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Al señor Ministro de Defensa Nacional, en los siguientes términos:
La Dirección del Litoral ha otorgado una concesión transitoria al Club de Yates de Arica para disponer de una parte del muelle que une el territorio continental con la ex Isla El Alacrán. Además, ocupa este club un sector del mar para el fondeo de embarcaciones y su mantenimiento.
El Club de Yates ha procedido a cerrar el recinto y a convertir el lugar en un sector exclusivo, no admitiendo personas que no pertenezcan a ese club. Quienes no son socios no pueden ingresar al recinto ni tampoco disfrutar de los baños de mar en una parte de la costa que es tranquila y segura para los bañistas.
Además, cabe hacer notar que toda la obra maciza y gruesa ha sido financiada por la Junta de Adelanto de Arica con sus propios recursos, situación que equivale a financiar estas obras con los dineros de la comuNidad.
No hay justificación alguna, entonces, para que el Club de Yates, integrado por un grupo minoritario de la población disponga de un recinto y de una playa exclusiva con prohibición para que en ellos ingrese cualquier ciudadano o familia que desee disfrutar de una zona de descanso, segura y acogedora. Desde el punto de vista de las concesiones, es también ilegal que determinado organismo o agrupación de personas cierre un recinto que está bajo el control y administración de la Dirección del Litoral, convirtiendo así, un lugar público, de libre acceso y de ilimitado disfrute, en un recinto privado y exclusivista.
"El Supremo Gobierno ha planteado abrir las playas, los campos, los lugares de descanso a todo el pueblo. La concesión otorgada al Club de Yates no puede ser una excepción de esta norma, por lo cual solicito al señor Ministro se sirva disponer la caducidad del decreto que otorgó la concesión y, al mismo tiempo, hacer entrega de todo el sector al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para que, en convenio con la Junta de Adelanto de Arica, convierta el lugar en un balneario popular al cual tengan acceso todas las personas, con plena libertad y derechos.
La Junta de Adelanto está en condiciones de habilitar el sector y de financiar la construcción de las instalaciones necesarias para abrir ese sector de costa a toda la población.
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