-Se aprueba el proyecto en la forma propuesta por la Comisión, con la abstención de los Senadores comunistas y del Honorable señor Juliet.

BENEFICIO PARA PERSONAL REINCORPORADO AL MINISTERIO DE EDUCACION.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

Proyecto de la Cámara de Diputados que beneficia al personal del Ministerio de Educación Pública reincorporado con motivo de la dictación de la ley 10.990.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 74ª, en 20 de mayo de 1971.

Informes de Comisión:

Trabajo, sesión 51ª, en 14 de septiembre de 1971.

Hacienda, sesión 51ª, en 14 de septiembre de 1971.

El señor FIGUEROA (Secretario).-

La Comisión de Trabajo y Previsión Social, en informe suscrito por los Honorables señores Ballesteros (Presidente), Acuña, García, Musalem y Valente, recomienda aprobar el proyecto con las modificaciones que indica. Por su parte, la de Hacienda, en informe suscrito por los Honorables señores Silva Ulloa (Presidente accidental), García y Juliet, propone también aprobarlo, pero con enmiendas a las proposiciones de la Comisión de Trabajo.

El señor FERRANDO (Vicepresidente).-

En discusión general y particular.

Ofrezco la palabra.

El señor MONTES.-

Nuestra intención era evitar un tercer trámite al proyecto, pero en la discusión particular habida en la Comisión de Trabajo se comprobó la evidente necesidad de introducir algunas enmiendas, que hacían inevitable que la iniciativa volviera nuevamente a la Cámara de Diputados.

Por otra parte, he examinado con atención el informe de la Comisión de Hacienda, y considero que su criterio es, en último término, el que corresponde adoptar. En consecuencia, si hubiese acuerdo para aprobar el proyecto con las modificaciones de esta Comisión, estaríamos dispuestos a votarlo favorablemente.

Estimamos que tal como salió de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la iniciativa refleja mejor el pensamiento de las personas que serán beneficiadas con ella. La eliminación del artículo lº, en cambio, que propone la Comisión de Hacienda, amplía el beneficio. De todas maneras pensamos que se cumplen los fines perseguidos por los interesados en la aprobación del proyecto, aun cuando se acepte acogiendo la indicación de la Comisión de Hacienda. Esto no los perjudicará y, eventualmente, podría favorecer a otras personas.

Por tales razones, apoyaremos ese criterio.

El señor GARCIA.-

La Comisión de Trabajo estimó que mediante las alteraciones que se harían a la ley que se modifica, se restituiría a las personas suspendidas o expulsadas, o que habían renunciado a la carrera del magisterio y que se reincorporaban con posterioridad, y un beneficio que no estaba en la ley, es decir, la posibilidad de aumentar su jubilación se agregaban mayor número de años de trabajo. En este sentido aprobó la Comisión de Trabajo el proyecto, como es posible apreciarlo en el informe. Sin embargo, dada la forma como la Cámara lo planteó, no se obtuvo este resultado, sino que se restringió la totalidad de los beneficios que pretendía otorgar a quienes se reincorporaban, a menos que hubieran sido expulsados, suspendidos o sus cargos declarados vacantes, por una sola causal.

Se corrigió tal criterio, a fin de que todos quienes estaban en la misma situación pudieran ser favorecidos con una mayor jubilación si trabajaban más de los treinta años fijados por la ley.

Por lo tanto, la Comisión de Hacienda se limitó a considerar el criterio de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y se procedió a perfeccionar la redacción del artículo, como seguramente recordará el Honorable señor Silva Ulloa.

El señor FERRANDO (Vicepresidente).-

En segunda discusión, ofrezco la palabra.

El señor OCHAGAVIA.-

Con el afán de que este proyecto se despache, ya hemos manifestado nuestra opinión favorable a la idea que lo inspira, pese a que ha sido impugnada por varios señores Senadores, incluso en lo tocante a su constitucionalidad.

Resulta lamentable que el Congreso Nacional tenga que legislar en muchas materias que, como ésta, son de orden administrativo. Este es el fundamento que se ha dado por quienes consideran inconstitucional el proyecto.

