REFORMA CONSTITUCIONAL. El señor FIGUEROA (Secretario).- En esta sesión especial, corresponde discutir el proyecto de reforma constitucional de la Cámara de Diputados, que introduce diversas enmiendas a la Constitución Política del Estado con el objeto de consagrar lo que se ha denominado "Estatuto de Garantías". La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, en informe suscrito por las Honorables señores Fuentealba (Presidente), Aylwin, García, Luengo y Sule, recomienda a la Sala aprobar el proyecto en los mismos términos en que lo despachó la Cámara. - Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican: Proyecto de reforma constitucional: En segundo trámite, sesión 11ª, en 20 de octubre de 1970. Informe de Comisión: Legislación, sesión 16ª, en 22 de octubre de 1970. El señor NOEMI (Vicepresidente).- En discusión general. Ofrezco la palabra al Honorable señor Bulnes Sanfuentes. El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente, los Senadores del Partido Nacional procederemos a abstenernos en la votación de este proyecto de reforma constitucional, como ya lo hicieron en el primer trámite los Diputados de nuestra colectividad. Al actuar de esta manera cumplimos un acuerdo de nuestra Comisión Política, acuerdo que interpreta fielmente el parecer de cada uno de nosotros. Nuestra abstención no obedece, por cierto, a que carezcamos de opinión formada sobre la reforma patrocinada por la Democracia Cristiana y la Unidad Popular, sino al propósito de dejar constancia de nuestra protesta frente a un proyecto que se está tramitando en forma anormal y que constituye un engaño a la opinión pública. Decimos que se está tramitando en forma anormal, porque la iniciativa fue formulada, discutida y convenida fuera del Congreso, en negociaciones secretas, y porque en el Senado no habrá oportunidad alguna para debatir seriamente sus disposiciones, como lo demuestra el hecho de que la Comisión del ramo lo haya discutido en general y particular en breves minutos y que hoy vaya a ser despachado por la Sala en pocas horas. El sector de la opinión pública que nosotros representamos no ha tenido ni tendrá la menor oportunidad de influir en esta reforma constitucional, no obstante que el año pasado obtuvimos el 20% de los votos emitidos en las elecciones populares y que nuestro candidato presidencial acaba de obtener casi la misma votación que el que logró la primera mayoría. Afirmamos que el proyecto constituye un engaño a la opinión pública, porque se ha querido hacer creer a ésta que el proyecto asegura definitivamente la supervivencia en Chile del Estado de Derecho y de la democracia representativa. En primer término, eso no va a depender de la letra de las disposiciones constitucionales en que están cimentados el Estado de Derecho y la democracia representativa, sino del respeto que el próximo Gobierno guarde o no guarde a esas concepciones fundamentales y a la Constitución vigente. En segundo lugar, la reforma que se nos propone es inútil en la mayoría de sus aspectos, porque, en general, no hace sino llenar de detalles innecesarios o de meras manifestaciones de propósitos las garantías constitucionales que nuestra Carta Fundamental ya establece con suficiente claridad; y es gravemente perjudicial en ciertas modificaciones que introduce, que" son de las pocas que tienen importancia práctica. Para fundamentar la opinión que dejo consignada, daré lectura a una minuta que había preparado sobre esta reforma y que no está inspirada por la pasión política ni el interés partidista -que poco o nada influyen en mis actitudes de legislador-, sino por mi larga experiencia en materia constitucional. Siento no poder hacer en esta oportunidad un examen más detenido de las distintas materias, pero la limitación del tiempo de que dispongo me obliga a ser todo lo sintético que pueda. Como es sabido, la reforma se refiere exclusivamente a las garantías constitucionales, aquellos derechos fundamentales que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República y que son consustanciales a la democracia representativa. Las garantías constitucionales de que trata la reforma son las siguientes: 1) Libertad para ejercer los derechos políticos y régimen de los partidos. 2) Libertad de opinión. 3) Libertad de reunión. 4) Libertad de enseñanza. 5) Inviolabilidad de las comunicaciones. 6) Libertad de trabajo y su protección. 7) Libertad de permanencia, traslado y salida del territorio. 8) Derecho a la seguridad social. 9) Derecho a participar en las diversas actividades del país, y 10) Régimen de la fuerza pública. Voy a referirme a cada una de estas materias en particular. Señor Presidente, comprendo que no se nos deje influir en el proyecto, pero pido que por lo menos haya cierto respeto a nuestra palabra y hablen en voz alta los señores Senadores. 7.- Libertad política.- Después de refundirse en uno solo los actuales artículos 8 y 9 de la Carta Fundamental, se introduce con el Nº 9 un artículo que comienza por asegurar a todos los habitantes de la República "el libre ejercicio de los derechos políticos, dentro del sistema democrático y republicano". Se trata de una declaración que no perjudica el texto de la Constitución, pero que no tiene por sí misma alcance alguno, puesto que la propia Constitución señala quiénes son ciudadanos y cuáles sus derechos políticos, y es obvio que el titular de esos derechos tiene la facultad de ejercerlos libremente. Además, el sistema republicano y democrático se encuentra ya consagrado en el artículo lº de la Carta Fundamental. Luego, entra el nuevo artículo a hablar de los partidos políticos. Les reconoce personalidad jurídica de derecho público; señala como objetivo de ellos el de "concurrir de manera democrática a determinar^ la política nacional"; les otorga libertad para determinar su organización interna, declaraciones de principios, programas y acuerdos, para presentar candidatos en las elecciones populares y, en general, desarrollar sus actividades propias. Pero agrega que la ley podrá "reglamentar la intervención de los partidos políticos en la- generación de los Poderes Públicos". Hasta aquí las nuevas disposiciones tienen una importancia más aparente que real. La existencia de los partidos políticos está expresamente reconocida en el actual artículo 25 de la Constitución, que también consigna su derecho a participar en las elecciones de Diputados y Senadores; y las demás atribuciones que el nuevo precepto consigna están contenidas en la legislación vigente. Conforme al nuevo artículo, los derechos de los partidos continuarán dependiendo en su aplicación práctica de la voluntad del legislador, dada la facultad de reglamentación que a éste se otorga. Finalmente, el nuevo artículo establece que "los partidos políticos tendrán libre acceso a los medios de difusión y comunicación social de propiedad estatal o controlados por el Estado, en las condiciones que la ley determine, sobre la base de garantizar una adecuada expresión a las corrientes de opinión en proporción a los sufragios obtenidos en la última elección de Diputados y Senadores o de Regidores". El principio es sano, sin duda alguna, pero su alcance práctico queda totalmente librado a la voluntad del legislador, quien determinará las condiciones del "libre acceso" y los límites de la "adecuada expresión". Por lo demás el derecho conferido a los partidos no alcanza a los canales universitarios de televisión, que son poderosísimos elementos de presión política y que se financian con dineros de todos los chilenos, pero no pertenecen al Estado. II.- Libertad de opinión.-Como es sabido, la Constitución asegura a todos los habitantes de la República -en el Nº 3º de su artículo 10- "la libertad de emitir, sin censura previa, sus opiniones, de palabra o por escrito, por medio de la prensa o en cualquiera otra forma, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de esta libertad en la forma y casos determinados por la ley". A esta garantía constitucional se le hacen las siguientes agregaciones: A) Se menciona después de la prensa, a la radio y la televisión, que bien pueden considerarse ya comprendidas en la expresión "o en cualquiera otra forma". Por lo demás, la libertad de prensa es en alto gradó una realidad, porque hay o puede haber periódicos de todas las tendencias políticas o ideológicas; pero la libertad de radio y televisión no es tal, desde el momento en que los canales de radio los concede y los quita el Gobierno en forma bastante arbitraria, y la televisión está reservada para el Estado y las universidades. Sobre este último punto, cabe observar que el monopolio estatal y universitario de la televisión pasa a ser, según el proyecto, una disposición constitucional. Se consigna el derecho de toda persona ofendida por alguna información a que su rectificación o aclaración sea gratuitamente difundida "en las condiciones que la ley determine". Se trata de un mero consejo al legislador, ya que éste determinará libremente las condiciones en que se ejercerá el derecho, que, por lo demás, ya está consagrado con los detalles necesarios en la legislación vigente. Se establece el derecho de todas las corrientes de opinión a utilizar los medios de difusión y comunicación social de propiedad o uso de particulares, en las condiciones de igualdad que determine la ley. En este caso se trata de una disposición de doble filo, puesto que por esa vía se puede llegar a desnaturalizar por completo la tendencia de los órganos de prensa o radio de propiedad particular, lo que, a mi entender, no contribuiría a la libertad de opinión, sino que la perjudicaría gravemente. Se reconoce expresamente el derecho de organizar y mantener órganos de prensa y de radio, pero este derecho se deja librado a las condiciones que establezca la ley. Lo más grave es que se autoriza expresamente al legislador para fijar el régimen de propiedad y funcionamiento de esos medios de comunicación, e incluso para expropiarlos. También es grave que se reconozca constitucional y expresamente a las universidades el derecho de organizar y mantener los mencionados medios de comunicación, porque la experiencia existente en la materia es la televisión universitaria, la cual ha sido aprovechada por marxistas y demócrata-cristianos para difundir sus propias ideas y fustigar las de los demás, con dineros de todos los contribuyentes. E) Se consignan algunas otras disposiciones sin mayor importancia real y siempre sometidas a las condiciones que la ley determine: sobre importación, comercialización y circulación de libros e impresos y en cuanto a la distribución de los elementos materiales que necesitan las editoriales, la prensa, la radio y la televisión. Pero, en cambio, nada se dice sobre la distribución de los avisos del sector público, qué en la práctica es un formidable medio de presión del Gobierno sobre los órganos de comunicación. III.- Libertad de reunión.- Se introduce al texto de la garantía constitucional un cambio de redacción que tiene por único objeto ampliar las facultades que el legislador tiene para limitar las reuniones en calles, plazas y demás lugares de uso público. IV.- Libertad de enseñanza.- La disposición correspondiente -Nº 7º del artículo 10- es sustituida por otra mucho más extensa, que contiene las siguientes innovaciones: A) Se reconoce la existencia de los establecimientos particulares de educación, pero se les obliga a someterse a los planes y programas del Estado, y a organizarse y designar su personal con sujeción a las normas que la ley establezca, todo lo cual puede conducir a privar a la educación particular de las libertades más esenciales. Como si ello fuera poco, se prohibe otorgar subvención del Estado a los establecimientos privados que no sean gratuitos. Dado que las subvenciones del Estado son muy bajas y se pagan tarde, mal y nunca, un buen establecimiento educacional, sobre todo en la enseñanza media y universitaria, no puede mantenerse si es absolutamente gratuito. Por consiguiente, sólo podrán subsistir los buenos establecimientos particulares si imparten educación pagada, renunciando a la subvención estatal; pero cada día será más difícil que los padres de familia paguen pensiones suficientes para mantener esos establecimientos. Sin ir más lejos, veamos el caso del principal establecimiento particular de enseñanza en nuestro país: la Universidad Católica, que a los Senadores demócrata cristianos les interesa defender. Dicho establecimiento recibe una importante subvención del Estado, pero no alcanza a financiarse con ella y cobra pensiones a los padres de familia -como al que habla, por ejemplo- con relación a sus rentas y al número de hijos que tienen educándose, de acuerdo con una tabla concebida para ese efecto. Quienes declaramos honradamente nuestros ingresos pagamos una pensión bastante onerosa. Pues bien, de acuerdo con los términos de esta reforma constitucional, la Universidad Católica no podrá seguir cobrando ese dinero a los padres que estemos en condiciones de pagarlo, a pesar de que la subvención estatal, que es aleatoria, pues se establece en el Presupuesto de cada año, no le permitirá subsistir. Puede afirmarse, por lo tanto, que la reforma constitucional determina la agonía y la próxima muerte de la educación particular, aboliendo una libertad que en Chile siempre ha existido y creando un gigantesco problema social, ya que el Estado no se encuentra en condiciones financieras de proporcionar educación a los cientos de miles de niños y jóvenes que actualmente se educan en establecimientos particulares, en parte costeados por el Estado y en parte, por los padres de familia. B) Se establece que "la educación que se imparta será democrática y pluralista y no tendrá orientación partidaria oficial", y se consignan normas igualmente genéricas sobre Superintendencia de Educación, textos de estudio, universidades, ingreso y promoción de los profesores y libertad para desarrollar las materias. En general, se trata de meras manifestaciones de propósitos, sin eficacia práctica, salvo que el nuevo precepto puede ser usado como un arma poderosísima para perseguir y cerrar los establecimientos particulares que no sean gratos al Gobierno, y muy especialmente los que confiesan determinada religión. V.-Inviolabilidad de las comunicaciones.-Se agrega a la inviolabilidad de la correspondencia postal y telegráfica, la de las comunicaciones telefónicas. Disposición ineficaz, porque la violación de las comunicaciones telefónicas, que actualmente se practica en gran escala, se realiza en forma subrepticia y sin que haya posibilidad razonable de impedirla. VI.-Libertad de trabajo y su protección.- Se cambia la redacción del precepto (Nº 14 del artículo 10), introduciéndose dos ideas nuevas bastante discutibles, a saber: El derecho de todo el que trabaja a "una justa participación en los beneficios que de su actividad provengan". O esto no significa nada nuevo, o quiere decir que la participación de utilidades existirá en todas las actividades lucrativas, cualquiera que sea la función desempeñada por el trabajador. Soy partidario de extender lo más posible el régimen de participación de las utilidades, pero creo que hay ciertas actividades lucrativas, como son, por ejemplo, las profesiones liberales, en las cuales la participación no puede aplicarse a todos los que de un modo u otro cooperan en ellas. Se establece el derecho de sindicarse y el de huelga "en conformidad a la ley". Tal como está redactada la disposición, la ley no podría negar ese derecho a nadie, ni aun a los funcionarios de los servicios más jerarquizados ni a los pequeños grupos que, por las actividades que desempeñan, pueden paralizar el país entero. VII.-Libertad de permanencia, traslado y salida.-Se modifica el Nº 15 del artículo 10, que consagra el derecho de permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse de un lugar a otro o salir del territorio nacional, a condición de que se guarden los reglamentos de policía, y salvo el perjuicio de terceros. Por una parte, se amplía aparentemente la garantía, porque se consigna la libertad de "entrar" al territorio; pero la ampliación es sólo aparente, ya que, conforme al artículo 10, las garantías sólo corresponden a los "habitantes de la República", y no a-los que están habitando fuera de ella. Por otra parte, se restringe considerablemente la garantía constitucional, porque ya no se habla de "los reglamentos de policía", sino que se permite a la ley fijar cualquiera clase de normas sobre permanencia, traslado y salida. VIII.-Derecho a la seguridad social.- Se agrega al artículo 10 un Nº 16, sobre previsión social, el cual sólo contiene ideas que nadie discute y que están consignadas en nuestra legislación. IX.-Derecho a participar en las diversas actividades del país.- Se agrega un Nº 17, que constituye una mera manifestación de propósitos sobre participación en la vida social, cultural, cívica, política y económica, sobre libertad e igualdad de personas y grupos y sobre juntas de vecinos, centros de madres, sindicatos y demás organizaciones sociales. X.- Régimen de la fuerza pública.- El actual artículo 22 de la Constitución dice textualmente; "La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo -armado puede deliberar." El proyecto lo sustituye por el siguiente: "La fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas .Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. Sólo en virtud de una ley podrá fijarse la dotación de estas instituciones. "La incorporación de estas dotaciones a las Fuerzas Armadas y Carabineros sólo podrá hacerse a través de sus propias escuelas institucionales especializadas, salvo la del personal que deba cumplir funciones exclusivamente civiles." A pesar de toda la importancia política que se atribuyó a esta modificación, creo que carece de toda eficacia práctica. En cuanto a la dotación de las Fuerzas Armadas,el artículo 44 Nº 9º ya dice que sólo en virtud de una ley se puede "fijar las fuerzas de mar y tierra"; y en lo que se refiere al ingreso a través de "las propias escuelas institucionales especializadas", nada impedirá al legislador dar a dichas escuelas la organización y el giro que estime convenientes. Señor Presidente, el breve análisis que dejo hecho de cada una de las materias incluidas en el proyecto, demostrará a quien lo revise sin pasión, que son justificadas las opiniones que expresé al principio en nombre de mi partido y en el mío propio. Se trata de un proyecto inútil en su mayor parte, y contrario a las libertades públicas en cuanto condena a muerte a la educación particular, abre un camino para desvirtuar las tendencias ideológicas de la prensa y de la radio de propiedad privada, y autoriza al legislador para poner ilimitadas cortapisas a una básica garantía constitucional, como es la de residir en cualquier lugar del territorio de la República, trasladarse de un punto a otro,-o salir del ámbito territorial. Se trata también de un engaño a la opinión pública, porque esta reforma constitucional no asegurará en modo alguno la vida del Estado de Derecho y de la democracia representativa. Ello dependerá sólo de la conducta del nuevo Gobierno en cuanto al respecto a las garantías constitucionales que ya consigna nuestra Carta Fundamental y en particular, del ciudadano que asumirá próximamente el alto cargo de Presidente de todos los chilenos. El señor FUENTEALBA.