-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39-ds46
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39-ds44
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39-ds45
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39-ds48
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39-ds42
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39-ds43
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39-sp79
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39-ds47
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39-ds40
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39-ds41
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39-sp77
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39-sp78
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39-sp80
- bcnres:tieneSeccionRecurso = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1-ds39-sp81
- bcnres:tieneTramiteConstitucional = bcnbills:SegundoTramiteConstitucional
- dc:title = "REAJUSTE DE PENSIONES DEL PERSONAL EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS E INVESTIGACIONES."^^xsd:string
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- rdf:type = bcnses:SeccionProyectoDeLey
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/544
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2591
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/934
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2097
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/15
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/70
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3202
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/38
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/3539
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/566
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/322
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2054
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/331
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1224
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1178
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/957
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/4403
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1648
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2939
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/2836
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/321
- bcnres:tieneTramiteReglamentario = bcnbills:DiscusionGeneral
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/pensiones
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/carabineros-de-chile
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/fuerzas-armadas
- bcnres:tieneMateria = http://datos.bcn.cl/recurso/tema/investigaciones-de-chile
- bcnres:tieneResultadoDebate = bcnres:seApruebaEnGeneral
- rdf:value = " REAJUSTE DE PENSIONES DEL PERSONAL EN RETIRO DE LAS FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS E INVESTIGACIONES.El señor FIGUEROA (Secretario).-
Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que establece normas para el pago de reajustes de pensiones del personal en retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones.
--Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
En segundo trámite, sesión 39ª, en 28 de julio de 1970.
Informes de Comisión:
Hacienda y Defensa Nacional, unidas, en los Anexos de esta sesión.
El señor FIGUEROA (Secretario).-
Las Comisiones unidas de Hacienda y de Defensa Nacional, en informe suscrito por los Honorables señores Palma (presidente), Ballesteros, Bossay, Ibáñez y Silva Ulloa, por la de Hacienda, y de los Honorables señores Aguirre Doolan, Carmona, Noemi, Montes, Valente, Ballesteros e Ibáñez, por la de Defensa Nacional, recomiendan aprobar el proyecto con las modificaciones que señalan.
El señor PABLO (Presidente).-
En discusión general.
Ofrezco la palabra.
El señor MONTES.-
Hemos estado considerando la conveniencia y la posibilidad de aprobar de inmediato el proyecto en general, a fin de debatirlo en general y particular con ocasión del segundo informe.
Sin embargo, nos parece de alguna importancia, para los efectos del segundo informe, que los Senadores expresen ahora algunas opiniones respecto del contenido de la iniciativa y de su tramitación en las Comisiones Unidas. Por esta razón, expondremos nuestros puntos de vista en cuanto a las proyecciones del proyecto y a los resultados de su estudio en las Comisiones Unidas.
En primer término, queremos señalar que el personal en retiro de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones ha vivido, como todos saben, largos meses de una especie de calvario, esperando, primero, el cumplimiento oportuno de la ley, el pago de sus reajustes en la forma señalada en ella; en seguida, poder vencer la intransigencia del Gobierno, que se negó a cumplir las disposiciones legales sobre esta materia; esperando, en fin, poder resolver el problema de percibir sus reajustes en dinero con el objeto de satisfacer sus apremiantes necesidades económicas.
La situación es conocida, y sobre todo lo es el origen de la ley de reajustes del personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros de nuestro país. En la discusión habida entonces jamás se separó en sectores al personal que integra las Fuerzas Armadas y Carabineros, o que formó parte de los Institutos Armados chilenos. Siempre se consideró a éstos en conjunto, a raíz de las circunstancias que dieron origen a esa iniciativa del Gobierno y a su despacho.
El Ejecutivo aseguró en esa oportunidad, por intermedio de los Ministros de Hacienda y de Defensa Nacional y de los señores Senadores del partido de Gobierno, que el financiamiento se daría en ese proyecto o en otro: en el de reajustes o en la Ley General de Presupuestos de la Nación. En todo caso, aseguraba que el financiamiento que permitiera ejercer las facultades que el Congreso otorgaba al Gobierno de la República. estaba asegurado.
Pero, luego de pasado el susto debemos decirlo con voz clara, con una irresponsabilidad que es preciso destacar, se planteó el problema del personal en retiro. El Gobierno se negó a acatar la ley, impuso su criterio con posiciones de fuerza y, simplemente, dijo: "No se pagará el reajuste al personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros; no de la manera que lo señala la ley. Posiblemente, en la forma en que nosotros podamos hacerlo, en cuotas, en parcialidades."
Son, por cierto, hechos que ilustran por demás acerca de alguna gente que habla de respeto a la ley, cuando es necesario tratar de sancionar supuestamente a otros que no respetarían la ley.
Votaremos favorablemente el proyecto en general ya hemos procedido así en la Comisión, sobre todo por dos razones: por estimar que el personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros necesita en forma urgente mejorar sus pensiones y por considerar que dicho personal y las montepiadas han sido injustamente postergados.
El Gobierno repito, negando la ley que les reconoce ese derecho, no les ha pagado el reajuste que les corresponde.
Como se sabe, a ese personal se le adeuda 60% de sus reajustes desde el 1° de enero. Lo que se debe del segundo semestre se propone pagarlo en cuotas hasta 1971, mediante la iniciativa en debate. Pero la deuda del primer semestre y de parte del segundo de este año, que asciende, según informes entregados en las Comisiones, a poco más o menos 400 millones de escudos, el Ejecutivo propone cancelarla en bonos; en papeles, no en dinero.
Los Senadores comunistas consideramos que esta proposición es, precisamente, la que constituye el motivo principal del proyecto. El personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros sería el primer sector de chilenos al cual se aplicaría este sistema.
