el incidente habido en la Comisión entre dicho Senador y el que habla. Naturalmente, numerosas apreciaciones de las que ahí aparecen son falsas, no corresponden a la realidad; pero aun teniendo en cuenta el carácter de la publicación y la posición de la periodista, no atribuyo esa falsedad sino sólo a una información equivocada. ¿Qué dice el Senador señor Hamilton? Entre comillas está escrito, y en negrita: "Cuando vi la película "La Confesión" temí que fuera un poco exagerada, pero después de haber comprobado personalmente la violencia de los comunistas en una Comisión del Senado, no me cabe la menor duda de que son capaces de eso y mucho más. Pobre de este país si cae en manos de ellos." Agrega la crónica, también entre comillas y en negrita: "La prepotencia comunista ha llegado a límites insostenibles, declaró Juan Hamilton al término de la sesión. Nosotros escuchamos respetuosamente al representante del PC para que hiciera la defensa de Anazco como mejor lo estimara. Sin embargo, cuando vio el asunto perdido, se lanzó como fiera en mi contra, insultándome a extremos que nadie puede tolerar." Esas declaraciones no reflejan con exactitud lo que allí ocurrió, pero sí reflejan exactamente la actitud asumida por el Senador señor Juan Hamilton en esa reunión y en otras actuaciones políticas suyas que lo van identificando cada día más, a mi juicio, con una posición de derecha totalmente clara, absolutamente identificada con las posiciones políticas del Partido Nacional. ¿Qué dije yo, en la Comisión? Voy a leer sólo una parte de las declaraciones. "El Senador Montes, presente en la sesión, hizo notar que la petición de desafuero fue formulada durante la campaña electoral última, hecho al que asigna importancia por la virulencia que alcanzó la lucha partidista. Esto hace explicable la actitud del Diputado señor Pérez, quien seguramente recibió la denuncia sobre supuestas irregularidades o presiones en que habría incurrido el señor Intendente y, haciéndose eco de ellas, formuló la petición de desafuero. Pero pasadas las elecciones, y en un período de mayor serenidad para analizar la situación producida, no puede concluirse que un hecho como el denunciado, que no está plenamente comprobado, sea causal suficiente para proceder al desafuero de un Intendente." Agrego otras cosas en este tono, y termino diciendo: "Lo que se ha visto en Comisión son elementos de juicio contundentes para llegar a la conclusión de que no ha existido el supuesto delito de que se acusa al Intendente. Puede haber actitudes del señor Anazco que no les parezcan bien a todos. Está en una trinchera partidista, defendiendo una política, y ése es su papel. Si no defendiera una posición no podría desempeñar el cargo de Intendente de ningún Gobierno. "Entiende Su Señoría que podría adoptarse al respecto una decisión política, y que tanto la Democracia Cristiana como el Partido Nacional votan en contra del señor Intendente como fruto de una decisión de ese carácter; pero aprobar un desafuero fundándose sólo en los antecedentes que ha examinado la Comisión le parecería una decisión francamente inexplicable, ya que ni remotamente se han logrado comprobar los hechos imputados ni menos la actitud supuestamente dolosa del señor Añazco." Tal intervención no contiene intemperancias. El problema viene después, cuando el Senador señor Hamilton fundó su voto. Entonces, ante el ataque, a mi juicio... (estoy buscando los términos para que no sean eliminados de la versión y que reflejen exactamente lo que estoy pensando) ; ante la actitud, a mi juicio, equivocada, de un partidismo odioso, por parte del Senador señor Hamilton, yo intervine ¿ante qué situacióNº Cuando - y esto no aparece, por desgracia, en la versión- el señor Hamilton expresó que él votaba contra el Intendente, acogiendo la petición de desafuero, porque, entre otros hiotivos, la actitud del Partido Comunista en todo el país le indicaba que este partido y el Gobierno Popular, por su carácter totalitario, instruían a sus representantes para que actuaran de manera determinada, según la política estatal; y que ese era fundamento para votar en contra del Intendente. Y agregó que en Aisén, ante grupos de cesantes, el Partido Comunista tenía diversa actitud: a los cesantes que eran comunistas les daba trabajo y a los que no lo eran los dejaba cesantes. Entonces intervine para decir:"Señor Senador" El señor Senador Hamilton, que presidía esa sesión, me amonestó y me censuró diciéndome que me privaba del uso de la palabra, por la injuria proferida por mí. El señor Secretario le expresó que no podía adoptar esa determinación, reglamentariamente, sino ante una segunda posible intervención del Senador que habla. Entonces yo le expresé al señor Hamilton que, para que se diera el gusto, repetiría lo dicho que yo estimaba que estaba adoptando una actitud. Y me privó de la palabra. Ese fue el incidente ocurrido en la Comisión, del que, naturalmente, el Senador señor Hamilton trató de sacar partido en la prensa al formular las declaraciones que he leído. Pero esto que explico con algún detalle y que es sencillamente la parte anecdótica de la situación, no va al fondo del problema, que es precisamente el que he tratado de exponer hace un instante. Creo que la acusación en contra del Intendente de la provincia de Aisén, Nolberto Anazco, se aprobó sin fundamento de ninguna especie. Y la circunstancia de que ello haya ocurrido el día jueves, estando la mayoría de la Comisión integrada por los mismos Senadores que hoy acogieron la petición de desafuero del Intendente de la provincia de Colchagua, refleja una actitud, un hecho político que estimamos serio y de gravedad: el que -repito- sectores de la Derecha de este país estén procediendo junto con sectores, de derecha también, del Partido Demócrata Cristiano, para tratar de actuar contra la Unidad Popular, identificación política que se expresa en esos hechos y que probablemente se expresará en otros; porque aun cuando las cosas no sean suficientemente claras desde el punto de vista jurídico, constitucional, las decisiones políticas tomadas con anterioridad y las alianzas políticas entre la Derecha y sectores de la Democracia Cristiana, como ha ocurrido concretamente en el caso del desafuero del Intendente comunista de la provincia de Aisén y del Intendente del MAPU en la provincia de Colchagua, reflejan una actitud que no podemos menos que denunciar en esta tribuna. Tenemos interés en que estos hechos sean conocidos y apreciados por la opinión pública. No queremos que se silencien actitudes de determinados personeros de la política chilena que, escudados en determinadas ocasiones tras una frondosa y bien razonada fraseología jurídica, esconden posiciones políticas perfectamente delineadas con anterioridad a aquellas en que los hechos se producen. Queremos dejar perfectamente esclarecido ese hecho, y señalar también que, por desgracia, en el tratamiento de problemas de esta naturaleza no imperan, en los sectores de Derecha, los criterios jurídicos que impone la Constitución, sino los criterios políticos impuestos por alianzas transitorias frente a determinados hechos para juzgar según la táctica que les interesa aplicar en un momento dado. Y esto lo consideramos extraordinariamente grave. Hace poco tiempo, el Senado aprobó el desafuero del Gobernador de Lautaro. El martes próximo deberá pronunciarse en sesión y votación secretas, sobre el desafuero solicitado en contra de los Intendentes de las provincias de Aisén y de Colchagua. Vistos el resultado de las votaciones y la correlación de fuerzas políticas en la respectiva Comisión, y que son del dominio público, estimamos que puede darse igual correlación mayoritaria en la Sala, y sancionarse de esta "manera un nuevo hecho político que es fruto -repito- de una planificación cuidadosa de los sectores reaccionarios de este país para ir produciendo situaciones que signifiquen golpear al Gobierno de la Unidad Popular. Ayer fue el Gobernador de Lautaro; hoy son dos Intendentes; pasado mañana se analizará, en una sesión especial del Senado, lo que, a juicio de la Derecha, constituye una actitud de violencia en el campo, a propósito de la aplicación de la reforma agraria. Después pueden ser otros hechos que vayan configurando un camino, una estrategia de los adversarios de la Unidad Popular, de aquellos que pretenden impedir, no supuestos abusos o injusticias en tal o cual nivel como algunas de las denunciadas aquí y que nosotros -debo decirlo muy claramente- tampoco toleramos, sino lo que, a nuestro juicio, es más importante, porque la aplicación de esa táctica, que corresponde a una estrategia política muy bien delineada, está tratando de ir creando un cuadro, una situación que pueda conducir a este país a circunstancias que pudieran ser extraordinariamente graves. Y nosotros, al mismo tiempo que con mucha franqueza expresamos nuestra opinión ante los hechos producidos, ante lo que vemos, pues no queremos inventar nada, en el sentido de que existe colusión -no sólo tocante a los desafueros, sino también respecto de otros problemas- de la Derecha, que se encuentra ubicada no sólo en el Partido Nacional, estimamos conveniente que tales hechos se conozcan, con el objeto de que nadie se llame a engaño. Porque a veces ocurre que, en la prosecución de determinados objetivos políticos encaminados a la aplicación de un plan estratégico, se trata de aparecer por algunos personeros en una forma que no corresponde al contenido de su actitud política. Y esa es, a mi juicio, la actitud, yo diría natural, de los Senadores de la Derecha y de la posición notoriamente manifiesta, en este caso, del Senador de la Democracia Cristiana señor Juan Hamilton, a quien también en la Comisión le manifesté que recientemente lo estaba conociendo. Era cuanto queríamos señalar para establecer, por último, que, a nuestro juicio, sin ninguna razón de orden jurídico, se ha procedido a sancionar una supuesta actitud dolosa del Intendente de la provincia de Aisén, sino sólo por el hecho de pertenecer a las filas de la Unidad Popular y para crear un hecho político que le interesa a la Derecha chilena. Queremos expresar también nuestro respaldo a la actitud realmente digna de ese joven Intendente de la provincia de Aisén, porque nosotros creemos que él no ha caído en la Comisión, ni caerá presumiblemente en el Senado, por haber actuado mal, sino como producto de una alianza política cuyos objetivos, no estamos en condiciones de esclarecer suficientemente en estos instantes, pero que todos sospechamos: caerá por el hecho de ser un militante del pueblo que está cumpliendo con su deber y que ha sido elegido para expresar en él una sanción política de los sectores de Derecha. De la misma manera, nos parece que el caso del compañero Intendente de la provincia de Colchagua, ante los hechos sucedidos en el fundo de la familia Baraona, acusado por los hermanos Baraona, acusado por el Partido Nacional, también se proyecta, en estos días y en los futuros, como una expresión de la lucha que en el plano económico y social se plantea en el agro chileno. Estamos absolutamente convencidos de que la Derecha busca sancionar a este Intendente, con razón o sin ella, para expresar en él su anhelo de venganza u odiosidad contra la reforma agraria. Por eso también nuestra palabra de respaldo a ese Intendente del MAPU, a quien, actuando en horas muy difíciles, muy complejas, no se la han podido probar en forma fehaciente los cargos que le han formulado. Termino mis observaciones expresan- i do que nosotros no pensamos que el proceso revolucionario chileno tenga siempre color de rosas; y que muchos obstáculos y dificultades surgen y continuarán surgiendo en el camino del pueblo hacia su plena liberación. No podríamos asegurar tampoco que no se cometan errores, que no haya tremendas dificultades que remontar, grandes obstáculos que superar; pero estamos absolutamente convencidos de que nuestra lucha se dirigirá siempre a movilizar a nuestro pueblo, para concretar en la realidad chilena el programa de la Unidad Popular que está impulsando el Presidente de la República y los partidos que lo apoyan. Expresamos nuestra confianza de que, independientemente de las intrigas políticas que la Derecha teja y de los resultados que éstas le den en casos determinados; de las sanciones que puedan inferir a algunos funcionarios del Estado, que no son responsables de las acusaciones políticas que se les formulan, es del todo claro que el proceso irreversible que vive el país continuará desarrollándose, porque estamos seguros de que las organizaciones del pueblo están en condiciones de derribar las maniobras adversarias y hacer realidad lo que la mayoría del pueblo busca: construir una patria distinta. Los puntos suspensivos (....) corresponden a expresiones suprimidas de la versión por orden de la Mesa. El señor REYES (Presidente accidental).