- Entonces, suprimamos la Constitución. El señor BULNES SANFUENTES.- No soy partidario de suprimir la Constitución. He creído demostrar que el texto que nos rige actualmente ya consigna en forma adecuada las garantías constitucionales; que esta reforma no hace sino rodear de palabrería a las ya consignadas, y que, por añadidura, establece disposiciones restrictivas de las libertades. Mi partido, que no obstante representar un fuerte contingente de la opinión pública ha sido privado de toda opción para hacer valer su criterio sobre esta iniciativa, se abstendrá de votar en señal de protesta por este abuso de poder y por la mixtificación que el proyecto significa. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Montes. El señor MONTES.-Los Senadores comunistas deseamos comenzar nuestra intervención señalando que en el Programa Básico de la Unidad Popular se consignan los principios fundamentales que inspirarán la acción de los partidos de la Izquierda chilena. En especial, se tratan los problemas relacionados con los derechos y las garantías democráticas de todo el pueblo. Y porque los comunistas estimamos que la democracia no es un problema "in abstracto", ni está de ninguna manera al margen de las clases; porque sabemos que ella adquiere formas distintas según cual haya sido el sector dominante en determinado período del proceso vivo de la historia, consideramos que hoy se plantea en nuestro país, con carácter urgente, la necesidad de desarrollar formas superiores de democracia, y que ello implica, por cierto, modificar la actual estructura económica del país y las relaciones sociales existentes. Desde nuestro nacimiento como partido hemos venido comprobando que, para la inmensa mayoría del pueblo, la práctica ha hecho ilusorio el ejercicio real de los derechos democráticos y de las libertades consagradas. Todo hombre y toda mujer -así lo entendemos los comunistas- tienen "derecho" a una vivienda y "libertad" para lograrla. Pero, ¿tienen los chilenos acceso a ese derecho y pueden hacer uso de esas libertades? Medio millón de familias chilenas carecen de viviendas, y otras tantas viven en condiciones subhumanas. Todo hombre y toda mujer tienen derecho a la salud y cada cual puede elegir "libremente" el médico, el hospital, el medicamento que desee, y cada madre tiene la "libertad" de alimentar a su hijo como mejor lo estime. ¿Es esto verdad verdadera, libertad real, derecho posible de ejercerse en la práctica por todo el pueblo? En una sociedad de clases opuestas, como la nuestra, con hondas diferencias entre grupos de sujetos, entre personas y personas, entre algunos y muchos, no es suficiente declarar que todos son jurídicamente iguales, como no es suficiente la mano para atajar la corriente de los ríos. Los formalismos legales no podrán nunca superar la realidad que constata la vida. Por eso, somos partidarios de impulsar el gran proceso de transformaciones orientado a lograr una base económico-social que haga reales y extensivos los derechos democráticos a todos los aspectos del acontecer nacional. Por eso, somos partidarios de esta reforma constitucional, propuesta conjuntamente por la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, ya que ella incorpora a la Carta Fundamental el reconocimiento preciso de los derechos de los trabajadores y la obligación del Estado de remover los obstáculos que se oponen al ejercicio real de la libertad de personas y grupos. Queremos lograr una efectiva libertad política en Chile; pero también queremos, por medio del Gobierno Popular, suprimir el enorme foso que separa las expresiones democráticas de la política y lo antidemocrático que evidentemente tiene la vida económica y social de nuestra patria. En consecuencia, estamos de acuerdo en que en la propia Constitución Política se expresen las premisas políticas de esos derechos y de esas libertades. La presente reforma no es sólo un trámite sin importancia, o una forma de táctica política contingente, o una mera formalidad jurídica, o un juego irresponsable, como algunos lo llaman -o como aquí en el Senado, con otras palabras pero con el mismo contenido, lo ha expresado, por ejemplo, el Senador nacional Honorable señor Bulnes Sanfuentes-, sino que corresponde a una posición muy definida y clara, cuyo contenido democrático resulta irrefutable. Concebimos que el Gobierno que presidirá Allende tendrá su mejor y mayor garantía en la práctica real y en el afianzamiento y desarrollo de las libertades para el pueblo, de las garantías democráticas, sociales e individuales. Concebimos el éxito del Gobierno de la Unidad Popular sólo en los marcos de un desarrollo democrático, en el curso de una lucha tenaz contra la arbitrariedad antidemocrática. En un proceso muy largo y difícil, laborioso y tenaz, se han ido desarrollando en Chile las garantías democráticas y las libertades públicas. Y es verdad, a prueba de fuego, que en ese proceso cada avance ha correspondido a la lucha de las fuerzas sociales progresistas a las cuales les ha cabido actuar en tal o cual momento de nuestra historia. Si ha habido retrocesos, ellos han correspondido a la ofensiva de las fuerzas reaccionarias que, transitoriamente, han logrado victorias; aunque de nuevo, inexorablemente, por ley de la historia, nuevos avances han jalonado la ininterrumpida batalla del pueblo por la libertad. Y los comunistas siempre hemos estado del lado del porvenir, en medio de la lucha por lograr nuevas y nuevas conquistas democráticas para el pueblo. Las fuerzas de la Reacción se han empeñado, con furor sin límites, con el odio de las clases destinadas históricamente a desaparecer por las leyes ineluctables del desarrollo social,, a crear la imagen falsa del comunismo y de los comunistas como sistema y como elementos antidemocráticos y totalitarios. Respondemos que el propio Lenin sentenció que "el socialismo es imposible sin la democracia". En las condiciones de Chile, el combate social se ha planteado, durante mucho tiempo, en el terreno de la lucha por los derechos y libertades del pueblo. Y esa lucha se ha dado, precisamente, enfrentando a la Derecha, conculcadora implacable de la democracia. En años no lejanos se pretendió, en nombre de la democracia, aplastar al Partido Comunista y a otras fuerzas democráticas del país. Y la Derecha fue la entusiasta y prostituida liberticida de nuestro pueblo. Muchos héroes comunistas anónimos cayeron luchando por los derechos del pueblo, y dos secretarios generales murieron en la clandestinidad de esos años. Antes aún, en tiempos del auge del nazi-fascismo, los militantes de la Izquierda formaron en las filas antifascistas, y Chile dio un singular aporte a la lucha mundial de los pueblos con la victoria del Frente Popular, de Pedro Aguirre Cerda, al derrotar al que no fue el "último pirata del Pacífico", representante de la Derecha chilena. Los comunistas podemos, verdaderamente, hablar contra el totalitarismo, porque lo hemos enfrentado sin tregua en el fragor mismo de las luchas. La Derecha, en cambio, dio entonces la batalla contra el Frente Popular, contra el avance y el progreso de Chile. Hoy día, cuando pasan las semanas y meses, luego del 4 de setiembre, sin que nadie vea correr la sangre por las calles por obra de los comunistas, como la Derecha vaticinó a todos los vientos, inventan nuevos supuestos y futuras catástrofes que protagonizarían los marxistas. El país se ha dado cuenta -cada día lo verá más claro- de que son absolutamente falsas las imputaciones que la Derecha viene formulando. Y muchos quedarán desnudos, porque incluso se observa que algunos personeros ultraderechistas que procedían hasta con elegancia, ahora están desesperados y entran a participar abiertamente en actividades terroristas, en intrigas destinadas al asesinato, en atentados que algunos solicitan hasta a domicilio. Los "ultras" de la Derecha han pretendido, sin temor al ridículo, falsificando groseramente la historia, sobre todo, caricaturizar al marxismo afirmando que en nuestro país las cosas serán como se han dado en otras situaciones y circunstancias de la historia y del tiempo. En una posición antihistórica, afirman que los procesos sociales, como calcos, se repiten de la misma manera, inexorablemente. Y la verdad es que si es cierto que todas las naciones llegarán al socialismo y esa fe histórica precisamente nos alienta, no será nunca de la misma manera, en igual tiempo ni en idéntica forma. Precisamente, el mérito de nuestro pueblo en este proceso radica en que Chile aporta su peculiar proceso, único y propio, original, no dado antes y, lo más probable también, irrepetible. Aunque también es cierto que aquellos falsificadores de la historia que todavía creen que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra, seguirán sosteniendo que en nuestro país se tendrá que dar de manera obligada la misma forma de la revolución que en otros países del orbe. El propio Lenin, tan actual como hace más de medio siglo, se encarga de decir que "no hay nada más pobre en el aspecto teórico ni nada más ridículo en el aspecto práctico que, en nombre del materialismo histórico, imaginarse el futuro de esta manera, pintado de un uniforme color grisáceo". La actual reforma constitucional moderniza y desarrolla las garantías individuales y sociales del pueblo, haciéndolas realmente efectivas. Ante este hecho concreto, la Derecha adopta una posición de crítica y rechazo. Esta posición muestra, una vez más, muy claramente, lo que constituye el fondo de su política. Adopta, en general, una posición seudodemocrátiea; habla de defender la democracia; escribe sobre la necesidad de defender la democracia; pero todo esto se viene abajo cuando 'esas declaraciones deben contrastarse con actuaciones concretas, prácticas y reales. Es lo que ocurre ahora, de nuevo, ante cada avance verdadero. Ante el desarrollo y el progreso, la Derecha se levanta para impedir ese desarrollo. Lo hizo en 1938; antes, en 1920, fue opositora del caudillo Arturo Alessandri Palma, y antes, todavía, condujo al suicidio a Balmaceda. Ahora, ante la reforma agraria, movió los hilos que condujeron a la muerte de Hernán Mery. Y más recientemente, en inútil empeño de detener la historia, esta Derecha que habló de que sería "tranquilidad", incrementa una larga lista de atentados terroristas. Hoy día, de manera trágica y lamentable, se ha atentado contra la vida del General Rene Schneider, Comandante en Jefe del Ejército de Chile. Es un delito cuyos hilos y móviles todavía se presentan un tanto oscuros; pero, sobre todo, resalta el objetivo principal de que se ha atentado contra la posición constitucionalista sostenida precisamente por este jefe militar y por el Ejército chileno. Esta posición no conviene a algunos que desean trastrocar el proceso democrático del país. Y siendo la situación confusa aún, no nos cabe duda de que los "golpistas" chilenos; de que los "ultras" de la Derecha; de que la mano del imperialismo están metidos, precisamente, en este hecho trágico y deplorable, que repudiamos de manera muy clara y terminante y que sabemos que deberá ser esclarecido, porque nuestro pueblo, sereno hasta casi el infinito ante las numerosas provocaciones de que ha sido víctima desde antes, y sobre todo a partir del 4 de setiembre recién pasado, defenderá las garantías constitucionales y el derecho a darse el Gobierno que desee. En estos momentos están reunidos, precisamente, todos los jefes de los partidos que integran la Unidad Popular, para considerar lo ocurrido. Por su parte, la Central Única de Trabajadores ha llamado a reunión urgente a todas las federaciones sindicales del país. Los comunistas debemos decir que, por principio, condenamos el terrorismo, el crimen político como manera de solucionar los problemas. Y para ello, quiero dar un nuevo argumento refiriéndome a Lenin. Cuando su propio hermano fuera ahorcado por orden del zarismo, por haber atentado contra un noble de ese tiempo, Lenin dijo su frase célebre: "Nosotros procederemos de otra manera." Estamos absolutamente convencidos de que sólo afirmándose en la fe democrática del pueblo, en las fuerzas de las masas de nuestro país, es posible abrir canales verdaderos para un efectivo desarrollo democrático. Los terroristas salen de las filas de la Derecha. En los últimos tiempos se conoce su filiación y sus nombres. 'Pertenecen a la "canalla dorada", y se ubican en el grupo "Graco" o en "Patria y Libertad", o en una pseudo organización llamada "Brigada Obrero-Campesina". Es un historial reciente que encuentra "también sus perfiles siniestros en la sacada de dólares por falsos turistas, y donde también está la mano de la Derecha. Sólo en septiembre, 17 millones de dólares salieron del país. Operaron con el rumor para obtener ganancias. Por eso, no puede extrañar hoy que la directiva del Partido Nacional, en la que forman viejos nazis criollos, como su propio presidente, se oponga a que en la Constitución Política se reconozcan los derechos de los trabajadores, de las organizaciones sindicales y sociales y de los partidos políticos. Nosotros señalamos que, así como el anticomunismo muestra en el fondo un irremediable temor al pueblo, nuestra posición democrática se basa en nuestra fe en aquél. Y ello nos lleva, en razón de principios, a sostener, no sólo hoy, que al mismo tiempo que combatimos la política de los partidos que sustentan a los monopolios y los representan, estamos por la existencia de todas las colectividades partidistas, porque queremos que cada cual exprese la voluntad de los sectores populares, de la Izquierda y del Centro. En lo que respecta a la Derecha, no tememos tampoco la confrontación, si se mantiene en los marcos democráticos, porque confiamos en el criterio de nuestro pueblo, en la conciencia política avanzada de las grandes masas de Chile. El proyecto de reformas constitucionales expresa, naturalmente, nuestro juicio a este respecto. En nuestro país se vive una amenaza contra la autodeterminación, se realizan atentados y se preparan otros. Se van conociendo hechos y nombres que surgen de las filas de la Derecha. El desarrollo democrático en Chile es y será decisivo para aplastar los intentos sediciosos. Vivimos una situación política nueva; pero, como hoy, también nuestra historia social y política muestra que cada libertad lograda por el pueblo ha sido producto de una enconada lucha contra la Derecha. Fue así como, en 1958, cuando el Bloque de Saneamiento Democrático, formado por las mismas fuerzas que hoy apoyamos estas reformas, derogó la Ley de Defensa de la Democracia y, junto con restablecer los derechos del Partido Comunista, estatuyó nuevos procedimientos electorales, como la cédula única, mejorando sustancialmente el proceso electoral, la Derecha, que se llamaba políticamente conservadora y liberal, se opuso beligerantemente a ese paso democrático importantísimo que impuso la mayoría del país. Vivimos -señalé- una situación política nueva. Una vasta coalición democrática, apoyada en la clase obrera y sus aliados, ascenderá al gobierno. Esa coalición y el Partido Demócrata Cristiano han hecho posible un acuerdo para establecer en nuestra Carta Fundamental la ampliación de los derechos del pueblo. Cuando se abre en Chile un inmenso cauce a las transformaciones revolucionarias que posibilitarán el tránsito del capitalismo al socialismo, las fuerzas reaccionarias se empeñan en evitar este desarrollo, en burlar los anhelos más sentidos de la mayoría nacional. Estamos seguros de que serán derrotados los manejos sucios de los enemigos del progreso y la libertad. Estas reformas constituyen un avance importante en el camino que va recorriendo el pueblo de Chile. Por ello, anunciamos que los Senadores comunistas votaremos favorablemente el proyecto en debate. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Aylwin. El señor AYLWIN.- Señor Presidente, quisiera empezar mis palabras -sin perjuicio de la declaración que los Comités han acordado emitir, por iniciativa del señor Presidente de la Corporación, relativa al atentado criminal de que fue objeto en la mañana de hoy el Comandante en Jefe del Ejército, General Schneider- expresando nuestra más airada protesta, nuestro repudio más categórico a los métodos que se pretende introducir, sin duda con fines inconfesables, en la política chilena. Los democratacristianos hemos condenado ya este hecho, como otros similares, y hacemos votos por que ellos, destinados a quebrar la limpia tradición cívica y democrática de nuestra patria, no cundan. Origen y razón de ser de esta reforma. Comienzo mi intervención en este debate señalando diversos criterios sobre los aspectos que comprende el proyecto. En primer lugar, su origen y su razón de ser. El resultado de la elección del 4 de septiembre determinó, de parte de distintos grupos políticos chilenos, actitudes encontradas. Por una parte, la combinación triunfante, la Unidad Popular, que obtuvo con su candidato, el Senador Salvador Allende, el 36% de los sufragios, presumió como consumado un proceso que aún no termina, afirmando de mil maneras, pero perentoriamente, que su candidato ya estaba elegido Presidente de la República. Por otra parte, la Derecha -que durante la campaña electoral había sido enfática en plantear que debería entenderse elegido aquel candidato que obtuviera la primera mayoría, aunque fuera por un solo voto; que emplazó a los demás candidatos y colectividades políticas mediante las más solemnes y formales declaraciones al respecto, y que por boca del Presidente del Partido Nacional, señor Jarpa, dijo que si el señor Allende triunfaba por un voto, los parlamentarios nacionales lo apoyarían en el Congreso Pleno-, al día siguiente de la elección, olvidó todas esas declaraciones solemnes y empezó a plantear la búsqueda de alguna fórmula que permitiera impedir la ascensión a la Presidencia de la República del candidato que había obtenido la primera mayoría relativa. Por su parte, la Democracia Cristiana, frente al resultado de la elección, actuó honradamente, conforme a la realidad de los hechos y a sus tradiciones democráticas de siempre. Sin egoísmo partidista y con patriótico desinterés, reconoció el hecho de la primera mayoría del Senador Allende, y luego reconoció que ese hecho le daba un mejor título o primer derecho para ser elegido. En la alternativa en que se hallaba, entre la que pudiéramos llamar "cuchufleta" para( retener el Gobierno, con uno de sus hombres -prestándose a designar en el Congreso Pleno al candidato que obtuvo la segunda mayoría, que había declarado por sí y por sus partidarios que en ningún caso aceptaría esa situación, a fin de permitir una segunda elección en la cual se le ofrecía el apoyo de la Derecha para elegir Presidente a un democratacristiano-, y la posibilidad de afrontar los hechos tal como resultaban del veredicto del pueblo -que significaban un mejor derecho para el señor Allende, con cuyo programa la Democracia Cristiana concordaba en muchos aspectos, aunque también difería en muchos otros, y cuya ascensión al Poder representaba, indudablemente, por la composición de las fuerzas que lo apoyan, por la ideología de algunas de ellas y por los métodos políticos que las caracterizan, algunos riesgos serios para la continuidad del proceso democrático y las libertades públicas en Chile-, la Democracia Cristiana optó, democráticamente, por plantear al candidato que había obtenido la primera mayoría, Senador Allende, la necesidad de garantizar públicamente al país la continuidad del sistema democrático chileno, y desvanecer, de manera real y efectiva, los temores que sobre las libertades públicas embargaban el corazón de muchos miles o millones de chilenos, diciéndole que, si otorgaba tales garantías -reitero- de manera real y efectiva, institucionalizadas mediante una reforma constitucional, podría contar con el apoyo democratacristiano para elegirlo Presidente de la República en el Congreso Pleno. Cuando el PresidenteNacional del Partido Demócrata Cristiano anunció este criterio, en un discurso público radiodifundido el 10 de septiembre, el grueso de la opinión pública recibió sus palabras con una sensación de alivio. Sobre la base de los planteamientos hechos en ese discurso, la Democracia Cristiana expuso al Senador Allende su posición y precisó las garantías que estimaba necesarias, en un documento y en unas proposiciones dados a conocer públicamente. No obstante lo anterior a mi juicio sería conveniente que esos documentos se insertaran en las actas de esta sesión, como antecedentes de la historia de esta reforma constitucional, a fin de ilustrar su adecuada interpretación. El mismo tratamiento pido para la respuesta que el Senador Allende dio al Partido Demócrata Cristiano el 29 de septiembre. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para insertar en la versión de su discurso los documentos a que Su Señoría hizo referencia. Acordado. - Los documentos cuya inserción se acuerda son los siguientes: "Posición del Partido Demócrata Cristiano frente al Congreso Pleno. Chile vive hoy preocupado de la decisión que adoptará el Congreso Pleno el 24 de octubre cuando se reúna para designar a quien deberá ser el próximo Presidente de la República. En esta decisión, la Democracia Cristiana es responsable de la votación de 75 parlamentarios, cuyos votos serán determinantes. Por ello, su conducta a partir de la noche misma del 4 de septiembre, ha sido clara, seria e invariable; con oportunidad, hemos definido una posición que el país conoce a través de declaraciones y de la intervención radial del Presidente Nacional del Partido. Después de 18 días, la Democracia Cristiana, ha concluido una primera etapa de debate y examen de la situación política y ha acordado expresar sus puntos de vista al Senador Salvador Allende, solicitándole algunos pronunciamientos que consideramos indispensables para configurar la decisión política final que el Partido deberá adoptar en una Junta Nacional a la que ya hemos convocado. Este planteamiento político está dirigido a don Salvador Allende, pero por la importancia, legitimidad y validez que atribuimos a sus conceptos, queremos presentarlo también al país; en virtud de éste, la Democracia Cristiana fijará su posición en el Congreso Pleno. ¿Cuál es nuestra disposición moral ? En primer término, reiterar nuestro reconocimiento a la mayoría relativa obtenida limpiamente por el señor Allende en las elecciones del 4 de septiembre que es una interpretación de profundos anhelos de cambio social a los cuales el país sabe que no somos ajenos. La Democracia Cristiana inició en Chile un proceso de transformación social que en los últimos seis años cambió aspectos fundamentales de nuestra sociedad. Esta significación tiene la Reforma Agraria, la Reforma Educacional, el desarrollo y fortalecimiento de las organizaciones populares y el apoyo resuelto a los esfuerzos de integración de los pueblos y las economías latinoamericanas. En la reciente campaña presidencial, nuestro candidato Radomiro Tomic reafirmó con mucha claridad nuestra determinación de avanzar a la completa sustitución del capitalismo en nuestro país. Como Partido, hemos sostenido la posibilidad y la necesidad de hacer compatibles los cambios sociales y la democracia. Hoy más que nunca creemos esencialmente válida esta fórmula de gobierno, a cuyo servicio seguiremos orientando lealmente nuestra acción. En esta perspectiva, tenemos la convicción de que muchas de las tareas de transformación y desarrollo social que se ha impuesto la candidatura de Salvador Allende, han sido y son ahora también metas nuestras, sin que ello signifique ni identidad ni total coincidencia en los planteamientos de fondo ni en las estrategias definidas ante el país. Repetimos, igualmente, que nuestra disposición no será negar la sal y el agua al próximo gobierno y que éste pueda esperar nuestro apoyo en todas las medidas que contribuyan al bienestar del pueblo. Con todo, subsiste un hecho político innegable. La votación obtenida por el señor Allende constituye una mayoría relativa. Representa numéricamente a un 36% del electorado nacional y a un millón setenta y seis mil votos. Nadie podría negar que esa masa ciudadana votó por el Senador Allende para respaldar su programa de gobierno y para adherir sin reservas a la posición política planteada a través de él. Pero con igual claridad, hay que decir que el resto del electorado nacional no ha dado respaldo ni apoyo a su candidatura. Más, de dos millones de ciudadanos o no votaron o votaron por otras candidaturas, apoyaron otros programas y expresaron una voluntad favorable a planteamientos que difiriendo entre sí, eran también distintos al señor Allende. En estas circunstancias, se ha configurado una nueva situación política para la cual la Constitución prevé una segunda instancia el Congreso Pleno, con el fin de hacer posible la designación del Presidente de la República en términos que represente a la mayoría de los chilenos. La Democracia Cristiana está consciente de que su responsabilidad fundamental en esta hora es contribuir a crear las condiciones que aseguren un cauce democrático y libre al proceso de cambios económico-sociales que Chile debe continuar. Sobre esta base el Partido Demócrata Cristiano reafirma que si el señor Salvador Allende otorga de un modo real y eficaz las garantías necesarias que tenemos el deber de solicitarle en algunas materias vitales, puede esperar una decisión favorable de nuestra parte. Nuestra posición no defiende intereses económicos de personas ni de grupos. Tampoco nos interesa discutir ahora el programa del gobierno del señor Allende. Al respecto, no contraemos compromisos de ninguna especie y nos reservamos la facultad de fijar nuestra conducta política y de pronunciarnos libremente frente a las medidas que sobre la base de su programa pudiera plantear al país. Lo que sí nos interesa, es obtener seguridad acerca de la plena subsistencia, en Chile, de un régimen de convivencia democrática y de libertades públicas. Para fijar con toda claridad nuestra posición, creemos conveniente puntualizar y definir al respecto algunos conceptos. Nos interesa la mantención del pluralismo político y de las garantías constitucionales. Esto exige la subsistencia de un régimen en que todas las corrientes de opinión puedan organizarse y expresarse libremente; en que las libertades y derechos que la Constitución reconoce a los habitantes de la República, tengan plena vigencia para todos y en que los gobernantes sean renovados periódicamente mediante el sufragio libre, secreto e informado del pueblo. Nos interesa el reconocimiento a la existencia libre de los partidos políticos y el libre acceso a todas las corrientes de opinión en igualdad de condiciones a los medios de comunicación del país, a la prensa, a la radio o a la televisión, sean particulares o estatales. Nos interesa que se respete el derecho de las universidades, de los partidos políticos y de otras corporaciones para mantener medios de comunicación mediante mecanismos jurídicos adecuados que garanticen su inexpropiabilidad. Nos interesa que subsista la más amplia libertad de prensa y de expresión y, por lo mismo, somos contrarios a un proceso de cooperativización masiva de diarios y radios a través del cual sería fácil consolidar un determinado predominio político en dichos medios que, a la postre, resultaría incontrarrestable. Nos interesa la plena vigencia del estado de derecho. Esto exige la subsistencia de un régimen político en el que la autoridad sea ejercida exclusivamente por los órganos competentes de los tres poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial dentro de la independencia de cada uno, de la necesaria colaboración entre ellos y del marco de la Constitución y la Ley, sin intervención de otros órganos de hecho, que actúen en nombre de un supuesto poder popular. Naturalmente, todo ello no impide la modernización de los poderes públicos, la cual deberá hacerse a través de las reformas constitucionales correspondientes. Nos interesa que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros sigan siendo una garantía de nuestra convivencia democrática. Esto exige que se respeten las estructuras orgánicas y jerárquicas de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, los sistemas de selección, requisitos y normas disciplinarias vigentes, se les asegure un equipamiento adecuado a su misión de velar por la seguridad nacional, no se utilice las tareas de participación que se le asignen en el desarrollo nacional para desviarlas de sus funciones específicas, ni comprometer sus presupuestos, ni se creen organizaciones armadas paralelas a las Fuerzas Armadas y Carabineros. Nos interesa que la educación permanezca independiente de toda orientación ideológica oficial y que se respete la autonomía en las universidades. Esto exige que se mantenga la libertad y orientación pluralista que rige en el sistema educacional chileno. Las reformas que pretenda introducirse deben ser democráticamente discutidas en las actuales estructuras y organismos educacionales. Debe respetarse plenamente la vigencia del derecho constitucional a la educación libre, garantizando la existencia, funcionamiento y financiamiento de la educación particular sin fines de lucro. Debe garantizarse que todos los textos de enseñanza sean preparados por educadores de diversas ideologías y que su selección se haga mediante concurso ante organismos técnicos de integración plural. Debe, asimismo, consagrarse constitucionalmente la autonomía académica, administrativa y financiera de las universidades; la subsistencia y adecuado financiamiento de las universidades no estatales; la igualdad de todos los egresados de la enseñanza media para ingresar a las universidades, sin otras exigencias que los requisitos de idoneidad necesarios y el ingreso y promoción de docentes e investigadores a la carrera académica, tomando en cuenta sólo su capacidad y aptitudes. Nos interesa la existencia libre de las organizaciones sindicales y sociales. Esto exige el más amplio respeto a las organizaciones sindicales, cooperativas, juntas de vecinos, centros de madres y demás organizaciones comunitarias. La garantía de su estabilidad y libre funcionamiento, el reconocimiento de los derechos de petición y huelga de los trabajadores y el respeto a las normas vigentes sobre organización sindical agrícola. Hemos querido expresar estas ideas de un modo franco y directo, porque ellas constituyen, a nuestro juicio, valores esenciales para la subsistencia de una sociedad democrática. Lo hemos hecho de un modo público, porque así se posibilita para todos una conducta más clara e intachable. Sobre la base de estos planteamientos, hemos formulado al Senador Allende algunas proposiciones acerca de la forma de concretarlos en garantías reales y efectivas. El Senador Allende nos manifestó que estudiaría estas proposiciones y daría respuesta dentro de un breve plazo. Santiago, 24 de septiembre de 1970." "Proposiciones de Garantías Constitucionales. 1) La consagración constitucional de un Estatuto de los partidos políticos ,que garantice su libre creación, existencia y desenvolvimiento como personas jurídicas de derecho público destinadas a agrupar, organizar y expresar libremente- las diversas corrientes ideológicas y a presentar candidaturas para las elecciones de Regidores, Parlamentarios y Presidente de la República. Para cumplir sus funciones de orientación e información de la opinión pública y del electorado, los partidos políticos podrán mantener secretarías de propaganda y medios de comunicación como diarios, revistas y radios; estos medios serán inexpropiables. Los partidos políticos tendrán igual acceso al canal estatal de televisión, en condiciones que garanticen una adecuada expresión de las distintas corrientes ideológicas. 2) La consagración constitucional de un Estatuto de los medios de comunicación que asegure el libre acceso a la prensa, la radio y la televisión de todas las corrientes de opinión, en igualdad de condiciones, reservando a la ley la modificación del régimen de propiedad de estos medios. Sólo en virtud .de una ley se podrá determinar el régimen de importación y comercialización de libros, papel y demás elementos necesarios para la operación de los medios de difusión, impresos, orales y visuales. 3) La consagración constitucional de que la fuerza pública está organizada única y exclusivamente en las Fuerzas Armadas y Carabineros, las cuales son instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y no deliberantes. Ello supone que se reserve a los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros, la facultad plena para el nombramiento de jefes, oficiales y personal de dichas instituciones, de acuerdo a criterios técnicos y a las necesidades de ellas. Una disposición semejante fue propuesta por la Democracia Cristiana en la Reforma Constitucional de 1964, con el objeto de dar jerarquía constitucional a las tres ramas de las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros, de establecer de que sólo les corresponden las funciones específicas que señala la ley y de que son organismos jerarquizados en un escalafón donde hay jefes y subordinados con deberes de mando y obediencia. La incorporación de nuevas dotaciones a las Fuerzas Armadas y a Carabineros sólo podrá hacerse a través de las escuelas especializadas que garanticen la profesionalidad de dichos Institutos. 4) La consagración constitucional de un sistema de educación independiente de toda orientación ideológica oficial por medio de la modernización del precepto constitucional del artículo 10, Nº 7, que establece la libertad de enseñanza. Además de las ideas actualmente contenidas en dicho artículo que expresan que la educación es una atención preferente del Estado, que la educación primaria es obligatoria y que habrá una Superintendencia de Educación Pública, debe darse un contenido real a la libertad de enseñanza garantizando: a) La existencia y funcionamiento de la educación particular y el financiamiento por parte del Estado de aquella que no persiga fines de lucro; b) La preparación de textos de estudio de diferente orientación sobre la base de concursos públicos, a los cuales tengan acceso todos los educadores idóneos cualquiera que sea su ideología, realizándose la selección por organismos técnicos de integración pluralista; la existencia de facilidades equitativas para su impresión y difusión, y la libertad de los establecimientos educacionales para elegir las que se deseen adoptar; c) La realización del proceso de reformas educacionales en forma democrática que asegure la libre discusión de ellas en organismos del sistema educacional de composición pluralista y la aprobación de sus conclusiones por la autoridad correspondiente; d) La exclusión de toda orientación y contenido ideológico-político o partidista de los planes y programas de estudio. 5) La consagración constitucional de la autonomía académica administrativa y financiera de las universidades y del deber correlativo del Estado de proveer a su adecuado financiamiento de manera que tanto las universidades estatales como las universidades particulares reconocidas por el Estado puedan existir y desarrollarse plenamente de acuerdo con los requerimientos educacionales, científicos y culturales de una sociedad moderna. Debe asegurarse que el ingreso a las universidades dependerá exclusivamente de la idoneidad de los egresados de la enseñanza media frente a las exigencias objetivas de tipo académico; igual reconocimiento constitucional debe establecerse para garantizar a los profesores e investigadores una auténtica libertad académica para el desempeño de sus funciones específicas y a los estudiantes el derecho de expresión de sus ideas y opiniones. El ingreso y promoción de profesores e investigadores a la carrera académica, se hará tomando sólo en cuenta su capacidad y aptitudes. 6) La modernización de la garantía constitucional que establece el derecho de asociarse de manera que ella comprenda: a) A las organizaciones cooperativas, Juntas de Vecinos, Centros de Madres y demás organismos comunitarios, garantizándose su personalidad jurídica, libertad y pleno desarrollo; b) El derecho a fundar sindicatos en la agricultura, industria, minería o en cualquiera empresa o faena para la defensa de los derechos e intereses de los asociados, garantizando el ejercicio de los derechos de petición y huelga. La organización sindical será libre, no estará subordinada a tutelare alguno y los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y las actas de constitución en las oficinas que fije la ley. a) Ninguna autoridad, grupo o persona podrá impedir o restringir el derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica del país y el Estado deberá remover los obstáculos que limiten, en el hecho, la libertad e igualdad de las personas y grupos para ejercer plenamente el derecho de participación. 