Recordamos aquí que no hace muchos años los "chiribonos" fueron rechazados por el pueblo. También recordamos que, dando curso a una política repudiada por la mayoría de los trabajadores de nuestro país, se pretendió pagar otro reajuste en bonos. Cayeron dos Ministros de Hacienda. Fue necesario rectificar esa política. La resistencia de nuestros trabajadores impidió en esa oportunidad que se llevara adelante el intento que se pretende aplicar ahora a otro sector: al personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros. El Gobierno propone pagar 20% más del reajuste a contar del 1º de julio y otro porcentaje igual a contar del 1º de octubre de este año; el resto, desde el 1° de enero de 1971. Eso es lo que recibirán en dinero efectivo dicho personal en retiro y las montepiadas.
Comprendemos que, acuciadas por la necesidad, posiblemente por las deudas, esas personas aún acepten esa forma de pago o sólo una pequeña parte de lo que les otorgó la ley.
Por otra parte, a nuestro juicio, la iniciativa en debate no era necesaria para que el Gobierno procediera a pagar lo que debe al personal en retiro de los Institutos Armados. Así lo dijeron en la Cámara los Diputados comunistas que intervinieron en su oportunidad. Como se sabe, el Gobierno dispone de las facultades necesarias para pagar dicho reajuste y, por lo tanto, no precisa de la dictación de una ley para ello. Esa es la verdad. Si ha dejado sin cumplir la ley 17.267, ¿qué objeto tiene legislar sobre la misma materia acerca de la cual tiene atribuciones otorgadas en esa ley?
Las cuotas de 20% propuestas en este proyecto pueden ser pagadas perfectamente sin recurrir a la dictación de una ley. El Gobierno está facultado para ello. Le basta con dictar, simplemente, medidas de orden administrativo.
Tampoco requería de una nueva ley el financiamiento, propuesto en el proyecto inicial, derivado de los excedentes que se produzcan en las cuentas de deudores morosos, y así se dijo en la Cámara de Diputados. Podía el Gobierno echar mano de esos recursos.
¿Qué propósito, entonces, lo ha guiado a patrocinar el proyecto de ley en debate? ¿Cuál es su objetivo?
Nosotros eremos que el Gobierno busca, por una parte, consagrar legalmente su actitud inconstitucional, es decir, el hecho de no haber dado cumplimiento a una ley, lo que motivó, como se sabe, una acusación constitucional en contra del señor Ministro de Defensa; y que, además, se pretende legalizar una muy odiosa discriminación en contra del personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros con relación al personal en servicio activo. Queda así abierta una brecha para que se profundicen mucho más todavía las diferencias de rentas entre ambos sectores, en perjuicio de los retirados y montepiadas.
Como ya lo señalé, el objetivo principal de este proyecto es establecer como norma el pago de parte del reajuste o de reajustes de rentas de los trabajadores no en dinero, sino en bonos, en papel que sólo servirá para pagar ciertos impuestos. La gente necesita el dinero, en primer lugar, para comer.
No conozco el porqué de tal procedimiento. No he oído argumentación de parte de los señores Senadores de Gobierno que la justifique, que demuestre los "altos sueldos" que ganaría ese personal, lo que, según consta en el proyecto del Ejecutivo, permitiría actuar de este modo. A nuestro entender, no es así.
Por eso, estamos realmente convencidos de que una vez más se muestra en forma muy clara el contenido reaccionario de la política económica del Gobierno del señor Frei: forzar al pueblo a apretarse el cinturón. Esa es, a nuestro juicio, la esencia de su política.
Igual intento se hizo cuando se propusieron.los "chiribonos": resolver determinados aspectos, en cierto grado el proceso de profundización de la crisis económica chilena, a costa de los propios trabajadores, de la gente que vive de un sueldo o un salario. Ahora, de nuevo se propone esa práctica, ya sancionada por la Cámara de Diputados. Por eso decimos que, a nuestro juicio, en esencia la política sostenida en esta materia por el Gobierno es reaccionaria, y su orientación no puede contar con nuestro beneplácito.
Declaramos que somos, abiertamente contrarios a la disposición que establece el pago de la deuda en bonos. Lo hacemos, precisamente, en defensa de los intereses de quienes sufrirán esta medida.
Los Diputados comunistas, y otros de la Unidad Popular, formularon valiosas indicaciones, las Cuales mejoraron el proyecto inicial del Gobierno. Ellas tendían a otorgar verdaderamente los recursos solicitados por el Gobierno en su iniciativa, a fin de que no se pagara este reajuste en cuotas, sino de una sola vez. Por desgracia, estas indicaciones que financiaban el reajuste adeudado al personal en retiro de las Fuerzas Armadas no fueron aceptadas. Y no lo fueron, porque las proposiciones de los parlamentarios comunistas y de la Unidad Popular iban dirigidas a obtener esos fondos de los sectores privilegiados de nuestro país, de quienes realmente están en condiciones de financiar este tipo de proyectos. Repito que ello no fue aceptado: se rechazó, y se concluyó con una proposición que afecta realmente intereses de zonas muy importantes de nuestra patria, las cuales han alzado su voz ante la posibilidad de ver amagados sus derechos con los preceptos propuestos por el Gobierno.
Otras proposiciones fueron rechazadas también en la Cámara por la mayoría, formada por los Diputados del Partido Nacional y de la Democracia Cristiana. Sin embargo, algunos beneficios quedaron incorporados al proyecto a iniciativa de la Izquierda, para satisfacer viejas reivindicaciones, resolver problemas agudos y añejos, que afectan a determinados sectores de las Fuerzas Armadas en retiro o de personal que trabaja en la Dirección de esos institutos. Este es un aspecto al cual se referirá en forma concreta el Honorable señor Valente.
Sólo deseo destacar que estos "algunos beneficios" incorporados por la Cámara, que favorecían repito a determinados sectores de las Fuerzas Armadas, fueron simplemente rechazados por la mayoría de las Comisiones Unidas del Senado. De modo que el proyecto que en estos instantes se debate en la Sala para ser votado en general, consigna en la práctica, estrictamente, las ideas iniciales propuestas por el Gobierno con relación a esta materia, pues todas las indicaciones incorporadas en la Cámara de Diputados que tendían a beneficiar al personal en retiro de las Fuerzas Armadas fueron eliminadas a proposición del Gobierno, por medio de un oficio que fue considerado en las Comisiones Unidas.