- Se dará cuenta de algunas indicaciones. El señor EGAS (Prosecretario).- El Honorable señor Lorca ha formulado indicación para publicar in extenso los discursos pronunciados en la hora de Incidentes de esta sesión por los Honorables señores Hamilton, Valenzuela, Prado y Musalem. El señor MONTES.- También hago indicación para publicar mi intervención. El señor REYES (Presidente accidental).- Quedan para el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria siguiente. Se levanta la sesión. - Se levantó a las 21.1. Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción. ANEXOS. DOCUMENTOS. 1 PROYECTO DE LEY, EN QUINTO TRÁMITE CONSTITUCIONAL, QUE FACULTA AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA PARA PROMULGAR EL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Santiago, 27 de abril de 1971. La Cámara de Diputados a tenido a bien insistir en la aprobación de las modificaciones que introdujo al proyecto de ley que faculta al Presidente de la República para promulgar el Estatuto de la Universidad de Chile, que ese Honorable Senado ha rechazado, y que son del tenor siguiente: Artículo 2º En su encabezamiento ha sustituido la frase "como artículo 5° del referido Estatuto, el siguiente:" por la siguiente: "como artículos 5° y 15 transitorio del referido Estatuto, los siguientes:". A continuación del referido artículo 59, ha agregado el siguiente artículo 15 transitorio al Estatuto de la Universidad de Chile: "Artículo 15.- La Universidad de Chile aceptará la entrada a ella a todas aquellas personas que cuenten con su título de Bachiller, para lo cual en un plazo no superior a treinta días, a contar desde su publicación en el Diario Oficial, el Consejo Superior deberá confeccionar una tabla de equivalencia que relacione el puntaje del Bachillerato con el puntaje de la actual Prueba de Aptitud Académica, como igualmente, en el mismo plazo, se indicarán las carreras a las cuales podrán optar las diferentes asignaturas del Bachillerato.". Lo que tengo a honra poner en conocimiento de V. E., en respuesta a vuestro oficio Nº 10.116, de fecha 14 del presente. Acompaño los antecedentes respectivos. Dios guarde a V. E. (Fdo.): Jorge Ibáñez Vergara.- Jorge Lea- Plaza Sáenz. 2 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES Nºs. 17.015 Y 17.378, EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE LA CAJA DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PERIODISTAS. Santiago, 27 de abril de 1971. Con motivo del Mensaje e informe que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: "Artículo único.- Derógase a contar de sus respectivas vigencias, el artículo 2º transitorio de la ley 17.015 y la parte final del último inciso del artículo 1º de la ley 17.378, referentes a la imputación de las sumas provenientes del artículo 21 de la ley 16.723. La derogación indicada en la presente ley aumentará la base de cálculo de las remuneraciones que se devenguen a contar de enero de 1971 pero no habilitará para aumentar los sueldos que percibió el personal de la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, hasta diciembre de 1970. Se declara que la forma como esta Institución calculó y pagó dichos sueldos, se ajusta a derecho. En todo caso, el aumento de sueldo que se produzca con motivo de la derogación indicada en la presente ley, no se considerará como base de cálculo para los efectos de los reajustes generales anuales de sueldos y salarios.". Dios guarde a V. E. (Fdo.): Jorge Ibáñez Vergara.- Jorge Lea- Plaza Sáenz. 3 INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN EL MENSAJE DEL EJECUTIVO CON EL QUE INICIA UN PROYCTO DE LEY QUE CONCEDE AMNISTIA A LOS INCULPADOS, PROCESADOS O CONDENADOS POR DELITOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y OTROS TEXTOS LEGALES QUE INDICA, COMETIDOS CON ANTERIORIDAD AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1970. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros acerca del Mensaje del Ejecutivo con el que inicia un proyecto de ley que concede amnistía a los inculpados, procesados o condenados por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado y otros textos legales que indica, cometidos con anterioridad al 4 de septiembre de 1970. A las sesiones en que vuestra Comisión consideró la materia en informe, concurrieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores señores Contreras, Lorca y Montes; el señor Ministro de Justicia, don Lisandro Cruz; el señor Subsecretario de Justicia, don José Antonio Viera-Gallo, y el Abogado del Ministerio del Interior, señor Sergio Politoff. Expresa el Ejecutivo en la parte expositiva del Mensaje que, confirmando su propósito de crear las condiciones para una real convivencia social y fortalecer el espíritu de solidaridad entre todos los chilenos, mediante una acción exenta de discriminaciones, viene en proponer un proyecto de amnistía, de manera general, a los inculpados, procesados y condenados por delitos contra la seguridad del Estado cometidos hasta el 3 de septiembre de 1970. Como lo expresaron en el seno de la Comisión los personeros del Ejecutivo, el Gobierno habría podido poner término a los procesos en curso mediante el simple expediente de desistirse de la acción iniciada; pero ha preferido propiciar una ley general de amnistía a fin de evitar interpretaciones que pudiesen tratar de discriminatoria su actitud. El proyecto, que consta de tres artículos, concede amnistía, en su artículo 1º, a los inculpados, procesados o condenados por alguno de los delitos que describen y sancionan la ley Nº 12.927, de Seguridad Interior del Estado, los Títulos sobre Seguridad Interior del Estado de los Códigos Penal y de Justicia Militar y los artículos 284 (ultraje a la bandera u ofensas a las Fuerzas Armadas) y 299 Nº 3 (Incumplimiento de deberes militares) de este último Código, que hubieren sido cometidos antes del día 4 de septiembre de 1970. De acuerdo con los antecedentes proporcionados a la Comisión a petición de ésta, el inciso primero del artículo 1° a que nos hemos referido, beneficiaría, principalmente, a los implicados en el proceso Nº 382- 70, del Segundo Juzgado Militar de Santiago, instruido en contra de Horacio Gamboa Núñez, Fernando Nieraad Ebner, Víctor Catalán Polanco, Arturo Marshall Márchese y otros, por la celebración de reuniones destinadas a proponer el derrocamiento del Gobierno constituido; en el proceso Nº 3146- 69, del mismo Juzgado, instruido por los sucesos ocurridos en octubre de 1969 en el Regimiento "Tacna", y en el proceso Nº 3.162- 69, también del Segundo Juzgado Militar, instruido contra los ex Oficiales Raúl Igualt, Guillermo Alvarez y otros, por el delito de incumplimiento de deberes militares. El inciso fue aprobado por unanimidad, con modificaciones de redacción. El inciso segundo del mismo artículo primero extiende la amnistía a las personas que fueron condenadas por delitos previstos en las leyes Nºs. 6.026 y 8.987, antiguo texto de la Ley de Seguridad Interior del Estado llamado Ley de Defensa de la Democracia. Esta extensión del efecto de la ley tiende a poner fin a los problemas que, por las anotaciones prontuariales y por el carácter de condenados, afectan a dichas personas en sus actividades. La Comisión aprobó también por unanimidad este inciso. De acuerdo con el inciso tercero y final del artículo 1º, la amnistía "no alcanzará a ninguna persona inculpada o procesada o que pudiere resultar en el futuro implicada a cualquier título en las causas Nºs. 2446-70 y 2464- 70, del Rol del 2º Juzgado Militar de Santiago, que se instruyen por homicidio en la persona del General del Ejército señor "Rene Schneider Chereau e infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado, ni aún en el evento de que los hechos hubieren podido tener lugar con anterioridad del día 4 de septiembre de 1970.". Fundando esta disposición, expresa el Ejecutivo que quiere señalar en forma inequívoca su disposición a usar la ley con la mayor firmeza y rigor respecto de las personas que despreciando la actitud favorable del Gobierno a la convivencia social y a la solidaridad nacional, lesionan los intereses del pueblo y pretenden poner en peligro la Democracia. Por ello, según reza el Mensaje, se deja expedito el camino para "perseguir sin contemplación de ninguna especie a los traidores a la Patria, capaces de llegar hasta el asesinato para lograr la consecución de sus mezquinos intereses.". La Comisión, coincidiendo en términos generales con este propósito del Ejecutivo, aprobó el inciso con modificaciones y, refundiéndolo con otras ideas, lo consultó como artículo 4º, nuevo, en los términos que se expresan más adelante. El artículo 2º del proyecto concede amnistía a los infractores de la ley Nº 11.170, sobre Reclutamiento, reiterando una norma que se ha hecho habitual. La amnistía favorece a los infractores que hayan nacido hasta el 31 de diciembre de 1951. La Comisión prestó su aprobación a este artículo; pero, acogiendo una indicación del Honorable Senador señor Hamilton, amplió los efectos de la disposición a los que hubieren infringido la ley Nº 14.852, General de Elecciones, con ocasión del proceso eleccionario a que se puso término el 4 de abril en curso. El artículo 3º del proyecto, según lo expresa el Ejecutivo, otorga amnistía a las personas implicadas en procesos que, aun cuando se refieran a hechos que afectan a un bien jurídico diferente del de la Seguridad del Estado, tienen origen o motivación de carácter político o socio- económico. La unanimidad de Vuestra Comisión estimó justificada la amnistía que se propone en las letras a), c), e), f) y h) del artículo 3º. Las letras b), d) y g) del mismo artículo fueron aprobadas con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Fuentealba, Gumucio y Sule, y el voto en contra del señor Hamilton. En el Anexo de este informe, se da un detalle sumario de las causas en las que incide el beneficio de amnistía propuesto en el Mensaje del Ejecutivo. A indicación de los señores Fuentealba y Hamilton, la Comisión acordó negar el beneficio de la amnistía a quienes hubieren delinquido con posterioridad al 3 de septiembre de 1970 y hasta la fecha de vigencia de la ley. La Comisión estimó que la amnistía que se otorga a esas personas por los hechos delictuosos en que hubieren incurrido hasta el 3 de septiembre de 1970, deja de tener justificación si ellas han persistido en su acción antisocial. Por tal motivo, acordó agregar un artículo nuevo, con el número 4º, que consulta la idea señalada y la del inciso tercero del artículo 1º del proyecto, como se expresó anteriormente. En mérito de las razones expuestas, vuestra Comisión, por unanimidad, tiene a honra proponeros la aprobación del siguiente Proyecto de ley: "Artículo 1°- Concédese amnistía a los inculpados, procesados o con3334 denados por alguno de los delitos que describen y sancionan la ley Nº 12.927, de Seguridad del Estado; el Título II del Libro II del Código Penal; el Título IV del Libro III del Código de Justicia Militar y los artículos 284 y 299, Nº 3, del mismo cuerpo legal, cometidos antes del día 4 de septiembre de 1970. La amnistía favorecerá también a