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- rdf:value = " El señor LUENGO.- Deseo comenzar mis palabras manifestando también mi repudio y el de mi partido por el luctuoso acto ocurrido a las ocho y cuarto de esta mañana, cuando un grupo de personas hasta ahora no identificadas interceptaron el paso del automóvil del señor Rene Schneider, Comandante en Jefe del Ejército, y atentaron contra su vida con el objeto de provocar consecuencias que hasta ahora no podemos imaginar. El hecho de esta mañana es uno más de la cadena que se ha venido produciendo este último tiempo, consecuencia del resultado de la elección presidencial del 4 de septiembre recién pasado.
Parece que en Chile hubiera sectores que no se conforman de haber perdido la elección presidencial; sectores para quienes sólo ellos tienen derecho a ganar los comicios a los que concurre el pueblo a expresar su opinión libremente. En cambio, niegan en forma permanente ese derecho a la Izquierda de Chile, que triunfó en la elección del 4 de septiembre.
Espero que el Gobierno investigue estos hechos con la debida decisión. Ya no es posible, a estas alturas, que sigan ocurriendo sucesos como el de esta mañana, que en definitiva no logran esclarecerse en forma adecuada.
Son muchos los capítulos por los cuales nosotros podríamos reclamar en contra de la lenidad que el Ejecutivo ha estado mostrando de manera inalterable en este último tiempo frente a delitos de que han sido víctimas ciudadanos del país, a hechos que, como es evidente, han tenido por objeto provocar desorden público u otras consecuencias.
Por eso, pienso que ahora, cuando se ha atentado contra la vida del más alto jefe del Ejército chileno, el Gobierno no podrá mantener una actitud pasiva como la que hemos visto hasta estos momentos, y espero que en esta oportunidad proceda con la máxima energía.
Hoy hemos estado celebrando una sesión especial del Senado destinada a despachar un proyecto sobre reformas constitucionales, las que tienen por finalidad ampliar las garantías que la Carta Fundamental consagra, mejorar las disposiciones actualmente contenidas en ese texto acerca de las garantías individuales, incorporar a ellas los derechos sociales y precisar todo cuanto pueda significar perfeccionamiento de nuestro régimen democrático.
Pues bien, en esta sesión numerosos Senadores han tenido oportunidad de ir desmenuzando cada una de estas normas, a fin de establecer sus diferentes alcances.
Quiero señalar que, cualquiera que sea la opinión que se pueda manifestar por uno u otro señor Senador, en todo caso hay algo evidente: esta reforma constitucional tiende a asegurar la supervivencia del régimen democrático, a perfeccionarlo y a dar mayor tranquilidad al país, que ha estado injustificadamente intranquilo desde el 4 de septiembre recién pasado.
Como es de público conocimiento, las reformas que hoy día aprobaremos fueron discutidas y convenidas entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana. Se ha dicho que el contexto de los preceptos en referencia constituye un estatuto de garantías que ha exigido la Democracia Cristiana para entregar sus votos en el Congreso Pleno del próximo 24 de octubre al candidato que obtuvo la primera mayoría relativa en la elección recién pasada. Yo diría que esto no es tan así. No se trata exactamente de que la Democracia Cristiana haya 'querido poner condiciones a la Unidad Popular y que ésta se haya visto obligada a aceptarlas para contar con los votos favorables del Partido de Gobierno. La verdad es que la inmensa mayoría de las reformas que hoy estamos incorporando a nuestra Carta Fundamental ya habían sido antes discutidas en la Comisión Especial de Reformas Constitucionales que funcionó en esta Corporación convinimos casi en la mayoría de do; y es verdad también que en esa Comisión convenimos casi en la mayoría de estas reformas. Por consiguiente, no se trata de hechos nuevos, de cosas que nunca antes se plantearon, ni mucho menos de exigencias que la Unidad Popular se haya resistido a aceptar. Muy por el contrario, las ideas y principios que estamos consignando corresponden a ideas y principios sentidos profundamente por la Unidad Popular. Son principios por los cuales hemos estado luchando largamente hasta alcanzar el poder.