Nosotros, en el segundo informe, propondremos de nueve, en indicaciones renovadas, todos esos artículos rechazados, porque consideramos de verdadera justicia su aprobación.
En resumen, hemos acogido el anhelo del personal en retiro, en cuanto al pronto despacho del proyecto.
Como señalé, éste no da solución al problema real que afecta a ese personal, sino que consagra disposiciones contrarias a sus intereses. A nuestro juicio, es un capítulo más de la historia del Gobierno del señor Frei. El proyecto retrata una política que hace agua y que es imperioso reemplazar en nuestro país. Una vez más las dificultades se descargan contra los que viven de un sueldo o de una pensión. Para solucionar el problema no se toca a los privilegiados; se niega tal posibilidad. La justicia no llega a consagrarse para el personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros; pero llegará para ellos, y para todo el pueblo, con el Gobierno que surja del pueblo, que interprete de manera verdadera la necesidad de realizar los sueños de bienestar y progreso que animan a la mayoría de los chilenos.
No nos hacemos ilusiones acerca del destino de esta iniciativa. Pensamos que ella no resuelve, de ninguna manera, las expectativas, las esperanzas del personal a que se refiere.
Repito: en la práctica, su articulado refleja la aplicación de un odioso trato discriminatorio hacia los que viven de un sueldo o de un salario; por tanto, es una nueva expresión del contenido general de la política del Gobierno del señor Frei hacia los sectores asalariados del país.
Al comienzo de nuestras palabras, señalamos que aprobaríamos en general el proyecto. Las observaciones que hemos formulado contienen en forma global el juicio que nos merece, y en su discusión particular trataremos de mejorar las disposiciones tan negativas que hemos comentado.
Eso es todo.
El señor BOSSAY.-
Señor Presidente, como indica el informe, el proyecto establece una fórmula de pago por la que se pretende normalizar la situación de incumplimiento de la ley 17.267, que afee los pensionados y montepiadas de las Fuerzas Armadas, Carabineros e Investigaciones. Es necesario destacar en el debate general tres o cuatro aspectos.
En efecto, como señala el informe de las. Comisiones unidas de Hacienda y Defensa, distintos señores Parlamentarios, "los señores Silva Ulloa, Montes, Valente, Ibáñez y Bossay", criticaron la solución de pago diferido que se propone.
Al igual como lo planteó el Honorable señor Montes, todos estimamos, con pequeñas variantes, que nos encontrábamos frente a una situación de hecho que era necesario resolver: que el Gobierno, para cumplir con la ley, dispuso de 338.705.232 escudos, con lo cual sólo pudo pagar 40 % del reajuste acordado; y que debía solucionarse el problema del 60% impago.
En las Comisiones Unidas se nos informó que un grupo de Diputados convino una fórmula de pago con sectores representativos de los pensionados de las Fuerzas Armadas. Estos últimos fueron escuchados y expresaron ser mayoritarios; si no me equivoco no tengo claras las cifras dijeron representar el 70% de dicho personal. En comunicación recibida por la mayoría de los parlamentarios se nos informó que únicamente 700 personas estaban en desacuerdo, y que este sector, presidido por el General en Retiro señor Valdés, y por un grupo de suboficiales, había llegado a un acuerdo.
Distintos parlamentarios, en reiteradas oportunidades, preguntamos a los funcionarios del Ministerio de Defensa si efectivamente el proyecto era producto de un acuerdo con representantes de un muy importante sector de jubilados y montepiadas; la respuesta fue afirmativa y figura en el informe. Pero ello puede ser de importancia relativa frente a la independencia que deben tener los señores Senadores para legislar y en la forma que crean más conveniente para Chile y para los sectores cuyos intereses representan.
En el proyecto repito se resuelve el pago del porcentaje adeudado, aunque no se da cumplimiento a la ley 17.267, que estipula que el total del reajuste debe ser pagado de una sola vez, criterio que en su oportunidad el señor Ministro aceptó, pero argüyó que no existían recursos suficientes para llevarlo a la práctica.
En verdad, ahora se pretende pagar cierta cantidad más en dinero efectivo. A fin de ser lo más exacto posible en la discusión general, no obstante conocer todo el detalle del problema, por haber participado en discusiones de muchas horas, citaré una frase del informe de las Comisiones, que en la página 3 dice que el proyecto "otorga recursos que permitirán financiar los incrementos de 20% en dinero para completar el reajuste a pagarse a partir de julio y de octubre de este año". En otras palabras: se paga 40% del reajuste en dinero efectivo; a partir del 1° de julio, se completa 60% del mismo modo; y desde el 1° de octubre se entera 80%, también en dinero efectivo.
El Ejecutivo expresó en su oportunidad espero que el señor Ministro de Hacienda nos haga saber su pensamiento al respecto que no tenía recursos para pagar en dinero efectivo esas cuotas de 20% hasta enterar 80% del reajuste, pues para ello requería la cantidad de 127.016.636 escudos. Esto es lo que se pretende financiar por distintos artículos del proyecto en debate, que fueron aprobados por unanimidad en la Cámara de Diputados y dos de ellos aceptados también por unanimidad en las Comisiones del Senado.
Ubicado el problema en esta forma, tenemos que un porcentaje importante del reajuste será pagado en dinero efectivo hasta el 31 de diciembre y que serán solventadas en bonos las diferencias que se produjeren, como puede apreciarse en el cuadro que aparece al final del informe de las Comisiones.