7) La modernización de las Garantías Constitucionales del derecho de reunión y de la libertad personal, estableciendo que su ejercicio sólo podrá reglamentarse por ley." Respuesta del Senador Allende. Santiago, 29 de septiembre de 1970. Señor Senador Benjamín Prado, Presidente del Partido Demócrata Cristiano. Presente. Estimado Presidente y amigo: El Partido Demócrata Cristiano me hizo llegar, por su intermedio y de miembros del Consejo Nacional, un documento -posteriormente dado a conocer al país- que expone la posición de esa colectividad ante la reciente elección presidencial y el próximo Congreso Pleno. Valorizo en alto grado el procedimiento de discutir nuestros puntos de vista de un modo público, porque esto significa un diálogo democrático que, por estar inspirado en nuestra común preocupación por el futuro de Chile, debemos hacer siempre cara al pueblo. Desearía que, durante mi mandato, el diálogo entre el Gobierno y la Oposición pudiere hacerse siempre con la franqueza y la claridad de hoy. La reiteración que la Democracia Cristiana hace en el documento que Ud. me entregó de su disposición moral de reconocer la primera mayoría que obtuve el 4 de septiembre es, a mi parecer, una actitud plenamente concordante con la conducta ejemplar que ante el país mostró su candidato presidencial, señor Radomiro Tomic, desde la noche misma de la elección. Me parece igualmente importante el significado que su Partido otorga al resultado electoral, cuando señala que "es una interpretación de los profundos anhelos de cambio social" que existe en el país. A esto debe agregarse la expresión de que su Partido quiere "contribuir a crear las condiciones que aseguren un cauce democrático y libre al proceso de cambios económico-sociales que Chile debe continuar". Es significativa la reafirmación que la Democracia Cristiana hace de los postulados que sustentó durante la campaña, al manifestar "su determinación de avanzar a la completa sustitución del capitalismo en nuestro país". Este concepto muestra una coincidencia central con el pensamiento básico de las fuerzas sociales y políticas de la Unidad Popular que, a través de mi candidatura, señalaron su .voluntad de iniciar en Chile la construcción de una nueva sociedad. Por lo mismo, pienso que mi futuro gobierno puede contar, tal como ustedes lo anuncian en su documento, con el apoyo de la Democracia Cristiana para todas las medidas que contribuyan al bienestar del pueblo, sin que esto implique "ni identidad ni total coincidencia en los planteamientos de fondo, ni en las estrategias definidas ante el país. Señalados estos hechos, que se deducen claramente de lo expresado por ustedes, quiero reconocer el legítimo derecho que asiste a la Democracia Cristiana para plantear ante el país sus puntos de vista sobre el futuro Gobierno. Daré, con franqueza igual a la de ustedes, una respuesta a los planteamientos que me han formulado. Lo hago por un deber de conciencia y apreciando las responsabilidades que pesan sobre quien tendrá la obligación de conducir los futuros destinos de Chile por voluntad del pueblo, que-no dudo- ratificará el Congreso Pleno. Estoy plenamente consciente de mi deber, frente a todos los sectores políticos y sociales del país, de exponer mi pensamiento y mis propósitos de gobierno ante cualquier requerimiento legítimo que se me haga. Concuerdo con ustedes en la necesidad de garantizar la plena subsistencia de un régimen de convivencia democrática y de libertades públicas. El país entero conoce la posición que invariablemente he mantenido en defensa de los principios democráticos, y cómo cada acto de mi vida política ha sido de total consecuencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Creo, por tanto, tener derecho a esperar que mi permanente actitud democrática garantiza por sí lo que será la futura conducta de mi Gobierno. Puedo afirmar que igual disposición existe de parte de la Unidad Popular y de cada uno de los Partidos y movimientos que la constituyen, lo que se expresa tanto en los acuerdos programáticos manifestados ante el país como en los propósitos que animarán al futuro Gobierno y a las fuerzas políticas y sociales que lo integrarán. Además dé lo anterior, considero que el definitivo y básico aval democrático en Chile ha sido y es el pueblo, expresado en sus trabajadores, sus estudiantes, sus soldados, sus maestros, sus profesionales, los que viven de su propio esfuerzo, hombres, mujeres y jóvenes, que han luchado por generaciones y siguen luchando por mantener y consolidar nuestras libertades. Ha sido el pueblo chileno quien ha conquistado los derechos públicos de que gozamos, quien se ha movilizado en defensa de la autonomía universitaria, quien ha obtenido las garantías sindicales, quien ha combatido por la libertad de pensamiento, de opinión y de prensa. Este mismo pueblo es el que se expresó el 4 de septiembre dando la mayoría a un ¡conglomerado popular y unitario, generado por la concurrencia de varios partidos y movimientos -cabal evidencia de pluralismo democrático-, y que fue capaz de entregar a la opinión pública un programa de gobierno que nos proponemos llevar adelante en un régimen que ampliará las libertades públicas, que se encauzará en el orden jurídico, que garantizará el ejercicio de la oposición y que respetará todas las condiciones que caracterizan nuestra fisonomía nacional. Este pueblo ha tomado la victoria con un ánimo de profunda responsabilidad y ejemplar disciplina, desmintiendo, con su conducta reflexiva, serena y alerta todas las especulaciones en el sentido de que su triunfo desencadenaría en el país un clima de caos, desorden y 'acciones antisociales. Toda la opinión pública ha sido testigo de esta conducta patriótica y moral intachable del pueblo, en notorio contraste con la de un pequeño grupo que recurre al terrorismo -tal como se lo expresé a ustedes oportunamente-, que ha tratado de minar nuestra economía, sembrar el pánico financiero y la intranquilidad, con fines que nadie puede considerar beneficiosos para el país. En la hora de la victoria, el pueblo ha demostrado su grandeza; la ha recibido sin asomo de soberbia, sabiendo que asume una responsabilidad histórica de la cual debe mostrarse digno. Ella no puede ser empañada por ningún espíritu de desquite ni de prepotencia. Fiel a esta limpia disposición de ánimo, ninguna medida del Gobierno popular estará alentada por un propósito revanchista o persecutorio, ni en la aplicación de su política general ni en el terreno administrativo en el que -como siempre lo hemos exigido de todos los regímenes- se respetará la carrera funcionaría. Será ese mismo pueblo el que, ejerciendo en forma directa y efectiva sus legítimos derechos, se incorporará a la gran tarea nacional que nos espera. Será ese pueblo el que juzgará, soberana, libre y democráticamente a mi Gobierno y que, al final de mi período constitucional, emitirá una vez más su veredicto inapelable. El futuro del país y la orientación de los gobiernos posteriores dependerán de la opinión de ese pueblo acerca de la conducta de cada partido ante los postulados de democracia, libertad y justicia y ante las aspiraciones mayoritarias de la ciudadanía. Nuestro programa expresa textualmente que "el Gobierno Popular garantizará el ejercicio de los derechos democráticos y respetará las garantías individuales y sociales de todo el pueblo". Y agrega que "la libertad de conciencia, de palabra, de prensa y de reunión, la inviolabilidad del domicilio y los derechos de sindicalización y organización regirán efectivamente sin las cortapisas con que las limitan actualmente las clases dominantes". El pluralismo político e ideológico es consubstancial con el carácter mismo de la Unidad Popular y con nuestro reiterado propósito de que se haga efectivo en todos los ámbitos de la vida nacional, sean éstos institucionales, sindicales, comunitarios, educacionales, culturales, informativos o de cualquier otro tipo. El Programa de la Unidad Popular expresa que el sufragio universal, secreto y directo generará libremente todos los organismos de representación popular. El mismo programa garantiza los derechos de la oposición. Forma concreta de esta garantía es la libre existencia de los partidos políticos, su participación directa en todos los procesos electorales, su derecho a contar con medios propios e inviolables para su funcionamiento y difusión, y la oportunidad de acceso a los medios de comunicación que permitirán -dentro del amplio espíritu pluralista de mi Gobierno- la expresión de todas las corrientes ideológicas. Por lo demás, personeros de la Unidad Popular tomaron hace ya tiempo la iniciativa parlamentaria para estatuir constitucionalmente los derechos de los partidos políticos. La libre divulgación de las ideas, a través de todos los medios de difusión -libros, prensa, radio, televisión, etcétera- ha sido un principio que hemos defendido en forma invariable, como continuaremos haciéndolo. En este campo hemos evidenciado concretamente nuestra posición al tratarse, por ejemplo, el régimen de la televisión nacional, propugnando la consagración de disposiciones que cautelan su rol democrático y no excluyente. Siempre hemos sostenido una real y verdadera libertad de prensa, en conformidad al derecho del pueblo a estar informado amplia, veraz y oportunamente; hemos señalado las actuales restricciones y hemos combatido todo intento .liberticida en esta materia. Hemos defendido, igualmente, los derechos de los periodistas y su dignidad profesional. Pero no creemos que la cooperativización de los medios informativos -que pudiere ser procedente en algunos casos específicos, según las reivindicaciones de los trabajadores de la prensa y sus relaciones con las respectivas empresas- deba ser necesariamente la solución generalizada. Hemos sostenido que todas las transformaciones políticas, económicas y sociales se harán a partir del orden jurídico actual y con respeto a un Estado de Derecho. Las organizaciones sociales, sean éstas sindicatos, juntas de vecinos, centros de madres, o cualesquiera otras, funcionarán libre, democrática y autónomamente, sin desmedro de las funciones propias y exclusivas de los tres Poderes del Estado. Nuestro programa contempla, por lo demás, disposiciones encaminadas a garantizar la independencia de estos Poderes. He señalado insistentemente la limpia tradición patriótica, democrática y profesional de nuestras Fuerzas Armadas y he planteado mi propósito de cumplir con la obligación nacional de facilitarles su perfeccionamiento técnico y respetar su función específica, para hacer cada vez más eficaz su misión de cautelar la soberanía y la integridad territorial del país. Creo que un concepto más moderno de la Seguridad Nacional y de las necesidades de Chile hace aconsejable la integración y el aporte de las Fuerzas Armadas en algunos aspectos básicos de nuestro desarrollo, sin que ello involucre desvirtuar su función profesional ni distraerlas de su papel esencial en defensa de la soberanía. El reconocimiento del rol estrictamente profesional y de la función exclusiva que corresponde desempeñar a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden es un concepto que repetidas veces se ha expresado. Pero ninguna consideración política me llevará a permitir que se ponga en debate público en este momento las funciones de nuestras Fuerzas Armadas y aspectos internos de su organización. Ello constituiría una falta de respeto a mí mismo y a las tradiciones que representan nuestros institutos armados. Debo expresar, al respecto, que soy intransigente defensor de las prerrogativas del Jefe del Estado. Afirmo que, como Primer Mandatario, ni siquiera la Unidad Popular tendrá derecho a intervenir en la designación de los Altos Mandos, porque esto es una atribución privativa del Presidente de la República, y seré celoso cautelador de mis atribuciones constitucionales. Nunca nadie ha cuestionado la calidad de Generalísimo de las Fuerzas Armadas que por mandato constitucional asume el Presidente de la República. Esa condición, consubstancial a nuestro régimen jurídico, no admite intermediario en las relaciones entre los Altos Mandos y el Jefe del Estado. En innumerables discursos, entrevistas e intervenciones frente a educadores, estudiantes, artistas e intelectuales he planteado con absoluta claridad nuestros puntos de vista acerca de la cultura y la educación. Si hay un ámbito de la vida nacional donde la plena vigencia del pluralismo debe manifestarse más concretamente, éste es el de la educación y la cultura. En el área educacional este principio debe imperar en la estructura, sistemas de admisión, planes de estudio y confección de textos relativos a la enseñanza fiscal y particular. La necesidad de hacer efectiva la preocupación preferente del Estado por la educación nos lleva a concebir una enseñanza fiscal más amplia, más moderna, más concordante con la realidad y las necesidades del país. No dudamos de que toda la educación, libre y voluntariamente, ha de adscribirse al cultivo de ciertos valores comunes inalienables, como los del amor a la Patria y a la humanidad, a la libertad, al pueblo, y, por tanto, a una auténtica democracia. Por cierto, se empeñará asimismo en el desarrollo de las más diversas manifestaciones de la cultura nacional, que concebimos abierta a todos los aportes del saber universal, a los avances de la revolución científico-técnica contemporánea y dispuesta a difundir al máximo el conocimiento, el arte y la literatura, las conquistas de lo mejor del espíritu humano, a fin de hacerlos accesibles a nuestra juventud, a las capas más anchas del pueblo, de la sociedad chilena. El pluralismo ideológico y el respeto a todas las creencias religiosas forman parte de nuestras mejores tradiciones, están incorporados a nuestra convivencia como resultado del esfuerzo y de la lucha del pueblo, y son de la esencia de nuestra idiosincrasia. Toda orientación encaminada a desarrollar una cultura y una educación auténticamente nacionales debe contemplar, por lo tanto, la plena consagración de estos valores. Los integrantes de la Unidad Popular, y yo personalmente, hemos sido permanentes defensores de la autonomía universitaria, expresada tanto en lo académico y lo administrativo como en lo financiero. Siempre hemos sostenido que.las comunidades universitarias, en el ejercicio de sus prerrogativas autónomas, deben cautelar que ninguna contingencia las aparte de su deber de dar cabida a todas las tendencias y expresiones ideológicas. Tuve oportunidad de exponer todas estas ideas en el diálogo cordial y positivo que sostuve recientemente con los miembros del Consejo de Rectores de Universidades, reunidos en Concepción. Me he referido, en las líneas precedentes, a los diversos aspectos tratados en el documento de la Democracia Cristiana que ustedes me entregaron, sin adecuar en forma alguna, ni en el fondo ni en la forma, las posiciones que sustentamos a consideraciones de conveniencia política inmediata. Al dar a conocer estos pensamientos, sólo he ratificado lo que en tantas oportunidades expresara en nombre de la Unidad Popular. Creo, sin embargo, que todo lo anterior sería insuficiente, si no lo integrara en la esencia de la tarea que emprenderá mi Gobierno. Para nosotros, no basta la consagración formal en los textos constitucionales o legales de los principios democráticos y libertarios. Interesa por sobre todo que el pueblo, que todos y cada uno de los chilenos, tenga acceso directo al ejercicio real de estos derechos. Y para lograrlo, es necesario realizar un proceso de transformaciones profundas de las estructuras políticas, económicas y sociales, que es el verdadero sentido de una revolución. Pero los conductores y responsables de este movimiento renovador debemos salvaguar7 dar siempre el contenido genuinamente democrático del quehacer revolucionario. La Unidad Popular, como conglomerado que agrupa a cristianos, laicos y marxistas, el programa que hará efectivo, y los principios que alientan su acción y sus procedimientos, son un auténtico reflejo del espíritu nacional, estos conceptos están presentes en las líneas que hemos definido tanto respecto a nuestro sistema institucional como respecto a los fundamentos de nuestra política económica y social. Como lo señala claramente nuestro programa, que se difundió a través de todo Chile a fin de que cada uno de los que estaba con nosotros o contra nosotros supiera a qué atenerse, el Gobierno Popular se planteó una doble tarea: Por una parte, preservar y hacer más efectivos y profundos los derechos democráticos y las conquistas de los trabajadores. Por otra, transformar las actuales instituciones para instaurar un nuevo Estado, con un nuevo sistema económico, donde el pueblo tenga el real ejercicio del poder. La Reforma Constitucional que impulsará mi Gobierno para llevar a la práctica la transformación de nuestras instituciones, de acuerdo a los planteamientos programáticos expuestos, contendrá la consagración en la Carta Fundamental de los derechos esenciales cuya total vigencia he reafirmado. En muchas de estas ideas hay coincidencia con lo que su Partido y su candidato presidencial, señor Radomiro Tomic, plantearon al país durante la reciente campaña. Tanta, que la propaganda derechista intencionadamente presentaba a ambas postulaciones como similares en su significado político con el fin de obtener ventajas para su propio candidato. Pero lo cierto es que el resultado de las elecciones, en que yo obtuve la primera mayoría y el candidato de la Democracia Cristiana un número muy significativo de votos, demuestra que un alto porcentaje de los chilenos concuerda con la necesidad de avanzar en el proceso de sustitución del sistema capitalista que impera en nuestro país. Examinando el programa de la Democracia Cristiana, es posible observar, entre otras materias, claras coincidencias respecto al nuestro en lo relativo a reforma constitucional, organización de un nuevo sistema económico y recuperación de los recursos básicos para Chile. Todo ello nos permite concluir la posibilidad de que nuestros esfuerzos se complementen cuando el Gobierno Popular asuma la responsabilidad ejecutiva y concrete la reforma constitucional basada en los principios anteriormente destacados. Tal esfuerzo puede realizarse en el marco de la independencia que legítimamente sustenta su Partido frente a lo que yo represento. Al dar respuesta al documento de la Democracia Cristiana, soy consecuente con la conducta pública que he mantenido toda una vida y con la dignidad que corresponde a quien tendrá el honor de ocupar el cargo de Presidente de la República. Deseo dejar constancia de la dimensión ética que significó para mí la inmediata actitud de Radomiro Tomic en la misma noche del 4 de septiembre. Por eso, recordando el momento en que hablé desde los balcones de la Federación de Estudiantes de Chile, mientras jóvenes democratacristianos y jóvenes de la Unidad Popular se confundían en las calles con generosa esperanza, deseo poner énfasis en que comparto las palabras de Tomic: "Ni un paso atrás; cien adelante". Finalmente, expreso que he puesto este documento en conocimiento de todos los jefes de partidos y movimientos integrantes de la Unidad Popular, quienes lo han ratificado en forma unánime. Me complazco en reiterar la significación moral que tiene este intercambio público de opiniones. Ruego, señor Presidente de la Democracia Cristiana, transmitir mis saludos más cordiales a los miembros de la directiva y a todos los militantes de su Partido. Se despide de usted atentamente, Salvador Allende G." El señor AYLWIN.