los condenados por los delitos previstos en las leyes Nºs. 6.026 y 8.987, cuyo texto refundido se fijó por Decreto Supremo Nº 5.839, de 30 de septiembre de 1948. Artículo 2º- Concédese amnistía a los infractores de la ley Nº 11.170, sobre Reclutamiento e Instrucción de las Reservas, nacidos hasta el día 31 de diciembre de 1951, y a las personas que, a la fecha de vigencia de la presente ley, hubieren infringido la ley Nº 14.852, General de Elecciones. Artículo 3°- Concédese amnistía a los inculpados, procesados o condenados, en las siguientes causas: a) Nº 68.107, del Rol del Séptimo Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago; b) Nº 83.476, del Rol del Sexto Juzgado del Crimen de Mayor Cuantía de Santiago; c) Nº 2.306- 69, del Rol del 2º Juzgado Militar de Santiago; d) Nº 1.986- 70, del Rol del 2º Juzgado Militar de Santiago; e) Nº 124- 53, del Rol del 4º Juzgado Militar de Valdivia; f) Nº 468- 68, del Rol del 4º Juzgado Militar de Valdivia; g) Nº 11- 70, del Rol del 4º Juzgado Militar de Valdivia, y h) Nº 12- 66, del Rol del Primer Juzgado Militar de Antofagasta. Artículo 4º- La amnistía que otorgan los artículos 1º y 3º de esta ley, no favorecerá a ninguna persona inculpada o procesada o que pudiere resultar implicada, a cualquier título, en las causas Nºs. 2.446-70 y 2.464-70, del Segundo Juzgado Militar de Santiago, que se instruyen por homicidio en la persona del General de Ejército señor Rene Schneider Chereau e infracción de la Ley de Seguridad del Estado, ni aun en el caso que los hechos hubieren tenido lugar con anterioridad al 4 de septiembre de 1970. Dicha amnistía tampoco favorecerá a quienes con posterioridad al 3 de septiembre de 1970 y hasta la fecha de vigencia de la presente ley, hubieren delinquido nuevamente.". Sala de la Comisión, a 30 de abril de 1971. Acordado en sesiones de 27 y 28 de abril del presente año, con asistencia de los. Honorables Senadores señores Fuentealba (Presidente), Gumucio, Hamilton y Sule. (Fdo.): Jorge Tapia Valdés, Secretario. 4 INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACIÓN, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAÍDO EN EL MENSAJE DEL EJECUTIVO CON QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE INDULTA, EN LA FORMA QUE INDICA, A LOS REOS REMATADOS QUE ESTUVIEREN CUMPLIENDO CONDENAS AL 1° DE JUNIO DE 1971. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros acerca del Mensaje del Ejecutivo con que inicia un proyecto de ley que indulta, en la forma que indica, a los reos rematados que estuvieren cumpliendo condenas al 1? de junio de 1971. A la sesión en que vuestra Comisión consideró la materia en informe, concurrieron, además de sus miembros los Honorables Senadores señores Contreras, Lorca y Montes; el señor Ministro de Justicia, don Lisandro Cruz; el señor Subsecretario de Justicia, don José Antonio Viera-Gallo, y el Abogado del Ministerio del Interior, don Sergio Politoff. En esencia, el proyecto consiste en una reducción general de las condenas a penas privativas o restrictivas de la libertad, distinguiendo, para dicha reducción, entre las penas superiores a veinte años y las iguales o inferiores a ese tiempo. El Gobierno fundamenta esta iniciativa en su convicción de que "la delincuencia en Chile es, en la gran mayoría de los casos, consecuencia de las condiciones sociales imperantes. Prueba de ello es el origen modesto de la inmensa mayoría de las personas a quienes han aplicado condenas nuestros Tribunales.". A juicio del Gobierno, todos los chilenos deben participar en el proceso de profundos cambios en la estructura social y económica que se llevarán adelante para transformar nuestra sociedad. Desde ese ángulo, el proyecto de ley que se propone, formando parte de la política integral sobre el problema de la delincuencia, procura "estimular un cambio en la actitud de los reclusos y convencerlos de que su posición frente a la sociedad debe ser la de todo ciudadano dispuesto a integrarse al esfuerzo común.". El señor Ministro de Justicia, luego de explicar los alcances del proyecto, manifestó que él importaba el cumplimiento de la promesa formulada por el Presidente de la República a la población carcelaria del país, en el sentido de preocuparse por sus problemas mediatos e inmediatos, en la forma que correspondía a un Gobierno que tiene un enfoque nuevo y distinto acerca de la etiología delictual. Agregó que, para la finalidad de indultar, el Gobierno habría podido recurrir al ejercicio de la facultad constitucional que tiene el Presidente de la República para conceder indultos particulares; pero se ha preferido un procedimiento que, junto con evitar la dictación de varios miles de decretos, esté exento de dudas acerca de posibles discriminaciones. Señaló, finalmente, que el mecanismo utilizado en el proyecto tiene actual vigencia en el ámbito de los beneficios que el sistema legal otorga a los reos rematados que observan buena conducta, principalmente de acuerdo con lo establecido en el Decreto-Ley Nº 321, de 1925. Según el artículo 3° de dicho Decreto-Ley, los condenados a presidio perpetuo o a más de veinte años tendrán derecho a salir en libertad condicional una vez cumplidos diez años, y por este solo hecho su pena quedará fijada en 20 años. De acuerdo con informaciones proporcionadas a la Comisión, el número de reos rematados que podría salir en libertad una vez en vigencia la ley y por su solo efecto, sería de aproximadamente 500 personas, la inmensa mayoría de las cuales ha presentado, en la actualidad, solicitudes de indulto al Gobierno por reunir los requisitos exigidos por la legislación vigente para optar al beneficio. En el Anexo de este informe se detalla el número de los reos rematados que serían beneficiados de inmediato con la dictación de la ley. El señor Subsecretario de Justicia explicó que el Gobierno está adoptando las medidas para que, produciéndose sólo en forma gradual y paulatina los efectos de la ley, los condenados que vayan recuperando su libertad encuentren posibilidades concretas para su reintegro a la sociedad. La Comisión estimó plenamente atendibles las razones en que se basa el proyecto y le dio su aprobación en general, por unanimidad. En la discusión particular, le introdujo modificaciones de redacción y aprobó, a indicación del Honorable Senador señor Fuentealba, un nuevo artículo conforme al cual no gozarán del beneficio quienes, con posterioridad a la dictación de la ley, quebranten sus condenas o vuelvan a delinquir antes de cumplidas esas condenas. En mérito de las razones expuestas tenemos a honra proponeros la aprobación del siguiente Proyecto de ley: "Artículo 1º- Indúltase, en la forma que a continuación «e expresa, a los reos rematados que, a la fecha de vigencia de esta ley, estuvieren cumpliendo sus condenas: a) Redúcense a veinte años las penas privativas o restrictivas de la libertad de los reos condenados a un tiempo superior a este lapso o a perpetuidad, sea que se trate de una sola pena o de penas que, sumadas, resulten superiores a dicho tiempo. Sin embargo, cuando ello resulte más favorable al reo, podrá aplicarse a estas penas la forma de reducción que establece la letra siguiente. b) Redúcense en dos meses por cada año o fracción igual o superior a seis meses las penas privativas o restrictivas de la libertad que, sumadas o aisladamente consideradas, tengan una duración igual o inferior a veinte años. Artículo 2°- Si el reo hubiere obtenido, con anterioridad a la vigencia de ley, reducción de su condena por indulto u otra causa, la rebaja de pena establecida en el artículo anterior operará sólo respecto de la pena reducida. Artículo 3°- No gozarán del beneficio que otorga esta ley los reos rematados que, con posterioridad a la publicación de la misma, quebrantaren sus condenas o delinquieren nuevamente antes de cumplida la condena. Artículo 4º- Esta ley entrará en vigencia 30 días después de la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".". Sala de la Comisión, a 30 de abril de 1971. Acordado en sesión de fecha 24 de abril de este año, con asistencia de los Honorables Senadores señores Fuentealba (Presidente), Gumucio, Hamilton y Sule. (Fdo.): Jorge Tapia Valdés, Secretario. 5 INFORME DE LA COMISION DE CONSTITUCION, LEGISLACION, JUSTICIA Y REGLAMENTO, RECAIDO EN LA MOCION DE DIVERSOS SEÑORES SENADORES CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE AMNISITIA A PERIODISTAS CONDENADOS O PROCESADOS POR DELITOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO Y OTROS CUERPOS LEGALES. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento tiene el honor de informaros acerca de la moción de los Honorables Senadores señora Carrera y señores Acuña, Contreras y Chadwick, con la que inician un proyecto de ley que concede amnistía a periodistas condenados o procesados por delitos contemplados en la Ley de Seguridad Interior del Estado y otros cuerpos legales. A la sesión en que vuestra Comisión consideró la materia en informe concurrió, además de sus miembros, el Honorable Senador señor Montes. Como se expresa en la parte expositiva de la moción -presentada el 17 de junio de 1970- se encuentran sometidos a proceso numerosos periodistas, en juicios incoados por infracciones a la Ley de Seguridad del Estado, al Código de Justicia Militar y a la Ley sobre Abusos de Publicidad. En efecto, según información proporcionada por el Colegio de Periodistas, a la fecha de presentación de la moción estaban siendo sustanciados 31 procesos en contra de 17 periodistas, la lista de los cuales consta en el Anexo de este informe. Los autores de la moción estiman necesaria la amnistía para el resguardo de la genuina libertad de expresión y de las condiciones en que debe desarrollarse el diálogo democrático entre los distintos sectores del país. Agregan que, a mayor abundamiento, los hechos que han motivado las acciones judiciales han perdido actualidad o ha quedado demostrado, a su respecto, la justicia de las razones que asistían a los periodistas para informar de la manera que lo hicieron. Vuestra Comisión estimó atendibles estas razones y conveniente el otorgamiento de una amnistía que posibilite el serenamiento de los ánimos, poniendo término a procesos cuya prosecución no conviene al interés social. Por tanto, en mérito de lo expuesto, tenemos a honra proponeros la aprobación del siguiente Proyecto de ley: "Artículo único.- Concédese amnistía a todos los periodistas que hayan sido condenados o se encuentren actualmente procesados por delitos cometidos dentro del territorio nacional, con anterioridad al lº de junio de 1970, y contemplados en la ley Nº 12.927, de Seguridad del Estado, de 8 de agosto de 1956; en el Código de Justicia Militar y en la ley Nº 16.643, de 4 de septiembre de 1967, que fijó el texto definitivo de la ley Nº 15.576 sobre Abusos de Publicidad.". Sala de la Comisión, a 28 de abril de 1971. Acordado en sesión de esta misma fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Fuentealba (Presidente), Gumucio, Hamilton y Sule. (Fdo.): Jorge Tapia Valdés, Secretario, 6 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN EL MENSAJE DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUE PROPONE LA DESIGNACION DEL SEÑOR JAVIER URRUTIA SOTO COMO GOBERNADOR SUPLENTE ANTE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Honorable Senado: El cargo de Gobernador Suplente en representación de Chile ante el Banco Interamericano de Desarrollo se encuentra vacante por haber renunciado su titular don Luis Velasco. En su reemplazo el Ejecutivo propone designar al actual Gerente de la Corporación de Fomento de la Producción en Nueva York don Javier Urrutia Soto. La Administración del BID reside en la Asamblea de Gobernadores, compuesta por un Gobernador y un Gobernador Suplente nombrados por cada país miembro. Esta Asamblea se reúne anualmente en alguno de los 23 países miembros del BID y sigue un sistema de rotación para seleccionar la Sede de cada reunión. La conducción de las operaciones normales del Banco está a cargo del Directorio Ejecutivo, del Presidente, a quien elige la Asamblea de Gobernadores, y del Vicepresidente Ejecutivo, elegido por el Directorio Ejecutivo. El Directorio Ejecutivo funciona continuamente en la Sede del Banco. Se compone de siete Directores, seis de los cuales son elegidos por los países latinoamericanos y uno designado por los Estados Unidos, por un período de tres años. Los Directores nombran a sus respectivos suplentes, quienes tienen plenos poderes para actuar en su ausencia. El monto total de los recursos del BID se elevaba al 31 de diciembre de 1970 a más de US$ 6.000 millones, de los cuales US$ 3.150 millones corresponden al capital ordinario autorizado; US$ 2.328.009.000.