El debate al cual se refirió el Honorable señor Montes, efectivamente se produjo en las Comisiones, y en él Su Señoría y otros señores Senadores expresaron su pensamiento. Pero todos votamos por la idea de legislar, porque reconocimos la existencia del problema, de una situación de hecho, independiente de lo que deseábamos. Debíamos adoptar una decisión como la que tomó la Cámara, donde se produjo el mismo problema: se encontró ante el acuerdo a que llegó por lo menos un sector de los jubilados y montepiadas; y decidió afirmativamente. De ahí que ahora el Senado discuta el primer informe recaído en el proyecto aprobado por la Cámara.
El único debate que en las Comisiones tuvo fuerza, importancia e interés fue el relativo al aspecto financiero. La derogación de la franquicia existente para la importación de camiones en las zonas liberadas, que constituía la parte del artículo 7º de la Cámara que fue rechazada, copó prácticamente el total de la discusión, y al respecto hubo muy distintas opiniones. Los parlamentarios de las zonas liberadas plantearon la situación de las respectivas regiones; los del centro el Honorable señor Ballesteros y el que habla, la de los transportistas afectados por la competencia desleal de quienes no pagan los derechos de aduana respectivos. La minería también expresó sus argumentos, algunos muy restringidos y otros más amplios como los del Honorable señor Silva Ulloa, a fin de incluir, en alguna forma, a la minería pequeña y mediana entre los que quedaren exentos de pagar los derechos mencionados.
Se nos dijo que en la medida en que nosotros lográramos incrementar el financiamiento ruego al señor Ministro de Hacienda escuchar esta parte de mis palabras se aumentaría el pago; o sea, que procuráramos disminuir el aspecto de los bonos en tanto cuanto pudiéramos encontrar los recursos necesarios. Sin embargo, sólo hemos alcanzado a financiar alrededor de 127 millones de escudos, porque rechazamos la norma referente a los camiones, que proveía de recursos por una suma cercana o superior a 190 millones de escudos, cifra discutida por algunos señores parlamentarios, pero que, según se nos informa, es la real.
Las Comisiones aceptaron que esta materia fuera motivo del debate central del segundo informe, como también lo serán posiblemente algunas indicaciones rechazadas que serán renovadas, según se nos dijo.
El Gobierno se comprometió a proponer, hasta donde le fuera posible, o bien un nuevo financiamiento, o bien uno distinto respecto de la importación de camiones o chasis, que consistiría en que por los camiones nuevos destinados a competir en el resto del territorio, se pagara 100% de derechos, es decir lo mismo que se aplica a los que entran al país por los otros puertos; 80% por los que tuvieran un año de uso; 60% por los de más de dos años; 40% por los de dos a cinco años de uso; y 20% por los demás. Se manifestó que ese impuesto produciría unos 30 millones de escudos. En este rubro, la importación ha sido poca. Creo que en el último tiempo alcanza a unos 76 camiones por año, término medio.
Como lo he dicho, el gran debate se centró en el financiamiento. No había unanimidad en las Comisiones, pues algunos sectores creían que debía operarse en determinada forma, y otros, de modo diferente. Y fueron Senadores de otras Comisiones, entre ellos, si no me equivoco, el Honorable señor Chadwick, a defender sus puntos de vista en ese debate, que se convirtió en fundamental.
Deseo expresar que de parte de los Senadores radicales ha existido durante muchos años preocupación por solucionar problemas de índole económica. El Honorable señor Aguirre Doolan creo que es miembro de la Comisión de Defensa hace ya cerca de 30 años y el que habla, junto con otros señores Senadores, en especial el Honorable señor Contreras, que han sido paladines en luchas de esta clase, hemos procurado en muchas oportunidades resolver tales problemas. Tal vez se debe a que somos parlamentarios de zonas portuarias, donde existen grandes sectores de jubilados que nos traen sus angustias para que nosotros les demos solución o porque creemos en la justicia social. A mi juicio, debe ser preocupación permanente de los sectores parlamentarios el destino de quienes viven de un sueldo o salario, pensión o montepíos, que constituye el pan de todos los días de ese importante grupo de nuestra población.
Por tales razones, hemos colaborado en esta oportunidad y hemos procurado, en cierto sentido, no alargar el debate, a pesar de que hubiéramos querido decir muchas cosas, hacer algunos recuerdos históricos de la forma cómo se ha desarrollado la ley, pero reconocemos que a 15 ó 20 días del término de las actividades parlamentarias para dedicarnos a la campaña electoral, nos queda muy poco tiempo para tratar esta iniciativa y la que otorga recursos para el Fondo de Pensiones del Servicio de Seguro Social, pues ambas requieren segundo informe para proceder a su despacho.
Por eso, hemos sintetizado nuestro pensamiento, a fin de lograr una rápida solución.
Los parlamentarios radicales votaremos a favor de la idea de legislar y pondremos todo nuestro interés para lograr prontamente, por medio del segundo informe, las soluciones que los distintos señores Senadores propongan a las objeciones que la iniciativa les merece, como es la referente a los bonos, respecto de los cuales se procuró otorgar la mayor cantidad de beneficios. Igualmente estudiaremos la indicación formulada por el Honorable señor Silva Ulloa, que concede un reajuste destinado a mantener el poder adquisitivo de lo que se adeuda, reajuste que el señor Ministro ha manifestado que ascenderá a 59 millones de escudos.
Hemos tratado por todos los medios de no provocar una erosión, un trastorno del poder de compra por este atraso en el cumplimiento de la obligación legal.
Puede ser que nuestros esfuerzos no sean suficientes. Lo admito, pero evidentemente nuestros votos y estudios apoyarán, en el segundo informe, todas las indicaciones que tiendan a resolver dificultades y mejorar el proyecto.
Los Senadores radicales, repito, votaremos a favor la idea de legislar.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).
Ante todo, deseo aclarar la posición del Ejecutivo frente a este proyecto de iniciativa parlamentaria tendiente a lograr el pago del saldo del reajuste de los pensionados de las Fuerzas Armadas, derivado del mejoramiento otorgado al personal en actividad.
