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El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, antes de comenzar mi discurso relativo a la materia de la citación, quisiera protestar por las informaciones dadas en algunos órganos de prensa según las cuales esta sesión, pedida por los Senadores democratacristianos, habría sido convocada con el objeto de interferir en el proceso de la nacionalización del cobre y, en especial, para ejercer algún tipo de presión sobre el Poder Ejecutivo, que en estos días debe dictar un decreto supremo señalando a la Contraloría General de la República las deducciones que, a juicio del Presidente de la República, pueden hacerse del monto de la indemnización correspondiente por la nacionalización del cobre.
En nombre de mi partido y de los Senadores de la Democracia Cristiana, rechazo esta imputación baja y calumniosa, y recuerdo al Ejecutivo, a los Senadores de Gobierno y al país entero que la Democracia Cristiana prestó decidida colaboración para la discusión, estudio y despacho del proyecto de reforma constitucional que permite la nacionalización del cobre. Más aún, específicamente con relación al monto de las deducciones a la indemnización, que puede ser fijado por el Presidente de la República, la Democracia Cristiana, a través de los que participamos en la Comisión, Senadores señores Juan de Dios Carmona, Alejandro Noemi, Juan Hamilton, Patricio Aylwin y el que habla, contribuyó precisamente a dar la redacción que actualmente tiene la letra b) de la cláusula decimoséptima transitoria, que se refiere a tales deducciones; de suerte que la disposición que faculta al Presidente de la República para establecerlas contó no sólo con la aprobación lisa y llana de la Democracia Cristiana, sino que también con su aporte positivo y decisivo para la redacción final de aquélla.
Por lo tanto, mal podríamos nosotros estar interfiriendo en la aplicación que en estos días debe hacer el Presidente de la República de esa ley, despachada unánimente por el Congreso Nacional.
Me ha parecido indispensable hacer esta aclaración, sobre todo para protestar por una imputación tan inexacta y poner de manifiesto una vez más cómo acostumbra a ventilar los asuntos políticos cierta prensa oficialista.
Entrando a la materia de esta sesión, quiero decir que hablo esta tarde por especial encargo de la Directiva Nacional del Partido Demócrata Cristiano, que me ha encomendado la misión de analizar los recientes acontecimientos políticos en cuanto dicen relación a los alevosos ataques hechos a la Democracia Cristiana y a algunas destacadas personalidades pertenecientes a sus filas, y también en cuanto se refieren a la libertad de información, derecho sagrado para nosotros, que creemos se encuentra en grave riesgo de desaparecer de nuestro país.
Al hacer mi exposición me ceñiré en lo posible a las opiniones vertidas sobre estas materias en el seno de la Comisión Política del Partido, organismo al cual no pertenezco, pero al que fui citado para recibir las instrucciones del caso.
Declaración del señor Tohá.
Algunos personeros de la Democracia Cristiana han manifestado en estos últimos días su franca opinión en el sentido de que nuestro partido debe revisar la política seguida hasta ahora frente al Gobierno, en vista de que nuestra colectividad es víctima permanente de una constante agresión por parte de los más influyentes e importantes partidos de Gobierno.
En el día de ayer el señor Ministro del Interior, aquí presente, entregó a la luz pública una declaración -presumo que en nombre del Gobierno- en la que comienza por reconocer el legítimo derecho del Partido Demócrata Cristiano a fijar, como partido de Oposición, la actitud que crea más conveniente frente al Gobierno. El señor Ministro expresa que el Gobierno sigue considerando necesaria la colaboración de todos los sectores políticos que coinciden con los aspectos sustantivos del programa de Gobierno y que el diálogo político y el gran debate deben centrarse en esos aspectos, por lo que tanto los partidos oficialistas como los de Oposición deben hacer un esfuerzo en ese sentido, sobre todo aquellos en los cuales existe el propósito de contribuir al cumplimiento de las grandes etapas históricas del proceso que vive Chile; que en este terreno debe llevarse a cabo un justo enfrenta-miento entre Gobierno y Oposición dentro de la Constitución y la ley, sin que se llegue a un clima de incomprensión de tanta magnitud que nos haga perder a unos y a otros el exacto sentido de las proporciones. Y señala el señor Ministro que lo importante es la búsqueda de los puntos de contacto y que debe imponerse una actitud de comprensión y de solidaridad patriótica. Termina diciendo que "hay mucho que puede unirnos. Hay también otros aspectos que nos separan. Busquemos fortalecer las coincidencias y continuemos la discusión de las discrepancias en un nivel de mutuo respeto".
Nada tenemos que objetar al contenido de la declaración del señor Ministro, y podemos afirmar que ella constituye un reconocimiento muy explícito de la gravedad de los sucesos que estamos presenciando y que son obra, no ya de la Democracia Cristiana, sino de los partidos y de los medios de comunicación del Gobierno, desde los cuales se ha lanzado la más sucia, incomprensible y canallesca campaña en contra de nuestro partido y de sus hombres, con el muy claro propósito de destruirnos o de dividirnos.
Dicha campaña hace imposible toda convivencia, comprensión o solidaridad, y dificulta toda colaboración o coincidencia, por mucha que sea la buena voluntad de un partido de Oposición como el nuestro, que no ha hecho otra cosa, desde el 4 de septiembre de 1970, que buscar y practicar el camino que tardíamente exalta hoy el señor Ministro con el resultado que todos conocemos, y que parece haber creado en el Gobierno y en sus partidos más importantes la idea de que la Democracia Cristiana ha obrado como lo ha hecho por debilidad y no por patriotismo.
Tenemos que decir al señor Ministro que esa declaración no debe ser dirigida a nosotros y que las lecciones que ella contiene deben ser aprendidas por los propios sectores de Gobierno y sus colaboradores más cercanos. Son los Partidos Socialista y Comunista, algunos periodistas de Izquierda, amigos personales del Presidente de la República, de gran influencia en la televisión, en la prensa y en la radio, quienes deben comenzar por practicar lo que el señor Ministro no puede enseñamos a nosotros, porque esas ideas fueron expuestas por la Democracia Cristiana hace más de un año, con resultados absolutamente negativos, pues en lugar de comprensión sólo hemos recibido, hasta ahora, puntapiés.
La verdad, señor Ministro, es que a la Democracia Cristiana se le palmotea la espalda y se le reconocen algunos méritos cuando se necesita de su ayuda, pero que luego de prestada ésta, se la ignora o calla, y recrudecen los ataques.
¿No coincidimos acaso en la nacionalización del cobre, ayudando entusiastamente a la dictación de la reforma constitucional y de la ley de nacionalización? ¿Y de qué manera se esforzó el propio Presidente de la República en "centrar el debate en los aspectos sustantivos y coincidentes"? ¡De ninguna manera! Por el contrario, en el acto mismo de celebración del suceso, en la plaza de Rancagua, el Presidente de la República, sobre la base de falsas informaciones dadas por sus consejeros, lanzó un ataque en contra del anterior Gobierno de la Democracia Cristiana, que me correspondió contestar por encargo del Partido. Y más recientemente, poco antes de esta última oleada de ataques a mansalva, nuestra colectividad se abstuvo de participar en la acusación contra el Ministro de Economía en viste, de los compromisos contraídos por el Gobierno de reparar las injusticias cometidas contra numerosos trabajadores de una industria requisada.
Ahora, el país acaba de contemplar cómo a los palmoteos de espalda de días antes de la acusación se suceden los ataques más injustos y despreciables, olvidando que fue el propio Presidente de la República quien invitó al Partido a un entendimiento. Y cito sólo dos casos, por su importancia y por haber actuado en ellos el propio Primer Mandatario.
Ahora yo le pregunto al señor Ministro: ¿Podemos creer en sus declaraciones de ayer? ¿Debemos conformarnos con ellas ? Por nuestra parte, somos categóricos en contestar que no; que ya no nos bastan las palabras, las promesas incumplidas y las declaraciones; que queremos hechos, y que ateniéndonos a los hechos juzgaremos en lo futuro la sinceridad de las intenciones del Gobierno.
El Partido no perderá el sentido de las proporciones. Sabemos muy bien que Chile es de los chilenos y no de la Unidad Popular ni de don Salvador Allende.
No tendremos dificultad en saber anteponer al interés de Chile nuestro propio interés partidista, como hemos tratado de hacerlo siempre. Pero entiéndanos bien, señor Ministro: ¡Obras son amores y no buenas razones! El Gobierno no tiene más que cumplir en los hechos los compromisos solemnes que contrajo, el primero de los cuales es saber respetar al adversario político, su derecho a discrepar y a contar con todos los medios de comunicación para hacer llegar hasta el último rincón de Chile su pensamiento y su posición. De nada sirve que el Gobierno admita las discrepancias entre cuatro paredes y que, en cambio, las rechace y las tilde de sedición cuando son expuestas a la luz pública.
Del 4 de septiembre al 4 de noviembre de 1970.
El 4 de septiembre de 1970, don Salvador Allende obtuvo la primera mayoría relativa en la elección presidencial, la que se llevó a efecto correctamente, según fue reconocido por todos los sectores políticos y por los tres candidatos presidenciales. Esa misma noche, la Democracia Cristiana admitió públicamente que se había producido una mayoría "clara e inobjetable". Esas mismas palabras empleó Lo hizo en un acto de honradez política que no es común, y con el fin de evitar especulaciones y desalentar todo intento de desconocer el resultado de la elección.
El Partido Demócrata Cristiano pudo permanecer inerte frente al resultado de las urnas y haber dejado que los acontecimientos se sucedieran sin su intervención. ¿Adonde habría sido conducido el país en esas circunstancias, si aun con la presencia de nuestra colectividad ocurrieron hechos tan graves como el asesinato del General Schneider, para impedir el acceso de Allende al Poder?
Recordemos que en los días siguientes al 4 de septiembre se produjo en Chile un clima de verdadero temor y preocupación frente al porvenir del país, producto de la campaña del terror, del conocimiento de lo que ocurre en otros países marxistas, de la experiencia vivida por muchos durante la campaña en medios populares, donde hubo violencia y amedrentamiento del adversario.
Fue nuestro partido el que recordó al pueblo de Chile que "quien no supera cada día un nuevo temor, no ha aprendido aún la lección de la vida". Porque la vida es realmente una sucesión de temores que todos, sin excepciones, experimentamos.
Luego de reconocer la primera mayoría la noche misma del triunfo del señor Allende, el día 10 de septiembre la Democracia Cristiana se dirigió al país, por boca del entonces Presidente del Partido, SenadorBenjamín Prado, para decirle, entre otras cosas, lo siguiente:
"El veredicto popular otorgó el 4 de septiembre una mayoría relativa al candidato don Salvador Allende que encabeza una combinación de partidos dirigida por el Partido Socialista y Partido Comunista. A diferencia de la Derecha, no dijimos que reconoceríamos un triunfo a quien lo lograra aunque fuera por la ventaja de un solo voto.
"Sin embargo, en su oportunidad admitimos que se había producido una mayoría limpia e inobjetable. Y así lo dijimos en la misma noche del día 4 de septiembre.
"El Senador Allende obtuvo una primera mayoría que espera se ratifique en el Congreso Pleno. La Democracia Cristiana está analizando seriamente la decisión que debe adoptar para cautelar del mejor modo los intereses de Chile y de su democracia.
"Las fuerzas políticas que sustentaron la candidatura del señor Allende, están integradas, entre otras, por partidos marxistas, y frente a esta realidad se nos hace ineludible prevenir los riesgos de una transformación del sistema democrático chileno, en un régimen en que paulatinamente podría ir negando la existencia misma de las condiciones de libertad y de respeto a los valores de la persona humana, que caracterizan una sociedad pluralista. Si así ocurriera, Chile tiene que saber que la Democracia Cristiana constituye la única fuerza política democrática capaz de oponer su solidez ideológica y el respaldo de sus bases, convirtiéndose en el más firme baluarte defensor de la libertad y de las garantías individuales. Que nadie dude que en ese evento nuestro partido estaría en la primera línea de una lucha sin cuartel que sólo podría terminar con la restauración de los valores más sagrados para todo ser humano que nació libre.
"Nosotros no estamos planteando este cuadro para suponer en el señor Allende una actitud totalitaria o antidemocrática. El ha sido durante muchos años una muy destacada figura en el cuadro político chileno y ciertamente no podría, por su pasado, serle imputado cargo alguno de transgresión a los principios democráticos fundamentales. Pero, por encima de las personas, tenemos el deber de fijar nuestras actitudes, considerando las condiciones de otros pueblos que viven bajo el dictado de gobernantes socialistas." Y más adelante dijimos:
"La Democracia Cristiana afirma que si el señor Allende otorga de un modo real y eficaz las garantías necesarias, que tenemos el deber de solicitarle en algunas materias vitales, puede esperar una decisión favorable de nuestra parte."
Luego, el Presidente del Partido señaló los criterios básicos que estaban siendo estudiados por él para ser sometidos a la consideración del señor Presidente de la República, y terminaba diciendo:
"Nos interesa, en suma, la subsistencia en Chile de una sociedad pluralista en lo político, en lo social y en lo cultural."
"Rechazamos todo intento de corrosión que pudiera herir nuestra unidad espiritual y política."
"Hacemos un llamado a los chilenos que en estos días se han dejado arrastrar por un clima de temores y de inquietudes, a tranquilizar' su espíritu y a comprender que Chile tiene una gran reserva de valores asentados en las mejores tradiciones, en la pureza de sus instituciones fundamentales y en sus fuerzas morales, que por sí mismas constituyen un muy sólido cimiento sobre el cual construir la próxima etapa de la historia de nuestro país."
Así, con toda franqueza, a la luz pública, la Democracia Cristiana manifestó lealmente al candidato que había obtenido la primera mayoría las aprensiones que le asistían con respecto a los rumbos que podía tomar su Gobierno, dada la presencia en sus filas de partidos marxistas que siendo Gobierno en otros países del orbe no han respetado la democracia como nosotros la concebimos y, por consiguiente, los valores esenciales del cristianismo.
De acuerdo con lo anunciado por el Presidente del Partido, la Comisión designada hizo entrega al señor Allende del documento que contenía las garantías. Y con fecha 29 de septiembre de 1970, el señor Allende, en carta que dirigió al Presidente de nuestra colectividad, dio su respuesta sobre el particular. En algunos párrafos de esa carta expresó:
"Valorizo en alto grado el procedimiento de discutir nuestros puntos de vista de un modo público, porque esto significa un diálogo democrático que, por estar inspirado en nuestra común preocupación por el futuro de Chile, debemos hacer siempre cara al pueblo.
"Desearía que, durante mi mandato, el diálogo entre el Gobierno y la Oposición pudiera hacerse siempre con la franqueza y la claridad de hoy."
Más adelante expresó:
"Señalados estos hechos, que se deducen claramente de lo expresado por ustedes, quiero reconocer el legítimo derecho que asiste a la Democracia Cristiana para plantear ante el país sus puntos de vista sobre el futuro Gobierno.