- Es público el proceso de tramitación de las garantías que señalé. La Democracia Cristiana elaboró un anteproyecto que sirvió de base para los debates de una comisión constituida por representantes de nuestro partido y de la Unidad Popular, y que fue prácticamente aprobado en su integridad, con ligeras modificaciones. El objeto de la reforma. ¿Cuál es el objeto específico de este proyecto? Precaver las más flagrantes violaciones a las normas de convivencia democrática en que suelen incurrir los regímenes políticos dominados por ciertos sectores totalitarios de inspiración marxista. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Qué hechos, según demuestra la historia, han solido ocurrir en algunos países? La eliminación de los partidos de oposición; el monopolio gubernativo de los medios de comunicación; la estatización completa de la educación, al servicio de la ideología oficial; el descabezamiento y politización de las Fuerzas Armadas y la creación de milicias populares; la restricción o supresión de las libertades personales; la creación de organizaciones de base que, al margen del derecho, se arrogan el ejercicio del Poder. Aunque por su trayectoria democrática a través de más de 35 años de actuación en la vida pública chilena el Senador Allende constituye una garantía, y aunque el programa de la Unidad Popular reitera las expresiones de lealtad al sistema democrático, no es menos cierto que algunos de estos peligros o riesgos constituyen amenazas implícitas en algunos aspectos del Programa Básico de la Unidad Popular. En efecto, cuando ese programa se refiere al respeto de los derechos de la oposición, dice que ello será así siempre "que se ejerzan dentro de los marcos legales". ¿Cuáles son esos marcos? El programa no lo precisa. Cuando trata de los medios de comunicación de masas, el programa expresa que a ellos "deberá imprimírseles una orientación educativa", lo que manifiestamente entraña el riesgo de que se imponga a todos los medios de comunicación masiva una determinada orientación ideológica, con el fin de formar a la opinión pública y al pueblo dentro de determinadas concepciones oficiales. Y el documento de la Unidad Popular sobre los medios de comunicación de masas, al plantear que los concibe como servicios de utilidad pública, entraña el riesgo de que los subordine, de una manera más o menos drástica, a una dirección o control de parte del Estado. En materia educacional, el programa de la Unidad Popular plantea, por una parte, la "escuela única", declarando que "el Estado tomará bajo su responsabilidad los establecimientos privados", lo que significaría la eliminación de la educación particular, y, por otra, la efectiva "estatización de las universidades", lo que también importaría la eliminación eventual de las universidades no estatales. Ese programa establece que la plenitud del poder político se concentrará en un organismo único llamado Asamblea del Pueblo y, asimismo, que los Comités de Unidad Popular serían los organismos por medio de los cuales se prepararía el pueblo para "ejercer el poder popular". Tales declaraciones entrañan el riesgo de desaparición del Estado de Derecho establecido sobre la base de la. separación de los tres Poderes Públicos, así como el de creación de organizaciones de base que asuman, en el hecho, poderes propios de la autoridad, trascendiendo a los organismos constitucionales legalmente constituidos. Frente a esos riesgos, los demócrata-cristianos estimamos indispensable una clarificación; no un cambio de cartas o una declaración solemne, sino una clarificación pública ante el país, convertida en instrumento jurídico eficaz por medio de la reforma constitucional en debate. Celebro la comprensión y altura de miras con que el Senador señor Allende entendió nuestro planteamiento, y el espíritu con que los partidos de la Unidad Popular acogieron, posteriormente, el proyecto concreto de reformas constitucionales destinado a establecer esas garantías. ¿A qué se refieren las garantías? Permítanme el señor Presidente y el Honorable Senado que las analice, brevemente, una por una. Garantía del pluralismo partidista. La primera se refiere a la existencia del pluralismo partidista. Se encuentra en el nuevo artículo 9º que se consagra en la Constitución Política, el que tiene origen en un artículo elaborado en la reforma constitucional propuesta por el actual Gobierno en 1965, aprobada en la Cámara de Diputados y perfeccionada en la Comisión de Reformas Constitucionales del Senado, con participación de los Honorables señores Gumucio, Bulnes, Duran y Luengo, según consta en el acta de la sesión Nº 63 de esa Comisión, celebrada el 18 de abril de 1967. Su texto se tomó de allí; y las palabras del Honorable señor Bulnes Sanfuentes, autor de buena parte de la redacción de este precepto, que aparecen en las correspondientes actas, son altamente ilustrativas de su significado y deben formar parte de la historia del establecimiento de esta reforma constitucional. Aquí se garantiza a todo ciudadano el derecho a agruparse en partidos políticos; se garantiza a los partidos políticos su libertad para organizarse internamente, para hacer declaraciones de principios y programas y para adoptar acuerdos sobre política concreta, así como su derecho a presentar candidatos en las elecciones a Regidores, Diputados, Senadores y Presidente de la República, de modo que no podrá establecerse en ninguna ley un sistema que limite el derecho de los partidos políticos a presentar candidatos para la generación de los poderes públicos; se garantiza a los partidos políticos el derecho a mantener secretarías de propaganda y medios de comunicación y, lo que es muy importante, el libre acceso de dichas colectividades a los medios de difusión de propiedad estatal o controlados por el Estado. Todas estas garantías no son letra muerta. No son algo que estuviera implícito en los textos constitucionales vigentes, porque, en verdad, con ellos ningún partido político podría pretender el derecho a tener acceso a determinados medios de difusión. Esta norma constitucional se lo otorga a todos, y al mismo tiempo limita el campo de acción de la ley en cuanto pueda reglamentar tales derechos: la ley sólo podrá reglamentar a los partidos políticos en lo que se refiere a su intervención en la generación de los Poderes Públicos, y en cuanto a las condiciones de uso de los medios de difusión, sobre las bases que establece el precepto constitucional y que' significan asegurar una adecuada expresión a las distintas corrientes de opinión, proporcional a los sufragios obtenidos por cada una en la última elección general de Diputados y Senadores o de Regidores. Garantía de la libertad de información. La segunda garantía, relativa a la libertad de opinión y difusión del pensamiento, ¿qué significa? Desde luego, refuerza la libertad consagrada en el texto vigente de la Constitución Política. Expresamente declara que la ley no puede calificar o tipificar como delito las ideas o su difusión. Consagra constitucional-mente el derecho de respuesta. Asegura el igual acceso de todos a los medios de comunicación. Garantiza el derecho de toda persona, y en especial de universidades y partidos políticos, a mantener medios de comunicación. Reserva a la ley la regulación del régimen de propiedad y funcionamiento de estos medios y limita la posibilidad de su expropiación. Quiero ser muy claro. En esta materia, el proyecto elaborado por la Democracia Cristiana planteaba la inexpropiabilidad de los medios de comunicación de masas. La garantía se modificó, para establecer que su expropiación requerirá la mayoría absoluta de los Senadores y Diputados en ejercicio. Yo, personalmente, prefería la primera norma, pero creo que esta segunda constituye, mientras haya un Parlamento independiente, una garantía eficaz. Por otra parte, asegura y regula la libertad de importación y comercialización de libros y revistas y la libertad e igualdad para el abastecimiento de los elementos necesarios para los medios de difusión; es decir, acceso de los órganos de prensa y radio a papel, maquinarias y demás elementos, en vista de que una negativa que les impidiera obtenerlos podría coartar el libre ejercicio de la libertad de información y de opinión. Por último, asegura la libertad de circulación en todo el país de los escritos, impresos y noticias. Todas estas normas constituyen, sin duda, garantías que "explicitan" o desarrollan en forma minuciosa principios que en la Constitución Política actual pueden prestarse a interpretaciones o que pudieran ser vulnerados con el argumento de que no se ha violado ninguna garantía constitucional. Garantía de la libertad de enseñanza. En tercer término, el proyecto garantiza la libertad de enseñanza y la autonomía universitaria. El nuevo número 7 del artículo 10 contiene normas de incalculable importancia. En primer lugar, deja en claro que la función primordial del Estado -y por "primordial" se entiende, no que le pertenezca en primer término, sino que es una función, entre las del Estado, de alta prioridad, de gran importancia- se ha de ejercer por un sistema nacional de educación, del cual formen parte no sólo las instituciones oficiales de enseñanza, sino también las de índole privada que colaboran en su realización. Este precepto garantiza, de un modo en que no lo hace el texto vigente -de modo claro y categórico-, la existencia de la educación particular en Chile. Se trata de los derechos de los habitantes de la República; y este precepto significa que a éstos se les reconoce el derecho de escoger el sistema que deseen para la educación de sus hijos: la educación estatal o la educación particular. Y el Estado asegura el funcionamiento de ambas. Garantiza este precepto la libertad de los establecimientos de enseñanza particular para darse su propia organización y escoger sus autoridades. Garantiza algo más: el deber del Estado de contribuir económicamente a asegurar el funcionamiento de la educación privada y gratuita que no persiga fines de lucro. En esta materia es muy importante tener presente" que se entiende por educación gratuita aquella que se da sin cobro en instituciones que no persiguen fines de lucro. Esto no excluye, por lo tanto, las erogaciones voluntarias que los padres de familia quieran hacer para colaborar al mantenimiento de estos colegios, ni la existencia, en el mismo establecimiento, de alumnos que paguen por su educación. De ello quedó constancia en la historia del establecimiento de esta reforma en la Cámara de Diputados, y deseamos que conste también aquí. Lo que se excluye es el actual sistema de subvenciones a la enseñanza pagada. La razón de ser de esta interpretación está en que es de justicia que, en un país donde las diferencias entre los niveles de ingresos son todavía muy grandes, los padres de ingresos más altos contribuyan económicamente a educar a sus hijos. Por otra parte. El señor GARCIA.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? El señor AYLWIN.- Perdóneme Su Señoría. Quiero terminar la exposición de mis ideas. Resulta muy beneficioso para el cambio social el que los alumnos que pagan y los que reciben educación gratuita se eduquen en el mismo establecimiento y compartan las mismas experiencias formativas. Concedo la interrupción que me ha pedido, con cargo a su tiempo, el Honorable señor García. El señor GARCIA.- Gracias. Con la venia "del señor Presidente. Entiendo claramente, cuando se deja esa constancia para la historia de la ley, que los pagos voluntarios hechos por los padres de familia no eliminan el carácter de lucro de las universidades. Me interesa saber si son voluntarios los pagos de matrícula en las universidades privadas. A mi juicio, no son voluntarios, sino obligatorios, porque cuando no se cancelan, los alumnos no pueden rendir exámenes. El señor AYLWIN.- Cuando aborde el problema relativo a las universidades, me referiré a la materia planteada por el Honorable señor García. La verdad es que la norma referente a ellas es enteramente distinta de las establecidas para el resto de la educación. En cuanto a lo que vengo diciendo, el Diputado señor Maira dejó expresa constancia, en la sesión celebrada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara, el miércoles 14 de octubre, de que "sólo la educación privada gratuita, que no persiga fines de lucro, recibirá del Estado una contribución económica que garantice su financiamiento. Este principio, en el hecho, ha venido aplicándose en el país en los últimos años, ya que no obstante la disposición legal que establece la obligación de entregar un 25% del costo por alumno de la educación fiscal para la educación privada pagada, en la práctica, según nos precisó el señor Ministro de Educación, pese a esta disposición legal, desde hace varios años no se ha dado curso a esta obligación, a la que, a su vez, han renunciado a percibir los beneficiarios. Con ello, se ha consagrado una situación de hecho en la cual no se hace efectivo el subsidio estatal a la educación privada pagada, manteniéndose sólo esta ayuda en el caso de la educación privada gratuita. "Lo que nos manifestaban es lo siguiente: existen establecimientos en las cuales coexisten modalidades de educación gratuita con la educación pagada. Yo les manifesté, y creo que ése es el alcance correcto del texto, que ésta es una disposición que atiende al carácter de la educación que se imparta; haciendo, incluso, las salvedades dentro de determinados establecimientos entre las modalidades que respecto de él puedan establecerse. Y les manifesté que, a mi juicio, conforme a este texto, en todos aquellos casos en que se impartiera educación gratuita iba a primar la norma constitucional, estableciéndose oportunamente por la autoridad pertinente las precisiones de hecho, y las destinaciones, incluso, dentro de un mismo establecimiento ubicado en la provincia." El señor Luis Maira, quien ofició en la Sala de Diputado informante, textualmente dijo lo siguiente': "Se consagra el principio de que sólo la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro recibirá una contribución económica que garantice su financiamiento; idea que como ha quedado establecido en las actas de la Comisión, tendrá aplicación incluso en los establecimientos de carácter mixto, como por ejemplo en algunos en los cuales la educación básica es gratuita, y la secundaria, pagada; en casos como éste y en todo el ámbito de la educación efectivamente gratuita y que no persiga fines de lucro, tendrá lugar la aplicación de las disposiciones que se consagran." Lo mismo hizo el Diputado señor César Fuentes en los debates de la Cámara. Aparte lo anterior, se garantiza el carácter democrático y pluralista de la educación en todo su sistema, tanto estatal como particular, y se elimina la posibilidad de que tenga una orientación partidaria oficial. Se garantiza que la renovación de los programas, o la organización del sistema educacional, ha de estudiarse y decidirse por instituciones competentes, de composición pluralista. Se establece que la Superintendencia de Educación la dirigirá un Consejo integrado por representantes de todos los sectores vinculados al sistema nacional de educación, y que la representación de ellos se generará democráticamente, vale decir, no solamente por ciertos sectores. Además, se consignan normas para garantizar que la selección de textos de estudio se realice sobre la base de concursos públicos, a los cuales tengan acceso todos los educadores idóneos, cualquiera que sea su ideología; que existan facilidades equitativas para editar y difundir los textos escolares, y que los establecimientos educacionales tengan libertad para elegir los que prefieran. Lo anterior se relaciona con el sistema educacional básico y secundario, es decir, con la enseñanza básica, media y parvularia. Garantía de la autonomía universitaria. Las normas siguientes se refieren a la autonomía universitaria, que no está limitada por las anteriores. Se consagra que las universidades estatales y particulares son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica, y que corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones, de acuerdo con los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país. Lo expuesto se refiere tanto a las universidades estatales como a las particulares. En consecuencia, la afirmación hecha por el Honorable señor Bulnes Sanfuentes proviene de una interpretación errónea o de un desconocimiento del verdadero sentido y del claro texto del precepto constitucional, porque él asegura tanto a las universidades estatales como a las particulares, sin condicionarlas al no cobro de ningún beneficio o ingreso a los estudiantes por sus servicios, la obligación del Estado de proveer a su adecuado financiamiento, a fin de que puedan cumplir plenamente sus funciones. El señor BULNES SANFUENTES.- ¿Me permite una interrupción con cargo a nuestro tiempo? El señor AYLWIN.- Con todo gusto. El señor BULNES SANFUENTES.- En primer lugar, la disposición referente a la educación particular, que prohibe subvencionar a los planteles pagados, es aplicable a todos los establecimientos educacionales básicos, medios o superiores, porque un axioma de derecho dice que "cuando la ley no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir". No hace distingo de la educación universitaria. En segundo término, el precepto que dispone que se deberá proveer al adecuado financiamiento de las universidades es un consejo al legislador. El legislador determinará qué es lo adecuado, y podrá establecer, por ejemplo, que la universidad disponga de la quinta parte del alumnado que actualmente tiene o que no lo amplíe, y concederle subvención sólo para cumplir sus fines con esos alumnos. De manera que las observaciones que hice sobre este precepto, que considero gravísimas, se han confirmado. El señor AYLWIN.