El señor VALENTE.-

Su Señoría está reconociendo que no se debe legislar en esta materia.

El señor OCHAGAVIA.-

No es que yo lo reconozca. Estoy señalando que problemas corno los que resuelven las disposiciones de este proyecto debieran ser abordados por el Gobierno, pero que éste, desgraciadamente, no lo hace.

Sin tener autoridad en temas constitucionales, puedo manifestar al Honorable señor Chadwick, como lo dije en sesión anterior, que un porcentaje muy alto de leyes se refieren a la Administración del Estado. O sea, el argumento aducido no me hace fuerza.

Quiero señalar dos cosas bien concretas: que el problema existe permanentemente en la provincia de Chiloé, a causa de la existencia de un excedente en la producción de papas, que carece de poder comprador; y que el Estado, mediante una política de comercialización bastante torpe, importa el tubérculo a costos enormes.

La pregunta que se formulan los pequeños agricultores es: ¿ Por qué no se les paga a ellos el valor que en moneda dura se entrega a productores de otros países? La Empresa de Comercio Agrícola se creó precisamente para establecer una cadena de poderes compradores, a costo mínimo, y de bodegas, con el fin de racionalizar la comercialización de los productos.

Respondiendo a una crítica de la Honorable señora Campusano en el sentido de que el Senador que habla no se habría preocupado de este problema, debo señalar que durante el Gobierno del señor Alessandri me correspondió patrocinar, como Diputado, la iniciativa que creó esos poderes compradores. Por desgracia, la forma en que operan no se condice con las necesidades.

En una sesión anterior denuncié que en Chiloé existen más de cien mil sacos de papas en este momento, en septiembre, provenientes de las cosechas de la reciente temporada. O sea, el problema radica en la falta de agilidad del poder comprador. Hace aproximadamente tres semanas -cuando estuve en la zona- se reabrieron poderes compradores por dos días en Ancud y por tres días en Castro.

En verdad, ello es insuficiente.

Si existe este problema de comercialización en la zona que represento, el Estado es el encargado de resolverlo. Hay

un déficit ascendente a más de 250 millones de dólares en el presupuesto, para el presente año, de las divisas necesarias para importar alimentos.

Todas esas preguntas se plantean porque, para no dañar una fuente de alimentación tan importante como la papa, el Estado debe economizar esas divisas, y aprovecharlas en favorecer a los pequeños agricultores, que, en todo el proceso de la reforma agraria, se encuentran en absoluta orfandad. El pequeño agricultor tiene una condición muy inferior a la de cualquier asalariado.

Por eso, levanto mi voz para decir que estoy de acuerdo con la ley en debate, que me parece plausible y adecuada para dar solución al problema.

Desearía que el Gobierno planificara mejor, para que no tuviéramos que legislar en forma casi reglamentaria, procedimiento que ha merecido comentarios adversos de algunos señores Senadores.

Por las razones expuestas, votaré afirmativamente.

El señor CHADWICK.-

Creo que las palabras del Honorable señor Ochagavía son suficientemente explícitas como para haber aclarado el problema constitucional que el proyecto significa. Su Señoría dice reconocer la existencia de una cuestión que interesa vivamente a los productores de papas de la zona que representa; que el asunto debió haber sido arreglado por el Gobierno, por tratarse de medidas administrativas; y que nadie se explica la razón de importar papas, en circunstancias de que hay zonas productoras capaces de abastecer el mercado interno.

Todo esto puede ser discutido en el campo de los hechos, pero no puede serlo desde el punto de vista que nosotros hemos planteado.

Hemos visto al Partido Nacional dar la campaña presidencial sobre la base de que el porvenir de Chile está radicado en la necesidad de distinguir las funciones que son propias del Ejecutivo de aquellas que corresponden al Congreso. Sus personeros y su candidato presidencial de la época señalaron con dedo acusador al Parlamento como agente de intromisión ilícita en el manejo de los recursos públicos.

