REPUBLICA DE CHILE DIARIO DE SESIONES DEL SENADO PUBLICACION OFICIAL LEGISLATURA 313ª, ORDINARIA. Sesión 33ª, en miércoles 11 de agosto de 1971. Ordinaria. (De 16.14 a 21.26). PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES PATRICIO AYLWIN AZOCAR, PRESIDENTE, Y RICARDO FERRANDO KEUN, VICEPRESIDENTE. SECRETARIOS, EL SEÑOR PELAGIO FIGUEROA TORO, Y EL PROSECRETARIO, SEÑOR DANIEL EGAS MATAMALA. INDICE. Versión taquigráfica. I.- ASISTENCIA 2638 II.- APERTURA DE LA SESION 2638 III.- TRAMITACION DE ACTAS 2638 IV.- LECTURA DE LA CUENTA 2638 Fondos para municipalidades de Valdivia, Osorno y Llanquihue. Cambio de trámite a Comisión 2640 Modificación de ley 15.386, sobre revalorización de pensiones. Preferencia 2641 Construcciones con fines educacionales en zonas declaradas comerciales o residenciales en Punta Arenas. Cambio de trámite a Comisión 2641 Representante del Senado en la Comisión Organizadora de la Conferencia de UNCTAD 2644 V.- FACIL DESPACHO: Proyecto de ley, en segundo trámite, sobre validación de acuerdo adoptado por Municipalidad de Santiago, (se despacha) 2644 Proposiciones de archivo 2646 Proyecto de ley, en segundo trámite, que denomina "ex Vicepresidente Edmundo Pérez Zujovic" a Avenida Costanera de Antofagasta (se despacha) 2646 VI.- ORDEN DEL DIA: Proyecto de ley, en cuarto trámite, que establece normas sobre administración y constitución de la propiedad y otorgamiento de títulos gratuitos de dominio de terrenos fiscales, (se despacha) 2648 Proyecto de ley, en tercer trámite, sobre gastos de publicidad de instituciones del sector público (se despacha) 2652 Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece franquicias para automóviles armados en el país destinados a taxis (se aprueba en general) 2663 Proyecto de ley, en primer trámite, que faculta al Presidente de la República para promulgar el Estatuto de la Universidad Técnica del Estado (se despacha) 2663 VII.- TIEMPO DE VOTACIONES: Proyecto de ley, en primer trámite, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo al procedimiento de conciliación (se despacha). 2671 VIII.- INCIDENTES: Peticiones de oficios (se anuncian) 2673 Tabla de Fácil Despacho para la próxima sesión ordinaria 2682 Requisición de pequeña industria en Magallanes (observaciones del señor Ochagavía) 2683 Reserva de pasajes a parlamentarios en Línea Aérea Nacional (observaciones del señor Ochagavía) 2687 Alcances al análisis crítico de la situación económica del país realizado por el señor Musalem (observaciones del señor Rodríguez). .. 2688 Aplicación de la reforma agraria por el actual Gobierno (observaciones del señor Ferrando) 2709 Anexos. DOCUMENTOS: 1.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que denomina "Amelia Barahona de Mujica" a la Escuela Nº 21, de Gualliguaica, departamento de Elqui 2716 2.- Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece normas aplicables a los préstamos que la Corporación de Fomento de la Producción y otros organismos de crédito otorgan a los agricultores para electrificar sus predios 2716 3.- Informe de la Comisión Mixta de Diputados y Senadores designados para resolver las dificultades producidas con motivo de las insistencias de ambas Cámaras en diversos artículos del proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales y dicta normas relativas al Poder Judicial 2717 4.- Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto que destina fondos para la terminación del "Grupo Arquitectónico O'Higginiano" ubicado en Chillan Viejo 2730 5.- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966 2730 6.- Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sancionado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 2733 7.- Informe de la Comisión de Educación Pública recaído en el proyecto que denomina "General Rene Schneider Chereau" a la Escuela Nº 58 de Santiago y a la Escuela Básica N° 29 de SanBernardo 2736 8.- Informe de la Comisión de Educación Pública recaído en el proyecto que denomina "Eugenio Matte Hurtado" al Liceo de Hombres Nº 14 de Santiago, y "Ernesto Bohn" al Liceo de Hombres Nº 2 de Temuco 2737 9.- Informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en el proyecto que establece que la Corporación de Servicios Habitacionales transferirá gratuitamente una vivienda en Santiago a doña Raquel Cortés, viuda del ex Cabo de Carabineros señor Tomás Arnoldo Gutiérrez Urrutia 2739 10.- Informe de la Comisión de Obras Públicas recaído en el proyecto que establece que la Corporación de Servicios Habitacionales transferirá gratuitamente una vivienda en Talca a doña Carmen Rojas Contreras, viuda del ex Cabo de Carabineros, señor Roberto Enrique Aranda Leiva 2739 11.- Moción del Honorable señor Hamilton, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza la construcción de edificios destinados a fines educacionales en zonas declaradas comerciales o residenciales por el plano regulador de la ciudad de Punta Arenas ... 2740 VERSION TAQUIGRAFICA. I.- ASISTENCIA. Asistieron los señores: Aguirre Doolan, Humberto Aylwin Azocar, Patricio Baltra Cortés, Alberto Ballesteros Reyes, Eugenio Bulnes Sanfuentes, Francisco Campusano Chávez, Julieta Carmona Peralta, Juan de Dios Carrera Villavicencio, María Elena Chadwick Valdés, Tomás Duran Neumann, Julio Ferrando Keun, Ricardo Foncea Aedo, José Fuentealba Moena, Renán García Garzena, Víctor Gumucio Vives, Rafael Agustín Hamilton Depassier, Juan Ibáñez Ojeda, Pedro Irureta Aburto, Narciso Juliet Gómez, Raúl Lorca Valencia, Alfredo Luengo Escalona, Luis Fernando Miranda Ramírez, Hugo Montes Moraga, Jorge Musalem Saffie, José Noemi Huerta, Alejandro Ochagavía Valdés, Fernando Pablo Elorza, Tomás Palma Vicuña, Ignacio Papic Ramos, Luis Prado Casas, Benjamín Reyes Vicuña, Tomás Rodríguez Arenas, Aniceto Silva Ulloa, Ramón Tarud Siwady, Rafael Teitelboim Volosky, Volodia Valenzuela Sáez, Ricardo. Actuó de Secretario el señor Pelagio Figueroa Toro y de Prosecretario el señor Daniel Egas Matamata. II.- APERTURA DE LA SESION. -Se abrió la sesión a las 16.14, en presencia de 17 señores Senadores. El señor AYLWIN (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. III.- TRAMITACION DE ACTAS. El señor AYLWIN (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 30ª y 31ª, que no han sido observadas. El acta de la sesión 32ª queda en Secretaría a disposición de los señores senadores hasta la sesión próxima, para su aprobación. (Véanse en el Boletín las actas aprobadas). IV.- LECTURA DE LA CUENTA. El señor AYLWIN (Presidente). -Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría. El señor PROSECRETARIO.- Las siguientes son las comunicaciones recibidas: Oficios. Seis de la Honorable Cámara de Diputados. Con los dos primeros, comunica que ha tenido a bien aprobar en los mismos términos en que lo hizo el Senado los proyectos de ley que benefician, por gracia, a las siguientes personas: Marta Matilde Briones Rocuant y Francisco Rother Ro-semann. -Se manda comunicarlos a Su Excelencia el Presidente de la República. Con los tres que siguen, comunica que ha tenido a bien prestar su aprobación a los proyectos de ley que se indican: 1) El que denomina "Amelia Barahona de Mujica" a la Escuela Nº 21 de Gualliguaica, departamento de Elqui (véase en los Anexos, documento 1). -Pasa a la Comisión de Educación Pública. 2) El que establece normas aplicables a los préstamos que la Corporación de Fomento de la Producción y otros organismos de crédito otorgan a los agricultores para electrificar sus predios (véase en los Anexos, documento 2). -Pasa a la Comisión de Economía y Comercio. 3) El que asciende a Sargento Primero, por gracia, al ex Carabinero señor Tomás Amoldo Gutiérrez Urrutia, muerto en acto de servicio. -Pasa a la Comisión de Asuntos de Gracia. Con el último, comunica que ha tenido a bien aprobar, con la modificación que señala, el proyecto de ley que beneficia, por gracia, a don Manuel Huidobro Gutiérrez. -Pasa a la. Comisión de Asuntos de Gracia. Cinco, de los señores Ministros del Interior y de Obras Públicas y Transportes, y de los señores Contralor General de la República, Director de Vialidad y Presidente del Colegio de Abogados de Chile, con los cuales dan respuesta a las peticiones que se indican, formuladas por los Honorables Senadores señores García (1), Lorca (2), Noemi (3) y Valente (4): Estado de propuestas para construcción de diversos caminos en Colcha-gua. Oficina del Servicio de Asistencia Judicial para Coihaique. Planta automática de teléfonos para La Serena. Barco de pasajeros y carga para la provincia de Magallanes. Pago de salarios a obreros de Oficina Salitrera Victoria. -Quedan a disposición de los señores Senadores. Uno del señor Director del Instituto Nacional de Estadísticas, con el que remite el índice de Precios al Consumidor correspondiente al mes de julio de este año y una lista de precios de junio y julio de 1971. Dos del señor Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario, con los que remite los Balances Presupuestarios de ese organismo y de Fomento Lechero, correspondientes al 30 de junio del presente año. -Pasan a la Oficina de Informaciones. Informes. Uno de la Comisión Mixta de Diputados y Senadores designada para resolver las dificultades producidas con motivo de las insistencias de ambas Cámaras en diversos artículos del proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales y dicta normas relativas al Poder Judicial (véase en los Anexos, documento 3). Uno de la Comisión de Hacienda, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Aguirre Doolan y Pablo, que destina fondos para la terminación del "Grupo Arquitectónico O'Higginiano", ubicado en Chillan Viejo (véase en los Anexos, documento 4). Dos de la Comisión de Relaciones Exteriores, recaídos en los siguientes asuntos: Proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966 (véase en los Anexos, documento 5). Proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sancionado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (véase en los Anexos, documento 6). Dos de la Comisión de Educación Pública, recaídos en los siguientes proyectos de ley de la Honorable Cámara de Diputados: El que denomina "General Rene Schneider Chereau" a la Escuela Nº 58 de Santiago y a la Escuela Básica Nº 29 de San Bernardo (véase en los Anexos, documento 7). El que denomina "Eugenio Matte Hurtado" al Liceo de Hombres Nº 14 de Santiago, y "Ernesto Bohn" al Liceo de Hombres Nº 2 de Temuco (véase en los Anexos, documento 8). Uno de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, en que solicita el acuerdo constitucional necesario para ascender a Capitán de Navio al Capitán de Fragata señor Rene Díaz Pinochet. Dos de la Comisión de Obras Públicas e igual número de la de Asuntos de Gracia, recaídos en los siguientes proyectos de ley de la Honorable Cámara de Diputados: El que establece que la Corporación de Servicios Habitacionales transferirá gratuitamente una vivienda en Santiago a doña Raquel Cortés, viuda del ex Cabo de Carabineros señor Tomás Arnoldo Gutiérrez Urrutia (véase en los Anexos, documento 9). El que establece que la Corporación de Servicios Habitacionales transferirá gratuitamente una vivienda en Talca a doña Carmen Rojas Contreras, viuda del ex Cabo de Carabineros señor Roberto Enrique Aranda Leiva (véase en los Anexos, documento 10). -Quedan para tabla. Mociones. Una del Honorable Senador señor Hamilton, con la que inicia un proyecto de ley que autoriza la construcción de edificios destinados a fines educacionales en zonas declaradas comerciales o residenciales por el plano regulador de la ciudad de Punta Arenas (véase en los Anexos, documento 11). -Pasa a la Comisión de Gobierno. Una del Honorable Senador señor Ferrando, con la que inicia un proyecto de ley que beneficia, por gracia, a doña Benilde Schneider Eble. Una del Honorable Senador señor Ha-milton, con la que inicia un proyecto de ley que exime del impuesto establecido por el artículo 9º de la ley Nº 12.120 a los residentes de las provincias de Aisén y Magallanes que adquieran divisas para trasladarse por tierra a otros puntos del país. -Se manda comunicarlas a Su Excelencia el Presidente de la República, para los efectos del patrocinio constitucional necesario. FONDOS PARA MUNICIPALIDADES DE VALDIVIA, OSORNO Y LLANQUIHUE. CAMBIO DE TRAMITE A COMISION. El señor AYLWIN (Presidente).- Quiero hacer presente a la Sala, que cuando en sesión anterior se dio cuenta de una moción con la que los Honorables señores Irureta y Papic inician un proyecto que destina 20% de los fondos consignados en el artículo 43 de la ley 17.382 a las Municipalidades de Valdivia, Osorno y Llanquihue, se resolvió enviarla a la Comisión de Obras Públicas. Sin embargo, de los antecedentes que existen y del" estudio posterior efectuado al respecto, está claro que dicha moción debió enviarse a la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, solicito el asentimiento de la Sala para modificar al acuerdo anterior y remitir la moción a la Comisión de Hacienda. El señor FONCEA.- ¿Se necesita unanimidad? El señor AYLWIN (Presidente).- De los señores Senadores presentes. Si no hay oposición... El señor FONCEA.- Presenté una moción sobre una materia similar y no se envió a la Comisión de Hacienda. El señor AYLWIN (Presidente).- La moción de los Honorables señores Irureta y Papic la estudió la Comisión. .. El señor FONCEA.- No hay acuerdo. El señor AGUIRRE DOOLAN.- -Sólo se trata de una cuestión de trámite. Ruego al Honorable señor Foncea deponer su actitud, pues la Mesa se equivocó. El señor FONCEA.- Si se trata de una cuestión de trámite y no de fondo... El señor AYLWIN (Presidente).- Se trata de establecer si la moción se remite a la Comisión de Obras Públicas o a la de Hacienda. El señor FONCEA.- Lo único que recuerdo es que presenté una moción destinada a la misma finalidad y pasó a otra Comisión, no recuerdo a cuál. Incluso, no se adoptó ningún acuerdo y debió cumplir los dos trámites. El señor AYLWIN (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará la moción a la Comisión de Hacienda. El señor FONCEA.- No hago cuestión. El señor AYLWIN (Presidente).- Acordado. Sobre la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Ballesteros. MODIFICACION DE LEY 15.386, SOBRE REVA-LORIZACION DE PENSIONES. PREFERENCIA. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, en la tabla de hoy figura el proyecto de la Cámara, aprobado unánimemente por las Comisiones de Trabajo y de Hacienda del Senado, que modifica la ley 15.386, sobre revalorización de pensiones: actualiza el índice de revalorización de pensiones establecido en ese texto legal, a fin de otorgar mayores beneficios a un amplio grupo de jubilados y pensionados del país, y, al mismo tiempo, mediante un artículo transitorio, consigna la posibilidad de fijar ese índice a contar del primero de enero de 1971, para lo cual se dispone, según el mensaje del Ejecutivo, de 53 millones de escudos. Solicito que esa iniciativa pueda tratarse preferentemente en la sesión especial que celebrará el Senado esta semana. Las Comisiones referidas, por unanimidad, la aprobaron en los mismos términos en que lo hizo la Cámara. Por lo tanto, si el Senado ratifica dicha acuerdo, el proyecto quedaría en condiciones de promulgarse como ley. El señor AYLWIN (Presidente).- La Mesa está informada de que la iniciativa en referencia se aprobó unánimemente en las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, y lo colocará en lugar preferente para la sesión especial que el Senado celebrará mañana. CONSTRUCCIONES CON FINES EDUCACIONALES EN ZONAS DECLARADAS COMERCIALES O RESIDENCIALES EN PUNTA ARENAS. CAMBIO DE TRAMITE A COMISION. El señor AYLWIN (Presidente).- Para referirse a la Cuenta, tiene la palabra el Honorable señor Hamilton. El señor HAMILTON.- Señor Presidente, la moción con que el Senador que habla inicia un proyecto que autoriza la construcción de edificios destinados a fines educacionales en zonas declaradas comerciales o residenciales por el plano regulador de la ciudad de Punta Arenas, pasó a la Comisión de Gobierno para su estudio en el Senado. A mi juicio, corresponde remitirla a la Comisión de Obras Públicas. Todo lo relacionado con planos reguladores depende de Vivienda. Es parte e instrumento de la política de desarrollo urbano. Por lo tanto, estimo que la moción es de la competencia de la Comisión de Obras Públicas, organismo encargado de conocer todo lo relativo a vivienda y desarrollo urbano. El señor AYLWIN (Presidente).- La Mesa resolvió tramitar la moción de Su Señoría a la Comisión de Gobierno, por estimar que todo lo relacionado con los planos reguladores corresponde a las municipalidades. En este caso, se faculta a la Municipalidad de Punta Arenas para que en barrios residenciales pueda autorizar la construcción de escuelas y estadios, lo que es una materia típicamente de Gobierno. El señor HAMILTON.- Perdóneme que insista, señor Presidente, pero creo que la Mesa procedió con criterio equivocado. Es lo mismo que si cualquier otro rubro respecto del cual las municipalidades deben dar alguna autorización o permiso tuviera que pasar a la Comisión de Gobierno. El plano regulador es uno de los instrumentos empleados para realizar el desarrollo urbano, y éste es uno de los principales elementos de la política habitacional. ¿A quién se llamará como asesores en la materia? Precisamente a los funcionarios del Departamento de Desarrollo Urbano del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, que son quienes deben aprobar los planos reguladores. Por lo tanto, pido al señor Presidente recabar el asentimiento de la Sala para rectificar el acuerdo y mandar el proyecto a la Comisión que corresponda. El señor AYLWIN (Presidente).- De acuerdo con el artículo 66 del Reglamento, procede que la Sala vote si acepta o no la modificación que propone el Honorable señor Hamilton. Para adoptar su decisión, la Mesa tuvo presentes las razones que ya dio, en el sentido de que en el proyecto no se trata de enmendar plano regular alguno, sino de autorizar a una municipalidad. El señor HAMILTON.- Se trata de modificarlo. El señor LORCA.- Pido la palabra. El señor AYLWIN (Presidente).- De conformidad con el artículo antes mencionado, la Sala debe resolver sobre esta materia sin discusión. El señor LORCA.- ¡ Pero cómo...! El señor AYLWIN (Presidente).- Si Su Señoría lo desea, puede fundar el voto en el momento oportuno. El señor OCHAGAVIA.- ¿Qué se votará, señor Presidente? El señor AYLWIN (Presidente).- Se votará la proposición del Honorable señor Hamilton para cambiar el trámite que la Mesa dio al proyecto de ley, iniciado en moción del señor Senador, que autoriza la construcción de edificios destinados a fines educacionales en zonas declaradas comerciales o residenciales por el plano regulador de la ciudad de Punta Arenas. La Mesa pasó esta iniciativa a la Comisión de Gobierno, y el Honorable señor Hamilton pide que se tramite a la de Obras Públicas. De conformidad con el artículo 66, procede que la Sala se pronuncie votando, sin discusión. En votación. - (Durante la votación). El señor LORCA.- Pido la palabra para fundar el voto, señor Presidente. El señor AYLWIN (Presidente).- Con la venia de la Sala, puede hacerlo en este momento Su Señoría. El señor LORCA.- En realidad, me parece un tanto absurdo abrir debate sobre esta materia, porque, aparte el hecho de que la experiencia que sobre la Constitución y el Reglamento tiene el Presidente de la Corporación le permitiría dictar cátedra a la Sala al respecto, el Secretario es un funcionario que tiene ya más de 30 años de servicios en el Senado. Por eso -repito-, resulta un tanto absurdo que un Honorable colega plantee un cambio de Comisión respecto de determinado asunto, en circunstancias de que, de acuerdo con la práctica, ningún señor Senador pide que una materia vaya a tal o cual Comisión, sino que el trámite correspondiente se ajusta a un criterio técnico reglamentario. Por otra parte, si las municipalidades aprueban los planos reguladores de las ciudades, me parece tanto más absurdo plantear aquí que sea otra Comisión, la de Obras Públicas, la que estudie el problema. Yo he visto que la Comisión de Hacienda, por ejemplo -he tenido el honor de presidirla- en muchas ocasiones, cuando ha estado conociendo de determinados proyectos, ha citado al Ministro de Obras Públicas para aclarar un problema de financiamiento. Y de la misma mane ra, si se trata de construir viviendas, se puede consultar al Ministro del ramo e invitarlo a la Comisión. Por eso, me parece que implica salirse un poco de la lógica estimar que un Presidente de Comisión no pueda citar a cualquier Ministro para los efectos del análisis de determinada materia. A mi juicio, ése es un mal procedimiento, como lo es también el hecho de que un Senador frente a cada decisión que la Mesa adopte respecto de determinada iniciativa sin mayor importancia, solicite cambio de Comisión, sobre todo cuando el Presidente de ella está presente en la Sala. Pienso que lo lógico es respetar el buen criterio de la Mesa, que tiene facultades para enviar un proyecto a la Comisión que estime conveniente, de acuerdo con el Reglamento. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Que se aplique el artículo 66 del Reglamento. El señor MONTES.- Nosotros no tenemos -lo digo con mucha franqueza- criterio formado sobre este problema, porque no conocemos exactamente el proyecto de que se trata. Por lo tanto, en este instante adoptamos el criterio que la Mesa ha propuesto. Voto que no. El señor RODRIGUEZZ.- ¿Me permite, señor Presidente? Brevemente, quiero decir que concuerdo con la Mesa, desde luego, porque me parece que su criterio es el más aconsejable. Sin embargo, deseo aprovechar la oportunidad para señalar que la estructura de las Comisiones técnicas de trabajo del Senado está un poco anticuada. El problema que ahora nos ocupa, precisamente, debería requerir del análisis de una Comisión especial. Tan así es que, para el estudio de los problemas relacionados con la vivienda, se creó un Ministerio que tiene a su cargo todos los asuntos específicos relacionados con ese rubro. Se trata de materias de carácter tan particular que, en el caso del Senado, escapan ya al criterio general que aplican las Comisiones de Obras Públicas o de Gobierno, en su caso. Por eso -no sé cuál es el mecanismo preciso-, yo me atrevería a sugerir que se estudiara la posibilidad de crear una comisión técnica que se encargue de todos los problemas atinentes a la política de la vivienda, tal como lo hizo, me parece, la Cámara de Diputados. Es tal el cúmulo de situaciones que se plantean en el frente social que, a mi entender, sería útil que el Senado creara una Comisión para atender todos los problemas habitaciones, con lo cual se evitarían las dudas que se producen ahora, ante la inseguridad que existe para determinar qué Comisión debe abocarse al estudio de problemas tan específicos como el que comentamos. Dejo formulada esta sugerencia, en nombre del Comité Socialista. Voto que no. El señor HAMILTON- Señor Presidente, no insistiré en las razones que ya di, porque realmente me parece que esta materia corresponde a uno de los tres pilares en que descansa toda la política de la vivienda, así tenga que pasar, en alguna etapa, por la municipalidad. El plano regulador es un instrumento del desarrollo urbano, y éste constituye la esencia de la política en materia de vivienda. Aunque no me acompañe el Senado en mi opinión, técnica y científicamente así es. Intervengo ahora nada más que para levantar el cargo que me formula el Honorable señor Lorca, en el sentido de que pedir cambio de Comisión pudiera implicar algún desconocimiento de las facultades de la Mesa o, más aún, poner en tela de juicio la seriedad con que proceden tanto el Presidente como el Secretario y los demás funcionarios del Senado. Creo que precisamente porque se trata de una materia que se presta para interpretaciones y dudas, es posible, como lo creo honestamente, que se cometan errores. Y pienso que tanto el señor Presidente como el señor Secretario aprecian las cosas así. Antes de comenzar a discutir esta materia, el señor Presidente cambió el destino de determinado proyecto de una Comisión a otra, porque estas cosas ocurren. Y cuando se solicita que así se proceda, no se está sembrando la desconfianza ni la duda respecto de la Mesa, del Secretario de la Corporación ni de ningún otro funcionario. En ese sentido, creo que, con la mayor claridad y energía, se requiere disipar cualquier duda que se haya hecho valer aquí. -Se rechaza el cambio de trámite (23 votos por la negativa, 1 por la afirmativa y 2 abstenciones). REPRESENTANTE DEL SENADO EN LA COMISION ORGANIZADORA DE LA CONFERENCIA DE UNCTAD. El señor AYLWIN (Presidente).- Debo informar a los señores Senadores que en el Tiempo de Votaciones de la sesión ordinaria del martes próximo la Mesa incluirá en el primer lugar el nombramiento del representante que debe designar el Senado ante la Comisión Organizadora de la Conferencia Mundial que la UNCTAD celebrará en Santiago. AUTORIZACION A COMISIONES PARA FUNCIONAR PARALELAMENTE CON LA SALA. El señor AYLWIN (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que las Comisiones de Hacienda y de Gobierno, unidas, abocadas al estudio del segundo informe del proyecto sobre reconstrucción, puedan funcionar paralelamente con la Sala durante la sesión especial de mañana. Acordado. V.- FACIL DESPACHO VALIDACION DE ACUERDO ADOPTADO POR MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO. El señor FIGUEROA (Secretario).- En el primer lugar de la tabla de Fácil Despacho, figura un proyecto de la Cámara de Diputados que declara válido el acuerdo Nº 193, de 2 de abril de 1971, adoptado por la Municipalidad de Santiago. La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Ferrando y Montes, recomienda a la Sala aprobar el proyecto, que consta de un artículo único, tal como viene de la Cámara de Diputados. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 27ª, en 28 de julio de 1971. Informe de Comisión: Gobierno, sesión 29ª, en 3 de agosto de 1971. -Se aprueba en general el proyecto. El señor AYLWIN (Presidente).- El señor Secretario dará cuenta de dos indicaciones que se han formulado. El señor FIGUEROA (Secretario).- Las dos indicaciones se refieren al inciso segundo del artículo único del proyecto. La primera de ellas tiene por objeto suprimir dicho inciso del artículo mencionado, que dice: "Las disposiciones que emanan de lo determinado en el inciso precedente, se aplicarán a contar desde el 1º de enero de 1972." Firma esta indicación el Honorable señor Ochagavía. La otra, suscrita por el Honorable señor Ibáñez, es para sustituir el año "1972" por "1975". El señor AYLWIN (Presidente).- Se comenzará por votar la primera indicación, por ser más amplia. En votación. - (Durante la votación). El señor LORCA.- ¿Me permite, señor Presidente ? Mediante la iniciativa que nos ocupa se trata de legalizar un acuerdo ya adoptado por la Municipalidad de Santiago y que, en el fondo, consiste en que las plantas administrativas y de servicios de ese cuerpo edilicio puedan percibir las nuevas remuneraciones que les corresponden, a partir del 1º de enero de 1972. En realidad, es indispensable aprobar este proyecto ahora, a fin de que los recursos pertinentes se puedan considerar en los presupuestos de la Municipalidad, sobre los cuales se pronuncia entre los meses de agosto y septiembre, a fin de que rijan el año próximo. Si no se consigna en la disposición el inciso segundo, el municipio no podría pagar al personal de las plantas que establece el acuerdo mencionado, a partir del 1º de enero de 1972. Es decir, si se suprime el inciso, quedaría sin efecto el acuerdo que legaliza este proyecto. El problema que se procura resolver en el proyecto en debate existe desde principios de año, pero por diversos motivos se ha demorado la tramitación de la ley. No sé qué espíritu ha guiado al Honorable señor Ochagavía al formular su indicación tendiente a suprimir el inciso segundo. Y también es grave la idea de postergar el cumplimiento de los fines que se persiguen hasta 1975. En realidad, se trata de que los mismos funcionarios que actualmente están trabajando puedan percibir sus remuneraciones de acuerdo con las nuevas plantas el próximo año. Esto lo explicaron claramente los propios empleados y, además, el alcalde de ese entonces, el señor Manuel Fernández, quien dio a conocer en la Comisión los fundamentos de la iniciativa. Voto que no. El señor MONTES.- ¿En qué consiste la indicación? El señor FIGUEROA (Secretario).- Es para suprimir el inciso segundo del artículo único del proyecto. El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, yo rechazaré tanto esta indicación como la presentada por el Honorable señor Ibáñez. El proyecto que nos ocupa tiene por objeto declarar válido un acuerdo adoptado por la Municipalidad de Santiago, con el voto de la mayoría de los regidores de todos los colores políticos, cuando era alcalde de esta comuna el camarada demócrata-cristiano Manuel Fernández Díaz. En este instante, cuando no está en la alcaldía nuestro correligionario, sino otra persona, se nos hace un cargo de ética actuar como Jo hicimos antes, pues lo que era bueno para el señor Manuel Fernández, también lo estimamos bueno ahora, cuando es alcalde un dirigente del Partido Radical. Pensamos que ésta es la única manera de ser consecuentes con la actitud que antes tuvimos. Por eso, voto negativamente ambas indicaciones. -Se rechaza la indicación (18 votos por la negativa, 2 abstenciones y 3 pareos). El señor AYLWIN (Presidente).- Si le parece a la Sala, con la misma votación se rechazará la otra indicación. Rechazada. Terminada la discusión del proyecto. PROPOSICIONES DE ARCHIVO. El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, corresponde al Senado pronunciarse acerca de un informe de la Comisión de Hacienda en que propone recabar el acuerdo de la Cámara de Diputados para enviar al Archivo los proyectos de ley que indica, y que son: el que autoriza a la Municipalidad de Mejillones para contratar empréstitos; el que autoriza a la Municipalidad de Santo Domingo para contratar empréstitos; el que modifica la Ley Orgánica del Banco Central de Chile y la Ley de Bancos; el que otorga facilidades para el pago de impuestos a la importación de automóviles para las cooperativas de dueños y choferes de taxis; el que libera de derechos de aduana la internación de equipos y accesorios que importen las comunidades de viviendas constituidas en inmuebles adquiridos a las cajas de previsión; el que autoriza a las municipalidades y establecimientos educacionales para importar vehículos destinados al transporte escolar; el que libera de de-chos de internación a vehículos destinados a empleados de Iquique y Pisagua; el que modifica el D.F.L. Nº 47, de 1959, Ley Orgánica de Presupuestos; el que otorga franquicias para la importación de camiones y camionetas en el departamento de Arica; y el que autoriza a la institución "Voluntarias de Hospital Anita Gómez de Asenjo" para importar un automóvil. -El informe figura en los Anexos de la sesión 9ª, en 3 de agosto de 1971. El señor AYLWIN (Presidente).- Si le parece a la Sala, se acogería la proposición. El señor MONTES.- Señor Presidente, en razón de que no tenemos representantes en la Comisión de Hacienda, nosotros aceptaríamos la proposición que se nos formula, pero en algunos días más, en un plazo que podría ser de una semana, con el objeto de que si estimáramos que no procede archivar algún proyecto, pudiéramos hacerlo presente. El señor JULIET.- Puede desarchivarse. El señor MONTES.- ¿Es posible en la práctica? El señor JULIET.- Sí, señor Senador. Es posible desarchivar cualquier proyecto. -Se aprueba la proposición. DENOMINACION DE EX VICEPRESIDENTE EDMUNDO PEREZ ZUJOVIC A AVENIDA COSTANERA DE ANTOFAGASTA. El señor FIGUEROA (Secretario).- Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que denomina "Ex Vicepresidente Edmundo Pérez Zujovic" a la actual Avenida Costanera de Antofagasta. La Comisión de Gobierno, en informe suscrito por los Honorables señores Lorca (Presidente), Ferrando y Montes, recomienda a la Sala aprobar el proyecto, que consta de cuatro artículos, en los mismos términos en que lo despachó la Cámara de Diputados. Se ha formulado a este proyecto una indicación. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 24ª, en 22 de julio de 1971. Informe de Comisión: Gobierno, sesión 30ª, en 4 de agosto de 1971. El señor AYLWIN (Presidente).- En discusión general y particular el proyecto. Ofrezco la palabra. El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero repetir aquí muy brevemente el juició que emití en la Comisión al discutirse el proyecto. Me abstuve en el artículo 1º y procederé en consecuencia en esta ocasión. Del mismo modo votarán los demás Senadores comunistas. En cuanto al artículo 2º, expresé que no me parecía conveniente dictar un precepto de esta naturaleza, toda vez que podía prestarse a discusión, en la que no queremos entrar, en lo tocante a los méritos que hacen acreedor a un hombre a que se le erija un monumento. Y pensando en que, en este caso, la historia es muy reciente, no ha transcurrido todavía el tiempo necesario para poder mirar con una perspectiva clara los hechos y obras, los méritos y servicios prestados al país que pudieran hacer acreedora a la persona de que se trata a la erección de un monumento, manifesté que no estaba convencido de la justeza de esta proposición. Ese fue el motivo de la actitud que adopté, en nombre del Partido Comunista, en la Comisión. He, querido explicarla porque el señor Secretario informó que los miembros de ese organismo recomendaban a la Sala aprobar el proyecto. Por lo tanto, nuestra posición es abstenernos en el artículo lº y oponernos a los siguientes. El señor LORCA.- Señor Presidente, como ha informado el señor Secretario, la Comisión aprobó el proyecto. Es cierto que el Honorable señor Montes se abstuvo en un artículo y se opuso a los demás, pero la verdad de las cosas es que en ese articulado se trata de rendir homenaje a un hombre público que llegó a ocupar el cargo de Vicepresidente de la República; y con tal propósito se propone dar su nombre a una avenida de Antofagasta y erigirle un monumento en esa ciudad, lugar de su nacimiento y donde se formó. Además, el señor Pérez Zujovic es uno de los pocos hijos de esa tierra que llegó a ocupar tan alto cargo en el Gobierno de la República. El señor -AYLWIN (Presidente.- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Si a la Sala le parece, daré por aprobado en general el proyecto, con la abstención de los señores Senadores comunistas. Aprobado. El señor FIGUEROA (Secretario).- En la discusión particular, corresponde tratar dos indicaciones. El señor AGUIRRE DOOLAN.- ¿No vuelve el proyecto a Comisión? El señor FIGUEROA (Secretario).- No, señor Senador, porque está en Fácil Despacho. La primera indicación tiene por objeto suprimir, en los cuatro artículos del proyecto, la palabra "ex" que figura antes del vocablo "Vicepresidente." El señor AYLWIN (Presidente).- Si le parece al Senado, se aprobará la indicación, con la abstención de los señores Senadores comunistas. Acordado. El señor FIGUEROA (Secretario).- La otra indicación, del Honorable señor Hamilton, tiende a reemplazar, en el artículo 3º, la expresión "El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo", por "CORMU o CORVI". El señor HAMILTON.- La explicación es la siguiente: el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo es una entidad que dirige la política que le incumbe y planifica y fiscaliza su ejecución, pero no es propiamente un organismo ejecutivo, y por lo tanto no tiene las herramientas necesarias para expropiar. En cambio, normalmente la política de terrenos la desarrollan la CORVI o la CORMU. Cualquiera de las dos tiene el personal y las facultades del caso para proceder a la expropiación. De manera que me parece un error la referencia al Ministerio y no a una de las corporaciones mencionadas. El señor SILVA ULLOA.- Yo creo que se concilia la indicación del Honorable señor Hamilton con mantener la expresión "El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo" y agregar "a través de la CORMU o la CORVI". El señor HAMILTON.- Ese es el espíritu de la indicación. El señor JULIET.- Esto es obvio. Se entiende que al mencionar el Ministerio quedan comprendidos en la expresión los organismos que de él dependen. El señor AYLWIN (Presidente).- ¿Habría acuerdo para redactar la indicación en la forma propuesta por el Honorable señor Silva Ulloa? Quedaría así: "El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, a través de la Corporación de la Vivienda y de la Corporación de Remodelación Urbana, expropiará", etcétera. El señor JULIET.- Comprendo que esto pueda ser lógico y racional, pero el Ministerio de la Vivienda comprende todos los servicios relativos a vivienda y urbanismo. Mañana podría existir otro organismo más relacionado con la materia, lo que me hace pensar que el artículo está muy bien redactado en la forma en que se nos propone, pues engloba en el término "Ministerio de la Vivienda y Urbanismo" a todos los organismos que de él dependen. No veo por qué hayan de enumerarse dos, tres o cuatro de ellos. Me parece -repito- que está perfectamente concebido el artículo. No quisiera que se dejara sentado el hecho de que, por mencionarse sólo el Ministerio, quedarían exceptuadas la CORVI o la COR-MU. El señor AYLWIN (Presidente).- ¿En qué consiste su indicación, Honorable señor Silva? El señor SILVA ULLOA.- En agregar entre comas, a continuación de "El Ministerio de la Vivienda y Urbanismo", lo siguiente: "a través de la Corporación de la Vivienda o de la Corporación de Remodelación Urbana." El señor HAMILTON.- En ese caso, ejecutaría el organismo autónomo, jurídicamente distinto. Estimo aceptable su sugerencia. El señor JULIET.- U otro organismo dependiente de él. El señor AYLWIN (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acoger la indicación del Honorable señor Silva, con la abstención de los señores Senadores comunistas? El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero entender la situación reglamentaria. Se formula una indicación al artículo 3º, . .. El señor AYLWIN (Presidente).- .que Su Señoría ha votado negativamente. El señor MONTES.- Exacto. No sé si sólo se ha aprobado el proyecto en general o también el artículo 3º. El señor AYLWIN (Presidente).- Se aprobó el proyecto en general y todos los artículos que no han sido objeto de indicaciones. Si al Senado le parece, se aprobaría la indicación del Honorable señor Silva, con la abstención de los señores Senadores comunistas. Acordado. Terminada la discusión del proyecto en este trámite, y terminada la tabla de Fácil Despacho. VI.- ORDEN DEL DIA. NORMAS SOBRE ADMINISTRACION Y CONSTITUCION DE LA PROPIEDAD Y OTORGAMIENTO DE TITULOS GRATUITOS DE DOMINIO DE TERRENOS FISCALES. El señor FIGUEROA (Secretario).- En el primer lugar del Orden del Día, y de conformidad con el acuerdo de Comités que tienen en su poder los señores Senadores, corresponde ocuparse en el despacho de un proyecto de ley, en cuarto trámite constitucional, que dicta normas sobre administración y constitución de la propiedad y otorgamiento de títulos gratuitos de dominio en terrenos fiscales. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámate, sesión 67º, en 21 de abril de 1970. En cuarto trámite, sesión 12ª, en 23 de junio de 1971. Informes de Comisión: Agricultura, sesión 50º, en 8 de septiembre de 1970. Hacienda, sesión 50º, en 8 de septiembre de 1970. Discusión: Sesiones 51ª, en 9 de septiembre de 1970 (se aprueba en general) ; 52ª, en 15 de septiembre de 1970 (se aprueba en particular) ; 19ª, en 7 de julio de 1971. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Sala consideró este proyecto en la sesión del 7 de julio. Quedó pendiente la votación respecto del artículo nuevo y de la modificación del artículo 62. El artículo nuevo que el Senado introdujo al proyecto es el siguiente: "Artículo 57.