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- rdf:value = " El señor PABLO.-
Tal vez, uno de los problemas fundamentales que en este instante debe detenernos a meditar, es la orientación de los planes educacionales en nuestro país y los propósitos que se persiguen.
Atribuimos especial significación a esta materia, al extremo de que, antes de que asumiera el mando de la nación Su Excelencia el Presidente de la República, don Salvador Allende, propiciamos una reforma constitucional, que contó con el apoyo unánime de los distintos sectores -y, en forma muy especial, con el apoyo del entonces Senador señor Allende y actual Primer Mandatario-, para garantizar el pluralismo y la falta de orientación partidaria oficial en el proceso educativo de Chile.
En efecto, así se expresa en nuestra Carta Fundamental que, en su artículo 10, Nº 7º, dice: "La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, previa libre discusión en los organismos competentes de composición pluralista."
No estoy en condiciones en este instante de hacer un análisis total y acabado de las nuevas orientaciones del sistema educacional chileno. Pero ha llegado a mis manos un texto impreso por el Ministerio de Educación Pública, que se distribuye profusamente, titulado "Sugerencias para la alfabetización", cuyos autores son doña Emma Espina Reyes, Sergio Arévalo Vilugrón, Arnulfo Rubilar Seguel y Nelso Severino Mauna, el que, evidentemente, refleja el pensamiento oficial de quienes ahora conducen los destinos políticos de la nación.
Según se expresa en sus páginas iniciales, el texto publicado, y al que he hecho referencia, se inspira en la teoría educacional de Paulo Freire, creador del Método Sico-Social, ya aplicado en nuestro país en la reforma educacional del Gobierno democratacristiano.
La Democracia Cristiana aplicó en su integridad la doctrina de Paulo Freire en cuanto sostiene que la educación es esencialmente liberadora. El acto educativo, para el profesor Freire, es una relación de diálogo entre dos sujetos que sólo son tales si son seres libres, reflexivos, críticos, solidarios, justos y creadores.
Hay, en consecuencia, una relación horizontal entre los sujetos que se educan. La relación vertical -la imposición de criterios ajenos a la conciencia del educando es el anti diálogo- significa dominación y, por consiguiente, enajenación del ser.
La educación es -en esta visión- un proceso de transformación y apertura de la conciencia. La conciencia intransitiva es aquella que no es capaz de relacionarse con su mundo natural o social y permanece inmutable y estática. La conciencia transitiva es aquella que se relaciona con el mundo y responde a sus desafíos en un proceso de reflexión-acción que implica observación, discernimiento, discriminación y decisión frente a las alternativas que significan solución de los problemas y satisfacción de las necesidades. El hombre es, por lo tanto, sujeto en transformación, en perfeccionamiento, ente no acabado, que ha construido -para realizarse como ser- un mundo social de relaciones del cual depende y en el cual crea y recrea, como expresión de su libertad y de su crecimiento humano.
Entendemos, según Paulo Freire, que educar no es entregar recetas ni consignas, ni saber ya hecho, ni es separar al mundo en hombres cultos y en incultos. Quien se sienta donador de cultura; quien so ponga en plano superior para derramar sobre oíros su riqueza espiritual o cultural no está sino poniendo en práctica la concepción bancaria de la educación que considera el saber como riqueza depositable en otros. El educador que así actúa enajena las conciencias, penetra en ellas y las desnaturaliza; en suma, crea alienados.
Educar, según Paulo Freire, es descubrir y redescubrir el mundo, con la conciencia crítica. Dialogar con diálogo amoroso pleno de fe, esperanzado, solidario. Crear y recrear en forma permanente. Alejarse cada vez más de la noción mágica, o ingenua del universo, para interpretarlo críticamente y hacer de la respuesta de hoy una respuesta más justa, más humana y más perfecta.
Por eso, al leer el texto titulado "Sugerencias para la Alfabetización", tenemos que decir que todo él es la antítesis de aquello que dice representar. Sostiene que lo fundamental es "el respeto a la persona de los analfabetos, expresado en una fraterna y solidaria actitud frente a ellos;" pero, al mismo tiempo, hace un sistemático adoctrinamiento político y una sostenida propaganda gobiernista, cuyas finalidades no son precisamente las de crear una conciencia crítica y reflexiva, sino una conciencia fanática y dogmatizada.