Asimismo, hemos visto al Partido Demócrata Cristiano patrocinar una reforma constitucional que tenía por objeto distinguir las áreas de los Poderes Públicos: reservar absolutamente la Administración al Ejecutivo y encomendar al Congreso la tarea de legislar.

Reclamamos ahora, cuando nuestra gente está en el Poder Ejecutivo, que se respete esa autonomía. Si se acepta que la Carta Fundamental vigente da al Gobierno la responsabilidad y, por lo tanto, los medios, para dirigir la economía nacional ; si la modificación de dicha Carta llega al extremo de impedirnos proponer leyes para fijar el salario mínimo de los obreros; si se nos ha restado la potestad de patrocinar toda clase de iniciativas en materia tributaria; si se han dictado normas para asegurar que el presupuesto y, en general, la economía nacional, estén bajo la dirección del Jefe del Estado, no podemos entender la lógica con que se procede al despachar un proyecto de ley que señala a un órgano de la Administración las actuaciones que debe realizar: comprar papas, fijarles precios, proporcionar envases, entregar el producto, en fin, toda una política de administración, toda una política económica concreta destinada a desarrollar ciertos aspectos muy precisos de la zona de Chiloé.

¿A qué anarquía podríamos llegar si los señores Senadores representantes de otras regiones agrícolas se propusieran fijar por ley un sistema de determinación de precios y de estímulo de la producción de ciertos artículos?

Nadie ignora, por ejemplo, que Chile es un país naturalmente productor de maíz, grano que se importa. ¿No podría invocarse este antecedente como autorización para patrocinar una ley que dijera: "Créase un poder comprador de maíz, que va a funcionar en tales o cuales condiciones"? El Poder Ejecutivo, que de acuerdo con la Constitución es el poder supremo, al cual se ha reservado la facultad última de dirigir la economía de la nación, tendría que contemplar impasible cómo los señores legisladores disponen de la suerte de la economía nacional.

Por eso, porque nos parece una aberración que después de haberse despachado la reforma constitucional por este Congreso se aprueben ahora leyes como ésta, hemos planteado la cuestión de inconstitucionalidad. Hemos anunciado que llegaremos al Tribunal Constitucional, en tiempo oportuno y con la mayoría necesaria, para reclamar, antes de que se promulgue la ley, de la inconstitucionalidad de este proyecto. Entendemos que entraríamos a participar en una guerrilla absolutamente estéril, que es necesario precaver, si diéramos paso a una iniciativa de esta naturaleza.

Por eso, reitero que nuestros votos serán contrarios a ella.

El señor GARCIA.-

No puedo dejar pasar las expresiones del Honorable señor Chadwick especialmente dedicadas a nuestro partido. Creemos que una buena práctica en el manejo de un Gobierno es que la administración esté en manos del Presidente de la República; pero que cuando ésta, por una u otra razón, no es competente y no afronta los problemas, la ley debe suplirla.

El señor JULIET.-

Ese no es un argumento jurídico.

El señor GARCIA.-

Excúseme, señor Senador. Estoy dando argumentos de hecho. Después me referiré a los de tipo jurídico.

Según la Constitución Política del Estado, no hay límite para legislar, salvo en las materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. De esta manera, es decir, por ley, se han fijado precios, y nadie ha dicho que sea inconstitucional; se ha concedido, por ejemplo, licencia para manejar carretelas, a ciertas personas; se ha ordenado pintar de amarillo los techos de los taxis; se ha autorizado, mediante un precepto que aprobamos ayer, que los automóviles de alquiler que prestan servicios en el aeropuerto de Pudahuel estén pintados totalmente de negro; hemos distribuido herencias dejadas por algunas personas, dando parte de ellas al Fisco y parte a las municipalidades; hemos resuelto quiénes deben ser los ocupantes de una casa. Y si recordamos las iniciativas que aprobamos hoy día, nos encontraremos con que, entre otras, condonamos las deudas que tienen ciertos colonos con la CORA y destinamos fondos para construir una Vega Modelo en Talca. Si los municipios dispusieran de recursos y si los Gobiernos atendieran a todos estos problemas, evidentemente que no se requeriría la intervención del Congreso para darles solución.