- El Instituto CORFO Aisén transferirá anualmente a las Oficinas de Tierras y Bienes Nacionales de Aisén y de Coihaique, dependientes del Ministerio de Tierras y Colonización, el 10% de los ingresos que perciba por concepto de arrendamientos y ventas de tierras fiscales en la provincia de Aisén. Las sumas correspondientes las depositará directamente en una cuenta que al efecto se abrirá en el Banco del Estado de Chile y de la cual sólo podrá girar el Jefe de la Oficina de Tierras y Bienes Nacionales de Coihaique, con la obligación de rendir cuenta a la Contraloría General de la República. "Dichos fondos podrán ser invertidos, en la provincia de Aisén, en la adquisición y reparación de toda clase de bienes muebles necesarios para el desempeño de las funciones propias de la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales o en la adquisición, reparación o alhajamiento de inmuebles que le estén destinados. También podrá la Dirección de Tierras y Bienes Nacionales, con cargo a estos ingresos, contratar el personal suficiente para desempeñar sus funciones en la provincia de Aisén." La Cámara de Diputados desechó este artículo y ahora el Senado, en el cuarto trámite, debe resolver si insiste en él. El señor AYLWIN (Presidente).- En discusión el artículo. Ofrezco la palabra. El señor LORCA.- Señor Presidente, esta iniciativa tiene más o menos un año de tramitación en la Cámara y el Senado. Consta de muchos artículos, que tratan especialmente de la constitución de la propiedad y del otorgamiento de títulos de dominio en terrenos fiscales. ¿Qué ocurre en la práctica? Que tanto en la provincia de Aisén como en la de Chiloé hay muchos pequeños propietarios que son arrendatarios de terrenos fiscales o, en su defecto, ocupantes de pequeños terrenos del Estado. Para otorgar títulos de dominio, la Oficina de Tierras de Aisén tiene muy poco personal, y lo que establecen las leyes no se aplica en realidad, por esta carencia de funcionarios e, inclusive, por falta de material en esa oficina. Durante la pasada Administración, el Ministro de Tierras de la época, señor González Maertens, formuló indicación para agregar el artículo en debate, el que la Comisión de Obras Públicas, de la que entonces yo era miembro, aprobó por unanimidad. Por desgracia, cuando la Cámara rechaza un artículo del Senado, no explica por qué ha estimado conveniente desecharlo. Tengo la impresión de que, en el fondo, se trata en esta ocasión de un pequeño error de la Cámara de Diputados. El 10% de los fondos del Instituto CORFO-Aisén es una cantidad que puede calificarse de pequeña. No interferiría en los planes de ese organismo y permitiría, en cambio, a este Gobierno, tomar algunos topógrafos y servidores públicos y adquirir materiales para esa oficina, lo que haría posible algo fundamental para la tranquilidad de los dueños de terrenos, de los pequeños propietarios agrícolas o urbanos, y, al mismo tiempo, les permitiría hacer uso de créditos que hoy no pueden utilizar por falta de títulos. En el fondo, se trata de dar un instrumento al Gobierno y al Ministerio de Tierras y Colonización, a fin de agilizar los trámites y poder llevar adelante lo que establece el articulado del proyecto. Como se ha dicho, la iniciativa se planteó en el período pasado, cuando era Jefe de Tierras en la provincia de Aisén el distinguido funcionario señor Aylwin, que tiene el mismo apellido del señor Presidente del Senado. Por lo expuesto, creo que al rechazar el artículo la Cámara cometió un pequeño error que debemos reparar, ya que dicha norma pone en manos del Ministerio de Tierras y Colonización un buen instrumento para contar con los topógrafos necesarios a fin de realizar cuanto antes las labores que señala esa disposición. Votaré favorablemente el artículo del Senado. El señor AYLWIN (Presidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. En votación. El señor FIGUEROA (Secretario).- ¿Se insiste o no en el criterio del Senado? - (Durante la votación). El señor FONCEA.- Tengo una pequeña duda: el proyecto se refiere al otorgamiento de títulos gratuitos de dominio en terrenos fiscales. La norma en votación habla del 10% de los ingresos que perciba el Fisco por la venta de tierras fiscales en la provincia de Aisén. Por lo tanto, ya no se trataría de la entrega de títulos gratuitos. De todas maneras, como la iniciativa está en cuarto trámite, voto favorablemente. El señor GARCIA.- Deseo fundar mi voto, señor Presidente. En general, los caminos públicos en desuso -ésa fue la explicación que di al Senado a fin de que no se aprobara este artículo-... El señor FUENTEALBA.- ¿Qué se está votando, señor Presidente? La señora CARRERA.- Señor Presidente, ¿qué norma está en votación? El señor FIGUEROA (Secretario).- El artículo nuevo que figura en la página 3 del boletín comparado Nº 25.173 y que se refiere al Instituto CORFO-Aisén. El señor AYLWIN (Presidente).- Señor Senador, el artículo 57, que también está en la página 3, se votó en una sesión anterior. El señor GARCIA.- Gracias, señor Presidente. Me abstengo. El señor CHADWICK.- Estoy pareado, pero el Comité Nacional me autorizó para votar. Doy mi aprobación al criterio de la Cámara. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: por la afirma-va, 13 votos; por la negativa, 7, y 1 abstención. El señor AYLWIN (Presidente).- Hay que repetir la votación. -El Senado no insiste (12 votos por la insistencia y 8 por la no insistencia). El señor FIGUEROA (Secretario).- Respecto del artículo 62, la Cámara no acepta la modificación del Senado que consiste en sustituirlo por el siguiente: "Los arrendatarios del actual Mercado Municipal de Temuco tendrán preferencia para optar a los locales del nuevo edificio de ese Mercado, que levantará la Corporación de Mejoramiento Urbano en convenio con la Municipalidad de dicha ciudad." El señor AYLWIN (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. El señor MONTES.- Efectivamente, la disposición del Senado que la Cámara no acepta es la que leyó el señor Secretario. La norma de la Cámara que el Senado sustituyó es la siguiente: "Los arrendatarios y ocupantes del Mercado Municipal de Temuco mantendrán igual derecho en el nuevo edificio del Mercado Municipal", etcétera. El precepto aprobado por el Senado dice: "Los arrendatarios del actual Mercado Municipal de Temuco tendrán preferencia". . . Nosotros estamos por la norma aprobada por la Cámara porque establece no sólo la preferencia, sino el mismo derecho. El señor FUENTEALBA.- ¿Y respecto de los ocupantes? El señor MONTES.- O sea, la Cámara beneficia a Los arrendatarios y ocupantes. Mantiene sus derechos. El señor EUENTEALBA.- ¿Qué entiende por ocupantes? El señor MONTES.- No podría dar respuesta a la consulta que me formula en este instante el Honorable señor Fuentealba, pero cualquiera que sea la interpretación que se dé a la expresión "ocupantes", me parece que en todo caso constituye un beneficio para la gente instalada en el Mercado, ya sea como propietarios o como arrendatarios. No sé qué otra calidad puedan tener. Por lo tanto, votamos por la norma aprobada por la Cámara, por considerar más amplio el beneficio que ella propone. El señor GARCIA.- Ambos artículos dicen lo mismo en su parte final. Es igual expresar "en el nuevo edificio del Mercado Municipal que levantará, en convenio con el Municipio local, la Corporación de Mejoramiento Urbano", que "en el nuevo edificio que levantará la Corporación de Mejoramiento Urbano en convenio con la Municipalidad de dicha ciudad". En otras palabras, la norma del Senado está mejor expresada en castellano. Esa es la única diferencia. Por lo demás, es lógico que sólo se dé preferencia a los arrendatarios del actual mercado municipal, ya que no pueden tener igual derecho, porque esto significaría que les regirían las mismas condiciones, lo que no puede ser, por tratarse de un edificio nuevo, recién construido. A mi juicio, la norma propuesta por el Senado es mucho más jurídica al decir que los actuales arrendatarios tendrán preferencia sobre otros para optar a los locales del nuevo edificio. Como es evidente, tendrán una situación totalmente distinta de la que poseen en el actual edificio, ya que las rentas no serán iguales y variarán las dimensiones de los locales y otras condiciones generales. Por lo tanta, no es conveniente aprobar una norma rígida como la establecida por la Cámara, pues sería inaplicable, ya que al decir "mantendrán igual derecho", se podría sostener que deberán pagar el mismo arriendo que en la actualidad, lo que, repito, no es posible, pues no se sabe de qué forma y tamaño serán los locales del nuevo mercado. Por lo expuesto, considero más precisa, comprensible y jurídica la redacción del Senado. El señor FUENTEALBA.- A mi juicio, las dos proposiciones son malas, pero considero con menos defectos y más justa la de la Cámara de Diputados. Deseo dejar constancia de que, según entiendo, cuando el precepto de la Cámara habla de "ocupantes" se está refiriendo, desde luego, a las personas que a la fecha en que se presentó este proyecto, sin tener la calidad de arrendatarios, ya ocupaban locales dentro del mercado municipal de Temuco, con la debida autorización de la Municipalidad. Es decir, esta disposición de ninguna manera favorecerá a quienes, de hecho, en el entretanto, pudieran haberse apoderado, incluso hasta por medios violentos, de un local municipal. Así entiendo la disposición de la Cámara: son ocupantes del mercado quienes tenían locales en él a la fecha de presentación de la iniciativa en debate, con la autorización de la Municipalidad de Temuco. Además, estoy por la norma de la Cámara, porque soy partidario de reconocer a los arrendatarios del actual mercado municipal de Temuco el mismo derecho a arrendar locales en el nuevo edificio que se construya con el mismo fin. La disposición del Senado simplemente otorga una preferencia, lo cual podría dar motivo para que se desconociera a un arrendatario actual del mercado el derecho a seguir siéndolo en el nuevo edificio. Como expresé, considero malas ambas disposiciones; pero, por las razones que di, voto por el precepto de la Cámara. El señor FERRANDO.- Coincido con lo planteado por el Honorable señor Fuentealba. Sería partidario de votar en contra los dos artículos porque, por lo menos hasta el momento, ni siquiera se ha iniciado la construcción de un nuevo mercado. Sólo existe un convenio con la COR-MU de levantar un nuevo edificio una vez que se proceda a demoler el actual o exista acuerdo para ello. En todo caso, no se construiría un edificio, sino tres, para distribuir los productos en toda la ciudad. Ese es el acuerdo con la COR-MU. Desconozco el origen del artículo en debate, pero, de todas maneras, votaría en contra tanto el precepto de la Cámara como el del Senado, pues, reitero, no se está edificando un nuevo mercado, y tampoco se construirá uno solo, sino que, de acuerdo con el convenio con la Corporación de Mejoramiento Urbano, se levantarán tres. Además, tampoco se está demoliendo el existente. Sin embargo, en el caso de que, debiera resolverse el problema por estar ya iniciadas las obras, sería más factible el artículo 62 de la Cámara, por beneficiar a más gente; pero, repito una vez más, se trata de una hipótesis que todavía está sólo en la mente de ejecutores y de instituciones. El señor BALTRA.- Como se ha dicho, hace mucho tiempo que la iniciativa en debate se discute en el Parlamento, y lo deseable es evitar un quinto trámite constitucional. Por lo demás, entiendo que el Gobierno observará algunas de sus disposiciones. El Director General de Tierras, que asiste a esta sesión, me acaba de asegurar que se pondrá de acuerdo con los Honorables señores Fuentealba, Ferrando y el Senador que habla a fin de redactar la observación de manera de impedir que la expresión "ocupantes" pueda prestarse a los abusos ya señalados por el Honorable señor Fuentealba, y para que corresponda exactamente al fin perseguido. Por lo tanto, voto por la disposición de la Cámara. -El Senado no insiste, y queda terminada la discusión del proyecto. GASTOS DE PUBLICIDAD DE INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO. El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, corresponde ocuparse en el proyecto en tercer trámite constitucional que modifica la ley Nº 17.399 en lo relativo a gastos de publicidad de las instituciones del sector público. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer trámite, sesión 1ª, en 1º de junio de 1971. En tercer trámite, sesión 26ª, en 27 de julio de 1971. Informe de Comisión: Gobierno, sesión 6ª, en 10 de junio de 1971. Discusión: Sesiones 9ª, en 16 de junio de 1971; 10ª, en 22 de junio de 1971 (se aprueba en general y particular). El señor FIGUEROA (Secretario).- La Cámara aprobó el proyecto del Senado con las siguientes modificaciones. En el artículo único, sustituyó su letra a) por la siguiente: "a) Los recursos destinados a este fin no podrán invertirse en más de un 28% en televisión, otros medios audiovisuales, avisos camineros o vía pública; ni menos de un 34% en todas las radioemisoras del país; 34% en diarios, revistas u otras publicaciones periodísticas, por cada Servicio, Empresa o Institución, y un 4% para ser destinado a espacios arrendados en radioemisoras del país, descontados los gastos necesarios para preparar la publicación de difusión. "Los espacios arrendados que se financien con publicidad estatal, deberán ser controlados por el Sindicato Profesional de Locutores Publicistas de Chile." El señor AYLWIN (Presidente).- En discusión. Ofrezco la palabra. El señor MONTES.- ¿Se va a votar inmediatamente la letra a) ? El señor AYLWIN (Presidente).- Sí, señor Senador. El señor MONTES.- Estamos ante el siguiente dilema: cuando se discutió el proyecto en el Senado, fuimos contrarios al criterio de esta Corporación, por estimar que la fórmula ideada para la distribución de los fondos no estaba de acuerdo con lo que sustentamos finalmente. La enmienda de la Cámara, a nuestro juicio, no cambia el fondo del precepto del Senado, al cual fuimos contrarios. Por eso tenemos la impresión -no puedo manifestar seguridad ni mucho menos al respecto-- de que, por la vía del veto, podría adoptarse un procedimiento con el objeto de reemplazar estas disposiciones. En todo caso, teniendo presente la posibilidad de resolver un problema que reviste real importancia, preferimos quedarnos con la disposición que aprobó el Senado. El señor LORCA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor MONTES.- Si hay otros criterios al respecto, deseamos escucharlos, porque sólo me he limitado a recordar nuestra actitud durante la discusión del proyecto y el criterio que sustentamos inicialmente. El señor GUMUCIO.- Como hizo presente el Honorable señor Montes, cuando se discutió el proyecto en el Senado, estuvimos en desacuerdo con el sistema de distribución que se estableció. A mi juicio, la enmienda de la Cámara no va al fondo del problema, porque simplemente se limita a disminuir los porcentajes de distribución: de 30% a 28%, en televisión, y de 35% a 34%, en lo referente a las radioemisoras. Pero hay algo que no entiendo en la proposición de la Cámara: junto con destinar 34% de los recursos de publicidad estatal, otorga 4% a espacios arrendados en esos medios de difusión, y entiendo que en esos espacios se realiza toda clase de propaganda. No veo la diferencia entre destinar cierto porcentaje a las radioemisoras y 4%) a espacios arrendados. Es una distinción absolutamente arbitraria, y absurda que no se justifica. El señor LORCA.- Está equivocado el Honorable señor Gurrnicio, por las siguientes razones: una cosa es la publicidad entregada por el Estado en sus diversas formas, y otra diferente, los espacios que grupos de locutores arriendan para realizar una pequeña publicidad. Entonces, éstos quieren tener acceso a la publicidad estatal. Hay locutores que en esos espacios hacen publicidad, montan obras teatrales o musicales y diversos otros programas que puedan radiodifundirse. Un grupo de esos profesionales vino a hablar con Senadores de la Democracia Cristiana, y no sé si con otros colegas. Pidieron que se les diera la posibilidad de optar a esa propaganda, porque como grupo de locutores organizados, arriendan espacios, en los cuales transmiten publicidad ya sea para el Fisco o para instituciones particulares. Actualmente esos grupos consiguen avisos en diversas instituciones. Ahora quieren tener acceso al 4% de la publicidad que el Estado podrá contratar en las radioemisoras del país, especialmente las de Santiago. El señor GUMUCIO.- Agradezco mucho la explicación de Su Señoría. La verdad es que esos locutores contratan espacio en alguna radioemisora y difunden programas para los cuales buscan auspiciadores. Entiendo que es así. Pero desde el punto de vista de la conveniencia nacional, el Estado debe abocar, se al problema integral. Aun cuando no soy partidario de la distribución propuesta por el Senado, considero ilógico que el Estado deba reservar un 4% de su propaganda para los locutores que consigan espacio en una radioemisora. Ello complica aún más la reglamentación, aparte el hecho de que el principio mismo es un absurdo. No entiendo el inciso que dice: "Los espacios arrendados que se financien con publicidad estatal, deberán ser controlados por el Sindicato Profesional de Locutores Publicistas de Chile." ¿A qué control se refiere? ¿Acaso ese sindicato podrá controlar la propaganda que pueda hacer el Estado? No es posible que, por encima del Estado, el organismo en referencia determine qué propaganda debe hacerse, pues ello constituiría una exageración. La reglamentación de la propaganda fiscal establecida en la última ley de Presupuestos constituyó un error de algunos Senadores, quienes honestamente han recapacitado y patrocinan ahora esta ley, reconociendo su equivocación. Pero, por lo menos, hay que estatuir un procedimiento que sea factible y viable para el Estado, y no seguir imponiéndole trabas inaceptables. No es admisible que el Ejecutivo deba consultar primero si el Sindicato de Locutores acepta o rechaza su propaganda. Por estas consideraciones, aun cuando considero mala la distribución, prefiero la norma que aprobó el Senado. El señor HAMILTON.- Me referiré a esta primera enmienda propuesta por la Cámara al proyecto sobre difusión de propaganda por parte de organismos estatales patrocinado por el Gobierno, y a la forma como lo despachó el Senado. ¿De qué trata la primera modificación? Por un lado, permite al Estado y sus organismos dependientes hacer difusión. En segundo término, distribuye los recursos de publicidad fiscal entre los distintos medios de difusión; y, por último, dispone que el reparto se realice conforme a normas objetivas. No voy a recordar el debate promovido en esta Sala cuando esa norma fue aprobada por mayoría. Respeto el criterio de quienes en esa oportunidad -como recordaron los Honorables señores Montes y Gumucio- fueron contrarios a la distribución obligatoria; pero la resolución mayoritaria del Senado y el pronunciamiento unánime de la Cámara de Diputados fueron favorables a la publicidad estatal y que ésta se distribuyera según normas objetivas. Sin embargo, en cuanto a la enmienda introducida por la Cámara, coincido con los Honorables señores Montes y Gumucio en que esa rama legislativa ha exagerado y, además, en que nos coloca ante una situación que rompe el esquema de la ley. Se proponen dos modificaciones a la ley. En primer lugar, en la proposición del Senado figuran los tres medios de difusión más importantes: televisión, radiodifusión y prensa. En la de la Cámara, se agregan las revistas y otras publicaciones periodísticas, otros medios audiovisuales, avisos camineros o de vía pública. Por último -lo que aquí se ha criticado, a mi juicio, con razón-, se obliga a los organismos del Estado a hacer 4% de su publicidad por intermedio del Sindicato Profesional de Locutores Publicistas de Chile, organismo que, en realidad, no sabemos cuántas personas lo integran ni cómo actúan. Sólo sabemos que arrienda espacios y, a su vez, como explicó el Honorable señor Gumucio, proceden a contratar propaganda en el comercio. Está en nuestro conocimiento que no tienen gastos generales; que no pagan imposiciones ni tienen personal contratado. Desconocemos en qué radioemisoras arriendan espacio. En consecuencia, no podemos dimensionar cuál es la sintonía que tienen como para obligar al Gobierno a hacer difusión y proganda por intermedio de ellos. Tampoco podemos saber a cuánto ascenderá este 4%. En nombre de la Democracia Cristiana y a pedido de ella, recibí a los miembros del Sindicato Profesional de Locutores Publicistas. Les dije que nosotros no podíamos aceptar en este trámite la petición que nos formulaban y que la Cámara había aprobado. Sin embargo, les manifesté que si eventualmente el Gobierno, que es quien hará la difusión, en el veto nos propusiera incluirlos, en ese momento aceptaríamos su solicitud; pero que nos parecía inadecuado hacerlo en un proyecto cuya filosofía -a nuestro juicio, aceptable para el Gobierno- permite al Estado hacer difusión, pero distribuyéndola entre todos los medios de comunicación, sin discriminar, todo lo cual aconsejaba no introducir normas extrañas, difíciles de justificar. Si el Gobierno acepta esa disposición y la propone por la vía del veto, en tales circunstancias no la rechazaremos. El señor AYLWIN (Presidente).- Advierto a los señores Senadores que ha terminado el tiempo acordado por los Comités para discutir este proyecto. En consecuencia, sólo procede continuar votándolo, respetando el derecho de los señores Senadores de fundar su voto. En votación. El señor FIGUEROA (Secretario).- ¿Se aprueba o no la modificación de la Cámara a la letra a) del artículo único? - (Durante la votación). El señor LORCA.- En un momento determinado del trámite de este proyecto, fui partidario -como lo expresé en la Comisión, la cual aprobó la idea por unanimidad- de restablecer el criterio y las normas legales respecto de publicidad que imperaban durante la Administración del señor Frei. Por motivos que no es del caso explicar en este momento, mantuve silencio cuando se discutió en la Sala esta iniciativa. La forma como ella se aprobó tanto en el Senado como en la Cámara, me lleva a pensar que será objeto de numerosas observaciones por parte del Ejecutivo, porque la distribución que hace esta última es más engorrosa, como lo hizo notar el Honorable señor Gumucio, pero más justa desde el punto de vista del mal criterio de distribuir la publicidad fiscal por medio de una ley. Digo esto, porque soy partidario, como ya lo expresé, del criterio sustentado por el Presidente Frei en el sentido de que la publicidad se distribuya por medio de decreto supremo. En la enmienda de la Cámara se plantea el problema de los espacios arrendados. Tengo en mi mano la circular que nos hizo llegar el Sindicato de Locutores Publicistas y que seguramente recibieron todos los señores Senadores. Estoy seguro de que si Sus Señorías leen su contenido, votarán afirmativamente, porque el inciso beneficia a un grupo de 300 profesionales que a lo largo de todo el país tienen arrendados espacios en 70 radioemisoras y que no podrán seguir haciendo publicidad si se aprueba la distribución de la propaganda fiscal que propone el Senado. Por eso, no obstante que en principio la distribución me parece inconveniente, creo que la propuesta por la Cámara es más justa. En cuanto al Sindicato de Locutores Publicistas de Chile, creo que deberá reglamentarse su actividad. Pero no me parece justificada la desconfianza que manifestó el Honorable señor Gumucio respecto de tal organismo -por lo menos en lo que dice relación a que éste pueda opinar sobre la difusión de avisos-, porque ello implica cierta falta de consideración para las organizaciones sindicales. No creo que la Cámara haya exagerado en su enmienda, pues entiendo que ésta contó con el apoyo de todos los sectores parlamentarios. Puede que sea mejor que la norma aprobada por nosotros, partiendo de la base de que toda esta legislación sólo autoriza para hacer publicidad fiscal por distintos medios de difusión, publicidad que hasta el momento el Gobierno realiza según estima conveniente. Con toda seguridad, para mantener tal criterio el Ejecutivo vetará esta norma una vez que el Congreso haya despachado el proyecto. Pero entre dos males, prefiero el menor. Por eso, votaré por la modificación de la Cámara. El señor GARCIA.- Conversaron conmigo los dirigentes del Sindicato Profesional de Locutores Publicistas de Chile y me explicaron la justicia de su petición de destinarles 4% de la publicidad fiscal en los espacios que arriendan en las radioemisoras del país. Después de las razones expresadas por el Honorable señor Hamilton, compruebo que ese porcentaje no quedará sujeto a las normas de la letra d). Quisiera dejar bien en claro lo siguiente. Ese sindicato podrá obtener un porcentaje dentro del 34% de publicidad estatal. O sea, los locutores que arriendan espacios están considerados en esa cifra de distribución. A mi juicio, el gremio no se perjudica si se mantiene dentro de los márgenes señalados por la letra d), que el Senado aprobó y que constituye la filosofía del proyecto. En ese entendido, voto a favor del artículo que despachó el Senado. El señor REYES.- Estimo muy respetables las razones invocadas para mantener el criterio de esta Corporación, que restringe y, en buenas cuentas, elimina un tipo de propaganda realizada mediante... El señor FUENTEALBA.- -No lo elimina, señor Senador. El señor GARCIA.- Está considerada dentro del 35%. El señor REYES.- De hecho, ello no está garantizado. Es cierto que dentro del 35% que aprobó el Senado, podría darse un porcentaje a este tipo de publicidad privada. Pero la proposición de la Cámara garantiza, por lo menos, el 4%, por el contrario de lo que ocurre con la fórmula que nosotros aprobamos en el primer trámite. En vista de ello, voto por la enmienda de la Cámara. El señor HAMILTON.- Me pronunciaré por insistir en el criterio del Senado. Sin embargo, quiero aprovechar el fundamento de mi voto para recoger algunas observaciones formuladas aquí sobre el fondo de la materia, es decir, sobre la necesidad de que el Gobierno o los institutos públicos estén regulados por normas objetivas cuando inviertan recursos en propaganda. El primero en proponer este tipo de preceptos fue el Gobierno. Tengo a mano el boletín de la Cámara de Diputados donde figura la discusión del veto al proyecto de ley de reajustes de los sectores público y privado. En él el Ejecutivo propuso una fórmula similar que permitía efectuar la propaganda ciñéndose a normas objetivas que regirán respecto de todos los medios de difusión. La aprobó la mayoría del Senado y la unanimidad de la Cámara, aunque la distribución era diferente. En tercer lugar, estoy informado de que el Secretario General de Gobierno también se pronunció favorablemente cuando apoyamos la proposición formulada por el Honorable señor Irureta. También puedo exhibir un documento emanado de ARCHI, Asociación de Radiodifusores de Chile, que se pronuncia en el mismo sentido, y otro de la Asociación de Diarios de Provincias, que revela idéntica posición. El mismo criterio ha sido expresado por los organismos técnicos en telecomunicaciones de la Democracia Cristiana. Ahora bien, si el Gobierno lo estima conveniente, puede destinar el 4% de sus recursos de difusión a los espacios que contraten los locutores en las radioemisoras. Pero no es justo, en mi concepto, quitar ese porcentaje a las radios, pues éstas se encuentran en dificultades económicas. Inclusive se ven en la necesidad de arrendar espacios para solventar sus gastos, pues deben pagar imposiciones e impuestos y todo lo que constituye el rodaje de la radiodifusión. Todos sabemos que ésta, en el momento actual está en mal pie económico, lo mismo que los otros medios de difusión. Por eso, voto por el criterio del Senado. El señor BALTRA.- Al igual que el Honorable señor Montes y otros señores Senadores, voté contra esta disposición cuando la discutimos en primer trámite. Continúo pensando que es muy difícil fijar a la publicidad del Estado y a sus organismos determinado porcentaje en los distintos medios de difusión. Pero, aceptado ese criterio contrario a nuestra posición, en la Cámara se aprobó una norma tendiente a proteger al gremio de locutores publicistas que, como se ha dicho aquí, agrupa a un total de trescientos miembros a lo largo de todo el país, con setenta espacios arrendados' en las diversas emisoras de onda larga de Santiago. Es un sindicato integrado por personas de trabajo que en estos momentos atraviesan por una situación difícil debido a la disminución que la publicidad ha experimentado, como todos saben. Por eso, voto por el precepto de la Cámara. El señor AGUIRRE DOOLAN.- Tal como lo expresó mi distinguido colega y compañero de bancas, don Alberto Baltra, ahora estamos abocados a apoyar o rechazar el criterio de la Cámara. Nosotros éramos contrarios a distribuir la propaganda estatal en los diversos medios de publicidad, idea que en definitiva el Senado aprobó. Sin embargo, los dirigentes del Sindicato Profesional de Locutores Publicistas de Chile, organismo que agrupa a un sector muy modesto de la ciudadanía, convencieron a la Comisión de Gobierno de la Cámara, la que aceptó destinar el A% de los recursos para publicidad estatal a los espacios arrendados por ese gremio. Asimismo, sabemos que se trata de trescientas personas que, como aquí se expresó, en este momento atraviesan por una situación difícil. Me pronuncio por el criterio de la Cámara. -Se rechaza la modificación (18 votos contra 6 y una abstención). El señor FIGUEROA (Secretario).- La segunda enmienda consiste en sustituir en la letra b) el artículo "el", que precede a las palabras "artículo 32", por lo siguiente: "la letra b)". El señor HAMILTON.- Es una modificación de mera referencia. -Se aprueba. El señor FIGUEROA (Secretario).- En la letra c), la Cámara introdujo la modificación consistente en sustituir las palabras "31 de diciembre de 1970" por las siguientes: "31 de mayo de 1971." El señor AYLWIN (Presidente).- En votación. - (Durante la votación). El señor LORCA.- Esta enmienda garantiza que la publicidad estatal se distribuya en relación con el personal que los medios de difusión tenían al 31 de mayo de 1971, y no al 31 de diciembre de 1970. Me parece justa la modificación, si es que se pretende distribuir los recursos para publicidad estatal. No cabe duda de que el personal de las radios era mucho menos numeroso en diciembre de 1970 que ahora y, por ello, la distribución de la propaganda será diferente. Por otra parte, deseo formular una observación de fondo al proyecto. Se ha incurrido en errores de hecho, al plantearse cuál fue el criterio del Gobierno en lo relativo a la publicidad. La verdad de las cosas es que cuando en el debate de la ley de Presupuestos se propuso que el Estado no hiciera propaganda, el Ejecutivo propuso efectuarla, pero sujetándose a un sistema de distribución. Sin embargo, nunca pensó ni creyó conveniente que ella se regulara por una disposición legal, sino en la forma como se procedió durante la Administración del Presidente Frei. En otras palabras, el Gobierno nunca participó de la idea de apoyar esta legislación. En todo caso, como ya se está legislando en particular y no cabe hablar de la idea fundamental del proyecto, soy partidario de aprobar la enmienda de la Cámara. El señor HAMILTON.- Estoy de acuerdo con la disposición aprobada por la otra rama del Congreso. De lo que se trata es de establecer una fecha lo más cercana posible, inclusive anterior a la de publicación de esta ley, a fin de evitar cualquier acomodo en los medios de difusión destinado a sacar ruás provecho del sistema de distribución. En esto se ha tomado en consideración el personal, porque es sabido que la mayor parte del costo radica, precisamente, en el pago de sueldos e imposiciones. Quiero destacar, en cuanto a las ideas planteadas por el Honorable señor Lorca relativas a la intención del Gobierno de someter la publicidad estatal a un sistema de distribución, que tengo a mano el boletín de la Cámara de Diputados de 3 de marzo de 1971; y en su página 1.574 se puede leer que el señor Ministro de Hacienda vetó la disposición de la ley de Presupuestos que prohibía a los servicios públicos realizar difusión, y propuso su reemplazo por normas relativas a la televisión y la radio -excluía a los otros medios de publicidad-, respecto de las cuales patrocinó una distribución muy similar a la que en definitiva el Parlamento aprobó. En aquella oportunidad, la Cámara no pudo aceptar esa iniciativa porque se refería a una materia ajena a la idea central del proyecto, pues éste aumentaba las remuneraciones de los empleados de los sectores público y privado. Si a algún señor Senador le interesa confirmar el antecedente que estoy dando, tengo a mano y a su disposición el boletín correspondiente. Voto por el criterio de la Cámara. -Se aprueba la modificación. El señor FIGUEROA (Secretario).- En la letra d), la Cámara suprimió la frase ", resultado de multiplicar la respectiva potencia instalada por el", y sustituir los términos "31 de diciembre" por los siguientes: "31 de mayo de 1971". El señor AYLWIN (Presidente).- En votación. - (Durante la votación). El señor HAMILTON.- Personalmente, soy partidario de insistir en el criterio del Senado. Al establecer esta normas se pensó en dos órdenes de materias. Una, es la necesidad del Gobierno de hacer publicidad mediante radioemisoras y de llegar a la mayor sintonía posible. La potencia instalada de algunas radios guarda estricta relación con esta materia. Así, por ejemplo, la Radio Portales, que funciona con una potencia de cincuenta kilovatios -y entiendo que llegará a 150-, tiene mayor sintonía que otra con sólo diez kilovatios o menos. En segundo lugar, este proyecto persigue el financiamiento de las radios. Y es fácil comprobar que la mayor potencia involucra mayor costo, porque las emisoras más potentes gastan mucha más energía eléctrica para salir al aire. Desde ambos ángulos la disposición del Senado es conveniente. Inclusive, esta norma no se refiere a la potencia irradiada, sino a la instalada, es decir, aquella con la cual el Gobierno ha autorizado a la radio para transmitir. Para ello basta un simple certificado o informe que la Dirección de Servicios Eléctricos puede otorgar en cualquier momento. Por eso, pienso que es preferible, más justo y completo, considerado el problema desde el punto de vista del Gobierno y de la protección de los intereses de las radios, estimar no sólo el factor personal, sino también la potencia instalada. El señor LORCA.- La verdad de las cosas es que esta modificación de la Cámara es muy acertada. En general, las personas no conocen la diferencia entre potencia instalada y potencia irradiada de una radioemisora. Una radio puede tener cincuenta o cien kilovatios de potencia y estar trabajando sólo con 25. Debo agregar, aun sin tener ningún antecedente a mano, que la Cámara no rechazó el veto por razones de orden constitucional, sino porque implicaba una injusticia atroz. En efecto, establecía que la publicidad fiscal se distribuiría entre las radioemisoras de potencia superior a un kilovatio, en circunstancias de que en el país hay aproximadamente 70 emisoras de potencia inferior a la señalada. Ese fue el motivo fundamental por el que, con mucha razón, diversos Diputados votaron en contra de la observación. Lógicamente, no se podía plantear en esos términos el problema, y por eso se recurrió al expediente de calificar el veto de in-constitucional. Pero -insisto- la razón fundamental fue que el veto contenía un grave error, en cuanto condenaba a la ruina a unas 70 u 80 radioemisoras del país, que operan con una potencia inferior a un kilovatio. El señor PABLO.- Deseo llamar la atención del Senado hacia el hecho de que esta observación contiene dos aspectos fundamentales. El primero de ellos dice relación a la fecha. El señor HAMILTON.- El cambio de fecha ya se aprobó. El señor AYLWIN (Presidente).- Efectivamente, al aprobarse, en el inciso anterior, la fecha 31 de mayo de 1971 en reemplazo de la primitiva -31 de diciembre de 1970-, ésta debe entenderse modificada toda vez que aparezca en las demás disposiciones. Es la única manera de guardar la debida concordancia en el texto del artículo. Puede continuar el Honorable señor Pablo. El señor PABLO.- Fundamentalmente deseaba hacer presente este detalle. En el resto de la disposición, estoy de acuerdo con el criterio del Senado. El señor MONTES.- Señor Presidente, deseo rectificar mi voto. Ruego a la Mesa que me excuse. Estaba distraído, viendo otro asunto, en el momento de tomarse la votación. Nosotros estamos de acuerdo con la modificación de la Cámara, pues consideramos que ella elimina los factores de injusticia que podría implicar el precepto. El señor AYLWIN (Presidente).- Se tomará de nuevo la votación. En votación. -(Durante la votación). El señor PABLO.- También deseo rectificar mi voto. Voto por el criterio de la Cámara. -Se aprueba la modificación introducida por la Cámara (11 votos por la afirmativa y 10 por la negativa). El señor FIGUEROA (Secretario).- En seguida, en el último inciso, la Cámara eliminó la frase final, a partir de los términos "y la Superintendencia de Servicios Eléctricos, de Gas y de Telecomunicaciones". . . El señor HAMILTON.- Es una consecuencia de la modificación que acaba de aprobarse; de modo que también debemos acogerla. El señor AYLWIN (Presidente).- En efecto, si no es necesario verificar la potencia de las radioemisoras, tampoco se requiere la participación de la mencionada Superintendencia. Si le parece a la Sala, se aprobará la enmienda propuesta por la Cámara. Aprobada. El señor FIGUEROA (Secretario).- A continuación, la Cámara agregó los siguientes incisos nuevos al artículo único del proyecto: "Será aplicable a las radioemisoras la disposición contenida en el artículo 36 de la ley Nº 17.377 y el tiempo que dure la réplica se imputará al espacio de que puede disponer el Gobierno en dicho medio de difusión en conformidad a las normas vigentes. "Lo dispuesto en el presente artículo será aplicable a la Junta de Adelanto de Arica y a la Corporación de Magallanes." El señor AYLWIN (Presidente).- En votación los incisos nuevos propuestos por la Cámara. - (Durante la votación). El señor TEITELBOIM.- Deseo plantear una pregunta, aprovechando el fundamento del voto. Según se desprende de la letra del precepto, será aplicable a las radioemisoras la disposición que permite la réplica en los espacios en que aparezca.. . El señor FUENTEALBA.- No se le oye, señor Senador. El señor TEITELBOIM.- Entiendo que se trata de un precepto que consigna el derecho de la Oposición a usar las radioemisoras durante un tiempo determinado, que se imputa al espacio de que dispone el Gobierno en este medio de difusión. Pues bien, deseo preguntar si, a la vez, en caso de hacerse en una radioemisora una mención desdorosa, o de atacarse al Gobierno o a los partidos que lo apoyan - es decir, si de alguna manera se afecta a sectores que objetivamente no pueden ser calificados de Oposición-, ¿tienen éstos igual derecho a réplica dentro del espacio de que puedan disponer los partidos opositores ? A mi juicio -y lo planteo en tono de pregunta-,. .. El señor FUENTEALBA.- No haga sufrir a los taquígrafos, señor Senador. No se le escucha nada. El señor HAMILTON.- ¡ Parece que la potencia instalada es muy baja! El señor TEITELBOIM.- Creo que tendrá que intervenir la Superintendencia de Servicios Eléctricos, porque este micrófono no funciona... El señor FONCEA.- ¿Por qué no se cambia a los bancos de la Derecha, señor Senador ? El señor TEITELBOIM.- Tal vez desde allí me escucharían, pero prefiero quedarme mudo antes de pasar a la Derecha. Bueno, no me hace ninguna gracia tener que repetir por tercera vez lo mismo. Voto en contra de la disposición de la Cámara, porque, a primera vista, me parece que no es conmutativa, no es justa y está dirigida a favorecer a un solo sector. Derecho a réplica debe haber en todas las radioemisoras, incluso en las que controlan sectores de Oposición, para que puedan contestarse en forma correspondiente los ataques que se formulen tanto contra el Gobierno como contra los partidos que lo apoyan y las personalidades políticas que lo integran. Por último, este derecho debería existir para cualquier persona que se sienta afectada por lo que se diga en una radioemisora controlada por gente que no es afecta al Gobierno. El señor HAMILTON.