El señor CHADWICK. Los temores del Diputado señor Torres, que ha hecho presentes el Honorable señor Noemi, en realidad no tienen cabida, porque en el fondo se trata de atender a una zona que está sufriendo una catástrofe que difícilmente podría apreciarse desde Santiago, sin visitarla para cuantificar hasta dónde llegan el desempleo y la desesperación que afligen a la totalidad de los habitantes de las dos provincias. No es más que un argumento aparente la afirmación de que algunos empleados o funcionarios no están sufriendo directamente los efectos de la sequía, pues, en verdad, éstos deben soportar las consecuencias de mantener a miembros de sus familias que han debido emigrar de sus sitios habituales de trabajo, el encarecimiento de los productos derivados de la catástrofe que está asolando a la región, etcétera. Esta materia fue debatida en la Comisión de Trabajo. La unanimidad de sus miembros prestaron oídos a estos argumentos, y los aceptaron. En cuanto al sentimiento de aprensión que podría existir entre los empleados particulares, estoy absolutamente convencido de que el Gobierno, que conoce lo ocurrido en las dos provincias por las informaciones de sus intendentes y gobernadores, no podrá negarse a dar este auxilio extraordinario, que no es una donación, sino un préstamo recuperable en las condiciones gue señale el reglamento. El Presidente de la República queda con facultad para regular las modalidades de plazo y de recuperación de los créditos. Tampoco es válido el argumento de que algunos institutos de previsión no tendrían recursos suficientes, pues la Comisión ha abierto dos posibilidades: una, que ya viene en el primer informe, consistente en ubicar el problema en su significación social yo diría en el aspecto nacional, en considerar, como lo ha declarado el decreto respectivo, que la región está afligida por una calamidad pública, con el objeto de que las instituciones que no dispongan de fondos suficientes puedan ser ayudadas transitoriamente por el Ejecutivo, a fin de que otorguen los préstamos; y otra, como norma general, la de acudir a los excedentes, que en algunas instituciones de previsión los hay en importante medida. Sabemos, por ejemplo, que la Caja de Previsión de los Empleados Particulares tiene en estos momentos excedentes cercanos a 140 millones de escudos, resultantes de la resistencia del personal en actividad a hacer uso de su derecho a jubilar, porque son tan desfavorables los términos en que pueden hacerlo, que prefieren seguir trabajando. Además, si no hubiera recursos suficientes en las respectivas instituciones de previsión, podría tramitarse un empréstito, porque, en el fondo, los imponentes estarán siempre obligados a la restitución, y en la práctica, así ha ocurrido. Por lo demás, ésta no es la primera medida de esta naturaleza que, con motivo de la sequía, favorece a los trabajadores de la provincia de Coquimbo. En 1947 si no me equivoco, se concedió un préstamo que en la zona es conocido por el nombre del autor de la iniciativa, don Luis Aguilera, y en esa oportunidad se obtuvo una recuperación cercana al ciento por ciento. A mi juicio, no existe ninguna razón atendible para dudar de que los imponentes, activos o jubilados, puedan acogerse a este beneficio. El Honorable señor Noemi observa que en algunos casos podrían faltar recursos. Si así sucediera, podría recurrirse al 2% constitucional, y si el Presidente de la República lo estima conveniente, al mecanismo del préstamo bancario.