- En verdad, me sorprenden las palabras que acabamos de oír al Honorable señor Bulnes Sanfuentes. Parece que Su Señoría -perdóneme que se lo diga con franqueza-, más que preocuparse por obtener la interpretación que corresponde, porque sus autores -yo redacté el borrador de este proyecto- le están diciendo cuál es su verdadera intención, pretende buscar, con ánimo mezquino y partidista, una interpretación en perjuicio de las universidades particulares, a las cuales debería defender. Pero dejo constancia de que su interpretación no corresponde a la verdad. Deseo dejar en claro ante el Senado que, además del axioma de que "cuando la ley no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir", hay otro consagrado expresamente en las normas sobre interpretación de las leyes, que establece que "las disposiciones particulares sobre determinadas materias prevalecen sobre las disposiciones generales de la misma ley". En este momento estamos examinando las disposiciones particulares referentes a las universidades. Y la norma es categórica, porque consagra para todas las universidades, tanto estatales como particulares, el derecho de que el Estado provea, a su adecuado financiamiento, a fin de que puedan cumplir plenamente sus funciones. Más todavía: el precepto garantiza el acceso a las universidades sobre la base exclusiva de la idoneidad de los postulantes, para evitar discriminaciones ideológicas o de otro carácter, que puedan perjudicar su democrática generación. A la vez, se exige que quienes ingresan a la universidad sean egresados de la enseñanza media o tengan estudios equivalentes, a fin de impedir que se dé el nombre de universidades a instituciones fantasmas, a las cuales pueda llegar gente sin capacidad para recibir enseñanza superior. Hay algo más sobre la materia. Esta norma constitucional garantiza el pluralismo dentro de las universidades, como carácter esencial de ella. Y sus incisos finales, al establecer que el personal académico es libre para desarrollar las materias, conforme a sus ideas; que tendrá la obligación de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y los principios diferentes y discrepantes, y que los estudiantes universitarios tienen derecho a expresar sus propias ideas y a elegir los profesores y la enseñanza que deseen, garantizan un régimen democrático dentro de la universidad. Tal garantía es necesaria frente a los hechos que han empezado a manifestarse en algunas universidades chilenas; por ejemplo, unas jornadas pedagógicas celebradas en la Universidad Técnica del Estado. Hoy día, la juventud de la Democracia Cristiana denunció, por medio de la prensa, que en esas jornadas, con participación de las autoridades de ese plantel universitario y suspensión de las clases, se pretendió imponer asistencia obligatoria y dictar clases de marxismo a los alumnos. Actuaciones como éstas, que evidentemente constituyen un abuso y vulneran el pluralismo propio de la universidad, quedan excluidas por esta reforma constitucional. Garantías a las organizaciones sindicales y Comunitarias. No detallaré las demás garantías, pero quiero decir que las normas relativas a la libertad de trabajo, el derecho a sindicarse y la libertad sindical, figuraban en las reformas constitucionales presentadas en 1965 y alcanzaron a aprobarse- en la Comisión de Reformas Constitucionales del Senado, integrada por parlamentarios de las más diversas tendencias. Igual cosa sucede con las normas concernientes al derecho a la seguridad social y al derecho de todos los ciudadanos a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica. Sobre esta última materia hay dos principios que vale la pena destacar, porque también constituyen garantías reales y efectivas. La nueva norma que establece que "las juntas de vecinos, centros de madres, sindicatos, cooperativas y demás organizaciones sociales mediante las cuales el pueblo participa en la solución de sus problemas y colabora en la gestión de los servicios del Estado y de las municipalidades, serán personas jurídicas dotadas de independencia y libertad para el desempeño de sus funciones, que por ley les corresponde, y para generar democráticamente sus organismos directivos y representantes mediante el voto libre y secreto de todos sus miembros". En consecuencia, en ninguna organización de base podrá excluirse a nadie del derecho a participar en la generación de sus directivos. Más todavía: se consagra en esta norma que ni tales instituciones, ni ninguna otra, en conformidad a los artículos lº y 4º de la Constitución, podrán arrogarse el nombre o representación del pueblo ni intentar ejercer poderes propios de las autoridades del Estado. Ello tiene por objeto evitar, de manera clara y patente, que mediante organismos de hecho, que se arroguen atribuciones del poder público, pueda romperse el Estado de Derecho en Chile. Garantía de la libertad personal. El Honorable señor Bulnes se refirió a las garantías de libertad personal y de reunión. Ellas se han vigorizado en este proyecto constitucional, porque en el texto vigente quedaban sujetas a reglamentos de policía, que se dictan sólo por el Poder Ejecutivo. Estimamos que constituye mayor garantía que se regulen por ley y que no es posible, por simple reglamento de policía, limitar la libertad personal y de reunión. Estado de Derecho y Poder Judicial. Se ha hecho cuestión de que esta reforma constitucional no resolvería el problema del Poder Judicial ni aseguraría la garantía de un Estado de Derecho en Chile. Sobre el particular, quiero recordar que en el intercambio de cartas con el Senador Allende, el Partido Demócrata Cristiano le planteó que la vigencia del Estado de Derecho "exige la subsistencia de un régimen político en que la autoridad sea ejercida exclusivamente por los órganos competentes de los tres Poderes Públicos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dentro de la independencia de cada uno, de la necesaria colaboración entre ellos y del marco de la Constitución y la ley, sin intervención de otros órganos de hecho que actúen en nombre de un supuesto poder popular". El Honorable señor Allende contestó a esto expresando que ha sostenido "que todas las transformaciones políticas, económicas y sociales se harán a partir del orden jurídico actual y con respeto a un Estado de Derecho". La garantía de la independencia del Poder Judicial se consagra sobradamente en numerosos artículos de nuestra Constitución Política. No es necesario establecer nuevas normas para asegurarla. Pues bien, la declaración solemne del Senador Allende y sus compromisos contraídos ante el país en el sentido de que en cualquier reforma constitucional que plantee no se atentará contra la independencia de los Poderes Públicos, son la respuesta para eso. Pero en una reforma constitucional no se pueden evitar modificaciones posteriores, porque ellas dependen de fenómenos políticos. Hoy en la mañana leí en "El Mercurio" un comentario de un Diputado del Partido Nacional, quien se queja de que no se establezca en estas normas que ellas serán irreformables por otra modificación constitucional. Creo que en ningún país existe un régimen de rigidez constitucional tan grande, en el que se establezca que la Carta Fundamental no puede reformarse por otra. Alcance y trascendencia de las garantías. Estas reformas de la Constitución son garantías reales y efectivas. ¿De qué? De las reglas del juego democrático, de lo que yo me he atrevido a llamar "el ring del combate político". Son garantía de que en este país podrá seguir existiendo una oposición que se ejerza dentro de la democracia y que pueda constituir alternativa de poder. Si nos dormimos sobre los laureles de estas reformas y nos ponemos a descansar; si no estamos prontos a ejercer nuestros derechos, a denunciar los abusos, a actuar democráticamente en defensa de nuestras creencias y de nuestros principios, es evidente que ellas de poco servirán. La mayoría del pueblo de Chile ama la libertad y tiene conciencia democrática y coraje, y, en la medida en que la ciudadanía tenga coraje, nosotros habremos contribuido con estas garantías a cumplir lo que estimamos nuestra responsabilidad en esta hora. Así se lo dijimos al Senador Allende: "La Democracia Cristiana está consciente de que su responsabilidad fundamental en esta hora es contribuir a crear las condiciones que aseguren un cauce democrático y libre al proceso de cambios económico-sociales que Chile debe continuar". Nuestro país inició ese proceso durante el Gobierno del señor Frei. La actual Administración ha sido incomprendida, pero ha realizado una labor trascendental, que la historia ensalzará en su oportunidad y que nuestros propios adversarios de Izquierda y de Derecha tendrán que reconocer en el fondo de sus conciencias. Ahora se inicia una nueva etapa. Nosotros, ante ella, estamos dispuestos a cumplir nuestro deber de chilenos y de patriotas, al servicio de nuestras ideas y, sobre todo, al servicio de Chile, en la actitud de oposición en que las urnas nos colocaron, pero sin negar la sal y el agua al próximo Gobierno, y sobre la base de que tengamos garantías democráticas para seguir avanzando en la conquista de la justicia por los caminos de la libertad. Nada más, señor Presidente. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Señores Senadores, el Honorable señor Aylwin habló durante tres cuartos de hora. Restan al Comité Demócrata Cristiano cinco minutos. Antes de suspender la sesión, debo hacer presente que está inscrito en primer lugar para la tarde el Honorable señor Sule y, a continuación, el Honorable señor García. Al Comité Radical le corresponden 37 minutos. Al Nacional, después de la intervención del Honorable señor Bulnes, le quedan 8 minutos. El señor MONTES.- ¿Y al Comité Comunista, señor Presidente? El señor NOEMI (Vicepresidente).- Dieciocho minutos, señor Senador. Se suspende la sesión hasta las 15.30. -Se suspendió a las 13.10. -Se reanudó a las 15.31. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Continúa la sesión. Tiene la palabra el Honorable señor Sule. El señor SULE.- El cobarde y criminal atentado que se perpetró en la mañana de hoy en contra del señor Comandante en Jefe del Ejército, General Rene Schneider, ha conmovido hondamente a los Senadores radicales, quienes abordaron formular, para conocimiento de la opinión pública y de los partidos políticos, la siguiente declaración: "1º.- El criminal intento de asesinar al señor Comandante en Jefe del Ejército de Chile no es sino la culminación de un largo y planeado proceso destinado a impedir que la combinación de Partidos y Movimientos Políticos que' integran- la Unidad Popular asuma, bajo la presidencia de don Salvador Allende, el poder político y ponga en práctica sus planes de gobierno, destinados a perfeccionar la Democracia mediante la eliminación de los privilegios y de las restricciones impuestas hasta ahora al país, directa o indirectamente, por los sectores reaccionarios. "Los numerosos atentados cometidos mediante el uso de explosivos, en circunstancias que fácilmente pudieron originar catástrofes de imprevisibles consecuencias para la vida de muchas personas; las campañas de rumores sediciosos en el ámbito nacional e internacional; las declaraciones de personeros de movimientos como el llamado "Patria y Libertad"; la acción deliberada destinada a producir el caos y el pánico financiero; la guerra psicológica realizada a través de amenazas contra la vida de dirigentes políticos de izquierda o de sus familiares, son partes de un plan sedicioso y criminal que ofende las bases, principios y valores más fundamentales y tradicionales de la nacionalidad chilena. "2.- El Partido Radical reclama con orgullo el reconocimiento de su constante, valerosa e irreductible defensa y sostén de la Democracia chilena y de los principios que constituyen la esencia del concepto democrático. El significa la vigencia plena del Estado de Derecho, la sujeción de los Poderes del Estado, de las Fuerzas Armadas y de todos los ciudadanos a la Constitución y a las leyes. Significa también el más claro y sincero respeto a los derechos y garantías del hombre, especialmente a su vida. Significa la posibilidad de coexistir, no en la forma fácil que franquea el que coincide con nuestras opiniones e intereses, sino con aquellos que desafían nuestros esquemas y que creen en otras formas de organización política y social. Significa el acatamiento de la voluntad de la mayoría, producida por las vías o a través de las instituciones que la Constitución señala. Significa garantizar la seguridad de vivir sintiéndose libre, de alcanzar el grado de desarrollo intelectual, cultural y material que a cada hombre otorguen sus propias condiciones en un medio en que las posibilidades son comunes a todos. Significa, en una palabra, la posibilidad cierta de encontrar en cada otro hombre un ser solidario, amistoso y leal y sincero en el acuerdo o en la discrepancia. "Estamos convencidos de que hemos logrado que esta concepción radical de la Democracia prenda en la mente y en el corazón de todos los chilenos, hasta llegar a conformar un pueblo cuya idiosincrasia no puede ser definida fundamentalmente de otra manera que como la más genuina, amplia y definitiva vocación para vivir en libertad y para respetar la vida y derechos del ser humano. "3º.- Los atentados que la ultraderecha o la ultraizquierda han planeado y ejecutado con los propósitos que expresamos al comienzo, descalifican a sus autores como integrantes de la comunidad chilena. Ellos han introducido métodos de acción ajenos a nuestra idiosincrasia, que revelan su propia alienación. Quien, con la facilidad con que han procedido los victimarios del General Schneider, hace caso omiso de nuestras más dignas tradiciones democráticas, demuestra con su acción que nunca se ha sentido incorporado a la nacionalidad chilena, que nunca ha vivido y sentido con sinceridad la libertad, el sentido de respeto y el deber de solidaridad en que debe basarse la existencia y el progreso de nuestra Nación. Los que hipócritamente han sembrado los ideales de Patria, Libertad y Democracia los olvidan hoy rápidamente, cuando la Democracia no les ha permitido alcanzar el Poder Político, para demostrar definitivamente que ni Chile ni ningún otro país es su Patria y que sólo los motiva, en cualquier época y lugar, la protección egoísta de sus propios intereses y privilegios. "4°.- Los Senadores radicales rechazan con indignación y, a la vez, con el dolor que produce el ver conculcados principios y valores tan caros para la chilenidad, el atentado cometido en contra del señor Comandante en Jefe del Ejército, General Rene Schneider, y exigen de las autoridades el más pronto y drástico castigo de los culpables. "Al mismo tiempo hacen un llamado al pueblo de Chile, a sus instituciones armadas y civiles y a los partidos políticos progresistas, para que en estas difíciles circunstancias por las que atraviesa el país, mantengan la calma y serenidad indispensables para consolidar el triunfo del Senador Salvador Allende, y eviten ser arrastrados a la situación de anarquía en que se desea envolver al país para impedir la continuidad de la vida democrática y la asunción del Poder por el pueblo." Señor Presidente, Honorable Senado: Circunstancias políticas de público conocimiento han hecho posible el acuerdo mayoritario del Congreso Nacional para dar pronta tramitación a la reforma constitucional que discutimos, sin duda una de las más trascendentales entre las producidas desde la dictación de la Carta Fundamental de 1925. Nuestro propósito es dar expresión más clara a las garantías que la Constitución otorga a los habitantes de nuestro territorio y ampliar su ámbito tanto en el orden individual como en el social. Es importante señalar que este proyecto no es el resultado de un estudio improvisado y reciente, sino la consecuencia final de un dilatado proceso de discusión e información a nivel nacional. La ciudadanía, preocupada en forma legítima por el carácter marcadamente individualista del artículo 10 de la Carta Fundamental, busca desde hace años consagrar, del mismo modo en que lo hacen tantas otras constituciones del mundo, una gama de derechos que no miran tanto a los intereses del hombre como individuo, cuanto a sus facultades y posibilidades como persona socialmente vinculada a todos los procesos de interés colectivo. Ya en el proyecto de 1965, aprobado con los votos de los mismos partidos que hoy concurren a la sanción de esta reforma constitucional, se reconoció esa necesidad. Hoy, en gran parte, se reproducen, actualizadas, muchas disposiciones de aquella iniciativa, varias de las cuales, en lo referente a derechos sociales, fueron impulsadas en la Cámara de Diputados por el actual presidente de nuestro partido, DiputadoCarlos Morales Abarzúa. Abocados a la preparación de este proyecto, las colectividades que lo patrocinan se hicieron asesorar por expertos en materias constitucionales, y, luego de una intensa discusión, dieron forma a una iniciativa que no deja lugar a dudas sobre la coincidencia de la mayoría de los partidos políticos chilenos en el propósito de perfeccionar nuestro régimen democrático. En efecto, la iniciativa establece las bases del Estatuto de los Partidos Políticos, garantizando su existencia y autonomía, programando su intervención decisiva en los procesos electorales y asegurándoles libre acceso a los medios de comunicación masiva. La libertad de opinión es enriquecida mediante la consagración constitucional de normas que, en su mayoría, están establecidas en leyes vigentes. Se expresa sí, clara y definitivamente, que nuestro país reconoce la más amplia e irrestricta libertad para criticar los actos públicos y privados y para formar opinión mediante la divulgación de las propias, todo ello dentro de los márgenes que la ley establezca para sancionar los abusos y excesos. El derecho a reunión y la libertad ambulatoria adquieren el rango que les negó la Constitución de 1925, al establecerse ahora que ello sólo podrán ser regulados, por ley, en lugar de serlo por la vía del reglamento del Presidente de la República. En materia de enseñanza se establecen, con el alto rango que la Ley Fundamental supone, las bases de un sistema nacional de educación, metodológica y económicamente planificado. En esta materia queremos ser muy precisos. No sólo hemos querido una expresión formal, "de papel", del derecho que asiste a todo habitante para profesar y dar instrucción en el país. Por el contrario, pretendemos asegurar, a quienes altruistamente dedican su vida a la enseñanza, el respaldo del Estado, en cuanto éste no pueda, por diferentes razones, asumir en forma directa la totalidad de la función docente. Deseamos también asegurar el carácter objetivo, laico, no discriminatorio, libre, en una palabra, de la función educativa, como única vía para producir, mediante la formación de nuestra juventud sobre bases científicas y culturales fundamentales e irrenunciables, la verdadera integración social y nacional que el país requiere y que hoy día se ve dificultada por verdaderas "élites" o "aristocracias de educandos". A propósito de esto, me extraña -me amarga un poco, como joven ciudadano y como Senador de la República- que un acuerdo logrado sobre bases tan elevadas entre los partidos de la Unidad Popular y la Democracia Cristiana, sin ninguna razón subalterna, sin interés mezquino, sino con la idea fija de construir una patria mejor, de liberar al hombre, de otorgar justicia, no sólo a los sectores minoritarios y privilegiados, sino a toda la ciudadanía, haya sido comentado en la mañana de hoy, en esta Sala, por un antiguo e inteligente parlamentario -el Honorable señor Bulnes Sanfuentes, miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia- con tanta liviandad, restándole tantos méritos y suponiendo, al parecer, motivos subalternos. Hay aspectos de la iniciativa que contaron con el apoyo de Su Señoría cuando se discutió la reforma constitucional del año 1965. Estuvo de acuerdo, por ejemplo, en dar rango constitucional a los partidos políticos mediante un nuevo estatuto. Y respecto de los derechos sociales -lo que fue objeto de largo debate-, se logró en definitiva acuerdo unánime, sobre la base de la redacción propuesta en la Cámara por el Diputado señor Morales Abarzúa. A mi juicio, es equivocado el análisis del señor Senador respecto de la situación en que quedarían las universidades privadas. ¡Si nosotros no hemos entrado en un juego de niños hoy en la mañana ni cuando discutimos en la Comisión de Constitución este asunto, o en las que designaron la Unidad Popular y la Democracia Cristiana! Siempre se dio a las universidades un tratamiento específico y determinado. No obstante ser suficiente lo que se ha dicho, o debería bastar con ello, quiero también señalar, para tranquilidad de los señores Senadores, que la única interpretación que cabe -si Sus Señorías lo desean lo dejamos en la historia fidedigna de la ley- es la que dio a este problema el Honorable señor Aylwin. Evidentemente, no tiene otro alcance. No se puede ver, en el tratamiento que han dado al problema partidos serios -que representan sectores importantes de la ' ciudadanía: campesinos, obreros, trabajadores, profesionales, artistas, intelectuales, es decir, al pueblo mismo- un juego político destinado, por la vía de la transacción, a engañar al pueblo. Sin duda, habrá de reconocerse en el futuro, que no es ésa la finalidad que se perseguía cuando se adoptó un acuerdo de tan vas- tas proporciones. El señor BULNES SANFUENTES.