- ¿Me permite fundar el voto de inmediato, señor Presidente, para recoger las observaciones del Honorable señor Teitelboim? El señor AYLWIN (Presidente).- Con la venia de la Sala, puede hacerlo Su Señoría. El señor HAMILTON.- El Honorable señor Teitelboim votó en contra de los incisos agregados por la Cámara por estimar que no son conmutativos, que no son justos, y porque, a su juicio, al Gobierno no le correspondería el mismo derecho que a la Oposición. Sin embargo, si el señor Senador lee atentamente la disposición, observará que es una aplicación a las radioemisoras del derecho de réplica que existe respecto de la televisión, según la ley respectiva. Y para que, respecto de aquélla, pueda ser operante este derecho, el Gobierno tiene que haber hecho uso previamente, a través de los mecanismos que la ley le franquea, de una cadena de radios o de una audición radiodifundida, en cuanto a problemas políticos. El Gobierno, de acuerdo con la reglamentación vigente, puede hacer uso de dos horas diarias de transmisiones en todas las radioemisoras del país. Dentro de las mínimas normas democráticas que se han consagrado en nuestros textos legales a propósito del derecho a réplica en la legislación sobre televisión, los partidos de la Oposición, con la responsabilidad y seriedad con que saben actuar en el ejercicio de este derecho podrán hacer presentes las observaciones políticas que merezcan los planteamientos del Gobierno expresados por intermedio del Presidente de la República o de sus personeros. Por último, volviendo un tanto atrás, ya que en dos oportunidades se ha puesto en duda un elemento de juicio de hecho que entregué con anterioridad, debo destacar que en la página 1576 del Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, que mencioné, se señala que, bajo la presidencia del señor Ibáñez, se pone en votación la enmienda del Ejecutivo concerniente a esta materia. Intervienen luego los Diputados señores Cerda, Pareto, Amello, que funda su voto, Amunátegui y Valenzuela Valderrama; y, al final, se expresa que el señor Ibáñez (Presidente) declara inconstitucional la observación a que me estoy refiriendo. Voto favorablemente la enmienda introducida por la Cámara, presentada por los Diputados Tolentino Pérez, de Magallanes, y Baldemar Carrasco, de Aisén. El señor MONTES.- Las argumentaciones del Honorable señor Hamilton no invalidan el problema que, a nuestro juicio, muy acertadamente, planteó el Honorable señor Teitelboim, en el sentido de que en la televisión, y ahora en la radio, el derecho a réplica se plantea de manera unilateral: sólo a favor de los partidos de Oposición. Si en una cadena nacional, por ejemplo, un sector opositor se refiere a la política gubernamental o a algunos partidos o personeros de Gobierno, lo justo sería, a nuestro juicio, conceder a éstos derecho a réplica. ¿Por qué aprobar sólo una disposición unilateral? Lo democrático sería consagrar el derecho a réplica en términos amplios. Precisamente, por plantearse esta norma en forma unilateral, votaremos en contra. Si se agregara el complemento que falta, estaríamos de acuerdo. ¿Por qué -repito- sólo la Oposición puede tener este derecho respecto del Gobierno, y no éste respecto de aquélla? El señor NOEMI.- Porque las cadenas nacionales corresponden al Gobierno. El señor MONTES.- Señor Senador, cadenas nacionales puede haber también para cualquier organismo o partido político que la contrate. Esto puede suceder. Es absolutamente claro. Estimamos que esta disposición peca de unilateralidad; de modo que resulta injusta. Voto por la negativa. El señor VALENZUELA.- Votaré por el criterio de la Cámara, pues creo que el derecho a réplica se consagra en forma bilateral. Por una parte -para poner un ejemplo-, ha habido una cadena nacional del Gobierno. Incluso, me parece que, según la legislación vigente, el Ejecutivo puede hacer uso de todas las radioemisoras del país, en cadenas nacionales. O sea, tiene el summum de las facultades. En cambio, la Oposición puede, de acuerdo con este precepto, responder una sola vez. Por eso, me parece justa esta disposición. Creo que ha habido error de parte de los Senadores del Partido Comunista al oponerse, porque es de la esencia de la democracia informar a la comunidad social, a todo el país, de los criterios que puedan tener tanto el Gobierno como la Oposición respecto de un problema político de importancia. Voto que sí. El señor PABLO.- La afirmación de que se cometería una injusticia con el Gobierno, no tiene base, toda vez, como aquí se aclaró, que éste tiene permanentemente la posibilidad de responder en forma directa o indirecta por medio de cadenas nacionales las apreciaciones que se hacen en torno de su política, derecho del cual carece la Oposición. Desgraciadamente, no tengo a la mano el texto de la norma vigente. La verdad es que los partidos de Oposición contratan cadenas con gran esfuerzo económico, y al Ejecutivo no le cues-tari absolutamente nada. Por eso, lo más lógico es que aquéllos tengan por lo menos la oportunidad de rebatir los planteamientos del Gobierno. Por ejemplo, se han producido hechos como el siguiente: el Presidente de la República utilizó a propósito de la nacionalización del cobre una cadena nacional de radio y televisión. Pues bien, a un Senador de nuestro partido se le dio derecho a replicar por cadena de televisión a las doce del día, en circunstancias de que los telespectadores no estaban prevenidos de ello. Sin embargo, la Oposición no puede usar, en cadena, radioemisoras que están trasmitiendo todo el día y que tienen mayor alcance. En consecuencia, esta medida complementa la disposición vigente, porque el Jefe del Estado no habla sólo por cadena de televisión, ya que simultáneamente lo hace por una de radio. Por tales razones, voto a favor de la disposición de la Cámara. El señor BALTRA.- Cuando se discutió el proyecto que dio origen a la ley 17.377, tanto en la Comisión como en la Sala fuimos contrarios al artículo 36, no porque pensáramos que a la Oposición debe privársela del derecho a réplica, sino por la amplitud de aquél, ya que expresa que "toda intervención del Gobierno a través de la televisión para exponer ideas, proyectos o realizaciones, otorgará el derecho a replicar a los Partidos Políticos de oposición"... Reitero: a nuestro juicio, esta norma es demasiado amplia, y por eso estuvimos en contra de ella. Por las mismas razones, ahora no somos partidarios de extenderla a las radioemisoras, máxime, como se ha hecho presente por los Senadores comunistas, que, por ser de propiedad privada, el Gobierno debiera tener a su vez, la oportunidad de replicar en ellas. Voto en contra del artículo de la Cámara. El señor OCHAGAVIA.- Voto que sí. El señor CHADWICK.- Señor Senador, no puede votar porque está pareado conmigo, y yo no voté. El señor OCHAGAVIA.- Quiero dar excusas a la Sala. En efecto, el Honorable señor Chadwick tuvo la gentileza de darme un pareo por media hora. Ese lapso había transcurrido con exceso cuando mi Comité me mandó llamar diciéndome que el plazo se había cumplido. Pero como Su Señoría tuvo la caballerosidad de ampliarlo, no puedo votar, máxime si él ha dejado de hacerlo. -Se aprueba el artículo (12 votos por la afirmativa, 8 por la negativa y 2 pareos). El señor AYLWIN (Presidente).- Terminada la discusión del proyecto. FRANQUICIAS PARA AUTOMOVILES ARMADOS EN EL PAIS DESTINADOS A TAXIS. El señor FIGUEROA (Secretario).- En conformidad al acuerdo de Comités, corresponde tratar el proyecto de la Cámara que establece franquicias para los automóviles armados en el país y que se destinen al servicio de taxis. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En segundo trámite, sesión 1ª, en 1º de junio de 1971. Informes de Comisión: Hacienda, sesión 27ª, en 28 de julio de 1971. Obras Públicas, sesión 27ª, en 28 de julio de 1971. El señor FIGUEROA (Secretario).- Las Comisiones de Hacienda y Obras Públicas, unidas, en informe suscrito por los Honorables señores Hamilton (Presidente), Palma, Bossay, Ibáñez, García, Lorca y Silva, por la de Hacienda, y Hamilton, Acuña, Lorca, Foncea, Ibáñez, Von Mühlenbrock y Valente, por la de Obras Públicas, recomiendan a la Sala aprobar el proyecto con las modificaciones señaladas. El señor AYLWIN (Presidente).- En discusión general el proyecto. Ofrezco la palabra. El señor HAMILTON.- Propongo dar por aprobado en general el proyecto y todas aquellas disposiciones aceptadas por unanimidad en las Comisiones, a fin de entrar a pronunciarnos preferentemente por las materias restantes. El señor SILVA ULLOA.- Entiendo que se han presentado más de dos indicaciones, por lo cual el proyecto debe volver a Comisiones. El señor FIGUEROA (Secretario).- Hay una cantidad enorme de indicaciones presentadas, señor Senador. El señor PABLO.- Demos por aprobado en general el proyecto. El señor BALLESTEROS.- Exacto. El señor OCHAGAVIA.- Y sin debate. El señor AYLWIN (Presidente).- Debe fijarse plazo para presentar indicaciones. El señor PABLO.- Hasta mañana a las doce. El señor SILVA ULLOA.- Mañana las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda deberán sesionar, y como esta iniciativa debe volver a las de Hacienda y Obras Públicas, no habrá ningún inconveniente en dar plazo inclusive hasta el viernes a las doce del día para presentar indicaciones, porque el proyecte no podrá tratarse hasta la próxima semana. El señor BALLESTEROS.- Perfecto. El señor AYLWIN (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto y se fijará plazo hasta el viernes a las doce para presentar indicaciones. Acordado. PROMULGACION DEL ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL ESTADO. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde tratar el mensaje del Ejecutivo que faculta al Presidente de la República para promulgar el Estatuto de la Universidad Técnica del Estado. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley: En primer trámite, sesión 14ª, en 29 de junio de 1971. El señor FIGUEROA (Secretario).- La Comisión de Educación Pública, en informe suscrito por los Honorables señores Ferrando (Presidente), Lorca, Baltra, Montes, Ochagavía, García y Valenzuela, recomienda aprobar el mensaje en los términos señalados. El señor AYLWIN (Presidente).- En discusión general el proyecto. Ofrezco la palabra. El señor FERRANDO.- Hace poco tiempo, la Corporación aprobó un mensaje del Ejecutivo mediante el cual se facultaba al Presidente de la República para promulgar el Estatuto correspondiente a la vida interna de la Universidad de Chile. Hoy la Sala debe pronunciarse sobre un mensaje que faculta al Ejecutivo para promulgar el Estatuto de la Universidad Técnica. Su elaboración ha sido fruto de un largo trabajo realizado por el Consejo Universitario, que estaba especialmente facultado para ello. Deseo recordar que dicho plantel educacional fue creado por decreto Nº 1.831, de 3 de abril de 1947, durante la Administración del señor Gabriel González Vi-dela y, por lo tanto, cumple, a la fecha, 24 años de existencia; que en un principio tuvo una razón que cada vez tiene mayor peso y mayor justificación moral: dar carácter universitario a esta educación técnico-industrial impartida en Chile por intermedio de las escuelas industriales dependientes del Ministerio de Educación, que para muchos significaba sólo la entrega de medios culturales para preparar a un obrero manual, actividad, por otra parte, subestimada por amplios sectores y calificada de secundaria, debido a fuertes prejuicios sociales. El deseo de destruir esa imagen fue, desde luego, uno de los fundamentos morales más importantes que se tuvieron presentes en la época a que me refiero para elevar a carácter universitario la categoría de esta enseñanza. De entonces a la fecha, la Universidad Técnica del Estado ha tenido un crecimiento verdaderamente asombroso. Es increíble la cantidad de jóvenes que, hasta poco antes de la reforma educacional, terminado el sexto año primario, ingresaban a estos institutos para realizar estudios técnicos. Tal situación llevó a dicho plantel universitario a multiplicar sus establecimientos a lo largo del país, y en tal forma, que ya son pocas las provincias donde no existen sedes de la Universidad Técnica que preparan a la juventud para cumplir las funciones técnicas correspondientes al cuadro económico de la región en donde ese instituto sirve. Así, en Copiapó, en La Serena y en Antofagasta, las escuelas de minería han sido la base primordial de preparación de técnicos mineros en todas sus ramas; en Tomé, se capacita a ingenieros textiles, y en Valdivia, a técnicos e ingenieros de construcciones navales. O sea, dicho plantel adapta el esfuerzo que realiza en materia educacional a la zona donde está establecida la respectiva sede, a fin de dar al estudiante que egresa de la educación media en esas localidades, una instrucción superior vinculada a la actividad más importante que los rodea, al medio donde han transcurrido su juventud y su niñez y la vida de su familia. Ahora bien, esta Universidad ha crecido en tan alto grado que el decreto que le dio existencia en el año 1947 ya resulta inadecuado para un establecimiento educacional de esta naturaleza. Porque si hay una actividad en la cual se producen con mayor frecuencia e intensidad cambios básicos y profundos respecto de la apreciación de las fórmulas tendientes a resolver los diversos problemas prácticos o técnicos que se presentan, es precisamente la que desarrollan los hombres que reciben educación de esa índole. Ello obliga a la Universidad Técnica, entonces, a realizar continuas transformaciones en la organización de sus diversas escuelas, en las materias que debe enseñar, en la forma como tiene que enfrentar lo relativo a la labor profesional, e incluso en su propia organización. Por eso, no puede extrañarnos que no sólo el profesorado de la universidad, sino también sus alumnos y todos los elementos que de alguna manera laboran en ella, se hayan sumado al proceso reformista iniciado en 1967 en todas las universidades, motivado especialmente por la presión estudiantil. Esa adhesión permitió a la Universidad Técnica, mediante una corporación especial formada de común acuerdo por miembros académicos, estudiantiles y no académicos -igual que en la Universidad de Chile y en porcentajes parecidos-, elaborar un estatuto tendiente a modernizarla en los aspectos señalados. Fue así como entregó al Gobierno, para su promulgación luego del pronunciamiento del Congreso, el proyecto de estatuto que hoy día debatimos. Ese estatuto orgánico tomó forma definitiva en la constitución de la Comisión Nacional de Reforma, el 27 de octubre de 1967. Después de diversas revisiones, llegó por fin el 9 de junio de este año al conocimiento del Senado, y la' Sala lo despachará en general hoy día, 11 de agosto. El Primer Congreso Nacional de la Corporación que estudió dicho estatuto contó con un total de 320 delegados, que representaban a 208 miembros académicos, 80 estudiantiles y 32 no académicos, guardando las proporciones de 65%, 25% y 11%, respectivamente. Los diversos títulos tratan sobre constitución de la Universidad, régimen académico, unidad universitaria, gobierno y administración, servicios académicos, técnicas administrativas, y se establecen algunas normas transitorias. Frente al articulado de ese estatuto... El señor AYLWIN (Presidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría. El señor FERRANDO.- Creí que me quedaban dos minutos. El señor LORCA.- Por unanimidad, podemos prorrogar por dos minutos el tiempo de Su Señoría. El señor AYLWIN (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se procederá. Acordado. Puede continuar sus observaciones, señor Senador. El señor FERRANDO.- En estos dos minutos me referiré sólo a un problema del estatuto en discusión, que en este momento es conflictivo. La Universidad Técnica del Estada mantiene en algunas partes lo que podríamos llamar "escuelas industriales dependientes del Ministerio de Educación". En Santiago, en Temuco y en otras zonas mantiene un grado técnico que corresponde al antiguo grado de oficios, equivalente a la educación media profesional dependiente del Ministerio de Educación. Pero como han estado adheridas a la Universidad Técnica del Estado, algunos han creído conveniente que esas escuelas permanezcan donde están. El proyecto de estatuto permite mantenerlas en esa condición. Pero el Ministerio de Educación prefiere que vayan desapareciendo, igual como las escuelas anexas a los liceos, porque la educación básica es una; la media, otra y la universitaria, una distinta. Es decir, la Secretaría de Educación pretende que la Universidad Técnica del Estado se dedique sólo a la parte universitaria y no a la correspondiente a la enseñanza media profesional. El proyecto de estatuto contiene un artículo transitorio según el cual desde 1972 esas escuelas no recibirán más alumnos en primer año; sin embargo, estoy de acuerdo con la indicación de los Honorables señores Montes y Baltra destinada a suprimir ese precepto, a fin de que, en definitiva, el problema lo resuelvan de común acuerdo la Universidad, el Ministerio de Educación y la Dirección de Educación Profesional y Técnica, en la medida en que esa Secretaría de Estado disponga de recursos y capacidad necesarios para acoger a los alumnos que en este momento reciben la enseñanza impartida por dichas escuelas. En todo caso, cualquiera que sea el momento en que el Ministerio de Educación se sienta en condiciones de recibir a quienes ingresen a esos planteles, los alumnos que en la actualidad estén cursando el primer año en los establecimientos de educación media profesional de la Universidad Técnica distribuidos a lo largo de Chile, permanecerán en el respectivo plantel hasta completar el ciclo. Cuando la Universidad Técnica y el Estado se encuentren en condiciones de resolver el problema, desde ese mismo momento regirá la referida supresión respecto del ingreso a los primeros años de educación media profesional en los establecimientos de la Universidad Técnica del Estado. Hay algunas cosas más que decir, pero no podré hacerlo, por haber terminado mi tiempo. El señor BALTRA.- Señor Presidente, la Universidad Técnica del Estado, como aquí se dijo, se creó en 1947, y desde entonces hasta ahora se ha transformado en un instituto de estudios superiores de gran importancia dentro del desarrollo cultural del país. En la actualidad cuenta con 8 sedes en provincias y 6 importantes escuelas en Santiago. El total de su alumnado alcanza en este momento a 25.000 educandos. Se rige por un estatuto orgánico que data del año 1952, aprobado en virtud de la ley 10.259. Indudablemente, las circunstancias de aquella época no existen en la actualidad. Por lo tanto, dicho estatuto ya no puede responder a las necesidades de hoy día en cuanto a organización y generación del poder en ese establecimiento de enseñanza superior. Por eso, en ésa como en las restantes universidades del país, surgió en 1967 un poderoso movimiento reformista encaminado al establecimiento de nuevas estructuras para su administración y organización. En la Universidad Técnica del Estado, ese movimiento tomó forma en la Comisión Nacional de Reforma creada el 27 de octubre de 1967. El Primer Congreso de la Corporación se celebró en junio de 1970, y tuvo como única finalidad estudiar y aprobar un proyecto de nuevo estatuto orgánico. Fue ese proyecto el que el Gobierno sometió a la consideración del Parlamento. Tuvimos oportunidad de imponernos de él y discutirlo en la Comisión de Educación, donde fue objeto de diversas modificaciones, todas las cuales se aprobaron por unanimidad. A todas las sesiones asistió el señor Rector de la Universidad; el señor Ministro de. Educación concurrió a algunas, y en otras se contó con la presencia de representantes suyos. Es preciso dejar constancia del alto espíritu con que la Comisión de Educación, sin hacer distingos entre Senadores de Oposición y de Gobierno, se abocó al estudio del problema a que se refirió su Presidente, el Honorable señor Ferrando. Existe una norma que, luego de aprobarse, ha resultado conflictiva. Se trata del artículo VIII transitorio, respecto del cual con el Honorable señor Montes presentamos una indicación, que el Senador señor Ferrando también suscribió, tendiente a establecer una fórmula más flexible, menos rígida que la consagrada en dicho precepto. Nada más, señor Presidente. El señor MONTES.- Señor Presidente, aprobamos el nuevo estatuto de la Universidad Técnica del Estado y dimos nuestra autorización para que lo dicte el Primer Mandatario. A nuestro juicio, ese establecimiento de enseñanza superior constituye un aporte de gran importancia para el desarrollo económico del país, mediante la formación de técnicos y especialistas, y, además, contribuye de manera decisiva al desenvolvimiento de todo el proceso tecnológico nacional. Por otro lado, estimamos que dicho plantel, a lo largo de su existencia, se ha transformado aceleradamente en una universidad nacional: no sólo realiza sus actividades en la capital de la república, donde tiene sus escuelas, sino también, como se ha señalado, en distintas provincias, donde funcionan diversas sedes. Luego, nos parece conveniente destacar, como lo hizo el Honorable señor Baltra, que el nuevo estatuto estudiado y aprobado por la comunidad universitaria, en un congreso democrático realizado para tal efecto, tiene relación muy directa con el gran proceso de reforma que han vivido las universidades de nuestra nación, hecho que tuvimos oportunidad de analizar cuando el Senado aprobó el nuevo estatuto de la Universidad de Chile. En consecuencia, el cuerpo legal que regirá las actividades docentes, académicas y administrativas de la Universidad Técnica está de acuerdo con la realidad que en estos momentos viven los institutos universitarios de Chile, en particular el señalado, con relación al importante proceso denominado "reforma universitaria". Para poner de manifiesto lo que son la Universidad Técnica del Estado y sus objetivos, quiero destacar tan sólo lo que dispone el artículo 1º del nuevo estatuto, que dice: "La Universidad Técnica del Estado es una comunidad democrática y autónoma de trabajo creador destinada a conservar y desarrollar los bienes del saber y de la cultura por intermedio de la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la docencia superior y la extensión. "En el cumplimiento de estas funciones la Universidad debe contribuir a crear una conciencia crítica y una decisión de cambios para construir una nueva sociedad." Pensamos que en esa formulación está el meollo de lo que significan ese instituto de enseñanza superior y sus proyecciones, toda vez que la Universidad Técnica expresa en sus propios estatutos que ella sirve al proceso de transformaciones que vive nuestra sociedad. Está al servicio del pueblo, al servicio de los cambios. Nos parece que esta formulación, de una u otra manera, bajo tal o cual forma, está contenida también en el Estatuto de la Universidad de Chile. Pensamos que las modificaciones introducidas por la Comisión de Educación del Senado al proyecto de estatuto, cuyo informe tenemos a la mano, no cambian el contenido de lo aprobado por la comunidad universitaria. Son más bien algunas enmiendas de forma, que, a nuestro juicio, mejoran las disposiciones que han sido modificadas. Y respecto de aquellos preceptos con los cuales la comunidad universitaria ha manifestado su disconformidad por la forma como se procedió por parte de la Comisión, en cuanto alteran algunos de sus artículos, nos hemos permitido tratar de interpretar esa inquietud proponiendo, a nuestra vez, modificaciones como aquella indicación a que ya se hizo referencia y que será considerada por el Senado en su oportunidad. Los Senadores comunistas terminamos nuestras palabras diciendo que concordamos con el estatuto propuesto por la Universidad Técnica del Estado y, a la vez, con aquellas enmiendas que le introdujo la Comisión de Educación, que no alteran el fondo o contenido de lo aprobado por esa comunidad universitaria y que han tendido a mejorarlo. Estimamos que era ya tiempo de que esta herramienta legal en manos de la Universidad Técnica fuera aprobada por el Congreso, con el objeto de que ese plantel de enseñanza superior pueda disponer de este estatuto legal, que la habilita para desenvolverse de mejor manera y más acorde con las nuevas estructuras que debe darse en sus funciones académicas. El señor SILVA ULLOA.- Señor Presidente, no es mi propósito reiterar conceptos ya emitidos aquí por los Honorables señores Ferrando, Baltra y Montes respecto de la importancia de la Universidad Técnica del Estado, como también de la importancia que reviste el proyecto que nos ocupa en estos instantes. Compartimos todos los criterios, salvo lo establecido en el artículo VIII transitorio del proyecto de estatuto contenido en el mensaje, precepto que ha sido modificado por la Comisión de Educación. Junto con el Honorable señor Chadwick, presentamos indicación para que prevaleciera en esta materia el texto elaborado por el Consejo Universitario y que se aprobó en la sesión 543, de fecha 9 de junio de 1971. El artículo VIII transitorio establece que "las Sedes en las cuales funciona el Grado de Oficios, lo incorporarán a su organización con la denominación de "Escuela Técnico Profesional", y aquellas en las cuales no funciona dicho grado, podrán crearlo. Con este objeto el Consejo Superior dictará el reglamento respectivo." En Antofagasta, como en muchas otras ciudades del país, existe este grado de oficios, que tiene un prestigio muy bien ganado. Y existe desde antes de la creación de la Universidad Técnica del Estado, o sea, con anterioridad al año 1947, cuando se denominaba "Escuela de Salitre y Minas". Nosotros queremos que esto no desaparezca. Nuestro propósito habría sido restituir el artículo propuesto por el Consejo Universitario. Sin embargo, como comprendemos la urgencia que tiene esta iniciativa y vemos que la indicación formulada por los Honorables señores Montes y Baltra -también la hemos hecho nuestra- convierte en facultativa esta posibilidad de desaparecimiento del grado de oficios de dicho plantel universitario, y como estamos seguros de que la acción de los mismos interesados -alumnos, padres y apoderados- hará imposible dicho desaparecimiento, retiramos la indicación, y apoyaremos la sustitutiva. Lo haremos con el fin de que el proyecto sea despachado en esta misma sesión y no haya necesidad de segundo informe. El señor AYLWIN (Presidente).- Ha terminado el tiempo destinado a la discusión de esta iniciativa. En votación. - (Durante la votación). El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, quiero destacar en esta oportunidad la forma como actuó la Comisión de Educación del Senado, que estudió a plena conciencia y en profundidad la iniciativa legal que nos envió el Ejecutivo respecto del Estatuto de la Universidad Técnica del Estado. Ya el Honorable señor Ferrando, presidente de esa Comisión, dentro de los escasos minutos de que disponía se refirió a algunos aspectos de fondo del proyecto. Por eso, ahora sólo quiero señalar que al término de las sesiones de la Comisión -celebramos varias-, el Rector de la Universidad Técnica, don Enrique Kirberg, manifestó, en nombre de dicho plantel universitario, los agradecimientos a la Comisión de Educación del Senado por haber estudiado y despachado este proyecto, de tanta trascendencia para ese plantel, con gran sentido de responsabilidad y con un criterio amplio, inspirado sólo en el bien de la educación universitaria técnica, prescindiendo del carácter de Oposición o de Gobierno de los Senadores, según fueron sus palabras. Como Senador democratacristiano, me siento muy complacido de que el señor Kirberg y la Universidad Técnica hayan reconocido la forma como actuamos en la Comisión de Educación, que, por lo demás, corresponde a nuestra actuación normal frente al Gobierno y a las instituciones donde nosotros no somos mayoría. Quiero hacer presente que es en el artículo 4º del proyecto donde se establece la más amplia libertad de expresión y la coexistencia, dentro de la comunidad universitaria, de todas las ideas, doctrinas y corrientes del pensamiento. En el segundo inciso del mismo artículo, se dispone que "los recintos universitarios son inviolables y las autoridades, o representantes de ella, ajenos a la Corporación, no podrán ejercer sus atribuciones en estos recintos sin anuencia de la autoridad universitaria que corresponda". Yo tuve oportunidad de señalar que, a mi juicio, era indispensable colocar al comienzo del inciso segundo la frase "para estos efectos", a fin de que quedara claramente establecido que esta inviolabilidad no consistía en crear una ínsula dentro del territorio nacional, sino que tendía a garantizar, efectiva y realmente, la más amplia libertad de expresión y la coexistencia, dentro de la comunidad universitaria, de todas las doctrinas, de todos los pensamientos, de todas las ideas. Así fue aprobado el precepto por la unanimidad de la Comisión, con la anuencia de los personeros de la propia Universidad Técnica del Estado. En lo que se relaciona con la indicación al artículo VIII transitorio formulada por los Honorables señores Baltra y Montes, concuerdo con lo expresado por el Honorable señor Ferrando: no es nuestro espíritu, el de los Senadores democratacristianos, crear jamás el menor conflicto que pueda significar problema para las universidades del país. Muy por el contrario, y. tal como ha quedado consignado en el proyecto de ley, nuestro espíritu ha sido amplio y comprensivo. Estamos de acuerdo con las ideas que en la oportunidad debida expresó el Ministro de Educación señor Mario Astorga respecto de la necesidad de uniformar la enseñanza técnico-profesional en Chile, y esperamos que la Universidad y los establecimientos de enseñanza técnico-profesional, dentro de la esfera de sus funciones, de acuerdo a un planteamiento lógico, pueda concretar estas aspiraciones tan fundamentales para el Estado, el magisterio, la comunidad universitaria y especialmente los alumnos. Por eso, hago mía también esta indicación con mucho agrado, en razón del espíritu que señalé, y voto afirmativamente el proyecto. El señor NOEMI.- Señor Presidente, obviamente voto a favor del proyecto. Sin embargo, he querido fundar mi voto respecto de este mensaje del Ejecutivo, que tiene por objeto promulgar el nuevo estatuto de la Universidad Técnica del Estado, no sólo por la importancia nacional que la iniciativa tiene, sino también por lo que involucra para las dos provincias que represento en esta Corporación: Ata-cama y Coquimbo. En el informe se dice que ocho de las sedes de provincia forman parte, junto con seis importantes escuelas de Santiago, del plantel con que cuenta esta Universidad Técnica. De esas ocho sedes, el 25% está en la zona que represento, pues dos de ellas están distribuidas entre Coquimbo y Atacama. En Coquimbo, la Universidad Técnica del Estado tiene su sede en la ciudad de La Serena; y en Copiado, en cuanto a la provincia de Atacama, está la antigua Escuela de Minas, que hoy es el plantel universitario mismo. Precisamente, en oportunidad anterior tuve el agrado y el honor de patrocinar una iniciativa legal que hoy ha duplicado los ingresos que este último establecimiento de educación superior tenía. Por consiguiente, es totalmente justificada la satisfacción que a todos nos produce este nuevo estatuto, que, como lo di- ce el informe, es "muy similar al de la Universidad de Chile, es fruto del pensamiento mayoritario de la comunidad universitaria, y contiene conceptos que permitirán a la Universidad Técnica del Estado servir en mejor forma al desarrollo cultural y socio-económico de Chile, mediante la democratización de sus estructuras, la modernización de sus estamentos académicos y administrativos, la planificación de la enseñanza de acuerdo con la realidad nacional y la vinculación con el medio social donde se desenvuelve.". Al fundar mi voto, quiero también citar algunos párrafos de una carta recibida del señor Raúl Naveas Pérez, Vicerrector de la Universidad Técnica del Estado en Copiapó, que dice, entre otras cosas, lo siguiente: "La sede de Copiapó de la Universidad Técnica del Estado, consciente de que el estatuto propuesto es fruto de las aspiraciones de toda la comunidad universitaria que democráticamente le diera aprobación, solicita de usted la misma comprensión y apoyo para esta iniciativa. "La Universidad Técnica del Estado necesita urgentemente el documento legal que permita oficializar las estructuras y realizar adecuada acción universitaria en todos los niveles. "Por tanto, es necesaria una pronta aprobación para el mencionado estatuto orgánico; pero, al mismo tiempo, es necesario que sea aprobado en su total integridad por ser la expresión máxima y representativa de las aspiraciones de nuestra comunidad." Creo que el señor Vicerrector de la sede de Copiapó quedará plenamente satisfecho. Y basta que lea la parte del informe que dice: "Vuestra Comisión efectuó un detenido y acucioso estudio de cada una de las disposiciones del Estatuto, introduciéndole varias enmiendas que mejoraron considerablemente su texto y que motivaron los agradecimientos del Rector señor Kir-berg." De modo que este nuevo estatuto satisface ampliamente las aspiraciones de profesores y estudiantes y también, sin duda alguna, a los representantes de la zona de Atacama y Coquimbo, donde están las universidades a que me he referido. El señor AYLWIN (Presidente).- Puede fundar su voto el Honorable señor Chadwick. El señor CHADWICK.- Señor Presidente, los Senadores socialistas nos abstuvimos de participar en el debate general de este proyecto de ley, por estar en la inteligencia de que debe despacharse sin demora. Nos parece obvia la necesidad de dar una nueva estructuración legal a la Universidad Técnica, después de tantos años transcurridos desde su fundación. Sabemos, porque en todo el país hemos tenido oportunidad de conocerla de cerca, que la Universidad Técnica está realizando una obra de gran trascendencia para la historia y el porvenir de nuestra patria. Allá van a encontrar su educación, su formación profesional, los que habrán de sellos técnicos encargados del desarrollo económico del país. Aquí se han recordado las tradicionales escuelas de minería de La Serena y Copiapó; y, en realidad, no podrían existir las minerías mediana y pequeña, y ni siquiera podría haberse instalado en Chile la gran minería, si no hubiéramos contado con personal formado técnicamente en esos planteles que hoy constituyen la Universidad Técnica del Estado. Los Senadores socialistas, por consecuencia, contribuiremos con nuestros votos a la aprobación general y particular de este proyecto, en el propósito de que pronto quede despachado, como he dicho. El artículo lº es el que contiene la idea matriz de la iniciativa. Por él se viene a dar realidad al viejo anhelo de confiar a un organismo político superior, como es el Ejecutivo, en la persona del Presidente de la República, y a otros técnicos, que son los que componen el Consejo Universitario, la elaboración del nuevo estatuto de esa universidad. Estamos perfectamente de acuerdo en que así sea. Vamos a votar afirmativamente, y no mantenemos más discrepancia que aquella que se produce frente al artículo VIII transitorio, que nos parece precipitado y poco acorde con la realidad de la Universidad Técnica del Estado. No es posible ignorar que los llamados cursos de formación técnica, o sea de educación media, han sido la cuna de esta universidad y corresponden a lo que es la orientación moderna de la educación superior. En todos los países del mundo en que avanza la civilización, se camina por el mismo cauce de reunir el conocimiento técnico con la experiencia práctica, de modo que los oficios y las técnicas no están diferenciados ni pueden mantenerse aparte de lo que es la ciencia o la doctrina. A mi juicio, se haría muy bien en recapacitar y volver sobre los pasos que aquí se insinúan, para consolidar lo que ha sido una formación original en la Universidad Técnica; esto es, confundir en un solo espíritu, en una sola organización, lo que es la formación del técnico y lo que es la creación del profesional. El profesional y el técnico -y esto lo sabemos muy bien todos quienes hemos pasado por las distintas disciplinas universitarias- no son personas que vivan en mundos distintos o antagónicos. Estimamos justo que el artículo VIII transitorio desaparezca del proyecto, y por esto precisamente adherí con mucho gusto a la indicación que elaboró el Honorable señor Silva Ulloa y que después se retiró para dar lugar a la que presentaron los Honorables señores Ferrando y Baltra. Entendemos que este problema puede ser superado mediante una clara comprensión entre el Ministerio de Educación Pública y la propia Dirección de la Universidad Técnica. Es cuanto tenía que decir. Voto que sí. El señor AYLWIN (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto. Aprobado. Ha llegado una sola indicación a la Mesa: la que han mencionado los Honorables señores Baltra, Montes, Silva Ulloa, Chadwik y Ferrando. Si al Senado le parece, se dará por aprobada. Aprobada. Queda despachado el proyecto. VII.- TIEMPO DE VOTACIONES. MODIFICACION DEL CODIGO DEL TRABAJO EN LO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE CONCILIACION. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde votar el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Ballesteros, que modifica el artículo 609 del Código del Trabajo, relativo al procedimiento de conciliación. -Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de ley (moción del señor Ballesteros) : En primer trámite, sesión 13º, en 29 de junio de 1971. Informe de Comisión: Trabajo, sesión 20º, en 13 de julio de 1971. Discusión: Sesiones 26ª, en 27 de julio de 1971; 29ª, en 3 de agosto de 1971. El señor AYLWIN (Presidente).- En votación el proyecto.- (Durante la votación). El señor MONTES.- Señor Presidente, en la discusión de este proyecto, nuestro compañero el Ministro del Trabajo tuvo que argumentar de manera bastante extensa acerca de la inconveniencia que a su juicio representaba la aprobación de esta iniciativa. También oímos argumentos de parte del autor de la moción, destacando las excelencias de la misma. Yo, en esta oportunidad, me abstendré de votar en el artículo único y votaré en contra del artículo transitorio. El señor BALLESTEROS.- Señor Presidente, quedó aplazada la votación de este' proyecto en espera de una indicación que había ofrecido presentar el señor Ministro del Trabajo. Yo acepté, por supuesto, que se postergara un pronunciamiento sobre esta iniciativa, que debía haberse votado la semana pasada. Hoy en la mañana conversé con el señor Ministro, quien me manifestó que, lamentablemente, no había podido estudiar todavía la materia. Sin embargo, le hice presente que yo había recogido sus observaciones, de las cuales la principal reserva consistía en el temor de que la disposición del artículo único prolongara la inamovilidad, lo que podría causar un perjuicio a los propios trabajadores en cuanto a sus posibilidades de ocupación; y que, en consecuencia, había yo redactado una indicación, que leí al señor Ministro -me permito solicitar del señor Presidente que recabe el asentimiento unánime de la Sala para que ella pueda ser considerada- para agregar un inciso a ese artículo único. Repito que al respecto consulté al señor Ministro, quien me dijo que en principio estaba de acuerdo con mi sugerencia, pero que prefería reservar sus observaciones para el segundo trámite, en la Cámara, ya que no había podido hacer examinar por sus técnicos el texto que le propuse, que en principio le parecía adecuado, aunque no completo, para ser bien exacto. Dicha indicación es del siguiente tenor: "En caso de que la Junta de Conciliación declare nulo o ilegal el pliego de peticiones y mientras dicha resolución no se encuentre ejecutoriada, la disposición del artículo 596 del Código del Trabajo sólo se aplicará respecto de los trabajadores que integran la delegación, a que se refiere el artículo 590 del mismo Código, salvo que la resolución de la Junta de Conciliación se fundamente en la falta de antigüedad requerida en la empresa de alguno de los miembros de dicha delegación, en cuyo caso tampoco tendrá aplicación respecto de éstos la mencionada disposición del artículo 596." En otras palabras, se trata precisamente de que no todos los obreros o empleados de la empresa tengan inamovilidaa, sino simplemente quienes tramiten el pliego. Como lo he dicho, esa indicación se la leí al señor Ministro. Me dijo que evidentemente salvaba gran parte de los reparos que él tenía, pero que, por no haber tenido tiempo suficiente para hacerla estudiar por sus técnicos, reservaba su opinión para hacerla presente durante el segundo trámite, en la Cámara de Diputados. En todo caso, propongo que sea incorporada al artículo único, después del inciso segundo. Voto que sí. El señor CHADWICK.