Por eso, no hemos tenido inconveniente en aceptar que el proyecto de reforma constitucional se tramite en forma urgente, con el objeto de dejar de manifiesto ante la opinión pública del país la buena fe, la buena intención con que la Unidad Popular está concurriendo a cristalizar este acuerdo con la Democracia Cristiana. Todo se ha hecho a la luz pública, y cualquiera que lea los diarios en Chile ha podido informarse debidamente de los pasos que se han estado dando y las razones por las cuales se han aceptado unas y otras de las disposiciones contenidas en el contexto de las normas que ahora aprobaremos. Por eso, nadie que de buena fe haya seguido los trámites que dieron origen a este proyecto podría decir que ha habido presiones de un sector o de otro o que han surgido inconvenientes o dificultades por parte de algunas de las agrupaciones que convinimos en las reformas. Ellas representan la opinión inmensamente mayoritaria del Congreso. Por eso, pueden ser aprobadas con rapidez. Nosotros, desde luego, tenemos la intención de incorporarlas cuanto antes a la Constitución Política.
Por esa misma razón, no podemos aceptar el criterio sustentado por los Senadores de la Derecha, en el sentido de que a ellos no se les ha dado la oportunidad de expresar su criterio en estas materias ni han sido escuchadas sus opiniones. Sostengo que sus representantes han tenido oportunidad de participar en el debate, tanto en la Comisión como en la Sala del Senado, en las mismas condiciones en que cualquiera otra minoría del Parlamento habría podido hacerlo durante la discusión y tramitación de cualquiera otra iniciativa legal. Si ellos no concurrieron a la Comisión o asistieron a última hora para expresar su abstención, no pueden decir que haya sido porque la mayoría que estaba dispuesta a aprobar las reformas no quería oírlos.
Aquí mismo, en el Senado, acordamos, en reunión de Comités, un procedimiento destinado a escuchar a todos los sectores en igualdad de condiciones. Por lo tanto, esa afirmación carece de validez, y, en mi opinión, sólo tiene por objeto aparentar ante la opinión pública que aquí se está pasando una verdadera aplanadora y no se quiere oír la opinión de los sectores minoritarios.
El señor BULNES SANFUENTES.-
¿Me permite una interrupción, Honorable Senador?
El señor LUENGO.- No sé cuánto tiempo ocuparé. Si me sobrara, se la concedería con mucho gusto.
El señor BULNES SANFUENTES.- Por desgracia, se puede aludir a las personas sin derecho a respuesta.
El señor LUENGO.- Sus Señorías lo hicieron durante mucho tiempo.
El señor BULNES SANFUENTES.- ¡No lo hemos hecho jamás!
El señor LUENGO.- Nosotros no lo estamos haciendo sobre la base de que los señores Senadores no puedan contestar.
El señor BULNES SANFUENTES.- Jamás hemos tenido una aplanadora en el Senado.
El señor LUENGO.- Sus Señorías han dispuesto de igual tiempo que cualquier otro Comité del Senado. Por consiguiente, no quieran hacerse las víctimas ahora.
Ha dicho el Honorable señor Bulnes, que me ha interrumpido, que esta iniciativa legal se está tramitando en forma anormal y constituye un engaño a la opinión pública. Son afirmaciones muy fáciles de hacer, pero muy difíciles de probar.
¿Cuál es la forma anormal como se tramita este proyecto de reformas constitucionales? La verdad es que todavía no lo hemos aprobado. Lo estamos discutiendo en una sesión larga que dura todo el día de hoy. Por lo tanto, en modo alguno ha sido aprobado en forma anormal: pasó por la Comisión respectiva y por la Sala de la Cámara de Diputados; pasó por la Comisión respectiva del Senado y hoy día lo estamos debatiendo en la Sala de esta Corporación. Por consiguiente, no veo cómo el proyecto pueda haber seguido una tramitación anormal. Inclusive, cabe advertir que aún hay tiempo más que suficiente para discutirlo, contrariamente a lo ocurrido con muchas otras iniciativas legales que han sido aprobadas en un par de minutos, sin respetar siquiera él derecho a fundar el voto.
Por otra parte, se dice que esta reforma constituye un engaño a la opinión pública, pues se ha querido hacer creer a ésta que el proyecto asegura definitivamente en Chile la supervivencia del estado de derecho y de la democracia representativa. No sé de qué manera pretende la Derecha que nosotros demos anticipadamente una garantía de que existirá en el país el estado de derecho y de que subsistirá la democracia representativa.
La Unidad Popular, durante la campaña presidencial, en el período posterior al 4 de septiembre y en los documentos que hoy estamos convirtiendo en nuevas normas constitucionales, ha estado diciendo, en forma permanente, que desea mantener la democracia representativa; que quiere mejorarla, que pretende terminar con sus vicios. La Izquierda de Chile, la Unidad Popular, ha estado siempre dispuesta a entregar sus votos favorables a cualquiera iniciativa legal tendiente a perfeccionar la democracia. Cuando se aprobó la cédula única, no fueron los partidos de Derecha quienes la propiciaron: .la impulsaron, precisamente, los partidos de Izquierda. Y no cabe duda de que, si bien el proyecto de la cédula única no terminó definitivamente con el cohecho, por lo menos, diría yo, lo disminuyó en altísimo porcentaje.