No me detendré a analizar punto por punto todos los aspectos contenidos en el libro a que he hecho referencia, y creo que tal función compete a la Cámara de Diputados, en su calidad de Cámara fiscaliza- dora, y a la cual proporcionaré los antecedentes respectivos. Además, solicito que mis observaciones le sean transcritas, por oficio, en mi nombre.
Al tratarse un tema relativo al teléfono, por ejemplo, en dicho texto figura el siguiente pensamiento de Carlos Marx: "Los pensamientos de las clases dominantes son también en todas las épocas ¡os pensamientos dominantes; en otras palabras, la clase que es potencia, materia dominante en la sociedad, es también la potencia dominante espiritual."
Se puede aceptar o no el texto. Pero no se puede afirmar, por ejemplo, que la actual clase dominante en Uruguay, que pertenece al sector capitalista, puede asegurar que son sus ideas las que predominan en ese país. Allá el pensamiento ideológico y la discusión pluralista son amplios y tienen una difusión más o menos extensa.
Por otra parte, en el capítulo referente al Gobierno, se dice: "todo Estado es una dictadura de clase".
De mis estudios de la ciencia jurídica recuerdo que se nos enseñó que el Estado nacía cuando habían unos que mandaban y otros que obedecían, y que así nació en la tribu, en una época en la cual todavía no se habían desarrollado las clases sociales, que con posterioridad adquirieron sus perfiles en la historia.
Es evidente que en países socialistas que afirman haber hecho desaparecer la lucha de clases, se mantiene toda la estructura del Estado, que no está ligada al hecho de que haya clases sociales o no las haya, sino que se justifica en razón de otros aconteceres.
Podría decir que en el libro se aprecia claramente una orientación al materialismo histórico, a la lucha de clases, al sistema que propicia que los bienes de producción sean propiedad del Estado, todo lo cual indica que quien imparte esta instrucción debe participar de los conceptos doctrinarios que en él figuran.
Aún más: no sólo en ese aspecto el libro es tendencioso, desde el punto de vista ideológico, sino que, también, es político. Por ejemplo, cuando se habla de "la casa", se menciona todo el programa pertinente de la Unidad Popular.
En una ilustración que representa a una calle -que servirá de base para abrir el diálogo- no pueden faltar en ella el aviso o consigna electoral del entonces candidato y actual Presidente de la República don Salvador Allende, y al fondo el consiguiente retrato del "Che" Guevara.
A mi juicio, muchas son las informaciones que se entregan a quien debe impartir la educación de adultos, que tiene por finalidad exclusiva hacer de él un agente político de concientización. En esta misma medida, creo que vale la pena que quienes tienen la obligación de realizar una fiscalización adecuada, de acuerdo con nuestra Carta Constitucional, se preocupen de esta obra que debe ser una más entre aquellas que se están elaborando en la actualidad en el marco de la educación.
Por otra parte, la política educacional de la Unidad Popular está plagada de contradicciones inconsecuencias, abusos y atropellos a los funcionarios.
La nueva educación y la nueva cultura para el pueblo de Chile deba cumplir, a juicio de los ejecutivos del Ministerio, encabezados por el señor Subsecretario, a lo menos dos objetivos principales:
1.- Concientizar a la juventud y a los trabajadores para la construcción de la sociedad socialista y difundida una nueva ideología capaz de modificar sustancial - mente la superestructura institucional del país.
2.- Consolidar los cambios políticos y económicos realizados, logrando la adhesión de las organizaciones de base para que se constituyan en los grupos de fuerza o presión que refuercen la posición del Gobierno.
Lo anterior supone cosas muy concretas:
1.- La toma del poder total en el aparato educacional del país, desde los planos ejecutivos superiores hasta los establecimientos educacionales.
2.- La acción directa sobre profesores, alumnos, padres y apoderados, organismos de la comunidad.
3.- Las transformaciones de cada establecimiento en una herramienta política al servicio de los objetivos generales del Gobierno y de su acción educativa y cultural.
4.- La formulación de una teoría educacional y una práctica funcionaría, de acuerdo a las estructuras económicas mar. xistas y su implantación en todos los niveles de la educación regular y extraes- colar.
Tales afirmaciones las formulo por las razones que más adelante especificaré al formalizar la denuncia concreta respecto de la forma como se está actuando en el Ministerio de Educación para tomar el control de la educación en nuestro país.