- Señor Presidente, aunque el proyecto ha dado lugar a más de alguna duda, en especial en el sentido de que pudiera provocar dilación en el proceso de la conciliación, lo votaré afirmativamente, en la seguridad de que la indicación que nos acaba de leer el Honorable señor Ballesteros viene a salvar el peligro que se advertía por parte del Gobierno. De modo que esta votación favorable está determinada por la consideración que acabo de hacer: la de que la Sala podrá pronunciarse sobre la indicación del Honorable señor Ballesteros y de este modo dejar sin efecto el peligro que se advertía en el proyecto. Creo, además, que la redacción del proyecto limita el recurso de apelación a las resoluciones que declaren nulo el pliego de peticiones o dispongan archivarlo. De raudo que las resoluciones que denieguen la nulidad o nieguen lugar al archivo de los antecedentes no serían susceptibles de apelación o recurso alguno. Pero creo que la crítica que se ha hecho al proyecto es un poco infundada, pues mucho más grave es quedarse con la nulidad, sin recursos, de las gestiones de conciliación, que disponer de un recurso para que se enmiende la resolución de que se trate. De ahí mi convicción de que el proyecto debe ser aprobado, y en tales condiciones lo voto favorablemente. El señor PABLO.- Voto afirmativamente, a pesar de que comparto algunas de las dudas que manifestó el señor Ministro oportunamente, que espero podrán ser subsanadas en la Cámara mediante la indicación que se anunció, que indudablemente supera muchos de los defectos que el proyecto pudiera tener. Podría presentarse el caso, por ejemplo, de contratos de trabajo extendidos por el plazo fijo de dos meses, y en que automáticamente se presentara un pliego de peticiones en el curso del segundo mes, para posteriormente recurrir a la Junta de Conciliación, y después hacer uso de todos los recursos que da la ley, hasta llegar a la Corte Suprema por la vía de la queja. Si la inamovilidad fuera para todos, como lo expresaba el señor Ministro, ello podría derivar en un gran desempleo, pues nadie se atrevería a contratar por un lapso del todo artificial. Entiendo que la indicación del Honorable señor Ballesteros pondrá las cosas en su lugar. En todo caso, como el principio que inspira el proyecto es justo, voto afirmativamente. Si merece algunas enmiendas-, podremos considerarlas en los trámites siguientes. El señor VALENZUELA.- Votaré favorablemente el proyecto. Comparto el criterio original del Honorable señor Ballesteros, porque me parece justo. En cuanto a la indicación, la votaré afirmativamente como un mal menor, tal como se lo he dicho a mi Honorable colega el señor Ballesteros, pues si la rechazáramos tendríamos un veto del Ejecutivo, lo que demoraría mucho la promulgación de la ley. Y es importante que tal demora no se produzca, porque por lo menos habrá inamovilidad para los dirigentes sindicales desde cuando se declare nulo un pliego de peticiones o se disponga su archivo. Lamento mucho que se haya tenido que llegar a esto, pero de otra manera este proyecto se habría encarpetado: ya estamos muy cerca del término de la legislatura ordinaria, y para tratar este asunto en la extraordinaria necesitaríamos el patrocinio del Ejecutivo. En mi concepto, la inamovilidad debería extenderse a todos los trabajadores que se encuentren en conflicto colectivo. Ese es mi criterio y dejo salvada mi opinión. Voto que sí. -Se aprueba en general el proyecto (15 votos por la afirmativa, 1 por la negativa, 1 abstención y 2 pareos). El señor AYLWIN (Presidente).- Si le parece a la Sala, y con la misma votación se aprobaría la indicación del Honorable señor Ballesteros, que agrega un inciso al artículo único. Acordado. Se suspende la sesión por veinte minutos. -Se suspendió a las 18.54. -Se reanudó a las 19.19. VIII.- INCIDENTES. PETICIONES DE OFICIOS. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Continúa la sesión. El señor EGAS (Prosecretario).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria. -Los oficios cuyo envío se anuncia son los siguientes: Del señor Carmona: DESTINACION DE FONDOS PARA RECONSTRUCCION DE TALTAL (ANTOFAGASTA). "Al señor Ministro de Hacienda, a fin de que dé solución al serio problema que se ha creado al departamento de Taltal, a raíz de la no entrega por parte de los organismos respectivos, de los fondos destinados para Taltal por ley Nº 17.271. La ley en referencia, destinaba el 1% de los ingresos de los artículos 26, 27 y 33 de la ley Nº 16,624, de 15 de mayo de 1967, a la reconstrucción de esa ciudad y a la ejecución de un plan de desarrollo industrial, pesquero y minero por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo y la Corporación de Fomento de la Producción. "Con fecha 4 de noviembre de 1970, CORFO-NORTE, de la ciudad de Antofagasta, por Oficio Nº 1140, recomendó un programa de inversiones al Consejo de CORFO, estimado en seis millones de escudos (Eº 6.000.000), calculando, más o menos, el rendimiento de la citada ley; pero los fondos no fueron destinados oportunamente. "En virtud a lo expuesto, solicito al señor Ministro de Hacienda una pronta solución al problema planteado, ya que en la actualidad existen en la ciudad de Taltal dos obras importantes paralizadas por falta de fondos para continuar las construcciones, entre ellas las del teatro municipal y edificio para oficinas públicas." APLICACION DE LEY DE FRONTERA LIBRE ALIMENTICIA EN ANTOFAGASTA. "Al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, solicitándole la pronta fijación de prestaciones para algunos artículos de consumo contemplados en la Ley de Frontera Libre Alimenticia. "El día 13 de julio del presente año, en la reunión efectuada por la Comisión Especial de la ley Nº 12.858, de Frontera Libre Alimenticia, en la ciudad de Antofagasta, se dejó pendiente la fijación de prestaciones para artículos, tales como leche condensada, leche en polvo y harina de trigo, por no existir concordancia entre los precios de venta dados a conocer por productores extranjeros al comercio de esa ciudad, y a los que tomó como base el representante del Ejecutivo para proponer dichas prestaciones. "Como la Cámara de Comercio de Antofagasta ha realizado detenidos estudios sobre esta materia y ha propuesto al señor Ministro los valores correspondientes por prestaciones en los artículos aludidos, mucho agradeceré que al tenor de las consideraciones expuestas, se acojan las sugerencias formuladas por la Cámara de Comercio de Antofagasta, que, como indica en su Oficio Nº 39-71, de fecha 26 de julio de 1971, no tienen otro objeto que evitar alzas desmedidas de artículos de subsistencia tan indispensables para la zona." CAMPEONATO MUNDIAL DE CAZA SUBMARINA EN IQUIQUE (TARAPACA). "Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, en los siguientes términos: "He recibido una serie de peticiones de diversas instituciones gremiales de la ciudad de Iquique. "En el transcurso del mes de septiembre próximo, se efectuará en Iquique el Campeonato Mundial de Caza Submarina. Con motivo de este evento, se espera que numerosas delegaciones deportivas, como también representantes de la prensa y aficionados a este deporte, se harán presentes en el puerto nortino. "La Municipalidad de Iquique ha solicitado de todos sus habitantes ia colaboración especial de pintar sus viviendas, para mostrar a los visitantes una ciudad mejor presentada. Por este motivo, la ANEF, con el respaldo de todos los gremios que la forman, está solicitando a la Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas, un préstamo de 2 meses de sueldo para invertirlos en este fin. "Dada la trascendencia que tiene para Iquique la realización de este evento internacional, ésta petición se encuentra plenamente justificada." Del señor Foncea: NUEVO LOCAL PARA ESCUELA Nº 46, DE CABRERIA, COMUNA DE SAN JAVIER (LINARES). "Al señor Ministro de Educación, a objeto de señalar la urgente necesidad de que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales considere en el Programa de Construcciones para el año 1972, a la Escuela Nº 46 de Cabrería, comuna de San Javier, provincia de Linares. "Cabe hacer presente que en la actualidad dicho establecimiento educacional cuenta con un terreno cuya superficie es de '6.000 metros cuadrados, el cual fue donado al Fisco, mediante escritura pública, por el señor Florencio García Canales, con el propósito de que se construya un moderno edificio, que sustituya al actual local, que carece de la capacidad y condiciones adecuadas para el desempeño de tan altas y significativas funciones. "Además, si se toma en cuenta el enorme interés que ha despertado dentro de la comunidad de esa zona la realización de la obra en referencia, demostrado en una campaña tesonera destinada a reunir materiales de construcción, es de justicia que el señor Ministro interponga sus altas funciones para que la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales disponga la construcción en referencia." Del señor Jerez: MOBILIARIO PARA ESCUELA Nº 10 DE SAN CARLOS, EN SAN FABIAN DE ALICO (ÑUBLE). "Al señor Ministro de Educación Pública, en los siguientes términos: "La Escuela Nº 10 de San Carlos, ubicada en San Fabián de Alico, fue totalmente destruida por un incendio. Ante esta situación, y próximas a reiniciarse las clases después de las vacaciones de invierno, el profesorado se comprometió a reanudar sus tareas en locales de emergencia cedidos por la Tenencia de Carabineros, Posta de Primeros Auxilios y Salón Parroquial, lo que evitaría la pérdida del año escolar. "El señor Ministro se comprometió, en la entrevista que se tuvo el 8 del mes de julio próximo pasado, a proporcionar, para reiniciar las clases, el mobiliario necesario, consistente en 250 juegos individuales para toda la matrícula. "Para ello, es necesario que el señor Ministro dé una orden, a fin de que el comercio de Chillan haga entrega de dicho mobiliario en fecha oportuna, pues sin él las clases no se podrán reiniciar el 9 de agosto, fecha de término de las vacaciones de invierno. "Por lo expuesto, ruego al señor Ministro se sirva dar las instrucciones correspondientes para que se extienda la orden de entrega de dicho mobiliario. "Ruego al señor Ministro informarme de lo que se resuelva al respecto." LOCAL PARA ESCUELA N° 4 DE PEMUCO(ÑUBLE). "Al señor Ministro de Educación Pública, en los siguientes términos: "Me refiero a los deseos de los vecinos de Pemuco, quienes claman por la construcción de un nuevo edificio para la Escuela Nº 4 de esa localidad, la cual funciona en un local de emergencia construido el año 1939. Este plantel escolar, no obstante tener capacidad para 240 alumnos, actualmente atiende a 1.160 alumnos de ambos sexos. "Para 29 cursos que funcionan en dicho local, tiene solamente 11 salas estrechas, en malas condiciones de conservación, pues el estado general de las murallas ya no resiste más a causa de las lluvias y la calidad de los materiales. "Por lo anteriormente expuesto, solicito del señor Ministro interponer sus buenos oficios, a fin de que se estudie la posibilidad de solucionar este problema, ya que, por las pésimas condiciones en que se encuentra el local de la Escuela Nº 4, se necesita, con urgencia, construir uno nuevo, como lo piden los vecinos de Pemuco. "Ruego al señor Ministro informarme de lo que al respecto se resuelva." SUBVENCION PARA ESCUELA NOCTURNA DE CHILLAN (ÑUBLE). "Al señor Ministro de Educación Pública, en los siguientes términos: "La Sociedad Artesanos "La Unión", de Chillan, cuenta en la actualidad con una Escuela Nocturna, totalmente gratuita, la que fue fundada el año 1896, o sea, hace 75 años a la fecha. Actualmente cuenta con una asistencia regular de más o menos 40 alumnos, entre hombres y mujeres, todos de escasos recursos económicos, los cuales, aparte educación gratuita, reciben útiles escolares. Cabe hacer presente que la Escuela mencionada cuenta de 1º a 6º Año Básico; y dichos estudios son válidos, toda vez que los exámenes son tomados por una Comisión designada por la Dirección Provincial de Educación. "Todos los gastos que demanda la mantención de este plantel escolar los sufraga dicha Sociedad, y paga un profesor normalista, quien les hace clases, de lunes a viernes, en el horario de 18,30 a 21,30 horas. "La institución mencionada incurre en demasiados gastos para el mantenimiento de la Escuela Nocturna, pago del profesor, subsidios, cuotas mortuorias, médicos, clínica dental para la atención de sus asociados y alumnos. Todos estos gastos son pagados con las cuotas que mes a mes aportan sus socios con gran sacrificio. "La única ayuda percibida data del año 1929, cuando, según decreto 5.786 y D.S. 5.227, se autorizaba el pago por Tesorería de las subvenciones correspondientes al año 1928, las cuales ascendieron a la cantidad de $ 1.500,00 para la Sociedad Artesanos "La Unión", e igual cantidad para la Escuela Nocturna. Desde esa fecha no se ha recibido hasta hoy ninguna clase de subvención fiscal. "El deseo de la Sociedad Artesanos "La Unión" es ampliar los cursos hasta 7º y 8º Año Básicos, para dar una educación más completa a sus alumnos, lo que motiva la solicitud de pedir al señor Ministro que se sirva ver la posibilidad de otorgar una subvención a esta Escuela Nocturna Obrera, ya que, dada la obra que realiza y los fines que persigue, se hace acreedora a la ayuda fiscal solicitada con fecha 6 de mayo del presente año, en presentación dirigida al Director Provincial de Educación de Chillan, y cuya copia se le adjunta. "Agradeceré al señor Ministro informarme de lo que al respecto se resuelva." EDIFICIO PARA ESCUELA Nº 10 DE SAN FABIAN DE ALICO (NUBLE). "Al señor Ministro de Educación Pública, en los siguientes términos: "Como es de conocimiento de V. S., la Escuela Nº 10 de San Fabián de Alico, del departamento de San Carlos, provincia de Ñuble, que daba cabida a 500 alumnos, se incendió y quedó destruida totalmente, ya que el local era de madera. "El fuego destruyó, además, los muebles, los útiles de trabajo, el instrumental, etcétera. Este local de emergencia había sido edificado de madera el año 1939. "El caso es que ahora ya disponen de un terreno fiscal para la construcción de una Escuela, y los vecinos de San Fabián de Alico han logrado reunir alrededor de Eº 5.000 en una campaña de solidaridad pro nuevo establecimiento escolar para dicha localidad. "La situación que se presenta ahora es de suma urgencia, pues se trata de obtener momentáneamente un local para que el alumnado y profesores no pierdan el desarrollo de la instrucción por el resto del presente año, mientras V. S. disponga el estudio para construir un edificio para la Escuela Nº 10 de San Fabián de Alico." "Solicito al señor Ministro informarme de lo que resuelva sobre el particular." POSIBILIDAD DE REJUBILAR PARA PENSIONADOS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE CONCEPCION. "Al señor Ministro de Defensa Nacional, en los siguientes términos: "Un grupo de pensionados de las Fuerzas Armadas, de Concepción, que trabaja en empresas particulares, me ha expuesto que desea jubilar; pero este tiempo no les es válido en la Caja de Empleados Particulares y deben esperar tener 65 años de edad para obtener otra pensión por vejez. "El caso es que a una persona que ha sido dada de baja en las Fuerzas Armadas, por tener 20 años o un poco más de servicios, y que está trabajando en alguna empresa particular, no se le permite traspasar sus imposiciones a la empresa en que trabaja para rejubilar, lo que en realidad perjudica enormemente su situación económica. "Lo que desean estos pensionados es que se estudie este problema para darle una solución. Si se estima conveniente, ello podría lograrse mediante un proyecto de ley en que se considere el traspaso de sus imposiciones a la Caja que le corresponda para rejubilar; o bien, jubilar a los 60 años de edad, en vez de los 65 que actualmente se fija, por tener completado, entre las Fuerzas Armadas y su actual empleo, más de 40 años de servicios con imposiciones en distintas cajas de previsión. "Por lo expuesto, solicito de V. S. que se sirva considerar la exposición que antecede y que los pensionadas de las Fuerzas Armadas, de Concepción, hacen por mi intermedio. "Solicito al señor Ministro informarme sobre lo que al respecto se resuelva." FALTA DE ATENCION MEDICA EN HOSPITAL DE QUIRIHUE (ÑUBLE). "Al señor Director del Servicio Nacional de Salud, en los siguientes términos: "El hospital de Quirihue, desde el 24 del mes próximo pasado, mediante un aviso colocado en las puertas de ese establecimiento, comunica que sólo se darán 28 fichas para atender a la misma cantidad de enfermos, de preferencia a las guaguas. También anuncia que no habrá rondas en las postas. La explicación que expone el Director es que son razones de fuerza mayor. "Es de esperar que esta medida sea provisional porque en este mes y en el siguiente, a causa de los fríos y las lluvias, es cuando recrudecen las epidemias y enfermedades. "Ruego al señor Director que se sirva informarme si está en su conocimiento esta medida tomada por el Director del hospital, y si se han adoptado algunas providencias para evitar el perjuicio que se hace a la población de un pueblo como Quirihue, que cuenta con muchos habitantes y que, al buscar otros medios de atención médica, tendría que hacerlo en pueblos o ciudades vecinas, todo lo cual aparece dificultado por los escasos medios de locomoción." DESIGNACION DE PERSONAL MEDICO PARA HOSPITAL DE QUILLON (ÑUBLE). "Al señor Director del Servicio Nacional de Salud, en los siguientes términos: "Los habitantes de Quillón reclaman con urgencia la designación de un médico residente para el hospital, ya que, pese a sus reiteradas quejas para conseguirlo, los resultados han sido negativos. "Esta situación de que el hospital carezca de médico residente provoca serias dificultades, pues en casos de emergencia, deben partir con los enfermos al hospital de Florida, lo que a veces es más grave porque la ambulancia no queda en las noches en Quillón. Además, el establecimiento hospitalario no cuenta con enfermeras ni matrona. "Por lo anteriormente expuesto, y en vista de la gravedad que existe para la atención médica en el hospital de Quillón, por la falta de médico residente, enfermeras y matrona, solicito al señor Director que se estudie esta situación para ver la posibilidad de que a la brevedad se solucionen dichos problemas. "Ruego al señor Director informarme de lo que se resuelva sobre el particular." Del señor Luengo: TELEFONO PUBLICO Y RETEN DE CARABINEROS EN POBLACION LAUTARO, DE NACIMIENTO (BIO-BIO). "Al señor Ministro del Interior, pidiéndole su interés a fin de que se solucionen dos problemas que preocupan por largo tiempo a los pobladores de la población Lautaro, de Nacimiento, provincia de Bío-Bío: instalación de un servicio de teléfono público y construcción del Retén de Carabineros. "Se trata de 150 sitios, donde, por el sistema de autoconstrucción, habitan aproximadamente unas 1.000 personas, según encuesta realizada por el Centro de Madres de la población, denominada "Las Mercedes". "En atención a lo anterior, solicito del señor Ministro, se sirva adoptar las providencias del caso a fin de que se resuelvan favorablemente estos dos problemas, y se dé así satisfacción a la petición de esos numerosos pobladores." PAVIMENTACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PUENTE EN POBLACION LAUTARO, DE NACIMIENTO (BIO-BIO). "Al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, pidiéndole se sirva tener a bien considerar con el mayor interés la comunicación que le remitiera con fecha 10 de julio pasado el Centro de Madres "Las Mercedes" de la población Lautaro, de Nacimiento, provincia de Bío-Bío, que me permito transcribir en los dos puntos que se relacionan con ese Ministerio: "1º.- Pavimentación de 1.600 metros del camino al lado norte de la Estación de Nacimiento, y "2º.- La pronta construcción de la base en concreto (hormigón armado) del antiguo puente sobre el río Vergara que une directamente a esa población con la ciudad de Nacimiento. "Me permito solicitar al señor Ministro tenga a bien informarme respecto a la solución que dé al problema que me he permitido transcribirle." HOSPITAL PARA POBLACION LAUTARO, DE NACIMIENTO (BIO-BIO). "Al señor Ministro de Salud Pública, a fin de que se sirva disponer que el Director del Servicio Nacional de Salud, accediendo a la petición formulada por el Centro de Madres "Las Mercedes", de la población Lautaro, de Nacimiento, de la provincia de Bío-Bío, disponga apresurar la construcción y habilitación del hospital de la ciudad, dotándolo de una capacidad superior a las 100 camas, ya que en un número inferior quedaría insuficiente para la atención de la numerosa población que deberá solicitar sus servicios." LUZ ELECTRICA Y AGUA POTABLE PARA POBLACION LAUTARO, DE NACIMIENTO (BIO-BIO). "Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, pidiéndole su intervención a fin de que solucione el grave problema que afecta a la población Lautaro, de Nacimiento, de la provincia de Bío-Bío. "Se trata de 150 sitios construidos por el sistema de autoconstrucción, cuya población carece de urbanización. Están ubicados a tres kilómetros de Nacimiento, pero pertenecen a la comuna de Negrete, de la que distan 16 kilómetros. La mayor urgencia en cuanto a urbanización es la falta de luz eléctrica y agua potable. En esta población, habitan aproximadamente unas 1.000 personas, según encuesta realizada por el Centro de Madres, denominado "Las Mercedes". "Todos los antecedentes se encuentran en CORHABIT. "Espero que el señor Ministro dé las órdenes pertinentes, a fin de que algún organismo de su dependencia se aboque a este problema y alivie la situación de estos esforzados pobladores." Del señor Morales Adriasola: CONDONACION DE EMPRESTITO A MUNICIPALIDAD DE AISEN. "Al señor Ministro de la Vivienda y Urbanismo, con el objeto de que se disponga la condonación del empréstito concedido por la Corporación de Servicios Habitacionales a la Ilustre Municipalidad de Aisén para construir el Cine Municipal de Puerto Aisén, debido a la aflictiva situación económica por que atraviesa esa Corporación Municipal, situación ésta que oportunamente fue puesta en conocimiento de esa Secretaría de Estado." Del señor Olguín: ALZA DE TARIFAS PARA MINEROS DE ANTOFAGASTA. "Al Ministro de Hacienda, en los siguientes términos: "La Asociación Minera de Antofagasta solicita que ante la difícil situación minera de la zona norte, se otorgue un financiamiento adecuado a ENAMI, con el fin de que pueda cumplir el compromiso contraído con los mineros en el sentido de alzar las tarifas de compras." "Considero de justicia la medida tomada por ENAMI, para paliar en parte la grave crisis que están afrontando los mineros de la zona que represento." PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS EN MUNICIPALIDAD DE POZO ALMONTE (TARAPACA). "Al Contralor General de la República, en los siguientes términos: "La Municipalidad de Pozo Almonte, recientemente constituida, en marzo de este año, contrató personal para la puesta en marcha de la corporación. El presupuesto municipal fue aprobado con fecha posterior. "Después de la elección última de regidores, hubo cambio de Alcalde. La actual administración habría deseado cambiar parte del personal despidiendo a algunos funcionarios. Esta situación, al parecer ilegal, me ha sido planteada por uno de estos funcionarios, doña Elidía Ramírez Quiroz, quien se desempeñó desde el 24 de marzo de este año en la Oficina de Partes, con grado 13. "Le envío al señor Contralor copia del decreto de nombramiento y del decreto de cese de cargo de doña Elidía Ramírez Quiroz. Solicito al señor Contralor, si es posible, analizar por intermedio del Departamento de Municipalidades de la Contraloria el caso expuesto. "Por último, parecería útil el envío de un Inspector de Contraloría en visita a la Municipalidad de Pozo Almonte para analizar éste y otros casos planteados por algunos señores regidores." IMPORTACION DE VEHICULOS MOTORIZADOS PARA IQUIQUE (TARAPACA). "Al Subsecretario de Transporte y al Director de Locomoción Colectiva, en los siguientes términos: "La Junta Reguladora del Tránsito, Alcalde, CUT y otras instituciones de la ciudad de Iquique, apoyan una solicitud de importación de vehículos que hiciera el Sindicato Profesional de Choferes de la movilización colectiva de esa ciudad. Los antecedentes fueron enviados en su oportunidad a esa Subsecretaría, los cuales fueron devueltos con la observación de que se importarían chasis para carrozarlos en el país. "El Sindicato Profesional de Choferes de la Movilización Colectiva tenía muy adelantada la adquisición de vehículos a bajo costo y con créditos a largo plazo, de origen soviético, y sólo faltaba la aprobación de esa Subsecretaría para hacer la internación. Contaban incluso con el financiamiento de cada uno de los socios que optaban a estos vehículos. "Dada la gravedad de la actual situación de la movilización colectiva en Iquique, compartida por todos los organismos vivos de la ciudad, se solicita a esa Subsecretaría la reconsideración de esa medida y autorizar la importación solicitada por dicho sindicato." EXPROPIACION DE ALGUNAS VIVIENDAS EN POBLACION SARGENTO ALDEA, DE IQUIQUE (TARAPACA). "Al señor Vicepresidente Ejecutivo y Directores de la Corporación de Mejoramiento Urbana, en los siguientes términos: "Existe la idea de expropiar las viviendas de la población Sargento Aldea de Iquique, ubicada en las calles 6 Oriente, Sargento Aldea y Latorre, para construir allí otra población. Esa población está formada por antiguos trabajadores de la pampa salitrera y obreros de Iquique, quienes han construido sus viviendas con material sólido, y ellos cuenta con alcantarillado, agua potable y luz, todo esto con gran esfuerzo de los propios pobladores. "El proyecto de expropiación de COR-MU para construir la población para la Cooperativa Salvador Yáñez abarca otros terrenos, además de la manzana 458. Si los otros terrenos están desocupados, no habría inconveniente para expropiarlos; pero no ocurre así en esta manzana donde hay modestos propietarios que han construido sus viviendas y que serían sacados de ahí mediante una actitud que ellos consideran inhumana." PRESTAMO A EMPLEADOS FISCALES DE IQUIQUE (TARAPACA). "Al Vicepresidente de la Caja de Empleados Públicos y Periodistas, en los siguientes términos: "La Asociación de Empleados de Obras Sanitarias, Asociación Provincial funcionarios del Trabajo y SUTACH, solicitan por mi intermedio que se les considere en la otorgación de un préstamo de dos meses de sueldo, solicitado por ANEF de Iquique, con motivo del Campeonato Mundial de Pezca Submarina que se realizará en ese puerto nortino en el mes de septiembre próximo. "Consciente de los problemas creados por el último sismo que azotó a nuestro país y de la ayuda que esa Caja de Previsión está prestando a los damnificados, le ruego tenga a bien estudiar la posibilidad de conceder dicho préstamo, para paliar en parte los problemas económicos que se le crearán a los habitantes de Iquique, ciudad que, para honra de todos los chilenos será sede de un evento tan importante como es un campeonato mundial." Del señor Pablo: PRORROGA EN PAGO DE DEUDA A INDAP, DE COOPERATIVA AGRICOLA FUNDO CABRERA LTDA. DE SANTA JUANA (CONCEPCION) Y SUSPENSION DE APREMIO PARA EL PAGO. "Al señor Ministro de Agricultura, a fin de que tenga a bien disponer en forma urgente, dado que la situación perjudica en este instante a los campesinos de la Cordillera de Nahuelbuta, que se acceda a la solicitud presentada por la Cooperativa Agrícola Fundo Cabrera Ltda. de Santa Juana, provincia de Concepción. La petición consiste en que el INDAP conceda prórroga hasta el mes de diciembre en el pago de la deuda que mantiene la Cooperativa mencionada. "El Instituto de Desarrollo Agropecuario, Zonal Concepción, concedió un crédito para la adquisición de maquinarias Funcionarios de ese Instituto las seleccionaron. Posteriormente, y luego de sólo dos meses de uso, se dañaron en forma grave, lo que impidió a los campesinos cumplir sus compromisos pecuniarios con el INDAP. "Los procedimientos legales de apremio para el pago han motivado que los dirigentes tengan en su contra órdenes de detención y arresto. Debido a que se trata de modestos campesinos que se esfuerzan en producir en una zona inhóspita y alejada, extraña, tanto a las organizaciones agrarias de la localidad como a la opinión pública, que aparezca el Gobierno dictando órdenes que conducen a la privación de la libertad de dirigentes campesinos que deben afrontar los problemas derivados de circunstancias ajenas a su voluntad. "Cabe hacer notar que, por denuncia del Consejo Local Campesino, el señor Ministro de Agricultura tomó conocimiento del hecho y dictó órdenes para arreglar la situación. Aparentemente dichas órdenes no se han cumplido, puesto que el apremio legal a los campesinos se ha hecho aún más riguroso. "Por las razones expuestas, solicito al señor Ministro que ordene suspender los procedimientos legales de apremio para el pago." CONFLICTO LABORAL EN COOPERATIVA DE CONSUMOS "SUPERCOOP", DE CONCEPCION. "Al señor Ministro del Trabajo y Previsión Social, a fin de que sirva ordenar la reanudación de faenas en el conflicto que mantienen la empresa y el personal de trabajadores de la Cooperativa de Consumos Supercoop de Concepción. Dicho conflicto, además de perjudicar gravemente a más de 90 trabajadores, quienes piden que se dicte este decreto, dificulta el abastecimiento de artículos de primera necesidad a los habitantes de Concepción y Hualpencillo, donde esa empresa suministra dichos artículos. "Cabe hacer presente que la Cooperativa "Supercoop" está siendo intervenida por la División de Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción." VIVIENDAS PARA COMITE DE EMPLEADOS SIN CASA DE CHIGUAYANTE DE CONCEPCION. "Al señor Vicepresidente de la Caja de Previsión de Empleados Particulares de Chile, para que tenga a bien considerar dentro de los planes futuros de esa Caja la construcción de una población de 40 casas para el Comité de Empleados Sin Casa de la localidad de Chiguayante. Todos son imponentes desde hace 20 años o más y no cuentan con casa propia. Solicito, además, que se estudie la asignación de una baja amortización al pago de dichas casas, de modo que puedan postular estos imponentes, en su mayoría de modestas condiciones económicas. "Pido que esa población se considere en el Plan de Viviendas que la Caja ha aprobado construir este año en esa zona." INSPECCION DEL SERVICIO DE SEGURO SOCIAL EN LOLOL (COLCHAGUA). "Al señor Director del Servicio de Seguro Social, pidiéndole la creación de una Agencia e Inspección de ese Servicio en la localidad de Lolol, de la provincia de Colchagua, ya que la oficina más próxima está en Santa Cruz, lo que ocasiona graves problemas a obreros y asegurados para viajar a la última localidad mencionada." Del señor Valenzuela: PRESTAMOS PARA PALIAR EFECTOS DE TEMPORAL A SOCIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE RANCAGUA (O'HIGGINS). Al señor Ministro de Hacienda, a objeto de que se sirva dar solución a la grave situación que se presenta a los socios de la Cámara de Comercio e Industrias de Rancagua, derivada de los estragos sufridos en edificios y locales de sus establecimientos con el temporal de nieve y lluvia, otorgándoles los préstamos que se autorizaron por esa Secretaría de Estado." CONSTRUCCION Y HABILITACION DE MATERNIDAD DEL HOSPITAL DE RANCAGUA (O'HIGGINS). "Al señor Director General del Servicio Nacional de Salud, haciéndole presente la urgente necesidad de la construcción y habilitación futura de la Maternidad del Hospital Regional de Rancagua, problema analizado en una reunión que realizó el Colegio Médico en el Hospital antes mencionado. "Es de suma importancia dar una rápida solución a este problema que afecta a la población de la zona." TABLA DE FACDL, DESPACHO PARA LA PROXIMA SESION ORDINARIA. El señor EGAS (Prosecretario).- El señor Presidente anuncia la siguiente tabla de Fácil Despacho para la sesión ordinaria de la próxima semana: Proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966. Proyecto de acuerdo, iniciado en mensaje, que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sancionado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Proyecto de ley que denomina "General Rene Schneider Chereau" a la Escuela Nº 58 de Santiago y a la Escuela Básica Nº 29 de San Bernardo. Proyecto de ley que denomina "Eugenio Matte Hurtado" al Liceo de Hombres Nº 14 de Santiago, y "Ernesto Bohn" al Liceo de Hombres Nº 2 de Temuco. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra en el tiempo del Comité Nacional. El señor RODRIGUEZ.- No, señor Presidente. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Ese es el orden que me señalaron. El señor OCHAGAVIA-Señor Senador, la cesión de tiempos se hará en los términos acordados con la Secretaría. REQUISICION DE PEQUEÑA INDUSTRIA EN MAGALLANES. El señor OCHAGAVIA.- Deseo esta tarde dar a conocer, por medio de esta alta tribuna, un hecho que ha provocado conmoción en la provincia de Magallanes, que represento en el Honorable Senado. En efecto, después de la asunción al mando del actual Presidente de la República, don Salvador Allende, el país ha sido testigo de cómo el Gobierno de la Unidad Popular ha querido llevar adelante su programa en el sentido de crear un área estatal, primero, de las compañías mineras y, después, de las grandes empresas, con el objeto de que tengan un mejor aprovechamiento por parte del Estado. No me pronunciaré en esta ocasión sobre el juicio que nos merece la eficiencia que pueda tener la explotación estatal. Pero quiero referirme a un hecho que, a mi juicio, quebranta el compromiso del Primer Mandatario de respetar al pequeño y mediano empresario industrial. La denuncia que debo hacer ante el Senado está relacionada con un obrero de la provincia de Magallanes, jubilado del Servicio de Seguro Social, quien en 1964 obtuvo la concesión en arrendamiento de un lote fiscal con el objeto de montar un aserradero que lleva el nombre de Monte Azul, el cual trabaja con la ayuda de su esposa e hijos. Esa pequeña industria daba ocupación a 27 obreros y era, como comprenderá el Senado, una pequeña empresa dirigida y trabajada por su propietario. Sin embargo, y en forma totalmente arbitraria, dicho aserradero fue requisado por la DIRINCO de Magallanes, en vir-tu de la resolución Nº 312, de 16 de julio de este año, que pido insertar en esta parte de mi discurso. -El documento, cuya inserción se acuerda más adelante, es el siguiente: "Ref.: Requisa aserradero de la provincia de Magallanes que indica y designa Interventor. Nº 312.- Punta Arenas, 16 de julio de 1971. Teniendo presente: Que se denunció ante esta Oficina Provincial, Magallanes, de la Dirección de Industria y Comercio, por baja infundada de la producción, según Oficio Nº 768, de fecha 14 de julio de 1971, del Servicio Agrícola Ganadero, al establecimiento de aserraderos de madera perteneciente a don Guillermo Ahern Vidal, ubicado en la provincia de Magallanes, departamento de Magallanes, del lugar denominado "Agua Fresca", y que, las diligencias practicadas hacen presumible un notable desabastecimiento del producto elaborado, y dificulta el oportuno consumo de madera para las necesidades de la provincia de Magallanes. Vistos: el eficio Nº 768, de fecha 14 de julio de 1971, del Servicio Agrícola Ganadero; el informe evacuado por un funcionario de esta Oficina Provincial, y lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº 1.262, de 1953, en relación con el D.F.L. Nº 242, de 1960; el Decreto Supremo Nº 338, de 1945; el Decreto Supremo Nº 257, de 1964; y el Decreto Supremo Nº 1.379, de 1966, todos del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Resuelvo: 1.- Requísese el uso y goce del establecimiento de aserradero, maquinarias y demás elementos necesarios para la producción y/o distribución de los derechos de explotación pertenecientes a don Guillermo Ahern Vidal, ubicado en el lugar denominado "Agua Fresca", provincia y departamento de Magallanes. 2.- Requísese el uso y goce del establecimiento indicado en el número anterior, la existencia de mercaderías que en él se encuentren y los demás derechos de cualquiera naturaleza que pertenezcan al dominio del requisado y sirvan a la debida explotación del aserradero. 3.- Desígnase al señor Dante Pannicucci Bianchi, para que en carácter de Interventor proceda a dar cumplimiento a la presente resolución y tome a su cargo la administración del uso, goce y funcionamiento del establecimiento mencionado, con amplias atribuciones, pudiendo, en consecuencia, hacer uso de las cuentas corrientes pertenecientes al establecimiento que se requisa. 4.- Esta resolución se notificará mediante entrega de copia íntegra de ella, disponiéndose que el domicilio hábil para notificarla es aquél en que está ubicado el aserradero y será persona hábil para recibir la notificación, quien esté en ese momento a cargo del establecimiento. 5.- El Interventor podrá' solicitar directamente el auxilio de la fuerza pública del Jefe de Carabineros más inmediato, si fuere necesario, autorizándose el allanamiento y descerrajamiento. 6.- El que destruyere, inutilizare o eliminare, en todo o en parte, cualquiera de los bienes que se ordena requisar por la presente Resolución, será considerado como responsable del delito tipificado en el artículo 44 del Decreto Supremo Nº 1.262, ya citado, y denunciado a los Tribunales de Justicia en lo Criminal, para la aplicación de la pena que corresponda, sin perjuicio de las demás medidas legales o reglamentarias que procedan. 7.- En el cumplimiento de todos los trámites, diligencias o actuaciones concernientes con la requisición, su administración y comercialización de la producción, el Interventor y los funcionarios que le asesoren observarán las normas y disposiciones del artículo 25 del D. S. Nº 338 citado. 8.- La presente resolución se aplicará de inmediato, sin perjuicio de cumplirse posteriormente con el trámite de toma de razón por la Contrataría General de la República. Anótese, publíquese y tómese razón.- (Fdo.): Hernán Leiva Santibáñez, Jefe de Control de la Dirección de Industria y Comercio en Magallanes. Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines consiguientes. Vicente Iglesias Solís, Secretario Provincial." El señor OCHAGAVIA.- Dicha resolución fue dictada a raíz del informe que con fecha 15 de julio pasado envió al Jefe Provincial de esa Dirección, señor Hernán Leiva, el Servicio Agrícola y Ganadero, informe que fue evacuado después de la visita inspectiva realizada a esa industria por los ingenieros forestales del SAG señores Francisco Ulloa y Mauricio Rosenfeld. Dejo constancia de los nombres de los profesionales antes indicados, ya que en los antecedentes entregados por informe Nº 768 a la Dirección de Industria y Comercio, el que dejo a disposición del Senado y cuya inclusión en mi discurso solicito, se hacen afirmaciones totalmente reñidas con la realidad. -El documento, cuya inserción se acuerda más adelante, es el siguiente: "Ref.: Informe sobre visita inspectiva al Aserradero "Monte Azul". Nº 768.