El Honorable señor Montes expresó que el Gobierno habría afirmado que el proyecto del cual derivó el problema estaba financiado. Al respecto, bastaría ver las actas del Senado y de la Cámara de Diputados para comprobar lo contrario.
El Ministro que habla expuso ante el Parlamento que, indiscutiblemente, en los términos planteados por el Ejecutivo, la iniciativa carecía de problemas de financiamiento. Pero aquel proyecto señalaba que el pago del personal en actividad se haría en el transcurso del año, y el del sector pasivo, en tres etapas. La indicación pertinente fue presentada en la Comisión de Hacienda de la Cámara y se aprobó inclusive con los votos del Partido Comunista, que representa el Honorable señor Montes. Sin embargo, el criterio del Ejecutivo fue alterado en las Comisiones del Senado. En ellas el Gobierno inclusive reclamó de la inconstitucionalidad de la indicación que obligaba al pago en una sola etapa por tratarse de una disposición que establecía pago de remuneraciones de cargo fiscal, sin especificar el correspondiente financiamiento.
Recuerdo que en esa oportunidad se dieron cifras, y el Ejecutivo, durante la discusión del veto, insistió en la necesidad de reponer el pago en etapas» el cual llegó a ser pactado por representantes de los pensionados. Además, se advirtió que el rechazo del veto llevaría a un incumplimiento de la ley por la imposibilidad de contar con los recursos necesarios para solventar esos gastos.
La tramitación de este proyecto de ley corrobora lo afirmado en esa ocasión por el Gobierno, puesto que se ha comprobado que no existen fondos, que deben éstos buscarse para proceder al pago del reajuste de las pensiones.
Según entiendo, esta iniciativa, de origen parlamentario, fue pactada y acordada con los pensionados. Así lo manifestó el Honorable señor Bossay, y también lo habrían hecho algunos representantes de la organización mayoritaria de aquéllos.
En tal acuerdo se consigna fundamentalmente lo señalado en el artículo 1°, es decir, el pago del saldo con bonos reajustabas, con tasas de interés y usos múltiples. Su rescate no sólo se fija en el plazo de dos años, sino que también se permite con ellos el pago de diferentes tipos de obligaciones o inversiones a favor de los beneficiarios titulares de los bonos.
Considero útil repasar un poco las cifras en lo referente al proyecto. El costo total del reajuste de pensiones, sin contar la indicación hecha por el Honorable señor Silva Ulloa que propone reajustar el saldo adeudado de acuerdo con el índice del alza del costo de la vida experimentado en el presente año, que, como dijo el Honorable señor Bossay, representa un gasto de 59 millones de escudos, ascenderá a una suma cercana, en 1970, a los 530 millones de escudos.
El señor SILVA ULLOA.-
¿Me permite una interrupción?
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).
No tengo inconveniente.
El señor PABLO (Presidente).-
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA .-
Comparto lo expresado aquí, especialmente por el Honorable señor Bossay, con relación al proyecto.
Pero me parece que constituiría una injusticia incalificable el que no tuvieran valor constante, en el período comprendido entre la fecha en que debieron pagarse y la emisión del bono, los dineros que, por no haberse entregado oportunamente, no terminarán de pagarse sino al vencimiento de los bonos que se emitan a contar del 1º de enero de 1971 en virtud de la facultad que este proyecto concede.
La verdad es que el monto del reajuste no ha sido determinado por el Congreso, porque no es responsabilidad nuestra que se haya despachado una ley sin financia miento, toda vez que los reajustes de rentas de las Fuerzas Armadas, que inciden naturalmente en los que favorecen a los pensionados, tuvieron origen en decretos con fuerza de ley dictados por el Poder Ejecutivo, después de obtener las facultades que le otorgó la mayoría del Parlamento.
En resumen, la indicación que formulé aparece de toda justicia. Puesto que fui partidario de que se pagaran de inmediato y en dinero los reajustes, trato de resguardar por lo menos el valor de la moneda que en su oportunidad se entregue, de modo que él sea constante y no deteriorado por la inflación.
Muchas gracias.
El señor ZALDIVAR (Ministro de Hacienda).-
Tal como fue aprobado el proyecto por la Cámara en sus partes fundamentales, lo fue también por las Comisiones, unidas, de Defensa y de Hacienda. El pago del 20%, a contar del 1° de julio, y del 20% adicional, desde el 1° de octubre, tiene un costo de 127 millones de escudos, de los cuales estarían financiados 106 millones de escudos, con recursos que provendrían, me parece, del proyecto relativo al Comité Programador de Inversiones de Iquique y Pisagua. En éste se establecen facilidades de pago para los deudores morosos de impuestos, cuyo rendimiento alcanzaría a 80 millones de escudos. A ellos, se agregan los 12 millones que se consignan en esta iniciativa, por disposición aprobada por unanimidad en la Cámara y en las Comisiones del Senado.
A mi juicio, el problema planteado por el artículo 7° del proyecto de la Cámara merece preocupación del Senado, pues del mecanismo en cuestión podría obtenerse el saldo necesario para financiar la suma que media entre los 80 millones a que me he referido, más los 12 millones adicionales derivados del artículo 12, hasta los 127 millones que se necesitan; y tal vez exceder esa cantidad, de modo que el pago en bonos fuera menor, y mayor la cantidad que pudiera pagarse en dinero.
Sé que respecto de este asunto existen zonas interesadas en defender determinados mecanismos de franquicias que hoy día tienen para la internación de camiones, como también las hay sobre todo, regiones del centro que tratan de que sea eliminado ese tipo de exenciones, que en definitiva sólo han provocado distorsiones y competencia desleal entre los transportistas del país.
Reconozco que el problema es difícil. La indicación no fue iniciativa del Gobierno, sino que tuvo su origen en la Cámara de Diputados, en la cual contó con el apoyo de todos los sectores, salvo la abstención del Partido Comunista.
