
-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590479/seccion/akn590479-po1-ds7
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/comite-programador-de-inversiones-de-iquique-y-pisagua
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/programador-de-inversiones-de-iquique-y-pisagua
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/condonacion-de-deudas
- bcnres:tieneTramiteConstitucional = bcnbills:SegundoTramiteConstitucional
- dc:title = "CREACION DEL COMITE PROGRAMADOR DE INVERSIONES DE IQUIQUE Y PISAGUA."^^xsd:string
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590479
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590479/seccion/akn590479-po1
- bcnres:tieneResultadoDebate = bcnres:seApruebaEnGeneral
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590479/seccion/akn590479-po1-ds7-ds11
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590479/seccion/akn590479-po1-ds7-ds17
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590479/seccion/akn590479-po1-ds7-ds16
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590479/seccion/akn590479-po1-ds7-ds9
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590479/seccion/akn590479-po1-ds7-ds14
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590479/seccion/akn590479-po1-ds7-ds15
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590479/seccion/akn590479-po1-ds7-ds10
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590479/seccion/akn590479-po1-ds7-ds8
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590479/seccion/akn590479-po1-ds7-ds13
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590479/seccion/akn590479-po1-ds7-ds12
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590479/seccion/akn590479-po1-ds7-ds18
- bcnres:tieneTramiteReglamentario = bcnbills:DiscusionGeneral
- rdf:value = " CREACION DEL COMITE PROGRAMADOR DE INVERSIONES DE IQUIQUE Y PISAGUA.El señor FIGUEROA (Secretario).-
En el primer lugar del Orden del Día, corresponde ocuparse en un proyecto de la Cámara de Diputados que crea el Comité Programador de Inversiones de Iquique y Pisagua, cuya urgencia fue calificada de "suma".
Las Comisiones de Gobierno y de Hacienda, unidas, en informe suscrito por los Honorables señores Carmona (presidente), Aguirre Doolan, Miranda, Olguín, Papic, Silva y Valente, recomiendan a la Sala aprobarlo, con las modificaciones consignadas en el boletín respectivo.
-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 67ª, en 21 de abril de 1970.
Informe de Comisión:
Gobierno y Hacienda, unidas, sesión 69ª, en 28 de abril de 1970.
El señor PABLO (Presidente).-
En discusión general el proyecto.
Ofrezco la palabra.
El señor VALENTE.-
Señor Presidente, en 1958 se tramitó en el Congreso la que es hoy ley Nº 12.937, que abrió a los departamentos de Iquique y Pisagua la posibilidad de instalar industrias con liberaciones de orden tributario y aduanero. Sin embargo, un balance a doce años de su vigencia señala que dicha legislación no dio los frutos que esperaban los parlamentarios: impulsar el desarrollo de ambos departamentos y aprovechar la enorme riqueza en materias primas que allí existe.
El año antepasado, se promovió en el Parlamento otra iniciativa tendiente a mejorar o a corregir algunas disposiciones de la ley 12.937, con el objeto de hacerla operante, ya que, como digo, en el transcurso de los doce últimos años, no obstante que teóricamente planteaba un desarrollo integral de la zona, prácticamente no había dado los resultados previstos. Esa última ley, la 16.894, a poco más de un año y medio de vigencia, tampoco ha resuelto el problema de los departamentos de Iquique y Pisagua.
En la tarde de hoy estamos conociendo un nuevo proyecto tendiente a dar a esa zona una legislación más positiva, un conjunto de disposiciones que realmente permitan impulsar el desarrollo de esa región del norte del país, tan abandonada. Por desgracia, el proyecto que el Senado recibió de la Cámara también es ineficaz. Estudiado en las Comisiones unidas de Gobierno y de Hacienda, se llegó a la conclusión de que en el texto despachado por la Cámara se vuelven a cometer los errores y las deficiencias de las leyes 12.937 y 16.894. Incluso contenía errores de orden constitucional que hacían inaplicables algunas de sus disposiciones. De allí que en la Comisiones unidas fue necesario modificar el proyecto aprobado por esa Corporación, a fin de entregar a la consideración de la Sala del Senado un texto que abra, aunque sea medianamente, la posibilidad de un desarrollo en ambos departamentos.
Sin embargo, 'nosotros estimamos que estas legislaciones sólo pueden ser paliativos. A nuestro juicio, los organismos del Estado, especialmente la Corporación de Fomento de la Producción, tienen en su poder estudios acabadísimos de todos los aspectos económicos de la zona norte, en particular de la provincia de Tarapacá y, más concretamente, de los departamentos de Iquique y Pisagua.
Hemos conocido, no sólo mediante los informes que nos ha entregado la Corporación de Fomento, sino también por medio de las publicaciones que ese organismo ha hecho, los enormes recursos que los departamentos de Iquique y Pisagua tienen en su suelo y en su mar.
Hasta el momento no podemos comprender por qué, no obstante señalarse la posibilidad efectiva de aprovechar los recursos de la zona en un desarrollo integral de esos departamentos, no sólo para darle riqueza y actividad, sino, sobre todo, para crear nuevas fuentes de trabajo, no se han puesto en práctica tales estudios, siguiéndose, por el contrario, una política que ha sido nefasta para el desenvolvimiento de la región y el interés del país.
Nadie ignora que los recursos mineros de Iquique, por ejemplo, son de extraordinaria importancia; que entre los de la minería metálica están los yacimientos de cobre de Cerro Colorado, Cerro Mocha y Sagasca, que no han podido ser explotados hasta ahora por los intereses que mantiene en esa zona la Anaconda, qué en la práctica controla los minerales y la política minera de toda la región norte, especialmente lo relativo a la industria cuprífera.
Tenemos en nuestro poder algunos antecedentes relacionados con el problema de la explotación del cobre en esa zona. Considero importante que el Senado conozca, por ejemplo, lo que acontece con el mineral de Cerro Colorado, manifestado en un principio por el Instituto de Investigaciones Geológicas y ahora perdido para el interés del país, pues se encuentra en manos de la Anaconda, que ha hecho uso de algunos subterfugios legales para burlar los derechos de nuestra nación.
Señala un informe que, a la sombra de los trabajos del Instituto de Investigaciones Geológicas en Tarapacá, surgieron, desde 1955, en forma misteriosa y silenciosa, una serie de particulares que cubrieron con pedimentos mineros las comunas de Iquique y Pica, la zona más rica en minerales de cobre de la citada provincia. Agrega que esos particulares no demostraban interés personal en hacer tales manifestaciones, sino que estaban cumpliendo mandatos muy claros y conocidos, sobresaliendo la actitud de dos elementos extranjeros, James Keighley y Harry Sykes, ciudadanos norteamericanos que actuaban por mandato de la Anaconda. El primero de ellos, que fue citado reiteradamente a una Comisión Investigadora que se constituyó en la Cámara de Diputados para analizar ese escandaloso sistema de apropiación indebida de yacimientos cupríferos, no fue habido en Chile. Al respecto, el Servicio de Investigaciones informó que ese ciudadano no había estado nunca en Chile. En consecuencia, sin haber visitado jamás nuestro país, James Keighley aparecía como el mayor manifestador de tales pertenencias mineras.
James Keighley, junto con otras personas, constituyó una sociedad conocida con el nombre de NORMINAS, empresa que manifestó a su nombre los yacimientos de Cerro Colorado, Cerro Mocha y Copaquira, aparte otra serie de pertenencias mineras. En resumen, debido a ello, las manifestaciones en los departamentos de Iquique y Pisagua, de acuerdo con datos que hemos obtenido en las respectivas notarías, aparecen distribuidas en la siguiente forma: Anaconda, 1.110 yacimientos cupríferos, con 727.000 hectáreas; Hochschild, 453 yacimientos; Bartolomé Marre (ciudadano argentino), 242; Andrónico Luksíc (miembro de la firma
Orange Mines y Chatal), 376; Bórax Consolidated, 181, y el Estado chileno, sólo 54 pertenencias.
