El señor MONTES.- Señor Presidente, como es sabido, en la discusión del proyecto que faculta a la Corporación de la Vivienda para que las empresas inviertan en diversas zonas del país el impuesto de 5% sobre sus utilidades, se produjo un problema que motivó la censura que votamos esta tarde. El artículo 4º de dicho proyecto dispone que la Caja de Previsión de Empleados Particulares deberá proceder a la liquidación de las sociedades EMPART. Ese precepto, extraordinariamente controvertido, fue declarado improcedente por el señor Presidente del Senado. A nuestro juicio, tenía relación directa con la materia de que trata la iniciativa de ley, y ello está confirmado por el hecho, ya señalado aquí, de haber sido aprobado por la unanimidad de miembros de la Comisión de Obras Públicas. Y tan así es que, al principio, el propio señor Presidente del Senado estuvo dispuesto a someter el artículo a la votación de la Sala. Por lo tanto, no es de manera alguna valedero el argumento de que tal disposición sería inconexa con la idea matriz del proyecto. Debemos señalar, además, que un señor Senador de Gobierno, el Honorable señor Hamilton, expresó con mucha claridad su absoluta convicción de que el artículo mencionado tenía relación directa con la materia de que trata el proyecto y de que había constituido un abuso la actitud del Presidente del Senado de declararlo improcedente en ese trámite. Por lo tanto, desde el punto de vista reglamentario concordamos en las razones dadas por el Comité Socialista al fundar la censura a la Mesa de esta Corporación. Pero, al mismo tiempo, creemos que la causa de la decisión del Presidente del Senado debe buscarse en otros aspectos que los de orden reglamentario. Es sabido que el artículo en cuestión expresa, como lo he dicho, que la Caja de Previsión de Empleados Particulares deberá proceder a la liquidación de las Sociedades EMPART. También es sabido que las EMPART números 1 y 5 se han constituido por escritura pública de 29 de diciembre recién pasado y que en su dirección aparecen figuras prominentes, de las que pudiéramos denominar magnates de la construcción, como don Francisco Soza Cousiño y don Edmundo Pérez Zujovic. Nuestra opinión es la de que, reglamentariamente, el Presidente del Senado debió someter a la consideración de la Sala una materia cuya procedencia es clara. Y, sobre todo, tratándose de un asunto en que está involucrado un ex Ministro de Estado, hombre público perteneciente a las altas esferas del partido de Gobierno, no parece bien, a nuestro juicio, la decisión adoptada por el señor Presidente del Senado. Nadie ignora que tras este problema hay decisiones económicas respecto de las cuales no debe implicarse el Presidente de esta Corporación por medio de una determinación personal... El señor ALLENDE (Presidente accidental).- ¿Me permite, señor Senador? Lamentablemente, ha terminado el tiempo de Su Señoría. El señor MONTES.- Termino reiterando que, a nuestro entender, la resolución debió ser adoptada por la Sala. Se pidió que el Senado se pronunciara sobre la procedencia o improcedencia del artículo 49, solicitud que fue denegada por el señor Presidente, cuya decisión, que no nos parece justa, finalmente prosperó. Estimamos, en primer término, que tal proceder vulnera el Reglamento; y, además, desde el punto de vista del significado económico de la norma debatida, que la resolución definitiva debió ser tomada por la Sala y no por el señor Presidente. Por tales razones, votamos favorablemente la censura a la Mesa del Senado.