- al Fondo para Operaciones Especiales autorizado; US$ 525 millones al Fondo Fiduciario de Progreso Social y US$ 81.057.492.- a Fondos aportados por países no miembros. El 31 de diciembre de 1970 los países miembros adoptaron una resolución por la cual los recursos ordinarios de capital se elevan de US$ 3.150 millones a US$ 5.150 millones, debiendo enterarse la diferencia en dos cuotas iguales, la primera en 1971 y la segunda en 1973. A continuación se inserta un cuadro que indica la distribución por países del capital autorizado del Banco: CAPITAL AUTORIZADO DEL BANCO (En dólares de los Estados Unidos) Capital Capital pagadero País en efectivo Capital exigible Total Argentina $ 51.570.000 $ 294.250.000 % 345.820.000 Barbados 2.070.000 2.070.000 4.140.000 Bolivia 4.140.000 23.620.000 27.760.000 Brasil 51.570.000 294.250.000 345.820.000 Colombia 14.150.000 80.730.000 94.880.000 Costa Rica 2.070.000 11.810.000 13.880.000 Chile 14.160.000 80.800.000 94.960.000 Ecuador 2.760.000 15.760.000 18.520.000 El Salvador 2.070.000 11.180.000 13.880.000 Estados Unidos 150.000.000 1.023.520.000 1.173.520.000 Guatemala 2.760.000 15.760.000 18.520.000 Haití 2.070.000 11.810.000 13.880.000 Honduras 2.070.000 11.810.000 13.880.000 Jamaica 2.760.000 15.760.000 18.520.000 México 33.150.000 189.150.000 222.300.000 Nicaragua 2.070.000 11.810.000 13.880.000 Panamá 2.070.000 11.810.000 13.880.000 Paraguay 2.070.000 11.810.000 13.880.000 Perú 6.910.000 30.430.000 46.340.000 República Dominicana 2.760.000 15.760.000 18.520.000 Trinidad y Tobago 2.070.000 11.810.000 13.880.000 Uruguay 5.530.000 31.550.000 37.080.000 Venezuela 27.630.000 157.650.000 185.280.000 Pendiente de asignac. 86.630.000 157.460.000 386.980.000 Total $ 475.000.000 $2.675.000.000 $3.150.000.000 Para ser suscrito por los actuales miembros o por países que ingresen al Banco en el futuro. Nota: No se incluye en este cuadro el aumento de $ 2.000 millones, aprobado por resolución de los países miembros adoptada el 31 de diciembre de 1970. La Interamericano de Desarrollo se encuentra esbozada en nuestro informe recaído en el Mensaje del Ejecutivo que designó al señor Ministro de Hacienda, don Américo Zorrilla Rojas, como Gobernador ante el Banco Interamericano de Desarrollo, emitido con el Nº 24.473, de fecha 30 de diciembre de 1970, así como en el debate a que dicho informe dio lugar en esta Honorable Corporación. Dados los antecedentes personales del señor Urrutia Soto, que se agregan al final de este informe y a fin de habilitarlo para que como Gobernador Suplente pueda concurrir a la reunión que la Asamblea de Gobernadores del BID celebrará el día 10 del actual en la ciudad de Lima, la Comisión de Hacienda, por unanimidad, acordó recomendaros prestar vuestra aprobación al nombramiento propuesto. Sala de la Comisión, a 4 de mayo de 1971. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Palma (Presidente), Ballesteros y Silva Ulloa. (Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario. 7 INFORME DE LA COMISION DE DEFENSA NACIONAL RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE CONSULTA DIVERSAS DISPOSICIONES EN FAVOR DE ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA (ASMAR). Honorable Senado: Vuestra Comisión de Defensa Nacional tiene el honor de informaros acerca de un proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, que tuvo origen en un Mensaje del Ejecutivo, que consulta diversas normas que benefician a Astilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR). A la sesión en que se estudió este asunto asistieron los Subsecretarios de Guerra, de. Marina y de Aviación, señores Rafael Valenzuela, Jorge Domínguez y Ricardo Ortega, respectivamente, y los señores Olegario Uribe y Gonzalo Prieto, en representación de ASMAR. I.- Objetivos del proyecto y su aprobación en general. Mediante el D.F.L. Nº 321, de 1960, se transformó a los Arsenales de Marina, que constituían una mera repartición de la Armada Nacional, en una empresa del Estado, bajo el nombre de "Astilleros y Maestranzas de la Armada", con la sigla "ASMAR". En efecto, dicho texto legal creó una persona jurídica de administración autónoma, con patrimonio propio y cuya actividad principal es la de reparar, carenar y construir unidades navales de la Armada Nacional; asimismo, se le facultó para atender la reparación, carena y construcción de naves nacionales o extranjeras cuando la industria privada del país no esté en condiciones de hacerlo. Sin embargo, la legislación vigente que rige esta empresa adolece de omisiones que entorpecen la regularización y agilización de sus actividades en relación con las materias a que pasamos a referirnos. En primer lugar, en el campo tributario no se contempla para esta entidad el mismo tratamiento que otros cuerpos legales han concedido a otras empresas del Estado, tales como la Línea Aérea Nacional, las Fábricas y Maestranzas del Ejército, el Banco del Estado de Chile, etc. En seguida, se echa también de menos en el texto legal en comentario un sistema fácil y flexible para la transferencia de bienes muebles e inmuebles entre la Armada (Fisco) y Asmar, especialmente si se considera la circunstancia de que obligatoriamente, por ley, la primera constituye el principal cliente de la segunda. Por último, se hace necesario eliminar el trámite de las propuestas públicas, no sólo en lo que respecta a la Armada Nacional, como es la situación actual, sino también en lo que concierne a todas las entidades públicas en sus relaciones con Astilleros y Maestranzas de la Armada. Estos son los tres propósitos que persigue la iniciativa en estudio, la cual mereció la aprobación general de vuestra Comisión. II.- Análisis del articulado del proyecto y discusión particular. El presente proyecto de ley consta de tres artículos permanentes y uno transitorio. El artículo 1º consulta una amplia exención en beneficio de Asmar, que comprende los impuestos a la renta, de compraventa y a los servicios y de timbres, estampillas y papel sellado. Como se ha dicho, tal exención es similar a la que actualmente beneficia a otras empresas del Estado. Cabe hacer presente que el texto de esta disposición fue objeto de un cuidadoso estudio en el Servicio de Impuestos Internos. Haremos en seguida un breve análisis del contenido del citado precepto. De acuerdo con lo en él prevenido, Asmar estará exenta de los impuestos establecidos en la Ley de la Renta. En lo que concierne al impuesto de primera categoría y adicional, el proyecto sólo viene a ratificar un beneficio de que la referida empresa disfruta actualmente, conforme a las normas generales de la Ley de la Renta. Pero en esta materia la iniciativa en estudio va más lejos, pues exime a la empresa en cuestión de toda clase de impuestos, contribuciones y derechos, tasas, patentes y demás cargas o tributos que la afecten y que representen directa o indirectamente un gravamen a su patrimonio, bienes o rentas. De conformidad también con este artículo, Asmar estará exenta dé todos los impuestos que gravan a las compraventas y a los servicios cuando ésta tenga la calidad de "contribuyente de hecho" de tales tributos, o sea, cuando actúe como compradora de los bienes o beneficiara de los servicios gravados. Finalmente, se le exime de los impuestos de timbres, estampillas y papel sellado, disposición que tiene especial importancia, en razón de que la ley vigente sobre la materia no contiene precepto alguno que deje al margen a la empresa de su aplicación. En el artículo en análisis se consultan además normas claras y precisas tendientes a impedir que todas estas exenciones puedan beneficiar impensadamente a terceros. En el artículo 2º, para obviar el inconveniente relativo a la falta de agilidad en la transferencia de dominio de bienes muebles e inmuebles entre el Fisco (Armada) y Asmar, y viceversa, se faculta al Presidente de la República para disponer por Decreto Supremo tales transferencias. Se dispone, asimismo, que la transferencia de bienes de propiedad de Asmar deberá ser previamente aprobada por la Junta de Vigilancia de la empresa, a proposición de su Director. El artículo 3º contempla una ampliación del artículo 35 de la Ley Orgánica de la empresa, de tal manera que no sólo la Armada Nacional quedará exenta del trámite de la propuesta pública respecto de los servicios solicitados a Asmar, sino que también tal exención beneficiará a las reparticiones de cualquier naturaleza que por ley o reglamento estén obligadas a ello. Cabe observar que no se establece una obligación para esas entidades públicas de contratar con Asmar, sino una eliminación de un trámite que entre organismos del sector público resulta difícil y complejo. Los tres artículos recientemente comentados fueron aprobados por vuestra Comisión en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de origen. En seguida, aprobamos como artículo 4º, nuevo, un precepto propuesto por el Ejecutivo que hace aplicable las disposiciones de los artículos 1º y 3º, recientemente comentados, a las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE). El artículo transitorio, que fue propuesto por la Comisión de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados, a petición también del Ejecutivo, consulta, a fin de solucionar un problema de hecho que se le ha presentado a Asmar, la condonación de los tributos y otras cargas, de sus intereses penales y multas que esta empresa esté adeudando a la fecha de vigencia de la ley. El señor Presidente de la Comisión, en uso de sus atribuciones, declaró improcedente una indicación del Ejecutivo para agregar dos artículos nuevos, que se refieren a materias de remuneraciones y de orden previsional, por ser éstas ideas ajenas a la idea matriz del proyecto. La presente iniciativa deberá ser informada por la Comisión de Hacienda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de la Corporación. En consecuencia, vuestra Comisión de Defensa Nacional tiene el honor de recomendaros que aprobéis el proyecto de ley materia de este informe, con la sola modificación que consiste en agregar como artículo 4º, el siguiente, nuevo: "Artículo 4º- Las disposiciones de los artículos 1º y 3º serán aplicables también a las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE).". En resumen, podemos indicaros que todas las disposiciones de este proyecto, así como la agregada por vuestra Comisión, fueron aprobadas por unanimidad. Sala de la Comisión, a 9 de marzo de 1971. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carmona (Presidente), Aguirre Doolan, Jerez y Musalem. (Fdo.): Raúl Charlín Vicuña, Secretario. 