Se ve entonces cómo esos elementos, en forma subrepticia, se han adueñado de ricos yacimientos mineros que han sido, no descubiertos, sino prospectados por el Instituto de Investigaciones Geológicas, con recursos de la Corporación de Fomento de la Producción y, por lo tanto, estatales. De este modo llegamos a la conclusión de que ninguno de tales yacimientos queda en poder del Estado chileno, pues todos son de propiedad de particulares, quienes ni siquiera pretenden explotarlos, sino sencillamente evitar el desarrollo minero de la región, a fin de favorecer la política de la Anaconda en el norte del país.
En cuanto a los recursos de la minería no metálica, todos conocemos, por ejemplo, la importancia que tienen en Iquique los yacimientos de sal común. En algunos de ellos -podemos citar el de Salar Grande- sólo basta sacar el mineral, molerlo y ensacarlo, pues ni siquiera necesita refinación: se trata de un elemento ciento por ciento puro, de cristales salinos.
Por desgracia, hasta el momento una gran cantidad de sal no se utiliza en nuestro país, sobre todo en la zona norte, para el desrrollo de una industria química, por ejemplo, sino que simplemente se exporta, y, a nuestro juicio, en condiciones bastantes desfavorables para Chile, beneficiándose así a una sociedad constituida por dos o tres elementos de muy dudosa moralidad comercial e industrial, que están obteniendo provecho de una riqueza que perfectamente podría posibilitar la instalación de una fábrica de productos químicos en la región norte del país.
Hace algún tiempo, en el Senado tuvimos oportunidad de conocer cómo en Rumania, país que no produce sal -por el contrario, la importa-, se ha logrado instalar no menos de quince fábricas, aprovechándose ese elemento como materia prima. El establecimiento de industrias químicas sobre tal base ha permitido a Rumania elaborar en forma artificial diversos productos, con lo cual ha dado un gran impulso a su desenvolvimiento fabril.
La propia industria salitrera, que afronta en estos momentos una confabulación que se viene arrastrando desde hace muchos años y que ha recibido, en la forma más descarada, embestidas de consorcios internacionales y de algunos Gobiernos de nuestro país, tiene gran porvenir, ya que los yacimientos de Piscis y Nebraska, que constituyen la mayor reserva salitrera de la región, pueden dar gran impulso a la zona norte de Chile.
También hemos sabido como, desde el mismo instante en que los hermanos Guggenheim iniciaron en Chile la explotación de nuestro salitre natural mediante la formación de sociedades y aprovechando inclusive las ventajas que les entregaba el Estado en virtud de leyes especiales, hasta estos momentos, la actividad desarrollada por los Guggenheim, la An-glo-Lautaro y la Dupont no ha sido otra que la eliminación del salitre natural como materia prima de desarrollo en nuestro país, y su sustitución periódica por el salitre sintético. Sólo basta examinar las cifras de producción del salitre para darnos cuenta de cómo en nuestro país aquélla ha ido bajando cada día.
En estos momentos, recién terminado el último conflicto de los trabajadores del salitre, se conoció el programa de un candidato a la Presidencia de la República, el señor Tomic, quien plantea, de acuerdo con informaciones aparecidas en el diario "La Nación", la instalación de una fábrica de salitre sintético en Aisén. Como es evidente, una iniciativa de tal naturaleza perjudicaría en forma directa a nuestra industria de salitre natural y constituiría, además, una amenaza latente para la ocupación de obreros y empleados de esa actividad en la zona norte.
En dicha región también hay azufre, sales sulfatadas y gran cantidad de materias primas (minerales metálicos y no metálicos), que bien explotadas, con los aportes de la CORFO y de otros organismos estatales, podrían entregar a los departamentos de Iquique y Pisagua una real posibilidad de desarrollo económico en gran escala.
En el aspecto agrícola, las condiciones tampoco son desfavorables. Existe en la zona una gran variedad de valles y oasis que permitirían un importante desenvolvimiento en los rubros agrícola y ganadero. Por ejemplo, en los valles de Tarapacá, Tana y Tiliviche se producen pastos de excelente calidad, que permiten hasta siete cortes al año, o sea, uno cada cincuenta días.
Si los organismos encargados de promover el desarrollo de esa actividad en nuestro país hubiesen proyectado poblar esos valles con ganado mayor, en estos momento Tarapacá, Tana y Tiliviche tendrían una producción ganadera suficiente para abastecer al Norte Grande y al Norte Chico, lo que habría redundado en un importante ahorro de divisas. Pero nada se ha hecho. Al contrario, se mantiene a esos valles en malas condiciones de desarrollo y, sobre todo, en situación bastante primaria respecto de su desenvolvimiento agrícola y ganadero.
Pica es una zona esencialmente frutícola, donde los cítricos, los mangos y otros productos, aparte su aprovechamiento para el consumo de la zona norte y la exportación, permitirían instalar una fábrica envasadora de frutas naturales.
Camiña, con su producción de ajos (buen producto para la exportación), sigue marcando el paso, pues no hay ayuda de ninguna especie de los organismos estatales. En el último tiempo se ha planteado, en forma un poco tímida, la posibilidad de instalar en la zona una planta deshidratadora de ajos, con el objeto de industrializar este producto.
Según un estudio de la CORFO, aprovechando la calidad del clima y la airandancia de agua existente en el subsuelo de la pampa del Tamarugal, es perfectamente posible habilitar 25.000 hectáreas de algodón en la región de Pica, lo cual, además de satisfacer las necesidades de la nación, haría factible, utilizando esa materia prima, instalar en la zona una industria textil.
En el interior de Iquique y Pisagua hay una serie de valles que permitirían un desarrollo positivo de las plantaciones de frutos y de productos hortícolas, lo que daría gran impulso a la zona.
Iquique, como el resto del país -tal vez la zona norte es la más privilegiada en cuanto a las riquezas de nuestro litoral-, también puede permitir la explotación de la pesca. La posibilidad de industrializar los mariscos reviste gran importancia. En la zona existe gran variedad de ellos, y su excelente calidad es reconocida en todo el país. Su industrialización, mediante la instalación de una fábrica de conservas, haría factible abastecer a la región y al resto del país, y también exportar.
La harina y el aceite de pescado también son productos que, no obstante sus altibajos, posibilitarían un desarrollo integral de la zona.
La industria ballenera, que hasta hace poco tiempo funcionó mediante la planta Molle, de propiedad de los Edwards, debió ser cerrada, no por falta de materia prima-en la zona abundan los cetáceos-, sino porque la política de esos señores de defender en forma exclusiva sus intereses los inclinó a celebrar un convenio con un consorcio pesquero japonés, lo que implica pescar y faenar los cetáceos en alta-mar, utilizándose buques especiales. Como consecuencia del cierre de esa industria, numerosos obreros y empleados quedaron cesantes y la región perdió una empresa más.
En reiteradas oportunidades hemos planteado a la CORFO y al Gobierno la posibilidad de efectuar una industrialización integral en la zona norte. Les hemos propuesto, por ejemplo, reactualizar el proyecto relativo a la instalación de la industria química pesada sobre la base de la sal, el salitre y toda la materia prima no metálica de la región; materializar el proyecto para instalar una fábrica de cerámica, sobre la base del estudio hecho en Chile por una comisión técnica checoslovaca y la Corporación de Fomento de la Producción, el cual dio espléndidos resultados por la calidad de la materia prima existente en la zona. Sin embargo, la CORFO no ha querido hacer realidad esa industria en el departamento de Iquique, porque a su juicio no tendría perspectivas en la región y languidecería por la falta de colocación del producto, lo que no es efectivo. Existe un estudio de mercados internacionales, y según él, especialmente en Bolivia, hay un campo abierto para todo tipo de artículos derivados de la industria de la cerámica. Pero la CORFO también confiesa que ese proyecto perjudicaría a otro, ya aceptado por ella, que permitiría a la Rosenthal, consorcio internacional, instalarse en Chile, concretamente en Santiago, para fabricar esa clase de productos.