- Punta Arenas, 15 de julio de 1971. Señor Jefe Provincial: Me es grato dirigirme a Ud., con el objeto de informarle que el día 14 del presente mes, viajaron al aserradero "Monte Azul" de propiedad de don Guillermo Ahern, y que trabaja bajo régimen de Concesiones Madereras Fiscal, Decreto Nº 620 de 22 de noviembre de 1966, los funcionarios técnicos de este Servicio, Ingenieros Forestales, Francisco Ulloa y Mauricio Rosenfeld, con el fin de verificar diversas anomalías que se estarían produciendo en el establecimiento mencionado, lográndose constatar lo siguiente: 1.- El Concesionario Maderero señor Ahern, ha suspendido la corta de árboles para vigas (trozas) desde hace algunos meses atrás, faenas que normalmente se efectúan en esta época del año en las temporadas anteriores de trabajo, pues el invierno es la época más propicia, desde el punto de vista técnico, para realizar estas faenas. Esta medida producirá inevitablemente un desabastecimiento de materia prima (vigas) en el aserradero para la próxima temporada de primavera y verano a no ser que se tome de inmediato medidas para suplir esta situación. 2.- Paralelamente a esta suspensión de corta de árboles y preparación de vigas no se efectuó el transporte de vigas que se encuentran en los cargadores en el bosque, materia prima indispensable para el normal funcionamiento del aserradero en los próximos meses, ya que actualmente en cancha sólo quedan vigas para 20 a 25 días más de trabajo. La suspensión de estos trabajos se originaron a raíz del retiro de dos tractores agrícolas del predio, un tractor oruga y un camión, máquinas indispensables para efectuar normalmente estas faenas y que se encontraban en perfecto estado de trabajo. 3.- El abastecimiento de combustibles y de algunos repuestos indispensables para las sierras y maquinarias del aserradero ha sido efectuado en forma anormal en los últimos meses, lo que se ha agravado aún más con el retiro de diversas herramientas menores necesarias para la reparación y funcionamiento del aserradero. De acuerdo a lo expuesto anteriormente, esta Dirección estima que si no se procede a tomar las medidas urgentes para normalizar estas deficiencias, el establecimiento en referencia deberá paralizar sus actividades a corto plazo -de hecho la producción diaria ha experimentado una baja notable-, con lo cual se producirá un desabastecimiento muy importante de madera aserrada en el mercado local, ya que este aserradero aporta con aproximadamente el 10% de la producción total de madera aserrada en la provincia, y la consiguiente cesantía del personal que ahí labora. Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. (Fdo.) : Sergio Loguercio de Nicola, Director Subrogante XVI Zona del S.A.G. Al señor Hernán Leiva Jefe Provincial Dirección de Industria y Comercio Presente." El señor OCHAGAVIA.- Como se ve, dichos profesionales sostienen que en ese aserradero se había suspendido desde hace meses la corta de árboles para vigas, a consecuencia de lo cual se crearía un problema de desabastecimiento de materia prima. Efectivamente, hubo esa suspensión, pero ella se debió a una razón esencialmente técnica y práctica: al momento de pre pararse el mencionado informe, había una existencia de vigas en cancha y en el bosque que superaba a la demanda normal de dos años de dicha industria, y transcurrido ese plazo, la madera se deteriora en términos perjudiciales para su aprovechamiento. En cuanto a la información de los profesionales aludidos en el sentido de que no se efectuó el transporte de vigas que se encuentran en los cargadores en el bosque, ella es parcialmente verídica, pues no agrega que cuando empieza la época de otoño e invierno, en Magallanes no puede hacerse el acarreo de vigas con animales, concretamente con bueyes. Por tal razón se suspendió ese tipo de transporte y se realizó con medios mecánicos, con tractores. Añade el informe del SAG que se habían retirado dos tractores agrícolas, un tractor oruga y un camión, máquinas indispensables, a su juicio, para efectuar normalmente las faenas. Esa afirmación tampoco nos lleva a la conclusión que pretenden alcanzar dichos profesionales, en el sentido de que al retirar esas máquinas no había suficientes medios de transporte para trasladar las vigas desde el bosque hasta la cancha. En efecto, quedaron en el aserradero cuatro tractores: tres a rueda y un tractor oruga, elementos más que suficientes para realizar el acarreo, como lo prueba el hecho de que desde el 15 de julio, hace ya casi un mes, el aserradero ha podido abastecer el consumo sin necesidad de recurrir a otros medios que los de propiedad de la industria intervenida. Señalan asimismo los ingenieros del Servicio Agrícola y Ganadero que el abastecimiento de combustible y de repuestos para sierras y maquinarias se efectuó en forma anormal en los últimos meses. Ningún antecedente serio y responsable avala esta afirmación, ya que hay certificados que prueban que el aserradero no ha paralizado un solo día sus labores. Por lo tanto, el abastecimiento de combustible y de repuestos no ha provocado trastorno alguno en la empresa. Agrega el documento del SAG que de no adoptarse medidas urgentes para normalizar las deficiencias del establecimiento en referencia, éste deberá paralizar sus actividades a corto plazo. ¿Qué ha sucedido mientras tanto? Durante casi 30 días la industria ha continuado produciendo sin ninguna paralización en sus trabajos, sin tomar ningún obrero nuevo, sin contratar maquinarias ni comprar más repuestos, lo que prueba que el informe de los profesionales aludidos carece totalmente de fundamento. El informe enviado por el Servicio Agrícola y Ganadero a la Dirección de Industria y Comercio añade que había un desabastecimiento importante de madera aserrada en el mercado local, ya que el aserradero requisado aporta aproximadamente el 10% de la producción total en ese rubro en la provincia. Tengo antecedentes que establecen que la producción de esa industria no sólo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Sólo hubo una pequeña baja de 2% en el primer semestre de 1971, la que debe atribuirse a que en la época de otoño la explotación maderera en Magallanes, por las condiciones climáticas, se reduce incluso a más de 20%. Por las razones expuestas, considero que todas las argumentaciones dadas por los profesionales que emitieron el informe sobre supuestos problemas de la empresa, sin notificar a la parte afectada -concretamente al propietario de la industria, quien ni siquiera pudo contestar a todos los cargos formulados en su contra-, unidas a la falta de responsabilidad de esos funcionarios, en el fondo encierran exclusivamente la intención de arrebatar una industria pequeña de la provincia de Magallanes, con el pretexto de entregarla a sus obreros, y, de esa manera, privar a su legítimo propietario de su fuente de trabajo y de un medio de progreso para la zona que represento. En mi opinión, los antecedentes entregados, que considero de la mayor gravedad, demuestran cómo se está faltando al compromiso contraído por el Jefe del Estado de respetar a la pequeña y mediana industria, la que está siendo atropellada en la zona que represento en términos, como he señalado, que no se compadecen ni siquiera con los fundamentos de orden técnico del informe aludido. Deseo que mis observaciones se transcriban al Ministro de Economía, a fin de que se inicie una investigación destinada a precisar la responsabilidad del jefe provincial de DIRINCO en Punta Arenas, señor Hernán Leiva, quien, después de conocer los antecedentes, se lavó las manos respecto de la denuncia del afectado, aduciendo que se han circunscrito exclusivamente al informe entregado por los dos ingenieros forestales. He nombrado a tales funcionarios, porque deseo también que el Colegio que agrupa a los ingenieros forestales conozca de mi denuncia y proceda a poner en conocimiento público estos antecedentes, que, a mi juicio, denigran tal función. Como ingeniero agrónomo, hermano de actividad de los ingenieros forestales, estimo que, por medio de esos informes equivocados, se causa grave daño a nuestra profesión. Por lo tanto, deseo que el colegio profesional que los agrupa realice una investigación acerca de la denuncia a que me he referido. Solicito también que mis palabras se transmitan al señor Ministro de Agricultura, para que se proceda a la investigación responsable del Servicio Agrícola y Ganadero con relación a ese informe, cuya copia pedí insertar en el texto de mi discurso. Igualmente, pido que se incluya en la parte pertinente de mi intervención copia de la resolución de la Dirección de Industria y Comercio que ordena la requisición. Asimismo, solicito que mis observaciones se envíen a la Contraloría General de la República, organismo ante el cual ha recurrido el pequeño industrial afectado por esa medida absolutamente arbitraria, a fin de que investigue a fondo los problemas suscitados por tal atropello al legítimo derecho al trabajo de todos los industriales, y para que se le restituya su aserradero y, de esa manera, poder seguir laborando. RESERVA DE PASAJES A PARLAMENTARIOS EN LINEA AEREA NACIONAL. OFICIO. El señor OCHAGAVIA.- Antes de terminar mi exposición en esta parte, pido oficiar, en mi nombre, al señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, a fin de reclamar una modificación de los términos en que actualmente la Línea Aérea Nacional proporciona sus servicios de reserva a los parlamentarios que representamos a las provincias australes. Como sabe la Mesa, una vez más la opinión pública ha sido testigo de las dificultades que ha tenido dicha empresa aérea para atender a los pasajeros que viajan a la zona sur, entre los cuales nos contamos los parlamentarios y, particularmente, los Senadores. El que habla trató de concurrir el martes pasado a los funerales del ex Diputado Jorge Cvitanic, efectuados en Punta Arena. Desde el día lunes estuve tratando de conseguir pasajes con tal objeto, pero no me fue posible obtenerlos. Concurrí en calidad de pasajero condicional a la losa de Pudahuel el día martes. Desgraciadamente, tampoco pude lograr cabida para cumplir el deber de acompañar a los familiares, amigos y correligionarios de quien fuera mi amigo personal. Creo que las 48 horas fijadas para la obtención de la reserva es un plazo que no se aviene con las necesidades a que nos vemos enfrentados los parlamentarios, que en ocasiones debemos viajar a nuestras zonas en forma urgente. El jefe de despacho de Pudahuel que me atendió ese día, me dijo que el problema era de fácil solución, pues la Línea Aérea Nacional cita a no menos de diez pasajeros diariamente, en carácter de condicionales, para cada vuelo. En tales circunstancias, no habría mayor problema para reservar dos pasajes a los parlamentarios, a fin de que podamos cumplir las obligaciones que nos impone nuestro mandato. Era cuanto quería manifestar. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Se enviarán los oficios solicitados por Su Señoría, y en el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria se adoptará resolución respecto de las inserciones que pidió. En seguida, el señor Secretario dará una explicación acerca de la distribución de los tiempos. El señor EGAS (Prosecretario).- Para llevar a la práctica los acuerdos a que se ha llegado con respecto a los tiempos, el Honorable señor Ochagavía deberá ceder los minutos que restan al Comité Nacional al Honorable señor Aniceto Rodrguez, quien, a su vez, cederá igual lapso al Honorable señor Musalem, al finalizar su intervención, del tiempo del Comité Socialista, El señor OCHAGAVIA.- El señor Secretario ha interpretado perfectamente el acuerdo entre los Comités. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Dentro del turno del Comité Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Rodríguez. ALCANCES AL ANALISIS CRITICO DE LA SITUACION ECONOMICA DEL PAIS REALIZADO POR EL SENADOR SEÑOR MUSALEM. El señor RODRIGUEZ.- En primer lugar, debo agradecer a los Comités Mixto y Nacional la posibilidad de ligar los tiempos de que dispongo. Para ser exacto, utilizaré el tiempo del primer Comité mencionado, ya que con el Nacional sólo hemos alterado el orden de los turnos. En esta hora de Incidentes, de la cual podemos disponer después de algunas dificultades, por las postergaciones sufridas por el tiempo asignado al Comité Socialista debido a la celebración de sesiones extraordinarias destinadas a abordar un cúmulo de tareas, deseo dar una respuesta general a la intervención que sobre la realidad económica chilena efectuó el Honorable señor Musalem hace algunas sesiones, en la cual enfocó, desde el punto de vista de la Democracia Cristiana, la situación actual del desarrollo económico. Es posible que próximamente el Senado celebre una sesión más extensa, a la cual asistirán los Ministros del frente económico, para realizar un análisis conveniente para el país, y donde el Gobierno dará respuesta en forma directa a los diversos alcances que, tanto en el Parlamento como en la prensa derechista, se han hecho sobre este problema tan cautivante, por una parte, y tan decisivo para el presente y futuro nacionales, por otra. Crítica con pasión política. Por eso, sólo me ocuparé en términos parciales de algunas materias que abordó el Honorable señor Musalem, sin perjuicio de volver a referirme nuevamente a ellas en una segunda o tercera intervención. En esa oportunidad, el Honorable señor Musalem empezó manifestando que su intervención constituía un aporte crítico, que serviría incluso para la política de reconstrucción de la zona afectada por el sismo de julio pasado, sugiriendo con ello que no se trataba de un ataque político al Gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, después de analizar los términos empleados por el señor Senador y la calidad de su análisis, podemos afirmar que, desde luego, no constituyó una contribución a la ley de reconstrucción, porque tal materia la tratamos sólo en la sesión celebrada ayer por esta Corporación. Salvo algunas reflexiones hechas al pasar, su exposición nada tuvo que ver con la proyectada legislación para la zona afectada por el terremoto. En cuanto a que su discurso no fue un ataque político al Gobierno de la Unidad Popular, me parece que los comentarios huelgan, porque no cabe duda de que se trató de un ataque directo, sin limitaciones, exagerado, que ocultaba realidades inamovibles y que, en definitiva, pretendía desconocer la maciza labor impulsada por el pueblo hecho Gobierno, a partir del 4 de noviembre de 1970, es decir, en menos de un año. A mi juicio, este lapso no es el más adecuado para hacer un enjuiciamiento histórico -aun desde el punto de vista inmediato- sobre los frutos de una gestión económica, financiera y social. En todo caso, el análisis del Honorable señor Musalem es de aquellos que no construyen ni aportan nada, sino que, por el contrario, deterioran la imagen del país en los planos nacional e internacional. Al respecto, debo agregar que no eludimos la crítica. Aún más: el Gobierno de la Unidad Popular necesita de ella permanentemente como acicate para mejorar la calidad de su labor general. No solamente la precisa, sino que la reclama. Tan así es que en numerosas intervenciones el propio compañero Presidente de la República, especialmente cuando se dirige a las masas laboriosas chilenas, cuando dialoga con los trabajadores, abarcando diversos aspectos de la vida nacional, tanto de las esferas del sector público como del privado, pone el acento en una severa autocrítica. La misma actitud han tenido los Ministros del sector económico, particularmente don Pedro Vuskovic, cuyo reciente diálogo con las dueñas de casa, realizado en el Estadio Chile, tuvo un alto valor educativo y pedagógico para quienes están en el primer frente de batalla, como es atender al consumo directo para sus hogares. El difícil camino hacia el Gobierno. A mi juicio, el Honorable señor Musalem deliberadamente incurrió en una omisión muy grave. No se refirió a la situación exacta en que el Gobierno de la Unidad Popular asumió la dirección del país el 4 de noviembre de 1970. Pienso que para llegar a conclusiones objetivas en un análisis de esa naturaleza, es fundamenta] no despreciar ni olvidar los hechos ápices, las situaciones decisivas que ocurrieron en el lapso que denominaré cómo "la zona peligrosa", entendiendo por tal la transcurrida entre el 4 de septiembre -fecha de la elección presidencial- y el 4 de noviembre. Es el período que llamo la "zona peligrosa de los 60 días", durante la cual se desencadenaron episodios gravísimos -algunos de ellos trágicos-, que determinaron entregar el mando con una economía frágil, quebrantada y deteriorada por diversos factores que deseo analizar. Desde luego, la transferencia del Gobierno no se efectuó en un tránsito normal o placentero. No fue la entrega de un Gobierno a otro con identidades políticas, ni mucho menos con concepciones económicas similares. De ningún modo. Ocurrió todo lo contrario. Se realizó una transferencia de Gobierno de un régimen demo-cratacristiano, adscrito a una concepción capitalista de la economía, y bajo las direcciones fundamentales de las ideas del desarrollismo, a un Gobierno nuevo, cuya filosofía en materia de política económica se basa en el socialismo, en el combate a las estructuras del capitalismo, y en una ruptura frontal con la dependencia imperialista. Esas circunstancias que configuran las condiciones existentes antes del 4 de noviembre, pueden sintetizarse, en términos concretos, en dificultades políticas, económico-financieras y sociales. En este orden de graves dificultades, no podemos olvidar que en ese lapso a que me he referido se vivió una de las etapas más intensas y dramáticas de la vida política chilena. Ella se caracteriza en que ni la reacción nacional ni la internacional se allanaron a reconocer su derrota y promovieron toda suerte de maniobras que iban desde las tentaciones políticas a la Democracia Cristiana, por su gran poder parlamentario, pasando por la utilización antidemocrática del señor Alessandri en el Congreso Pleno y los atentados contra la vida del Presidente electo, hasta culminar con el crimen del General Schneider. Es decir, las condiciones políticas en que asumió el Gobierno el compañero Salvador Allende no podían ser más complejas y difíciles. En el plano externo, la intriga internacional tejía sus amplias redes noticiosas y publicitarias en todos los órganos periodísticos del continente, manejados tanto por el imperialismo como por Jas oligarquías criollas. El tono común de esas informaciones presentaba a Chile en el curso de esos días como el país del caos, de la bancarrota, del crimen político, a manos de los "desalmados marxistas". En el campo de las dificultades económicas, no podemos olvidar -ni tampoco el Honorable señor Musalem- que, a la característica general del estancamiento, propio de la economía capitalista, se sumaron los ingredientes del terror económico orientado por las estructuras monopólicas internas, por los agentes del imperialismo norteamericano y por los voceros oficiales del frente económico del Gobierno, que fenecía, del señor Frei. La voz cantante la llevó, por supuesto, don Andrés Zaldívar, ex Ministro de Hacienda, quien por cadena nacional se empeñó en empujar más aún a Chile al caos financiero. Debemos agregar que en este marco de dificultades económicas se originó un éxodo importante de divisas por el pánico de algunos miedosos de buena fe que viajaron al extranjero, pero, sobre todo, por el aprovechamiento inmoral que muchos negociantes realizaron con las monedas duras, sin que el Gobierno anterior adoptara las medidas necesarias para impedir esta pérdida lamentable de un capital valioso para Chile. Asimismo, se produce la arbitraria paralización de industrias para aumentar el ya alto índice de cesantes, con el evidente propósito de ubicar frontalmente en contra de la Unidad Popular a importantes y amplios sectores de trabajadores. También en esa época se preveía el negativo impacto de la baja sensible del precio del cobre en los mercados internacionales, que repercutiría notoriamente en la disponibilidad de recursos del nuevo Gobierno de la Unidad Popular. El endeudamiento externo era de gran consideración, comprometiendo seriamente las obligaciones fiscales y se anticipaba para Chile el cierre de las líneas tradicionales de crédito externo. En el sector agrícola los núcleos latifundistas agravaban las condiciones de explotación de los campesinos, a fin de promover enfrentamientos sociales y acentuar los caracteres de la crisis nacional. Además, se anticipaba un serio déficit fiscal que, agregado al ya existente para 1970, importaba ingentes compromisos financieros para el nuevo Gobierno, con la desventaja de su ninguna o muy precaria participación en el estudio de los presupuestos para 1971. Finalmente, se recibió una Administración en el sector público que, siendo tradicionalmente frondosa, se había incrementado en el sexenio en no menos de cuarenta mil nuevos funcionarios. Ese era, de modo resumido, el marco de las dificultades económicas en que la Unidad Popular asumió el Gobierno y que el Honorable señor Musalem olvida. En el orden social, no podemos ignorar que el Gobierno democratacristiano, olvidándose progresivamente de la afirmación política con que advino al Poder -la revolución en libertad-, promovió, en cada enfrentamiento social, fuera de la juventud rebelde, de los pobladores sin casa, de los campesinos sin tierra, una brutal política represiva, mucho más odiosa, en el balance final, que la llevada adelante por el propio Gobierno del señor Alessandri. Sin embargo, en términos objetivos, y haciendo abstracción de la voluntad de algunos personeros de la Democracia Cristiana y de las contradicciones políticas de esa colectividad, debemos reconocer que en ese sexenio se promueve dinámicamente el desarrollo de las fuerzas sociales en los sectores de pobladores y campesinos. Pero más allá de ese desarrollo de algunas fuerzas sociales, al 4 de noviembre del año pasado seguían vigentes algunos índices desalentadores en la vida social chilena. La misma y penosa persistente cesantía, que no fue resuelta con eficacia por el Gobierno anterior; la misma insalubridad creciente de amplios sectores de la marginalidad nacional; la misma insatisfacción en materia de remuneraciones, en la que se promovía la desigualdad entre la política de precios y la de rentas en términos tales que el proceso inflacionario hacía sal y agua los aumentos anuales concedidos a los trabajadores. En síntesis, asumimos el Gobierno el 4 de noviembre de 1970 en una situación caracterizada por enormes dificultades económicas y financieras, con grandes problemas de carácter político y en medio de notables contradicciones en el ámbito social. Esto solo permitiría explicar que bien podría el Gobierno de la Unidad Popular no haber caminado con la prontitud y avanzado con la celeridad con que, a pesar del cúmulo de dificultades ya señalado, lo hizo en estos nueve meses de creadora labor que estamos comentando. Estrategia diferente para salir del retraso. A mi juicio, el error del Honorable señor Musalem estriba en su afán de tratar de explicar los fenómenos económicos que vive el país midiéndolos con la vara de una concepción capitalista, en no comprender que los problemas del Chile económico de hoy deben examinarse con un enfoque distinto, nuevo. En esta materia chocan dos nociones absolutamente antagónicas. El Honorable señor Musalem pretende explicar el fenómeno económico chileno a la luz de una estructura capitalista. Este tipo de análisis me lo explico en el señor Senador por su convicción democratacristiana, que no constituye sino una forma de interpretar los fenómenos contemporáneos, siempre desde el ángulo de una sociedad capi-lista. Por otra parte, la concepción socialista proporciona, indudablemente, respuestas distintas, dinámicas y nuevas a los desafíos de una realidad económica y de una producción estancadas e, inclusive, a los fenómenos que impactan a la economía chilena desde el exterior. Lo cierto, en definitiva, es que recibimos el Gobierno con una economía postrada que se nos entrega como saldo negativo por la Democracia Cristiana. Tanto es así, que se ubica a Chile -no lo decimos nosotros, sino informes objetivos de la Comisión Económica para la América Latina- en los tres últimos lugares ocupados por países de menor crecimiento económico mundial, acompañado, según entiendo, por Haití, Perú o Bolivia. Esto lo señaló la CEPAL el año pasado. Solicito, para probar lo que estoy afirmando, que en esta parte de mi intervención se inserte un cuadro relativo al crecimiento económico global de Chile en el último decenio. Este documento demuestra que el crecimiento económico nacional no sobrepasa, en 1970, el 2,5%, porcentaje que ni siquiera resuelve los problemas del desafío derivado del incremento demográfico. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- En el Tiempo de Votaciones correspondiente, la Mesa recabará el acuerdo necesario, señor Senador. -El documento que más adelante se acuerda insertar es el siguiente: "Crecimiento global de la economía (a) 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970(b) 6,2 5,0 4,7 4,2 5,0 7,0 2,3 2,9 3,1 2,5 Tasas anuales de crecimiento del Gasto del Producto Geográfico Bruto. Cifra provisoria." El señor RODRIGUEZ.- También solicito incorporar en esta parte de mi discurso un cuadro que indica las variaciones anuales del producto geográfico por ramas de actividad, que da a conocer los cambios de niveles de productividad en los sectores de la industria, de la agricultura, de los transportes, etcétera. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Oportunamente la Mesa solicitará el acuerdo respectivo. -El documento que posteriormente se acuerda insertar en el que sigue: "Variaciones anuales del producto geográfico bruto por ramas de actividad. (En porcentajes). 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970(a) 3,9 -2,6 4,9 5,2 - 1,9 7,9 7,5 1,6 - 3,3 6,2 . . .. -12,5 14,3 0,0 35,4 -13,8 14,3 -7,8 30,5 -23,0 1,0 Minería .. .. 5,5 5,9 7,0 6,8 0,1 8,9 0,8 1,0 2,5 0,4 Industria .. .. 8,6 11,5 4,2 6,0 6,4 8,6 2,8 2,5 3,2 0,8 . . .. 16,2 15,1 5,8 - 2,0 1,5 - - 4,0 -3,9 0,5 4,5 5,5 Electricidad, gas y agua . . .. 5,1 10,7 11,8 4,7 8,2 6,2 16,3 -7,6 6,4 7,8 Transporte y comunicaciones . . . . . . 8,6 23,9 9,1 14,8 13,9 2,7 0,4 5,0 3,9 1,8 .. .. 4,6 0,5 3,7 2,0 6,7 7,4 1,7 4,0 4,5 3,2 TOTAL: . . .. 6,2 5,0 4,7 4,2 5,0 7,0 2,3 2,9 3,1 2,5 El señor RODRIGUEZ.- Respecto del distinto enfoque antagónico entre dos concepciones políticas y económicas, en el programa de la Unidad, al referirnos a la construcción de la nueva economía, expresamos textualmente: "Las fuerzas populares unidas buscan como objetivo central de su política reemplazar la actual estructura económica, terminando con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo. "En la nueva economía la planificación jugará un papel importantísimo. Sus órganos centrales estarán al más alto nivel administrativo; y sus decisiones, generadas democráticamente, tendrán carácter ejecutivo." En este mismo capítulo del programa señalamos como integrantes del área de propiedad social a la "gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón mineral; el sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros; el comercio exterior; las grandes empresas y monopolios de distribución; los monopolios industriales estratégicos; y, en general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados, incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel." Una política de cara al pueblo. El Honorable señor Musalem dijo en una parte de su intervención que el Gobierno realizaba su política económica un poco en sordina, un poco a escondidas. Eso no es cierto; eso es falso. El Gobierno pasado sí que trabajó en sordina y daba respuesta a los problemas económicos a espaldas del debate público. Recuerdo, por ejemplo, que entre gallos y medianoche, subrepticiamente, escapando al análisis legislativo del Congreso Nacional, se entregó, a mi juicio vergonzosamente, el salitre. En una simple disposición, escondida por ahí en un fárrago de artículos de un proyecto -a raíz de los convenios del cobre, si no me equivoco-, se facultó al Gobierno de la época para mantener hipotecado el salitre en manos del imperialismo extranjero. Asimismo, recuerdo el vergonzoso proyecto de ley que se envió sobre la industria siderúrgica y el acero, hecho severamente denunciado por el Senador que habla. En esa oportunidad, hicimos un análisis concreto de la peligrosidad de la iniciativa del Gobierno democratacristiano destinada a perpetuar la explotación particular del acero y para continuar su dominio en nuestros yacimientos de hierro del Norte, fea campaña del Partido Socialista logró detener esa legislación, proyectada a espaldas del país y ocultando -repito- muchos datos dañinos al interés nacional. Y para qué hablar de una serie de decisiones desnacionalizadoras de la economía y de la industria chilena que oportunamente los socialistas denunciamos. En cambio, la Unidad Popular empieza por dar a conocer su programa con la mayor amplitud, en diálogos abiertos y masivos con los trabajadores, sectores de la clase media, juventud, intelectuales, profesionales y técnicos. Editamos no menos de dos millones de ejemplares del programa, que repartimos ampliamente en todo el país. Las palabras del compañero Presidente, Salvador Allende, y de los voceros de la Unidad Popular, recorrieron extensamente el territorio, encendiendo la polémica nacional. Expresamos con porfía cuáles eran nuestras intenciones, de manera que nadie se equivocara al votar por nosotros y nuestro abanderado. Pues bien, con este mismo estilo iniciamos la gestión del Gobierno para cumplir los grandes objetivos ya señalados. Empezamos por concretar, en materia de naciónalizaciones, la recuperación del carbón y del salitre, la estatificación del acero y del hierro, e iniciamos el proyecto más trascendente en la vida económica de todo el curso de nuestra historia: la recuperación de la principal viga maestra de nuestra economía, como ha dado en llamársela, que es el cobre. En cambio, la Democracia Cristiana cometió, no diría la liviandad, porque lo hizo muy conscientemente, el renuncio histórico a recuperar lo que pertenecía legítimamente a Chile. Dio vueltas y disfrazó las cosas una y otra vez. Habló de cien mil nuevos empleos en el cobre, que nunca se produjeron; habló de torrentes de dinero fresco en divisas, que nunca se vieron. Lo verdaderamente cierto es que primero celebró los vergonzosos convenios del cobre, a mi juicio antipatrióticos. Y, al fracasar con ellos, recurrió después al mecanismo disfrazado de la que llamó "nacionalización pactada". Vuelve a fracasar en este aspecto. Prosiguió el dominio extranjero sobre esta riqueza nacional, ya que el país no tuvo oportunidad de recuperar a plenitud su derecho soberano sobre esta estratégica materia prima. Tuvo que llegar la Unidad Popular a gobernar al país para que, en un reto histórico, se desafiase al imperialismo rescatando para Chile y su patrimonio nacional esta riqueza. No ha sido tarea fácil. Es una labor compleja, difícil, que, desgraciadamente, ha coincidido con una baja sensible del precio del metal en los mercados internacionales y con los problemas evidentes en su comercialización. Pero el paso había que darlo. Es lo que no pudo hacer la Democracia Cristiana, marcada, como dije, hace algunos años, con el triste sino de su fatalismo geográfico-político, que la llevaba a ubicar a Chile como inexorable tributario económico del gran amo imperial del norte, sin poder arriesgarse a un proceso auténtico de nacionalización. La Democracia Cristiana despreció la experiencia mejicana, con su petróleo; la egipcia, con su Canal de Suez, y tantas otras de incalculable valor político, de pueblos que recuperaron su derecho a manejar lo suyo nacionalizando lo que les correspondía. Comprendemos que en nuestra decisión de nacionalizar el cobre, concretada como reforma a nuestra Constitución Política hace pocas semanas, existen problemas. Sabemos que en su desarrollo se pueden cometer errores. Habrá algunos vacíos. Pero el paso había que darlo. La decisión liberadora debía adoptarse. En consecuencia, uno de los hechos más positivos en el balance del Gobierno de la Unidad Popular, precisamente, es la recuperación del cobre para Chile. Podemos decir, con satisfacción, que en los principales rubros productivos, como el salitre, el carbón y el acero, contrariamente a lo que afirmaba el Honorable señor Musalem, la producción aumentó notablemente. Pienso que en 1972, más allá del precio que debe pagarse por toda experiencia nueva, veremos que también habrán aumentado mucho más todos los índices de producción nacional, particularmente en el área estatificada. Se promueve mayor dinamismo económico. Ahora deseo dar otras respuestas concretas a algunos capítulos específicos que abordó el Honorable señor Musalem. Su Señoría comenzó por afirmar que era falso lo que sostenía la Unidad Popular en el sentido de que en el país había y hay una capacidad productiva ociosa, sin aprovechar. Respondo al señor Senador que nuevamente está reflexionando con una mentalidad, de hombre inserto en el régimen capitalista, olvidando que la capacidad ociosa industrial es propia de este sistema. El fenómeno se observa tanto en los países subdesarrollados como en las potencias y naciones altamente industrializadas, registrándose un promedio de capacidad instalada ociosa no inferior a un 30%. Eso ocurre también en Chile. No puede sostenerse, como lo hizo el señor Senador, que la capacidad instalada ociosa en Chile corresponde a equipos obsoletos, no utilizables, porque, en general, el patio industrial chileno se ha renovado en el último decenio. Se han traído equipos modernos, se promovió la inversión en bienes de capital y se introdujeron factores tecnológicos, si no a plenitud, por lo menos en proporción que permitió renovar el equipamiento industrial que antiguamente existía en el país. Por lo demás, el hecho de que aquí existe capacidad desaprovechada lo demuestra un cuadro que también solicito insertar en la parte pertinente de mi intervención, en el que aparecen los indicadores de utilización de la capacidad instalada en la industria. -El documento que más adelante se acuerda insertar es el siguiente: "Indicadores de utilización de la capacidad instalada en la industria (1). Industria de consumo habitual . . 1967 1969 1970 (2) I. 82,51 78,68 77,59 20. Alimenticias 83,19 77,70 75,45 21. Bebidas 87,26 74,02 66,69 22. - - - 23. 79,43 78,49 78,86 24. Vestuario y calzado . . . 76,98 80,39 83,47 26. 78,00 91,24 99,40 28. Imprenta y editorial . . . 74,24 ' 80,06 81,57 39. Diversas 72,05 92,68 86,13 II. Industria de bienes intermedios . . . 79,62 84,96 85,46 25. Madera . . . 72,62 76,57 80,84 27. 97,75 99,30 90,66 29. Cuero 71,89 68,82 72,41 30. Caucho 96,53 85,18 91,32 31 Químicas 62,50 80,91 83,33 32. Derivados del petróleo y carbón . . 84,32 59,42 56,69 33. Minerales no metálicos . « 68,92 74,18 72,99 34. 80,52 89,45 92,68 III. Industria de bienes de consumo du- 76,16 63,01 62,96 35. Productos metálicos . . . 77,22 56,18 55,77 36. Maquinaria no eléctrica . 80,91 75,99 70,27 37. Maquinaria eléctrica .. . 73,53 73,96 71,94 38. Material de transporte . . 78,00 62,11 68,78 80,65 75,64 75,34 Los datos corresponden a establecimientos que ocupan 50 o más personas. El año 1970 corresponde a una estimación a partir de los datos del año 1969, utilizando indicadores de producción. (1) El señor RODRIGUEZ.- En este detalle estadístico, que abarca desde 1967 a 1970, puede observarse, por ejemplo, que entre las industrias de consumo habitual, las del rubro alimentos sólo ocupan 75% de su capacidad, desaprovechando el 25% restante. También puede notarse que en el rubro textiles se emplea 78% de la capacidad; en vestuario y calzado, 80%, etcétera. En realidad, el caso chileno presenta índices favorables para un mejor aprovechamiento de la capacidad instalada ociosa, porque, en términos globales, el promedio ocupado del sector apenas llega al 75%, de modo que, en el mejor de los casos hay 25% de capacidad no ocupada. En la solución de este problema, considero positiva la actitud del Gobierno de la Unidad Popular, que hoy enfrenta con moldes distintos la realidad económica. Su preocupación básica es lograr la redistribución del ingreso mediante no sólo un aumento de remuneraciones que excede el alza del costo de la vida, sino, además, a través de medidas tendientes a concretar la gran aspiración de los trabajadores de nivelar las asignaciones familiares, y mediante el aumento de las prestaciones sociales, como el medio litro de leche que se da a todos los niños de Chile. De este último propósito se mofaron la reacción y la propia Democracia Cristiana, diciendo que era un mito pretender dar medio litro de leche a cada niño. Pero la Unidad Popular cumplió este propósito social. No quiero medir sus efectos en cifras, pero son de volumen apreciable, y también inciden en la redistribución del ingreso. Lo mismo puede decirse de la congelación de precios, bastante sensible, al extremo de que las variaciones del índice respectivo no sobrepasan la mitad de las que se anotaban a esta misma época del año pasado. Crecimiento económico sin servidumbre financiera. Todo esto significa mayor capacidad adquisitiva para el pueblo, sea a través de la vía directa, aumentando sus remuneraciones; o por la indirecta de las prestaciones sociales, la congelación de precios, etcétera. Igualmente positivo, en este aspecto, es el hecho de que nos hayamos evadido de la imposición arbitraria del Fondo Monetario Internacional, que obligó a los Gobiernos de Alessandri y de Frei a devaluar permanente y sistemáticamente nuestro signo monetario, empobreciéndolo y envileciéndolo, de modo que se encarecieron todos los costos, y, por lo tanto, haciendo más dura la vida para el chileno común y corriente. Este problema de supeditación, por no decir de servidumbre financiera, lo ha eliminado el Gobierno de la Unidad Popular. Por mucho que cacareen algunos reaccionarios acerca de la estabilidad del dólar banca-rio, ella se mantuvo y deberá mantenerse para evitar, precisamente, el hecho dramático que se observaba cada 15 días en el Gobierno pasado: la devaluación sistemática de la moneda nacional. El Honorable señor Musalem también se refirió al problema de la insuficiencia en la producción industrial. A este respecto, se puede demostrar con facilidad que el nivel respectivo subió en el curso del último semestre, lo que significa, por una parte, que existía capacidad ociosa y, por otra, que hubo mayor demanda como consecuencia del mayor poder adquisitivo, al aumentar el ingreso de la gente modesta, de quienes viven de un sueldo o salario. Las estadísticas de la Sociedad de Fomento Fabril no son muy generosas, por lo que prefiero las del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, que abarcan una mayor área de producción; pero aún la SOFOFA acepta que durante el mes de mayo la producción física manufacturera creció en 4,1% respecto del mes de abril, y en 14,4% con relación a mayo de 1970, bajo la Administración democratacristiana. Por otra parte, durante los primeros cinco meses del año, la industria ha producido un 2,7% más que en el mismo período del año pasado. El Honorable señor Musalem recogió datos de la Sociedad de Fomento Fabril para señalar que en dos rubros hay decrecimiento. Es efectivo. No deseamos ocultar los datos adversos. Hay decrecimiento en cuanto al material de transporte, cuya producción baja en 21,6%, y respecto de productos intermedios para la construcción, que disminuyen en 9,1%. ¿Por qué decrece la producción de material de transporte? Entre otras razones fundamentales, por la inestabilidad transitoria de la industria automotriz, rubro en el cual el Gobierno de la Unidad Popular desea terminar con la anarquía existente. Habían proliferado por lo menos, según entiendo, 25 a 30 industrias armadoras, lo que implicaba grave encarecimiento de los costos y grandes perjuicios para la economía nacional. Para racionalizar la industria automotriz, el Gobierno convocó a licitación pública, que deberá resolverse en el curso de los próximos meses, a fin de que un número más reducido de industrias, pero con gran capacidad productiva, operen esta actividad y logren abaratar los costos. Aun cuando no en el curso de este año, sino en el próximo, podremos apreciar una sensible baja del precio de los automóviles, como asimismo un aumento en el número de unidades producidas. No me referiré a otros aspectos de carácter general, como el consumo de energía eléctrica. Sobre el particular, prefiero solicitar que se inserte en esta parte de mi intervención un cuadro sobre el crecimiento industrial del país. -El documento cuya inserción se acuerda más adelante es el siguiente: "Producción industrial -De algunos bienes de consumo básico. Producción acumulada enero-mayo de 1971 respecto enero-mayo de 1970. (Porcentaje de aumento) Fideos y pastas 30.3 Leche condensada 9.0 Azúcar 81.3 Cerveza . . . 