Tal como fue aprobada en la Cámara, tiende a eliminar las franquicias para la internación de camiones en zonas que gozan de liberación, como también en otras en que existe igual privilegio para ciertas actividades. Según informaciones entregadas por el Banco Central, la internación de mil camiones de tonelaje superior a ocho toneladas y la de 500 camiones de tonelaje menor una y media a dos y media toneladas, que no se producen actualmente por la industria automotriz nacional, podría rendir, por concepto de derechos aduaneros, partiendo de un nivel de arancel de 90% para los camiones de 10 toneladas, una cantidad aproximada de 198 millones de escudos. En esta suma se incluye al respecto deseo rectificar una información que proporcioné en las Comisiones Unidas el impuesto que se aplicaría a los actuales dueños de camiones que los internaron con franquicias y que los utilizan para transportes en el resto del país. Tales derechos, que se cobrarían en escala decreciente, es decir tomando en cuenta los años de uso de los vehículos, podrían rendir unos 40 millones de escudos, y en total se completaría la suma que he señalado, de 198 millones.
Este artículo no se rechazó en forma definitiva, sino más bien con el fin de posibilitar el reestudio de una fórmula distinta al discutirse el segundo informe. Personalmente, creo que la indicación aprobada en la Cámara saneará una situación discriminatoria. Estoy consciente de que se provocan problemas a los potenciales importadores de las zonas liberadas. Sin embargo, no se perjudica a quienes ya han importado camiones. Por el contrario, creo que si estos transportistas se acogen al pago de impuestos decrecientes, de acuerdo con los años de uso de los vehículos, podrán aprovechar en forma más efectiva un capital que hoy día sólo utilizan de manera parcial, pues únicamente pueden hacer fletes desde las zonas liberadas al centro del país, pero no retornar fletes hacia ellas. Así debe de ser, por lo menos desde el punto de vista legal, porque normalmente existen reclamos de los transportistas de la zona central, en el sentido de que se infringen las normas pertinentes, produciéndose, como decía, una competencia desleal entre los de las zonas liberadas y los de las gravadas.
Considero positivo cualquier esfuerzo que se haga con el fin de buscar financiamiento a la iniciativa mediante un mecanismo como éste, pues de ese modo podrían obtenerse recursos para incrementar el monto de los pagos que se harán al personal en retiro de las Fuerzas Armadas inclusive más allá de lo dispuesto en el artículo 1°.
Debo dejar constancia, sí, de que por medio de ese tipo de importaciones no se obtendrán fondos inmediatamente, sino en un lapso aproximado de ocho meses.
En el proyecto también se consigna un artículo de iniciativa parlamentaria y aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados en virtud del cual se destinan al financiamiento de la ley en proyecto los recursos que obtenga el Banco Central por la emisión de monedas en conformidad a la ley 16.724.
Sobre el particular, informé a las Comisiones que el beneficio que obtendría el Banco Central si se finiquitara tal operación ascendería a cerca de dos millones de dólares, pero que ello se produciría en un lapso aproximado de dos años, porque la Casa de Moneda tiene capacidad limitada para emitir y colocar.
No quiero expresar opinión favorable ni contraria a ese artículo, pues sobre la materia he sostenido largos debates en el Senado y también he formulado diversas declaraciones respecto de la legitimidad de la operación en referencia.
Indudablemente, si el Congreso Nacional quiere destinar al financiamiento de la iniciativa los recursos que se obtengan por esa vía, el Ejecutivo no puede hacer objeciones. No obstante, debe reiterar el criterio que mantiene acerca de la situación producida con motivo de la autorización otorgada mediante la ley 16.724.
Insisto en que el proyecto, de iniciativa parlamentaria, es fruto del acuerdo a que llegaron los congresistas que dieron partida a la moción legislativa y los representantes de los pensionados de las Fuerzas Armadas.
El señor BALLESTEROS.-
Señor Presidente, quiero expresar en forma breve que los Senadores democratacristianos apoyamos la iniciativa, en primer lugar, porque resuelve un problema que requiere urgente atención estamos conscientes de ello y, en segundo término, porque tener mos la convicción de que da respuesta a una petición mayoritaria no unánime, pues en estos casos nunca hay consenso, de los sectores afectados, que mediante su organización representativa han hecho presente en las Comisiones, y a muchos Senadores en particular, su anhelo de que el proyecto se despache en la forma como lo estamos haciendo.
Por último, anticipo que en la discusión particular esperamos que sea tan corta como ésta haremos uso de nuestro derecho a intervenir respecto de cada una de sus disposiciones.
El señor ALTAMIRANO.-
Seré muy breve.
Hemos recibido recientemente el informe de las Comisiones. Aún no lo leemos. Sin embargo, anuncio que los Senadores socialistas, del mismo modo como lo han hecho otros sectores, aprobaremos la idea de legislar exclusivamente porque lo solicitó un sector de las Fuerzas Armadas, al parecer mayoritario.
Tal como manifestaron los Honorables señores Montes y Bossay, es necesario dejar claramente establecido que se sienta el gravísimo precedente de cancelar los reajustes, no en dinero, sino en bonos, que ni siquiera son reajustables. Aún más: sólo ahora se consignan recursos para efectuar un pago que debió hacerse a comienzos del año en curso.
Ese precedente es muy grave, sobre todo si consideramos que, contrariamente a lo sostenido por el señor Ministro de Hacienda, el proyecto que reajustó las remuneraciones de las Fuerzas Armadas llegó desfinanciado al Parlamento, motivo que indujo al Senador que habla a plantear el problema de su inconstitucionalidad.