Hemos pedido, además, la reactualización del proyecto para instalar una fábrica de cenizas de soda, idea que estuvo a punto de concretarse, pero que lamentablemente en el Gobierno del señor Jorge Alessandri fue desechado para defender en forma abierta a los importadores de esta materia prima, tan esencial para el desarrollo del país, especialmente al ex Ministro de Hacienda Roberto Vergara, uno de los principales importadores de ese producto.
Iquique puede desarrollar su industria de soda en buenas condiciones y a costos bastante convenientes para Chile; pero se ha preferido, posponiendo el interés nacional y regional, facilitar el negocio a algunas personas, con perjuicio directo, por supuesto, para toda la zona norte.
También hemos planteado al Vicepresidente de la CORFO la posibilidad de instalar una planta o complejo petroquímico en Iquique, y hemos entregado los estudios casi completos -yo diría completos- sobre el particular. En la zona existen todas las materias primas para crear una industria de esa naturaleza, con excepción del petróleo. Para ello propusimos la extensión del oleoducto de Sica Sica a Arica, hasta Iquique, retinar el petróleo en este último lugar, aprovechar sus subproductos, y, junto con ellos, la materia prima no metálica, las sales y los sulfatos existentes en Arica e Iquique. Por desgracia, tampoco fue posible interesar a la CORFO en esa idea. Sin embargo, pese a que a nuestro juicio deben aprovecharse las características de la región para emplazar cualquier tipo de industria, de modo de utilizar las materias primas que allí se producen, vemos cómo, por ejemplo, se instala una fábrica de productos de la petroquímica en Talcahuano, en la zona de Concepción, donde no existe ningún producto básico para ese efecto, ya que el petróleo se trae de Magallanes y toda la materia prima, de Iquique. En cambio, donde ésta existe, no se establecen esas industrias,' creándose un problema no sólo de ocupación, sino también del costo de producción, aparte entregar el aprovechamiento de esos recursos, tan importantes para el desarrollo de la economía del país, a consorcios extranjeros como la Chemical Dow.
La petroquímica en Iquique daría posibilidades de trabajo a más ele cinco mil obreros y también permitiría instalar quince o veinte industrias subsidiarias y complementarias. Sin embargo, todo esto no ha podido efectuarse, debido al desinterés del Gobierno y a la presión ejercida por algunos intereses creados, consorcios financieros nacionales y extranjeros.
El proyecto en debate crea un Comité Programador de Inversiones en el departamento de Iquique,' al cual se le entrega una cantidad fija ascendente a 20 millones de escudos, que se reajusta cada año dé acuerdo con la variación del índice de precios al consumidor, y señala una serie de obras que deben realizarse con tales fondos.
La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados ha sido modificada en sus líneas generales por el Senado y enriquecida con el aporte y aprobación de otras ideas.
En el Comité Programador de Inversiones tendrán representación algunas de las actividades más importantes de la zona. Estará integrado por el Intendente de la provincia de Tarapacá, que lo presidirá; por los alcaldes de las Municipalidades de Pisagua e Iquique; por un representante de la Corporación de Fomento de la Producción; por un representante de la Comisión Coordinadora para la zona norte, que a mi juicio no debe componer el Comité, porque basta el de la CORFO; por-un representante de la Oficina de Planificación Nacional; por uno del Banco Central de Chile, con domicilio en Iquique, no obstante que esa institución se ha caracterizado por obstaculizar el desarrollo de la zona e incluso ha tergiversado el contenido de algunas disposiciones legales mediante meras interpretaciones de orden administrativo. Por lo tanto, este representante no será un buen consejero para el desarrollo del departamento, pues, naturalmente, irá al Comité a defender posiciones distintas al del interés regional. Primitivamente figuraba, además, un representante de las actividades comerciales, industriales y mineras. Por nuestra iniciativa logramos que hubiera un representante del comercio y otro de las actividades conjuntas de la industria y la minería, a fin de tener una mejor representatividad. También componen el Comité un representante de la Central Unica de Trabajadores y uno de las juntas de vecinos de cada departamento, sectores masivos que deben tener participación en un organismo de esta importancia, interesado especialmente en el desarrollo de la zona.
Hay una serie de otros antecedentes que expusimos en la Comisión.
En verdad, han sido aprobados algunos artículos de mucha trascendencia. Por ejemplo, logramos que se aceptara una indicación que amplía el alcance de un precepto de esta iniciativa que autorizaba la libre importación y liberaba del pago de derechos de internación que se perciben por las aduanas, a los materiales de construcción, excepto el fierro y la madera, que se utilicen en la edificación de moteles, hoteles y otros establecimientos destinados a la promoción del turismo en la zona. Aun cuando estimamos importante este rubro, pensamos que era más necesario aprovechar este precepto para solucionar un problema bastante grave de la región: la falta de habitaciones. Por eso, incorporamos una disposición que amplía esta franquicia a los materiales destinados a la construcción de viviendas. En estos momentos, cuatro quintas partes de Iquique está formado por poblaciones "callampas", por viviendas de mala calidad e insalubres. Incluso en el mismo centro de la ciudad se utiliza todavía el sistema de "abrómicos" para eliminar las excretas, ya que ni siquiera cuenta con alcantarillado. Repito: tanto o más importante que el desarrollo del turismo, hemos estimado la solución de la falta de viviendas adecuadas, salubres e higiénicas, con el propósito de entregar mejores condiciones de vida a los habitantes de la zona.
Igualmente, hemos incorporado un precepto que permite importar cemento a esa región, pero limitado a la fecha en que la CORFO ponga en marcha la fábrica de ese producto proyectada para la provincia de Antofagasta. Desde el momento en que esa industria regional comience a trabajar, terminará la libre importación, a fin de favorecer el consumo de cemento producido en la región.
También obtuvimos la incorporación de un artículo trascendente, en especial para los pequeños agricultores de los valles de Pica y Matilla, ya que en virtud de él el Instituto CORFO del Norte dispondrá de hasta un millón de escudos para otorgarles préstamos, a fin de que puedan comprar equipos de fumigación, insecticidas, bombines, cañerías y demás elementos necesarios para combatir las plagas, que ponen en peligro a la agricultura de esos ricos valles.
Se ha aceptado otra disposición también de nuestra iniciativa, que exime por un plazo de cinco años, contado desde la publicación de esta ley en proyecto, a los inmuebles urbanos y rurales y a la propiedad agrícola de Pica, Matilla y Huatacondo del pago de las contribuciones de bienes raíces, aparte condonar las deudas que por este concepto tengan pendientes los contribuyentes de las localidades indicadas.
No fue acogida por la Comisión una indicación de bastante importancia, ya que tenía por objeto solucionar el problema que en estos momentos sufre la industria de fertilizantes de Iquique y Mejillones. En un principio, el presidente de la Comisión, Honorable señor Carmona, quiso declararla improcedente, pero fue retirada con el objeto de renovarla.
El precepto en análisis prohibía la importación de fertilizantes extranjeros, con el propósito de dar al que está produciendo la Sociedad Chilena de Fertilizantes la posibilidad de consumo, ya que en estos momentos la referida industria está a punto de cerrar, debido a que mantiene existencias en el Banco del Estado y en canchas, sin posibilidades de colocarlas.
El producto no se vende no porque sea de mala calidad -todo lo contrarío, es excepcional-; sino como consecuencia de la política aplicada por el Gobierno respecto del fertilizante, la cual constituye un atentado contra el desarrollo de esta industria nacional.
La Sociedad Chilena de Fertilizantes está constituida por 94% de capitales de la CORFO y 6% de la ECA. Como el Banco del Estado es el principal importador de abonos extranjeros, se dedica a vender éstos y no los nacionales. En este momento, hay 15 mil toneladas del producto nacional en las bodegas del Banco del Estado, y 7 mil en las canchas de Mejillones e Iquique, sin poder venderse. Esto se explica porque el fertilizante importado disfruta de todas las franquicias y liberaciones de derechos para su internación. Además, ni siquiera paga los gastos de movilización dentro de la Empresa Portuaria, pues está exento de éstos; no obstante, el abono chileno paga esos derechos. Más aún, el fertilizante importado, aparte todas las franquicias anteriores, goza de una bonificación especial, que no recibe el nacional, de manera que no hay posibilidades de competir.