14.4 Cigarrillos 29.5 Gas licuado 44.9 -De algunos bienes de uso intermedio. Papel 7.4 Neumáticos 17.0 Gasolina auto 28.7 Parafina 20.5 Petróleo Diesel 29.8 Petróleo combustible 81.9 Arrabio líquido 23.9 Lingotes de acero . 25.5". El señor RODRIGUEZ.- Sólo deseo destacar, de paso, que en cuanto a los bienes de consumo básico, la producción de fideos y pastas aumentó en 30,3%; la de azúcar, en 81,3%; la de gas licuado, en 44,9%. En general, aumentó notoriamente en todos los otros rubros industriales, como se señala en el cuadro a que me refiero. En materia de producción minera, y contrariamente a lo que aseveró el Honorable señor Musalem, debemos señalar que la de la gran minería del cobre, en los meses de enero a junio de 1971, en comparación con igual período del año pasado, aumentó en 10,3%. La del petróleo, en 5%; la del carbón, en 6,3;%'.; la del salitre, en 50%, y la del hierro, en 1,1%. En el cuadro estadístico se detallan los respectivos tonelajes de producción, de modo que no los repetiré. -El documento que más adelante se acuerda insertar es el siguiente: "Producción Minera Enero-Junio Enero-Mayo 1970 1971 % Variación Cobre Gran Minería .. . 255.731 282.003,5 más 10,3 Petróleo 950.233 997.576,2 más 5,0 732.082 738,400 más 6,3 Salitre 276.684 415,134 más 50,0 Hierro (1) . . . 4.638.068 4.689.909 más 1,1 (1) Enero a mayo." A mayor producción, más trabajo. El señor RODRIGUEZ.- Sobre esta materia quiero sacar como conclusión final que, sin duda, ha habido mayor productividad industrial, como lo reconoce el índice entregado por la propia Sociedad de Fomento Fabril, que, a mi juicio, es menor que el real y que el recogido en mucho mejor forma por el Instituto de Economía de la Universidad de Chile. En seguida, el Honorable señor Musalem analizó el factor ocupación y cesantía. En verdad, no pretendemos, demagógicamente, decir que hemos resuelto el problema. Antes de asumir el Gobierno, y durante los primeros meses de él, reiteramos que la cesantía era un problema crónico, casi estructural, del régimen capitalista chileno. El número de hombres paralizados ha oscilado entre 200 mil y 300 mil, sin contar el éxodo obligado de 300 mil a 400 mil chilenos a la Patagonia argentina, debido a que su patria no. podía darles un trabajo estable. Sin duda, en el breve lapso que lleva el Gobierno de la Unidad Popular, se ha resuelto en cierta medida el problema. Inclusive el propio compañero Presidente de la República dijo que se ponía al frente de la campaña para resolverlo. El Honorable señor Musalem tiene razón cuando sostiene que se han ocupado obreros en obras públicas y no han hecho un trabajo productivo. Pero esto es natural, porque Obras Públicas realiza planes de infraestructura. Sin embargo, este mecanismo transitorio -debe reconocerse- ha servido para absorber parte de la cesantía, aunque es posible que los obreros no hayan realizado trabajos muy importantes en materia de infraestructura. Pero es mejor emplearlos que tenerlos desocupados, porque dar posibilidad de salarios a no menos de 30 mil ó 40 mil trabajadores promueve un dinamismo económico de consumo, de mayor demanda y, por lo tanto, de mayor productividad. Aún más, aunque este grupo de personas no realice trabajos muy productivos, por estar ubicados en esta área, en todo caso se dan posibilidades de ingresos a ciento cincuenta mil o doscientas mil personas que conforman sus hogares. Seguir otro camino era dejarlos en la cesantía más ominosa. Vale la pena señalar que de acuerdo con los datos del Instituto de Economía de la Universidad de Chile, conforme al cuadro que tengo en mis manos, los niveles de ocupación han crecido sensiblemente. Solicito insertar los cuadros referentes a la ocupación y desocupación en Chile y en el Gran Santiago, junto con los anexos correspondientes. -Los documentos cuya inserción se acuerda más adelante, son los siguientes: "Ocupación Gran Santiago. 1971 1970 Marzo-Junio % variac. Marzo Junio Ocupados .... 91.8 94.8 7.6 93.2 93.0 Desocupados . . . 8.2 5.2 - 34.5 6.8 7.0 -Cesantes . . . 6.2 4.0 - 32.5 5.3 5.6 -Buscan trabajo por primera vez 2.1 1.2 - 40.0 1.5 1.4" El señor RODRIGUEZ.- Insisto en hacer presente que, en cuanto a la cesantía, se ha llegado a un índice de 5,2%, el más bajo en los últimos cinco años, y menor aún que el índice histórico de 6% a 7% que se ha registrado en los diez o quince años pasados. Esto se ha logrado con un nuevo enfoque y trato a los problemas económicos. ¿Estamos satisfechos, Honorable señor Musalem, con lo alcanzado? Lógicamente que no. Pero el esfuerzo de este Gobierno ha sido tan vital y creador, que la cesantía ha llegado a los niveles más bajos que registra la historia de Chile en los últimos diez años. No quiero abundar más acerca de cómo se ha resuelto el problema ocupacional, pero puedo afirmar que positivamente ha favorecido tanto a obreros como a empleados. Una política antialcista. En todo caso, quiero señalar una síntesis, dando respuesta a otros problemas enfocados por el Honorable señor Musalem. En primer término, debo aclarar que la evolución de los precios ha tenido una respuesta favorable, y los indicadores económicos demuestran que los porcentajes de variación comparativos entre 1970 y 1971 son absolutamente favorables para el Gobierno de la Unidad Popular y contrarios para el de la Democracia Cristiana. El tanto por ciento de variación acumulado de enero a mayo de 1970 alcanzó a 23,9%; y en igual período de 1971, bajo el Gobierno de la Unidad Popular, a 11,2%. En los precios al por mayor se produce incluso una mayor diferencia: 23,3% para la Democracia Cristiana y 8,1% para el Gobierno de la Unidad Popular. Como no estamos sólo satisfechos con congelar gran parte de los precios de los productos, hemos querido crear, también, un nuevo organismo de distribución. El señor FERRANDO (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Comité Mixto. Su Señoría puede continuar en los catorce minutos restantes del Comité Socialista. El señor RODRIGUEZ.- Por tales razones, como decía, hemos creado la Empresa Nacional de Comercialización y Distribución Sociedad Anónima (DINAC), a fin de transferir hacia el área de propiedad social una parte de los excedentes generados por la actividad intermediaria. La acción de DINAC permitirá atender en mejor forma las necesidades de abastecimiento de los sectores populares, tanto en áreas urbanas como rurales, evitándose las situaciones de desequilibrio distributivo que se producen en términos físicos y de precios, y que significan para algunas zonas o para ciertos estratos de la población dificultades en la adquisición de diversos productos esenciales, sea porque no están disponibles o porque sus precios son abusivamente elevados. La presencia del Estado en el proceso de la distribución servirá para eliminar las actuales deformaciones, abusos y discriminaciones que hoy se ejercen por parte de los grandes distribuidores contra el pequeño industrial, el pequeño comerciante y el consumidor. De esta manera, junto con participar directamente en el cumplimiento de la política de redistribución de ingresos, estará colaborando en la aplicación de la política antinflacionaria y en la fijación y control de precios que realiza DIRINCO. Esperamos que este nuevo instrumento de distribución estatal -que aquí he anunciado tan someramente- logre resolver los problemas de desabastecimiento, abaratar los costos de la distribución, una mejor defensa del pequeño y mediano comerciante y favorecer a vastos sectores consumidores, regulando y orientando el consumo. No pueden faltar alimentos. De paso, también, quiero responder lo que dijo el Honorable señor Musalem en cuanto a la importación de algunos- productos alimenticios. Es efectivo que ha aumentado el gasto de dólares en este aspecto. Según datos proporcionados por la ECA, las importaciones de productos alimenticios ascendieron en 1970 a 76 millones de dólares y en 1971 alcanzan a 146.500.000 dólares, lo que da una diferencia de 70.500.000 dólares en relación con el año anterior. Sin embargo, no debe olvidarse que ha habido un alza muy apreciable en los precios internacionales, aparte que se ha adquirido un volumen mayor de productos en el exterior a fin de satisfacer la mayor demanda nacional. Por tal motivo, a la Empresa de Comercio Agrícola se le ha entregado la función de central de compras, y se le ha dado la facultad para adquirir, sin límites de cantidad, el total de la producción nacional de trigo, fréjoles, lentejas, garbanzos y maíz, en la cosecha 1971-1972, para compensar las necesidades generales del país. La tierra para el que la trabaja. En seguida, responderé muy sucintamente algunos alcances que el señor Senador hizo respecto a los problemas de la reforma agraria. Sin duda, el proceso de reforma agraria, en cualquier parte de la tierra donde ocurra, trae dificultades inherentes a él. El cambio de la tenencia de la tierra, del régimen feudal, semifeudal o latifundista, al área social o a manos de los trabajadores -aun cuando su estatuto jurídico no está totalmente definido, cosa que también ocurrió bajo el Gobierno de la Democracia Cristiana con el régimen de los asentamientos-, evidentemente trae trastornos en la producción agraria. De allí que debamos recoger algunas afirmaciones. La voluntad política del actual Gobierno, y su consecuencia con el programa ofrecido a los trabajadores, le permiten exhibir las siguientes cifras. Por ejemplo, al 31 de julio de 1971, los predios expropiados y rescatados del latifundio ascienden a 1.141, con un total de 2.162.869 hectáreas, de las cuales 2.012.485 corresponden a terrenos de secano y 150.384 a tierras de riego. Prácticamente la expropiación ha beneficiado a 14 mil familias campesinas. Pero, al igual como ocurre en el área industrial, en este sector también existe una capacidad ociosa, en la que se podrá reinstalar a ocho mil nuevas familias campesinas. Esto significa que en el curso de pocos meses de Gobierno de la Unidad Popular -los primeros siete- se está resolviendo el problema a 22 mil familias campesinas. Más allá de las cifras, esto tiene gran significación humana y social. Representa no sólo el rescate de tierras hasta ayer en gran parte improductivas, con lo cual se pone término a una explotación egoísta y privilegiada, sino que tiene el gran valor moral de poner al alcance de la cultura, de la instrucción y del consumo, a importantes sectores sociales que en el régimen pasado se encontraban al margen de la civilización, de los adelantos de la técnica, de los accesos al mercado y de una serie de bienes espirituales. No tengo para qué destacar que la Democracia Cristiana quedó corta en las cifras que se fijó como metas parciales en el proceso de reforma agraria. Deploro no tener el tiempo necesario para referirme al problema de los asentamientos, a la baja de la producción y al punto relativo a la colocación de los abonos. Deseo agregar y recalcar que en la práctica social, en todos estos rubros, sin duda, hemos conquistado un gran mundo nuevo para el país: la incorporación masiva de amplios sectores de campesinos a la vida nacional. Es evidente que más allá de los errores cometidos -que no eludimos-, de la vehemencia de algunos y de las excentricidades de otros, el hecho de que la línea vertical, la base directriz de la política agraria del Gobierno sea de amplio beneficio no sólo para los sectores alcanzados por ella, ha dado nueva estructura al agro y se traducirá en grandes y notorias ventajas para el futuro. Para dar a conocer la relación de las fuerzas en la superficie agrícola, solicito la inserción de un cuadró donde se demuestra en términos generales que tres mil propietarios tenían sobre 15 millones de hectáreas y que 156 mil no alcanzaban a poseer 400 mil hectáreas. -El documento cuya inserción se acuerda más adelante es el siguiente: "Distribución de la superficie agrícola. Tamaño Número de Superficie (Has.) explotaciones (miles de Has.) 0 - 10 156.708 409,4 10 - 100 74.120 2.159,6 100 - 1.000 19.333 5.020,0 1.000. - y más 3.331 15.081,4 Total 253.492 22.670,4". El señor RODRIGUEZ.- Por otra parte, también deseo que se inserte un cuadro sobre distribución de los ingresos en la agricultura, que son extraordinariamente decidores y expresivos. -El documento cuya inserción se acuerda más adelante es del tenor siguiente: Chile: Distribución de los ingresos en la agricultura 1960 Grupos socio-económicos Familias agrí- Ingreso global Ingreso colas (miles) % (millones Eº) % (millones Eº) Trabajadores y pequeños pro- 243,9 70,7 155,2 33,4 63,6 Productores familiares 61,1 17,7 59,0 12,7 96,6 7,3 2,1 8,6 1,8 1.178,0 Productores medianos 22,3 6,5 71,4 15,4 3.202,0 Productores grandes 10,3 3,0 170,8 36,7 16.582,0 TOTAL 344,9 100,0 465,0 100,0 1.348,0" Incremento del ahorro nacional. El señor RODRIGUEZ.- En una próxima oportunidad, repito, responderé las observaciones del Honorable señor Musá-lem, para señalarle lo que ha hecho el Gobierno en materia de ahorros y el significado de su política cambiaría, absolutamente tergiversada por los órganos reaccionarios. También abordaré el problema de las emisiones. En todo caso, respecto de lo que yo llamaría "tranquilidad económica para amplios sectores sociales del país", debo decir que se han aumentado todos los índices de ahorro conocidos: los depósitos de ahorro, en 47,4%; los valores hipotecarios, en 39% ; los pagarés reajustables, en 89,5%; los depósitos de ahorro a plazo en el Banco del Estado, en 68%; las inversiones en bonos reajustables, los llamados "bonos CAR", en 79,1%. Tengo un cuadro, que pido insertar en el texto de mi intervención, sobre la movilidad de los depósitos y las colocaciones en el Banco del Estado, en términos comparativos de los años 1969, 1970 y 1971, que demuestra fundamentalmente el gran crecimiento de las colocaciones, que da movilidad económica al país, y de los depósitos en general. -El cuadro cuya inserción se acuerda más adelante es del tenor siguiente: "Evolución de ciertos indicadores de actividad del Banco del Estado en 1970-1971 A.- Depósitos Las siguientes cifras en millones de escudos de cada año indican los saldos en las fechas de referencia, en moneda nacional. CUADRO N° 1 (millones de escudos) Depósitos 31/12/69 31/10/70 31/12/70 30/6/71 Cta. Cte. Sect. Privado. . Ahorro Vista y Plazo. . . Comerciales y Otros . . . 1.360 929 1.783 145 1.833 1.181 2.119 254 1.675 1.333 2.712º 295 2.918 2.256 3.594 319 TOTAL 4.217 5.387 6.015 9.087 Incluye 491 millones de reajuste y bonificación, que se computan el 31 de diciembre de cada año. Como acotación a estas cifras, hay que destacar que la expansión en las cuentas de ahorro es distinta entre el 1º de enero y el 30 de diciembre, que entre el 1º de enero y el 31 de diciembre debido a los reajustes y bonificación. Así, la expansión de 882 millones en este año, sería más comparable con la parte de expansión de 1970 que no incluye reajustes y bonificaciones, es decir, 438 millones. B.- Colocaciones Las cifras siguientes están en millones de escudos de cada año y corresponden a los saldos existentes en las fechas que se señalan. CUADRO Nº 2 (millones de escudos) Actividad 31/12/69 31/10/70 31/12/70 30/6/71 -Minería 38 58 67 89 774 1.035 1.137 1.619 100 153 152 133 -Serv. Uti. Públi 21 30 31 44 -Transp. y Almacén. . . . 20 32 43 46 -Industria no especificada 26 59 70 71 -Agricultura 920 1.150 1.368 1.468 114 123 130 134 -Avicultura 27 29 30 33 -Silvicultura 9 11 11 14 - - - - -Otros ºº 367 508 698 789 TOTAL 2.416 3.188 3.737 4.440 º Cifras bajo 0,5 millones de escudos. ºº Incluye Comercio, Créditos Controlados, Prestamos Populares y Municipalidades y similares del sector público. El cuadro no incluye los préstamos de fomento agrícola financiados con créditos BID." Balance auspicioso. El señor RODRIGUEZ.- No he agotado en esta sesión el debate sobre la materia. Para finalizar esta mi primera intervención, haré un resumen. Considero que el Honorable señor Musalem equivoca el camino cuando pretende medir la economía chilena de los meses que lleva el nuevo Gobierno sobre la base del contexto de una economía capitalista. Sucede que la economía chilena se encuentra en vías de transformación. Se están modificando seriamente sus viejas estructuras con el objeto de dar paso a la nueva economía en el área social. El rescate de las materias primas; la estatificación de los monopolios industriales; la recuperación de la banca privada, a fin de terminar con los intereses usurarios, distribuir racionalmente el crédito y hacerlo más justo económica y socialmente; la "masificación" de la reforma agraria, son medidas que van en una sola dirección: cumplir la primera etapa, para abrir paso -no lo puedo medir en términos cronológicos- al socialismo. Por lo tanto, cuando se quiere examinar en términos tradicionales la política de precios y salarios, la política cambiaría, el trato al dólar y una serie de fenómenos que se han analizado en esa forma, se comete un gravísimo error, y creo que de ahí parte la concepción del Honorable señor Musalem. Por otra parte, algunos datos estadísticos que Su Señoría dio sobre el problema del crecimiento o del estancamiento económico no son acertados, porque todo demuestra que más allá de las limitaciones propias del régimen institucional chileno, de las dificultades del orden jurídico viejo que ha debido enfrentar el Gobierno de la Unidad Popular, se ha llegado a metas indiscutibles: absorción de la cesantía; aumento de la productividad industrial, e incluso, en algunos rubros, de la producción agrícola. Y para qué hablar de nuestro manejo del comercio exterior, en que la soberanía chilena se demuestra plenamente. En una próxima hora de Incidentes o en una sesión especial que se celebre para analizar la materia, seguiré extendiéndome sobre estos problemas. Nos parece muy importante que la opinión pública los conozca. Contrariamente a lo que supone el Honorable señor Musalem, no queremos manejarnos ni con sordina ni callada ni reservadamente. Creo que el gran mérito de este Gobierno ha sido dialogar con el pueblo, para darle a conocer la verdad de los fenómenos producidos y de las dificultades existentes, e inclusive para hacer una autocrítica de su gestión, como también la haré en el momento oportuno. No la rehuiré. Lo importante es comprender que estamos avanzando, que no estamos petrificados en el tiempo, que no nos encontramos estancados. Si se quiere, estamos actuando con cierta audacia, pero con una originalidad que deviene del programa y del contexto filosófico y doctrinario de los partidos y movimientos que integran la Unidad Popular. Más allá de los aspectos críticos que se hallan en la esfera formalmente política, diría que la inmensa mayoría del pueblo está consciente de ese avance, y ello quedó de manifiesto fundamentalmente en el alto porcentaje de crecimiento experimentado por la coalición de Gobierno en las elecciones municipales de abril último. El señor FERRANDO (Vicepresidente) .- En el tiempo que resta al Comité Nacional -16 minutos-, puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Musalem. El señor MUSALEM.- Señor Presidente, quien escuche al Honorable señor Rodríguez analizar desde su punto de vista los resultados de la política económica del Gobierno de la Unidad Popular, puede imaginar que las metas fijadas en el programa, como terminó diciendo Su Señoría, se han cumplido en forma indiscutible en productividad, en abastecimiento, en crecimiento general. Creo que en 15 minutos me será imposible dar respuesta a las observaciones del señor Senador. Tendremos oportunidad de tratar estas materias en un próximo debate, como lo planteó el Ministro señor Vnskovic en las Comisiones Unidas al estudiarse el proyecto sobre reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 8 de julio. Me alegro de que por primera vez el Gobierno acepte participar en el Congreso en un amplio diálogo sobre política económica. Al respecto, planteé que para que esa discusión fuera profunda y permitiera conocer seriamente los puntos de vista del Ejecutivo acerca de los resultados de su política económica, era necesario que previamente a un debate en la Sala, que podría limitarse a pronunciar discursos y transformarse un poco en diálogo entre sordos, celebráramos una sesión en las Comisiones unidas de Hacienda y de Economía, para estudiar a fondo el problema, sobre la base de los antecedentes que se nos proporcionen. Contrariamente a lo que sostuvo el Honorable señor Rodríguez, creo que mi intervención anterior dejó en claro que nos inspira el propósito de clarificar ante el país la situación económica que estamos viviendo. No nos anima la intención de hacer un ataque político. Basta leer en forma desapasionada esa intervención para comprobar que hicimos un análisis serio, documentado y objetivo. No habríamos gastado un tiempo valioso si nuestro propósito fuera sólo el de lanzar un ataque al Gobierno para desprestigiarlo nacional e internacionalmente, como dijo el señor Senador. Eso está muy lejos de nuestro temperamento y de nuestra intención. Es verdad que hasta ahora el Ejecutivo ha manejado confidencialmente lo relativo a la economía. Tenemos pruebas más que suficientes en el Senado y en la Cámara: cada vez que pedimos informaciones, no se nos enviaron, y debimos usar el recurso de la Contraloría General de la República para que los funcionarios gubernativos nos porporcionaran los datos que solicitábamos. Inclusive, esa intención del Gobierno se expresó en un hecho: el grueso de la información era torcida, parcial, para evitar que nos formáramos juicio acerca de la situación real de los aspectos que deseábamos conocer. En consecuencia, no es una afirmación infundada sostener que el Ejecutivo ha manejado confidencialmente la economía. Cuando el Ministro señor Vuskovic se reúne con las dueñas de casa en algunos lugares de Santiago, lo hace con fines políticos. La Unidad Popular fue golpeada fuertemente por el resultado de la votación femenina en Valparaíso. Las mujeres, fundamentalmente las dueñas de casa, son afectadas anímicamente en su posición frente a un gobierno por la situación de precios, abastecimientos y calidad de los productos. Entonces el señor Ministro de Economía, hombre retraído, a quien le gusta trabajar entre cuatro paredes en su gabinete con sus asesores -ahora, "coordinadores"-, debe salir, en contra de su voluntad, a dar a las dueñas de casa algunas explicaciones respecto de lo que está pasando. No ha salido voluntariamente a exponer la política económica del Gobierno. Lo hizo forzado por la grave situación de desabastecimiento; porque el indicador del alza del costo de la vida está falseado de muchas maneras; por errores en la política económica, como lo planteamos en nuestra intervención anterior. Al respecto, cabe destacar que, según el Gobierno, aquel índice subió en 0,3% en el mes de julio. He pedido los antecedentes respectivos para estudiar la situación y plantearla en una próxima oportunidad. No hay duda de que el índice está falseado directamente, se ha "manipulado". El Honorable señor Rodríguez calificó nuestro discurso de "exagerado ataque". Creo que se aviene a la mentalidad de los parlamentarios y personeros de la Unidad Popular no admitir críticas, aunque Su Señoría diga que el Primer Mandatario y el Ministro señor Vuskovic la piden, porque la necesitan. Pero la verdad es que les cuesta aceptar la crítica constructiva y utilizarla para rectificar los errores que se puedan estar cometiendo. Dijo el Honorable señor Rodríguez que nosotros olvidamos el interregno entre el 4 de septiembre y el 4- de noviembre de 1970. No es así. Inclusive, lo mencioné en varias partes de mi intervención. Lo que analicé en mi discurso fueron las metas que plantearon los Ministros de la Unidad Popular después de ese período, con conocimiento de todas las distorsiones económicas que se produjeron: el aumento del dinero, la depresión de la demanda, el incremento de los "stocks". Después de ese lapso, los Ministros esbozaron determinadas metas -en la exposición de la Hacienda Pública y en otras oportunidades-, y de ahí partimos nosotros. No nos pueden pedir, pues, que seamos más papistas que el Papa. A pesar de eso, analizamos la situación, especialmente en lo relativo a la capacidad ociosa. Ocupamos bastante tiempo y trabajo en examinar los efectos producidos en la capacidad ociosa en ese período y también los efectos del aumento del dinero. El Honorable señor Rodríguez se refirió a diversos aspectos. Habló del déficit fiscal con que la Unidad Popular recibió el Gobierno. Pero existe un hecho abrumador: nosotros recibimos el Presupuesto con un endeudamiento normal superior a 24% y lo redujimos a 4%. El último Presupuesto de la Democracia Cristiana necesitó de 4% de endeudamiento. Y hoy día, las Unidad Popular enfrenta un endeudamiento fiscal de 54%, que es el porcentaje a que asciende la relación del déficit fiscal de 7 mil millones de escudos, dentro de los gastos en que ha incurrido el Ejecutivo. Entonces, no se puede hablar de que la Administración actual recibió al país con un serio déficit de endeudamiento fiscal. El señor RODRIGUEZ.- ¿Y quién aprueba o rechaza los recursos, sino la mayoría parlamentaria? El señor MUSALEM.- Por desgracia, no dispongo de tiempo para responder a Su Señoría. El Honorable señor Rodríguez afirma que otra carga que recibió el Gobierno es lo que él llama la "Administración frondosa", en circunstancias de que al término del Gobierno anterior y como consecuencia de una orden personal del Presidente Frei para que no se llenaran las vacantes que se produjeran en la Administración Pública, quedaron 25 mil cargos sin llenar. En seguida, el señor Senador ha dicho: "Recibimos el Gobierno con puras dificultades". No obstante, si consideramos los 2 mil millones de dólares que significaron las inversiones industriales que hizo el Ejecutivo, aparte las realizadas por el sector privado, ¿se puede hablar de economía postrada, si el mismo señor Senador, acto seguido, reconoce que en los últimos diez años se renovaron los equipos industriales en el país? Porque a propósito de la capacidad ociosa, Su Señoría reconoció. .. El señor RODRIGUEZ.- Esa es una contradicción suya. El señor MUSALEM.- No, es de Su Señoría. Porque, si el señor Senador dice que el Gobierno recibió al país económicamente postrado, y en seguida reconoce que se renovaron todos los equipos industriales de Chile, mal puede hablarse de una nación en esas condiciones. El señor RODRIGUEZ.- Es una réplica a la afirmación que hizo Su Señoría respecto de los equipos obsoletos. El señor MUSALEM.- No podía estar postrado un país que entregaba al Gobierno la posibilidad, mediante la facultad de emitir dinero, de ocupar la capacidad ociosa. Sin embargo, el Ejecutivo no usó la capacidad ociosa en el sector de la construcción y de la vivienda, o sea donde era mayor. Y era legítimo, incluso, disminuir la cesantía. Porque en vez de contratar 35 mil trabajadores para seguir haciendo obras públicas que antes se ejecutaban con 35 mil trabajadores menos, bien pudo destinar a aquéllos a ocupar la capacidad ociosa del sector vivienda, y cumplir su plan de 120 mil casas, y no verse obligado a reducirlo a 70 mil, meta que quizás tampoco podrá cumplir. En cuanto a la recuperación de las riquezas básicas, el Honorable señor Rodríguez ha formulado críticas a la gestión de la Administración pasada y ha dicho que nosotros fuimos renuentes y que ellos, en cambio, enfrentaron y desafiaron a los Estados Unidos. Pero yo me pregunto, ¿y nosotros no hicimos nada? ¡ Si lo que ha hecho la Unidad Popular no es sino nacionalizar el 12% de las utilidades de las compañías del cobre, pues el resto ya lo había nacionalizado el Gobierno del Presidente Frei! La diferencia está en que, en vez de hacer política en torno de este proceso, el Gobierno de Frei prefirió realizar la nacionalización con un mínimo de riesgo para el país y para los chilenos. En cambio, la forma como la actual Administración ha aplicado la política del cobre está conduciendo a las pérdidas de producción que han sido reconocidas -lo oí en una intervención anterior por boca del Ministro de Minería, como también del presidente de la Sociedad Minera El Teniente, señor Arancibia- y que superan las 150 mil toneladas. El señor RODRIGUEZ.- Eso no es efectivo. No es serio. El señor MUSALE M.- El dato está ahí. El señor RODRIGUEZ.- Es falso. El señor MUSALEM.- Es bastante se-rio. En seguida, el Honorable señor Rodríguez ha dicho que en parte de mi intervención yo negué la capacidad ociosa. La verdad es que no lo he hecho, porque no puedo negar las realidades. Lo que dije es que el error del Gobierno estaba en que no toda capacidad ociosa puede moverse aumentando la demanda y el dinero en el país. Y puse, entre otros ejemplos, el problema de la capacidad ociosa del carbón: no es cuestión de emitir dinero y crear demanda, pues la gente prefiere consumir otro tipo de productos que son más económicos, más cómodos o que originan mayor bienestar. Eso sucede con muchos productos. Luego, señalé también el caso de la mano de obra especializada. Hay empresas que para aumentar sus turnos necesitan determinado tipo de obra de mano calificada. Si no la hay, no pueden aumentar su producción, por más dinero que circule. Cité, además, el caso de las materias primas. Una industria productora de estos elementos puede estar trabajando al 100% de su capacidad. Los elaboradores de esas materias, aunque haya mucho dinero y tengan capacidad, no podrán aumentar su producción, porque sencillamente no se produce más materia prima. También ha sostenido el Honorable señor Rodríguez que ellos se evadieron del Fondo Monetario Internacional y que no han actuado como hicimos nosotros. La verdad es que la misión de dicho organismo estuvo tres semanas en Chile -se fue hace un mes-, y durante ese lapso la Unidad Popular estuvo dando examen ante los personeros de aquélla. No podemos suponer que éstos estuvieran veraneando en Viña del Mar o haciendo esquí en Farellones. La verdad es que estuvieron tres semanas encerrados en el Banco Central tomando examen a todos los técnicos del equipo económico del Gobierno. Pero el Honorable señor Rodríguez dice que ellos no siguieron la política de devaluar. Claro que no: siguieron la que implantó el "Ruca" Vergara, primer Ministro dé Hacienda del Gobierno del señor Alessandri Personalmente, no creo que esa política sea más progresista. El señor AYLWIN (Presidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría. El señor MUSALEM.- En otra oportunidad seguiré analizando esta materia. El señor AYLWIN (Presidente).- Oportunamente se solicitará el acuerdo de la Sala para insertar los documentos a que se refirió el Honorable señor Rodríguez en su intervención. En el tiempo del Comité Social Demócrata, tiene la palabra el Honorable señor Ferrando. APLICACION DE LA REFORMA AGRARIA POR EL ACTUAL GOBIERNO. El señor FERRANDO.- Señor Presidente, hace aproximadamente dos semanas debí haber hecho uso de este tiempo de Incidentes para referirme a algunos problemas vinculados con la actividad de los campesinos y de la Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos y Cooperativas de la Reforma Agraria, con relación al trato que hoy día reciben y a las observaciones que merecen a esta entidad, nacida de la organización propia que los trabajadores del agro se han dado. Pienso que es muy conveniente examinar y tener presente esta opinión sobre todo por quienes consideran indispensable la participación del trabajador, del chileno en la vida de la institución donde cada cual pertenece o actúa. Cualquiera que sea la actividad donde aquél participe, es necesario que se sienta realmente incorporado a la comunidad donde vive, responsable de su progreso, partícipe de su Gobierno, luchando contra los fracasos y creando en definitiva el país que cada individuo, en el fondo de su alma, sueña y anhela como realidad. Entre las realizaciones indiscutibles j que destruyen en forma categórica y definitiva cualquier afirmación que tienda a vincular a la Democracia Cristiana y al Gobierno del Presidente Frei con la defensa o vivencia del sistema capitalista, está el hecho de haber abordado un proceso que efectivamente conduce a la reforma en el agro Es el mismo proceso que, empleado hoy por el Gobierno, ha permitido, según los datos que nos acaba de dar el Honorable señor Rodríguez, al 31 de julio recién pasado, expropiar 1.141 predios. No sé cómo aquilatar ciertos datos, porque evidentemente hay discrepancia entre las declaraciones oficiales de los funcionarios de determinados servicios y los antecedentes que se solicitan a veces por la Oficina de Informaciones del Senado. El señor RODRIGUEZ.- Una breve explicación: los datos de la Oficina de Informaciones del Senado corresponden, me parece, al 30 de junio y abarcan alrededor de 800 y tantos predios. Y entiendo que es un dato correcto. El señor FERRANDO.- En realidad, no dispongo de ninguno de los datos de la Oficina de Informaciones. Pero puedo afirmar que esa oficina solicitó en abril y en junio los antecedentes que permitan saber cuántos son los asentamientos que se han constituido desde el 4 de noviembre del año 1970 hasta la fecha. Y a pesar de que el oficio pertinente fue reiterado por la dependencia mencionada de esta Corporación, hasta el momento no hemos obtenido respuesta. Y yo tenía interés en conocerlos, por las razones que más adelante daré a conocer. Nadie podría discutir que el actual Gobierno ha hecho una expropiación de oficina, masiva, que seguramente alcanza a 1.141 predios, o más. Sin embargo, el mismo día 19 de julio, en el boletín Nº 19 de la Corporación de la Reforma Agraria, se informa que se han expropiado 984 predios que abarcan una extensión de 2.048.000 hectáreas. El señor RODRIGUEZ.- Son aproximadas. El señor FERRANDO.- Las acepto, señor Senador, y no puedo negar que es enorme el proceso de expropiación que se ha realizado. Pero se trata de una expropiación que hasta ahora, en gran parte -de ahí mi deseo de conocer cuáles con los asentamientos creados mediante este proceso-, se limita a simples decretos, a acuerdos de la comisión respectiva, que un día se tomaron en Santiago; otro en Llanquihue, y un mes entero se adoptaron en la zona de Temuco, etcétera. Pero los fundos expropiados por el decreto correspondiente no pasan a manos de la CORA, sino que quedan sujetos a un poder intermedio, en manos de los trabajadores y del dueño, quienes están esperando el momento en que se materialice la expropiación o el cambio de dominio. Ello determina falta de actividad en el trabajo agrícola, inquietud que el Honorable señor Rodríguez seguramente también debe de compartir. Sé que el señor Senador también ha podido apreciar en la zona que representa -las provincias de Osorno, Valdivia y Llanquihue- que existe una enorme cantidad de predios agrícolas expropiados y que, como no han sido tomados, porque no se han cumplido los requisitos legales, permanecen inactivos, sin producir y sus trabajadores prácticamente sin hallar qué hacer. El problema a que me refiero es tan serio que tanto el Gobierno como el sector agrícola están alarmados por las dimensiones que ha adquirido. Y debo decir que la semana recién pasada se reunieron en la oficina de la CORFO de la ciudad de Temuco el Vicepresidente de la Corporación de la Reforma Agraria, altos funcionarios del SAG, de INDAP y de ODE-PA, con los de la Corporación de Fomento de la Producción, para resolver, en un plan que llamaron "de emergencia", el problema de la falta de producción que veían venir, como consecuencia de un hecho que resulta patente en el campo chileno : no se toma posesión de las tierras expropiadas, éstas no se trabajan y no se conceden a los campesinos de esos predios los derechos que les corresponden. Los miembros de la Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos y Cooperativas de Reforma Agraria celebraron un consultivo en la ciudad de Linares los días 22, 23 y 24 del mes recién pasado. Se llaman Cooperativas de Reforma Agraria, para este caso, aquéllas compuestas por los trabajadores que, habiendo cumplido el plazo de asentamiento, recibieron el título de dominio, se distribuyeron el predio y lo constituyeron en cooperativa. Esta Confederación está preocupada por hechos muy dignos de tenerse en cuenta: porque no se toma posesión de gran cantidad de campos expropiados, como si las autoridades se limitaran a competir para ver quién toma más predios o más hectáreas en menos tiempo. Y uno se pregunta si quienes tienen la responsabilidad de realizar esas funciones no han pensado que no sólo de esto se trata. Recuerdo que cuando discutíamos la ley de Reforma Agraria, una de las cosas en que más insistieron los propios compañeros de Sus Señorías -entre ellos, el Senador desaparecido don Salomón Corbalán- es que era indispensable para Chile, para su economía y para los trabajadores, aplicar un sistema que permitiera no interrumpir el proceso de producción, a fin de no sufrir las graves consecuencias que siempre trae consigo una reforma en el agro. Todos estuvimos de acuerdo en que cualquier proceso de esa índole podía producir fácilmente determinados trastornos, por falta de preparación, de capacidad, de elementos técnicos, etcétera; y, en que debía procederse con cautela en esta materia. De ahí que en el artículo 66 de la Reforma Agraria, que no está modificado, se estableciera lo siguiente: "Producida la expropiación de un predio y habiendo la Corporación de la Reforma Agraria tomado posesión del mismo, ésta procederá a la instalación de un asentamiento campesino." O sea, se produce la expropiación, se toma posesión y se instala el asentamiento campesino con los mismos trabajadores que en la tierra hay, más algunos otros, para lo cual se hace previamente un estudio del campo de que se trate. Antes de producir la total expropiación, técnicos y especialistas han determinado cuáles son las necesidades de ese campo para producir, para que la gente que está allí trabajando tenga los medios de explotación necesarios; es decir, se planifica la forma de trabajar el predio que se ha tenido en vista expropiar. Fue para mí una experiencia valiosísima. Creo que no hubo asentamiento de los que se constituyeron en la zona, al que no asistiera en el momento en que se firmaba la toma de posesión y la creación del asentamiento. El señor RODRIGUEZ.- ¿Me permite una pequeña interrupción, con la venia de la Mesa? El señor FERRANDO.- Con la venia de la Mesa, con mucho gusto. El señor RODRIGUEZ.- No alcancé a abordar este tema integralmente... El señor FERRANDO.- No estoy contestando a Su Señoría, ya que práctica mente el señor Senador quedó en tratar más adelante el problema de la reforma agraria. El señor RODRIGUEZ.- Quiero decir ahora lo que no alcancé a expresar en respuesta al Honorable señor Musalem, no a Su Señoría, en mi análisis muy breve: que en los asentamientos del Gobierno pasado se crearon, a mi juicio, relaciones injustas de clases. Parte de los trabajadores asentados se transformaron en patrones de otros obreros agrícolas. Y tanto fue así que algunos de ellos plantearon reivindicaciones, en pliegos, a sus antiguos compañeros. Lo digo al pasar, no para rebatir al Honorable señor Ferrando, sino para señalar que vale la pena analizar el problema que Su Señoría está enfocando con bastante precisión, porque la verdad es que, a mi juicio, ahí está la causa de que los asentamientos a veces no caminen; porque se establecen relaciones tan injustas como las que antes había entre patrón e inquilinaje. El señor FERRANDO.