En cuanto a la constitucionalidad, no hay precepto alguno que permita sostener que todos estos proyectos que he mencionado sean inconstitucionales. Sí puede ocurrir que sean inconvenientes, lo que es distinto.

Por lo tanto, mientras no exista una necesidad urgente, como ocurre en el caso de Chiloé, votaré en contra, en general, de todas aquellas disposiciones por las cuales se trate de administrar, no porque sean inconstitucionales, sino porque son inconvenientes. En el caso que estamos tratando hoy día, en cambio, hemos creído que es conveniente, porque en Chiloé existen 100 mil sacos de papas y sabemos que el Estado gasta una inmensa cantidad de dólares en la importación de este tubérculo, pudiendo establecer un poder comprador dentro del país y solucionar el problema.

El señor HAMILTON.-

Lamento que nuevamente se coloque al Senado en una situación reglamentaria que impida aprobar este proyecto.

No voy a reclamar de las expresiones de la señora Senadora. La sé muy apasionada, muy vehemente, a veces muy sectaria. Pero me habría gustado verla alguna vez poner el mismo apasionamiento en acoger una iniciativa, y no en obstruir un proyecto que es simple, que aborda un problema real, que ha sido estudiado por técnicos de la propia Empresa de Comercio Agrícola, comenzando por su Gerente de Operaciones titular, don Belisario Velasco, recogiendo la experiencia que ha vivido Chiloé, no digo en los últimos años, sino durante generaciones, y que incide, se orienta exactamente en la misma línea que el Gobierno del Presidente Allende, del mismo partido político que la señora Senadora, dice que va a seguir.

Lo fundamental del proyecto estriba en que transforma en una obligación lo que hoy día el Gobierno puede hacer mediante una facultad, y da a los productores y a la isla seguridad respecto de lo que hoy día es un mero albur. Ha habido poderes de compra, han desaparecido, se han reabierto, se han vuelto a cerrar.

Quisiera recoger algunas observaciones de carácter general, partiendo por decir que en mi corta experiencia de poco más de dos años en el Senado nunca había visto, no recuerdo haber presenciado mayor oposición a un proyecto, ejerciendo todos los derechos que el Reglamento puede dar, no para mejorarlo, sino para impedir que se apruebe.

Esto partió hace muchos meses, cuando a la Comisión le tocó conocer por primera vez la iniciativa en debate, cuya elaboración había demorado varios meses. Un señor Senador -no lo menciono porque no está en la Sala- planteó dudas, sólo dudas, sobre el aspecto constitucional, sosteniendo que, como el proyecto, efectivamente, aborda materias que pueden resolverse por la autoridad administrativa -en este caso ECA, el Banco del Estado, CORA, INDAP u otro organismo-, pudiera ser que estuviéramos invadiendo atribuciones privativas del Presidente de la República, y que el proyecto fuera inconstitucional.

No me voy a adentrar en esta materia. Como la duda aparecía fundada en razones, el Presidente de la Comisión procedió, de común acuerdo con todos sus miembros, a pedir varios informes en Derecho. No uno, sino varios. Pasaron las semanas, hasta que se recibieron. Todos ellos concordaron en que el proyecto es constitucional; en que, si bien puede juzgarse si es bueno, malo o regular, si es oportuno o no lo es, el legislador no está limitado: puede imponer por ley obligaciones o límites en cuanto a determinadas atribuciones del Ejecutivo. Esta fue la conclusión.

Pensamos que ahí terminaría la oposición al proyecto y que se habían disipado las dudas. Pero siguieron.

Otros Senadores, que tampoco están presentes en la Sala, se turnaron para asistir a las diversas reuniones de la Comisión con el objeto de plantear dudas, no ya en el plano jurídico, sino en el económico y en el administrativo. Empezaron por consultar al autor del proyecto, para finalizar en interminables charlas sobre los problemas más diversos que agotaron el tema; llegaba la hora y habían impedido que la Comisión se pronunciara. Pero como dice Santa Teresa que la paciencia todo lo alcanza, un día, agotados en la Comisión varios Ordenes del Día, ésta tuvo que abocarse a votar. Entonces, se pidió segunda discusión, y de nuevo asistimos al mismo fenómeno. Y cuando ella terminó, vino el aplazamiento de la votación. Por último, la Comisión tuvo que resolver, y entonces no hubo votos negativos: un Senador se abstuvo y tres votaron a favor. Así llegó el proyecto a la Sala, y aquí se repite el procedimiento.