La Sociedad Chilena de Fertilizantes ha elaborado un informe en cuanto a la política seguida por el Banco del Estado respecto de ese producto. En una de sus partes señala: "desde 1964, el hoy Banco del Estado es el distribuidor exclusivo de los productos de SOCHIF. A partir de 1966, y a causa principalmente de un cambio en el sistema de bonificación fiscal a los fertilizantes fosfatados, se produjo un desequilibrio entre el precio de los guanos y los fosfatos importados. Como consecuencia de ello, el stock de enlace de guanos en las bodegas del Banco se ha mantenido desde entonces en valores muy altos".
En otro acápite hace notar una situación, a nuestro juicio, bastante grave. El informe dice: "Es bien conocido el hecho que el superfosfato triple ha bajado de precio durante los últimos años. Se estima que las razones principales de esta baja ha sido un cambio en el sistema de adquisición implantado por el Banco del Estado y una sobrecapacidad de fabricación de los productos norteamericanos. Esta última ha obligado a dichos productores a vender excedentes a precios marginales, efectuando una acción que CORFO y SOCHIF califican de "dumping".".
Es decir, el Banco del Estado y el Gobierno favorecen con una bonificación a industrias instaladas en el extranjero, en perjuicio de la nacional, y permite que se efectúe un "dumping" en contra del producto chileno, con el objeto de terminar con una empresa estatal que cumple una finalidad muy importante en el desarrollo de las actividades agrícolas.
La indicación propuesta prohibía la importación de fertilizantes extranjeros mientras no se consumiera la producción nacional, y la autorizaba sólo contra presentación de un certificado de necesidad emitido tanto por la Corporación de Fomento de la Producción como por el Ministerio de Agricultura; es decir, siempre y cuando -repito- no afectara a la producción nacional.
Otra indicación nuestra que también fue rechazada tenía por objeto convertir a la zona de la provincia de Tarapacá, compuesta por los departamentos de Arica, Pisagua e Iquique, en una sola unidad geográfico-económica, con el fin de que las franquicias especiales de que gozan esos departamentos permitieran entre ellos un intercambio de productos y materias primas que allí se elaboran. En efecto, nos encontramos con el absurdo de que una mercadería elaborada en Arica, como, por ejemplo, un televisor, no puede ser adquirida por una persona residente en Iquique si no paga todos los derechos de importación correspondientes; sin embargo, ese televisor, que se arma en Arica y que se vende en Santiago, puede ser adquirido, pero al precio nacional y no al costo de producción en el departamento de Arica. Nosotros pensamos que esto constituye una falla o un error que perjudica realmente no sólo a la economía de la zona en general, sino a sus habitantes y que la disposición propuesta podría permitir ampliar los mercados para esos productos.
Tenemos el caso de las bicicletas, que me apunta el Honorable señor Contreras. El Sindicato de Tripulantes de Naves Pesqueras de Iquique, interesado en comprar 500 bicicletas para sus asociados, hizo una operación en Arica según la cual cada vehículo resulta a 800 escudos, puesto en Arica. El derecho de importación hace subir el costo a 1.300 escudos. Quisieron comprarlas en Santiago, donde la CIC vende una bicicleta de tan buena calidad como la fabricada en Arica, pero les resultaban a 1.800 escudos la unidad.
Así, pues, se produce un desquiciamiento en la aplicación de las normas tendientes a favorecer tanto a la región como a sus habitantes.
Por último, no puedo dejar de referirme al artículo que aparecía en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados y que tenía por objeto modificar la ley Nº 13.039 en el sentido de aplicar a los pro-dustos elaborados en Arica un sistema distinto del actual en cuanto a su internación al resto del país. En este momento el valor de los artículos manufacturados o armados en ese departamento, al ingresar al resto del territorio nacional se recarga en el 75% de los derechos e impuestos que corresponden a la materia prima importada que los integra. La disposición, redactada en el Ministerio de Hacienda, tenía por objeto aplicar ese 75% de impuesto no al costo de la materia prima importada del producto elaborado, sino a su costo total, llegándose al absurdo de gravar con ese 75% a la materia prima nacional incorporada a la mercadería elaborada en Arica. Se aplicaba el impuesto sobre la materia prima nacional, además de aumentar su precio también con un impuesto al valórem de 4% a 50%, según cual fuera la mercadería que se internaba. El representante del Ministerio de Hacienda, presente en las Comisiones, nos informó que el artículo tenía por objeto disminuir los derechos e impuestos sobre el producto elaborado en Arica. Del estudio más profundo que hicimos del precepto, llegamos a la conclusión de que no era así; de que, al revés, se trataba de gravar con una mayor cantidad al producto elaborado en esas condiciones, llegándose al absurdo, repito, de cobrar derechos de internación por la materia prima nacional. Tan clara fue nuestra argumentación, que las Comisiones resolvieron, por unanimidad, rechazar el artículo y dejar las cosas iguales como están en el momento presente.
Nosotros aprobaremos en general este proyecto. Nos parece que cualquier legislación que signifique propender al desarrollo de Iquique y Pisagua debe ser aprobada por el Congreso Nacional. Yo creo que, junto con la provincia de Arauco, constituyen esos departamentos las zonas más empobrecidas de Chile; que Pisagua e Iquique son tal vez los departamentos de nuestro país donde la mano del Gobierno no se ha hecho presente, aparte Toco-pilla, Mejillones y Taltal, que me señala el Honorable señor Contreras Tapia con mucha razón. Pero en el caso específico, de Iquique, se trata de una zona repleta de materia prima y otras riquezas. A mi juicio, en ella se dan todas las posibilidades para convertirla, así como al departamento de Pisagua, en una región de real desarrollo económico y en una fuente de ocupación de bastante importancia local y nacional.
Sin embargo, no se ha visto interés, ni del actual Gobierno ni de les anteriores, por desarrollar esos departamentos, por entregar al país el aprovechamiento de sus riquezas no sólo mediante su exportación, sino en forma especial mediante su industrialización. Industrializar la materia prima que existe en Iquique y Pisagua nos daría la posibilidad real, concreta, de contar allí con veinticinco o treinta fábricas que dieran ocupación a una enorme cantidad de obreros y empleados que ahora se debaten en una cesantía de bastante difícil solución.
Por eso, daremos nuestros votos favorables, repito, a la aprobación en general de este proyecto, sin perjuicio de las indicaciones que deseamos renovar. Y ello con el propósito de entregar a los departamentos de Iquique y Pisagua una legislación que sea posible aplicar, que rinda sus frutos, que convierta en realidad la loable intención con que fueron despachadas las leyes Nºs. 12.937 y 16.894, las que, por la forma como fueron redactadas, sumado ello al desinterés demostrado por parte del Gobierno, no han permitido un verdadero desarrollo de la zona, en particular de los departamentos de Iquique y Pisagua.
Haremos llegar a la Mesa las indicaciones a que me he referido, tendientes a modificar el proyecto.
El señor NOEMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Irureta.
El señor IRURETA.-
Muchas gracias, señor Presidente.
Lo primero que deseo hacer presente es que por mi parte votaré con mucho agrado a favor de la aprobación en general de este proyecto.
Pero a propósito del mismo, quiero hacer algunas aclaraciones relativas a las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue. Cualquiera que sea la opinión doctrinaria que se tenga acerca de la procedencia o utilidad de la creación de organismos funcionales tendientes al desarrollo de las regiones, el hecho es que, en la práctica, tanto en provincias como en los sectores parlamentarios y en organismos tales como municipalidades, centros para el progreso y otros, a lo largo de los últimos años se ha venido considerando como instrumento útil para resolver problemas regionales la creación de entidades como juntas de adelanto, institutos CORFO en provincias, y esta que se presenta ahora a nuestra resolución en el proyecto en debate.