- -Yo decía que lo que entonces vi me produjo una sensación extraordinariamente agradable, una reacción optimista respecto del futuro de Chile, la confirmación de lo que anhelábamos cuando discutíamos el proyecto de reforma agraria: nuestra confianza y fe en el campesino chileno; en que éste no iba a ser el buey que necesita la picana para hacerlo trabajar, como dijeron los patrones; vi al hombre del campo trabajar con alegría; vi también que el día en que se constituía el asentamiento y los campesinos elegían su directiva, les llegaban semillas, animales, tractores, etcétera ; y que ese día constituía una verdadera fiesta para los trabajadores del campo, que se sentían entusiasmados e impulsados a realizar el plan de trabajo preestablecido por ellos mismos, conforme al conocimiento que tenían del campo: que el potrero aquel no podía sembrarse este año, porque ya había sido sembrado el año pasado; que tendría que dejarse para tal otra cosa. Mediante el asesoramiento adecuado, se iban capacitando y adquiriendo independencia, mucho más allá de las esperanzas de quienes confiaban en esos trabajadores. Estoy convencido de que el desarrollo de este proceso podrá dar al país su independencia económica en materia de alimentación; de que el excedente agrícola que son capaces de entregar nuestros campesinos, y que nuestras tierras tienen que dar, puede llegar a ser uno de los pilares básicos de nuestra economía, quizás mucho más que el cobre y varios otros rubros, y que nos ha de permitir hasta ser exportadores de productos alimenticios, como lo fuimos en otros tiempos, lo que nos evitaría la sangría fenomenal de divisas que aflige al país. He podido comprobar la capacidad realizadora de esta gente, no sólo en sus labores, porque han comprendido que si están unidos, son capaces de producir mucho más. Crean sus cooperativas llamadas "Multirrecoop", que ellos mismos dirigen. He estado en la oficina central que tienen en Temuco, en la calle Vicuña Mackenna 700 y tantos. La cooperativa "Multirrecoop" de campesinos sí que tiene empleados; tiene contadores, maquinarias, etcétera, para impulsar el desarrollo económico, el comercio, el progreso. En esa misma institución han creado, convencidos de la necesidad de educar a sus hijos, un hogar campesino, en donde los hijos de los asentados tienen su residencia mientras estudian, en vez de estar pagando pensiones deficientes o muy caras. Ese hogar, formado por ellos, repito, también está dirigido por ellos mismos: un asentado hace las veces de jefe de hogar, mientras una mujer asentada se preocupa de la comida, como madre de familia de un grupo que en este momento cuenta con alrededor de 52 muchachos. Si los grupos sociales de Temuco hubieran pensado "ayudar" -término clásico para cierta clase de gente- a los campesinos a educarse, estoy seguro de que habrían celebrado varias reuniones en un club social, transmitido noticias por la prensa y por la radio, y al final no habrían hecho nada, porque no son capaces de tales sacrificios. Pero esos trabajadores, sin dar noticias de radio, sin hacer exposiciones de ninguna especie en la prensa, un día nos invitaron a la inauguración de su hogar. Lo que esta gente es capaz de dar, creo que el pueble chileno todavía no lo imagina. Y tan convencido estoy de ello, que cuando miro hacia atrás en la historia, veo que siempre nuestro país ha dado sus grandes pasos con participación amplia del pueblo chileno, que es campesino. Incluso, la misma Independencia. ¿De dónde salió el soldado que luchó con O'Higgins, con Carrera, con la gente que nos dio la independencia y se enfrentó al fusil del español? Improvisados militares como O'Higgins, ¿qué nos dicen? "Soy soldado y tengo la instrucción que por carta me ha dado Juan Mackenna. Más instrucción militar no tengo. Mi vida es el campo." Los hombres del campo se sumaban y formaban las huestes de nuestras guerrillas, que fueron en la práctica lo que nosotros llamamos "batallas de la independencia". El campesino hizo eso: su actuación fue decisiva en los momentos en que Chile dio sus grandes pasos hacia el progreso. Lo permanente es la tierra. Siempre generosa, está siempre produciendo. Hay otras riquezas muy valiosas, pero momentáneas. De repente caen sobre nuestra economía chorros de oro; por ejemplo, cuando Juan Godoy descubrió Chañarci-11o. Se agotaban y había que volver a estrecharse el cinturón. Y a vivir ¿de qué? De lo que es permanente: el trabajo de la tierra. Esta, bien dirigida, ¡cuánto habrá de dar! Pero ¿en qué situación nos encontramos hoy día frente al asentamiento? En la mayor parte de los casos, o en buena parte de ellos, por lo menos, no se han constituido. Tengo algunos datos concretos relativos a la provincia de Cautín: a la fecha de hoy, de catorce predios que están en manos de la Corporación de la Reforma Agraria, porque tomó ya posesión de ellos, no hay asentamiento constituido, sino un comité campesino, que no figura en parte alguna de la ley. Lo que se necesita es el asentamiento. ¿Qué piden los miembros de la Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos? Que se cumpla la ley; que se cree el asentamiento campesino. Es cierto que algunas de las personas que tienen a su cargo este proceso abrigan la idea de la hacienda estatal. No puedo desconocer que el Presidente de la República no comparte ese criterio, porque así lo ha manifestado públicamente. Sin embargo, alguna hacienda está por lo menos tratando de organizarse como tal. Es el caso de la ex hacienda Allipén, que perteneció al ex Diputado señor Nicanor Allende. Pero el proceso de asentamiento campesino está en cierto modo detenido. Aún más: parece que se quisiera provocar una especie de enfrentamiento entre el campesino asentado, el sindicato campesino y los comités a que me he referido. En algunas partes, como por ejemplo en Valdivia, en una hacienda cuyo nombre no recuerdo, los campesinos se han dividido después de constituirse un asentamiento para la explotación maderera, y está a punto de producirse un enfrentamiento armado entre ellos mismos, simplemente por no haberse dado cumplimiento a lo que la ley establece. Estos hombres han venido a conversar con los parlamentarios. Daré los nombres de algunos de ellos: Juan Chacón Díaz, presidente nacional de la Confederación de Asentamientos Campesinos, miembro del asentamiento de Malloco en la comuna de Peñaflor y de la Cooperativa de Asignatarios de la Reforma Agraria del mismo, ya asignado; Santos Rojas Castañeda, del Asentamiento Campo Lindo del departamento de Melipilla; Luis Acevedo Díaz, dirigente de la Cooperativa Multirrecoop de Chocalán, en O'Higgins, asentamiento Molino de Angostura; Bertil Uribe Triviño, del Asentamiento Choroico en Valdivia y tesorero de la Confederación Nacional de Asentamientos Campesinos; Dagoberto Villablanca Fariña, del Asentamiento El Luchador de la comuna de Lautaro, provincia de Cautín; Miguel Lobos Cancino, del Asentamiento Vista Hermosa de la provincia de Curicó; Emeterio Plaza Mellado, del Asentamiento Arco Iris en la provincia de Valdivia; Hernán Cornejo Pérez, del Asentamiento Los Alamos, Chimba-rongo; en fin, Fernando Díaz Díaz; Nés-tos Pozo Gatica; Héctor Loyola, etcétera. Estos campesinos han llegado hasta acá porque no han encontrado quién los oiga. Acaban de celebrar un consultivo nacional para debatir sus problemas y exponer dudas frente a los asentamientos, frente al sistema de créditos, y no encuentran quién los escuche. Pidieron audiencia al Ministro de Agricultura, y no se la dieron. Lo mismo hicieron con la Presidencia de la República, y no encontraron eco a su llamado. Solicitaron una entrevista en la Corporación de la Reforma Agraria, y no los recibieron. Por eso, hace dos o tres meses vinieron al Senado, hablaron con el Presidente de la Corporación y le dijeron lo mismo que a mí: "Señor, ya que nadie nos oye, venimos a plantear nuestros problemas a quienes dictaron las leyes, pues tenemos derecho a presentarnos aquí a fin de que ustedes expongan nuestra situación en nuestro nombre." Cuando trabajadores del agro, con sus propios recursos, son capaces de independizarse para trabajar el campo sin constituir carga para el Fisco, no se les otorgan créditos para la compra de maquinaria o para la capitalización de bienes. Y estos asentados deben recurrir al arriendo de máquinas del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados, SEAM, en circunstancias de que existía el propósito de que ese equipo desapareciera. Tan así es que se vendió la mayor parte de la maquinaria agrícola que poseía ese servicio para manejar sólo elementos pesados de alto costo con el fin de trabajar en los drenajes de los ríos y en otras labores. Algunos campesinos han debido pagar en un año al SEAM alrededor de 182 mil escudos por los trabajos en sus tierras, en circunstancias de que con ese mismo dinero ellos habrían podido adquirir al contado cuatro tractores. Sin embargo, no han podido hacerlo. Actualmente el crédito no se otorga a quien efectivamente está trabajando y participando -como dicen algunos, de los dientes para afuera- en el desarrollo del país. ¿Qué participación se está dando a los campesinos, cuando, al contrario, se les ignora totalmente, no sólo en los asentamientos, sino también en los sindicatos? El Intendente de la provincia pidió a "El Diario de Malleco" publicar un informe que le envió la Comisión Nacional Agraria de la Unidad Popular -aparece en la edición del lunes 9 de agosto-, en el cual ese organismo expone sus trabajos y establece que hay un Consejo Nacional Agrario integrado por el Ministro de Agricultura, señor Chonchol; el Subsecretario de Agricultura, señor Montenegro; el Vicepresidente de CORA, señor Baytelman; el señor Vásquez, del INDAP; el señor Diemer, de SAG; y el señor Luis Riffo, momentáneamente, de ODEPA. Además, por el representante del Partido Radical, Arcalaús Coronel; por un representante del Partido Comunista, señor Cerda; uno del MAPU, don Vicente García Huidobro; otro del Partido Social Demócrata, el señor Luis Muñoz Pizarro; del API, el señor Ayuy, y del Partido Socialista, el señor Héctor Behm. Esa Comisión Nacional Agraria estará encargada de resolver todos los problemas de orientación política general para el sector agrícola. Y, ¿dónde está la representación del campesino, del que trabaja la tierra? ¿Dónde está la participación de ese hombre en las labores de este Gobierno popular que cree que lo "popular" radica sólo en las palabras? Se crean los comités ejecutivos del sector agrícola provincial, los encabeza el Intendente y las autoridades zonales de la Unidad Popular, y en ninguna parte aparecen ni siquiera los consejos campesinos que esas mismas autoridades crearon como medio de destruir los asentamientos y sindicatos, que son las herramientas creadas por el campesinado para defender sus derechos. Realmente, es admirable oír a los trabajadores agrícolas; ver lo que realizan con gran esfuerzo, para obtener su independencia personal, y darse cuenta de que son capaces de transformar el campo chileno en lo que uno siempre ha soñado. Sin embargo, ese sector laboral se encuentra con el obstáculo de que quienes no les permiten progresar son los mismos que en este momento dirigen el proceso agrícola, y a los cuales, al parecer, lo único que les importa es destruir, sin preocuparse en absoluto de cómo se construirá el futuro de Chile sobre las ruinas que están dejando, sobre todo en esta actividad tan importante como la agricultura; y, aún más, sin preocuparse tampoco de la vida de los campesinos, que ven anulada su capacidad e inhibido su deseo de hacer algo, y entregada esa vida, no a un patrón que a veces tenía corazón y talento para entenderlos, sino a funcionarios absolutamente fríos, carentes del espíritu que debiera animarlos y sólo pendientes de la hora de irse. Se niegan los dineros para comprar elementos de trabajo. Sin embargo, se entregan fondos para comprar verdaderos castillos, como el de Osorno, en más de un millón de escudos, a fin de establecer en el campo las oficinas administrativas del Servicio. Como algunos creían que esa adquisición no era efectiva, el representante de la Federación Provincial de Osorno pidió al presidente nacional de la Confederación que visitara las salas del palacio adquirido para destinarlo a la Administración: cada pieza tiene distintos colores y lujosos teléfonos; hay numerosísimos baños con tinas de mármol de variados colores. ¡El campesino no necesita todo ese derroche para realizar su trabajo ni para seguir en las faenas agrícolas! El señor AYLWIN (Presidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría. El señor FERRANDO.- Lo lamento, señor Presidente; pero soy respetuoso de la distribución del tiempo. PUBLICACION DE DISCURSOS. El señor EGAS (Prosecretario).- El Comité Nacional formula indicación para publicar in extenso la intervención del Honorable señor Ochagavía en la hora de Incidentes de la sesión de hoy. El Honorable señor Chadwick formula indicación para publicar in extenso la intervención del Honorable señor Rodríguez en la hora de Incidentes de esta sesión. Indicación del Honorable señor Foncea para publicar in extenso las intervenciones de los Honorables señores Ferrando y Musalem en Incidentes de la presente sesión. El señor AYLWIN (Presidente).- Quedan para el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria. Se levanta la sesión. -Se levantó a las 21.24. Dr. Raúl Valenzuela García, Jefe de la Redacción. ANEXOS. DOCUMENTOS: 1 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE DENOMINA "AMELIA BARAHONA DE MUJICA" A LA ESCUELA Nº 21 DE GUALLIGUAICA, DEL DEPARTAMENTO DE ELQUI. Santiago, 5 de agosto de 1971. Con motivo del mensaje e informe que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien aprobar el siguiente Proyecto de ley: "Artículo único.- Denomínase a la Escuela Nº 21, de Gualliguaica, del departamento de Elqui, con el nombre de "Amelia Barahona de Mujica".". Dios guarde a V. E. (Fdo.): Fernando Sanhueza Herbage.- Jorge Lea-Plaza Sáenz. 2 PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE ESTABLECE NORMAS APLICABLES A LOS PRESTAMOS QUE LA CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION Y OTROS ORGANISMOS DE CREDITO OTORGAN A LOS AGRICULTORES PARA ELECTRIFICAR SUS PREDIOS. Santiago, 9 de agosto de 1971. Con motivo de la moción y antecedente que tengo a honra pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha tenido a bien prestar su aprobación al siguiente Proyecto de ley: "Artículo único.- Para el efecto de la aplicación de los artículos 2° de la ley Nº 16.568 y 164 de la ley Nº 16.840, la cantidad de Eº 10.000, establecida en la primera de las disposiciones citadas deberá actualizarse y, en consecuencia, reajustarse de acuerdo con el alza del costo de la vida determinado por la Dirección de Estadística y Censo de los años 1969-1968-1969 y 1970, y en lo sucesizo por el alza anual del costo de la vida que pudiera existir. Los préstamos que se otorguen a los pequeños agricultores para la electrificación de sus predios estarán sujetos a las disposiciones citadas, cualquiera que sea la procedencia de los fondos y se cancelarán en cuotas periódicas distribuidas en un plazo no inferior a diez años. Cuando en un mismo rol de avalúos figuren dos o más predios de diferentes propietarios, el avalúo de cada predio será determinado por la cooperativa o empresa que otorga el préstamo al pequeño agricultor. Cuando se trata de la electrificación de un predio constituido en asentamiento o asignado en copropiedad o cooperativa a los campesinos, el cálculo del avalúo se hará dividiendo el avalúo del predio por el número potencial o real de los campesinos asignatarios.". Dios guarde a V. E. (Fdo.) : Fernando Sanhueza Herbage.- Jorge Lea-Plaza Sáenz. 3 INFORME DE LA COMISION MIXTA DE DIPUTADOS Y SENADORES DESIGNADA PARA RESOLVER LAS DIFICULTADES PRODUCIDAS CON MOTIVO DE LAS INSISTENCIAS DE AMBAS CAMARAS EN DIVERSOS ARTICULOS DEL PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL CODIGO ORGANICO DE TRIBUNALES Y DICTA NUEVAS NORMAS RELATIVAS AL PODER JUDICIAL. Honorables Cámara de Diputados y Senado: Por acuerdo especial de las dos ramas del Congreso Nacional y en conformidad al artículo 51 de la Constitución Política del Estado, tuvisteis a bien designar esta Comisión Mixta de igual número de Diputados y Senadores, a fin de que proponga la forma y modo de resolver las dificultades producidas con motivo de las insistencias de ambas Cámaras en diversos artículos del proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales y dicta nuevas normas relativas al Poder Judicial. Vuestra Comisión Mixta se constituyó con fecha 5 de agosto en curso y procedió por unanimidad a elegir como Presidente al Honorable Senador señor Renán Fuentealba. Además, contó con la colaboración de los Ministros de las Ilustrísimas Cortes de Apelaciones de La Serena y Talca, señores Osear Alvarez y Alonso de la Fuente, respectivamente, y del Relator de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, señor Raúl Gutiérrez. Los aspectos principales de la controversia entre ambas Cámaras dicen relación con el sistema de calificación del personal que presta sus servicios en el Poder Judicial. El Senado despachó esta materia en el primer trámite, considerando las siguientes normas fundamentales: 1) en el mes de enero de cada año, la Corte Suprema hará la calificación general de los Magistrados Judiciales y de los funcionarios auxiliares, sobre la base de los informes previos elaborados por los Jueces Letrados en la segunda quincena del mes de noviembre y por las Cortes de Apelaciones en el mes de diciembre; 2) la calificación tendrá dos formas de expresión principal: determinación de los funcionarios que deben ser eliminados del servicio por no tener el buen comportamiento exigido por la Constitución o la eficiencia, celo y moralidad que les son exigibles, y determinación de los funcionarios que deben permanecer en el servicio; 3) esta última determinación se efectúa mediante la formación de tres listas, denominadas lista número uno, lista número dos y lista número tres, respectivamente; 4) en la lista número uno se coloca a aquéllos que tengan condiciones morales y profesionales sobresalientes. En la número dos figurarán los funcionarios moralmente intachables pero que se limitan a cumplir satisfactoriamente los deberes y funciones de su cargo. En la lista número tres figurarán los funcionarios que no posean en grado necesario las condiciones requeridas para figurar en la lista número dos, y aquéllos que, por efecto de medidas disciplinarias impuestas el año anterior, se considere conveniente dejarlos en observación; 5) se presumirá de derecho que el funcionario que haya figurado dos veces consecutivas en la lista número tres tiene mal comportamiento, por lo que deberá renunciar; 6) se entrega a un reglamento especial, que será dictado por el Presidente de la República, oyendo a la Corte Suprema, la determinación de "la forma en que deben influir, en cada caso, los factores de calificación", el que asimismo deberá disponer lo conveniente para que las calificaciones permitan la elaboración de un Escalafón de Méritos en el que figurarán todos los funcionarios calificados, dentro de sus correspondientes ramas y categorías, por orden decreciente de estimación de sus méritos. Se trata, en síntesis, de un sistema flexible que se fundamenta en factores objetivos cuya ponderación juiciosa debe servir de base a la formación del Escalafón de Méritos. La Cámara de Diputados introdujo al proyecto diversas enmiendas en el segundo trámite, principalmente relacionadas con los artículos 273 a 278 del Código Orgánico de Tribunales, que comienzan por variar la denominación de los escalafones y que, en seguida, contemplan un sistema absolutamente reglado de calificación, sobre la base de la determinación precisa de siete factores de apreciación, a cada uno de los cuales corresponde un coeficiente que puede ir de uno a tres y a cada uno de los cuales se deberá, también, ponderar con notas que van de 1 a 5. El puntaje resultante determina la inclusión en una u otra de las listas. Además, la Cámara eliminó entre los factores objetivos de calificación, los concernientes al número de sentencias, recursos de queja, amparo y de casación en la forma que se hubieren aceptado contra las resoluciones de un Juez. Los Honorables Diputados miembros de vuestra Comisión Mixta, especialmente el Honorable señor Tejeda, hicieron presente que existía consenso entre ellos para aprobar globalmente el sistema de calificaciones propuesto por el Honorable Senado, en atención a que es el que propicia y solicita despachar la Asociación de Magistrados Judiciales y otros núcleos de funcionarios dependientes del Poder Judicial. En el estudio particular de los puntos en discrepancia, tomamos como bases de referencia la minuta que se inserta como Anexo A de este informe y un comparado preparado por la Secretaría de la Comisión, el que también se incluye como Anexo B del mismo. Acuerdos de la Comisión Mixta. I.- Partiendo del consenso que existe en la Comisión de proponeros aprobar el sistema de calificaciones del proyecto del Senado, os recomendamos, en primer lugar, rechazar los números 22, 23, 24, 25 y 26 nuevos, agregados por la Honorable Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional del proyecto (Minuta, letra a) Nº 1, página 3. Comparado, páginas 5 y 6), que se refieren a cambios de denominación en los Escalafones del Poder Judicial (artículos 264, 266, 271 y 272 del Código Orgánico de Tribunales). II.- El artículo 273 del Código Orgánico de Tribunales que el proyecto propone en sustitución del actual, dispone lo siguiente en sus tres primeros incisos: "Artículo 273.- Los jueces de letras de mayor cuantía y jueces especiales de menores elevarán a la respectiva Corte de Apelaciones, antes del 1º de diciembre de cada año, un informe con la apreciación que les merezcan los funcionarios de su dependencia, atendida su eficiencia, celo y moralidad en el desempeño de su cargo y con las medidas disciplinarias que se les hubiere impuesto en el año. Las Cortes de Apelaciones enviarán a la Corte Suprema en los úl-iimos cinco días de cada año, un informe confidencial con la apreciación que les merezcan, para los efectos de la calificación a que se refiere el artículo 275, los Relatores y Secretarios de las Cortes, los Jueces de Letras de Mayor Cuantía, los Jueces de Letras de Menores, los Jueces de Letras de Indios, los Jueces de Letras de Menor Cuantía y los funcionarios auxiliares del respectivo territorio jurisdiccional de dichas Cortes, indicando, además, las medidas disciplinarias que se les hubieren impuesto. En ese mismo plazo, el Fiscal de la Corte Suprema enviará análogo informe a este tribunal, respecto de los Fiscales de las Cortes de Apelaciones.". El inciso tercero aprobado por el Senado, que pasó a ser inciso cuarto, establece que "Sin perjuicio de las demás apreciaciones y antecedentes que el tribunal considere conveniente expresar en su informe, éste deberá referirse especialmente a las siguientes circunstancias: cumplimiento por los funcionarios objeto del informe de sus obligaciones de residencia y asistencia, puntualidad o atraso en la atención de su despacho y en la dictación de las sentencias, recursos de amparo, de queja y de casación en la forma que se hubieren aceptado contra sus resoluciones, ¡medidas disciplinarias de que hubiere sido objeto, número de resoluciones que se le hubieren revocado y confirmado y de aquéllas que se haya ordenado publicar, forma como ejerce sus funciones de control o fiscalización sobre sus subordinados y forma como atiende al público que acude a sus oficios.". La Honorable Cámara de Diputados propone reemplazar la frase "las sentencias, recursos de amparo, de queja...", hasta el final del inciso, por la siguiente: "la sentencia, forma como atiende al público que acude a sus oficios, forma como ejerce sus funciones de control o fiscalización sobre sus subordinados y sobre la Policía, en especial en los casos de denuncias de torturas.". (Minuta, letra c) Nº 1, página 4. Comparado, página 7). Como se ve, la discrepancia entre ambas Cámaras está en algunos de los elementos objetivos que debe contener el informe de las Cortes de Apelaciones y del Fiscal de la Corte Suprema, en su caso. Puesta en discusión la materia, usa de la palabra el Ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, señor Alvarez, quien manifiesta que los Jueces han estimado que el criterio que tuvo en vista el Senado al proponer la redacción de la parte final del inciso cuarto del artículo 273 del Código Orgánico de Tribunales es un tanto complejo y no se ajustaría a la posibilidad de obtener una apreciación cabal y objetiva de las funciones de los Magistrados. Estimar como índice de calificaciones, agrega, el número de resoluciones que hubieren sido revocadas y confirmadas no significa en sí que la sentencia dictada por ese Magistrado sea buena o mala, puesto que la revocación puede derivar de una diferente apreciación de la norma jurídica por el Tribunal Superior. Igual cosa puede ocurrir con respecto a la aceptación o rechazo de los recursos de amparo, de queja o de casación en la forma, etc., que muchas veces pueden derivar de divergencias en puntos de derecho entre el Juez y el Tribunal Superior. Por estas razones, los Jueces estiman más acertada la redacción propuesta por la Honorable Cámara de Diputados en el sentido de que el informe que tiene que evacuar el Tribunal deba contener sólo las circunstancias relativas al cumplimiento de parte de los funcionarios de sus obligaciones de residencia, asistencia, puntualidad o atraso en la atención de su despacho y en la dictación de la sentencia, forma como atiende al público que acude a sus oficios, forma como ejerce sus funciones, etc., que son factores que permiten una medición más imparcial e independiente de la calidad de un juez. La única observación que merece al señor Alvarez la disposición de la Honorable Cámara de Diputados dice relación con la parte final del inciso que se refiere "a los casos de denuncias de torturas" como índice de apreciación para proceder a una calificación. Señala el señor Ministro que para cumplir con esta obligación habría que revisar las denuncias de torturas, que aparte de ser escasas, dependen de criterios que no son jurídicos ni uniformes. El Honorable Senador señor Aylwin manifiesta ser partidario de aprobar, en este caso, una solución intermedia. Estima que puede tener razón el señor Ministro en la inconveniencia de señalar como índice de calificación la referencia a los recursos de casación en la forma que se hubieren aceptado contra sus resoluciones y el número de sentencias que se les hubieren revocado o confirmado y las que se hubiere ordenado publicar. Sin embargo, cree el señor Senador que estos elementos son útiles, ya que son simples antecedentes que la Corte de Apelaciones señalará en su informe a la Corte Suprema a fin de que ésta proceda con los mayores elementos de juicio posible al calificar al funcionario. No obstante lo anterior, reitera estar llano a eliminar del respectivo informe algunos de esos antecedentes, manteniendo los que dicen relación con la forma como ejerce sus funciones de control o dé fiscalización sobre sus subordinados y sobre la Policía, así como la referencia a los recursos de amparo y de queja que se hubieren aceptado contra sus resoluciones y las medidas disciplinarias de que hubiere sido objeto, ya que es indudable, a su juicio, que estos son factores importantes y dignos de tenerse en cuenta de un modo muy especial al resolver sobre una calificación funcionaría. El Honorable Senador señor Bulnes señala que entre el precepto aprobado por el Senado y el de la Honorable Cámara de Diputados, existen dos diferencias: la Cámara de Diputados ha eliminado de las menciones del informe de calificación, la referencia a los recursos de amparo, de queja y de casación en la forma que se hubieren aceptado en contra de sus resoluciones, las medidas disciplinarias de que hubiere sido objeto, el número de resoluciones que se le hubieren revocado o confirmado y de aquéllas que se le haya ordenado publicar, y, ha agregado la mención al control o fiscalización sobre la policía, en especial en los casos de denuncias de torturas. Estima Su Señoría que para calificar a un Juez es necesario que el Tribunal Superior tenga conocimiento de los recursos de amparo, de queja y de casación en la forma que se hubieren aceptado contra sus resoluciones como, también, de las medidas disciplinarias de que hubiere sido objeto. Lo anterior no significa que necesariamente la Corte Suprema se forme un mal concepto respecto de un juez por una simple discrepancia de derecho, pero, señala, que si al juez se le acogen en forma continua los recursos de casación en la forma o si falla las causas con incompetencia, o ultra petita o en forma defectuosa, el Tribunal que lo va a calificar debe tener conocimiento de estas circunstancias. En seguida, prosigue el señor Bulnes, el Tribunal debe saber si a un juez se le han aplicado o no medidas disciplinarias, como también, el número de recursos de amparo que se han acogido en contra de sus resoluciones. Estima que estos elementos son absolutamente necesarios para la calificación ya que, a su juicio, es más importante que un juez falle bien sus causas a que llegue puntualmente a desempeñar el cargo. Agrega el señor Bulnes que el Tribunal que califique a un juez tendrá el criterio suficiente como para no considerar como elemento que determine una deficiente calificación el hecho de que el Magistrado tenga un criterio jurídico diferente al de la Corte, pero, añade que si aquél comete errores de importancia o si permanentemente se acogen recursos de amparo respecto de su Tribunal o se casan las sentencias que dicta, es necesario que la Corte Suprema al calificar a ese funcionario deba tener conocimiento de estos antecedentes. Por estas razones, Su Señoría es partidario de mantener la norma aprobada por el Senado. Después de una discusión en que participan todos los miembros de vuestra Comisión, se acuerda por unanimidad acoger la proposición del Honorable Senador señor Aylwin y recomendaros aprobar en la parte pertinente del inciso final la siguiente redacción: "y en la dictación de las sentencias; quejas y recursos de amparo que se hubieren aceptado contra sus resoluciones; medidas disciplinarias de que hubiere sido objeto; forma como atiende al público que acude a sus oficios; forma como ejerce sus funciones de control o fiscalización sobre sus subordinados". En cuanto al control o fiscalización sobre la Policía, se promueve un interesante debate en el que intervienen los Honorables señores Juliet, Bulnes, Fuentealba, Naudon, Tejeda y el Ministro de la I. Corte de Apelaciones de La Serena, señor Alvarez. El Honorable Senador señor Juliet estima que debe precisarse la referencia que se hace a la Policía, puesto que como está redactada la disposición adolece de imperfecciones y resulta demasiado amplia. Finalmente, a proposición del Honorable Senador señor Bulnes, se acuerda por unanimidad recomendaros aprobar la parte pertinente con la siguiente redacción: "y respecto de las que le correspondan sobre la Policía, en especial en los casos de torturas.", quedando así en claro que la disposición está referida a cualquier clase de Policía sobre la cual el Tribunal tenga tuición, sea ésta directa o indirecta. III.- El penúltimo inciso del artículo 273 del Código Orgánico de Tribunales que el proyecto propone en sustitución del actual, establece que "El Consejo General del Colegio de Abogados y los Consejos Provinciales, en su caso, deberán informar por escrito y confidencialmente, en la primera quincena de noviembre de cada año, respecto de los funcionarios judiciales de la jurisdicción que les merezca observaciones.". Por su parte, el inciso final de la misma disposición, aprobado por el Senado y rechazado por la Cámara de Diputados, dispone lo siguiente (Minuta, letra b) Nº 1, pág. 3. Comparado, pág. 8): "El Presidente del Consejo General y los Presidentes de los Consejos Provinciales del Colegio de Abogados, concurrirán con derecho a voz a las deliberaciones que efectúen las Cortes de Apelaciones para sostener el informe a que se refiere el inciso anterior.". El Honorable señor Tejeda hace presente que la concurrencia del Presidente del Consejo General y de los Presidentes de los Consejos Provinciales del Colegio de Abogados a las deliberaciones que efectúen las Cortes de Apelaciones en los procesos de calificación, será únicamente para sostener el informe que emitan sobre los funcionarios judiciales que les merezcan observaciones en la respectiva jurisdicción y que su asistencia no se extenderá ni podrá extenderse a las demás deliberaciones que se susciten en el seno de las Cortes para calificar al resto del personal del Poder Judicial. Su Señoría solicita se deje constancia en este informe de lo anterior. Así se acuerda. Con el objeto de precisar aún más la intervención de que trata este inciso, os proponemos establecer en la norma que unánimemente recomendamos aprobar, que los representantes de los Colegios de Abogados concurrirán a las deliberaciones de las Cortes de Apelaciones para el solo efecto de sostener el informe a que se refiere el inciso anterior. IV.- Consecuentes con el criterio de aceptar el sistema de calificación propuesto por el Senado, os recomendamos unánimemente aprobar el artículo 275 despachado por esa Corporación, dándose así por rechazada la norma propuesta por la Cámara de Diputados (Minuta, letra c) Nº 2, página 4. Comparado, pág. 9). Este artículo 275 contiene las normas generales sobre el proceso de calificación de los funcionarios judiciales, que analizamos en conjunto y comparativamente en la parte inicial del presente informe. V.- La frase final del inciso tercero del artículo 276 del Código Orgánico de Tribunales que el proyecto propone en sustitución del vigente, dispone que el funcionario eliminado del Servicio podrá acogerse a jubilación siempre que acredite, a lo menos, diez años de servicios computables. La Honorable Cámara de Diputados rechazó esta parte de la disposición (Minuta, letra b) Nº 2, pág. 3. Comparado, pág. 13). En discusión el punto controvertido, usa de la palabra el Ministro de la I. Corte de Apelaciones de La Serena, señor Alvartíz, quien manifiesta que el funcionario que debe abandonar el servicio por ser mal calificado por la Corte Suprema no tiene derecho a jubilación por aplicación del artículo 118 del Estatuto Administrativo. En efecto, esta disposición establece que "Tendrán derecho a jubilar por expiración obligada de funciones aquellos empleados que, teniendo quince o más años de servicios o de imposiciones, debieren abandonar su empleo por término del respectivo período legal, por la supresión del empleo dispuesto por la autoridad competente o por renuncia no voluntaria, siempre que no sea por calificación insuficiente o por medida disciplinaria.". De manera, agrega, que el empleado del Poder Judicial que deba abandonar el servicio por calificación insuficiente o medida disciplinaria no tiene derecho a jubilación aun cuando tuviere más de quince años de servicios. Por lo tanto, si se rechaza la disposición del Senado quedarían esos funcionarios mal calificados o con medidas disciplinarias sin derecho a jubilación por aplicación del citado artículo 118 del Estatuto Administrativo. Después de un breve debate, vuestra Comisión aprobó por mayoría de votos la norma propuesta por el Senado y os recomienda adoptar igual pronunciamiento. Votó en contra de la disposición el Honorable Senador señor Bulnes y se abstuvo de votar el Honorable Senador señor Fuente-alba. El Honorable Senador señor Bulnes fundamentó su voto negativo en que las causales que motivan la eliminación del Servicio Judicial son graves, por lo que estima que no se justifica otorgar en estos casos un beneficio especial, sino, por el contrario, deben aplicarse las normas generales del Estatuto Administrativo sin excepciones de ninguna naturaleza. El Honorable señor Fuentealba fundamentó su abstención en que, a su juicio, la frase de que se trata significa consagrar una excepción calificada en favor de los empleados del Poder Judicial con desmedro del resto de los funcionarios públicos a quienes se les aplica el artículo 118 del Estatuto. VI.- El inciso cuarto del artículo 276 del Código Orgánico de Tribunales que el proyecto propone aprobar en sustitución del vigente dispone lo siguiente: "Las listas de calificación que la Corte Suprema haya formado serán comunicadas a esas mismas autoridades mediante oficio confidencial. Igual comunicación confidencial se dirigirá a cada funcionario, respecto de su inclusión en dichas listas.". La Honorable Cámara de Diputados propuso agregar una frase, que fue rechazada por el Senado (Minuta, letra a), Nº 2, pág. 3. Comparado, pág. 13). Después de una breve discusión, se aprueba la idea de la Cámara de Diputados, para lo cual os proponemos aprobar la segunda oración del inciso en debate con la siguiente redacción: "Igual comunicación confidencial se dirigirá a cada funcionario, respecto de su inclusión en dichas listas, la que se notificará al afectado remitiéndole copia íntegra de su calificación, por carta certificada dirigida al lugar en que debe desempeñar sus funciones en conformidad a la ley.". VII.- Reiterando nuestro criterio anterior, os recomendamos adoptar los siguientes acuerdos: A) Aprobar el artículo 277 del Código Orgánico de Tribunales propuesto por el Senado en sustitución del vigente (Minuta, letra c) Nº 3, pág. 4. Comparado, pág. 14). B) Aprobar el encabezamiento del artículo 278 del mismo Código propuesto por el Senado (Minuta, letra a), Nº 3, pág. 3. Comparado, página 15); C) Aprobar la letra a) del mismo artículo 278 propuesto por el Senado (Minuta, letra c), Nº 4, pág. 4. Comparado, pág. 15) ; D Aprobar la letra b) del artículo 278 del mismo Código Orgánico de Tribunales propuesta por el Senado (Minuta, letra b), Nº 3, pág. 3. Comparado, pág. 16); E) Rechazar el nuevo inciso segundo que la Honorable Cámara de Diputados propone agregar al mismo artículo 278 del Código Orgánico de Tribunales propuesto por el Senado (Minuta, letra a), Nº 4, pág. 3. Comparado, pág. 16); F) Rechazar la sustitución de la referencia en el mismo artículo 278 del Código Orgánico (Minuta, letra c), Nº 5, pág. 4. Comparado, pág. 17); G) Rechazar la supresión de algunos vocablos en el inciso noveno del mismo artículo 278 sustitutivo (Minuta, letra b), Nº 4, pág. 4. Comparado, pág. 18) ; H) Rechazar la sustitución de dos palabras en el inciso primero del artículo 281 del Código Orgánico propuesto por el Senado (Minuta, letra c), Nº 6, pág. 4. Comparado, pág. 19), e I) Rechazar el inciso segundo agregado por la Honorable Cámara de Diputados al artículo 502 bis aprobado por el Senado (Minuta, letra a), Nº 5, pág. 3. Comparado, pág. 23). En consecuencia, en este número VII os proponemos rechazar todas las agregaciones, supresiones y sustituciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto aprobado por el Senado. Resumiendo lo expuesto, os recomendamos despachar los puntos en controversia de la siguiente manera: 1.- Rechazar los Nºs. 22, 23, 24, 25 y 26 nuevos, agregados por la Honorable Cámara de Diputados; 2.- Aprobar en el inciso tercero del artículo 273 sustitutivo del Código Orgánico de Tribunales, que pasó a ser inciso cuarto, a continuación de la frase: "puntualidad o atraso en la atención de su despacho", lo siguiente: "y en la dictación de las sentencias; quejas y recursos de amparo que se hubieren aceptado contra sus resoluciones; medidas disciplinarias de que hubiere sido objeto; forma como atiende al público que acude a sus oficios; forma como ejerce sus funciones de control o fiscalización sobre sus subordinados y respecto de las que le correspondan sobre la Policía, en especial en los casos de torturas.". 