- Quiero pedir al Honorable señor Sule que me ceda 5 minutos de su tiempo, porque hemos sido aludidos durante todo el día y sólo tenemos breves minutos para hacernos cargo de las alusiones. El señor SULE.- Depende del tiempo que ocupe en el resto de mi discurso. Si no lo utilizo todo, con mucho gusto, le cedo tiempo, pues se trata de aclarar conceptos que serán normas constitucionales. En cuanto a lo que he dicho, advierto que son apreciaciones meramente subjetivas. Tal vez el Honorable colega pueda dilucidar mis dudas respecto del tratamiento que Su Señoría dio al problema. En realidad, creo que algo de tiempo me quedará, y si así sucede, se lo cederé. El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Senador, ¿me concede una interrupción con cargo a nuestro tiempo? El señor SULE.- ¿De cuántos minutos dispongo, señor Presidente? El señor NOEMI (Vicepresidente).- De 37, señor Senador; y le restan alrededor de 20 minutos. El señor BULNES SANFUENTES.- Concédame una interrupción con cargo a mi tiempo, Honorable colega. El señor SULE.- Con todo agrado, porque me va a alcanzar el tiempo. El señor BULNES SANFUENTES.- Quiero referirme a un punto concreto del problema. Nosotros estamos en desigualdad manifiesta de condiciones para debatir el proyecto, porque contamos con un solo tiempo, y bastante reducido, mientras que los partidarios de la iniciativa disponen de muchos tiempos. No puedo pretender haber hecho un estudio exhaustivo y profundo sobre el particular, y así lo manifesté al empezar mis observaciones. Pero eso no es de mi responsabilidad. Los Senadores estudiamos los proyectos cuando llegan al Senado, y éste fue despachado ayer en general y particular en la Comisión de Constitución en algo así como 10 minutos, al día siguiente de llegar a la Corporación. Sin embargo, creo tener la suficiente experiencia en materias constitucionales para reiterar las observaciones que le formulé. Este proyecto tiene, en la enorme mayoría de su contenido, disposiciones inútiles que no coinciden con los propósitos que él persigue. Tal vez pueden perfeccionar el texto de la Constitución, pero no constituyen garantías eficaces. Que yo con alguna de esas frases pueda haber estado de acuerdo cuando se discutió un proyecto de reforma que tenía por objeto estudiar una nueva Constitución, no significa que considere que en ellas hay algo medular e importante. En cuanto a las observaciones que hice ' a la iniciativa respecto de aquellos puntos que señalé como nocivos y perjudiciales, las mantengo, como también sigo creyendo que, tal como está redactado el nuevo Nº 7 del artículo 10, nos encontraremos con que ningún instituto de enseñanza particular, ni siquiera universitario, podrá cobrar pensión a sus alumnos sin perder la asignación del Estado, porque hay un inciso del Nº 7º del artículo 10 que dice: "Sólo la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro recibirá del Estado una contribución económica que garantice su financiamiento, dé acuerdo a las normas que establezca la ley." Esa es una disposición que se refiere a toda la educación privada, inclusive a la universitaria. El señor AYLWIN.- No, señor Senador. El señor BULNES SANFUENTES.- Se refiere a la educación privada gratuita y que no persiga fines de lucro, Honorable colega. Más adelante hay otra disposición que dice: "Las Universidades estatales y particulares reconocidas por el Estado son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica. Corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente, de acuerdo a los requerimientos educacionales, científicos y culturales del país." Cuando la disposición particular es opuesta a la general, se prefiere la particular; pero cuando no hay oposición entre ellas, se aplican- ambas conjuntamente. En estos dos preceptos no hay oposición. Por el contrario, parece que se complementan, porque después que el primer precepto señala que sólo la educación gratuita recibirá subvención del Estado, el segundo dice que corresponderá a éste dar adecuado financiamiento a las universidades; de manera que se elimina la posibilidad de que los establecimientos de enseñanza superior, como los demás planteles de educación, puedan cobrar pensión a sus alumnos. Sostengo, entonces, que gran parte de los establecimientos de educación media no podrán subsistir, porque necesitan de la cooperación del Estado y de los padres de familia, y que las universidades quedarán entregadas a lo que el legislador considere adecuado en materia de financiamiento. No podrán, sin consentimiento del legislador, aumentar su alumnado, cátedras o facultades. No he planteado esto porque desee dejar constancia de esta interpretación. He destacado ese error del proyecto, creyendo que, en realidad, se quería matar a la educación particular. Pero yo hago fe en lo expuesto por los Honorables señores Aylwin y Sule, en el sentido de que lo anterior ha traicionado intención. Pido a mis Honorables colegas que, si es así, dejemos constancia por unanimidad de que el sentido de la disposición es el que ellos han querido establecer, pero que, a mi modesto entender, no está consignado en la letra. No tenía otra manera de influir en este proyecto, sino por la vía de las observaciones en la Sala, ya que se nos negó la posibilidad de hacer un estudio razonado, como corresponde a una reforma constitucional. El señor SULE.-En verdad, he sido muy claro, en mi exposición, pero no tanto como el texto mismo ya redactado. Señalé que lo dicho por el Honorable señor Aylwin corresponde en forma clara no sólo al espíritu, sino al tenor literal de la reforma que estamos defendiendo. En cuanto a las otras materias que no señaló el Honorable señor Bulnes -a lo mejor lo hará más adelante-, aunque puedan estimarse inútiles e inocuos, se elevarán a la categoría de normas constitucionales algunos beneficios y derechos que antes sólo estaban en la ley. Por todo lo dicho, debo señalar que hemos establecido con énfasis que la educación es una función primordial del Estado, que se cumple a través de un sistema nacional, del cual forman parte las instituciones oficiales de enseñanza y las privadas que colaboran en su realización, ajustándose, eso sí, como es lógico, por lo demás, a los planes y programas establecidos por el Estado, por intermedio de las autoridades competentes. En esta forma queremos señalar que es misión del Estado, ya no sólo preferente, sino primordial, planificar adecuadamente la educación nacional, proveer a su financiamiento y mantener en forma constante un papel rector de la misma, de manera que esté siempre orientada a la solución de las necesidades públicas del país y sea capaz de dotar a nuestra nacionalidad de hombres convencidos de que la democracia tiene una dimensión que no se agota en la mera satisfacción de los intereses personales, sino en el acatamiento de aquellos valores que los convierten en seres eminentemente sociales. Mediante las modificaciones introducidas al Nº 14 del artículo 10, y de los números que se le agregan como 16 y 17, damos amplia aunque no total cabida a los derechos sociales. En el curso del próximo mes esperamos completar las reformas relativas a los derechos sociales, conforme con el programa de la Unidad Popular. Al respecto, enviaremos una nueva iniciativa de reforma constitucional. Mediante estas modificaciones, como dije, quedan garantizadas la libertad y el derecho al trabajo, el derecho a la sindicación, a la huelga, a la seguridad social y a la salud; el derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica del país. Queremos marcar la diferencia entre las garantías de orden individual y los derechos sociales, haciendo notar que estos últimos constituyen un compromiso de mucho mayor envergadura y de carácter positivo para el Estado, el Gobierno y para la totalidad de la sociedad chilena. Mientras en materia de derechos individuales estamos frente a una verdadera obligación de abstención de parte del todo social respecto de la esfera de autonomía que se deja a cada habitante, en el caso de los derechos sociales nos estamos comprometiendo todos, sin excepción, a transformar y mejorar este país para hacer realidad las legítimas pretensiones de los sectores mayoritarios de incorporarse efectivamente a disfrutar los beneficios que el desarrollo económico, social y cultural del país produzca. Es la forma de comprometerse a que no haya más cesantía, a que los trabajadores conserven y aumenten su poder de negociación, a que todos ganen el derecho de protección frente a la vejez, a la enfermedad o al riesgo profesional. Estamos contrayendo el compromiso de hacer una democracia social, de superar la etapa decimonona de las garantías imaginarias y de asegurar a cada hombre que su esfuerzo, en la medida en que cede en beneficio de todos, y sólo entonces, producirá su propio beneficio. Reconociendo la honrosa tradición de acatamiento al orden jurídico y a las autoridades civiles del Estado, que han mantenido nuestras Fuerzas Armadas, tradición que es uno de los timbres de distinción internacional de nuestro país, hemos hecho más explícita la norma del artículo 22 de la Constitución Política para enfatizar su carácter profesional, jerarquizado, disciplinado, obediente y no deliberante. De igual modo, hemos querido preservar la institucionalidad de las fuerzas de la Defensa Nacional, señalando que la incorporación a ellas sólo podrá hacerse a través de sus propias escuelas especializadas. Queremos terminar señalando una de las principales ideas rectoras del proyecto: junto con ampliarse al ámbito de las garantías individuales y sociales, se acentúa la idea de que ninguna de ellas es ilimitada, porque si lo fueran, esa amplitud sería una autonegación de las garantías y una consolidación de situaciones vigentes. Se ha dejado a la ley, como manifestación inmediata del poder social predominante, la regulación de los derechos individuales y sociales. Con ello no repetimos algo, al parecer, de sobra sabido, sino que destacamos la circunstancia de que habrá un claro predominio del interés de las mayorías nacionales sobre los intereses de orden personal, predominio que a partir de esta reforma, y con el nuevo Gobierno de la Unidad Popular, deberá conducir a una coincidencia básica entre los intereses y conductas de los individuos, de la sociedad chilena y de su Gobierno. Por tales razones, los Senadores del Partido Radical, con mucho agrado, darán sus votos favorables a esta reforma constitucional. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. Hago presente al señor Senador que sólo dispone de tres minutos, pues de los ocho que restaban a su Comité, ocupó cinco el Honorable señor Bulnes Sanfuentes. El señor SULE.- Yo cedería tiempo con mucho agrado al Honorable colega. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Debo advertir a los señores Senadores que los Comités adoptaron un acuerdo en el sentido de que no se podrán ceder los tiempos asignados a cada cual. El señor BULNES SANFUENTES.- Entonces, nos vamos. ¡Que nos sigan aludiendo toda la tarde! El señor NOEMI (Vicepresidente).- Sólo cumplo con informar a la Sala del acuerdo de los Comités al respecto. El señor BULNES SANFUENTES.- Entonces, nos vamos. Estamos de más. No hemos podido estudiar el proyecto en la Comisión, y ahora debemos tolerar que se nos aluda impunemente toda la tarde sin poder contestar. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Tengo el deber... El señor BULNES SANFUENTES.- No lo podemos aceptar. El señor NOEMI (Vicepresidente).- ...de comunicarle los acuerdos de los Comités. En todo caso, hay una fórmula que permitiría -obviar el problema: el Honorable señor Sule puede solicitar la palabra y conceder una interrupción a Su Señora. El señor GARCIA.- Denantes se aclaró que si al Honorable señor Sule le quedaba tiempo, la interrupción del Honorable señor Bulnes se imputaría a él. En consecuencia, tendría cinco minutos más. El señor MONTES.- ¿Cuál es el acuerdo de los Comités? El señor NOEMI (Vicepresidente).- No se pueden ceder los tiempos. El señor BULNES SANFUENTES.- El Honorable señor Sule me concedió una interrupción, y dijo que si le sobraba tiempo, lo cargaría al de él. El señor MONTES.- Haciendo uso de mis derechos, estoy preguntando al Secretario de la Corporación cuál ha sido el acuerdo de los Comités. El señor NOEMI (Vicepresidente).- No se puede ceder tiempo, señor Senador, pero se pueden otorgar interrupciones. El señor BULNES SANFUENTES.- Como, de hecho, ya me concedió una el Honorable señor Sule. El señor NOEMI (Vicepresidente).- De manera que el señor Senador podría pedir la palabra y conceder la interrupción al Honorable señor Bulnes. El señor SULE.- Está claro. El señor MONTES.-El Comité Comunista -y esto no obsta a la posibilidad de que pueda hacer uso de la palabra el representante del Partido Nacional; no tengo inconveniente en que lo haga- entiendo que el acuerdo es muy claro en el sentid© de que no se podrán ceder los tiempos, ni siquiera por la vía de la interrupción. Es totalmente lógico deducir que, resultaría inútil el acuerdo de impedir que los Comités cedan sus tiempos entre sí, si dejamos abierta la posibilidad de continuar el debate mediante las interrupciones. No tenemos ningún inconveniente en que en esta oportunidad el Honorable señor Bulnes haga uso de su tiempo. Damos la unanimidad para ello. Pero no deseamos que se subentienda otra cosa del acuerdo de los Comités. El señor SULE.-Pido la palabra. Sólo deseo aclarar el problema planteado por el Honorable señor Montes. Cuando me solicitó una interrupción el Honorable señor Bulnes, expresé que, si me sobraba algún tiempo, podría concedérsela. Al parecer, me restaron algunos minutos. El señor MONTES.- Eso es otra cosa. El señor BULNES SANFUENTES.-Ceder tiempo no se puede, pero sí conceder interrupciones. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. El señor GARCIA.- Necesitaba hacer uso de la palabra esta tarde para condenar, en primer término, el brutal atentado de que fue víctima el Comandante en Jefe del Ejército, hecho absolutamente injustificado, producto de mentes extraviadas que, por desgracia, han venido cundiendo en nuestro país en el último tiempo. Hace ya dos o tres años que, lentamente, el crimen político, el rapto, el atentado, hacen escuela en Chile. Antes que afirmar que acciones de este tipo provienen de uno u otro grupo político, yo diría que nacen de miristas, terroristas, que no pueden pertenecer a entidades políticas, porque éstas ejercen sus derechos según las leyes y la Constitución Política. Estamos en presencia de gente que no tiene conceptos de derecho, extraviada, que conduce al país a graves inquietudes sin resultado de ninguna especie. Al contrario, frente a hechos de esta naturaleza, el país se moviliza para continuar con su régimen democrático y constitucional.- Lo sucedido no interrumpirá el proceso legal, en que haremos uso de nuestros derechos de acuerdo con las leyes, sin jamás salimos del marco constitucional. Esa ha sido nuestra historia. Este es nuestro fin y lo que anhelamos para el país. En el momento en que estamos analizando una iniciativa para proteger las garantías individuales, para preservar nuestra Constitución Política, no podemos menos que levantar nuestras voces para condenar el atentado y a sus autores, de mentes extraviadas, con criterios anárquicos que sólo producen daños, muertes y desolación, y quién sabe en qué peligros pueden colocar a la Patria. Por ello, concurrimos a todo acuerdo del Senado, como a la nota del señor Presidente, que signifique la condenación unánime de este hecho. Quisiera señalar las razones de nuestras dudas en cuanto a la validez de estas reformas constitucionales. La iniciativa está destinada a proteger nuestras libertades cívicas. Pues bien, yo diría que ellas se protegen más por las actitudes de los gobernantes que por las leyes. La intervención del Honorable señor Montes ha sido uno de los discursos más violentos que se ha pronunciado en este recinto: Su Señoría ha mencionado a grupos, sin determinarlos; se ha referido a los oligarcas, a los terratenientes, a quienes defienden sus propios intereses. Ha repetido una vez más que el Presidente del Partido Nacional es nazista; ha mencionado a los "ultras", a la Derecha, diciendo que todos están envueltos en una tremenda confabulación. A propósito de esto, debo insistir nuevamente al señor Senador que cuando existía en Chile el partido nazi, el señor Onofre Jarpa no tenía edad para intervenir en política. El tiempo ya lo dijo. Por lo demás, no es necesario volver muy atrás ni recurrir a interpretaciones de los hechos históricos para recordar que el Partido Nacional Socialista y el Partido Comunista fueron los únicos que celebraron en Chile el pacto entre Hitler y la Unión Soviética. En esta verdadera diatriba en contra de la Derecha, el señor Senador manifestó que este sector estuvo siempre en actitud regresiva en los acontecimientos de 1938, 1920 y 1891. ¡Cómo si en esa época, en 1891, no hubiera estado en contra de Balmaceda el propio Partido Radical! ¡Como si nosotros, a través del alessandrismo, no representáramos más de un millón de votos! Cuando Su Señoría declaró que nosotros estamos condenados a desaparecer y debíamos desaparecer, me pareció que se estaba burlando de la disposición que en estos momentos se estudia, según la cual todos los chilenos podemos agruparnos libremente en partidos políticos, a los cuales se les reconoce calidad de persona jurídica y se les asigna la función de contribuir, de manera democrática, a encauzar la política nacional. Según este precepto, todos gozaremos de libertad para organizamos, para definir y modificar nuestras declaraciones de principios. Pues bien, si en el momento mismo de aprobarse esta disposición, desde el frente se nos dice que debemos desaparecer, muy poco podemos creer en la voluntad de cumplir el espíritu de los preceptos que hoy se están aprobando. En la Constitución Política de la Unión Soviética -traigo a colación este ejemplo porque el Honorable señor Montes fundó su intervención en diversas apreciaciones de Lenin, jefe máximo de esa nación- se dice que la Oposición puede gozar de todos los bienes del Estado para hacer valer sus derechos, incluso de los correos, plazas, calles, etcétera. Pero después de leer ese aterrador libro de Alexander Solyenitsin, que nos habla de la situación de los presos políticos, de la opresión a que se los somete, no creo en quienes ponen a los jefes soviéticos como inspiradores de esta nueva política. No puedo pensar que tenga algún valor esta reforma constitucional si no hay ánimo de hacerla cumplir para salvar las libertades. Es cierto que en la Unidad Popular hay partidos que participan íntegramente del sistema que nosotros entendemos democrático, con libertad de expresión, de poder sostener las ideologías que uno considera convenientes, etcétera. De buena fe creemos que esto es lo mejor para el pueblo chileno, y por eso sostenemos nuestros principios. La señora CAMPUSANO.