En las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue, existe desde hace bastantes años una preocupación muy marcada por contar con algún organismo que promueva el desarrollo de la zona en forma directa. Tal preocupación llevó a algunos señores Senadores a redactar, en el período anterior, un proyecto de ley en el cual, junto con medidas muy similares a las que contiene la iniciativa que estamos estudiando, se creaba un organismo denominado CORFO-Austral. Incluso la Comisión de Hacienda del Senado viajó a Valdivia y celebró en esa ciudad una sesión en que se preocupó precisamente de este tema. Entiendo que ese proyecto fue redactado y presentado a la Corporación por los Honorables señores Von Mühlenbrock y Rodríguez; no recuerdo si también lo suscribió algún otro Senador de la zona de aquella época. Como por razones constitucionales la iniciativa no podía tener origen en el Senado, fue remitido a la Cámara, donde tuvimos ocasión de patrocinarla todos los Diputados de diversos partidos que entonces representábamos a las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue. En razón de que, también por disposición constitucional, el proyecto debía ser enviado al Ejecutivo para que lo patrocinara, la Cámara de Diputados debió remitirlo a él. Y desde entonces hasta ahora, a pesar de la preocupación y de la buena voluntad que demostró en su oportunidad Su Excelencia el Presidente de la República, nos hemos encontrado con una oposición muy sostenida, basada aparentemente en razones de orden teórico muy serias de parte de la Oficina de Planificación Nacional.
Acostumbro a tener respeto por las opiniones ajenas, sobre todo cuando parecen ser bien fundadas y serias. De ahí que a lo largo de los últimos meses haya celebrado reuniones con el señor Director de ese organismo. Y la verdad es que, sin perder la esperanza de que el anhelo de las provincias del sur de contar con un organismo promotor de su desarrollo a nivel regional pudiera al fin ser aceptada, nunca he dejado de considerar con mucha atención los repares que la Oficina de Planificación Nacional ha opuesto al proyecto de la CORFO-Austral.
Por eso, aun cuando me parece muy razonable el proyecto que estamos estudiando, me sorprende grandemente que la Oficina de Planificación Nacional, a mi juició con muy poca seriedad, haya tenido un criterio para juzgar el proyecto de la CORFO-Austral y otro diferente para este proyecto que crea el Comité Programador de Inversiones de Iquique y Pisagua. Ambos, hecha la salvedad de la diferencia en los nombres, en sus textos son muy similares, por no decir exactamente iguales.
Quiero agregar otro antecedente: en la lista de proyectos incluidos en la actual legislatura extraordinaria por el Ejecutivo, o sea de aquellos que cuentan con el patrocinio o, en el peor de los casos, con la aprobación tácita del Gobierno, aparece con el número 61 el que crea la Corporación del Valle del Aconcagua, ya aprobado por la Cámara de Diputados. Es decir, ya casi no va quedando provincia en Chile que no disponga de un organismo regional para su desarrollo. ¡Y se hace una excepción muy injusta, absolutamente inexplicable, para las provincias de Valdivia, Osorno y Llanquihue!
Nosotros no queremos entorpecer en absoluto este proyecto, que obedece a la preocupación de las fuerzas promotoras del progreso de la provincia de Tarapacá y, en especial, a la inquietud de los parlamentarios, así como a la del Supremo Gobierno. Pero nos parece, que esta es una buena oportunidad para reflexionar acerca de la discriminación en el trato que se da a diversas regiones del país por organismos encargados de promover el desarrollo desde un punto de vista nacional. Más aún, creo que, cualquiera que sea la diferencia o la distancia geográfica entre una región y otra y cualesquiera que sean las particularidades ecológicas que les distingan entre sí, los problemas que las afectan, las dificultades con que tropiezan para que se produzca un despegue serio en su desarrollo son muy similares.
Por tal razón, los parlamentarios que representamos a Valdivia, Osorno y Llanquihue en el Senado, vamos a cambiar ideas, en el curso de esta tarde, para procurar que, mediante indicaciones que presentaremos en las Comisiones y en esta
Sala, se dé cabida también en este proyecto a las medidas que el que creaba la CORFO-Austral contenía a favor de esas provincias del sur.
Es cuanto quería decir.
El señor NOEMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Carmona.
El señor CARMONA.-
Señor Presidente, en verdad, no pensaba intervenir en este debate. Mi opinión sobre este proyecto de ley es muy clara. El ha surgido de las aspiraciones de las diferentes fuerzas existentes en los departamentos de Iquique y Pisagua y ha tenido acogida en el Gobierno. Por lo tanto, y en razón del trámite de suma urgencia que para este asunto ha sido acordado tanto en la Cámara de Diputados como en esta Corporación, me parece que lo que interesa en estos momentos es despacharlo sin demora.
La iniciativa en debate, como trataré de explicarlo en forma breve, es obvia, sencilla. Es producto, precisamente, de legislaciones anteriores dictadas a favor de los departamentos de Iquique y Pisagua. Sin embargo, he querido decir algunas palabras porque, si bien estoy de acuerdo con el proyecto y con algunos de los planteamientos hechos por el Honorable señor Valente, no puedo dejar pasar sus expresiones en cuanto a que el Gobierno se habría desinteresado en absoluto de la zona de que se trata. Basta considerar la situación en que ella se encontraba anteriormente, en especial el departamento de Iquique, y ver lo que sucede ahora, para darse cuenta de que la política seguida en tal sentido es positiva, coherente, oportuna y se ha llevado a cabo con urgencia. Con relación a los grandes problemas que afectan a los departamentos de Iquique y Pisagua, y en general a la provincia de Tarapacá, es notorio el interés del Gobierno por considerar un desarrollo acelerado de esa parte tan importante del territorio nacional.
Deseo recalcar que la iniciativa en debate -y ello prueba en forma evidente el interés del Gobierno- tuvo origen en un mensaje del Ejecutivo, el cual solicitó la urgencia necesaria para su tratamiento, tanto en la Cámara como en el Senado. El Gobierno adoptó esta actitud haciéndose eco de la opinión de las diferentes fuerzas que conforman la opinión pública de los departamentos mencionados, luego de estudiar y elaborar el proyecto de acuerdo con las conveniencias nacionales y los conceptos de planificación que sustenta. Por ello, presentó la iniciativa en los términos que conoce el Senado de la República.
El proyecto lo despachó la Cámara por unanimidad. Es decir, se advierte que él se relaciona no sólo con los intereses de determinados departamentos, sino también con los de todo el país, en el sentido de desarrollar de manera adecuada a esa región.
Por otra parte, debemos tomar en cuenta que la ley 16.894, mencionada por el Honorable señor Valente, también fue patrocinada por este Gobierno. Es decir, en lo relativo a la presentación de iniciativas gales, la actual Administración siempre lo ha hecho en el momento preciso y con la urgencia requerida.
En cuanto a las crisis sufridas por las dos industrias principales, que proporcionan la mayor fuentes de ocupación en ambos departamentos -la salitrera y la pesquera-, tampoco podemos aceptar la crítica de que ha habido desinterés de parte del Ejecutivo para adoptar medidas a fin de resolver esos problemas. A pesar de las pérdidas que significa la explotación de la oficina salitrera Victoria, el Gobierno la mantuvo en actividad, por estimar necesario mantener el nivel ocupacional en una zona tan importante. A ello se debe que esa industria fundamental no haya cerrado sus puertas. También se dictaron providencias urgentes y oportunas para afrontar la crisis de la industria pesquera. No me referiré en esta oportunidad a la materia, pero debo recordar que actualmente esa actividad se ha estabilizado y proporciona trabajo a más o menos tres mil personas. Vale decir, las dificultades que debió afrontar dicha industria no constituyen hoy materia de preocupación para la opinión pública.
Tales ejemplos permiten apreciar que el Gobierno adoptó resoluciones adecuadas para resolver los problemas relativos al desarrollo, al mantenimiento de los niveles ocupacionales y a las industrias de la zona.