La argumentación que en ese entonces daba el señor Ministro, que hoy aparece cambiada, según lo que sostuvo en la Sala, era la de que ese proyecto que el Ejecutivo materializó pidiendo delegación de facultades, no motu proprio, sino como consecuencia de un pronunciamiento militar dirigido por el General Viaux, mediante el "tacnazo"se financiaría, en primer lugar, con las fuentes de recursos establecidas en él; en segundo término, ante la posibilidad de que esos fondos no fueran suficientes en realidad, así era, el mensaje señalaba que la iniciativa se financiaría mediante el proyecto general de reajustes, y, por último, como tercer expediente, establecía que si de esa manera tampoco se lograba allegar los recursos necesarios, el problema se resolvería por medio de la ley de Presupuestos. En consecuencia, el Gobierno tuvo tres instancias para financiar la iniciativa. No logró hacerlo, y esto motivó la acusación constitucional que se dedujo en contra del señor Ministro de Defensa. Por lo tanto, ni el Congreso ni los parlamentarios de la Unidad Popular son responsables de que ese proyecto careciera de financiamiento. Nosotros planteamos el problema desde el primer instante.
En verdad, el Ejecutivo pretendía otorgar un reajusté bastante inferior al que concedió en definitiva. Además, los recursos con que contaba, en el hecho o en su imaginación, no fueron suficientes. Por eso, se recurrió al simple expediente de consignar el pago en dinero al personal en servicio activo, dejándose para las calendas griegas la cancelación del reajuste correspondiente al sector que no porta armas.
Desde un comienzo sostuvimos que esto era injusto, aparte entrañar abierta inconstitucionalidad, porque el Gobierno no daba cumplimiento a un decreto con fuerza de ley que dictó de acuerdo con la facultad que le entregó el Congreso. Si sólo disponía de recursos para pagar en promedio 88% del reajuste total, estaba obligado legalmente a buscar nuevos fondos para financiar el resto.
Ante el peligro de que el personal pasivo de las Fuerzas Armadas sea postergado nuevamente, sólo nos resta aprobar la idea de legislar, sin perjuicio de que en las Comisiones intentemos buscar nuevas fuentes de recursos, a fin de que, como dijo el Honorable señor Bossay, se pague el máximo en dinero y el mínimo en bonos.
El señor VALENTE.-
Señor Presidente, el Honorable señor Montes ya dio a conocer el pensamiento de los Senadores comunistas respecto de esta iniciativa destinada a cancelar parte del reajuste del personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros.
Dedicaré algunos minutos al análisis del financiamiento, por estimar de interés que el Senado conozca algunos antecedentes sobre la materia.
El artículo 7º aprobado por la Cámara derogaba todas las disposiciones legales que otorgan exenciones para la internación de camiones y camionetas y sus respectivos chasis, manteniendo sólo las que favorecen a los cuerpos de bomberos, a las municipalidades y a la pequeña minería. Ese artículo afectaba a las zonas liberadas de Arica, Iquique, Pisagua, Tocopilla, Antofagasta, Taltal y Chañaral; a otras zonas de la provincia de Atacama, y a las provincias de Chiloé, Aisén y Magallanes.
En las Comisiones unidas de Defensa y de Hacienda, demostramos dos consecuencias que derivarían de la aprobación de ese precepto: una, la crisis que provocaría en las actividades industriales, mineras, artesanales y agrícolas de las zonas señaladas, y la distorsión de todos los planes en desarrollo; y otra, la inefectividad de un rendimiento como el estimado por los autores de la indicación.
Se señaló en las Comisiones que el rendimiento que produciría la derogación de esas liberaciones alcanzaría a 198 millones de escudos, más 30 millones que rendiría el impuesto de 20% que deberían pagar los propietarios de camiones internados por las zonas liberadas que desarrollaran la actividad del transporte fuera de ellas. La internación de esos vehículos se hace en tales zonas con el incentivo de las franquicias. Si éstas se suprimen, no habrá importaciones, por lo elevado de los derechos e impuestos; si no hay internaciones, tampoco habrá impuestos, y si no hay impuestos, no existirá financiamiento, como es evidente. Por lo tanto, esa derogación, más que a financiar la iniciativa, tiende a perjudicar a las zonas extremas del país, que requieren, como muy bien saben los señores Senadores también lo han comprendido las Fuerzas Armadas de nuestra patria, de una leal y amplia protección por parte de los Poderes Públicos.
La mayoría de las Comisiones así lo entendió, y con una comprensión que debo agradecer en nombre de la zona que represento, estimó inconveniente mantener el artículo 7º, por lo que el precepto se rechazó.
Allí adquirimos, sí, el compromiso de buscar un financiamiento adecuado, real, que no afecte a las zonas extremas ni a los sectores más pobres de la población, para que el proyecto se despache debidamente financiado.
Por otra parte, el artículo 8º dispone que los excedentes que se produzcan en la cuenta "Deudores Morosos", de acuerdo con las facilidades que se otorgan para el pago de impuestos y contribuciones, se destinen íntegramente a financiar el reajuste. El rendimiento de esta norma, a juicio del señor Ministro de Hacienda, será de 70 a 80 millones de escudos.
También se destinan a financiar el reajuste las ganancias que produzcan las acuñaciones de monedas de oro y plata, lo que rinde 2 millones de dólares; aproximadamente, 24 millones de escudos.
Por último, el resto del financiamiento corresponde a una fórmula planteada por el señor Ministro y que, según entiendo, está en estudio en la Superintendencia de Aduanas: reponer un beneficio para la zona norte en ello está de acuerdo el señor Ministro de Hacienda, consistente en un impuesto de 25%, cuyo rendimiento se destinaría en forma íntegra a financiar también la iniciativa legal en debate.
La Comisión rechazó algunos beneficios, que se entregaban al personal en retiro de las Fuerzas Armadas. Son los contenidos, por ejemplo, en el artículo 2º, mediante el cual se aplicaba a cierto personal de suboficiales llamados a retiro con fecha 30 de junio de 1969, al cual no se habrían dado los seis meses de rigor o reglamento los beneficios establecidos en el D.F.L. N° 1, de 1970, que se conoce con el nombre de Estatuto de las Fuerzas Armadas.