Sin embargo, los programas a que me he referido adolecen de serias contradicciones, algunas de las cuales son las siguientes.
a) El programa sostiene que el niño es el ser privilegiado en Chile, y ello supone que la educación debiera tener atención preferente. Sin embargo, el presupuesto educacional bajó, de un 20% en 1970, durante el Gobierno del Presidente Frei, a un 16% en 1971 del Presupuesto nacional. Esto significa derechamente detener el ritmo del crecimiento cuantitativo y el mejoramiento cualitativo de la educación, que se venía dando desde el año 1965 hasta 1970.
b) Se afirma que la reforma educacional aplicada en el sexenio 1964-1970 no fue tal, sino una mera modernización parcial que no contribuyó a los cambios estructurales. No obstante, hasta el momento el Gobierno no define su propia reforma y se ha limitado al control político de cuanto organismo educacional existe en el sistema.
c) Se habla de la participación de los trabajadores en la formulación de la nueva educación chilena. Sin embargo, lo único que se ha visto en provincias que yo represento, ha sido la formación de los C.U.P., es decir los Comités de la Unidad Popular, que controlan el movimiento de personal y disponen de los cargos que pueden quitarles a los democratacristianos o personas de otras tiendas de Oposición o a quienes no tienen militancia política especialmente si ellos son cargos directivos docentes de establecimientos de Enseñanza Media y Técnico Profesional.
d) Se predica el mejor aprovechamiento de los recursos humanos para la construcción de la nueva sociedad y se practica el sectarismo más escandaloso con todos aquellos funcionarios que se sabe no se subirán al carro de la victoria y mantendrán su condición de profesionales no politizados.
.Todo lo anterior, se traduce en lo siguiente, que concretamente deseo denunciar ante el Senado y que es la consecuencia de una educación sectaria que pretende implantarse en el país.
La planta Directiva Profesional y Técnica del Ministerio está hoy totalmente en manos de la Unidad. Popular. Los visitadores, jefes de departamento, jefes de sección, jefes administrativos de la planta han sido destinados o nombrados en "comisión de servicios" a oficinas en las cuales no sólo están impedidos de realizar su función específica, sino que, además, carecen de toda instalación, mobiliario o equipo que corresponda a la jerarquía de cada uno en el servicio. Aquellos que estaban a contrata o en calidad de interinos han perdido sus cargos y han debido salir del servicio o asumir funciones de muy inferior categoría. No es del caso recordar la forma como se hizo abandonar el cargo y renunciar a la Directora de la Educación Secundaria, señorita René Viñas, la cual, de acuerdo con disposiciones legales, no podía ser removida sino por acuerdo del Senado.
Podría mencionar a doña Adriana Araneda, Jefa Administrativa de la Subsecretaría de Educación, que fue presionada hasta dejar su cargo, a pesar de pertenecer a la planta y desempeñar el cargo de Presidenta Nacional del gremio ANDIME, que agrupa a los funcionarios de la Planta Directiva, Profesional y Técnica.
Doña Celia Pedreros, Visitadora General de Subsecretaría, se vio obligada a renunciar por presión insostenible de los ejecutivos políticos del Ministerio.
El señor Héctor Duarte Duarte, Visitador Jefe de Educación de Adultos, fue removido de su cargo y enviado al Liceo Nº 13 de La Granja a cumplir 36 horas de clases de francés.
El señor Santiago Norambuena, abogado, Jefe Administrativo de Educación Profesional, se vio obligado a renunciar y hoy trabaja en otra repartición pública.
El señor Eduardo Lazcano, Jefe de material didáctico de la Subsecretaría de Educación, funcionario de planta, debió renunciar y hoy se encuentra fuera del servicio.
Doña María Henríquez, Jefa de Enseñanza Técnica Femenina, funcionaría de planta, se vio obligada a renunciar, porque fue removida de su cargo y se la envió a una oficina del Centro de Perfeccionamiento en donde no se le asignó ni función ni responsabilidad.
Don Huguel Hernández, Jefe del Departamento de Cultura y Publicaciones, funcionario de planta, removido,' en comisión de servicios.
Doña Luisa Zamorano, Visitadora de 'Educación Secundaria, se vio obligada a presentar su renuncia.
Don Leonidas Pizarro, Visitador de Educación Secundaria, fue también obligado a presentar su renuncia.
Don Miguel Retamal, Jefe del Departamento Administrativo de Educación Secundaria, fue removido de su cargo por destinación.
Al señor Carlos Pinaud, Jefe de Presupuesto y Crédito Externo de la Subsecretaría, se le pidió la renuncia y hoy está fuera del Servicio.