3.- Aprobar el inciso final del mismo artículo 273 con la siguiente redacción: "El Presidente del Consejo General y los Presidentes de los Consejos Provinciales del Colegio de Abogados, concurrirán a las deliberaciones que efectúen las Cortes de Apelaciones para el solo efecto de sostener el informe a que se refiere el inciso anterior.". 4.- Aprobar el artículo 275 sustitutivo del Código Orgánico de Tribunales despachado por el Senado. 5.- Aprobar la frase final del inciso tercero del artículo 276 sustitutivo del Código Orgánico de Tribunales que dice: "Este podrá acogerse a jubilación siempre que acreditare, a lo menos, diez años de servicios computables.". 6.- Aprobar la frase que se agrega al inciso cuarto del artículo 276 sustitutivo del Código Orgánico de Tribunales redactando la oración final de la siguiente manera en punto (.) seguido: "Igual comunicación confidencial se dirigirá a cada funcionario, respecto de su inclusión en dichas listas, la que se notificará al afectado remitiéndole copia íntegra de su calificación, por carta certificada dirigida al lugar en que debe desempeñar sus funciones en conformidad a la ley.". 7.- Aprobar los acuerdos a que nos referimos en el punto VII de este informe. Sala de la Comisión, a 6 de agosto de 1971. Acordado en sesión celebrada en el día de ayer, con asistencia de los Honorables Senadores señores Fuentealba, don Renán (Presidente) ; Aylwin, don Patricio; Bulnes Sanfuentes, don Francisco, y Juliet, don Raúl, y de los Diputados señores Concha, don Jaime; Fuentes, don César; Naudon, don Alberto; Ruiz-Esquide, don Ruffo, y Tejeda, don Luis. (Fdo.) : Rafael Eyzaguirre Echeverría, Secretario. ANEXO A MINUTA Proyecto sobre modificaciones del Código Orgánico de Tribunales y nuevas normas relativas al Poder Judicial. 1º.- El proyecto del rubro tuvo su origen en un Mensaje enviado al Senado, del que se dio cuenta a la Sala el día 23 de julio de 1969, tramitándose a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Esta Comisión, a su vez, lo envió, luego de aprobado en general, a la Comisión de Hacienda. 2º.- El citado proyecto fue informado por ambas Comisiones y aprobado en general por la Sala con fecha 23 de diciembre de 1969, fijándose plazo para presentar indicaciones hasta el día 31 de diciembre a las 12 horas. 3º.- Se presentaron numerosas indicaciones, entre ellas algunas del señor Ministro de Justicia relativas a la calificación del personal del Poder Judicial. 4º.- Luego del segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Hacienda, el proyecto fue aprobado en particular el día 13 de enero de 1970. El día 14 del mismo mes fue comunicado a la Honorable Cámara de Diputados. El proyecto constaba de ocho artículos permanentes y uno transitorio. 5°.- Con fecha 4 de agosto de 1970 se dio cuenta a la Sala de que la Cámara de Diputados había aprobado el proyecto en su segundo trámite constitucional. La Cámara de Diputados comunicó haber aprobado los artículo 1º y transitorio; haber rechazado el artículo 7º; haber modificado (suprimiendo partes, agregando disposiciones o sustituyendo textos) los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 8º y haber aprobado, también, diez artículos permanentes y cuatro transitorios, nuevos. El proyecto, en tercer trámite, fue enviado por la Sala, en informe, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y ésta, a su vez, propuso enviarlo a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, lo que acordó. 6º.- Informado por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y por la de Trabajo y Previsión Social (en lo relativo a la previsión de los abogados, principalmente) el proyecto fue despachado en la Sala con fecha 20 de octubre de 1970, aprobando la mayoría de las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados con excepción de parte de aquellas recaídas en el artículo 2º (del Senado), y las consistentes en agregar los artículos 15, 17 y 18 nuevos (de la Cámara Revisora), que fueron rechazadas. 7º.- El día 5 de enero en curso se dio cuenta a la Sala de que la Cámara de Diputados había despachado el proyecto, en cuarto trámite constitucional, no insistiendo en la aprobación del artículo 15, no pronunciándose respecto de los artículos 17 y 18, nuevos (por estimar que esos artículos vulneraban el artículo 45 de la Constitución Política del Estado), e insistiendo en la aprobación de algunas de las modificaciones introducidas por ella al artículo 2º. La Sala acordó enviar el proyecto, en quinto trámite, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para informe. 8º.- La Comisión informó el proyecto y el día 13 del mes en curso la Sala insistió en la casi totalidad de su criterio primitivo, aceptando sólo dos de las diecisiete enmiendas introducidas por la Cámara Revisora al artículo 2º, en cuya aprobación ésta había insistido. Cabe, entonces, analizar la suerte que deben correr las quince enmiendas al artículo 2° que, introducidas por la Cámara de Diputados en el segundo trámite e insistidas por ella en el cuarto, fueron reprobadas por el Senado en el tercero y, a su vez, insistido su rechazo en el quinto trámite constitucional. Hay tres situaciones diferentes: a) La Cámara revisora agregó preceptos; b) La Cámara revisora suprimió preceptos, y c) La Cámara revisora sustituyó preceptos. (a) Respecto de las enmiendas que a continuación se señalan, no hay ley sobre la materia, toda vez que las modificaciones de la Cámara de Diputados consistían en adiciones, rechazadas por el Senado: (Artículo 50 C.P. del E.). 1) La que tiene por objeto agregar los Nºs 22, 23, 24, 25 y 26 nuevos; 2) La que tiene por finalidad agregar una frase en el inciso cuarto del artículo 276 sustitutivo; 3) La que consiste en agregar diversos términos al inciso primero del artículo 278 sustitutivo; 4) La que tiene por finalidad consultar un inciso segundo nuevo al artículo 278 sustitutivo, y 5) La que tiene por objeto agregar un inciso segundo nuevo al artículo 502 bis. (b) Tampoco hay ley en las materias que a continuación se indican, por tratarse de enmiendas de la Cámara de Diputados consistentes en supresiones, aun cuando en la solución que debe darse a los problemas que plantean estas enmiendas discrepan diversos autores. (Informe de la Comisión de C. L. J. y R. de 5-8-1959) : 1) La que tiene por objeto rechazar el inciso sexto (ahora, octavo) del artículo 273 sustitutivo; 2) La que consiste en rechazar la frase final del inciso tercero del artículo 276 sustitutivo; 3) La que tiene por objeto suprimir la letra b) del artículo 278 sustitutivo, y 4) La que consiste en suprimir diversos vocablos en el inciso noveno del mismo artículo 278 sustitutivo. (c) Finalmente donde se presentan los más serios problemas es en este último grupo de enmiendas consistentes en sustituciones de la Cámara de Diputados. En este caso se encuentran: 1) La que tiene por objeto sustituir una frase en el inciso tercero del artículo 273 sustitutivo. (Elementos del informe para calificaciones); 2) La que persigue reemplazar el artículo 275 sustitutivo (todo el sistema calificatorio del Poder Judicial); 3) La que pretende reemplazar el artículo 277 sustitutivo (eliminación de funcionarios de mal comportamiento); 4) La que consiste en sustituir la letra a) del artículo 278 sustitutivo por otras siete letras (eliminación de funcionarios) (texto Senado) y coeficientes de calificación (texto Cámara de Diputados); 5) La que persigue sustituir una palabra en el inciso sexto del artículo 278 sustitutivo (mera referencia) y 6) La que tiene por finalidad reemplazar dos palabras en el inciso primero del artículo 281 sustitutivo (concordancia). El texto constitucional no es claro respecto de estas modificaciones consistentes en sustituciones. En efecto, si consideramos las palabras "adiciones o correcciones" en un sentido genérico debemos concluir que las "sustituciones" son, indudablemente, un tipo de corrección. Así, caemos de llenos en la frase final del artículo 50 de la Constitución Política del Estado, que dice: "Se entenderá que ésta -se refiere a la Cámara de origen- reprueba las adiciones o correcciones, si concurren para ello las dos terceras partes de los miembros presentes." Reprobados los preceptos sustitutivos -al tenor del artículo 50 de la Constitución Política del Estado- cabe preguntarse si no hay ley sobre la materia o si prevalece el criterio de la Cámara de origen. La opinión de la Mesa es la de que no hay ley sobre estas materias. Avalan esto posición no sólo numerosos precedentes (si bien hay que reconocer que existen también precedentes en el sentido contrario) sino que, también diversos tratadistas. La opinión contraria, es decir, la que sostiene que prevalece el criterio de la Cámara de origen (en este caso el Senado) puede llevar, si consideramos una situación límite, al absurdo de suponer aprobado por el Congreso Nacional un precepto que haya sido aceptado por los dos tercios de la Cámara de origen y reprobado por unanimidad en todos los trámites por la Cámara revisora (situación que se produce cuando ésta sustituye la totalidad de un precepto e insiste, en cuarto trámite, en su sustitución). Como decíamos anteriormente, los tratadistas consultados se inclinan por la primera solución, es decir, la de que no hay ley en estos casos. En efecto, don José Guillermo Guerra, en su obra La Constitución de 1925 (Pág. 294), dice: "...se continuará estimando que no hay acuerdo respecto de las disposiciones en que se contrapusieren o divergieren los dos tercios de una Cámara con más de un tercio de la otra." Por su parte, don Jorge Huneeus, en su obra La Constitución ante el Congreso (Tomo I, Pág. 343) establece: "... pero no es aceptable que prevalezca la voluntad de los dos tercios o de la unanimidad de una de las Cámaras con prescindencia de la voluntad contraria de la otra, manifestada también por los dos tercios o por unanimidad." Asimismo, don Alejandro Silva Bascuñán, en su Tratado de Derecho Constitucional (Tomo III, Pág. 184) manifiesta: "El objeto de este trámite final -se refiere al quinto- es determinar si la Corporación donde se efectuó el primer trámite -Cámara de origen- dispone o no de los dos tercios necesarios para el rechazo de las adiciones o correcciones introducidas por la Cámara revisora en el segundo trámite e insistidas en el cuarto. Si la oposición a esas adiciones y correcciones es tan fuerte que llega \a dos tercios de los miembros presentes en la Cámara de origen cuando se vota este quinto trámite, tales adiciones y correcciones no se incorporan a la ley. Pero si el rechazo no llega a expresarse por esos dos tercios se imponen tales adiciones y correcciones y forman parte de la ley que se aprueba." Finalmente, don Carlos Andrade Geywitz, en su obra Elementos de Derecho Constitucional Chileno (Pág. 429), establece: La Cámara revisora, por las dos terceras partes de sus miembros, insiste en sus modificaciones. La Cámara de origen, en el 59 trámite constitucional, puede adoptar dos posiciones: a) Insiste en reprobar las adiciones o correcciones, por las dos terceras partes de sus miembros presentes. No hay ley en esa parte. b) No reúne los dos tercios: triunfa el criterio de la Cámara revisora." En consecuencia, con motivo de no haberse producido acuerdo entre el Senado y la Cámara de Diputados "en puntos fundamentales" del proyecto del rubro (todo el proceso calificatorio del Poder Judicial), y, estimando la Mesa que no hay ley sobre la materia, considera necesaria la designación de una Comisión Mixta de Senadores y Diputados, con el objeto de que "proponga la forma y modo de resolver las dificultades producidas". 4 INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA RECAIDO EN LA MOCION DE LOS HONORABLES SENADORES SEÑORES AGUIRRE Y PABLO CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE OTORGA RECURSOS A LA FUNDACION DE CONMEMORACION HISTORICA BERNARDO OHIGGINS. Honorable Senado: El artículo 59 de la ley Nº 12.084 dispuso un aporte presupuestario de $ 100.000.000 (cien millones de pesos), en los años 1957, 1958 y 1959 para invertirlos en la construcción de un Grupo Arquitectónico conmemorativo de la memoria del procer de la Independencia, don Bernardo O'Higgins, a efectuarse en la localidad de Chillan Viejo. Posteriormente, en el año 1957, por ley Nº 12,666, se creó la Fundación de Conmemoración Histórica Bernardo O'Higgins, a la que, entre otras funciones, se le encomendó la erección de este monumento. En los años transcurridos desde entonces se ha realizado parte importante del proyecto, pero resulta indispensable acelerar las obras para evitar el deterioro de los materiales de construcción allí empleados e inaugurar a la brevedad este monumento. Los Honorables Senadores señores Aguirre y Pablo han iniciado un proyecto de ley tendiente a entregar Eº 2.000.000 a la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para dar término al Grupo Arquitectónico referido, gasto que financian imputándolo a la cuenta especial F-48, que recauda los fondos de los sorteos de boletas de compraventas y en la cual se produce un excedente anual de aproximadamente Eº 20.000.000 La Comisión de Hacienda ha aprobado la moción propuesta y su financiamiento, dejando constancia que con anterioridad ha imputado a él otro gasto de Eº 1.000.000, para la Sociedad Mutualista Sargento 1º Sinecio Jara Muñoz, de Talca. En mérito de lo expuesto os proponemos aprobar el siguiente Proyecto de ley: "Artículo único.- 'El Presidente de la República pondrá a disposición de la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas la suma de Eº 2.000.000 para la terminación del "Grupo Arquitectónico O'Higginiano ubicado en Chillan Viejo". El gasto que demande el cumplimiento de esta ley se imputará al 70% que se produzca en la cuenta especial F-48, de acuerdo con las normas del artículo 244 de la ley Nº 16.617, modificada por el artículo 15 de la ley Nº 16.773.". Sala de la Comisión, a 11 de agosto de 1971. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Palma (Presidente), Ibáñez, Musalem y Silva Ulloa. (Fdo.) : Pedro Correa Opaso, Secretario. 5 INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES RECAIDO EN EL PROYECTO DE ACUERDO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE APRUEBA EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS, APROBADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL 19 DE DICIEMBRE DE 1966. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros acerca del proyecto de acuerdo de la Honorable Cámara de Diputados que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966. A la sesión en que se trató este asunto asistió el señor Germán Carrasco, Director de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, proclamó que el respeto de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, así como de su dignidad, constituye el fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz. Empero, dicha Declaración significó solamente una elaboración conceptual de los derechos humanos, común a todas las naciones, y la consagración de un ideal o aspiración a que debía tender la comunidad mundial y cada Estado en particular. Con todo, numerosos convenios han sido suscritos en diversas regiones del mundo, que encuentran su punto de partida y están inspirados en la aludida Declaración. Valga recordar al respecto la "Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales" y la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre". El presente Pacto, conjuntamente con el relativo a los derechos económicos, sociales y culturales, representan, en buena medida, el estado actual del proceso político y cultural internacional tendiente a un reconocimiento pleno y vigencia efectiva de la dignidad del hombre. Si bien dichos instrumentos son el reflejo de una situación todavía incipiente, sin duda representan algún progreso en este ámbito. En efecto, primeramente, el presente Pacto define con amplitud y precisión los derechos humanos de orden civil y político ya contenidos en la Declaración de 1948 y agrega algunos nuevos, cuya consagración jurídica internacional ha sido posible gracias a una progresiva toma de conciencia por parte de pueblos y gobiernos de que ellos son indispensables para alcanzar la paz y el desarrollo. Encontramos en él los siguientes derechos humanos no incluidos en la Declaración Universal: el de los pueblos a su libre determinación y a disponer sin trabas de sus riquezas y recursos naturales; el de no ser encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual; los de los niños a recibir la protección especial que su condición requiere y a tener un nombre y una nacionalidad; el de las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas a tener vida cultural y religión propias y a usar su propio idioma. Se consagra, además, la prohibición legal de la propaganda en favor de la guerra y la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya una incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia. En segundo lugar, el Pacto constituye un progreso en cuanto sus disposiciones llevan envuelta una cierta obligatoriedad jurídica -aunque no existe sanción para el caso de que sean transgredidas, ni un tribunal internacional con imperio para hacerlas cumplir- en circunstancias que las normas actuales revisten un carácter meramente declarativo. Es así como se contempla el establecimiento de un Comité de Derechos Humanos, compuesto de 18 miembros, nacionales de los Estados Partes, que serán personas de gran integridad moral y con reconocida competencia en materia de derechos humanos, los que serán elegidos - por votación secreta- y ejercerán sus funciones, a título personal. El quorum para sesionar de este organismo es de doce miembros y adopta sus acuerdos por mayoría de los presentes. Los Estados Partes podrán hacer una declaración expresa, en que señalen que aceptan la competencia del Comité para recibir y examinar comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro no cumple las obligaciones que del Pacto emanan, siempre que ambos hayan admitido dicha competencia. Esta declaración puede ser retirada libremente en cualquier momento. No pueden hacer estas alegaciones los particulares ni grupos que constituyan minorías dentro de un Estado. El tratado establece un minucioso procedimiento de solución amistosa, que se desarrolla en diversas instancias, tendiente a superar el problema dentro de los términos del Pacto. En caso de que no sea así, se contempla un sistema de informes que consignen la exposición de los hechos y las alegaciones de las partes, y una última etapa a cargo de una. Comisión Especial de Conciliación, que designa el Comité previo consentimiento de los Estados interesados en la controversia, la que propone fórmulas de solución amistosa, que los Estados pueden aceptar o no. Por último, se señala que estos procedimientos no obstan a que los Estados Partes recurran a otros medios de resolución de controversias establecidos por convenios internacionales que les sean aplicables. De acuerdo con el artículo 4º, se admite la suspensión de las obligaciones contraídas en virtud del Pacto, en situaciones de excepción que hagan peligrar la vida de la nación, cuya existencia haya sido proclamada oficialmente. Estas medidas de excepción tienen, además, otras limitaciones: no deben ser incompatibles con otras obligaciones que el derecho internacional imponga a los Estados, no deben constituir una discriminación en razón de motivos tales como la raza, la religión o el origen social y no pueden referirse a los siguientes derechos: a la vida; a no ser sometido a tortura, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; a no ser sometido a esclavitud o servidumbre; a no ser privado de la libertad por el incumplimiento de obligaciones contractuales; a no ser condenado por actos u omisiones que al momento de su comisión no constituían delito; al reconocimiento de la personalidad jurídica de todo ser humano, y a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En seguida, los Estados Partes se comprometen a presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado en orden a hacer efectivos los derechos reconocidos en el Pacto y sobre el progreso que se haya experimentado en cuanto a su goce. Finalmente, se manifiesta que el instrumento queda abierto a la firma o adhesión de los miembros de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados, de los Estados Partes en el Estatuto de la Cor te Internacional de Justicia y de los Estados que sean invitados a hacerlo por la Asamblea General del organismo mundial. El entra en vigor una vez depositado el trigesimoquinto instrumento de ratificación o adhesión y cuando hayan transcurrido tres meses desde este hecho. Cualquiera de los Estados Partes puede proponer enmiendas al tratado. Si un tercio, a lo menos, de los miembros acepta, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará a una conferencia para pronunciarse sobre las proposiciones de modificación. Si éstas son adoptadas por dicha conferencia, serán sometidas a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con todo, las nuevas normas sólo obligan a los Estados Partes que las hayan aceptado. El representante del Ministerio de Relaciones Exteriores informó a vuestra Comisión que el presente Pacto Internacional ha sido ratificado hasta la fecha por Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Chipre, Ecuador, Libia, Siria, Túnez y Uruguay, y que nuestro país lo firmó el 19 de septiembre de 1969. Asimismo, expresó que nada se ha decidido aún por parte del Gobierno acerca de la declaración de reconocimiento de la competencia del Comité de Derechos Humanos en los términos del artículo 41, para lo cual, en todo caso, no existe plazo. Por las consideraciones expuestas, y atendiendo a que en Chile estos derechos están vigentes y son respetados desde muy antiguo, vuestra Comisión de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo en informe y os recomienda adoptar igual pronunciamiento. Sala de la Comisión, a 4 de agosto de 1971. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Reyes (Presidente), Juliet, Pablo y Teitelboim. ((Fdo.) : Raúl Charlín Vicuña, Secretario. 6 INFORME DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES RECAIDO EN EL MENSAJE DEL EJECUTIVO QUE PROPONE UN PROYECTO DE ACUERDO QUE APRUEBA EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, SANCIONADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores tiene el honor de informaros acerca del Mensaje del Ejecutivo en que propone un proyecto de acuerdo que aprueba el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sancionado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. A la sesión en que se trató este asunto asistió el señor Germán Carrasco, Director de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Pacto Internacional en referencia viene a poner en práctica los principios consagrados por la "Declaración Universal de los Derechos Humanos", aprobada por la unanimidad de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. En tal declaración se proclama que el respeto de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, así como de su dignidad, constituye el fundamento de la libertad, de la justicia y de la paz. El instrumento en estudio, a igual que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que tuvo también su origen en la citada Declaración, fueron aprobados por la Asamblea General de 19 de diciembre de 1966. Con ello se pretende agrupar racionalmente todos los derechos que en los respectivos ámbitos fluyen directamente de la aludida Declaración. Además de los Pactos en referencia, existen otras convenciones que están inspiradas en dicha Declaración Universal, tales como la "Convención Europea para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales" y la "Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre". Como lo destaca el Mensaje en informe, el preámbulo del Pacto señala una pauta que sirve de marco al contexto del instrumento, al establecer textualmente que "con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado, del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos". Hasta la fecha, el tratado que ahora nos interesa ha sido ratificado por los siguientes países: Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Chipre, Ecuador, Libia, Siria, Túnez y Uruguay. Como observación previa, os hacemos presente que, si en algunos artículos se usa la expresión "los Estados Partes se comprometen", ello no significa -como sucede en todos los tratados multilaterales- que se consulten medidas compulsivas y sanciones para los ratificantes que lo infrinjan, sino que se trata de recomendaciones con miras a realizar una obra de persuasión que permita ir formando conciencia entre las naciones acerca de los principios que aquí se preconizan. Primeramente se contempla el derecho de todos los pueblos a su libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y se afirma categóricamente que en ningún caso puede privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Lo anterior, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional, basada en el principio del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. Se recomienda, asimismo, la adopción de medidas hasta el máximo de los recursos de que los Estados dispongan, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto, sin discriminación alguna, ya sea por motivos de religión, raza, color, sexto, idioma, opinión política, etcétera. Se consigna en seguida la limitación de los derechos a que alude el Pacto en referencia y se puntualiza que tales limitaciones sólo podrán ser determinadas por una ley del respectivo Estado, en la medida que sea compatible con la naturaleza de dichos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general de una sociedad democrática. A la inversa, se declara que no podrá restringirse ninguno de los derechos humanos consagrados por una ley so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce. Siempre en el campo de los derechos económicos, se consagra más adelante el de toda persona de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado por ella. Se establecen luego las condiciones que debe reunir un trabajo para ser equitativo y satisfactorio, y se refiere a la libertad sindical y al derecho de huelga, ejercido en conformidad a las leyes de cada país, así como el derecho a la seguridad social. En lo que concierne a los derechos sociales, se incluyen la protección y la asistencia a la familia, a las madres en los períodos que preceden y siguen al embarazo, a los niños y adolescentes y al cuidado y educación de los hijos. Reconocen más adelante estas disposiciones, el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental y recomiendan la adopción de medidas tendientes a asegurar a todos la asistencia médica y a reducir la mortalidad infantil. Dentro del ámbito cultural encontramos disposiciones relativas a la educación. Ellas principian por señalar los objetivos que ésta debe perseguir, cuales son capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre; favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales o religiosos, promover la actividad de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. Se refieren en seguida, en particular, a todos los niveles de enseñanza, vale decir, primaria, secundaria y superior y preconizan la instrucción primaria gratuita y obligatoria, dejando en claro que ninguna de estas recomendaciones pueden importar una restricción o menoscabo de la libertad de enseñanza dentro de las normas mínimas que presente cada Estado. Reconocen, a continuación, el derecho de toda persona a participar en la vida cultural, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones y a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que les correspondan en razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sean autoras. Los artículos 16 a 25 inclusive, alejándose del aspecto sustantivo, consultan un procedimiento especial de fiscalización internacional, sobre la base de informes que deben presentar los Estados Partes, acerca de las medidas que hayan adoptado o estén rigiendo para el reconocimiento y resguardo de los derechos a que se refiere el Pacto en estudio. Finalmente, los artículos 26 a 31 consultan disposiciones comunes en esta clase de tratados. Destacamos sobre el particular que el artículo 26 dispone que este Pacto estará abierto a la firma no sólo de los países miembros de las Naciones Unidas, sino que además a los quo lo sean de alguno de sus organismos especializados, así como de todo Estado Parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o cualquier otro Estado invitado por la Asamblea General de las Naciones Unidas a ser parte de este tratado. Las consideraciones expuestas permitieron a vuestra Comisión de Relaciones Exteriores prestar su aprobación unánime al siguiente proyecto de acuerdo, del cual os recomendamos adoptar el mismo acuerdo: "Proyecto de acuerdo: Artículo único.- Apruébase el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, abierto a la firma en la ciudad de Nueva York, y aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas con fecha 19 de diciembre de 1966.". Sala de la Comisión, a 4 de agosto de 1971. Acordado en sesión de esta fecha, con asistencia de los Honorables Senadores señores Reyes (Presidente), Juliet, Pablo y Teitelboim. (Fdo.) : Raúl Charlín Vicuña, Secretario. 7 INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE DENOMINA "GENERAL RENE SCHNEIDER CHEREAU", A LA ESCUELA Nº 58, DE SANTIAGO, Y A LA ESCUELA BASICA Nº 29, DE SAN BERNARDO. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Educación Pública ha estudiado el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que denomina "General Rene Schneider Chereau" a la Escuela Nº 88, de la ciudad de Santiago, y a la Escuela Básica Nº 29, de San Bernardo. La iniciativa de ley en informé refleja la elevada finalidad del Supremo, Gobierno, expresada en el texto del Mensaje correspondiente, dé "destacar, para fijarla en la mente de las jóvenes generaciones, la personalidad del General Rene Schneider Chereau, quien ofrendó su vida en defensa de la Constitución y la ley que había jurado respetar y hacer cumplir, cuando éstas podían ser conculcadas por actos del todo ajenos- a nuestras tradiciones democráticas, logrando con ello que se respetara la voluntad del pueblo, libremente expresada en las urnas. Por las circunstancias precedentes el Ejecutivo estimó indispensable rendir un homenaje a tan digno ciudadano". Vuestra Comisión consideró los antecedentes que al respecto conoce la ciudadanía y los contenidos en el Mensaje que origina el proyecto y, por unanimidad, acordó aprobar la designación referida propuesta para la Escuela Nº 58 de Santiago. Asimismo, aprobó, con el voto contrario del Honorable Senador señor García, la igual denominación a la Escuela Básica Nº 29, de San Bernardo. Fundó su negativa el Honorable Senador señor García expresando que el proyecto produce una dualidad de nombre de escuelas ubicadas en una misma provincia, que es conveniente evitar, sin perjuicio de que considera justo y merecido el homenaje que se desea rendir a tan emérita personalidad. Sala de la Comisión, a 9 de agosto de 1971. Acordado en sesión de fecha 4 del presente, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ferrando (Presidente), García, Montes y Valenzuela. (Fdo.) : Andrés Rodríguez Cruchaga, Secretario. 8 INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION PUBLICA, RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE DENOMINA "EUGENIO MATTE HURTADO" AL LICEO DE HOMBRES Nº 14 DE SANTIAGO, Y "ERNESTO BOHN" AL LICEO DE HOMBRES Nº 2, DE TEMUCO. Honorable Senado: Vuestra Comisión de Educación Pública fea estudiado el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados que designa con el nombre de "Eugenio Matte Hurtado" al Liceo de Hombres Nº 14 de Santiago y denomina "Ernesto Bohn" al Liceo de Hombres Nº 2, de Temuco. La primera designación es de iniciativa del Presidente de la República, quien, en el Mensaje, expresa que "es de estricta justicia rendir homenaje a uno de los hombres más ilustres que destacara en el plano de las luchas sociales, ya que Eugenio Matte Hurtado fue, además de organizador del Partido Socialista, quien iniciara en Chile, entre otros, el despertar de la conciencia de las laboriosas clases asalariadas.". En efecto, Eugenio Matte Hurtado, realizó una fecunda actividad en beneficio de la educación popular. En 1913, ingresó a la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y comenzó a enseñar instrucción cívica en la Escuela Nocturna Nicolás Palacios. En 1917 fue elegido Presidente del Centro de Estudiantes de esa Escuela Universitaria, cargo desde el cual fomentó la cultura popular y logró establecer en el país tres Escuelas Nocturnas para Obreros, atendidas por los estudiantes. Asimismo, comenzó su labor de difusión como conferencista en la Sociedad de Artesanos La Unión, auspiciado por la Asociación de Educación Nacional. Luego de obtener su título de abogado en 1918, se destacó como periodista y publicista, bajo el pseudómino de "Emur", que más tarde usó indistintamente con los de "Serafín Oregón", "Clamor", "M", etcétera. En 1918 ingresó como profesor de la Sociedad de Escuelas Nocturnas para Obreros de Santiago, de la que fue su Director y finalmente su Presidente, desde 1924 a 1931. Desde 1919 hasta 1921 fue Director de la Liga contra el Alcoholismo y Prosecretario de la Asociación de Educación Nacional, colaborando activamente con la Liga Chilena de Higiene Social y el Movimiento Pro-Patria y Hogar. Desde 1924 a 1925, fue Presidente de la Asociación de Instrucción Popular y desde 1923 hasta 1925, Presidente de la Sociedad de Instrucción El Porvenir. El Mensaje proponía denominar "Eugenio Matte Hurtado" al Liceo de Hombres Nº 7, de Santiago. La Honorable Cámara de Diputados modificó esa iniciativa, denominando así al Liceo de Hombres Nº 14, de esta ciudad. El proyecto en informe propone denominar al Liceo de Hombres Nº 2, de Temuco, "Ernesto Bohn", en virtud de una indicación del Diputado señor Samuel Fuentes. Entre las innumerables obras en favor de la comunidad de Temuco que realizara don Ernesto Bohn -como por ejemplo, el trazado definitivo de la carretera panamericana, sector norte, la defensa de las riberas del río Cautín desde Cajón a Padre Las Casas, que benefició a las viviendas levantadas próximas al lecho del río, y las Vegas de Pumalal-, resalta la organización, establecimiento y alhalajamiento del Liceo Nº 2 de Pueblo Nuevo, el barrio más populoso de la ciudad de Temuco y la permanente colaboración que le prestó a la Escuela Básica Nº 57 de esa localidad. Vuestra Comisión, en mérito de los antecedentes expuestos, y con la abstención del Honorable Senador señor García, aprobó en general y particular el proyecto de ley en informe, en los mismos términos en que viene formulado por la Honorable Cámara de Diputados. Sala de la Comisión, a 9 de agosto de 1971. Acordado en sesión de fecha 4 del presente, con asistencia de los Honorables Senadores señores Ferrando (Presidente), García, Montes y Valenzuela. (Fdo.): Andrés Rodríguez Cruchaga, Secretario. 9 INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE ESTABLECE QUE LA CORPORACION DE SERVICIOS HABITACION ALES TRANSFERIRA GRATUITAMENTE UNA VIVIENDA, EN SANTIAGO, A DOÑA RAQUEL CORTES. Honorable Senado: El 24 de mayo último, mientras cumplía labores propias del servicio, fue alevosamente asesinado el Cabo de Carabineros don Tomás Arnoldo Gutiérrez Urrutia, quien pertenecía a la dotación de la Decimoséptima Comisaría de Santiago. Este joven servidor público falleció a consecuencia de las heridas de balas sufridas mientras otorgaba protección a un furgón, perteneciente a una institución bancaria, que recogía depósitos en un establecimiento comercial. El trágico fallecimiento del Cabo Gutiérrez Urrutia ha dejado en precarias condiciones económicas a su viuda, señora Raquel Cortés, que se halla en avanzado estado de gravidez, y a su pequeña hija Fabiola. La iniciativa en informe, al igual que otras de similar carácter, pretende aliviar, siquiera en parte, la aflictiva situación de la familia de este funcionario policial, disponiendo que la Corporación de Servicios Habitacionales transfiera gratuitamente a la señora Raquel Cortés una vivienda definitiva, en la ciudad de Santiago. Vuestra Comisión, unánimemente, compartió la idea de conceder este beneficio y, por tanto, os recomienda aprobar el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados, en los mismos términos en que está concebido. Sala de la Comisión, a 16 de julio de 1971. Acordado en sesión de 13 del mes en curso, con asistencia de los Honorables Senadores señores Von Mühlenbrock (Presidente), Acuña, y Valente. (Fdo.) : Rodemil Torres Vásquez, Secretario. 10 INFORME DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, RECAIDO EN EL PROYECTO DE LEY DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS QUE ESTABLECE QUE LA CORPORACION DE SERVICIOS HABITACIONALES TRANSFERIRA GRATUITAMENTE UNA VIVIENDA, EN TALCA, A DOÑA CARMEN ROJAS CONTRERAS. El proyecto de ley que vuestra Comisión tiene a honra informaros dispone que la Corporación de Servicios Habitacionales transferirá gratuitamente una vivienda definitiva, en la ciudad de Talca, a doña Carmen Rojas Contreras, viuda del ex Cabo de Carabineros don Roberto Enrique Aranda Leiva. De esta manera, se procura aliviar, en cierta medida, la dramática situación en que han quedado la viuda y los cinco hijos menores del Cabo antes nombrado, perteneciente a la Tercera Comisaría de Carabineros de Talca, fallecido en la madrugada del día 30 de mayo último a consecuencia de las heridas que le provocaron varios agresores mientras cumplía actuaciones propias de su cargo. En atención al noble propósito que persigue esta iniciativa legal, vuestra Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, consideró justo otorgar el beneficio aludido y, por consiguiente, os recomienda aprobar el proyecto de ley de la Honorable Cámara de Diputados en los mismos términos en que está concebido. Sala de la Comisión, a 16 de julio de 1971. Acordado en sesión; de 13 del mes en curso, con asistencia de los Honorables Senadores señores Von Mühlenbrock (Presidente), Acama y Valente. (Fdo.): Rodemil Torres Vásquez, Secretario, 11 MOCION DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR HAM1L-TON, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY, QUE AUTORIZA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DESTINADOS A FINES EDUCACIONALES EN ZONAS DECLARADAS COMERCIALES O RESIDENCIALES POR EL PLANO REGULADOR DE LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS. Honorable Senado: Recientemente se ha aprobado oficialmente el plano regulador de la Ciudad de Punta Arenas, en el que se reservan extensos espacios urbanos, ubicados en el centro de la ciudad, como zonas destinadas exclusivamente a fines residenciales y/o industriales. En los sectores indicados existen actualmente diversos colegios y liceos que funcionan en edificios construidos especialmente al efecto, varios de los cuales requieren y se proponen realizar ampliaciones para atender al crecimiento de su población escolar o para entregar a ésta equipamiento deportivo o de otra naturaleza, las que no son autorizadas por la respectiva Municipalidad y están detenidas o no pueden iniciarse por el carácter residencial o industrial que el plano regulador le asigna al sector. En estas circunstancias y con el fin de regularizar la situación de los referidos establecimientos escolares y permitirles su necesaria ampliación y complementación, vengo en proponer el siguiente Proyecto de ley: "Artículo único.- Declárase que en las áreas contempladas por el plano regulador de la ciudad de Punta Arenas como zonas comerciales y/o residenciales podrán construirse o ampliarse edificios destinados a fines educacionales y llevarse a cabo las construcciones deportivas y otras necesarias para atender las necesidades de la población estudiantil." (Fdo.) : Juan Hamilton D."