"Concuerdo con ustedes en la necesidad de garantizar la plena subsistencia de un régimen de convivencia democrática y de libertades públicas. El país entero conoce la posición que invariablemente he mantenido en defensa de los principios democráticos, y cómo cada acto de mi vida política ha sido de total consecuencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Creo, por tanto, tener derecho a esperar que mi permanente actitud democrática garantiza por sí lo que será la futura conducta de mi Gobierno. Puedo afirmar que igual disposición existe de parte de la Unidad Popular y de cada uno de los partidos y movimientos que la constituyen, lo que se expresa tanto en los acuerdos programáticos manifestados ante el país como en los propósitos que animarán al futuro Gobierno y a las fuerzas políticas y sociales que lo integrarán."
"Hemos sostenido que todas las transformaciones políticas, económicas y sociales se harán a partir del orden jurídico actual y con respeto a un Estado de Derecho."
"En innumerables discursos, entrevistas e intervenciones frente a educadores, estudiantes, artistas e intelectuales, he planteado con absoluta claridad nuestros puntos de vista acerca de la cultura y la educación.
"Si hay un ámbito de la vida nacional donde la plena vigencia del pluralismo debe manifestarse más concretamente, éste es el de la educación y la cultura."
Más adelante señalaba:
"El pluralismo ideológico y el respeto a todas las creencias religiosas forman parte de nuestras mejores tradiciones, están incorporados a nuestra convivencia como resultado del esfuerzo y de la lucha del pueblo, y son de la esencia de nuestra idiosincrasia. Toda orientación encaminada a desarrollar una cultura y una educación auténticamente nacionales debe contemplar, por lo tanto, la plena consagración de estos valores."
Así, en este documento el actual Presidente de la República reiteraba, una y otra vez, su absoluta disposición de aceptar las garantías constitucionales propuestas y de respetar, en el régimen democrático, los valores esenciales y el pluralismo.
Pero la Democracia Cristiana no se dio por satisfecha con esta respuesta, porque el candidato electo, en realidad, no contraía ningún compromiso concreto, sino que se limitaba a expresar su opinión personal y la de la Unidad Popular. Por eso, nuestro partido hizo una declaración en que, junto con exaltar el valor de los criterios sustentados por el señor Allende sobre el pluripartidismo democrático, el Estado de Derecho y la libertad de opinión, agregó:
"Sin embargo, el Consejo Nacional estimó que el documento entregado por el señor Allende no contiene una respuesta completa y satisfactoria a las proposiciones concretas que el Partido Demócrata Cristiano le formuló para traducir sus planteamientos en garantías reales y efectivas. . . La Democracia Cristiana considera indispensable que esos criterios se traduzcan en un estatuto jurídico de garantías democráticas que tengan consagración constitucional."
Así fue como se designó una comisión compuesta por tres representante de la Unidad Popular y otros tantos de la Democracia Cristiana, con el objeto de que se abocara al estudio y a la redacción de la reforma constitucional que incorporó más tarde a nuestra Carta Política el estatuto de garantías que el señor Allende aceptó libremente.
Esa comisión estaba compuesta por el Diputado comunista señor Orlando Millas, por el miembro del Comité Central del Partido Socialista señor Luis Herrera, actual Embajador de nuestro país ante la Organización de Estados Americanos, y por el Honorable Senador señor Anselmo Sule, aquí presente. En representación de la Democracia Cristiana, la integraban los Diputados Bernardo Leighton y Luis Maira, y el Senador que habla.
El señor Allende, para refrendar la solemnidad del compromiso que contrajo, no con la Democracia Cristiana, sino con Chile entero, porque todo el país siguió con expectación e interés este proceso, concurrió al Senado de la República, a la sesión decimosexta, de 22 de octubre de 1970, en la que dio su voto favorable al proyecto relativo a las garantías constitucionales, expresando, entre otras cosas, lo siguiente:
"He venido por estimar importante dar mi voto favorable a estas reformas constitucionales, que entrañan una demostración de ética política, sin doblez; que significan que en un momento determinado, adversarios estiman conveniente coincidir en ideas y principios que son fundamentales en los pueblos para evitar que el desvarío de algunos y la irresponsabilidad de otros, pretendan aprovechar de esta etapa tan inquietante y dolorosa que vivió el país."
Más adelante agregó:
"He venido a decir que estas disposiciones deben entenderse, no sólo como principios consagrados en la Carta Fundamental, sino como la regla moral de un compromiso ante nuestra propia conciencia y ante la historia."
En otro párrafo, el actual Primer Mandatario dijo:
"Por ello he querido estar presente esta tarde; porque, para mí, los principios que se consagran en esta reforma constitucional tienen validez y contenido e implican y señalan de qué manera entendemos nosotros el futuro de Chile en los nuevos cauces que van a contener las grandes y justas aspiraciones colectivas que no podremos defraudar."
Conviene recordar, a esta altura de mi exposición, que tales conversaciones se llevaron a cabo con el entonces Senador señor Allende; sin la presencia de otras personas, pues nuestra intención era convenir personalmente con el futuro Presidente de Chile las garantías que exigíamos, sin intermediarios. Sólo una vez que la primera comisión designada por el Partido Demócrata Cristiano, compuesta por los Senadores Benjamín Prado y Patricio Aylwin, por Jaime Castillo, por el DiputadoLuis Maira y por el Senador que habla, llegó a un acuerdo total con el señor Allende, se decidió que, para la redacción definitiva de las garantías constitucionales, intervinieran tres personeros de la Unidad Popular, que fueron los que mencioné anteriormente.
También conviene recordar que jamás planteamos al candidato electo, en momento alguno, que pospusiera ni un solo punto de su programa de cambios. Por nuestra parte, tampoco pospusimos ninguna de nuestras ideas ni punto alguno de nuestro programa. En consecuencia, lo que se estipularen el estatuto de garantías incorporado en nuestra Constitución Política constituye y constituirá el compromiso solemne y, en cierto modo, la principal preocupación de la Democracia Cristiana durante todo el tiempo que deba desempeñarse este Gobierno, porque el país, sobre la base de dicho compromiso, recuperó su tranquilidad y confió en que jamás se alteraría la democracia en sus bases substanciales.
Las garantías incorporadas a la Constitución.
Creo conveniente recordar, mediante su lectura, algunas de las garantías más importantes incorporadas al texto constitucional vigente. Los señores Senadores podrán apreciar que ellas cobran gran actualidad y fuerza ante la ocurrencia de hechos como los que denunciamos.
En el artículo 9º se estableció que "La Constitución asegura a todos los ciudadanos el libre ejercicio de los derechos políticos, dentro del sistema democrático y republicano." Igualmente, asegura que "Todos los chilenos pueden agruparse libremente en partidos políticos, a los que se reconoce la calidad de personas jurídicas de derecho público y cuyos objetivos son concurrir de manera democrática a determinar la política nacional"; que "Los partidos políticos gozarán de libertad para darse la organización interna que estimen conveniente, para definir y modificar sus declaraciones de principios y programas y sus acuerdos sobre política concreta, para presentar candidatos en las elecciones de Regidores, Diputados, Senadores y Presidente de la República, para mantener secretarías de propaganda y medios de comunicación y, en general, para desarrollar sus actividades propias. La ley podrá fijar normas que tengan por exclusivo objeto reglamentar la intervención de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos.
"Los partidos políticos tendrán libre acceso a los medios de difusión y comunicación social de propiedad estatal o controlados por el Estado, en las condiciones que la ley determine, sobre la base de garantizar una adecuada expresión a las distintas corrientes de opinión en proporción a los sufragios obtenidos por cada una en la última elección general de Diputados y Senadores o Regidores.
Después, en el Nº 3º del artículo 10, se estableció, junto a la libertad de emitir opiniones sin censura previa, que "No podrá ser constitutivo de delito o abuso sustentar y difundir cualquier idea política"; que "Toda persona natural o jurídica ofendida o aludida por alguna información, tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el órgano de publicidad en que esa información hubiere sido emitida." ¡Garantía constitucional!
En los incisos siguientes, se agregó:
"Todas las corrientes de opinión tendrán derecho a utilizar, en las condiciones de igualdad que determine la ley, los medios de difusión y comunicación social de propiedad o uso de particulares.
"Toda persona natural o jurídica, especialmente las universidades y los partidos políticos, tendrán el derecho de organizar, fundar y mantener diarios, revistas, periódicos y estaciones transmisoras de radio, en las condiciones que establezca la ley. Sólo por ley podrá modificarse el régimen de propiedad y de funcionamiento de esos medios de comunicación. La expropiación de los mismos podrá únicamente realizarse por ley aprobada, en cada Cámara, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio.
"La importación y comercialización de libros, impresos y revistas serán libres, sin perjuicio de las reglamentaciones y gravámenes que la ley imponga. Se prohíbe discriminar arbitrariamente entre las empresas propietarias de editoriales, diarios, periódicos, revistas, radiodifusoras y estaciones de televisión en lo relativo a venta o suministro en cualquier forma de papel, tinta, maquinaria u otros elementos de trabajo o respecto de las autorizaciones o permisos que fueren necesarios para efectuar tales adquisiciones, dentro o fuera del país.
"Sólo el Estado y las Universidades" -las universidades, todas- "tendrán el derecho de establecer y mantener estaciones de televisión, cumpliendo con los requisitos que la ley señale."
Llamo la atención hacia esta última parte que acabo de leer. Todas las universidades, sin excepción, tienen el derecho de establecer y mantener estaciones de televisión, sin limitaciones, con el solo cumplimiento de los requisitos que establezca la ley. Esto significa, señor Ministro, que el artículo 2º de la ley orgánica sobre Televisión Nacional fue modificado por el texto constitucional en referencia; que ese artículo 2º, que limita única y exclusivamente a las Universidades de Chile, Católica de Chile y Católica de Valparaíso, si mal no recuerdo, la posibilidad de operar estaciones de televisión, fue derogada por el inciso sexto del Nº 3º del artículo 10 de la Constitución Política del Estado, incorporado en el estatuto de garantías y dictado con posterioridad a la vigencia de dicha ley orgánica. Y no sólo esa disposición se deroga mediante este precepto constitucional, sino que la propia indicación del Honorable señor Hamilton -que amplió el derecho a otras universidades, pero no a todas- también es inconstitucional, y el veto del Presidente de la República tendiente a eliminar la modificación propuesta por el señor Senador es inconstitucional, porque restituye el artículo a su texto primitivo y éste es contrario a la disposición de la Carta Fundamental, que rige "in actum". Esto es más claro que la luz del día. En consecuencia, ninguna universidad puede ser privada del derecho de extender sus programas de televisión a cualquier parte del país.
Luego, con relación a la enseñanza, establecimos que:
"La educación que se imparta a través del sistema nacional será democrática y pluralista y no tendrá orientación partidaria oficial. Su modificación se realizará también en forma democrática, previa libre discusión en los organismos competentes de composición pluralista." O sea, no basta que se discuta por los organismos competentes; es necesario que éstos tengan una composición pluralista.
En seguida, se expresa:
"Los organismos técnicos competentes harán la selección de los textos de estudio sobre la base de concursos públicos a los cuales tendrán acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología. Habrá facilidades equitativas para editar y difundir esos textos escolares, y los establecimientos educacionales tendrán libertad para elegir los que prefieran.
"Las Universidades estatales y las particulares reconocidas por el Estado son personas jurídica dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos; y culturales del país."
Más adelante, agrega:
"Los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran;".
Resulta extraordinariamente interesante, señores Senadores, leer en estos días el texto de nuestra Carta Fundamental.
Después, en el número 13 de la misma disposición, establecimos en forma explícita "la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y telegráfica y de las comunicaciones telefónicas. No podrán abrirse, ni interceptarse, ni registrarse los papeles o efectos públicos, sino en los casos expresamente señalados por la ley;"
En seguida, en el número 14, se dice que "los sindicatos y las federaciones y confederaciones sindicales, gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.".
A continuación, en el número 17, se consagró una importante garantía: "el derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica con el objeto de lograr el pleno desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional." En este precepto se reconoce expresamente la existencia de las Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Sindicatos, Cooperativas y demás organizaciones sociales "mediante las cuales" -se dice- "el pueblo participa en la solución de sus problemas y colabora en la gestión de los servicios del Estado y de las Municipalidades, las que serán personas jurídicas dotadas de independencia y libertad para el desempeño de las funciones que por ley les correspondan y para generar democráticamente" -democráticamente- "sus organismos directivos y representantes, a través del voto libre y secreto de todos sus miembros."
Finalmente, en el artículo 22, establecimos que "La, fuerza pública está constituida única y exclusivamente" -lo repito: única y exclusivamente- "por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Sólo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones."
Y agregamos: "La incorporación de estas dotaciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializadas, salvo la del personal que deba cumplir funciones exclusivamente civiles."
Según se dejó constancia en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, "el objetivo del inciso segundo del artículo 22 que se modifica es que la designación de lo Oficialidad, Suboficialidad y personal de planta de las Fuerzas Armadas y Carabineros provenga siempre de las escuelas institucionales especializadas con que cuenta cada rama de la defensa nacional, para evitar que se incorporen a estos institutos armados, que son eminentemente profesionales, personales que carecen de la formación profesional y preparación que sólo a través de estas escuelas pueden recibir."
Hasta aquí, señor Presidente, las garantías constitucionales.
Después del 4 de noviembre de 1970.
Pues bien, ¿cuál ha sido la posición del Partido Demócrata Cristiano frente al Gobierno con posterioridad al 4 de noviembre de 1970?
En primer lugar, no crearle ningún tipo de dificultades. En segundo término, cooperar con el Gobierno en todo aquello en que existan coincidencias entre la Democracia Cristiana y el programa presidencial del señor Allende. De acuerdo con esto, hemos ejercido una oposición constructiva y patriótica, teniendo permanentemente una actitud casi solidaria para con el Ejecutivo. Hemos contribuido con nuestro apoyo, con el aporte de nuestra inteligencia y de nuestros votos al estudio y aprobación de numerosos proyectos, algunos de fundamental importancia. En la práctica, nos hemos convertido muchas veces en esta Sala en verdaderos Senadores de Gobierno, informando los proyectos que a éste interesaban e, incluso, defendiéndolos de algunas críticas, lo que en varias ocasiones no han hecho ni si-., quiera los propios parlamentarios de la
Unidad Popular. Es decir, nuestra actitud posterior al 4 de noviembre de 1970 ha sido de oposición constructiva, popular. Naturalmente, ejerciendo nuestro derecho de partido opositor, hemos protestado también en varias oportunidades por algunas actuaciones de esta Administración y por algunos sucesos que han ocurrido en Chile. Por ejemplo, lo hemos hecho reiteradamente respecto de las "tomas" ilegales y de la existencia de grupos armados. Pero en la práctica jamás hemos negado al Gobierno "la sal y el agua", como nos sucedió a nosotros de acuerdo con la frase tan famosa de mi estimado amigo el Honorable señor Rodríguez, que se llega a sonreír. El Presidente señor Allende no ha tenido una Oposición ciega, como aquella implacable de Derecha y de Izquierda que tuvo el PresidenteFrei.