El señor HAMILTON.- Sin olvidar la participación de la Democracia Cristiana.
El señor LUENGO.- Es evidente, como me apunta el Honorable señor Hamilton, que la Democracia Cristiana también participó en la aprobación de esa iniciativa legal. He dicho hace un instante que no fue la Derecha quien la propuso, sino otros sectores, entre los cuales estaban la Izquierda y, evidentemente, también la Democracia Cristiana, así como ahora estamos contando con su apoyo para la aprobación de este nuevo proyecto de reformas constitucionales.
En el afán de sostener -repito- que el proyecto constituye un engaño a la opinión pública, se dice que estas modificaciones no aseguran la supervivencia del estado de derecho en Chile. Pero cuando no se quiere creer en las palabras ni en los hechos -porque son hechos los que estamos configurando en estos instantes, al votar favorablemente enmiendas que mejoran en forma evidente la Constitución-, no sé de qué otro argumento se puede echar mano para convencer a esos sectores, que, en mi opinión, están convencidos, aun cuando quieren demostrar a la opinión pública que no lo están. En realidad, lo que ellos desean es ;que continúe el estado de duda, esta situación de incertidumbre en que ha permanecido el país en los últimos tiempos gracias a las maniobras de sectores que se sienten políticamente desvinculados del futuro Gobierno y que han pretendido negar la legitimidad del triunfo alcanzado por el candidato de la Unidad Popular, señor Allende.
En estas enmiendas se introduce un artículo nuevo destinado a establecer una serie de derechos a favor de los partidos políticos. Pues bien, se niega toda validez al artículo y se dice que ya la Carta Fundamental había reconocido a los partidos políticos. Es efectivo que el artículo 25 de la Constitución Política los menciona. ¿Pero qué dice este artículo? "En las elecciones de Diputados y Senadores se empleará un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos."
En consecuencia, la Carta Fundamental hace mención en forma muy marginal de los partidos políticos. Es lógico que debemos entender que la Constitución los reconoce; pero no podemos negar que el artículo nuevo que se está proponiendo les da mayor categoría. Desde luego, los reconoce como personas jurídicas de derecho público y reconoce que sus objetivos son "concurrir de manera democrática a determinar de manera democrática la política nacional".
El artículo en referencia "explícita" mucho más lo que quiere reconocer a los partidos políticos al decir que "gozarán de libertad para darse la organización interna que estimen conveniente, para definir y modificar sus declaraciones de principios y programas y sus acuerdos sobre política concreta, para presentar candidatos en las elecciones de regidores, diputados, senadores y Presidente de la República, para mantener secretarías de propaganda y medios de comunicación y, en general, para desarrollar sus actividades propias. La ley podrá fijar normas que tengan por exclusivo objeto reglamentar la intervención de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos."
Y agrega:
"Los partidos políticos tendrán libre acceso a los medios de difusión y comunicación social de propiedad estatal o controlados por el Estado, en las condiciones que la ley determine, sobre la base de garantizar una adecuada expresión a las distintas corrientes de opinión en proporción a los sufragios obtenidos por cada una en la última elección general de diputados y senadores o regidores."
O sea, esta disposición está garantizando a los partidos políticos la libertad para organizarse, para establecer sus estatutos, para redactar sus principios y programas, para ser oídos y poder exponer sus ideas ante la opinión pública. Así el ciudadano elector tendrá oportunidad de votar en los comicios en conocimiento de tales principios y programas.
Una frase del nuevo artículo 99 dice:
"La ley podrá fijar normas que tengan por exclusivo objeto reglamentar la intervención de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos".
Se ha pretendido que este precepto atenta contra los partidos políticos, que constituye una regresión, que es volver muy atrás respecto de lo que expresa actualmente la Constitución.
El señor BULNES SANFUENTES.- No dije eso, señor Senador.
El señor LUENGO.- ¿Por qué no lo repite, señor Senador? Le concedo una interrupción al Honorable señor Bulnes por un par de minutos.
El señor BULNES SANFUENTES.- No tengo el texto de mi discurso, pero Su Señoría sí.
Hice presente que la disposición propuesta deja a los partidos políticos en la misma situación actual; es decir, continuarán regidos por la ley. Por lo tanto, niego verdadera importancia a esa modificación, aun cuando no me opongo a ella.
El señor LUENGO.- Muy bien, acepto lo que Su Señoría me dice.