8 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE CONSULTA DIVERSAS DISPOSICIONES EN FAVOR DE ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA (ASMAR). Honorable Senado: La Comisión de Defensa Nacional al informar esta materia, recomienda aprobar esta iniciativa de ley en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados, agregando sólo un artículo final, según el cual las liberaciones tributarias de esta ley se aplicarán también a "FAMAE". El artículo 1º del proyecto de ley libera a ASMAR en forma amplia de toda clase de impuestos, contribuciones u otro tipo de gravámenes tributarios que la afecten, sea que esos tributos, tasas o patentes estén establecidos en favor del Fisco o de cualquiera otra persona jurídica, y sea que se recauden o perciban por medio de las Tesorerías o cualquiera otra repartición u organismo. Expresamente dispone el artículo que ASMAR no podrá contractualmente hacerse cargo del pago de estos tributos o gravámenes impositivos que afecten a terceros. De esta manera se quiere evitar una posible presión y evasión de impuestos por parte de los terceros que contratan con ASMAR. Aclarando más este concepto, el inciso final dispone que ASMAR sólo estará exento de gravámenes en la cuota que hubiere correspondido pagar a la Empresa a no mediar la liberación que consagra este artículo. Esta última norma se aplica incluso a los contratos que hubiere celebrado ASMAR con anterioridad a la presente ley. Como suele ocurrir que ASMAR contrate servicios con personal extranjero y asuma la obligación de pago del impuesto adicional correspondiente, expresamente se dice que esta liberación parcial no podrá beneficiar ni perjudicar a terceros, de modo que ASMAR frente al pago de un impuesto adicional que no corresponda a la obligación de la empresa o exceda la cuota que a ésta le hubiere correspondido pagar, deberá enterar en arcas fiscales el impuesto o la diferencia resultante. Los incisos antepenúltimo y penúltimo de este artículo l9 reglamentan la liberación de impuestos a las compraventas y servicios de que gozará ASMAR. Se dice que por norma general ASMAR estará afecta al impuesto a las compraventas y servicios, con excepción de las transferencias, servicios, prestaciones y otros negocios de igual o análoga naturaleza que pacte con el Fisco. Excepcionalmente, el inciso penúltimo libera a ASMAR del pago de impuesto a las compraventas por las adquisiciones de bienes corporales muebles que efectúe y del impuesto a los servicios por los intereses, primas comisiones u otras formas de remuneración que pague a cualquiera persona natural o jurídica. El Honorable Senador señor Palma observó que la amplísima exención tributaria que se proponía otorgar a ASMAR involucraría en la práctica dejar fuera de competencia a empresas privadas que desarrollan idénticos trabajos que aquella y que se encuentran afectas íntegramente a la legislación tributaria vigente, con lo cual sus costos suben en forma muy apreciable. Cree el señor Presidente de la Comisión que en la disyuntiva de continuar subvencionando a ASMAR mediante el presupuesto de la Nación, con sumas mayores a fin de que entere los impuestos a que está afecta o la de eximirla directamente de estos tributos, es preferible la primera solución pues no distorsiona el proceso económico normal ni afecta a los intereses de otras industrias. El Honorable Senador señor García estima que las actividades de ASMAR que no encuentran competencia en el sector privado debieran estar exentas del pago de tributos a fin de evitar una duplicidad burocrática, de ser subvencionada y de devolver parte de estos mismos aportes al Estado por la vía del impuesto. Sin embargo, concuerda con el Honorable señor Palma en cuanto a la necesidad de mantener en igualdad de condiciones la competencia de esta empresa estatal con los sectores privados. En la primera reunión que la Comisión celebró para considerar este proyecto de ley, el señor Subsecretario de Hacienda, don Patricio Morales, expresó que no conocía todavía el fondo de esta iniciativa pues estaba sujeto a estudio en su Ministerio y que próximamente haría llegar su opinión a la Comisión, pero anticipó que en principio concordaba con la inconveniencia de este tipo de franquicias tributarias que impedían conocer los verdaderos costos de operación de las empresas estatales y dificultaba la operación de empresas privadas similares. En representación de ASMAR asistieron el señor Subsecretario de Marina, don Jorge Domínguez, el Asesor Jurídico de la misma Subsecretaría, don Sergio Rillón; el Contador General, Capitán de Navio don Rafael González Cornejo; el Subdirector Administrativo don Olegario "Oribe y el Abogado don Gonzalo Prieto, estos tres últimos funcionarios de la citada Empresa. Participaron también en las reuniones de esta Comisión el Jefe del Departamento de Estudios del Servicio de Impuestos Internos, don Gilberto Urrutia y el Intendente de Aduanas don Juan Muñoz. Los representantes de ASMAR expresaron que este proyecto de ley ha tenido una larga gestación, pues en diferentes oportunidades han solicitado del Ejecutivo el otorgamiento a esta empresa de un estatuto tributario igual o similar al que rige a otras empresas del Estado y sólo en octubre de 1970 se obtuvo el envío de un Mensaje al Congreso en tal sentido, con el objeto principalmente de sanear una situación de endeudamiento tributario importante que afecta a ASMAR, como consecuencia de la falta de disponibilidad de recursos para pagar los tributos que la afectan. La Comisión, para corroborar lo expresado por los representantes de ASMAR, solicitó al señor Ministro de Hacienda informara acerca de las franquicias tributarias de que gozan otras empresas del Estado. El Oficio de respuesta del señor Américo Zorrilla Rojas se inserta al final de este informe. Recogiendo las observaciones formuladas por los miembros de la Comisión y las de los funcionarios que estudiaron esta materia en el Ministerio de Hacienda, el Subsecretario de esta Cartera propuso modificar la redacción del artículo 1?, manteniendo la amplia exención contemplada en el proyecto de la Honorable Cámara de Diputados pero limitando la liberación del impuesto de compraventas sólo a las transferencias que existan entre ASMAR y el Fisco y eliminándola respecto de las adquisiciones de bienes muebles que ASMAR efectúe, como lo disponía el proyecto original. Se agrega en la disposición la exención a favor de ASMAR del impuesto que afecta a los registros de importación. Al tratarse esta indicación en la Comisión, los señores Palma y García expresaron no tener inconvenientes en conceder las franquicias a ASMAR contenidas en el artículo propuesto por el señor Subsecretario siempre que ellas dijeren relación a actividades usuales de esta empresa, de aquellas especificadas como de su giro ordinario en el D.F.L. Nº 321, de 1960. Expresaron temor que se usara a ASMAR para efectuar otro tipo de importaciones, especialmente de bienes de consumo, aprovechando las franquicias que se le otorgan. Por eso propusieron agregar una frase inicial al artículo enviado en reemplazo del 1º, que dijere: "Para el cumplimiento de sus actividades y funciones, establecidas en su ley orgánica, D.F.L. Nº 321, de 1960' ASMAR estará exenta... etcétera. Las actividades y funciones de Astilleros y Maestranzas de la Armada están establecidas en los artículos 2º y 4º del mencionado D.F.L. Sus actividades son exclusivamente "reparar, carenar y construir las unidades navales de la Armada de Chile, pudiendo también atender la reparación, carena y construcción de naves nacionales o extranjeras cuando la industria privada del país no esté en condiciones de hacerlo.". Sus funciones, establecidas en el artículo 4º del D.F.L. citado son: "a) Proveer oportuna y eficiente atención a las Unidades Navales de la Armada en materias de construcción, reparación, alteración y carena con las obligaciones y servicios que ello implica. Podrá proveer similar atención con las mismas obligaciones y servicios a naves nacionales y extranjeras o de otras empresas extranjeras, cuando la industria particular no esté en condiciones de hacerlo. b) Producir manufacturas de material para la Armada; realizar y favorecer las investigaciones científicas y técnicas tendientes a crear nuevos diseños relacionados con la industria naviera y bélica naval. c) Proporcionar y prestar sus servicios a las unidades y reparticiones terrestres de la Armada de Chile y de las demás Instituciones de la Defensa Nacional.". Puesta en votación la indicación de los señores Palma y García para agregar la frase inicial antedicha, fue aprobada por tres votos contra dos, de los señores Silva Ulloa y Baltra. El Honorable Senador señor Palma formuló indicación para que la exención tributaria no alcanzara a aquellos impuestos establecidos a favor de las Municipalidades. Los representantes de ASMAR dieron a conocer que esta Empresa no ha pagado jamás dichos tributos, los que se le condonan en virtud del artículo final de este proyecto de ley y que, en consecuencia, el disponer una norma liberatoria para el futuro no afectará los presupuestos municipales respectivos. El Honorable Senador señor Silva destacó por su parte que de conformidad a la ley Nº 15.021 pesa sobre el Poder Ejecutivo otorgar a las Municipalidades subvenciones correspondientes al monto de los impuestos a que ascienden las exenciones otorgadas, razón por la cual esta exención no perjudica de modo alguno a la Municipalidad de Talcahuano ni a ninguna otra. Puesta en votación la indicación fue rechazada por tres votos contra dos. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Palma y Lorca y por el rechazo los Honorables Senadores señores Baltra, García y Silva. El artículo 2º del proyecto faculta al Presidente de la República para transferir por decreto supremo los bienes muebles e inmuebles que los planes de desarrollo de las Bases Navales o de las Plantas Industriales de la Empresa hagan necesario entre la Armada y ASMAR y viceversa, siempre que en este último caso la transferencia sea aprobada previamente por la Junta de Vigilancia de la Empresa. Es necesario este sistema de transferencia en dominio de bienes entre entidades que tienen amplia interrelación, derivada del hecho de que por ley una constituye el principal cliente de la otra, lo que provoca un necesario y continuo intercambio de bienes. La Comisión unánimemente aprobó sin modificaciones este artículo. El artículo tercero contempla una ampliación del artículo 35 de la ley orgánica de ASMAR, que actualmente dispone: "Para solicitar servicios a ASMAR la Armada de Chile no tendrá obligación de llamar a propuestas.". Expresaron los representantes de ASMAR que se hacía sentir la necesidad de extender esta forma de contratación de servicios a otras entidades como la Fuerza Aérea de Chile, que permanentemente está solicitando los servicios de esta empresa para la reparación hangares y similares. El Honorable Senador señor García manifestó que le parecía más lógico, si el procedimiento de llamado a propuesta pública resultaba engorroso, modificarlo pero no eliminarlo. Por su parte el Honorable Senador señor Palma hizo presente que el artículo contenido en el proyecto eliminaba el trámite de propuesta no sólo respecto de la Fuerza Aérea sino que respecto de toda repartición que por ley o reglamento estuviere obligada a actuar en sus contratos mediante propuesta pública. Estima que la amplitud de redacción constituye un perjuicio a las posibilidades de competir tanto del sector privado como de otras empresas estatales sujetas al trámite de propuesta. Después de un breve intercambio de ideas se acordó modificar el artículo 3° en análisis, extendiendo al Ejército y a la Fuerza Aérea el beneficio de que actualmente goza la Armada de no requerir propuestas para solicitar los servicios de ASMAR. Por dos votos, de los Honorables Senadores señores Baltra y Silva, y tres en contra, de los Honorables Senadores señores Palma, García y Lorca, se rechazó una indicación del señor Silva para extender este artículo 3º también a la Dirección de Obras Portuarias. Luego, por unanimidad, fue aprobada la disposición transitoria que condona totalmente los intereses, multas, así como los impuestos, derechos, tasas, etcétera, que adeude ASMAR a la fecha de vigencia de esta ley, incluyendo aquellos que contractualmente se haya obligado a cancelar con fondos de la empresa. Con esto último se comprende las obligaciones que ASMAR ha contraído de pagar el impuesto adicional del personal extranjero que ha contratado. Finalmente la Comisión consideró el artículo nuevo que se propone en el proyecto aprobado por la Comisión de Defensa Nacional, mediante el cual se extiende a "FAMAE" tanto las