Aparte lo anterior, la ciudadanía está en conocimiento de todas las obras realizadas en Iquique, en materia de caminos, viviendas, establecimientos educacionales, ampliación de hospitales y adelanto comunal. El plan de obras municipales contó con financiamiento del Gobierno, a pesar de que los integrantes de ese cuerpo edilicio y el propio alcalde no pertenecen precisamente al partido oficial. Sin embargo, prescindiendo de tales consideraciones, el Ejecutivo ha colaborado en acciones de esa naturaleza, por estimar que así contribuía al mantenimiento de esa zona y de los niveles ocupacionales, uno de los aspectos que más le interesan.
La actual Administración no ha limitado su acción a los aspectos descritos, pues también se ha preocupado de algo que considero de extraordinaria importancia para ese departamento. Me refiero a la celeridad con que ha actuado, después de 40 años de promesas, discursos y ofrecimientos, para iniciar una acción relativa al desarrollo minero, para auspiciar una política al respecto. Es así como muy pronto comenzarán las labores del mineral de Sagasca, con lo cual el departamento de Iquique entrará, por la puerta ancha, a formar parte de las zonas productoras de cobre. Lo anterior tiene importancia fundamental. Personalmente estoy convencido de que Iquique y Pisagua tienen gran futuro en materia de desarrollo minero.
Esa actividad no se había desarrollado en la zona, porque todos los esfuerzos se encauzaron, durante muchos años, a la explotación del salitre. No hubo iniciativa empresarial ni de ninguna otra índole para desarrollar la industria minera con las características qué merece esa zona, la que posee, a mi juicio, los yacimientos más importantes del norte del país, en especial de cobre y otros minerales.
Basta exponer estos hechos para demostrar la prontitud con que se ha actuado. Y no se ha procedido con un criterio de favoritismo' o de otorgamiento de privilegios, sino con una clara conciencia nacional, ya que, al concertar una acción en beneficio de las zonas extremas del país, se está sirviendo en forma por demás adecuada el interés de todo Chile.
Muchas veces se ha hablado de la necesidad de tener una actitud diferente hacia las regiones extremas del país y, a lo largo de los años, se ha diseñado una acción más o menos positiva en tal sentido. Proyectos como el que ahora debatimos son la consecuencia de algo que el país entero ha considerado fundamental para el desarrollo de las regiones mencionadas y para defender el interés nacional. Los organismos creados por la CORFO y después por el Instituto CORFO del Norte: la Junta de Adelanto de Arica, en el caso específico de esa ciudad, y todas las instituciones organizadas con diversos fines, se han instalado para beneficiar a las zonas extremas de Chile; son consecuencia de esa política. No constituyen el resultado del azar ni de un afán de concesión de privilegios. No obedecen al propósito de favorecer a determinada zona, sino al hecho de que el país está consciente de la necesidad de formular una política nacional en tal sentido.
Los pasos que se han dado...
La señora CAMPUSANO.-
Esas instituciones han servido para dar empleo a los democratacristianos.
El señor CARMONA.-
No me haré cargo de observaciones que, a mi juicio, nada aportan al trascendental asunto en debate. El motivo de mi intervención es, no atacar, sino precisar y aclarar algunos conceptos relativos a la acción emprendida por este Gobierno, en especial en la provincia de Tarapacá y, concretamente, en los departamentos de Iquique y Pisagua.
La iniciativa en debate es simple y consecuencia de leyes vigentes, en particular de la Nº 16.894. Este proyecto constituye un complemento, pues, sobre la base de la mecánica de esas leyes, referentes a sistemas de franquicias, y por medio de iniciativas respecto de la actividad industrial, destinadas a favorecer las zonas extremas del país, se estimó que podía desarrollarse una labor conducente al despegue económico de ellas.
Sin embargo, el Gobierno, después de considerar con gran detenimiento la situación, ha estimado que ése no es el único objetivo en la tarea de conseguir el desarrollo de la región.
En esta parte de mi discurso, quiero salvar una omisión en que incurrí al enumerar las acciones emprendidas por la actual Administración. Aparte las medidas ya expuestas, la CORFO ha desplegado una importante acción con el plan agrícola y ganadero de la Pampa del Tamaru-gal, el cual ha dado espléndidos resultados. En la actualidad, hay allí 7 mil y 8 mil ovinos. Constituye una especie de milagro, en pleno desierto. Pero, en realidad, es el fruto de muchos años de trabajo.
Como decía, junto con esa acción a largo plazo que deben desarrollar tanto los particulares como el Estado, es necesario también abordar planes de infraestructura, en lo concerniente a puertos, aeródromos, caminos y otros rubros. Ello hará posible el progreso de esa región y la instalación de nuevas industrias. Dicha zona se encuentra permanentemente enfrentada a problemas básicos, como los de agua potable y energía eléctrica.
¿De qué trata este proyecto?
El Gobierno pretende que, sobre la base de legislaciones ya en vigor, por medio de la Oficina de Planificación Nacional, se conjugue un criterio de desarrollo, con la participación de las zonas afectadas. Por eso, se crea el Comité Programado!
de Inversiones, organismo que, sin contar con facultades resolutivas en cuanto a la ejecución de las obras financiadas con los recursos producidos por las leyes o consignados en el Presupuesto de la Nación para los departamentos de Iquique y Pisagua, podrá concertar los criterios técnicos del Supremo Gobierno sobre programación de inversiones que respondan a las aspiraciones regionales.
Se trata de una experiencia interesante y de extraordinaria importancia, pues procura interesar a la comunidad mediante la designación de representantes adecuados de las diferentes actividades de esos departamentos o comunas, a fin de hacerlas partícipes y, en cierta medida, responsables de las inversiones que deberán efectuarse de acuerdo con el programa de desarrollo regional.
¿Por qué expresé que este proyecto es consecuencia de leyes anteriores? La ley 16.894 estableció un régimen muy especial, destinado a resguardar, con medidas de excepción, la suerte del puerto de Iquique. Me refiero al establecimiento de los almacenes de depósito en sus zonas francas portuarias. Estimo que, sobre la base de tales medidas, en un futuro próximo se producirá un aumento bastante considerable del movimiento portuario y aduanero de la zona.
La iniciativa en debate establece que 20% de los ingresos aduaneros percibidos en los departamentos de Iquique y Pisagua se destinará a inversiones en la región, a la vez que asegura para este efecto una cantidad mínima de 20 millones de escudos anuales, reajustables cada año en conformidad a la variación del índice de precios al consumidor.
Se trata de destinar esos recursos a la zona que los origina y de hacer participar a la comunidad regional mediante la creación de los organismos que mencioné, dotados de facultad para decidir en lo relativo a la inversión de los fondos mencionados, sin perjuicio de su acción coordinada con la del Ejecutivo, a fin de que no se produzcan contradicciones en los planes de infraestructura y desarrollo, y de conjugar una política que, a nuestro juicio, es bastante adecuada.
Es un ensayo interesante, que guarda relación con la experiencia que ya tienen dichas zonas en lo referente a la acción de orden ejecutivo seguida por los organismos creados con anterioridad: por la CORFO, en primer término; por el Instituto CORFO del Norte, en seguida, y, en Arica, por la Junta de Adelanto. En esta iniciativa no hay, por consiguiente, ninguna concepción que pudiera alterar una política en vigor. No es sino una consecuencia de la línea seguida, un complemento que permitirá que la acción del Gobierno, llevada a cabo en virtud de la ley 16.894, sea más fructífera, más útil y expedita en cuanto a la solución de los problemas indirectos de infraestructura que he señalado, y evite los tropiezos que se presentan para lograr el desarrollo industrial acelerado que se pretende para la zona.
De interés fundamental para el Honorable señor Olguín y para mí era el despacho de este proyecto de ley según el criterio sustentado por el Ejecutivo y según lo ya resuelto por la Cámara de Diputados. Sin embargo, en las Comisiones se le introdujeron algunas modificaciones que -lo reconozco- han servido para mejorar su redacción y para hacerlo más eficaz en lo relativo a la destinación de recursos, en especial para el año 1970. También se formularon algunas indicaciones de otro carácter. Deseo referirme a una de éstas en particular, pues el Honorable señor Valente ha expresado que, en mi calidad de presidente de las Comisiones, habría declarado improcedente una indicación tocante a los intereses de la región, en especial a los de la industria de fertilizantes de las provincias de Tarapacá y Antofagasta.
