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- rdf:value = " El señor BALLESTEROS.-
No he sostenido que la disposición solucione específicamente el conflicto planteado en la Compañía Sudamericana de Vapores. Muy por el contrario: he dicho que se trata de una norma de carácter general, acerca de lo cual concuerdo con lo expresado por el Honorable señor Contreras. He citado lo que está ocurriendo en la Compañía Sudamericana de Vapores, para destacar uno de los hechos más relevantes de este proceso. Con motivo de habérsele declarado ilegal un pliego de peticiones al Sindicato de Oficiales de esa compañía, se originaron todos los problemas que culminaron con la huelga que hoy vive ese personal y con la toma del local de la empresa, hechos que causan graves perjuicios para el país.
Me asilo en las expresiones del Honorable señor Contreras. Su Señoría dijo que estaría de acuerdo en aprobar una disposición que solucionara ese problema. Creo que estamos en presencia de una de ellas: no revive determinado pliego, sino establece una apelación ante la justicia del trabajo, la cual declarará si efectivamente hay o no hay vicios de procedimientos que anulen el pliego de peticiones. Si existen, es indudable que el proceso huelguístico no podrá continuar; pero si no los hay, quiere decir que la decisión de la junta de conciliación es arbitraria y que, por estar integrada por personas no letradas, mal podría pronunciarse sobre la aplicación e interpretación de leyes procesales y declarar sin más ni más, sin ulterior recurso, y en última instancia como una Corte Suprema en esta materia, que el trámite del pliego no puede seguir adelante, impidiendo el ejercicio del derecho más fundamental de los trabajadores: el de la huelga.
Como mediante la norma vetada tratamos de resolver un problema como el que estamos analizando, nos sorprende que la impugnen quienes desde hace largo tiempo han sostenido tesis distintas. Y no tengo por qué suponer que lo han hecho de manera oportunista, sino, por lo contrario, como una expresión de sus principios y conceptos sobre la lucha de los trabajadores. Lo que ha variado no son los principios, conceptos o doctrinas, sino la situación: ahora son Gobierno. Por eso, si se quiere ser consecuente, no hay otro camino que el de rechazar el veto e insistir en la disposición primitiva.
Como conozco muy bien al Honorable señor Contreras y lo sé bien inspirado, creo que, en definitiva, lo que vale dentro del concepto que expresó son sus primeras palabras, cuando dijo que estaría llano a buscar una solución, porque estaba al lado de los trabajadores, como lo son los oficiales de la Compañía Sudamericana de Vapores, que hoy día han debido recurrir a la huelga después de haber agotado todos los otros caminos. Incluso, como dije, se entrevistaron con el Presidente de la República, quien les dio la seguridad, o por lo menos la tranquilidad, de que el laudo arbitral sería reestudiado. Sin embargo, ¿con qué se han encontrado? Con un funcionario subalterno que les ha dicho: "Señores, este laudo no se reverá, aunque me lo haya enviado el Presidente de la República", hecho que, por lo demás, reitera algunas actitudes de este Gobierno. Lo manifestado por ese funcionario corresponde a lo mismo que expresó un interventor de Sumar cuando el Jefe del Estado le ordenó reponer a trabajadores que habían sido arbitrariamente despedidos de esa empresa. En esa oportunidad, el funcionario de la Dirección General del Trabajo, organismo al cual concurrieron los afectados después de la entrevista con el Presidente de la República, acompañados del Senador Prado, contestó: "Yo no reviso esto, porque el fallo está adoptado y porque en definitiva esto no tiene vuelta."
Los oficiales de la Compañía Sudamericana de Vapores debieron recurrir a la huelga. ¿Lo hicieron precipitadamente, sin medir las consecuencias o adoptaron su decisión de la noche a la mañana? No, señor Presidente. Su pliego de peticiones fue declarado ilegal -en esto tiene razón el Honorable señor Contreras- hace más de siete meses. Sin embargo, los huelguistas han usado todos los caminos; han golpeado todas las puertas, incluso la más alta de Chile, que es la de La Moneda, y se han encontrado con una sola respuesta: la negativa para estudiar la solución de su problema.
Por tales consideraciones, protesto por esta situación, y pido que, cuando el Parlamento tiene oportunidad de conocer disposiciones que permiten, por la vía de la legalidad y no por la de la arbitrariedad o de la violencia, solucionar los conflictos, tengan la debida consecuencia quienes ayer señalaban ciertos principios que hoy día parecen olvidar cuando están en el Gobierno.
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