liberaciones tributarias como la no obligación de llamar a propuestas para contratar sus servicios por parte de la Armada, Ejército y Fuerza Aérea de Chile. La Comisión, por mayoría de votos, acordó reemplazar esta disposición por otra que le otorga tales beneficios en igualdad de condiciones que a ASMAR, esto es, que las exenciones tributarias le favorezcan siempre que se trate de funciones y actividades que les son propias de acuerdo a su ley orgánica y de restringir la no sujeción de operar bajo propuestas públicas sólo respecto de los organismos antes mencionados de las Fuerzas de la Defensa Nacional. En virtud de las consideraciones expuestas os proponemos aprobar el proyecto de ley contenido en el informe de la Comisión de Defensa Nacional, con las siguientes modificaciones: Artículo 1º Sustituirlo por el siguiente: "Artículo 1º- Para el cumplimiento de sus actividades y funciones, establecidas en su ley orgánica, D.F.L. Nº 321, de 1960, Astilleros y Maestranzas de la Armada "ASMAR" estará exenta de toda clase de impuestos, contribuciones, derechos, tasas, patentes y demás gravámenes establecidos en favor del Fisco u otros organismos del Estado o de las Municipalidades. La exención establecida en el presente artículo no comprenderá los impuestos a las compraventas y/o servicios de la ley Nº 12.120, con excepción de los que afecten a las transferencias, servicios o prestaciones que "ASMAR" realice con el Fisco. Esta exención tampoco comprenderá el impuesto que afecta a los registros de importación, establecido en el inciso octavo del Nº 14 del artículo 1º de la ley Nº 16.272. Respecto de los documentos que "ASMAR" otorgue y de los actos o contratos en que intervenga, esta exención comprenderá sólo a la parte del tributo que le hubiere correspondido pagar a "ASMAR" de no mediar la exención.". Artículo 3º Reemplazarlo por el siguiente: "Artículo 3º- Sustituyese el artículo 35 del D.F.L. Nº 321, de 1960, por el siguiente: "Artículo 35.- Para solicitar servicios a ASMAR, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no tendrán obligación de llamar a propuestas.".". Artículo 4º Reemplazarlo por el siguiente: "Artículo 4º- Para los efectos del cumplimiento de las funciones y actividades establecidas en su ley orgánica, D.F.L. Nº 223, de 1953, las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) gozarán de las franquicias tributarias establecidas en el artículo 1º de esta ley. Aplícase a FAMAE lo establecido en el artículo 35 del D.F.L. Nº 321, de 1960.". En mérito de las modificaciones precedentes, el proyecto de ley aprobado por vuestra Comisión de Hacienda queda como sigue: Proyecto de ley. "Artículo 1º- Para el cumplimiento de sus actividades y funciones, establecidas en su ley orgánica, D.F.L. Nº 321, de 1960, Astilleros y Maestranzas de la Armada "ASMAR" estará exenta de toda clase de impuestos, contribuciones, derechos, tasas, patentes y demás gravámenes establecidos en favor del Fisco u otros organismos del Estado o de las Municipalidades. La exención establecida en el presente artículo no comprenderá los impuestos a las compraventas y/o servicios de la ley Nº 12.120, con excepción de los que afecten a las transferencias, servicios o prestaciones que "ASMAR" realice con el Fisco. Esta exención tampoco comprenderá el impuesto que afecta a los registros de importación, establecido en el inciso octavo del Nº 14 del artículo 1º de la ley Nº 16.272. Respecto de los documentos que "ASMAR" otorgue y de los actos o contratos en que intervenga, esta exención comprenderá sólo a la parte del tributo que le hubiere correspondido pagar a "ASMAR" de no mediar la exención. Artículo 2º- Facúltase al Presidente de la República para que disponga por decreto supremo la transferencia de dominio de bienes muebles e inmuebles entre el Fisco (Armada) y "ASMAR", y viceversa, que los planes de desarrollo actuales o futuros de las bases navales o de las plantas industriales de la Empresa hagan necesarios. La transferencia de dominio de bienes de propiedad de "ASMAR" al Fisco (Armada) deberá, previamente, ser aprobada por la Junta de Vigilancia de la Empresa y a proposición de su Director. Artículo 3º- Sustituyese el artículo 35 del D.F.L. Nº 321, de 1960, por el siguiente: "Artículo 35.- Para solicitar servicios a ASMAR, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea no tendrán obligación de llamar a propuestas.". Artículo 4º- Para los efectos del cumplimiento de las funciones y actividades establecidas en su ley orgánica, D.F.L. Nº 223, de 1953, las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) gozarán de las franquicias tributarias establecidas en el artículo 1º de esta ley. Aplícase a FAMAE lo establecido en el artículo 35 del D.F.L. Nº 321, de 1960.". Sala de la Comisión, a 3 de mayo de 1971. Acordado en sesiones celebradas los días 16 de marzo, 13 y 27 de abril, todos del presente año, con asistencia de los Honorables Senadores señores Palma (Ballesteros) (Presidente), Baltra (Acuña), García, Lorca (Reyes) y Silva. (Fdo.): Pedro Correa Opaso, Secretario. 9 INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE FACULTA A LA CORPORACION DE LA VIVIENDA Y A LA CORPORACION DE SERVICIOS HABITACIONALES PARA REMITIR DETERMINADOS SALDOS DE PRECIOS Y DEUDAS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene a honra informaros el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, iniciado en Mensaje del Ejecutivo y con urgencia calificada de "simple", que faculta a la Corporación de la Vivienda y a la Corporación de Servicios Habitacionales para remitir determinados saldos de precios y deudas. Esta iniciativa tiene por objeto beneficiar a personas residentes en las comunas de Puerto Saavedra y Toltén, de la provincia de Cautín, que resultaron damnificadas por el sismo y maremoto acaecido en mayo de 1960 y a quienes el artículo 87 de la ley Nº 17.072, de 31 de diciembre de 1968, favoreció ordenando a la Corporación de la Vivienda transferirles gratuitamente los terrenos que dicha entidad había adquirido para reubicarlos, como asimismo, las viviendas de emergencia o definitivas que, con sus propios recursos, construyó para esos habitantes. Posteriormente, el artículo 115 de la ley Nº 17.271, de 2 de enero de 1970, extendió este beneficio a los ex habitantes de las comunas mencionadas a quienes la Corporación de la Vivienda radicó en otros lugares de la misma provincia como consecuencia de la catástrofe a que se ha hecho referencia. Es el caso que, con anterioridad a la vigencia de estas leyes, la Corporación de la Vivienda había vendido algunos de estos terrenos y viviendas a las personas señaladas, motivo por el cual le ha sido imposible dar cumplimiento a la obligación legal de transferir gratuitamente el dominio de esos inmuebles, toda vez que los preceptos respectivos no la facultaron para restituir las sumas pagadas por los compradores y ni siquiera para remitir los saldos de precio pendientes a esas fechas. El proyecto en informe tiende precisamente a subsanar esta situación autorizando a la Corporación de la Vivienda y a su mandataria la Corporación de Servicios Habitacionales para remitir los saldos de precio pendientes y para alzar los gravámenes respectivos. Vuestra Comisión aprobó este proyecto en los mismos términos en que viene concebido, por la unanimidad de sus miembros presentes, y os recomienda adoptar igual predicamento. Sala de la Comisión, a 28 de abril de 1971. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Hamilton (Presidente), Acuña, Noemi y Valente. (Fdo.): Rodemil Torres Vásquez, Secretario. 10 INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY INICIADO EN MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR AGUIRRE DOOLAN, QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY Nº 17.271 SOBRE VENTA DE MATERIALES EN DESECHO DE LA EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene el honor de informaros acerca del proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Aguirre Doolan, que modifica el artículo 95 de la ley Nº 17.271 sobre venta de materiales en desecho de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. El precepto legal que la iniciativa propone modificar autorizó a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para vender, en Chile o en el extranjero, sus stock de chatarra y materiales en desecho, disponiendo que la venta, en todo caso, sólo podrá hacerse mediante propuestas públicas. La modificación consiste en excepcionar del trámite de la propuesta pública a las ventas que, con arreglo a dicho precepto, efectúe la mencionada empresa a las municipalidades o a las entidades estatales que no persigan fines de lucro, toda vez que, en muchos casos, tales instituciones se interesan en adquirir esa clase de materiales para aplicarlos a fines de beneficio común, mas no podrían hacerlo en calidad de proponentes en una propuesta pública, ya que serían seguramente desplazadas por los comerciantes particulares que se dedican a postular en esta clase de licitaciones y que generalmente copan la oferta y el mercado. El carácter público de las entidades a que la norma se refiere y la circunstancia de que ellas no persigan fines de lucro sino de beneficio colectivo justifica la excepción a la exigencia de propuesta pública. En mérito a las consideraciones anteriores, vuestra Comisión de Obras Públicas, por la unanimidad de sus miembros presentes, prestó su aprobación a esta iniciativa y, en consecuencia, tiene a honra proponeros el siguiente Proyecto de ley: "Artículo único.- La exigencia de propuesta pública a que se refiere el inciso segundo del artículo 95 de la ley Nº 17.271 no regirá respecto de la venta de materiales en desecho que efectúe la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a las municipalidades o entidades estatales que no persigan fines de lucro.". Sala de la Comisión, a 28 de abril de 1971. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Hamilton (Presidente), Acuña, Noemi y Valente. (Fdo.): Rodemil Torres Vásquez, Secretario. 11 INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY, INICIADO EN MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR HAMILTON, QUE DISPONE LA TRANSFERENCIA GRATUITA DE LA VIVIENDA QUE INDICA A DOÑA ANA MILLALONCO. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Obras Públicas tiene a honra informaros el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable Senador señor Hamilton, con urgencia calificada de simple, en virtud del cual se dispone que la Corporación de Servicios Habitacionales transferirá gratuitamente a doña Ana Millalonco el dominio de la vivienda que actualmente ocupa en la Población "Eduardo Frei", de Puerto Aisén, dentro del plazo de 90 días, contado desde la publicación de la ley a que dé origen este proyecto, La iniciativa establece, además, que, en el mismo plazo, la referida Corporación deberá devolver a la beneficiaría las cantidades que ésta hubiere pagado, a título de arrendamiento, compraventa u otro cualquiera, por el inmueble que se le dona. La beneficiaría, madre de 7 hijos, sufrió la pérdida del mayor de ellos, don Juan Millalonco, joven de 17 años muerto trágicamente el 4 de abril del año en curso, en circunstancias que son de público conocimiento. El fallecido era el único de los hermanos que contribuía al mantenimiento de su familia, que es de muy escasos recursos. Con el objeto de aliviar en parte la aflictiva situación económica de doña Ana Millalonco y de sus 6 hijos menores, el proyecto en informe propone la cesión gratuita de la casa que actualmente ocupa el grupo familiar, la que está situada en una población de autoconstrucción, en Puerto Aisén, y que tiene alrededor de 32 metros cuadrados. Vuestra Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, acogió la iniciativa y, en consecuencia, tiene el honor de recomendaros la aprobación del siguiente Proyecto de ley: "Artículo único.