Los temores comienzan a convertirse en realidad.
Hemos estado atentos a los hechos políticos ocurridos luego de la asunción al mando del señor Allende. Es nuestro deber. Creemos que contrajimos con el país, con los chilenos todos, el compromiso fundamental de velar por el cumplimiento del estatuto de garantías democráticas.
Es así como ya en la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano, realizada el 12 de diciembre de 1970 -a sólo 38 días de haber asumido el Poder don Salvador Allende-, nuestro Honorable colega Benjamín Prado, haciendo un análisis político al tenor de los hechos y actuaciones acaecidos en ese breve lapso, decía lo siguiente:
"Me parece que podemos verificar ante el Gobierno de Allende tres posibilidades que se abren, no sólo en función de nuestra actitud política, sino también en relación con la estrategia de desarrollo económico y social que finalmente adopte el Gobierno.
"a) La experiencia chilena puede caminar hacia un Socialismo de tipo totalitario y estatista. Desde el interior del Estado conquistado democráticamente los sectores partidarios de esta tendencia buscarían las coyunturas propicias para producir un vuelco en la situación política. Estas podrían ser de muy distintas naturalezas. Por ejemplo, la aplicación de diversas medidas de beneficio popular aparente que condujeran a una situación financiera de carácter crítico, momento en el cual se agudizaría un conflicto con la burguesía nacional o el imperialismo; otro camino puede ser el fortalecimiento de la fuerza electoral con miras a producir en el momento que se disponga de la mayoría de la, ciudadanía un conflicto político que se puede dirimir por medio de un plebiscito, ocasión que se aprovecharía para reformar la estructura política.
"En todo caso cualquiera sea el camino que se escoja el resultado es semejante. Tiende a instaurar en nuestra patria el modelo socialista ortodoxo o soviético. Creemos sinceramente que esta alternativa es muy improbable. No la desea el Jefe del Estado y la correlación interna de fuerzas dentro de la Unidad Popular le es desfavorable. Choca con la tradición política chilena sólidamente asentada en los valores democráticos y con el pluralismo que sienten como propios sectores muy amplios del pueblo y la clase media.
"b) Una segunda alternativa económico-política que también debemos analizar consiste en que se mantengan las etapas trazadas para avanzar hacia el socialismo y el funcionamiento formal de los mecanismos democráticos rechazando la tentación de "radicalizar" el proceso pero asignándose la Unidad Popular como tarea y comprometiendo todos los recursos para conseguirlo, la liquidación de las fuerzas políticas no marxistas y en particular del Partido Demócrata Cristiano. De elegirse estas alternativas la Democracia Cristiana se vería enfrentada a un doble juego:" -no sabía que fuera profeta el señor Senador- "en el plano de la discusión política la Unidad Popular pediría a la Democracia Cristiana su apoyo en capítulos fundamentales del programa de Allende en el que se sabe tenemos coincidencias básicas. Simultáneamente intentarían por todos los medios desplazarnos de los organismos representativos de las fuerzas, sociales en el sector sindical, campesino, poblacional o estudiantil. Será ésta probablemente la estrategia que busquen llevar adelante los partidos más organizados y poderosos de la combinación de Gobierno. En especial el Partido Comunista. Por mi parte creo que no debemos temer esta posibilidad. Si el Partido Demócrata Cristiano es fiel a sus valores esenciales no tiene nada que temer. Estará siempre en condiciones de recoger un apoyo importante de la base social.
La señora CAMPUSANO.-
Le digo que así es: que nada tienen que temer, como lo dijo el Honorable señor Prado.
El señor FUENTEALBA.-
No, señora Senadora. A continuación dice que funda su creencia en el poder que tiene el Partido Demócrata Cristiano en la base social y en el apoyo que recoge permanentemente.
Continúa el Honorable señor Prado:
"Por último es posible que dentro de una disposición de respetar los períodos trazados y en un ambiente de respeto a la democracia de Chile se avance por parte del Gobierno a la búsqueda de una asociación de esfuerzos con la Democracia Cristiana para facilitar el proceso de cambios y disciplinar en términos progresistas la conducta de los sectores sociales más activos".
Pues bien, sin duda alguna este análisis, hecho a 38 días de iniciado el Gobierno del señor Allende, fue acertado en cuanto a que el entonces Presidente de nuestra colectividad preveía que íbamos a comenzar a caminar hacia un tipo de socialismo totalitario y estatista, que la Democracia Cristiana sería requerida permanentemente para prestar apoyo a algunas iniciativas del Ejecutivo y que, de manera simultánea, tratarían de destruirla los partidos políticos y el propio Gobierno.
En mayo de 1971, después de las elecciones de regidores, el Partido Demócrata Cristiano se reunió en Cartagena. En aquella oportunidad, me correspondió hacer un análisis político que casi la unanimidad de los miembros del Consejo Plenario del partido consideraron satisfactorio, sintiéndose interpretados por ese análisis. Basándome en una minuta que preparé para desarrollar mi exposición, entre otras cosas manifesté lo siguiente:
"Los hechos que acontecen a diario demuestran que estamos marchando hacia una sociedad estatista, lo que es especialmente manifiesto en el orden económico, sin excluir otros campos, como el cultural y educacional.
"Así lo confirma cuanto ocurre en política agraria y reforma agraria, en política cambiaría y de importación y exportación, en política bancaria (estatización), en la política económica en general, en el control progresivo de los medios de información y orientación de la opinión pública.
"Basta, por lo demás, con hablar con algunas personas representativas de la U. P. para apreciar que el propósito de acelerar el proceso es cada vez más intenso.
"Para ello se han precavido bien de tomar firme en sus manos toda la maquinaria del poder, sin escrúpulos y consideraciones de ninguna especie.
"Hay que reconocer que las tareas del Gobierno no son fruto de la improvisación, al menos en lo fundamental. Así se advierte:
"a) Que quienes conducen el Gobierno, demuestran que obran en consonancia con directrices centrales, normas o estudios pre-establecidos. No se está obrando a tontas y a locas. Hay equipos o cerebros que son los que realmente dirigen. El Presidente de la Repúblico es una pieza del engranaje. Si es verdad que la política económica conduce a una situación caótica, ello no sería casual, sino premeditado, previsto, y en consecuencia debemos suponer también que se ha previsto cómo o de qué manera tal situación permitirá una consolidación aún mayor de un Gobierno minoritario, pero de dictadura.
"b) Hay una labor de equipo, que logra superar o sobreponerse a las diferencias entre los integrantes de la U. P. porque los hilos fundamentales están manejados desde más arriba, y no por el funcionario. Se nota realmente que hay un cogobierno entre los sectores decisivos de la U. P. y el Presidente, en que aquéllos tienen indudable prevalencia sobre éste y aún parecieran darse el gusto de que el Presidente hable, mientras ellos actúan. No podríamos decir todavía que el Presidente reina pero no gobierna, pero sí podríamos afirmar que, cada vez más, hay una tendencia a que así sea."
El señor SEPULVEDA.-
¡Qué insolente la observación!
El señor FUENTEALBA.-
Es éste un análisis interno hecho en el partido, que estoy leyendo para que vean Sus Señorías que nos hemos venido dando cuenta perfectamente de lo que ha estado ocurriendo en él país.
Decía en esa oportunidad:
"Prueba de todo esto son los continuos discursos presidenciales con declaraciones de respeto a la ley, al estado de derecho y a la democracia, mientras sus colaboradores sobrepasan sus palabras en los hechos y en las actuaciones.
"Se ha sabido utilizar con inteligencia toda la instrumentación legal existente, creada por los regímenes anteriores y, en base a ello, llevar a la práctica una serie de medidas que resultan legales."
Después señalaba que "observando los hechos llegamos a la conclusión de que el Gobierno de la Unidad Popular sabe lo que quiere y adónde va, y que trata de ir lo más apresuradamente posible. El asunto corre de cargo de los Partidos Socialista y Comunista, secundados por otros grupos, ante la ingenua e inocente presencia de otros partidos a quienes el doctor Allende se encarga de anestesiar con discursos, mientras sus cirujanos operan, extirpan y sustituyen órganos."
De aquí surgió la declaración de Cartagena. A pesar de haber tenido ese conocimiento tan claro y tan cabal, leales con nuestro espíritu revolucionario y con nuestro sincero deseo de que en Chile haya una transformación o una reforma a fondo y substancial de las estructuras económicas y sociales, reiteramos, no obstante conocer el camino que estaba recorriendo el Gobierno, confiando todavía en la palabra del Presidente de la República, en esa declaración reiteramos -digo- nuestro propósito de colaborar con el Gobierno en todas aquellas materias en que fuéramos coincidentes. Dijimos en forma expresa que la Democracia Cristiana no desestima la posibilidad de acuerdo con el Gobierno de la Unidad Popular para la realización de objetivos determinados y específicos. Naturalmente, en esa declaración advertíamos los riesgos que nosotros comprobamos en nuestro análisis.
La Unidad Popular hace imposible la colaboración.
Numerosos otros documentos reconocen que la Unidad Popular ha hecho imposible -ella, no nosotros- toda clase de colaboración para este camino común a que se refería el señor Ministro del Interior, cuyas palabras me permití recordar en el comienzo de mi intervención, tan similares a las mías en cuanto a la necesidad de coincidir, palabras que también deben producir sonrisa e ironía al Honorable señor Sepúlveda.
En el análisis que hicimos del Mensaje Presidencial del 21 de mayo último, señalamos algunas cuestiones que permiten apreciar y comprobar que no estábamos conformes con el camino que el Gobierno estaba recorriendo. Expresamos:
"La vía pluralista que el Gobierno afirma para los cambios chilenos exige ineludiblemente la aceptación del pluripartidismo, por cierto que no tan sólo en la coalición oficialista sino que en el cuadro político nacional, esto es también en la Oposición. La confrontación es entre el Gobierno y los Partidos que no lo son; de otro modo, el plurapartidismo sería una máscara que el pueblo chileno no estaría dispuesto a tolerar.
"El Partido Demócrata Cristiano a este respecto saluda las originales convicciones del nuevo Gobierno y declara su irrestricto apoyo a una vía de transición hacia una nueva sociedad que respete y valorice debidamente lo mejor y más sano de la tradición chilena: sus principios pluralistas democráticos y libertarios. Espera además que estas opiniones oficiales del Supremo Gobierno sean compartidas por los partidarios de él, ya que en demasiadas ocasiones parecieran querer desmentir y desautorizar el planteamiento de los gobernantes. El pluralismo, la democracia y la libertad no son sólo formulaciones teóricas; por sobre todo, son prácticas concretas cuyas medidas de autenticidad se prueban en los hechos. Afirmar para Chile la vía pluralista es afirmar, simultáneamente, la valorización de las coincidencias, y también de las discrepancias. Estos principios básicos son patrimonio de todos los chilenos, y por tanto, debe garantizarse a todos su ejercicio real."
Lo mismo dijo el señor Ministro del Interior en su declaración.
Después hablábamos de que no sólo es necesario definir la vía de transición hacía el socialismo, sino también el modelo económico, político y social que se supone. Manifestamos:
"Por nuestra parte, debemos declarar que es muy posible que al respecto existan variadas coincidencias en nuestras aspiraciones; sin embargo, esto no quiere decir que sea lo mismo el objetivo de unos y otros. Desde luego, el humanismo que inspira al Gobierno de la Unidad Popular no es el mismo que inspira el Proyecto Demócrata Cristiano. Pueden haber coincidencias objetivas entre unos y otros; no obstante, más allá de ellas existen concepciones del hombre, la sociedad y el Estado, que no son las mismas.
Continuábamos:
"La Democracia Cristiana ratifica, una vez más, que el dilema que enfrenta Chile se plantea entre el cambio democrático, hecho para fines esencialmente democráticos y a través de medios igualmente democráticos, y el cambio basado en el empleo de métodos de fuerza y de violencia que, inevitablemente, obliga a pagar un altísimo precio en sufrimientos y destrucción de valores fundamentales."
El documento que acabo de leer fue redactado íntegra y totalmente por Luis Badilla, Presidente Nacional de la Juventud del Partido Demócrata Cristiano, que se fue de nuestra colectividad. En una carta de respuesta de la Juventud Demócrata Cristiana a las Juventudes comunistas, -también redactada por ese joven que se alejó de nuestras filas, se decía:
"Entre la J.D.C. y el Gobierno del Presidente Allende existe una primera y fundamental coincidencia, a saber, la imperiosa y urgente necesidad de sustituir el régimen capitalista y burgués que da fundamento a la convivencia nacional.
"Sin embargo, los jóvenes comunistas", -añadía- "por sectarismo u oscurantismo, no entienden o no quieren entender. Nosotros no somos marxistas. Somos cristianos y nos proponemos extraer del cristianismo todo aquello que tiene de cultural e históricamente utilizable para la liberación del hombre y la transformación de la sociedad."...
"Hoy más que nunca se requiere saber qué está primero para los militantes del Partido Comunista y de su organismo juvenil: si la división del Partido Demócrata Cristiano, o la realización del programa de gobierno que ofrecieron y que tienen la posibilidad de realizar. ¿Qué está primero para los jóvenes comunistas, el esfuerzo unitario de todo el pueblo de Chile para eliminar el subdesarrollo y cancelar la dependencia imperialista, o la posibilidad -mezquina e incorrecta- de motejar a los demás de buenos o malos, reaccionarios o progresistas? Es hora de decir la verdad y los jóvenes comunistas deberían decir la suya.
"No somos nosotros los que tenemos que definirnos. Son ellos. Ellos ganaron y ellos deben decir si les preocupa verdaderamente la unidad real del pueblo o si por el contrario les interesa afirmar un comportamiento oscurantista de los problemas que enfrenta el país sobre la base de profesar una actitud antidemócratacristiana gratuita y suicida."
Después, rechazamos un ataque sobre cambio de línea política de la Juventud Demócrata Cristiana, agrega:
... "habría que decir que los jóvenes comunistas no son los llamados a pedirnos cuentas por la línea política que ha seguido nuestro Consejo Nacional, entre otras razones, porque no fueron ellos los que nos eligieron. Sin embargo, resulta oportuno hacer alguna reflexión respecto a la crítica en cuestión. Mientras hay coincidencia, la Juventud Comunista estima que ¡a J. D. C. está "en una buena línea". A la primera discrepancia, comienzan las acusaciones, borran con el codo lo que antes escribieron con la mano y denuncian un cambio en la línea política". Esto, jóvenes comunistas, se llama, en buen romance, lógica del pensamiento totalitario y en ello nos encontrarán siempre como adversarios.