El señor Osvaldo Angel, Visitador de Educación Profesional, fue removido de su cargo por destinación.
Don Santiago Estay, Jefe del Departamento Administrativo de Educación Primaria, fue removido por comisión de servicios.
El señor Emilio Fuentes, Visitador de Educación Primaria, fue destinado a la Superintendencia de Educación.
Además, hay diversos visitadores de Educación Secundaria que han debido entregar sus oficinas a funcionarios de la Unidad Popular, y no desempeñan en este momento las funciones que corresponden a sus cargos. Sus nombres, entre otros, son Arnoldo Acuña Acuña, Sergio Aguilera Aguilera, Octavio Sierra y Oscar Fabres.
Se podría hacer una lista muy larga de funcionarios de esta planta que, de una manera u otra, se han visto afectados en el ejercicio de sus cargos por disposiciones arbitrarias de la superioridad de cada servicio.
En el plano regional y provincial, la Unidad Popular ha removido de sus cargos a los Coordinadores Regionales de Educación, a un gran número de supervisores de Educación Básica, a directores Provinciales de Educación; por ejemplo, a Hernán Poblete Poblete, de Malleco, que se vio obligado a renunciar; María Valenzuela, destinada a la Intendencia de Atacama; y Clementina Machado, Directora Provincial de Valdivia, actualmente destinada a Santiago.
Es oportuno también mencionar que el Ejecutivo había dispuesto en el año 1970, en conformidad a la ley, la redacción de siete decretos con fuerza de ley para la reestructuración de las plantas Directiva, Profesional y Técnica, y que esos documentos fueron retirados de la Contraloría General de la República por razones de orden político, sin que hasta este momento, después de siete meses de retención en el Ministerio, se haya dado curso legal a las designaciones contenidas en ellos.
Estimo que hoy día existe una grave irregularidad; se trata de decretos con fuerza de ley. Tengo especial interés en que la Cámara fiscalizadora inicie el estudio de los aspectos jurídicos de esta materia.
La mayor parte de los funcionarios involucrados en esa reestructuración se encuentran aún en la incertidumbre respecto de su permanencia en el Ministerio, dado el hecho de que se los mantiene momentáneamente en calidad de contratados y con fecha de término al 31 de diciembre del presente año.
Hay casos que se refieren a ternas para optar a ciertos cargos en que se presentó una sola persona, a quien se designó. En ello, por ese hecho, no hubo favoritismo; sin embargo, su nombramiento está en el aire.
Igual situación viven los Supervisores de Educación Básica, a quienes el Ministerio garantizó que se llamaría a concurso para proveer en propiedad las 140 plazas disponibles y creadas en la ley de Presupuestos de 1970. Ciento seis funcionarios se encuentran a la espera del concurso, y no han bastado las intervenciones de los dirigentes gremiales ni de los parlamentarios para resolver el problema. Por el contrario, la señorita Directora de Educación Primaria y Normal declaró públicamente que se trataba de funcionarios formados por el anterior Gobierno, de filiación democratacristiana, sin idoneidad profesional, por este solo hecho -por las ideas políticas que pudieran tener-, y que no representaban la línea política de la nueva Administración.
Todo esto involucra un grave atentado al claro texto constitucional a que hice referencia. Pero aún más: lo anterior pone en evidencia la mascarada de las promesas hechas al pueblo, fundamentalmente las señaladas en las primeras 40 medidas del Gobierno Popular. La tercera en prioridad decía: "Terminaremos con los favoritismos y los saltos de grado en la Administración Pública. Habrá inamovilidad funcionaría. Nadie será perseguido por sus ideas políticas o religiosas; se atenderá a la eficiencia, la honradez y el buen trato con el público de los funcionarios de Gobierno."
La verdad es que esto parece totalmente encarpetado, porque no sólo a nivel de la estructura superior se manifiestan los atropellos, sino que también los estamos viendo en forma sistemática en contra de los directivos docentes de las tres ramas de la enseñanza. Podemos citar algunos casos:
Jorge Maldonado Rojas, nombrado Director de la Escuela 170 de Viña del Mar. Su nombramiento se cambió por un militante socialista.
Luis Espinóla Salinas, Rector del Liceo Vespertino de Limache. Su nombramiento fue retirado de la Contraloría el 10 de octubre de 1970.
Manuel Fernández Moya, Jefe Técnico de la Escuela Industrial Superior de Tomé. Su designación fue igualmente anulada.