El señor Senador sostiene que esta norma deja a los partidos políticos en la misma situación en que se encuentran en la actualidad según el texto del artículo 25 vigente.
El señor BULNES SANFUENTES.- Sí, señor Senador.
El señor LUENGO.- No es así, porque, si bien es cierto que, de conformidad al precepto constitucional recién señalado, la ley puede reglamentar la participación e intervención de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos, esa misma norma no garantiza la libertad absoluta de esas colectividades para organizarse y establecer sus principios, estatutos y programas, todo lo cual ahora elevamos a rango constitucional en el nuevo artículo 9º.
En consecuencia, hay una diferencia bastante apreciable entre ambos puntos de vista: el nuevo texto constitucional entrega a la ley la tarea de reglamentar la participación de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos, pero ella de ninguna manera podrá prohibir su organización y el establecimiento de sus programas y principios en la forma en que lo decidan, porque, de ocurrir aquello, se violaría la Carta Fundamental y los tribunales de justicia deberían declarar inconstitucional la disposición respectiva.
El señor BULNES SANFUENTES.- ¿Me permite una interrupción muy breve, señor Senador?
La libertad de los partidos políticos para fijar sus principios y programas fluye del artículo 1º de la Constitución, según el cual vivimos en un régimen republicano y democrático representativo. Por eso, sostengo que esta modificación, sin ser perturbadora, sin causar ningún perjuicio, es inocua: mantiene la situación actual, ya que entrega a la ley la tarea de determinar el régimen de los partidos políticos.
El señor LUENGO.- Del contexto del discurso de Su Señoría y del de las intervenciones de otros parlamentarios de Derecha, especialmente del señor Maturana en la Cámara de Diputados, se desprende que ustedes sostienen, terminantemente, que estas modificaciones que se introducen ahora en la Constitución...
El señor BULNES SANFUENTES.- Son inútiles.
El señor LUENGO.- ...son inútiles, no sirven para nada, constituyen un dique de papel, no defienden nuestra democracia, no garantizan el régimen de derecho ni permiten la supervivencia de la democracia representativa.
Reitero: esas afirmaciones no tienen ningún asidero. Constituye mezquindad política pretender negar importancia a esta reforma constitucional.
Esta enmienda a la. Carta Fundamental interpreta evidentemente el sentir de las mayorías nacionales; no al Honorable señor Bulnes o al Honorable señor García. Tampoco interpreta a la Derecha política y económica de Chile, que no desea incorporar a la Constitución Política las garantías, los derechos sociales, como el derecho al trabajo, a la sindicación, a la huelga, y a tantos otros a los cuales hoy estamos otorgando calidad constitucional. Inclusive, entre ellos figuran derechos que rigieron en nuestro país cuando gobernaba la Derecha, pero que permanentemente se negó a los trabajadores.
Asimismo, se argumentó que el establecimiento, en 'forma efectiva y clara, de la libertad de enseñanza atenta contra el derecho de las escuelas particulares a seguir funcionando. Ocurre todo lo contrario: las normas respectivas tienden, precisamente, a esclarecer el estatuto que regirá el funcionamiento de los colegios particulares. Además, es un hecho concreto que el Estado no podrá, de un día para otro, absorber toda la enseñanza chilena, convirtiendo a todos los establecimientos educacionales en fiscales.
Se ha sostenido ahora que un precepto como el que señalé contituye una negación del derecho de subsistencia de los colegios particulares, por exigir que para obtener subvención del Estado, deberán impartir educación gratuita. Se dijo que una norma de esta naturaleza llevará a la enseñanza privada a su agonía y muerte.
Nadie que quiera interpretar' sinceramente y de buena fe las normas propuestas puede sostener lo que ha dicho la Derecha sobre la materia.
En realidad, desde hace mucho tiempo no se debatía una reforma constitucional tan amplia, tan concreta, como la que estamos aprobando en esta oportunidad. Sin .embargo, la Derecha la ha calificado como de mera palabrería.
Pensamos que esta enmienda constitucional incorpora verdaderamente al pueblo al poder de decisión. Este no ejercerá el poder por interpósita persona, por medio del Presidente de la República, como ha ocurrido casi siempre. Ahora será el propio pueblo quien, mediante las organizaciones que se reconocen, participará en las decisiones que tome el Gobierno de la república. Este será, realmente, un gobierno popular.
Participo de la opinión del Honorable señor Sule en cuanto que el precepto relativo a la enseñanza particular no incluye ni alcanza a las universidades.