"Por lo demás, la tradición de la Democracia Cristiana y de la J.D.C. es una tradición de respeto a los organismos regulares, estén o no estén dirigidos por nosotros.
"Finalmente, se ha planteado, en esta escalada anti democratacristiana, la mejadería del "contubernio Derecha-D.C". Naturalmente, este tipo de "acusaciones" es parte de una estrategia bien pensada y destinada a perjudicar la imagen y la consecuencia política de la Juventud Demócrata Cristiana."
Y otro joven, Carlos Donoso, que también se fue del partido, expresaba:
La señora CARRERA.-
¿Y por qué se fue? Por algo sería.
El señor FUENTEALBA.-
No me explico por qué se fueron cuando así pensaban.
El señor SEPULVEDA.-
Nosotros nos. lo explicamos.
El señor FUENTEALBA.- expresaba:Carlos Donoso
"Una de las primeras observaciones que puede hacerse respecto del Gobierno de Allende se relaciona con las prácticas democráticas, lo que ha constituido siempre, por lo demás, una de nuestras principales preocupaciones frente al marxismo.
"Es cierto que no ha existido transgresión alguna de la ley. Sin embargo, las actitudes antidemocráticas se han manifestado más bien al margen de la ley, mediante la persecución funcionaría, el intento de reemplazar las organizaciones pluralistas por los llamados "comités de la unidad popular", la presión psicológica y moral sobre quienes pretenden discrepar."
Supongo que estos jóvenes no decían mentiras cuando escribieron esto.
Decía también Carlos Donoso:
"Una intensa y orquestada campaña publicitaria tiende a convertir en dogma la afirmación de que con Allende "ha entrado el pueblo a La Moneda", intentando hacer aparecer como traidor y enemigo de ese pueblo a todo aquel que se plantee críticamente frente al Gobierno."
Y otro joven, Antonio Cavalla, que era mucho más duro con la Unidad Popular, hablaba del sectarismo antipluralista de este grupo político. Porque esos muchachos, cuando escribieron esto bajo su firma, lo escribieron porque lo constataban y lo pensaban.
La señora CARRERA.-
¡Y se fueron!
El señor FUENTEALBA.-
Cavalla expresó:
"El sectarismo antipluralista de la Unidad Popular.
"Seremos también...
La señora CAMPUSANO.-
Entonces, quiere decir que no eran muy cristianos.
El señor FUENTEALBA.-
No estoy infligiendo ofensa alguna. Estoy recordando testimonios escritos, dados por jóvenes democratacristianos, sobre lo que ellos pensaban qué era la Unidad Popular.
La señora CARRERA.-
¡Lavado de cerebro...!
El señor FUENTEALBA.-
Si Su Señoría lo desea, puedo prestarle el documento.
La señora CARRERA.-
Encantada, señor Senador.
El señor FUENTEALBA.- decía:Antonio Cavalla
"Dentro de la Unidad Popular hay sectores que han justificado actitudes sustentadas por los gobiernos marxistas en otros países del mundo, que son la negación del pluralismo. En Cuba, por ejemplo, donde se han realizado procesos de una inmensa riqueza popular y revolucionaria, se utilizó, sin embargo, un procedimiento no pluralista. Se dijo: el pueblo es gobierno, la Universidad está al servicio del pueblo, por lo tanto el gobierno manda en la Universidad."
Después, se refiere a la tendencia de la Unidad Popular al socialismo totalitario, prueba extensamente cómo esto es efectivo y termina con unos gritos de entusiasmo:
"¡Nada con la Derecha!
"¡Nada con el capitalismo!
¡Nada con el totalitarismo y antipluralismo!
"¡Todo con el socialismo comunitario y la participación popular!"
He citado estos documentos porque si yo digo que el pluralismo está siendo violado y que el Gobierno tiene tendencia a marchar hacia el totalitarismo, se dirá que mi testimonio no tiene validez. Y, por supuesto, desde este mismo momento voy a quedar convertido en "momio". Después de los palmoteos y de los aplausos recibidos en muchas oportunidades por la colaboración que he prestado, aplausos y palmoteos secretos en pasillos, seguramente mañana se me va a tildar de "momio".
Pero estamos hablando con seriedad, exponiendo nuestro pensamiento, no a título personal sino en nombre del partido; nuestras inquietudes frente a las actitudes de la Unidad Popular para con la Democracia Cristiana, para con los partidos en general.
El asesinato de Edmundo Pérez Zujovic.
Y no quiero referirme extensamente al triste y lamentable acontecimiento del asesinato de nuestro camarada Edmundo Pérez, que fue el fruto, como lo señalamos en su hora en una declaración pública, del clima de odios, de difamación y de violencia que órganos de televisión, de prensa y radio pertenecientes a sectores de Gobierno difunden en forma permanente, con la tolerancia de las autoridades que están llamadas por ley a sancionar.
Daré lectura a un párrafo, porque es exactamente lo mismo que está ocurriendo en estos días con el ex Presidente de la República donEduardo Frei, a quien, en una implacable campaña destinada a destruir su persona, se le están atribuyendo toda suerte de epítetos que crean una imagen de él que facilita el que de nuevo pueda cometerse un acto como el que se perpetró con Edmundo Pérez.
Queremos decir con franqueza que cualquier atentado que ocurriera en contra de cualquiera persona de la Democracia Cristiana, de esas que han sido tan duramente atacadas y denigradas -no atacadas en lo político; nosotros aceptamos el ataque político; incluso nos gusta la polémica política ; lo que rechazamos es el ataque a la dignidad de las personas-, pues bien, si ello ocurriera, no podemos dejar de decir que sería de responsabilidad del Gobierno, que tolera impasible que tales cosas sucedan.
El señor TEITELBOIM.-
¿Y si quienes atentaren fueran los de la Derecha?
El señor FUENTEALBA.-
Su Señoría sabe que también hemos condenado los atentados de la Derecha.
El señor HAMILTON.-
Al igual que los de "El Siglo" y "Puro Chile".
El señor FUENTEALBA.-
Estamos hablando de un tema muy concreto y claro...
La señora 'CARRERA.-
¡Que Su Señoría está estimulando!
El señor SEPULVEDA.-
No dé oportunidad a las provocaciones, Honorable señor Fuentealba. Su afirmación es grave. Con ella Su Señoría abre posibilidades a las actitudes reaccionarias contra el Gobierno.
El señor TEITELBOIM.-
Nosotros somos contrarios a los asesinatos políticos y a la impunidad para sus autores.
El señor FUENTEALBA.-
Señor Presidente, lo que he dicho es muy claro: que el clima que se crea es de responsabilidad del Gobierno, como lo dijimos cuando fue asesinado don Edmundo Pérez Zujovic, ocasión en que también tuvimos la hidalguía de expresar que no culpábamos al Gobierno como autor material de ese asesinato. Como le consta al señor Ministro del Interior, a raíz de ese crimen tuvimos algunas conversaciones con el Presidente de la República, personalmente con él, y le pedimos la adopción de algunas medidas mínimas con el fin de garantizar que los órganos de publicidad del Gobierno, especialmente la Televisión Nacional, que pertenece a todos los chilenos, no continuara por el camino de sembrar el odio en la ciudadanía.
Señor Presidente, creo que me quedan pocos minutos, quisiera solicitar del Honorable Senado -trataré de abusar lo menos posible de su buena voluntad- que se me dé todo el tiempo que sea necesario para terminar mis observaciones.
Porque estamos hablando en forma seria, en nombre del Partido Demócrata Cristiano, con el ánimo de obtener también el pronunciamiento del Gobierno, aunque a veces nuestros juicios sean muy duros, considero necesario tener la oportunidad de decir todo cuanto queremos expresar. Por lo tanto, solicito que se me prorrogue el tiempo que sea necesario para dar término a todo lo que tengo que decir. Después, estaremos llanos a conceder el tiempo que los señores Senadores de los demás partidos estimen pertinente para hacer sus intervenciones.
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
Pido autorización a la Sala para acceder a lo solicitado por el señor Senador.
El señor TEITELBOIM.-
Nosotros hemos estado de acuerdo en que el Honorable señor Fuentealba disponga de un tiempo especial muy superior al de cualquiera de los otros señores Senadores: una hora y media. Entiendo que el señor Senador pide un lapso más largo. Me parece perfectamente posible que, dentro de los cuarenta y cinco minutos adicionales de que dispone el Partido Demócrata Cristiano, pueda hacer uso el Honorable señor Fuentealba del mayor tiempo que solicita; con lo cual su partido habrá ocupado dos horas y cuarto de una sesión que, conforme a la citación, ha de durar dos horas y cuarenta y cinco minutos.
El señor IRURETA.-
Y que seguirá mañana.
El señor TEITELBOIM.-
Sí, continúa mañana, pero lo esencial se va a entregar hoy.
Quiero dejar constancia de la actitud de los partidos de la Unidad Popular en el sentido de dar su aprobación para conceder al Honorable señor Fuentealba todo el tiempo que estime conveniente, porque nos importa mucho el diálogo, nos importa mucho que Su Señoría exprese su opinión, en forma incluso considerablemente más extensa de lo que podremos hacerlo nosotros, puesto que cada Comité no dispondrá sino de 45 minutos. Y nos interesa que el país lo sepa, porque frente a muchos imputaciones realmente caprichosas o peregrinas, es importante dar a conocer los hechos.
Repito: la Unidad Popular está de acuerdo en que el Honorable señor Fuentealba pueda usar del tiempo que estime necesario para dar una expresión completa a su pensamiento, aunque estemos totalmente en desacuerdo con él.
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se prorrogará el tiempo del Honorable señor Fuentealba, hasta el término de su intervención.
Acordado.
El señor TEITELBOIM.-
Como es natural, dentro de los 45 minutos complementarios de su partido, aparte la hora y media.
El señor FUENTEALBA.-
Entiendo que lo que ha expresado el Honorable señor Teitelboim es que la Unidad Popular está de acuerdo en que yo dé término a mis observaciones. Trataré de no alargarme mucho. Agradezco la gentileza del señor Senador y de la Unidad Popular.
El señor TEITELBOIM.-
Dos horas y cuarto, en circunstancias de que los demás Senadores dispondremos de 45 minutos...
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
No están comprometidos los 45 minutos.
El señor FUENTEALBA.-
Yo creo que sí.
La señora CARRERA.-
Sería a cuenta del tiempo del Comité Demócrata Cristiano.
El señor FUENTEALBA.-
Los señores Senadores deben tener en cuenta que esta sesión fue convocada a petición nuestra.
El señor TEITELBOIM.-
¿Para un monólogo, o para un diálogo?
El señor FUENTEALBA.-
Para un diálogo, y para exponer nuestro pensamiento frente al Gobierno.
Es una cosa seria. Es seria, porque se trata del Gobierno y porque se trata de un partido que, mal que mal, aportó algunos votitos en el Congreso Pleno para que el señor Allende fuera elegido Presidente de Chile.
El señor JEREZ.-
¿Cuánto tiempo necesita para terminar, Honorable colega?
El señor FUENTEALBA.-
Le ruego no obligarme a hacer estimaciones, señor Senador. Sucede que no tuve tiempo para escribir todo mi discurso; deberé improvisar en algunas partes, por lo cual no puedo hacer un cálculo. Por eso le digo que trataré de ser breve.
La escalada anti-Democracia Cristiana.
Señor Presidente, mientras el Jefe del Estado viaja por el extranjero, y con toda razón pregona en los países latinoamericanos las bondades de la vía chilena pluralista y democrática hacia el socialismo, los chilenos observamos que nuestros adversarios marxistas, tanto los pacíficos como quienes no lo son, extreman cada día más sus agresiones y parecen apurar y acelerar una escalada tendiente a destruir a la Democracia Cristiana, atacándola directamente o en las personas de algunos de sus hombres más destacados.
Por otra parte, el país también contempla cómo los medios de comunicación de masas se van colocando progresivamente al servicio incondicional del Gobierno y del ataque a quienes discrepan de él, a todos los cuales, sin excepción, se nos tacha de conspiradores y sediciosos.
Para el mejor examen de algunos hechos, conviene referirse por separado a la campaña de desprestigio moral dirigida contra nuestro partido y sus hombres, y a las limitaciones y riesgos cada vez mayores que, a nuestro juicio, van surgiendo para la libertad de información.
Campaña de desprestigio moral.
En muchas oportunidades se ha tratado de identificar a la Democracia Cristiana con determinadas personas que han incurrido en delitos, o gestiones, o negocios ilícitos, pretendiendo que el partido es responsable y ha estado directamente comprometido en esas operaciones.
El caso más reciente -todos lo conocemos- es el de Pablo Gumucio Vives, a quien se le imputa con certeza la ejecución de una supuesta estafa o defraudación del orden de los dos millones quinientos mil escudos.
No me haré solidario de quienes sostienen tan categóricamente la existencia del delito, materia que deben dilucidar los tribunales de justicia.
Aunque no me une una amistad íntima con Pablo Gumucio ni he recibido personalmente ningún servicio o ayuda de su parte, le tengo aprecio; en dos o tres oportunidades he compartido con él muy gratos momentos. Por eso, y porque además es una persona, un esposo y un padre de familia, deseo sinceramente que esté del todo exento de las imputaciones que se le hacen.
De ser efectiva la defraudación que se le imputa, no ha habido ningún derecho para tratar de implicar en ella al ex Presidente de la República, a ex Ministros suyos y al propio Partido Demócrata Cristiano. Aun cuando realmente Pablo Gumucio perteneciera a éste -lo que no es exacto, como lo ha reconocido todo el mundo, incluso su propio hermano-, estoy seguro de que ninguna de las colectividades aquí representadas puede revestirse de tanta autoridad moral como para pretender que ningún hombre de sus filas haya cometido jamás una falta tan grave o peor que la imputada a Gumucio.
¿Cuál ha sido, entonces, el objetivo real perseguido con los escandalosos titulares de prensa y con los comentarios hechos en abundancia en las radioemisoras y en la televisión? ¿Ha sido el de velar por los intereses del Estado? ¿Se ha perseguido sancionar al presunto culpable, quien, según se dice, no está en Chile, sino en el extranjero? ¿Cómo se ha podido llegar hasta extremos tan viles, sin tener la mínima consideración para ninguna clase de personas?
Me parece que la explicación es la siguiente: había que aprovechar el escándalo -sin escrúpulos, sin el mínimo respeto hacia los sentimientos fraternales de un hombre que ha sido leal servidor del Gobierno de la Unidad Popular- con el fin de agredir a las personas del ex PresidenteFrei, del Senador Hamilton, del ex generalísimo de la campaña presidencial de Radomiro Tomic, Enrique Krauss, y al propio Partido Demócrata Cristiano, para hacerlos aparecer ante la opinión pública como implicados en la defraudación, como autores materiales y morales de ella.