Se rechazó, igualmente, el beneficio consignado en el artículo 4º, que otorgaba al personal a jornal de la planta permanente que fue contratado dentro del escalafón de Gente de Mar, filiación azul, así como a sus montepíos, para los efectos del encasillamento en el respectivo escalafón, el derecho a que se le considere el mismo grado que tenía en su condición de jornal y no aquel que resultare del promedio de la renta mensual que cada uno ganaba.
Nosotros estimamos de justicia conceder estos beneficios al personal de las Fuerzas Armadas, bastante modestos, por lo demás. Por eso, les dimos nuestros votos; pero, por desgracia, en las Comisiones no hubo mayoría para aceptarlos. De manera que se rechazaron los artículos pertinentes. En todo caso, tanto al estudiarse el segundo informe en las Comisiones unidas, como al discutirse en particular el proyecto en la Sala, insistiremos en estas dos indicaciones, en la esperanza de que la mayoría de los Senadores miembros de las Comisiones de Hacienda y de Defensa Nacional, unidas, nos acompañen con su votación, a fin de no perjudicar a estos personales que necesitan esos beneficios en forma urgente.
El señor SILVA ULLOA.-
Señor Presidente, a pesar de que participé en la discusión de esta iniciativa en las Comisiones, la verdad es que habría deseado que no hubiera sido necesario legislar en la materia. Pero nos hemos encontrado frente a una situación de hecho: el personal en retiro de las Fuerzas Armadas ha percibido hasta este instante sólo 40% del reajuste que le corresponde recibir en virtud de los decretos con fuerza de ley dictados por el Ejecutivo. El Gobierno tenía la responsabilidad de enterar el 100%, y no lo ha podido hacer por haber carecido de los recursos.
Insisto en que el gasto fue creado exclusivamente por iniciativa gubernamental, ya que los reajustes tuvieron origen en la dictación de los decretos con fuerza de ley. En todo caso, estimo obligación nuestra no aparecer renuentes a solucionar la situación tan grave que afecta a los personales de la Defensa Nacional, Carabineros e Investigaciones.
Ya varios señores Senadores se han referido al financiamiento. No insistiré en ello, toda vez que hay constancia de cómo actué en cada una de las votaciones que debimos efectuar en las Comisiones unidas.
Quiero insistir, sí, en que la indicación que complementa el artículo 1°, que da valor estable a la parte que se adeuda del reajuste, me parece de justicia evidente. Espero que esta disposición se apruebe en todos los trámites constitucionales del proyecto y se convierta en ley.
En seguida, quiero referirme muy brevemente al problema planteado por el señor Ministro de Hacienda respecto de la derogación de las franquicias de que gozan las internaciones de camiones y camionetas en las zonas liberadas. Al parecer, cuando se presentan indicaciones de esta naturaleza, no se hace un examen racional de la economía del país, que constituye un solo todo. Se trata de buscar, mediante indicaciones "recursistas", la solución de problemas de financiamiento. Pero un estudio detenido de esta materia tendrá que llevar, al señor Ministro y a todos los señores Senadores, al convencimiento de que la derogación que se propone causará perjuicios de magnitud incalculable a las zonas extremas del país. Porque es indudable que uno de los elementos de mayor incidencia en el alza del costo de la vida es el valor de los transportes, y al derogarse las franquicias, los fletes vigentes en esas zonas, que permiten abastecer al centro del país y, a la vez, llevar productos de la zona central a las regiones liberadas, se recargarían en más de 100%. Ello tornaría desesperada la situación de los habitantes de las zonas liberadas, trátese de Chiloé, Aisén y Magallanes o de las provincias de Atacama, Antofagasta y Tarapacá.
Por eso, si se llega a formular la indicación, espero demostrar a las Comisiones Unidas, primero, y a la Sala, después, la inconveniencia de imponer esta clase de tributos.
Pensamos que si hay abusos, ellos deben corregirse. Pero la forma como proceden algunos economistas de nuestra patria hace recordar aquel viejo cuento del sofá de Don Otto. Ellos creen que vendiendo el sofá se termina el problema. Yo sostengo todo lo contrario: debemos estudiar en forma racional lo que significan para la economía chilena las zonas extremas del norte y del sur del país, y después resolver.
Por eso, en general, votaré favorablemente el proyecto.
Además, he formulado indicación para restituir algunos artículos que fueron suprimidos por las Comisiones y aprobados por la Cámara. Y, desde luego, seguiremos participando, en la medida de nuestras fuerzas, para obtener la mejor ley posible.
El señor PABLO (Presidente).-
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra. Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto. Aprobado.
Como se han formulado varias indicaciones, el proyecto debe pasar a Comisión para segundo informe.
El señor BOSSAY.-
¿Me permite, señor Presidente?
Quiero sugerir la conveniencia de dar plazo para presentar indicaciones, por ejemplo, hasta mañana, pues me acaban de decir que también enviarán para nuestra consideración el proyecto relacionado con la reestructuración de la Dirección General de Estadística y Censos, aparta tener que estudiar el segundo informe de la iniciativa referente al Fondo de Seguro Social, que también será objeto, al parecer, de numerosas indicaciones. Entonces, si vamos a completar la semana próxima con el análisis de tres o cuatro proyectos, pido fijar plazo para presentar indicaciones respecto del que ahora nos ocupa hasta el día de mañana, y si fuera posible, que el presidente de las Comisiones nos citara para el lunes a mediodía. De este modo, lo referente al Seguro Social podría ser despachado también en la misma semana.
El señor PABLO (Presidente).-
¿Habría acuerdo para fijar plazo hasta pasado mañana, sábado, a las once del día?
Acordado.
Terminada la discusión del proyecto.
El señor CHADWICK.-
Pido la palabra para referirme a un asunto personal, que también atañe a la dignidad y respeto del Senado.
El señor PABLO (Presidente).-
Con la venia de la Sala, puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515/seccion/akn590515-po1
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/590515