A mi juicio, esa indicación no se relacionaba con la materia principal del proyecto, y por eso me permití declarar inicialmente su improcedencia. Tal como explicó Su Señoría, su proposición pretendía establecer un régimen de prohibición de importaciones de fertilizantes para todo el país. En mi concepto, la medida habría sido extremadamente grave y no podía ser tratada con la urgencia con que se tramita el proyecto en estudio, ni tampoco dentro de una iniciativa cuya idea central es el interés y desarrollo de determinados departamento de la zona norte. Era una norma que afectaba a la agricultura general del país. Por lo demás, esa indicación, según mi parecer, tampoco salvaría todos los inconvenientes que en la actualidad enfrenta nuestra industria de fertilizantes en las provincias mencionadas, porque, aun cuando se prohibiera la importación de esos productos, ella no estaría en condiciones de satisfacer toda la demanda nacional.
La señora CAMPUSANO.-
Pero si existen "stocks" de fertilizantes.
El señor CARMONA.-
Me parece que ni siquiera podría atender el 20% de la demanda.
Es efectivo que en la actualidad hay "stocks" de reserva, como lo menciona la señora Senadora, pero ello se debe a que la industria tiene problemas de costos y precios. A este respecto, somos los primeros en reconocer que deben adoptarse medidas administrativas para resolver tales problemas, pero siempre considerando los intereses generales y los de la agricultura del país.
El señor VALENTE.-
¿Me permite una interrupción, señor Senador?
El señor CARMONA.-
Sí, siempre que sea breve.
El señor VALENTE.-
Es muy breve, Honorable colega.
La declaración de Su Señoría confirma mi temor de que, tal vez, no leyó bien mi indicación y la declaró improcedente sin conocer su texto. No se trata, como dice el señor Senador, de que ella pueda acarrear la paralización de la entrega de abonos a la agricultura nacional.
Mi proposición era la siguiente:
"Prohíbase la importación e internación al país, de fertilizantes de cualquier tipo y calidad.
"Se exceptúan de esta prohibición las-materias primas destinadas a la elaboración y preparación de fertilizantes nacionales.
"El Ministerio de Agricultura sólo podrá autorizar la importación y venta de fertilizantes extranjeros, por decreto fundado, y siempre que se acredite fehaciente y documentariamente la necesidad de esta importación."
En otras palabras, ¿cuáles eran sus objetivos?
En primer término, dar curso a los "stocks" y a la producción de fertilizantes nacionales, de SOCHIF. En segundo lugar, si la industria local no pudiera cubrir las necesidades del país, permitir que el Ministerio de Agricultura, en las condiciones enunciadas, autorizara importar la diferencia.
Además, mi indicación tenía plena vinculación con el proyecto en debate, porque trataba de salvar a una industria establecida en una zona de gran desocupación. Ya se anunció al personal que, si no se resuelve de inmediato la situación financiera de la empresa, a contar de abril -desde el mes en curso- se paralizarán las faenas y quedarán en la cesantía más de 300 obreros y 150 empleados.
Por estas razones, sostengo que, tal vez, el Honorable señor Carmona declaró improcedente mi proposición sin haber leído su texto completo.
Agradezco la interrupción que me concedió Su Señoría.
El señor CARMONA.-
La leí completamente, Honorable colega. Aún más, sus recientes palabras refuerzan mi decisión de declarar inadmisible la indicación señalada, pues de ellas se desprende claramente que no tenía conexión con la materia central del proyecto en estudio.
De la lectura de la proposición de Su Señoría, se deduce que se trata de prohibir la internación de fertilizantes, en circunstancias de que la agricultura requiere determinados abonos que no se producen en el país.
El señor VALENTE.-
Pero la indicación permite importar en determinados casos.
El señor CARMONA.-
De todas maneras, Honorable colega, se produciría una perturbación del régimen actual, pues se requeriría un decreto fundado del Ministerio de Agricultura cada vez que fuese necesario importar fertilizantes.
A mi juicio, debemos tener una concepción bien clara en cuanto a los intereses generales del país y a los de cada zona en particular. Estoy seguro de que se encontrará una solución para el problema de SOCHIF, pero dentro de la política general que sigue el Gobierno en materia de abonos y fertilizantes. En este sentido, es indudable que debe darse preferencia a los productos nacionales. Por eso, abrigo la esperanza de que en los próximos días se llegue a tal solución y se impida el cierre de la industria. Pero -insisto-, no me parece que el camino propuesto en la indicación del Honorable señor Valente sea el más conveniente para llegar a ello.
El proyecto en análisis incluye, además, una indicación que suscribí junto con los Honorables señores Olguín, Silva Ulloa y Noemi, con el objeto de dar un nuevo destino a los recursos de las prestaciones que afectan a la importación de mantequilla, al incorporar en este régimen a la provincia de Atacama, con lo cual será posible invertir fondos en obras fundamentales para el desarrollo de esa provincia, como asimismo para el de Antofagasta y Tarapacá, en especial en lo relativo a caminos, de acuerdo con las aspiraciones de cada zona. Creemos que estos recursos servirán para el mejoramiento de esas provincias y, al mismo tiempo, para concretar viejas aspiraciones regionales respecto de la integración e intercambio de productos con los países limítrofes, puesto que, en virtud del carácter de nuestra indicación, se dará prioridad a la inversión en rutas internacionales.
Deseaba plantear estas observaciones para precisar los alcances de este proyecto y para hacerme cargo, aunque indirectamente, de las apreciaciones del Honorable señor Irureta.
Comprendo las aspiraciones y diferentes preocupaciones de las provincias. A pesar de representar en esta Corporación a las de Tarapacá y Antofagasta, no puedo dejar de considerar que debe haber un trato equitativo para cada zona del país. Por eso, no tengo ningún tapujo en confesar en esta Sala que en las Comisiones Unidas voté en contra de la indicación a que se refirió hace unos instantes el Honorable señor Valente, destinada a establecer una condonación de las deudas de impuestos que mantienen los contribuyentes de Pica y Matilla, y la liberación del pago de toda clase de tributos territoriales fiscales por las tierras que poseen los agricultores de esas comunas. Rechacé tal precepto por considerar que una política de esta naturaleza no se compadece con el trato que se ha dado a otras zonas del país, incluso a las que han debido soportar lamentables desgracias o largos períodos de sequía, como es el caso de Coquimbo, provincia donde sólo se concedió una liberación parcial, una rebaja de los intereses penales y multas y mayor plazo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Por este motivo, no me pareció justo establecer una condonación indiscriminada y una liberación por cinco años para los contribuyentes de Pica y Matilla, a pesar de saber que la primera de esas comunas está afectada por una plaga que ocasiona perjuicios considerables a su agricultura. Eso sí, abogo muy fervientemente por sacar adelante la otra indicación, aprobada por la unanimidad de los miembros de las Comisiones, que permite al Instituto CORFO del Norte conceder créditos no reajustables a los agricultores de Pica, para que puedan resolver los problemas que los aquejan en estos momentos, cuya gravedad soy el primero en reconocer.
Dentro de estos términos, y en la esperanza de que el proyecto sea recibido con la equidad que caracteriza al Honorable Senado, he querido exponer mis puntos de vista para precisar el alcance de su contenido.
El Honorable señor Lorca me ha solicitado una interrupción.
El señor LORCA.-
Concurriré con mi voto a aprobar esta iniciativa del Ejecutivo, destinada a promover el desarrollo de la provincia de Tarapacá.
Pero no quisiera dejar pasar las palabras de la Honorable señora Campusano, relativas a la Corporación de Magallanes y al Instituto CORFO de Chiloé, creado por ley de la que fui autor. En realidad, la Corporación de Magallanes. ..
El señor VALENTE.-
La señora Senadora no se refirió a la Corporación de Magallanes.