¡Era una gran oportunidad para lesionar al prestigio de todas esas personas ante la opinión pública! Es la moral nazi, hitleriana, reflejada en las palabras del que fuera dictador de Alemania: "Por medio de hábiles mentiras, repetidas hasta la saciedad, es posible hacer creer a la gente que el cielo es el infierno y que el infierno es el cielo. Cuanto más grande es la mentira, más la creen".
Con seguridad, se perseguía también el objetivo político de desviar la atención de la opinión pública, fijada en la política económica de desabastecimiento y de sub-desarrollo económico que con tanto éxito impulsa el Gobierno, y de apartar a éste de todo contacto con la Democracia Cristiana. Así se entretiene también al adversario, para que no se detenga en el análisis y en la denuncia de los escándalos propios de esta Administración, en los que también están implicados hombres de los partidos que con más encono nos atacan.
Nada tiene que ver la Democracia Cristiana con los hechos delictuosos que se suponen al señor Gumucio. Y denunciamos como una baja maniobra de nuestros adversarios el intento de implicar en ellos al partido y a respetables hombres de sus filas.
En esta parte de mi discurso solicito insertar la declaración hecha por la Directiva Nacional del Partido Demócrata Cristiano con relación al caso de don Pablo Gumucio Vives.
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado.
-El documento cuya inserción se acuerda es del tenor siguiente:
"Declaración pública del P. D. C. Nº 78.
A raíz de la situación que afecta a don Pablo Gumucio Vives, la prensa oficialista, en especial la controlada por el Partido Comunista, ha desatado una campaña de calumnias e infamias en contra del ex PresidenteEduardo Frei, de su MinistroJuan Hamilton y del Partido Demócrata Cristiano.
Frente a esta sucia campaña, que persigue inútilmente la destrucción de la honra y la dignidad de personas eminentes, cuya honestidad y buen nombre están muy por encima de sus deshonestos difamadores, el Partido Demócrata Cristiano, declara:
1.- El señor Pablo Gumucio Vives, no ha sido nunca militante del Partido Demócrata Cristiano.
2.- Las informaciones relacionadas con los negocios del señor Gumucio no alcanzan al Partido ni a sus personeros, y son el producto típico de la inmoralidad periodística más desatada. Estos hechos confirman ¡que los parlamentarios democratacristianos han estado en lo justo al rechazar hace algunos días un proyecto que estaba destinado a amnistiar a esta clase de individuos que deshonran al periodismo y al Gobierno, con sus sucios procedimientos.
3.- Aunque los camaradas Frei y Hamilton están a cubierto de cualquier infamia de esta naturaleza, el Partido Demócrata Cristiano les expresa públicamente una vez más, su más plena adhesión y solidaridad.
4.- Como también se ha pretendido echar sombras tanto sobre el Partido como sobre nuestros candidatos presidenciales, hacemos presente que el propio Partido Demócrata Cristiano entablará querella «criminal por los hechos referidos.
5.- La ruindad de la prensa oficialista, llega al extremo increíble de dar carácter de escándalo nacional a las presuntas actividades del señor Gumucio, sin importarle para nada su condición de familiar de un senador de Gobierno, con tal de enlodar a la Democracia Cristiana.
A estos extremos está llegando el sectarismo y la falta de escrúpulos del periodismo oficialista.
El Partido Demócrata Cristiano, responde por su propio honor y por el honor de sus militantes. Emplazamos públicamente a los periodistas del oficialismo, a que prueben la supuesta relación del Partido o de los camaradas Frei y Hamilton, con los presuntos actos delictuales que se imputan a don Pablo Gumucio Vives. Por nuestra parte reiteramos que perseguiremos ante los Tribunales la responsabilidad de los individuos que están transformando el periodismo chileno en un instrumento permanente de difamación y deshonra.
La Directiva NacionalSantiago, 22.IX.71."
El señor FUENTEALBA.-
No voy a exhibir, para no alargar mi intervención, todos los titulares de la prensa que se refirieron a esta materia y en los cuales se aseguró con tanto desenfado que el Partido Demócrata Cristiano estaba implicado, llegándose incluso a sostener que Pablo Gumucio fue el jefe o el financista jefe de la campaña electoral de Frei y de otros personeros de la Derecha del Partido Demócrata Cristiano.
Jamás Pablo Gumucio ha sido tesorero nacional de nuestra colectividad, ni mucho menos jefe o financista-jefe de la campaña presidencial de Radomiro Tomic ni de la de Eduardo Frei. Pablo Gumucio es un hombre que ha colaborado con el partido y le ha prestado su apoyo; pero nunca ha ocupado los cargos que aquí se afirma que ejerció.
Libertad de información.
Es notorio también que día a día es más serio el peligro que existe en nuestro país para la libertad de información, como consecuencia del difícil acceso a los medios de comunicación de masas: la prensa, la radio y la televisión, en especial esta última, en razón de la nueva situación política y económica que estamos viviendo.
Es especialmente grave la situación que afecta a la prensa y a la radio, en particular a esta última, que ya dejó definitivamente de ser un buen negocio, pasando a ser uno que deja pérdidas.
Según un informe que conocemos, el triunfo de la Unidad Popular produjo un violento corte de las disponibilidades publicitarias en el sector privado, que mantenía más del 90% del volumen publicitario. La incertidumbre, la congelación de precios, las alzas de sueldos y salarios con los consiguientes aumentos de costos, la estatificación, las amenazas de estatificación de industrias que eran fuertes avisadores, afectaron duramente a la actividad publicitaria y, por ende, a los medios que se financian fundamentalmente con la publicidad.
Los diarios y las radiodifusoras, salvo contadas excepciones, se hallan en falencia económica. Por supuesto, entre las excepciones están los diarios y las radioemisoras pertenecientes a algunos partidos de Gobierno, que se financian porque gozan y disfrutan de una amplia publicidad proveniente de las entidades públicas y de las empresas estatificadas, en términos tales que no tienen problemas sobre este particular.
Para demostrarlo, tengo aquí algunos cuadros relacionados con esta materia, que solicito insertar al final de mi intervención, como prueba de que la propaganda, la publicidad del Estado y de las empresas estatificadas se vuelca totalmente hacia los medios de difusión de propiedad de las colectividades de Gobierno, en especial hacia los pertenecientes a los Partidos Comunista y Socialista.
La señora CAMPUSANO.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor FUENTEALBA.-
Con mucho gusto.
La señora CAMPUSANO.-
¿A quién favorecía esta publicidad en el período pasado?
El señor FUENTEALBA.-
Señora Senadora, en el período pasado la situación fue totalmente distinta, porque había amplia publicidad del sector privado, que acudía a los medios de difusión que creía convenientes; y esto era lo que sostenía a todas las radioemisoras y publicaciones existentes en el país.
De parte del Gobierno anterior no hubo ninguna presión sobre el sector privado, ni se estatificaron empresas, de manera que mal podía el Ejecutivo obligarlas a realizar publicidad en determinado diario.
El señor SEPULVEDA.-
¿Hubo o no hubo presión sobre la empresa Zig Zag, por ejemplo?
El señor TEITELBOIM.-
¿Es cierto o no lo es que se compró Zig Zag junto a otros capitalistas?
El señor FUENTEALBA.-
Es probable.
El señor SEPULVEDA.-
No es probable: es efectivo, y debieron venderla bajo fuerte presión.
El señor FUENTEALBA.-
Jamás existió presión. Y ahora el Gobierno adquirió la empresa Zig Zag porque estaba a punto de quebrar, o en falencia.
El señor SEPULVEDA.-
Mejor dicho, quebró. La recibimos quebrada.
El señor FUENTEALBA.-
Ese es el gran problema. Sus Señorías dirán que respetan la libertad de información y la existencia de los medios de publicidad, de las radios y de los diarios. Sin embargo, saben muy bien que tal como van marchando las cosas, de acuerdo con la política económica del Gobierno, que tiende a estatificar las principales actividades del país, la radiotelefonía y la prensa privadas que no sean del Gobierno o de los partidos que lo integran, no tendrán ingresos y, fatalmente, quebrarán.
El señor SEPULVEDA.-
No es efectivo.
El señor FUENTEALBA.-
No lo sostengo yo: lo dicen estudios hechos sobre el particular.
El señor SEPULVEDA.-
Al mes de Gobierno, el Estado debió prestarle 600 millones a la empresa Zig Zag.
El señor FUENTEALBA.-
Aboquémonos al problema de fondo, Honorable señor Sepúlveda, y no nos distraigamos en una cuestión a la que usted quiere conducirme.
El señor SEPULVEDA.-
Vamos a hechos concretos.
El señor FUENTEALBA.-
Vamos al problema de fondo. Yo estoy planteándolo -y lo repito para que lo escuchen tolos los sectores del Senado, y a ver si me entiende el Honorable señor Sepúlveda-: radica en que durante el régimen anterior, con todos los defectos que puedan haber habido, los medios de comunicación podían subsistir y financiarse; en la actualidad no lo pueden hacer si el Estado o las empresas estatificadas o estatales no les brindan apoyo mediante el envío de su propaganda y publicidad. Este es el problema que estoy planteando.
El señor SEPULVEDA.-
Eso ocurría en la anterior Administración.
El señor FUENTEALBA.-
No me estoy oponiendo...
Ruego a la Mesa descontar el tiempo correspondiente a las interrupciones. No tengo ningún inconveniente en conceder una al Honorable señor Sepúlveda, si lo desea.
El señor HAMILTON.-
¿Por qué no le otorga una interrupción al señor Senador para que explique su pensamiento? En realidad, no lo entendemos bien.
El señor SEPULVEDA.-
¡Por supuesto, Honorable señor Hamilton: no tengo ningún inconveniente en hablar!
El señor FUENTEALBA.-
Solicito insertar al final de mi discurso algunas nóminas referentes al avisaje hecho en diversos órganos de prensa por instituciones estatales y empresas estatificadas.
Por ejemplo, en un día naturalmente excepcional, el 4 de septiembre, en que se celebró un año de la victoria del señor Allende, se hicieron publicaciones en los diarios "El Siglo" y "Puro Chile" en gran cantidad, lo cual demuestra que mediante las empresas públicas y las estatificadas, o aquellas en las que el Estado ejerce determinado control, se pueden financiar las publicaciones y los medios de comunicación. Pero, al mismo tiempo, ello significa que otros diarios, otras publicaciones y otras emisoras que no son del Gobierno no reciben esa publicidad, en circunstancias de que hoy, como dije, la propaganda que emana de la actividad privada ha descendido a menos del 15% con relación a lo que existía antes.
Pido que tales cuadros se incluyan al final de mi intervención.
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, así se acordará.
Acordado.
El señor TEITELBOIM.-
Quisiéramos hacer también ciertas peticiones correlativas en cuanto a la publicidad estatal en el régimen anterior.
El señor FUENTEALBA.-
Eso lo podrá solicitar Su Señoría cuando pronuncie su discurso; porque yo no cometeré la impertinencia de hacer que se inserten documentos míos en una intervención del señor Senador.
El señor TEITELBOIM.-
Si Su Señoría ama la rectitud y es partidario del examen completo de los hechos; no cuente la mitad de la película, sino la película entera.
El señor FUENTEALBA.-
Pero sería absolutamente ilógico que el señor Senador pretendiera insertar en mi discurso un documento suyo.
El señor TEITELBOIM.-
Su argumento es falaz.
El señor FUENTEALBA.-
No es falaz.
El señor TEITELBOIM.-
Además, es sumamente fragmentario: muestra sólo una cara de la moneda.
El señor FUENTEALBA.-
No, señor Senador.
¿Puedo continuar, señor Presidente?
El señor FERRANDO (Vicepresidente). -
El Honorable señor Fuentealba no desea ser interrumpido.
El señor FUENTEALBA.-
Reitero que, salvo contadas excepciones, los diarios y radiodifusoras están condenadas a desaparecer en este país. No se trata aquí de defender -y en este aspecto quiero ser muy franco- la estructura capitalista de los medios de comunicación.
El señor TEITELBOIM-¡No...!
El señor FUENTEALBA.-
¡No, señor Senador!
Se pretende llamar la atención hacia la gravedad política que encierra el hecho de que los diarios y radios que pueden transmitir opiniones discrepantes de las del Gobierno, se encuentren en la imposibilidad de hacerlo, porque desaparecen. De continuar esta situación, el derecho de información de los partidos opositores quedará relegado a términos ridículos, que no proporcionarán influencia alguna sobre la masa. Si, sobre todo, las radios se cierran, el pluralismo habrá sufrido un gran revés en Chile.
El Gobierno está consciente de esta situación. Aparte aprovechar las condiciones para adquirir la propiedad de las principales radiodifusoras, no ha tomado medidas directas para estatificar la radiotelefonía, porque sabe que una acción directa en tal sentido produciría una funesta reacción y daría origen a la acusación de pretender entrabar la libertad de expresión.
La actitud pública del Gobierno, hasta ahora, es de respeto a la radiotelefonía. Pero muchos hombres significativos del régimen manifiestan en privado su adhesión a una radiotelefonía estatal; se dan cuenta de que podrán lograrlo sin recurrir a la ley, de que bastará esperar la quiebra de las radios o estimular el proceso de quiebra.
La televisión.
En cuanto a la televisión nacional tenía mucho que decir. Desde luego, que de acuerdo con la ley 17.377, de 24 de octubre de 1970, se establecieron las bases legales de la televisión chilena, a la que se concibió como un medio de difusión destinado a servir "para comunicar e integrar el país; difundir el conocimiento de los problemas nacionales básicos y procurar la participación de todos los chilenos en las grandes iniciativas encaminadas a resolverlos; afirmar los valores nacionales, los valores culturales y morales, la dignidad y el respeto a los derechos de la persona y de la familia;"... Y se consagra una especie de norma rectora: "informar objetivamente sobre el acontecer nacional e internacional,". . .
Para dar la orientación general y efectuar la supervigilancia y fiscalización de la televisión chilena, el legislador creó una persona jurídica de derecho público denominada "Consejo Nacional de Televisión". Dicho Consejo, dentro de la orientación pluralista de la televisión nacional chilena, Jo integran el Ministro de Educación Pública, que lo preside; un representante del Presidente de la República; tres representantes no parlamentarios del Senado y tres representantes no parlamentarios de la Cámara de Diputados; dos representantes de la Corte Suprema; los Rectores de las Universidades de Chile, Católica de Chile y Católica de Valparaíso; el Presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile, y un representante de los trabajadores de la Empresa de Televisión Nacional de Chile y otro de los trabajadores de los demás canales.
Ese Consejo, de tanta significación - aparente, por los personeros que lo integran- y que debe cumplir funciones tan señaladamente importantes como la de propender a elevar el nivel programático y técnico de la televisión chilena, ha llevado hasta ahora una existencia lánguida y muy poco efectiva. Es un organismo superestructural, que se reúne con relativa periodicidad y cuya única obra conocida es la reglamentación del artículo 33 de la ley 17.377.