Se ha tratado y ha sido objeto de discursos e intervenciones, como si ésta fuera la iniciativa más importante de las presentadas en la actual legislatura ordinaria. Hasta que al final se consiguió el objetivo: en esta sesión, la última de la legislatura, en que debiera haberse despachado este proyecto en el primer trámite constitucional, se nos pide el aplazamiento de la votación hasta después del 21 de mayo de 1972.

Entonces, nos encontramos con que estos Senadores revolucionarios, los que están haciendo la revolución en Chile, hurgan en el Reglamento, lo escudriñan hasta el fondo, aplican toda clase de artificios; ¿para impedir qué? ¿Que se detenga el proceso en marcha de la revolución chilena? No. Para impedir que los modestos productores de Chiloé, tan tramitados

durante tantos años, no obtengan la posibilidad de que el país -como lo hace con el trigo y con otros productos- les pague por su papa, por el producto que trabajan y que constituye su salario, el mismo valor que obtienen los productores de otros puntos del país; para impedir que no se hagan valer en contra de Chiloé las diferencias que la geografía ya estableció en perjuicio de la isla, que se pague al productor chilote por la papa el mismo precio que al de Llanquihue, que se le entreguen los abonos y semillas necesarios para mejorar su cultivo, que se ha ido deteriorando de generación en generación.

En fin, que se establezcan, que se hagan los aportes necesarios para comercializar e industrializar ese producto.

Este proyecto no ha nacido de la casualidad. Repito: fue elaborado por una comisión presidida por don Belisario Velasco, quien, durante seis años, poco más o poco menos, ha desempeñado y todavía detenta el cargo de titular de la Gerencia General de la ECA.

Por otra parte, el proyecto en debate no está en desacuerdo con lo que ECA dice que piensa hacer. Sólo obliga a cumplir esa política que se quiere seguir.

Señor Presidente, la iniciativa ha sido, no en su texto mismo sino en las medidas y soluciones que propone, objeto de un estudio, que tengo a mano, del Comité de la Unidad Popular del Agro de Chiloé, ''Programa Agrario para Chiloé," que propone diversas medidas, apoyadas con diversos antecedentes, todas en la línea en que propone soluciones concretas el proyecto.

La ley en estudio no sólo ha sido elaborada por técnicos. Se discutió con las bases, con la organización popular y de pequeños productores y campesinos, en la isla. Lo he dicho en otra sesión y voy a aburrir al Senado repitiéndolo: han entregado su adhesión y su aporte a modificaciones que la Comisión en segundo informe ha aprobado, las tres organizaciones más importantes de la isla, que representan el 70% de los trabajadores campesinos y productores: La Perla de Chiloé, la Asociación de Pequeños Agricultores y la Confederación de Asentamientos Campesinos.

No voy a recoger ahora, porque no tendría sentido, las observaciones apasionadas que ha hecho la Honorable señora Carrera, ni tampoco las que formuló el Honorable señor Aguirre Doolan, que es muy diablo, pues un día fue a la Comisión y dijo que como no sabía nada sobre la materia, quería que le informáramos. Esa fue la última reunión que tuvo la Comisión. Y después, para impedir en la Sala que se aprobara el proyecto, pronunció un discurso mucho más largo que el que hemos escuchado esta tarde a la señora Senadora, que agotó el Orden del Día de esa sesión.