El señor LORCA.-
Excúseme, Honorable colega. Estoy razonando con toda tranquilidad. Estaría muy complacido si no se refirió a ese organismo, pero me pareció entenderle que él sólo había servido para dar ocupación a los demócrata-cristianos. Si no dijo eso, termino aquí mis observaciones.
La señora CAMPUSANO.-
No me referí a la Corporación de Magallanes. Expresé -y lo ratifico- que se han creado toda clase de instituciones y organismos intermedios, en los cuales se ha dado trabajo a los democratacristianos. Esas entidades, si se me permite la expresión, no han servido para nada; no han solucionado los problemas. Esa "gran" Comisión Nacional de la Sequía, ¿para qué ha servido en las provincias de Atacama y Coquimbo? ¡Para nada! ¡No hay trabajo!
El señor IRURETA.-
Los funcionarios de esa institución no cobran sueldos, pues pertenecen a distintos Ministerios.
La señora CAMPUSANO.-
Bastaba entregar al Intendente de Coquimbo, quien ha realizado un buen trabajo, todos los medios necesarios para dar solución al problema.
Repito: la Comisión Nacional de la Sequía no ha servido para nada. La gente se sigue muriendo de hambre.
El señor LORCA.-
Agradezco a la Honorable señora Campusano no haber hecho referencia a la Corporación de Magallanes ni al Instituto CORFO de Chiloé y Aisén.
La Corporación de Magallanes sólo tiene diez funcionarios y percibe ingresos cuantiosos. El Instituto CORFO de Chiloé y Aisén está formado por servidores de la Corporación de Fomento de la Producción. Por lo tanto, no ha aumentado el número de empleados en esas tres provincias.
Respecto a que estos institutos no han servido para nada, no puedo creer que en un país como el nuestro, en un año, la Corporación de Magallanes, por ejemplo, pudiera cambiar todo el rostro de esa provincia.
El señor VALENTE.-
La Honorable señora Campusano no se ha referido a ese organismo.
El señor LORCA.-
La Honorable colega acaba de decir que las instituciones creadas no han sido útiles y que se han transformado. ..
El señor VALENTE.-
La señora Senadora se refirió a la Comisión Nacional de la Sequía.
El señor LORCA.-
En cuanto a ese organismo, los Senadores del Norte Grande y del Norte Chico podrán demostrar la utilidad de dicha Comisión.
Como muy bien lo ha dicho el Honorable señor Irureta, las diversas instituciones creadas por el actual Gobierno no han ocupado funcionarios nuevos, sino a miembros de distintos Ministerios -por ejemplo, el personal de la Comisión Nacional de la Sequía-, que no cobran sueldos por esas labores.
Ahora bien, el país podrá comprobar si esas instituciones han tenido resultados favorables.
El señor NOEMI (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Honorable señor Contreras.
Advierto a la Sala que el Orden del Día termina a las 17.45.
El señor IRURETA.-
¿Hasta cuándo hay plazo para presentar indicaciones?
El señor NOEMI (Vicepresidente).-
Previamente es necesario aprobar en general el proyecto. Después se fijaría plazo para presentar indicaciones.
Señores Senadores, faltan tres minutos para el término del Orden del Día.
El señor VALENTE.-
Propongo prorrogar la hora hasta las seis y que la Comisión se reúna mañana miércoles, a fin de incluir la iniciativa en el primer lugar del Orden del Día de la sesión de mañana.
El señor NOEMI (Vicepresidente).-
Solicito el asentimiento de la Sala para prorrogar hasta las seis de la tarde el Orden del Día, con el objeto de votar hoy el proyecto en general.
El señor IBAÑEZ.-
Estaría de acuerdo con tal proposición si se me concedieran cinco minutos para formular algunas observaciones.
El señor VALENTE.-
Hasta las seis cinco, señor Presidente.
El señor NOEMI (Vicepresidente).-
No hay acuerdo.
El señor VALENTE.-
Sí, lo hay.
El señor NOEMI (Vicepresidente).-
El Honorable señor Contreras dispone de dos minutos para usar de la palabra.
El señor CONTRERAS.-
Por ser representante de la zona y, con seguridad, el Senador más antiguo de la Primera Agrupación, en dos minutos no puedo expresar con claridad mis ideas al respecto.
No estoy conforme con las versiones expuestas en la Sala, pues el problema no sólo afecta a Iquique y Pisagua, sino también a las provincias de Antofagasta, Ata-cama y Coquimbo. En resumen, atañe al Norte Grande y a otras regiones del país. Por lo tanto, deseo referirme no sólo al proyecto en sí mismo, sino a toda la región del Norte Grande en conjunto, la cual afronta en estos instantes una crisis extremadamente grave.
Por lo expuesto, estimo indispensable proseguir mañana la discusión de la iniciativa en debate. ..
El señor LORCA.-
Perfecto.
El señor CONTRERAS.-
.. .y tratarla en particular el próximo martes, con mayor tranquilidad. Creo que ello puede obtenerse mediante acuerdo unánime de Comités.
El señor SILVA ULLOA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor CARMONA.-
¿Se votaría mañana el proyecto en general?
El señor SILVA ULLOA.-
A mi juicio, existe el mayor interés en despachar rápidamente esta iniciativa.
Por mi parte, deseo referirme a ella aunque sea en líneas generales; pero, a fin de ganar tiempo, propongo a la Mesa recabar el asentimiento de la Sala para votar de inmediato el proyecto en general. En la discusión particular, podríamos intervenir los Honorables señores Contreras, Ibáñez, Olguín y el Senador que habla, a fin de exponer en general nuestro pensamiento.
El señor LORCA.-
Todos los Senadores.
El señor NOEMI (Vicepresidente).-
¿Habría acuerdo en ese sentido?
El señor CONTRERAS.-
Siempre que pueda usar de la palabra en general durante la discusión particular.
El señor LORCA.-
Así como todos los Senadores que lo deseen.
El señor NOEMI (Vicepresidente).-
Todos los que se inscriban.
El señor ALLENDE.-
Señor Presidente, le agradeceré inscribirme.
El señor NOEMI (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto.
Aprobado.
El señor VALENTE.-
Si las Comisiones Unidas despachan mañana en la mañana el proyecto, sería posible tratarlo en particular en la sesión de la tarde.
Por eso, propongo fijar plazo para presentar indicaciones hasta mañana a las 10.
El señor IRURETA.-
Hasta las 12.
El señor SILVA ULLOA.-
En tal caso, no podría estudiarse mañana.
El señor LORCA.-
¿Hay posibilidades de que se cite a sesión especial para tratar el proyecto mañana?
El señor GUMUCIO.-
Este asunto debiera tener la misma urgencia que tuvo el de Chiloé y Magallanes.
El señor LORCA.-
Sería una buena medida.
El señor SILVA ULLOA.-
Se podría fijar plazo hasta las 11 de la mañana, a fin de poder despacharlo.
El señor LORCA.-
El que debe citar a sesión de Comisiones es el presidente de ella.
El señor NOEMI (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se dará plazo hasta las 11 de la mañana para presentar indicaciones.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Hasta las 12, señor Presidente.
El señor VALENTE.-
En ese caso, las Comisiones no alcanzarían a funcionar.
El señor AGUIRRE DOOLAN.-
Pero no habrá informe, pues Sus Señorías trabajarán hasta las 2 de la tarde.
El señor VALENTE.-
El segundo informe es muy corto, señor Senador.
El señor NOEMI (Vicepresidente).-
Si le parece a la Sala, se dará plazo hasta las 11 del día de mañana para presentar indicaciones.
Acordado.
"
- bcnres:tieneProyectoDeLey = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/proyecto-de-ley/ley-17314
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2435
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2591
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/544
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2358
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3060
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2097
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1450
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/322
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/323
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2836
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2054
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/599
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3539
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/321
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/4403
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/934
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/18
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/256
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2584
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2769
- bcnres:tieneTerminoLibre = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/deudas-fiscales-y-municipales
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- rdf:type = bcnses:SeccionProyectoDeLey