El Consejo Nacional de Televisión, a casi un año de dictada la ley que le dio origen y a más de diez meses desde su establecimiento, continúa funcionando como un pariente pobre de la Secretaría privada del señor Ministro de Educación. Carece de local propio donde cumplir sus funciones y ejercer sus atribuciones y no tiene personal, pese a contar con las disponibilidades presupuestarias que le asigna la propia ley que lo creó.
En verdad, señor Ministro, el Gobierno no le ha asignado importancia a ese Consejo ni le ha reconocido influencia en los nutridos problemas que afronta la televisión chilena.
Por ejemplo, el 4 de mayo del año en curso el Ministerio de Educación Pública dictó un decreto -naturalmente, cuenta con la firma de Su Excelencia el Presidente de la República- en virtud del cual se aprueba el Reglamento sobre televisión chilena. El Consejo Nacional de Televisión, al que la letra e) del artículo 8 de la ley 17.377 da el carácter de organismo asesor del Presidente de la República, ni siquiera fue consultado acerca de dicho Reglamento, que, por lógica, debió emanar de ese mismo Consejo.
La falta de consideración del Ejecutivo hacia el referido Consejo se demuestra, asimismo, en la circunstancia de que el representante del señor Presidente de la República ante ese organismo, el doctor Víctor Barberis, ha asistido solamente a dos sesiones, siendo la última de ellas en el mes de enero de 1971.
El Consejo ha sesionado fundamentalmente gracias a la perseverancia y, yo diría, a la pertinacia de los representantes de la Corte Suprema y de los sectores de Oposición del Parlamento.
La inercia operativa de dicho Consejo llega al extremo de que, por su incompetencia, se deja sin cumplir la ley. El artículo 34 de la ley 17.377 dispone: "Con el objeto de contribuir a la cultura política del país, los Canales de televisión deberán destinar no menos de 30 minutos a la semana para difundir espacios en los cuales los distintos Partidos Políticos y movimientos políticos con representación parlamentaria puedan, en condiciones equitativas, debatir los problemas nacionales frente a la ciudadanía." Esta disposición, que podría ser una válvula que permitiera "oxigenar" el ambiente de tanto programa "concientizador" y "comprometido", es hasta ahora letra muerta. Su aplicación se ha venido discutiendo en el Consejo desde el mes de marzo, y, aprobado el sistema sobre la base de una proposición que formuló el Presidente de Televisión Nacional de Chile, don Eugenio González, aún permanece sin resolverse el financiamiento de tales programas.
Como deseo fundar mis observaciones en hechos indiscutibles, quiero referirme a la nota con que el presidente subrogante del Canal7, don Demetrio Gutiérrez -designado para ese cargo por el Presidente de la República-, dio respuesta al oficio que se le dirigió por acuerdo unánime del Consejo Nacional, en el sentido de conceder derecho a réplica a un Senador que fue acusado de cometer delitos comunes, hecho registrado en un programa de una serie en que se ha ofendido e injuriado a la colonia árabe, a la Iglesia Católica, a la Corte Suprema y a diversos parlamentarios de Oposición. El señor Gutiérrez, notario público, por sí y ante sí, decretó la ilegalidad del acuerdo, sin respeto alguno ni siquiera por el Ministro de Educación, que preside el Consejo. Y los señores Senadores acaban de escuchar la lectura que hice del texto constitucional en donde se otorga el derecho de respuesta a las personas que hayan sido injuriadas a través de ese medio de publicidad.
En definitiva, el Consejo Nacional de Televisión es un organismo superestructura!, sin mando efectivo; un organismo de utilería, para aparentar que existe pluralismo, diálogo democrático, libre acceso a un medio que es pagado por todos los chilenos. Nada de eso existe, y su funcionamiento constituye hasta ahora una burla para el legislador, que concibió que allí radicarían el control y la supervigilancia de un medio que, como ningún otro, puede transformarse en distorsionador de la realidad y en enajenador de la conciencia pública.
Sin dolor, lenta pero exitosamente, se está satisfaciendo lo que pregonaba el sociólogo marxista Armand Mattelart, funcionario del Canal 7 de Televisión, en una charla dada en el llamado "Primer Congreso de Periodistas de Izquierda", el 11 de abril de 1971, cuando decía: "La expropiación absoluta de los medios de información debe concebirse como un punto de llegada de un proceso y el desenlace victorioso del enfrentamiento con la burguesía."
El caso de la Televisión Nacional es ilustrativo de lo que el Gobierno está haciendo en materia de comunicación social. Es además particularmente lamentable, por lo que dicha empresa significó.
Fue creada, como se sabe, por el Gobierno del Presidente Frei a comienzos de 1969. En menos de dos años se extendió virtualmente a todo el país, convirtiéndose, sin lugar a dudas, en el primero de los canales de televisión, tanto desde el punto de vista técnico como desde el ángulo programático. Su prescindencia en materia política llegó a la exageración, actitud que fue reconocida tanto por el público - que en una encuesta hecha pública lo consideró el menos politizado de los canales- como por las distintas fuerzas políticas, cuyos candidatos presidenciales, con rara unanimidad en nuestro país, agradecieron públicamente su elevada actuación durante una campaña política que apasionó a todos los chilenos. En dos años de transmisiones hubo sólo una -repito: una, en dos años- crítica al Canal Nacional en este sentido. Ella no provino de las fuerzas de la Unidad Popular, sino de la Derecha, que se consideró perjudicada por la forma como se dio una información periodística sobre la concentración final de su candidato.
Esa actitud, recibida por todos los sectores, primero con incredulidad y después con alegría, conformó una tradición digna de ser honrada.
Más aún: lo que fuera sólo una política del anterior Gobierno, fue transformado luego en norma legal y constitucional.
En efecto, el estatuto de garantías constitucionales pactado entre el Presidente Allende y la Democracia Cristiana, compromiso moral que él ratificó asistiendo al Senado a su votación, establece en una de sus partes: "Los partidos políticos tendrán libre acceso a los medios de difusión y de comunicación social de propiedad estatal o controlados por el Estado."
Por otra parte, la Ley de Televisión declara en su artículo 1º: "La televisión no estará al servicio de ideología determinada alguna y mantendrá el respeto por todas las tendencias que expresen el pensamiento de sectores del pueblo chileno."
No cansaré al Senado con ejemplos sobre la diaria violación de esos preceptos. El país entero es testigo de ello, y su juicio, no por callado menos certero, se expresa cada día en las encuestas de audiencia, que van relegando a un lugar secundario al otrora importante Canal Nacional.
Ha llegado a ser tan notoria esta situación, que el Presidente del Directorio de dichaEmpresa, don Eugenio González, ha debido dar públicas excusas, en repetidas ocasiones, a personas y sectores injuriados por el Canal 7. Más aún: en dos oportunidades, la última hace menos de una semana, el Directorio de esta institución ha tenido que reconocer que uno de los comentaristas de su "Noticiero", don Fernando Rivas Sánchez, ha trasgredido en la forma y en el fondo la Ley de Televisión y los propios y públicos acuerdos de dicho Directorio, de abrumadora mayoría oficialista. En ambas ocasiones, por cierto, las víctimas de sus injurias han sido militantes de la Democracia Cristiana.
El único ejemplo de pluralismo que hoy exhibe Televisión Nacional es el programa "A tres bandas". Lamentablemente, para el oficialismo no es un ejemplo válido. En efecto, dicho programa fue creado por la anterior administración del Canal. Más aún: el Partido Comunista intentó suprimirlo. Imposibilitado de lograrlo, debió resignarse a modificarlo a favor de la Unidad Popular, salvándose el programa gracias a la vigorosa reacción del público y a la actitud consecuente de don Eugenio González.
Deseo llamar la atención del Senado y del país sobre la situación actual de don Eugenio González.
Este distinguido hombre público y académico fue designado Presidente del Directorio de Televisión Nacional con el concurso de nuestros votos en el Senado de la República. Hoy se encuentra alejado de ese cargo, pues está haciendo uso de un permiso que vence el 4 de octubre. Sin embargo, se ha dicho, inconfirmadamente hasta hoy, que su alejamiento sería definitivo, por discrepancia con los ejecutivos del Canal. Deben saber el Gobierno y el país que, en caso de no reasumir don Eugenio González su cargo, no permitiremos que, a pretexto de hacer indefinido un permiso o un interinato, el Gobierno eluda su obligación legal de consultar al Senado en la designación de quien ocupe la más alta personería de Televisión Nacional.
El porqué de la persecución.
Finalmente, quisiera referirme al porqué de esta campaña desatada en contra de la Democracia Cristiana.
¿Por qué los Partidos Socialista y Comunista, con la complicidad silenciosa del Gobierno, se empeñan en destruir la Oposición, especialmente a la Democracia Cristiana y a algunos de sus hombres más destacados? Porque, al fin, la destrucción de personalidades del partido repercute sobre la existencia misma de éste.
En mi concepto, hay muchas explicaciones sobre este fenómeno; pero deseo referirme tan sólo a algunas de ellas.
1º) Nadie puede discutir el carácter revolucionario de los marxistas. Pero sus líderes nacionales, al parecer, carecen de originalidad y son profundamente sectarios. Consideran que deben aplicar en Chile los mismos métodos que esos partidos debieron emplear en otros países. En el nuestro podrían llegar a realizar democráticamente todas las transformaciones que considera el programa del Presidente Allende; pero no se sentirían contentos, porque, como carecen de imaginación, piensan que no hay revolución sin violencia, sin persecución, sin avasallamiento y sin dictadura. Algunos de ellos extrañan los hechos sangrientos y tratan de producirlos. Ahí está la muerte inútil, el asesinato injusto de Edmundo Pérez Zujovic. ¡Ah, pero así se ponen más a tono con la revolución rusa, con la cubana o con otras! Un poco de sangre es como la sal o la pimienta de la revolución. No pueden o no quieren entender que Chile es un país diferente, con una tradición, con un pueblo, con una mentalidad, con una formación cultural y cívica distintos de los de otros países. No les cabe en la cabeza que en esta nación los chilenos quieren pan y libertad, pero que si deben renunciar a ésta para conseguir aquél, son capaces de morir de hambre.
2º) La campaña a que me refiero se desata porque los partidos de Gobierno no aceptan la oposición. Es más cómodo no tener oposición y poder obrar de la manera que a uno se le antoje, sin que nadie le critique o le discuta. Es mucho más fácil hacer una revolución en dictadura, sin Parlamento que discuta, sin partidos fuertes que opinen y discrepen, sin estar sometidos a la crítica que se vierte a través de los medios de difusión.
En verdad, como lo señalábamos en un trabajo de análisis del Gobierno democratacristiano que hicimos cuando mediaba el período de su mandato, la historia no registra el caso de revoluciones sin violencia; pero los democratacristianos, con oposición de la Derecha y de la Izquierda marxista, que fue implacable, dimos prueba de que era posible iniciar el camino de los cambios dentro de nuestra estructura democrática.
¡Con cuánta mayor facilidad puede hacerlo ahora el Gobierno del señor Allende, que no encuentra en la Democracia Cristiana al rival obstinado y dogmático que tuvo el Presidente Frei en la Derecha reaccionaria y en los Partidos Socialista y Comunista!
3º) Para los comunistas y socialistas, el pluralismo sólo tiene cabida dentro de la concepción socialista y, en el caso de Chile, dentro del Gobierno y siempre que en este pluralismo los demás partidos obren con sumisión y acatamiento.
En esta materia no hay distinciones entre pekinistas o maoístas, castristas o prosoviéticos.
La entrevista a Chou En-Lai que efectuó el diario "Excelsior", reproducida por "El Mercurio" en su edición del 7 de septiembre, es muy ilustrativa sobre este particular, porque sus opiniones coinciden en mucho con las de políticos chilenos de la Unidad Popular que citaré más adelante.
Se le pregunta al Primer Ministro chino: "¿Cabe hablar de minorías disidentes en China?" Y la respuesta comienza con una autointerrogación: "¿Se refiere a las minorías que se oponen al socialismo, o a las que sostienen distintas opiniones sobre la revolución y la construcción socialista bajo la dictadura del proletariado?". Y luego continúa, contestando con claridad y franqueza: "Hay dos tipos de minorías. La minoría que se opone al socialismo y desea restaurar el capitalismo es intolerable en China, y la consideramos una contradicción insostenible entre el enemigo y nosotros."
El señor TEITELBOIM.-
¿En China o en Chile?
El señor FUENTEALBA-
En China. Me estoy refiriendo a las expresiones del Primer Ministro chino.
Agrega Chou En-Lai: "A esa minoría la criticamos entre las masas abiertamente. Con el apoyo de las masas, la aislamos. Si esa minoría realiza actividades contrarrevolucionarias, implantamos la dictadura del proletariado contra ella y castigamos por ley a sus miembros."
O sea, no se acepta la discrepancia u oposición al socialismo.
Después expresa:
"Hay otro tipo de minoría muy distinto. Se refleja en el seno del pueblo que apoya la revolución socialista y a la dictadura del proletariado, pero sostiene distintas opiniones respecto de la revolución y construcción socialistas. Esta es permisible."
El señor TEITELBOIM.-
¿Qué tiene que ver esto con la situación de Chile? Su Señoría está perdiendo el tiempo lastimosamente, y está haciendo perderlo al Senado.
El señor FUENTEALBA.-
Tiene mucho que ver, señor Senador. Escuche lo que diré en seguida, y verá que no estoy perdiendo el tiempo.
En el diario de Gobierno "La Nación" del 26 del mes en curso, bajo el título "La Caldera del Diablo", se editorializa con bastante claridad sobre esta materia. Allí se dice: "El pluralismo significa, en esta etapa de la historia política y social de Chile, que diferentes doctrinas filosóficas y credos religiosos pueden entablar un diálogo fructífero, a nivel nacional, para analizar, juzgar y aplicar una línea común de acción que tenga como metas principales el desarrollo integral e intensivo del país, la incorporación de las grandes masas laboriosas a las tareas de producción y dirección, y el goce y disfrute de los productos que la energía creadora del hombre pone a su servicio y al de sus semejantes."
Destaco que nosotros compartimos esas aspiraciones. Pero deseamos llamar la atención hacia el hecho de que, de acuerdo con esta concepción socialista chilena, no caben dentro del "pluralismo" doctrinas filosóficas o credos religiosos que no estén de acuerdo con esas finalidades. Y en una etapa histórica no actual, sino posterior -puede ser en uno o dos meses más-, se podría considerar que tampoco tendrán cabida en ese "pluralismo" los que, estando de acuerdo en las metas señaladas, tengan, sin embargo, una concepción distinta acerca del tipo de la nueva sociedad que debe construirse.