Se ha dicho que éste sería un proyecto electorero. No es así. Yo creo que los seis años de Gobierno del Presidente Frei fueron para la isla de Chiloé, como lo digo en el fundamento de la moción, tal vez los de la administración más eficiente en realizaciones concretas para esa zona. Quisiera dar algunos datos así, de memoria. No hay ninguna ciudad importante de esa isla, ni siquiera las tres de la Cordillera, en las cuales no se haya construido, a lo menos, una población. Esto se ha hecho normalmente con el esfuerzo y la organización de los propios pobladores. Durante los últimos cuatro años de la Administración del Presidente Frei, se construyeron allí más escuelas que las que se habían edificado desde la época de Balmaceda hasta la de Frei.

También se hizo por nuestra Administración el camino de Quellón a Castro, se terminó la pavimentación del de Chacao a Ancud y se inició la del camino de Ancud a Castro, con lo cual se completó la infraestructura vial más importante de la isla. Además, se desarrolló allí una labor en materia de caminos que no tiene parangón con todo lo que hasta ahora se ha hecho.

Se movilizó a toda la población de la isla por medio de la llamada Operación de Emergencia, a la que las propias comunidades locales aportaron su organización, que existía desde mucho antes y que sólo se perfeccionó en nuestra Administración, para resolver múltiples problemas locales. Así se hizo.

Pero así como es cierto, y nadie me lo podrá rebatir, que el nuestro fue el Gobierno más productivo para Chiloé, el atraso era demasiado grande para que se recuperara en seis años. Y, naturalmente, lo que queda por hacer es tremendamente importante. Los hombres, mujeres y jóvenes de Chiloé no se van a satisfacer con meras expectativas. Quieren soluciones concretas, como las que plantea el proyecto de ley en debate, que está respaldado por toda la representación parlamentaria de la zona y avalado por la totalidad de las organizaciones populares y fuerzas vivas de la provincia.

Nadie se va a satisfacer con los proyectos a mediano y largo plazo, que no dan de comer a los chilotes, muchos de los cuales se iniciaron en la Administración anterior, como la planta lechera, el matadero frigorífico, el plan ganadero, etcétera, cuyo desarrollo es lento y de resultados a largo o mediano plazo.

Toda esta tarea y las soluciones concretas que proponemos no se pueden medir ni comparar con los programas que se anuncian, sino en la medida en que ellos se cumplan. No estamos frente a ninguna elección como para suponer en esta materia intenciones electorales. Y si por razones de esta naturaleza se proponen para los problemas fundamentales de la provincia soluciones realistas, técnicas, serias y completas, en buena hora. No me importan las motivaciones, ni serían ilegítimas si tuvieran carácter electoral o cualquiera otro. Lo que debe resolver el Senado no son los motivos que mueven

-por lo demás parece casi ridículo pensar en ello- a un Senador a preocuparse por los problemas de su zona, sino las soluciones concretas que se están proponiendo.

Por eso, desde el punto de vista electoral, no lamento que ahora no se apruebe el segundo informe recaído en este proyecto. Al revés. A quienes obstaculizan el despacho de esta materia les digo que están entregando al Senador que habla, a los parlamentarios de la zona, que han aprobado esta iniciativa, a la Democracia Cristiana, a los campesinos y a los pequeños y medianos agricultores de la región, una bandera política exquisita, porque es la aspiración de estos últimos a la que estamos dando expresión por ley.

Si en alguna forma, durante el tiempo que dure la tramitación de la iniciativa, las autoridades de Gobierno, como ya lo anunció el Vicepresidente de la ECA adelantaran soluciones concretas en la misma línea que hemos planteado, nosotros las celebraríamos, las reconoceríamos y nos sentiríamos contentos de haberlas provocado; porque, señora Senadora, no nos mueve ningún motivo sectario, mezquino ni pequeño, sino el dolor de conocer cómo vive esa gente y, muchas veces, la incapacidad de proveer, con la prontitud necesaria, soluciones que terminen con los males que padecen. Y desde ese punto de vista, lo único que yo desearía para Su Señoría es que en alguna forma, pero auténtica, los campesinos, los pequeños agricultores de Chiloé, que son más pobres que los campesinos de la zona que representa Su Señoría en el Senado, los medianos agricultores, los productores, que apenas viven con lo que producen, que en esta materia han sido postergados Administración tras Administración y, lamentablemente, también por ésta, pudieran haber escuchado a Su Señoría; o que la señora Senadora, algún día, si llega por la isla de Chiloé, no vaya a encerrarse a la sede de su partido, no se reúna sólo con su gente; tome contacto con las organizaciones populares, en las que también hay socialistas, democratacristianos, comunistas, radicales y derechistas y en que la gran mayoría no tienen color político, pero sí necesidades, que no vamos a satisfacer con palabras, sino con realidades, no con promesas, sino con hechos.