- Dentro del plazo de 90 días, contado desde la publicación de esta ley, la Corporación de Servicios Habitacionales transferirá gratuitamente a doña Ana Millalonco el dominio de la vivienda que actualmente ocupa en la Población "Eduardo Frei", de Puerto Aisén. Dentro del mismo plazo, la referida Corporación devolverá a la beneficiaria las cantidades de dinero que ésta hubiere pagado, a cualquier título, por la vivienda.". Sala de la Comisión, a 22 de abril de 1971. Acordado en sesión de fecha de ayer, con asistencia de los Honorables Senadores señores Hamilton (Presidente), Papic y Valente. (Fdo.): Rodemil Torres Vásquez, Secretario. 12 INFORME DE LA COMISION DE SALUD PUBLICA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE RECONOCE EL TIEMPO SERVIDO POR LOS DENTISTAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Salud Pública ha estudiado un proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que reconoce el tiempo servido por los dentistas en establecimientos educacionales. A la sesión en que se consideró esta materia asistieron, además de los miembros de vuestra Comisión, representantes del Colegio Regional de Santiago del Colegio de Dentistas y de los cirujanos dentistas que trabajan en la Junta de Auxilio Escolar y Becas. El artículo 8º de la ley Nº 15.076 concede a los médicos-cirujanos, químicos farmacéuticos, bioquímicos y cirujanos-dentistas, determinados aumentos de sus sueldos bases por cada cinco años de antigüedad. Este beneficio, llamado de los quinquenios, se causa siempre que dichos profesionales realicen funciones de tales. El proyecto en informe dispone que los cirujanos- dentistas tendrán derecho a que se les reconozca, para los efectos de quinquenios, también los servicios que hayan prestado como profesores de establecimientos educacionales dependientes del Ministerio de Educación Pública. Según se expresa en la moción que originó la presente iniciativa, se trata de solucionar la situación que afecta a un grupo de odontólogos que -a pesar de que cumplen labores propias de su profesión- , han sido contratados en calidad de profesores por la Junta de Auxilio Escolar y Becas por razones de orden administrativo, relacionadas principalmente con la carencia de plazas de cirujanos- dentistas en la planta de dicha institución. Tal situación ha privado a estas personas del derecho a computar el tiempo servido en el referido organismo para el goce de quinquenios, ya que, jurídicamente, ellos no cumplen con el requisito de desempeñarse como dentistas, exigido por el citado artículo 8º de la ley Nº 15.076. La Comisión estimó conveniente oír la opinión de los representantes de los afectados y del Colegio de Dentistas. En síntesis, éstos reiteraron los conceptos expresados anteriormente y manifestaron que la situación descrita -que se soluciona mediante el proyecto- impide, en la práctica, que los dentistas de la Junta de Auxilio Escolar y Becas se incorporen a los Servicios del Área de la Salud, ya que de hacerlo no le sería reconocido para los efectos de quinquenios - como se ha dicho- el tiempo servido en aquel organismo, lo que implicaría obviamente una baja de sus remuneraciones. Vuestra Comisión estimó justo el propósito de la iniciativa en estudio y le prestó su aprobación. En consecuencia, vuestra Comisión de Salud Pública tiene el honor de recomendaros, por unanimidad, que aprobéis el proyecto de ley en informe en los mismos términos en que viene formulado. Sala de la Comisión, a 29 de abril de 1971. Acordado en sesión de fecha de ayer, con asistencia de los Honorables Senadores señores Lorca (Presidente), Juliet, Noemi y Valenzuela. (Fdo.): José Luis Lagos L., Secretario. 13 MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR HAMILTON CON LA QUEINICIA UN PROYECTO DE LEY QUE AUTORIZA A LA MUNICIPALIDAD DE CISNES PARA CONTRATAR EMPRESTITOS. Es de todos conocida la escasez de recursos que afecta a las Municipalidades, que impide a estas Corporaciones realizar las obras de interés local que, en parte importante, determinaron su creación. Esta situación -que se agudiza respecto de las Municipalidades que tienen su asiento en comunas alejadas y demográficamente pequeñas ha sido frecuentemente paliada por el legislador mediante la dictación de normas que permiten a los municipios contratar créditos destinados a financiar realizaciones indispensables para el progreso comunal. Ese es el propósito que inspira esta iniciativa, que está destinada a favorecer a la comuna de Cisnes. Esta no sólo se ve afectada por los problemas que son comunes a todas las Municipalidades, ya reseñados brevemente, sino que debe enfrentar los derivados de su aislamiento geográfico y de las consecuencias- en cuanto a planes de inversión del centralismo imperante en el país. Lo anterior justifica plenamente ir en ayuda de la Municipalidad de Cisnes y me ha movido a elevar a vuestra consideración el siguiente Proyecto de ley: Artículo 1°- Autorízase a la Municipalidad de Cisnes para contratar uno o más empréstitos directamente con el Banco del Estado de Chile, la Corporación de Fomento de la Producción u otra institución de crédito, que produzcan hasta la suma de doscientos mil escudos, al interés corriente bancario y con una amortización que extinga la deuda en el plazo máximo de diez años Artículo 2º- Facúltase al Banco del Estado de Chile y demás instituciones de crédito para tomar el o los empréstitos a que se refiere el artículo anterior. Artículo 3º- El producto de los empréstitos que se contraten en uso de las autorizaciones que confiere la presente ley deberá ser invertido en las obras de progreso comunal que acuerde la Municipalidad de Cisnes por los dos tercios de sus regidores en ejercicio. Artículo 4º- La Municipalidad de Cisnes servirá los empréstitos que se autoriza contratar con la tasa parcial señalada en la letra e) del artículo 16 de la ley Nº 17.235. Articulo 5º- Autorízase, en caso de contratarse en parte o de no contratarse los empréstitos referidos en el artículo 1º, la inversión directa en la ejecución de las obras indicadas en el artículo 3º de la tasa parcial a que se refiere el artículo anterior, y su percepción por la municipalidad. Artículo 6º- El pago de intereses y amortizaciones ordinarias y extraordinarias de los empréstitos se hará por intermedio de la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda Pública, para cuyo efecto la Tesorería Comunal de Cisnes, por intermedio de la Tesorería General de la República, pondrá oportunamente a disposición de dicha Caja los fondos necesarios para cubrir estos pagos, sin necesidad de decreto del Alcalde en el caso de que éste no haya sido dictado en la debida oportunidad. La Caja citada atenderá el pago de estos servicios de acuerdo con las normas establecidas por ella para el servicio de la deuda interna Artículo 7º- La Municipalidad de Cisnes depositará en la cuenta de depósito fiscal "F- 26 Servicio de Empréstitos y Bonos", los recursos que destina esta ley al servicio de los préstamos hasta la cantidad a que ascienda dicho servicio por los intereses y amortizaciones ordinarias Asimismo, la Municipalidad referida deberá consultar en su presupuesto anual, en la partida de ingresos extraordinarios, los recursos que produzca la contratación del o los empréstitos, y en la partida de egresos extraordinarios, las inversiones proyectadas de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley. 14 MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR LORCA CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE UN NUEVO PLANO PARA QUE LAS MUNICIPALIDADES PUEDAN TRANSFERIR A SUS ACTUALES OCUPANTES DETERMINADOS TERRENOS EN CONFORMIDAD A LA LEY N° 15.629. Honorable Senado: Desde hace más de 20 años que los vecinos de las poblaciones "Pedro Aguirre Cerda" e "Irene Freí" de Puerto Aisén, están ocupando sitios que les entregara, para construir sus viviendas, la Ilustre Municipalidad de Aisén. Estos terrenos los recibió esa Corporación Edilicia por Decreto Nº 5168, del 14 de julio de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonización y se encuentran inscritos bajo el Nº 209 a fojas 312 vuelta, de 1936, del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Aisén. Como es de suponer, los actuales ocupantes que recibieron de la I. Municipalidad estos terrenos quieren legítimamente legalizar su situación y obtener la propiedad de los sitios a que hago mención. Por diversas razones no se acogieron a los beneficios que les otorgaba la Ley Nº 15.629, cuyo plazo ya venció. A fin de legalizar esta situación anormal que se mantiene ya por muchos años, vengo en presentar el siguiente Proyecto de ley: Artículo único.- Concédese un nuevo plazo de 180 días, contados desde la fecha de publicación de la presente ley, para acogerse a los beneficios establecidos en la Ley Nº 15.629, para que las Municipalidades del país puedan transferir a sus actuales ocupantes los terrenos de su propiedad en los cuales aquéllos hubieran construido viviendas, en la forma y condiciones que en dicho cuerpo legal se establecen. Sustituyese, en el inciso primero del artículo 1° de la ley Nº 15.629, la expresión "cuatro mil escudos" por "30 sueldos vitales mensuales, escala A), del Departamento de Santiago". 15 MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR SILVA ULLOA CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE DEROGA EL CAPITULO X DE LA CARTA FUNDAMENTAL, SOBRE REFORMA DE LA MISMA Y ESTABLECE LA CONVOCATORIA A UNA ASAMBLEA CONSTITUYENTE Honorable Senado: Pronto se cumplirán cuarenta y seis años desde que fue sancionada la actual Constitución Política del Estado, cuyo contenido sigue muy de cerca las líneas trazadas por la Constitución de 1833, salvo en cuanto establece un categórico y fuerte régimen presidencial. Como se sabe, la Carta del 25 fue consecuencia muy directa de la crisis política que sacudió al país por esos años, expresada en los excesos del parlamentarismo, pero cuyo origen real habría que atribuirlo más bien a los notorios desplazamientos que se venían operando en la estructura social y económica de Chile a partir de la Primera Guerra Mundial. Mientras el salitre declina como sostén principal de los negocios de exportación y la agricultura -dominada por el latifundio- pierde importancia ante el desarrollo industrial, crece en volumen y poderío la clase obrera, junto a una "clase media" muy diversificada y difusa, surgida a la sombra de un Estado en expansión y de una ya desproporcionada economía de servicios. La gestación del nuevo estatuto constitucional se produce, además, rompiendo las normas jurídicas vigentes, mediante un procedimiento que no tiene conexión alguna con el proceso establecido en la Constitución anterior. No pudo ser de otra manera, quizás, dado el apasionamiento político que rodeó su nacimiento y los quebrantos institucionales que le servían de marco. En cumplimiento parcial, al menos, de las aspiraciones contenidas en el Manifiesto del Comité Militar que protagonizó los acontecimientos de septiembre de 1924, el Presidente Alessandri nombró una Comisión "Consultiva", integrada por cincuenta y tres ciudadanos, para que informara sobre las normas de "organización y funcionamiento de la Asamblea Constituyente", comisión ampliada después a 122 integrantes, pero que, en los hechos, no funcionó sino excepcionalmente como tal. En la práctica delegó sus funciones en una Subcomisión, virtualmente designada por el Primer Mandatario únicamente de quince miembros, y que se abocó derechamente al estudio de un proyecto de Constitución que se sometería después a la consideración de la Asamblea Constituyente. La Constituyente no se convocó nunca, con el pretexto de que los Registros Electorales no estaban suficientemente organizados. Ello no fue inconveniente, sin embargo, para llamar al pueblo a pronunciarse sobre la nueva Constitución en un plebiscito, en virtud del decreto-ley N° 461, de 31 de julio de 1925. Pasaremos por alto los términos ostensiblemente tendenciosos en que se presentaron al electorado las posiciones en pugna, con arreglo a la caracterización que de ellas hacía el decreto de convocatoria. Más importante es