En el mismo editorial se agrega más adelante:
"El pluralismo se ejerce en Chile con gran dignidad, con respeto por los hombres y las ideas, sin espíritu hegemónico de ningún partido o movimiento, sin nada oculto que desvirtúe la claridad y precisión del concepto.
"En efecto, conviven y se inspiran en ideales comunes de cambio social y de progreso, socialistas, comunistas, radicales, cristianos de Izquierda e independientes."
Siempre se habla de "pluralismo" dentro de la Unidad Popular. Pero se trata de un "pluralismo" perfectamente delimitado, muy distinto de una concepción democrática sobre el particular.
Los comunistas se han expresado en términos similares. Dicen: "El Gobierno Popular será pluripartidista." Luego se preguntan: "Más, ¿qué se propone el pluripartidismo?" Y contestan: "Se trata de garantizar a todas las tendencias antimperialistas y antimonopólicas la libertad y la posibilidad de convertirse en partidos del Gobierno Popular, sin exclusiones previas de ningún tipo, excepto la fidelidad al programa aceptado voluntariamente con anterioridad."
"Podrá existir pluralidad de partidos" -afirman- "pero no interclasismo como se dio y se da en la Democracia Cristiana, porque el socialismo, al liberar a la sociedad de la explotación del hombre por el hombre, crea las condiciones para desamarrar la pluralidad política e ideológica de la pluralidad de clases, y los distintos partidos no representarán a clases antagónicas, sino que serán la continuidad de una tradición histórica y la traducción política de las clases y capas sociales que seguirán existiendo durante todo el largo período de construcción del socialismo en Chile.
"De ahí que el proceso hacia el socialismo en Chile lo veamos inscrito dentro de las normas y requisitos universales que rigen su construcción; pero con la característica específica de que cada partido del Gobierno Popular tiene asegurado su futuro histórico indefinidamente, su propia individualidad."
De las opiniones transcritas se deduce muy claramente que la concepción pluralista de los partidos ejes del Gobierno del señor Allende se reduce a reconocer la existencia de distintas corrientes políticas o religiosas en tanto estén dispuestas a marchar por la ruta del socialismo, pero que no caben dentro de esa concepción colectividades antagónicas al establecimiento de un régimen socialista, ni mucho menos colectividades que estén lisa y llanamente por la mantención del statu quo, o que sean proimperialistas, o capitalistas, o monopolistas.
El señor TEITELBOIM.-
¿Me permite una interrupción, Honorable colega? Deseo hacer una aclaración.
El señor FUENTEALBA.-
En este punto no caben aclaraciones, señor Senador.
Nosotros tenemos una concepción diferente sobre el pluralismo, y entendemos que en virtud de él pueden subsistir sobre toda clase de ideologías filosóficas, políticas o religiosas, por antagónicas que sean entre sí, con la sola limitación de aquellas que atentan contra la moral. Por eso, cuando fuimos Oposición en regímenes anteriores luchamos por los derechos del Partido Comunista a existir como tal y a actuar libremente dentro de la vida nacional. Por eso mismo, cuando fuimos Gobierno respetamos a todos los partidos políticos y a todas las concepciones religiosas. Jamás se nos pasó por la mente que debíamos eliminar a quienes eran nuestros más enconados adversarios.
4º) Esta campaña existe porque los Partidos Socialista y Comunista han demostrado reiteradamente que quieren impedir toda posibilidad de acercamiento siquiera entre el Presidente de la República y la Democracia Cristiana.
Mientras nosotros nos hemos esforzado en buscar el consenso mínimo de que hablaba Frei, ellos tratan de producir la separación y el distanciamiento.
Su espíritu sectario es incapaz de concebir que una colectividad política distinta pueda colaborar desde fuera del Gobierno, en forma independiente, sin estar subordinada a ellos.
Es un hecho histórico: cada vez que dirigentes de la Democracia Cristiana se reúnen con el señor Allende, se deja sentir la andanada de ataques e insultos en contra nuestra, como para advertir al señor Presidente que no debe ir más allá por ningún motivo.
El Partido Socialista se habría sentido mucho más feliz, por ejemplo, si la Democracia Cristiana se hubiera opuesto a la nacionalización del cobre. Tengo el convencimiento de que ese partido se sintió defraudado cuando comprobó que no sólo estábamos dispuestos a votar a favor del proyecto, sino también a colaborar activamente en su despacho.
Llegaron al Congreso a buscar el plebiscito. Por eso plantearon la nacionalización dentro de una reforma constitucional. Pero "vinieron por lana y se fueron trasquilados", porque, consecuentes con nuestros principios y con nuestras afirmaciones de la última campaña, contenidas en el programa del señor Tomic, estuvimos de frente, activamente, por la nacionalización del cobre.
5º) Finalmente, se explica el interés en destruir a nuestro partido, porque saben que la Democracia Cristiana, junto con ser la colectividad mayoritaria del país, representa el profundo sentido democrático del pueblo chileno en lo que tiene de esencial, e interpreta la opinión y los anhelos de justicia social de una inmensa masa de trabajadores del campo, de las minas y de las ciudades.
Que subsista el Partido Nacional no les importa, y hasta les conviene. Saben que esa colectividad no lograría atraer a los sectores populares que, en cambio, militan en nuestras filas. La permanencia del Partido Nacional podría servirles incluso para decir que en Chile hay Oposición. Pero que subsista y exista la Democracia Cristiana, no lo pueden tolerar.
Si algunas garantías existen en este país para la supervivencia del régimen democrático, ellas son esencialmente dos: primero, la coexistencia de la Democracia Cristiana y de los partidos democráticos, incluso los que están en el Gobierno; y segundo, la existencia de Fuerzas Armadas no deliberantes, imparciales, ajenas a las disputas políticas, que, manteniendo la tradición chilena, velen por el imperio de la Constitución y de la ley y aseguren al pueblo el pleno disfrute de sus derechos esenciales, y principalmente el derecho que tiene a designar a sus representantes en elecciones periódicas absolutamente libres, donde pueda manifestar su opinión y emitir su sufragio en forma secreta y sin presiones.
Los partidos que son incapaces de aceptar la crítica, de tolerar las discrepancias y de someterse al juicio de la opinión pública, tendrán que hacer toda clase de esfuerzos por eliminar o minar lentamente a esos dos pedestales de nuestro régimen democrático.
Los Partidos Socialista y Comunista no gustan de la presencia de la Democracia Cristiana. Por eso se empeñan en dividirla, y han tenido relativo éxito al lograr que algunos militantes se alejen de sus filas y vayan hacia la Unidad Popular. Pero allí los reciben y los aceptan en la medida en que les sirven, sin que se les dé mayor relevancia, como no sea para tener su adhesión, para seguir extrayendo a otros elementos de nuestras filas.
Responsabilidad del Presidente de la República.
Nosotros creemos que el Presidente de la República es también responsable de cuanto ocurre. El señor Allende se ha encargado de decir muchas veces que él y la Unidad Popular son una misma cosa; que es un vocero suyo, y que sus determinaciones son adoptadas después de discutirse y analizarse en su seno.
El Partido Socialista, que encabeza con el Partido Comunista esta política de agresión, es la colectividad del Presidente de la República.
Los diarios "El Siglo", "La Nación", "Las Noticias de Ultima Hora", "Puro Chile" y numerosas revistas, son órganos del Gobierno o de esos partidos.
La Televisión Nacional y el Canal 9 están dirigidos por hombres de Gobierno o por amigos personales del señor Allende.
En consecuencia, la responsabilidad del Primer Mandatario frente a cuanto ocurre es inexcusable.
Si el Presidente de la República estima sinceramente que el diálogo es necesario, que hay que buscar las coincidencias y aceptar las discrepancias sobre la base del respeto recíproco y de la confrontación de las ideas en un plano también de recíproca nobleza y dignidad, que se juegue, pues, por esa política, que luche por imponerla a los suyos. Pero la Democracia Cristiana ya no puede seguir aceptando más este doble juego, esta política de dos caras, en que mientras unos piden colaboración y apoyo, los otros injurian, calumnian y pretenden dividirnos; en que mientras unos hacen de relacionadores públicos, los otros se sientan en el piano. . . En lo sucesivo deseamos claridad y una sola actitud frente a nosotros. No se trata de que no nos ataquen o de que no nos critiquen políticamente, sino de que nos respeten en la disputa política.
La Democracia Cristiana revisará su posición política.
Próximamente la Democracia Cristiana celebrará una reunión para analizar los acontecimientos políticos y, en especial, los alcances de esta campaña dirigida en su contra.
Con toda seguridad, el Partido tendrá que revisar la estrategia seguida hasta ahora y se verá obligado a endurecer su línea.
Hay muchos compromisos que no se cumplen por parte del Gobierno, compromisos que dicen relación a las persecuciones funcionarías; a la disolución de los grupos armados; a la aprehensión y castigo de todos los implicados en el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic; a la parcialidad y afiliación política del Canal Nacional de Televisión y del Canal 9; a los ataques al Congreso Nacional y al Poder Judicial; a la prepotencia en las organizaciones sociales; a la determinación de las áreas de la economía; a la participación de los trabajadores; al envío de una legislación sobre expropiación de empresas industriales o comerciales; a la reforma agraria, etcétera.
Todas estas materias están relacionadas íntimamente con el respeto a las garantías democráticas. No podemos seguir conformándonos con palabras de buena crianza.
¿En qué situación se nos coloca ante estos incumplimientos? A nuestro juicio, en situación de tener que usar sin contemplaciones las herramientas constitucionales y legales de que disponemos, con el fin de obligar al Gobierno a cumplir compromisos libremente aceptados y contraídos.
Igual ocurre con nuestra decisión de impedir que las libertades, en especial la de información, se coarten.
Si no se respeta y garantiza la existencia de los medios de comunicación que poseen los partidos políticos, de las confesiones religiosas, de las universidades u otras corporaciones u organizaciones, enfrentaremos al Gobierno en el terreno que la Constitución señala. No permitiremos por ningún motivo que se clausure -como lo anuncia o lo amenaza el diario "Puro Chile"-, la radio "PresidenteBalmaceda", que es propiedad del Partido Demócrata Cristiano.
Y si es necesario porque la situación se agrava, recurriremos a organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para denunciar a la opinión internacional los atropellos cometidos contra los derechos fundamentales de la persona humana, en especial contra la libertad de pensamiento.
Termino mis palabras diciendo con Jean Lacroix: "La conciencia es "gestual", es decir, que no piensa sin gestos, imágenes, actitudes, y movimientos. Lo que resulta mucho más verdad aún desde que se han encontrado los medios eficaces para penetrar en el interior mismo de la conciencia. No hay, pues, democracia sin libertad, no solamente en la opinión, sino en la formación de la opinión. De donde esa atención apasionada del demócrata de cara a todos los medios de formación o de información: prensa, radio, televisión, publicidad, propaganda. Sin estatuto democrático de los principales medios de información, toda la democracia está en peligro. El demócrata se reconoce por su respeto escrupuloso al pensamiento de los demás, Y es precisamente el que rechaza y teme el antidemócrata."
He dicho.
- (Aplausos en tribunas y galerías).
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
Advierto al público que está prohibido hacer manifestaciones.
-Los documentos cuya inserción se acordó con anterioridad, son del tenor siguiente:
Avisos Diario El Siglo día 4 de Septiembre de 1971
-Avisos 1.
-Avisos 2.
-Avisos 3.
-Avisos 4.
-Avisos 5.
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCIA.-
Señor Presidente, no nos tranquiliza la seguridad que nos da el Partido Demócrata Cristiano en cuanto a que el Gobierno no trata de suprimirnos, porque sabemos que esa colectividad se equivoca bastante cuando solicita garantías, como sucedió específicamente con las garantías constitucionales. El ejemplo más claro lo Constituye el motivo de esta sesión, citada a pedido de la Democracia Cristiana, porque algunos de sus miembros han sido víctimas de una campaña típicamente totalitaria. Para nosotros, esto no constituye novedad.
Respecto del motivo de esta sesión, decimos que desde hace mucho tiempo hemos venido denunciando la influencia marxista, que avanza a pasos decisivos dentro del Gobierno, y las prácticas y los métodos y sistemas del Partido Comunista, que han ido convirtiendo nuestra organización legal en un sistema legal sobrepasado, en una legalidad aparente, en que se aplica el mecanismo de la desviación del poder o de los abusos del poder, en medio de la mayor inquietud, una de cuyas manifestaciones es la sesión de hoy.
Aprovecho la presencia del señor Ministro del Interior para decirle que mucha gente de distintos grupos sociales, si pudiera tener su audiencia, le diría que siente inquietud y temor, intranquilidad y zozobra, porque no sabe lo que le pasará mañana y no está segura de su trabajo, de su propiedad ni de su libertad.
Se lo demostraré, señor Ministro, y comprobará sobre la base de una enumeración que haré de lo sucedido durante este año, que hay motivos más que suficientes para que las personas experimenten esa intranquilidad y esa zozobra.
En el fondo, la causa que las motiva es el hecho de que las declaraciones que formula el Gobierno no corresponden a la realidad.
El 12 de febrero de este año el señor Ministro del Interior dijo mediante cadena radial que el Gobierno garantizaba el derecho de propiedad de los pequeños y medianos agricultores. Con optimismo, los agricultores creyeron que entre los medianos se incluía a quienes tenían menos de 80 hectáreas de riego básicas. Sin embargo, nunca se definió qué agricultores se encontraban en esa categoría y tenían garantizada su propiedad, como si ésta pudiera asegurarse de acuerdo con la división en pequeños, medianos o grandes agricultores, y no fuera una sola la garantía a la propiedad que concede la Constitución Política.
El señor Ministro del Interior agregó que las ocupaciones de predios no significarían que éstos se expropiaran si no se reunían los requisitos que para ello establece la ley, y que si el fundo fuera expropiable, esta operación se vería obligadamente retardada.
Los hechos lo han desmentido, señor Ministro. Tal vez llevamos más de mil quinientas ocupaciones de propiedades agrícolas -porque cuando sacamos las cuentas hace cuatro meses, ya sumaban ochocientas-, y todos los predios ocupados se expropiaron, estuvieran o no sujetos a expropiación, de acuerdo con la ley.
En consecuencia, el país ya conoce cuál fue el mecanismo empleado para llevar a cabo las expropiaciones.
Mediante las tomas ilegales no sólo se han atropellado los derechos de los propietarios, sino también los de los arrendatarios y medieros. Como lo denunció en esta Sala el Honorable señor Durán, incluso se carnearon animales pertenecientes a pequeños campesinos y se ocasionaron daños en los campos.
En el agro se siente esa inseguridad. Ella nace de numerosos sucesos, de los que sólo basta relatar los principales para apreciar que todos los que viven en esas zonas tienen una sensación de inquietud que hago presente hoy día al Ministro del Interior, quien pasará a la historia si logra dar a los chilenos una seguridad que hoy no tienen.