En consecuencia, Honorable colega, postergar el despacho del proyecto no me causa ningún agravio en el orden personal; por el contrario, se me entrega una bandera política que la haré valer, como es mi obligación.

Lamento, sí, que, a través de recursos reglamentarios repudiables, aplicándose todos -porque sólo faltaba el descubierto esta tarde: solicitar reapertura del debate, después de haberse aprobado el proyecto- se retrase de mala forma el despacho de esta iniciativa. Realmente, es extraordinaria la aplicación de algunos señores Senadores por poner trabas y obstáculos a que la mayoría del Senado exprese, democráticamente, su voluntad de pronunciarse a favor de los campesinos y pequeños propietarios de Chiloé y a que el Ejecutivo -Sus Señorías son Gobierno-, si quiere, lo vete. Para imponer su criterio, le basta con el tercio. Pero pareciera que hay -no sé, no quiero calificar- alguna otra intención. El hecho es que se posterga una solución al problema más importante de una de las provincias más atrasadas, y se aplica a esta labor de obstrucción y destrucción una pasión y un interés que no habíamos visto nunca.

Ahora la Honorable señora Carrera ha venido con motivo de tratarse este proyecto. No deseo formularle cargos, porque, seguramente, como Senadora de Gobierno, tiene importantes responsabilidades de orden político. Pero no la vemos nunca en la Sala. No participa en el quehacer legislativo, ni en la Sala ni en las Comisiones del Senado. No la hemos visto presentar iniciativas legales; ni siquiera, en muchas ocasiones, defender los proyectos del Gobierno. Somos los Senadores de Oposición quienes estamos haciendo funcionar la Sala y las Comisiones del Senado, ocupándonos no sólo en el estudio de nuestras iniciativas, sino también en el de las propuestas por el Ejecutivo. Sería injusto desconocer el trabajo legislativo del Honorable señor Silva Ulloa y de los Senadores comunistas. Pero particularmente algunos señores Senadores del Partido Socialista no vienen nunca, y ahora los vemos dedicados, con fruición e interés a destruir; ni siquiera a destruir, a obstaculizar; ni siquiera a obstaculizar, sino a demorar el despacho de una iniciativa, en la cual el 70% de la población de una provincia importante del país ve la solución a su principal problema.

El señor CHADWICK.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor FERRANDO (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick.

El señor OCHAGAVIA.-

Aquí se cansa uno y sigue el otro...

El señor CHADWICK.-

No le alcancé a entender, señor Senador...

El señor OCHAGAVIA.-

No he pretendido ofenderlo, Honorable colega. Sólo decía que este debate ha sido tan extenso que, para uno y sigue el otro; pero sin referirme a Su Señoría, sino al hecho de que esta discusión ha sido demasiado prolongada para una materia que no merece tanto.

El señor CHADWICK.-

Tal vez sea necesario replicarle al Honorable señor Ochagavía y hacer algunos alcances al Honorable señor Hamilton, porque indudablemente esta iniciativa legal va más allá de la isla de Chiloé y del problema pequeñito de fijar precios a las papas. Es una tentativa, bajo el imperio de la Constitución modificada, de ejercer por parte del Congreso Nacional actos de administración.

Naturalmente, tengo que repetir lo que dije en ausencia del Honorable señor Hamilton, porque no es responsabilidad mía que Su Señoría salga de la Sala, que nosotros, como partido de Gobierno tenemos que luchar, por obligación política, por que esta tentativa no logre sentar precedente.

Son palabras sencillas que las puede entender todo el mundo.

El artículo 3º dice que se pagará tal precio por el kilo de papas.