Humberto Vera, designado Director de la Escuela Industrial de Conchalí. Debió volver al cargo de Inspector General en Punta Arenas.
Juan Molina Molina, designado Director Departamental de Educación de San Fernando. Su nombramiento se anuló y sus antecedentes se retiraron de la Contraloría.
Héctor Goñi Fernández, Director de la Escuela 22 de San Fernando, se encuentra en igual situación.
Hipólito Sanzana Puentes, Director de la Escuela Agrícola de Romeral.
Gladys Oyanedel Givovich, Inspectora General de la Escuela Técnica Superior de Antofagasta.
Eliana Sáez Roberts, Directora de la Escuela 36 de Curicó.
Luis González Valenzuela, Director de la Escuela 17 de Valparaíso.
María Luisa Gedinot Vergara, Subrectora de la Escuela 17 de Valparaíso.
Podríamos hacer una interminable lista de funcionarios que, después de ganar legítimamente los concursos a que postularon, se han visto privados del derecho a ejercer los cargos para los cuales fueron designados en reconocimiento de sus antecedentes y condición profesional. Son más de 1.200 los documentos que fueron retirados de la Contraloria General de la República y que afectan a otros tantos funcionarios, cuyos cargos no pueden estimarse de primera magnitud en la jerarquía del sistema educacional. Se trata de directores, subdirectores, inspectores generales, jefes técnicos de establecimientos, cargos que, por lo tanto, sólo debería interesar a las comunidades locales respectivas.
Evidentemente, aquí hay un propósito de sectarismo, de dominar en forma total y absoluta la educación, contrario a los principios de la Carta Fundamental y a la política que garantizó al país la Unidad Popular, y evidencia un sentido completamente proselitista. A mi modo de ver, es una arbitrariedad política que debe ser investigada oportunamente por la Cámara de Diputados.
Para mostrar la manera como se actúa en estos aspectos, quiero citar el caso del Director del Liceo de Tomé, señor Edmundo Cariqueo, persona apreciada en la comuna por sus condiciones de hombre de bien y por su competencia profesional. Pues bien, un pequeño grupo de estudiantes de la Unidad Popular se tome el Liceo de Tomé y pidió la intervención del Gobernador para remover a ese funcionario. Después de varias conversaciones, el Coordinador de Educación dicta una resolución que suspende al rector y lo envía en comisión de servicio a otro lugar. Los profesores, en amplia mayoría, se reúnen y protestan por ese hecho, que, evidentemente, es un atropello incalificable. La casi unanimidad de los alumnos del Liceo de Tomé se organizan y, a su vez, ocupan el local y, por ello, continúa la interrupción de las clases. Intervienen algunos parlamentarios y solicitan revisar la política a que hice referencia; pero altos funcionarios del Ministerio de Educación, sobre todo de Santiago, expresan que mientras no se resuelva otra cosa, ese maestro no debe continuar en su cargo. Los centros de padres se organizan y salen a las calles de Tomé; se provoca todo un tumulto en la zona a causa de la medida aplicada contra un hombre que no puede calificarse de «ineficiente, de sectario o de que no da garantías en el trato con los educandos. A esta persona se pretende removerla de sus funciones, por no ser militante de la Unidad Popular. Últimamente, se ha vuelto a asaltar el edificio del Liceo por grupos reducidos de alumnos acompañados por estudiantes de la Universidad y liceos de Concepción y de adultos ajenos al problema. De esta forma, se están creando climas ficticios que son amparados por las autoridades administrativas y educacionales. Como esta situación es indignante, es preciso estudiar seriamente lo que está sucediendo en esta materia.
Por eso, solicito oficiar, en mi nombre, al señor Presidente de la Cámara de Diputados, a fin de que ponga en conocimiento de esa Corporación todos los antecedentes que he dado a conocer, para que inicie las investigaciones del caso y proceda, en virtud de sus facultades fiscalizadoras, a establecer las responsabilidades políticas y administrativas que puedan impetrarse por la puesta en marcha de una política totalmente abusiva y contraria al espíritu de la ley y la Constitución, que el señor Allende, desde su banca de Senador, dijo estar dispuesto a respetar.
Pienso que el debate sobre el problema educacional en Chile debe ser abierto y en forma pública, con el propósito de establecer las responsabilidades de quienes obran en forma contraria al espíritu de la Constitución y las leyes.
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