recordar que el total de ciudadanos inscritos en los registros electorales de esa fecha alcanzaba a la menguada cifra de 296.259, de los cuales solamente 127.483 concurrieron a las urnas para aprobar el texto constitucional sometido a la decisión del "pueblo". Hoy día, la comuna de San Miguel, en la provincia de Santiago, tiene 135.996 ciudadanos inscritos, lo que economiza todo comentario. En este último medio siglo, tanto el país como el mundo han experimentado una sustancial transformación. La población chilena se ha duplicado, mientras la base electoral se eleva en nuestros días a 3.792.682 electores, esto es, a un número casi trece veces mayor que el existente en 1925. El analfabetismo se ha reducido a proporciones mínimas, en tanto el crecimiento relativo de la enseñanza en todos sus grados alcanza niveles notables. Los órganos de prensa se han multiplicado, la radio -que era una curiosidad durante la primera Administración del Presidente Alessandri Palma- es hoy un medio común de información para los habitantes más alejados de la Capital, y casi lo mismo puede decirse de la inusitada expansión de los medios televisivos. En el mismo lapso se consolidó victoriosamente la Revolución Soviética, se experimentó la honda crisis mundial de los años 1929-1930, con la secuela de trastornos y reajustes financieros, comerciales y políticos, que fueron su consecuencia. Hemos vivido la Segunda Guerra Mundial y contemplado el nacimiento y la caída de poderosos imperios, la triunfal liberación del pueblo chino y el surgimiento de decenas de nuevos Estados en África, Asia y América Latina. En el orden tecnológico, el hombre ha descubierto los secretos del átomo, ha substituido el cerebro humano por máquinas maravillosas y trajina por el cosmos en naves fantásticas. En suma, nunca transcurrió un medio siglo tan preñado de acontecimientos trascendentales, los que - desde luego- han dejado y siguen dejando una honda huella en la vida social, en las relaciones entre los Estados y en la conciencia colectiva. Ni el ciudadano del siglo ni la comunidad que habitamos son los mismos de los años 20; por eso podemos sostener sin exageración que la Constitución vigente pertenece a otra época y resulta, por lo tanto, inadecuada como marco para nuestro desarrollo individual y colectivo. La Constitución de 1925 se inspiró en las teorías liberales ya entonces discutibles, en un quehacer político enteramente dominado por las figuras y las instituciones de la clase dominante y en una realidad social que comenzaba a sacudirse con las primeras luchas obreras, pero firmemente anclada todavía en los privilegios tradicionales. Toda su estructura descansa en una concepción formalista de la democracia; en las abstracciones que imaginan al Gobierno ejercido por "representantes del pueblo", en circunstancias de que éste carece virtualmente de todo poder real de decisión, como se ha visto; descansa, en fin, en una idea del Estado que lo reduce a mero arbitro en las querellas y conflictos de una estrecha casta política. El socialismo era una exótica experiencia en 1925: hoy es el modo de vida y la meta de una parte sustancial de la humanidad. Es, particularmente, la veía que ella ha elegido para alcanzar la libertad, el bienestar de las masas y nuevas formas de convivencia entre los hombres. Es la concepción económica que comienzan a realizar o a la que aspiran apasionadamente los pueblos subdesarrollados, colonizados, dependientes o vasallos. Es el camino que ha elegido Chile. Para recorrerlo necesita liberarse de un derecho público desvitalizado, cuando no opresivo; de una Carta Fundamental anticuada, que el movimiento popular se propuso taxativamente reemplazar, según reza el Programa Político del Presidente elegido el 4 de septiembre del año pasado, Dr. Salvador Allende Gossens, ya que como tantas veces lo ha señalado el Primer Mandatario, al aceptar el apoyo de la Democracia Cristiana para su proclamación por el Congreso Pleno, no renunció a su programa : se limitó a asegurar el respeto a la legalidad vigente, a los derechos democráticos, y decidió atenerse a los caminos que le brinda la ley para lograr los cambios indispensables. Su antagonista, don Radomiro Tomic Romero, por lo demás, había dejado clara constancia de un propósito similar en su propio programa, en el que se extiende a todo un capítulo, el 2P, el tema relativo a "la construcción de un Nuevo Estado, Democrático y Moderno", radicalmente distinto del que configura el texto de la Constitución Política vigente. Se trata, entonces, de que una abrumadora mayoría del país comprende la necesidad de sustituir la Constitución, no de parcharla, porque sus mismas bases, su espíritu, su arquitectura, corresponden a inspiraciones incompatibles con la realidad que vivimos hoy. Basta meditar en la deformación orgánica que ha venido sufriendo el Nº 10 del artículo 10, relativo al derecho de propiedad, para comprender en toda su hondura la desconexión del documento con la época. Limitado en sus orígenes a garantizar el régimen de propiedad, necesitaba decir muy poco para mantenerlo intangible, casi en la categoría de las cosas sagradas. Pero la norma jurídica -coronación en este caso de una anquilosada estructura de clase- no ha podido prevalecer frente a la vida, frente a la maduración de la conciencia popular, frente -incluso- a la imperativa necesidad de modernizar la economía. Así, primero Alessandri, mediante la ley Nº 15.295 (8 de octubre de 1963), y Frei, en seguida, por la ley Nº 16.615, dictada tres años después, debieron acometer una revisión de los viejos preceptos, que culmina en nuestros días con la reforma destinada a nacionalizar la gran minería del cobre. Por eso, el Nº 10 del artículo 10 alcanza proporciones desmesuradas, ha debido abordar cuestiones de índole casi reglamentaria. Por su significación real, la disposición que comenzó siendo un simple párrafo de las tradicionales garantías individuales, adquiere progresivamente las dimensiones y la importancia de un capítulo esencial del ordenamiento jurídico. Algo semejante ha ocurrido con las facultades especiales del Presidente de la República y con los mecanismos destinados a dirimir conflictos entre los Poderes Públicos. En el primer caso, por la vía de reformas parciales y sucesivas, se ha extremado el sistema presidencial, hasta el punto de sustituir virtualmente al Congreso como depositario natural de la soberanía y como órgano legislativo, reemplazándolo por un Ejecutivo que acrecienta constantemente su preeminencia en la elaboración de la ley. Toda una frondosa reglamentación para dirimir disidencias entre los Poderes -veto, plebiscito, Tribunal Constitucional, por ejemplo- , demuestra que aumenta el área conflictiva entre las instituciones que deberían facilitar al Estado una intervención dinámica y creadora en el establecimiento de la nueva sociedad. Frente a estas enmiendas, insuficientes e inorgánicas, referidas a materias profundamente ligadas a la evolución política, podría señalarse el silencio constitucional con relación a temas de la más alta trascendencia, como ocurre con el manejo de las corporaciones económicas públicas, con el sistema de seguridad social, con las responsabilidades y la política internacional del país, con la participación de los sindicatos y otras organizaciones sociales en la vida de la comunidad, etc., etc. Tan anticuada e incompleta resulta entonces la Carta Fundamental, que una revisión global se impone. Así lo entendió el Presidente Frei, que intentó hacerlo en un proyecto que modificaba más de la mitad de los artículos contenidos en el texto vigente. La referida iniciativa, entregada al conocimiento y la discusión del Congreso Nacional, adolecía, por eso mismo, de dos inconvenientes graves: el primero, la inevitable lentitud de su tramitación, ya que el Parlamento debía continuar atendiendo una abundante tarea legislativa; y, la segunda, una manifiesta distorsión de la representación popular, originada en la circunstancia de que se sigue utilizando el censo de 1930 como base para la elección de Senadores y Diputados. Si ha habido una tolerancia universal para aceptar tal anomalía en la generación del Poder Legislativo, para eludir las complejas consecuencias prácticas de la aprobación del censo de 1960, no sería aceptable que ella se extendiera a la gestación del Poder Constituyente. Únicamente una fiel representación del país podría asumir la responsabilidad histórica de remodelar los cimientos de su estructura jurídica y política. En virtud de éstas y otras consideraciones que se harán valer en el debate, tengo el honor de presentar, en nombre de la Unión Socialista Popular y en el mío propio, el siguiente 16 PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL. "Artículo 1º- Agréganse a la Constitución Política de la República las siguientes disposiciones transitorias, con la enumeración correlativa que corresponda: 1.- Dentro del plazo de sesenta días contados desde la promulgación de la presente reforma, el Presidente de la República convocará a elecciones para establecer una Asamblea Constituyente, que tendrá a su cargo la elaboración de una nueva Constitución Política del Estado. La fecha de la elección se fijará entre los treinta y los sesenta días posteriores a la convocatoria. La Asamblea Constituyente permanecerá en funciones durante un año, contado desde su instalación. 2.- La elección de los miembros de la Asamblea Constituyente se regirá por las normas que actualmente regulan la elección de los Diputados, con las modificaciones siguientes: a) Las declaraciones de candidaturas deberá hacerse dentro de los quince días contados desde la fecha en que el Presidente de la República convoque a elecciones de constituyentes. Dentro del plazo establecido para hacer declaraciones de candidaturas, dos o más partidos podrán dejar constancia de que constituyen una "combinación electoral" para operar en una o más circunscripciones. La declaración deberán formularla ante la Dirección del Registro Electoral los Presidentes y Secretarios de los partidos pactantes. A los partidos pactantes les está prohibido celebrar combinaciones con partidos ajenos al pacto celebrado o con candidatos independientes. Los partidos pactantes declararán sus candidaturas en listas separadas. Cada lista podrá contener tantos candidatos como cargos se trata de llenar. Para determinar los constituyentes elegidos, se tomarán en conjunto los "votos de combinación" y los votos de cada lista, considerando los votos de la combinación como de un solo partido, y se procederá a determinar la "cifra repartidora" de lista, la que indicará el número de candidatos que elige "la combinación de partidos" y los partidos que no han declarado combinación, incluso los independientes. Posteriormente se determinará la "cifra repartidora de combinación" y se asignará a los partidos integrantes los constituyentes que le correspondan. En cada lista los candidatos elegidos serán aquellos que obtengan las más altas votaciones. b) La base matemática para determinar el número de representantes a la Asamblea Constituyente que corresponderá a cada circunscripción será el Censo de Población de 1960. 3.- Para su instalación y funcionamiento, la Asamblea Constituyente se regirá por el Reglamento de la Cámara de Diputados, mientras dicta sus propias normas orgánicas. 4.- En el desempeño de sus funciones, los miembros de la Asamblea Constituyente sólo tendrán derecho a cobrar un viático diario equivalente al que corresponde percibir al funcionario público de más alta renta y a que se les restituyan los descuentos que sufran sus sueldos o salarios con motivo de la atención de sus labores en la Asamblea, con cargo al Presupuesto de la Nación. 5.- Los cargos de parlamentario y de miembro de la Asamblea Constituyente son incompatibles. Artículo 2°- Se derogan todos los artículos relativos al procedimiento de reforma comprendido en el Capítulo X de la Constitución Política de la República de Chile.". (Fdo.): Ramón Silva Ulloa.