Por otra parte, no quiero dejar pasar la aseveración -entiendo que fue el Honorable señor Bulnes Sanfuentes quien la hizo- de que el hecho de reservarse el Estado la facultad de establecer los programas para la enseñanza chilena atenta contra los establecimientos educacionales privados. Quienes así opinan pretenden que cada establecimiento educacional enseñe según su real saber y entender, mediante programas disímiles que cada uno de ellos desee establecer por su cuenta. Olvidan que el texto constitucional actual' establece que la enseñanza es atención preferente del Estado, expresión que ahora sustituimos por "función primordial del Estado". Es decir, la situación no cambia en absoluto. Siempre el Estado ha ejercido el derecho de establecer los programas de enseñanza. Lo contrario sería entender tan mal la libertad de enseñanza como para permitir que cada colegio establezca los programas que se les antojen. Lo correcto es instituir planes de enseñanza uniforme para todos los establecimientos educacionales, sean fiscales o particulares.
Mi intervención no pretende agotar el tema. Sólo he querido señalar en grandes líneas los aspectos a mi juicio más importantes de las nueve o diez materias que estamos incorporando a la Carta Fundamental. Sobre todo, he deseado desvirtuar la interpretación antojadiza y arbitraria que, en mi opinión, algunos sectores han tratado de dar a esta reforma constitucional, minimizándola, empequeñeciéndola, negándole importancia.
La verdad es que detrás de todas esas interpretaciones de la Derecha está el hecho de que no pueden conformarse definitivamente -posiblemente no se conformarán nunca- con que el pueblo haya sido el gran triunfador el 4 de septiembre y que la Izquierda rija los destinos del país.
Hechos como el atentado contra el Comandante en Jefe del Ejército esta mañana, impulsados por los sectores de Derecha, por la Reacción chilena, demuestran que ésta no ha querido conformarse con su derrota.
Aquí se ha pretendido culpar a la Izquierda de ser la gran responsable de estos atentados en contra de vidas y propiedades ocurridos en el último tiempo. En mi opinión, ello no es así.
Hoy un personero de Gobierno habría dicho que la información aparecida en el diario "Puro Chile", en el sentido de que estaría preso el General Viaux, habría sido una de las razones por las cuales se atentó contra la vida del General Schneider esta mañana. No creo que pueda llegarse hasta esos extremos. Me parece increíble tanta irresponsabilidad en un personero de Gobierno. El mandato de este Gobierno concluye el 3 de noviembre, y hasta ese día él y todos sus personeros tienen la obligación de contribuir a que haya tranquilidad en nuestro país.
Una de las grandes causas de la comisión de nuevos atentados en contra de la vida o bienes de ciudadanos chilenos, ha sido la actitud blanda de ciertos sectores -que nosotros jamás habríamos aceptado-, como ha ocurrido concretamente con la conducta del Ministro de la Corte de Apelaciones señor Abraham Meersohn, que dejó en libertad a detenidos que llegaron confesos ante él: los señores Luis Enrique Schilling Rojas, Luis Alberto González Gutiérrez y Luis Abelardo Meza Llancapán, detenidos por un atentado contra la casa del señor Carlos Yarur. Esas personas confesaron haberse concertado, incluso con el hijo del señor Yarur, Luis Enrique Yarur Rey, para llevar adelante ese acto. Además, con este último estuvieron en permanente contacto, convinieron la forma como se cometería el atentado, y aquél conoció en todo instante la realización de este delito sancionado por la ley de Seguridad Interior del Estado. El Gobierno debió designar un abogado que llevara adelante las gestiones procesales. ¡Pero esas personas que suscribieron sus confesiones ante la presencia del Ministro de la Corte de Apelaciones, señor Meersohn, fueron dejadas en libertad incondicional! Sus Señorías-y la opinión pública saben que algunas de esas personas se fueron inmediatamente a la Argentina y estarían hoy día residiendo en Mendoza.
Esa impunidad concedida a verdaderos delincuentes que han pretendido perturbar el orden público, es la que, precisamente, ha servido de incentivo para que otros hombres, otros ciudadanos, cometieran el atentado de esta mañana, que también condeno enérgicamente.
Termino mis palabras diciendo que esta reforma constitucional es conveniente para la salud democrática de Chile, porque traduce un sentido anhelo de los trabajadores y de las grandes mayorías de nuestro país. Nuestro deber es incorporarla a la brevedad posible al texto de nuestra Carta Fundamental. No es un compromiso forzado. Pues el resultado del más profundo convencimiento democrático de que servirá efectivamente para la tranquilidad de la nación y para el desarrollo de sir vida económica y social.
Por esa razón, los Senadores miembros del Comité Social Demócrata también daremos nuestros votos favorables a esta reforma constitucional.
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