El señor HAMILTON.-

No es así, señor Senador.

La señora CARRERA.-

Se señala que el precio es de Eº 0,55.

El señor HAMILTON.-

Se dice que se pagará lo mismo que al productor de Llanquihue.

El señor CHADWICK.-

Excúseme, señor Senador. No reclamo mi derecho reglamentario, pero sí el derecho a ser considerado veraz cuando estoy leyendo: "el precio que ECA pagará por el kilo de papas será de Eº 0,55...

El señor HAMILTON.-

¿Por qué no lee el informe despachado por la Comisión?

El señor CHADWICK.-

...sin descuentos de ninguna especie".

Estoy leyendo el proyecto, señor Senador.

El señor HAMILTON.-

Pero fue modificado.

El señor CHADWICK.-

Pido excusas a la Sala porque tengo dificultades con mis manos. Estoy leyendo el texto del proyecto que se me dijo que estaba en debate. Si hay otro texto, pido excusas.

El señor HAMILTON.-

Efectivamente, se fijó el precio a que hacía referencia Su Señoría, partiendo de la base de que actualmente se paga a los productores de Llanquihue medio escudo por el kilo de papas. Pero como la iniciativa no será despachada en esta legislatura, y aceptando una sugerencia de los propios productores de Chiloé, se cambió la redacción disponiendo que el precio será el que rija en la provincia de Llanquihue, de modo que la diferencia de fletes, de aislamiento, de transporte, etcétera, que son las dificultades con que la naturaleza dotó a Chiloé, por decirlo así, no se hagan valer en su contra. Es el mismo sistema que se emplea con el trigo. La ECA compra trigo puesto en el ferrocarril y dondequiera que se entregue el trigo, toda la comunidad paga el flete. Lo mismo se pide respecto de la papa.

No sé si esta explicación aclara las dudas de Su Señoría.

El señor CHADWICK.-

No aclara mis dudas, porque son de orden constitucional, como alcancé a anticipar.

No creo que sea legítimo menospreciar la objeción que hemos formulado en el sentido de que no se puede administrar el Estado mediante esta clase de proyectos. Si aquí se trata de fijar las condiciones en que los servicios públicos van a adquirir los bienes de terceros; si se señalan las condiciones de pago, si en seguida se dan normas sobre como deben comportarse dichos servicios en casos determinados y precisos, se está quebrantando el artículo 60 de la Constitución Política del Estado.

Con toda lealtad y seriedad digo al Honorable señor Hamilton que no es posible que haga caudal de los informes que declararían que esta iniciativa es constitucional, cuando ellos no han sido puestos a nuestra disposición y no los conocemos.

El señor CHADWICK.-

Tengo a la mano el informe del señor Alejandro Silva Bascuñán, cuya eminencia en materia constitucional me permito discutir, por experiencia muy directa que he tenido en algunas tesis que resultaron rechazadas por el Tribunal Calificador de Elecciones, como aquella que sostenía que era posible designar tres Senadores de la Democracia Cristiana en el Norte cuando en realidad había obtenido sólo dos. Creo que el señor Silva Bascuñán es militante de la Democracia Cristiana, generalmente conforma sus opiniones jurídicas a su militancia política,...

El señor REYES.-

No puede decir eso, señor Senador.

El señor GARCIA.-

El Presidente del Colegio de Abogados está sobre eso.

El señor CHADWICK.-

...y está de Presidente del Colegio de Abogados por esa circunstancia.

El señor REYES.-

No podemos dejar pasar esa afirmación de Su Señoría.

El señor GARCIA.-

El Presidente del Colegio de Abogados es muy superior a eso.

El señor CHADWICK.-

Es una opinión muy sincera, y pido disculpas por haberla manifestado.

El señor GARCIA.-

Nos representa a todos los abogados, y siempre lo ha hecho muy dignamente.

El señor CHADWICK.-

Digo concretamente que tengo reservas, para que mi silencio no se interprete como asentimiento. Tengo esas reservas, y las manifiesto pidiendo excusas a los Senadores democratacristianos, si les molestan.