Permítame recordarle, señor Ministro, unos cuantos hechos que motivan esa intranquilidad en los campos. Por ejemplo, en Valdivia, en el fundo Liquiñe, fue retenido el Honorable señor Ferrando, que en estos momentos preside la sesión. Su Señoría puede desmentirme, si esto no es efectivo. Frente a la retención de un Senador, el Subsecretario explicó que el hecho se debía a la acción de jóvenes voluntarios pertenecientes a una congregación religiosa. Sin embargo, resultó que la única congregación religiosa que había cerca era un colegio de monjas. ¡Esto es lo que produce inseguridad!
La señora CAMPUSANO.-
¿Cuándo ocurrió eso, señor Senador?
El señor GARCIA.-
Estoy señalando hechos sucedidos durante este año.
La señora CAMPUSANO.-
Los está repitiendo.
El señor GARCIA.-
Los estoy repitiendo, porque esto es lo que produce la inseguridad y lo que no se ha corregido. Y es bueno que el país lo sepa y se imponga de la lista de tales acontecimientos, a fin de que la pueda consultar.
En el fundo Polizones, en Fresia, Llanquihue, el dueño del predio debió ser rescatado mediante una operación militar. En esa misma fecha, en Linares fueron retenidas 40 personas y el Intendente debió encabezar un batallón para lograr ponerlas en libertad.
En Cautín las ocupaciones masivas tuvieron gran intensidad. En el fundo Brasil Sur, de Lautaro, una gran poblada mapuche causó la muerte de doña Domitila Palma: las impresiones recibidas le provocaron un infarto.
Con anterioridad a ese hecho, se había suicidado la señora Antonieta Maachel, cuando su campo fue ocupado y ella sufrió toda clase de vejámenes.
La señora CAMPUSANO.-
¿Y Hernán Mery?
El señor GARCIA.-
El asesino de Hernán Mery, o quien le pegó, está en la cárcel, señora Senadora, y contra él se han seguido todos los procesos correspondientes. Pero yo estoy hablando de gente que no ha recibido justicia. Por eso estoy reclamando.
La señora CAMPUSANO.-
Está repitiendo solamente.
El señor GARCIA.-
Permítame Su Señoría ocupar mi tiempo, y sienta en el peso de su conciencia y en la de su partido todas estas muertes habidas en Chile.
El señor SEPULVEDA.-
¿Y todas las que provocó el conservantismo chileno en el pasado?
El señor GARCIA.-
No quiero hablar de Rolando Matus, que cayó. . .
El señor SEPULVEDA.-
¿No recuerda las matanzas de obreros?
El señor GARCIA.-
…en el fundo Carén, de Pucón. Fue muerto a los 28 años de edad.
Jorge Barahona murió en Nilahue.
El señor SEPULVEDA.-
Recuerde a los muertos...
El señor GARCIA.-
¡El señor Senador no quiere que yo hable y que el público se imponga de todo lo que han hecho! Por eso me sigue interrumpiendo.
Jorge Barahona murió en Nilahue, a raíz de las tensiones que sufrió cuando le dieron seis horas para abandonar el fundo.
Juan Milipán, de 19 años de edad, en el segundo asalto al fundo Brasil Sur, recibió balazos que le provocaron la muerte.
Quiero referirme ahora al asalto a la viña Santa Blanca, cerca de Rancagua, donde murió Gilberto González. Con anterioridad a ese hecho había muerto en Cautín, el estudiante Jorge Fernández, que estaba realizando trabajos de verano, a causa del estallido de dinamita que llevaba en sus bolsillos. No sabemos para qué llevaba ese explosivo un estudiante secundario, durante los trabajos de verano. Este hecho no se investigó y nunca pudo saberse quién le había facilitado la dinamita.
Rufino Garay fue herido por cinco balazos en el fundo Agua Fría, de Talca.
Las actividades del Comandante Pepe, que fueron denunciadas aquí en el Senado, nadie sabe en qué terminaron.
El ambiente de inseguridad que existe en los campos de poder pasar la noche en su casa, está reflejado claramente en la copia fotostatica de una resolución del Intendente de O'Higgins, que tengo a la mano. No quiero dar el nombre de las personas que me ayudaron a obtenerla, a fin de no causarles perjuicios.
El señor SEPULVEDA.-
El procedimiento...
El señor GARCIA.-
Se la voy a mostrar personalmente al señor Ministro.
El señor SEPULVEDA.-
...no es muy correcto.
El señor GARCIA.-
Si el señor Senador no cree al señor Ministro es cuestión suya; pero creo que todos aceptarán su palabra.
Dice el documento:
"Se autoriza al señor (fulano de tal), cédula de identidad (tanto), de Rancagua, propiedad de la parcela (tal), camino (de tal parte), a objeto de que ingrese al interior de su predio a darles forraje y bebida a los animales.
"Se otorga a petición del interesado para los fines indicados."
De modo que el Intendente faculta al dueño de un predio para que pueda ingresar a él sólo "para los fines indicados", esto es, dar agua y forraje a los animales. Mientras existan intendentes -sobre los cuales tiene tuición el Ministerio del Interior- que crean que el derecho de propiedad está sujeto a la autorización de las intendencias, tendrá que haber esa inseguridad, la cual trae como consecuencia que todas las personas se sientan como ocupantes de los campos, como arrendatarios, con precaria tenencia, donde cada uno quiere obtener lo más que pueda, porque no sabe si al día siguiente podrá continuar trabajando. Esto es tan grave, señor Ministro, que debe ponérsele atajo.
El señor Ministro dijo que el Presidente de la República garantizaba la propiedad. He relatado suficientes casos para mostrar que los hechos son distintos de las afirmaciones del Gobierno. ¿Qué fue lo que dijo el Jefe del Estado en su discurso del 1? de mayo? Expresó, con vehemencia y no simplemente como una declaración, lo siguiente:
"Por eso les digo muy claro; por eso le he dicho al pueblo de Chile; se lo he dicho a los trabajadores de la tierra; se lo he gritado con pasión para que me entiendan, en Cautín y en Valdivia, en Osorno y en Llanquihue, en las provincias agrarias del centro y del norte: vamos a aplicar la reforma agraria aceleradamente, profundamente. Vamos a terminar con el latifundio. Este año expropiaremos mil predios que están más allá de la reserva legal y terminaremos con el minufundio. Pero no basta expropiar, hay que hacer producir la tierra y tenemos que respetar la ley. No podemos aceptar que se atropelle al propietario que tiene derechos frente a la ley."
¿Qué dirán los muertos? ¿Qué dirán las familias de todas esas personas? ¿Qué dirán quienes fueron atropellados y heridos? ¿Qué dirán de las palabras del Presidente de la República frente a estos hechos? ¡Dirán lo mismo que expresé al comenzar este discurso: que en el Gobierno, infiltrado por el Partido Comunista y los grupos marxistas, no le hacen caso al Presidente de la República!
La señora CAMPUSANO.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor GARCIA.-
No, porque no tengo tiempo.
Diré más todavía. Este clima no es sólo de los campos.
¿Cómo empezó el Gobierno? Con las ocupaciones de intendencias y gobernaciones, que ya todos han olvidado para que se nombrara a determinadas personas. Cuando a algún grupo de la Unidad Popular no le gustaba la designación, vamos ocupando las intendencias; no le gustaban los rectores o profesores de un establecimiento educacional, vamos ocupando escuelas y colegios. Y se llegó hasta lo inaudito cuando se ocupó la Clínica Santa María y los candados y las cadenas en las puertas no permitían dar oxígeno a los enfermos "graves. Todo esto empezó a olvidarse.
La señora CAMPUSANO.-
No sea demagogo.
El señor GARCIA.-
Para Su Señoría es demagogia contar todas estas cosas; para mí es expresar lo que el país debe conocer.
La ley de Seguridad Interior del Estado, cuya aplicación tiene en sus manos el señor Ministro, que permite terminar con todos los abusos y atropellos, no se aplicó, por ejemplo, al joven Enríquez, del MIR, cuando contó en un discurso lo de la infiltración en las Fuerzas Armadas. No se aplicó al personal que ocupó la Corte de Talca, en cuya acción fue apoyado y ayudado por el Intendente. No se aplicó a los grupos armados que ocuparon los fundos de Entre Lagos y que fueron sometidos por Carabineros y por tropas del Ejército.
El señor SEPULVEDA.-
¡Eso es falso!
El señor GARCIA.-
No me interrumpan, señores Senadores. Sus Señorías desean que yo no siga leyendo esta lista.
Tampoco se aplicó la ley de Seguridad Interior del Estado a los comunistas que asesinaron al militante del MIR en Concepción.
No me hagan seguir citando ejemplos, porque hay bastantes que mencionar.
Voy a aprovechar esta ocasión para decir cuándo se aplica la ley de Seguridad Interior del Estado. Se aplica, por ejemplo, a Sergio Onofre Jarpa por una declaración suya en que dice que el Partido Comunista tiene totalmente infiltrado al Gobierno ¡ y eso se considera atentatorio contra la seguridad interior del Estado!
En letreros colgados de las oficinas públicas o pegados en las calles hay amenazas permanentes. Sabe el señor Ministro que el Código Penal prohíbe las amenazas. Todas las personas, todos los señores Senadores, todo el público que escucha esta tarde en esta Sala, habrán visto avisos y carteles en las oficinas públicas. Pero, ¿acaso no hay un Estatuto Administrativo que lo prohíbe, señor Ministro? ¿Acaso el artículo 99 de dicho cuerpo legal no castiga severamente a quienes perjudiquen o favorezcan alguna tendencia política? ¿Qué se podrá decir de Impuestos Internos cuando pone carteles a favor o en contra de determinada tendencia política? Se usa el término "sedicioso" aplicándolo a cualquiera, olvidándose que tal acto constituye un delito y una calumnia. ¿Sabía el Honorable Senado que izar la bandera nacional es un hecho prohibido por la ley de Régimen Interior? ¿Sabía que el artículo 80 de dicho cuerpo legal ordena a los funcionarios dependientes del señor Ministro impedir izar la bandera en los días que ello no está autorizado? De manera que todas estas tomas, todos estos verdaderos "18 de septiembre" que vemos a lo largo de los caminos -porque no hay acto ilegal que no se quiera amparar en el pabellón nacional -están faltando gravemente a la ley, sin que se impida el mal uso de la insignia patria.
Hay despidos en las fábricas. Uno pregunta por la ley de inamovilidad. Esa no se aplica. Todavía no puede obtenerse que el personal expulsado de las industrias textiles regrese a ocupar nuevamente su trabajo. La ley de inamovilidad es para todos, pero no para el Gobierno.
Cuando se despidió a los supervisores del cobre -esto lo saben perfectamente algunas personas que asisten a esta sesión-, les dieron 15 días para abandonar las casas en que vivían, en circunstancias de que cuando estudiábamos el proyecto que modifica la ley de Arrendamientos, discutíamos si deberían establecerse uno o dos años de plazo para las personas que deben abandonar sus habitaciones. ¡ 15 días para echarlos a patadas, porque ése es el mecanismo! ¡Ya no sólo no hay ley de inamovilidad, sino que hay carencia de ese sentimiento humano que debe aplicarse en tales casos!
Se ataca a todos los Poderes del Estado. Lo sucedido con el Poder Judicial ya lo hemos visto. Respecto del Poder Legislativo, ya no sólo se dice en el diario "La Nación" que comete infamias, sino que no hay parlamentario de Oposición que no figure en la prensa oficial del Gobierno, víctima de los ataques más viles y calumniosos. Y, todavía, como si fuera poco, el propio Contralor General de la República dice ya que tenemos una legalidad precaria, porque a la fuerza tratan de hacerlo emitir dictámenes, ante la presión de las masas que se lo exigen, destruyendo todo el sistema del poder contralor. En días pasados. . .
El señor TARUD.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor GARCIA.-
Me queda muy poco tiempo, y Su Señoría va a disponer de tres cuartos de hora para intervenir después.
El señor TARUD.-
Es muy breve.
El señor GARCIA.-
Le concedo una interrupción, señor Senador.
El señor TARUD.-
Con la venia de la Mesa, quiero expresar que desde que he tenido relaciones con la política general, sólo un Presidente de la República no ha atacado al Congreso, y ese Presidente se llama Salvador Allende. Emplazo a Su Señoría a que me cite una sola frase. . .
El señor GARCIA.-
Le cito una inmediatamente, señor Senador.
El señor TARUD.-
Su Señoría leyó el Mensaje del Primer Mandatario. Otros Jefes de Estado, como los señores Alessandri y Frei, venían aquí a atacar al Congreso en su propio recinto. En el Mensaje del señor Allende no hay una sola frase contra el Parlamento.
El señor GARCIA.-
¡Qué oportuna la interrupción de Su Señoría!
Desde luego, el Honorable señor Tarud olvidó al señor Ibáñez, en cuyo Gobierno Su Señoría fue Ministro.
En el Mensaje Presidencial y en este discurso del Primer Mandatario, evidentemente no habla en contra del Congreso: dice que lo va a disolver para cambiarlo por otro.
- (Risas).
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
Advierto a tribunas y galerías que está prohibido hacer manifestaciones.
El señor GARCIA.-
Yo comprendo, señor Presidente...
La señora CAMPUSANO.-
¿Me permite, Honorable señor García?
Exijo a Su Señoría que lea la cita del Presidente Allende.
El señor TEITELBOIM.-
Lea la cita.
El señor GARCIA.-
En un momento más lo haré. Estoy esperando que me traigan el mensaje.
El señor TEITELBOIM.-
Lo está falsificando, y ganando carcajadas sobre la base de la mentira.
El señor GARCIA.-
No contestaré ahora las injurias, pues no tengo tiempo; pero lo haré en su oportunidad.
Pero sí hay algo que el Presidente de la República dice: que quiere cumplir con un programa, y uno de los puntos de éste es cambiar la estructura del Congreso e implantar la Cámara única, lo que significa disolver el Parlamento.
El señor TARUD.-
Lo dice el Programa de la Unidad Popular.
El señor SEPULVEDA.-
También está incluido en el Programa.
El señor GARCIA.-
Señor Presidente, las interrupciones tendrán que descontarse de mi tiempo, pues debido a ellas no he podido hablar.
Un periodista de Rancagua...
El señor JEREZ.-
¿Me permite una interrupción con cargo a mi tiempo?
El señor GARCIA.-
Lo único que he hecho, señor Senador, es conceder interrupciones.
El señor JEREZ.-
Sólo ha dado una. Espero que me conceda la que le pedí.
El señor GARCIA.-
Decía que un periodista de Rancagua tuvo expresiones a mi juicio injuriosas para el Presidente de la República. Fuimos y somos los primeros en condenar esas injurias, y para castigarlas están los tribunales de justicia y las leyes.
El señor FERRANDO (Vicepresidente).-
¿Me permite, señor Senador?
Ha llegado la hora de término de la sesión.
Queda con la palabra el Honorable señor García.
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