-El Partido Comunista también es una garantía. El señor GARCIA.- No sé si Su Señoría considera garantía la amenaza de que desapareceremos dentro de poco tiempo. En seguida, si me quedan todavía algunos minutos, deseo hacerme cargo, de algunas expresiones del Honorable señor Aylwin, quien manifestó que nuestro partido sostuvo -en realidad, fue nuestro candidato- que debería designarse Presidente de la República a quien obtuviera la primera mayoría, aunque sólo fuera por un voto, si ninguno de los tres postulantes lograba la absoluta en la reciente elección. Pues bien, ningún partido político aceptó ese desafío; nadie acogió la proposición del señor Alessandri. Por otra parte, don Jorge Alessandri anunció que no aceptaría la Presidencia de la República -volvió a decirlo más tarde- si no contaba con mayoría para poder cambiar ciertos hábitos* políticos de nuestro país. Sin esa mayoría jamás sería Mandatario. Así lo repitió en muchas oportunidades. Me tocó alegar en el Tribunal Calificador de Elecciones sobre los vicios de esta elección. Pues bien, puedo decir que, de 14.000 mesas, sólo se alcanzaron a revisar 1.500 antes de los alegatos, y en 600 de ellas había irregularidades que justificaban la declaración de nulidad. Esto es, tenemos perfecto derecho a decir que la voluntad popular no se ha expresado en forma bien clara y limpia. No sólo había errores aislados. Había mesas enteras en que los electores no votaron en los registros que les correspondían, y en que incluso se votó por orden de llegada, correlativamente, sin respetar los casilleros, evitando toda posibilidad de control. Por ejemplo, en algunas mesas se dieron escrutinios de 300 votantes, en circunstancias de que sólo habían sufragado 240 personas y había otras tantas firmas. En otras, sobraron votos de los que había enviado el Tribunal Calificador. Frente a esto, podemos decir que no hubo propósito de cumplir lealmente con la Ley de Elecciones para que con toda pureza se pudiera conocer cuál era la expresión del pueblo chileno. Si bien es cierto que en todas las elecciones suele haber irregularidades aisladas, nunca habíamos visto un número mayor que ahora. El señor AYLWIN.- ¿Y qué dice el Tribunal Calificador de Elecciones? El señor GARCIA.- No lo sé todavía. Espero su fallo, y como buen demócrata, me someteré a él. Yo acompaño las pruebas, pero lo que diga lo aceptaré. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Luengo. El señor LUENGO.- Deseo comenzar mis palabras manifestando también mi repudio y el de mi partido por el luctuoso acto ocurrido a las ocho y cuarto de esta mañana, cuando un grupo de personas hasta ahora no identificadas interceptaron el paso del automóvil del señor Rene Schneider, Comandante en Jefe del Ejército, y atentaron contra su vida con el objeto de provocar consecuencias que hasta ahora no podemos imaginar. El hecho de esta mañana es uno más de la cadena que se ha venido produciendo este último tiempo, consecuencia del resultado de la elección presidencial del 4 de septiembre recién pasado. Parece que en Chile hubiera sectores que no se conforman de haber perdido la elección presidencial; sectores para quienes sólo ellos tienen derecho a ganar los comicios a los que concurre el pueblo a expresar su opinión libremente. En cambio, niegan en forma permanente ese derecho a la Izquierda de Chile, que triunfó en la elección del 4 de septiembre. Espero que el Gobierno investigue estos hechos con la debida decisión. Ya no es posible, a estas alturas, que sigan ocurriendo sucesos como el de esta mañana, que en definitiva no logran esclarecerse en forma adecuada. Son muchos los capítulos por los cuales nosotros podríamos reclamar en contra de la lenidad que el Ejecutivo ha estado mostrando de manera inalterable en este último tiempo frente a delitos de que han sido víctimas ciudadanos del país, a hechos que, como es evidente, han tenido por objeto provocar desorden público u otras consecuencias. Por eso, pienso que ahora, cuando se ha atentado contra la vida del más alto jefe del Ejército chileno, el Gobierno no podrá mantener una actitud pasiva como la que hemos visto hasta estos momentos, y espero que en esta oportunidad proceda con la máxima energía. Hoy hemos estado celebrando una sesión especial del Senado destinada a despachar un proyecto sobre reformas constitucionales, las que tienen por finalidad ampliar las garantías que la Carta Fundamental consagra, mejorar las disposiciones actualmente contenidas en ese texto acerca de las garantías individuales, incorporar a ellas los derechos sociales y precisar todo cuanto pueda significar perfeccionamiento de nuestro régimen democrático. Pues bien, en esta sesión numerosos Senadores han tenido oportunidad de ir desmenuzando cada una de estas normas, a fin de establecer sus diferentes alcances. Quiero señalar que, cualquiera que sea la opinión que se pueda manifestar por uno u otro señor Senador, en todo caso hay algo evidente: esta reforma constitucional tiende a asegurar la supervivencia del régimen democrático, a perfeccionarlo y a dar mayor tranquilidad al país, que ha estado injustificadamente intranquilo desde el 4 de septiembre recién pasado. Como es de público conocimiento, las reformas que hoy día aprobaremos fueron discutidas y convenidas entre la Unidad Popular y la Democracia Cristiana. Se ha dicho que el contexto de los preceptos en referencia constituye un estatuto de garantías que ha exigido la Democracia Cristiana para entregar sus votos en el Congreso Pleno del próximo 24 de octubre al candidato que obtuvo la primera mayoría relativa en la elección recién pasada. Yo diría que esto no es tan así. No se trata exactamente de que la Democracia Cristiana haya 'querido poner condiciones a la Unidad Popular y que ésta se haya visto obligada a aceptarlas para contar con los votos favorables del Partido de Gobierno. La verdad es que la inmensa mayoría de las reformas que hoy estamos incorporando a nuestra Carta Fundamental ya habían sido antes discutidas en la Comisión Especial de Reformas Constitucionales que funcionó en esta Corporación convinimos casi en la mayoría de do; y es verdad también que en esa Comisión convenimos casi en la mayoría de estas reformas. Por consiguiente, no se trata de hechos nuevos, de cosas que nunca antes se plantearon, ni mucho menos de exigencias que la Unidad Popular se haya resistido a aceptar. Muy por el contrario, las ideas y principios que estamos consignando corresponden a ideas y principios sentidos profundamente por la Unidad Popular. Son principios por los cuales hemos estado luchando largamente hasta alcanzar el poder. Por eso, no hemos tenido inconveniente en aceptar que el proyecto de reforma constitucional se tramite en forma urgente, con el objeto de dejar de manifiesto ante la opinión pública del país la buena fe, la buena intención con que la Unidad Popular está concurriendo a cristalizar este acuerdo con la Democracia Cristiana. Todo se ha hecho a la luz pública, y cualquiera que lea los diarios en Chile ha podido informarse debidamente de los pasos que se han estado dando y las razones por las cuales se han aceptado unas y otras de las disposiciones contenidas en el contexto de las normas que ahora aprobaremos. Por eso, nadie que de buena fe haya seguido los trámites que dieron origen a este proyecto podría decir que ha habido presiones de un sector o de otro o que han surgido inconvenientes o dificultades por parte de algunas de las agrupaciones que convinimos en las reformas. Ellas representan la opinión inmensamente mayoritaria del Congreso. Por eso, pueden ser aprobadas con rapidez. Nosotros, desde luego, tenemos la intención de incorporarlas cuanto antes a la Constitución Política. Por esa misma razón, no podemos aceptar el criterio sustentado por los Senadores de la Derecha, en el sentido de que a ellos no se les ha dado la oportunidad de expresar su criterio en estas materias ni han sido escuchadas sus opiniones. Sostengo que sus representantes han tenido oportunidad de participar en el debate, tanto en la Comisión como en la Sala del Senado, en las mismas condiciones en que cualquiera otra minoría del Parlamento habría podido hacerlo durante la discusión y tramitación de cualquiera otra iniciativa legal. Si ellos no concurrieron a la Comisión o asistieron a última hora para expresar su abstención, no pueden decir que haya sido porque la mayoría que estaba dispuesta a aprobar las reformas no quería oírlos. Aquí mismo, en el Senado, acordamos, en reunión de Comités, un procedimiento destinado a escuchar a todos los sectores en igualdad de condiciones. Por lo tanto, esa afirmación carece de validez, y, en mi opinión, sólo tiene por objeto aparentar ante la opinión pública que aquí se está pasando una verdadera aplanadora y no se quiere oír la opinión de los sectores minoritarios. El señor BULNES SANFUENTES.- ¿Me permite una interrupción, Honorable Senador? El señor LUENGO.- No sé cuánto tiempo ocuparé. Si me sobrara, se la concedería con mucho gusto. El señor BULNES SANFUENTES.- Por desgracia, se puede aludir a las personas sin derecho a respuesta. El señor LUENGO.- Sus Señorías lo hicieron durante mucho tiempo. El señor BULNES SANFUENTES.- ¡No lo hemos hecho jamás! El señor LUENGO.- Nosotros no lo estamos haciendo sobre la base de que los señores Senadores no puedan contestar. El señor BULNES SANFUENTES.- Jamás hemos tenido una aplanadora en el Senado. El señor LUENGO.- Sus Señorías han dispuesto de igual tiempo que cualquier otro Comité del Senado. Por consiguiente, no quieran hacerse las víctimas ahora. Ha dicho el Honorable señor Bulnes, que me ha interrumpido, que esta iniciativa legal se está tramitando en forma anormal y constituye un engaño a la opinión pública. Son afirmaciones muy fáciles de hacer, pero muy difíciles de probar. ¿Cuál es la forma anormal como se tramita este proyecto de reformas constitucionales? La verdad es que todavía no lo hemos aprobado. Lo estamos discutiendo en una sesión larga que dura todo el día de hoy. Por lo tanto, en modo alguno ha sido aprobado en forma anormal: pasó por la Comisión respectiva y por la Sala de la Cámara de Diputados; pasó por la Comisión respectiva del Senado y hoy día lo estamos debatiendo en la Sala de esta Corporación. Por consiguiente, no veo cómo el proyecto pueda haber seguido una tramitación anormal. Inclusive, cabe advertir que aún hay tiempo más que suficiente para discutirlo, contrariamente a lo ocurrido con muchas otras iniciativas legales que han sido aprobadas en un par de minutos, sin respetar siquiera él derecho a fundar el voto. Por otra parte, se dice que esta reforma constituye un engaño a la opinión pública, pues se ha querido hacer creer a ésta que el proyecto asegura definitivamente en Chile la supervivencia del estado de derecho y de la democracia representativa. No sé de qué manera pretende la Derecha que nosotros demos anticipadamente una garantía de que existirá en el país el estado de derecho y de que subsistirá la democracia representativa. La Unidad Popular, durante la campaña presidencial, en el período posterior al 4 de septiembre y en los documentos que hoy estamos convirtiendo en nuevas normas constitucionales, ha estado diciendo, en forma permanente, que desea mantener la democracia representativa; que quiere mejorarla, que pretende terminar con sus vicios. La Izquierda de Chile, la Unidad Popular, ha estado siempre dispuesta a entregar sus votos favorables a cualquiera iniciativa legal tendiente a perfeccionar la democracia. Cuando se aprobó la cédula única, no fueron los partidos de Derecha quienes la propiciaron: .la impulsaron, precisamente, los partidos de Izquierda. Y no cabe duda de que, si bien el proyecto de la cédula única no terminó definitivamente con el cohecho, por lo menos, diría yo, lo disminuyó en altísimo porcentaje. El señor HAMILTON.- Sin olvidar la participación de la Democracia Cristiana. El señor LUENGO.- Es evidente, como me apunta el Honorable señor Hamilton, que la Democracia Cristiana también participó en la aprobación de esa iniciativa legal. He dicho hace un instante que no fue la Derecha quien la propuso, sino otros sectores, entre los cuales estaban la Izquierda y, evidentemente, también la Democracia Cristiana, así como ahora estamos contando con su apoyo para la aprobación de este nuevo proyecto de reformas constitucionales. En el afán de sostener -repito- que el proyecto constituye un engaño a la opinión pública, se dice que estas modificaciones no aseguran la supervivencia del estado de derecho en Chile. Pero cuando no se quiere creer en las palabras ni en los hechos -porque son hechos los que estamos configurando en estos instantes, al votar favorablemente enmiendas que mejoran en forma evidente la Constitución-, no sé de qué otro argumento se puede echar mano para convencer a esos sectores, que, en mi opinión, están convencidos, aun cuando quieren demostrar a la opinión pública que no lo están. En realidad, lo que ellos desean es ;que continúe el estado de duda, esta situación de incertidumbre en que ha permanecido el país en los últimos tiempos gracias a las maniobras de sectores que se sienten políticamente desvinculados del futuro Gobierno y que han pretendido negar la legitimidad del triunfo alcanzado por el candidato de la Unidad Popular, señor Allende. En estas enmiendas se introduce un artículo nuevo destinado a establecer una serie de derechos a favor de los partidos políticos. Pues bien, se niega toda validez al artículo y se dice que ya la Carta Fundamental había reconocido a los partidos políticos. Es efectivo que el artículo 25 de la Constitución Política los menciona. ¿Pero qué dice este artículo? "En las elecciones de Diputados y Senadores se empleará un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos." En consecuencia, la Carta Fundamental hace mención en forma muy marginal de los partidos políticos. Es lógico que debemos entender que la Constitución los reconoce; pero no podemos negar que el artículo nuevo que se está proponiendo les da mayor categoría. Desde luego, los reconoce como personas jurídicas de derecho público y reconoce que sus objetivos son "concurrir de manera democrática a determinar de manera democrática la política nacional". El artículo en referencia "explícita" mucho más lo que quiere reconocer a los partidos políticos al decir que "gozarán de libertad para darse la organización interna que estimen conveniente, para definir y modificar sus declaraciones de principios y programas y sus acuerdos sobre política concreta, para presentar candidatos en las elecciones de regidores, diputados, senadores y Presidente de la República, para mantener secretarías de propaganda y medios de comunicación y, en general, para desarrollar sus actividades propias. La ley podrá fijar normas que tengan por exclusivo objeto reglamentar la intervención de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos." Y agrega: "Los partidos políticos tendrán libre acceso a los medios de difusión y comunicación social de propiedad estatal o controlados por el Estado, en las condiciones que la ley determine, sobre la base de garantizar una adecuada expresión a las distintas corrientes de opinión en proporción a los sufragios obtenidos por cada una en la última elección general de diputados y senadores o regidores." O sea, esta disposición está garantizando a los partidos políticos la libertad para organizarse, para establecer sus estatutos, para redactar sus principios y programas, para ser oídos y poder exponer sus ideas ante la opinión pública. Así el ciudadano elector tendrá oportunidad de votar en los comicios en conocimiento de tales principios y programas. Una frase del nuevo artículo 99 dice: "La ley podrá fijar normas que tengan por exclusivo objeto reglamentar la intervención de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos". Se ha pretendido que este precepto atenta contra los partidos políticos, que constituye una regresión, que es volver muy atrás respecto de lo que expresa actualmente la Constitución. El señor BULNES SANFUENTES.- No dije eso, señor Senador. El señor LUENGO.- ¿Por qué no lo repite, señor Senador? Le concedo una interrupción al Honorable señor Bulnes por un par de minutos. El señor BULNES SANFUENTES.- No tengo el texto de mi discurso, pero Su Señoría sí. Hice presente que la disposición propuesta deja a los partidos políticos en la misma situación actual; es decir, continuarán regidos por la ley. Por lo tanto, niego verdadera importancia a esa modificación, aun cuando no me opongo a ella. El señor LUENGO.- Muy bien, acepto lo que Su Señoría me dice. El señor Senador sostiene que esta norma deja a los partidos políticos en la misma situación en que se encuentran en la actualidad según el texto del artículo 25 vigente. El señor BULNES SANFUENTES.- Sí, señor Senador. El señor LUENGO.- No es así, porque, si bien es cierto que, de conformidad al precepto constitucional recién señalado, la ley puede reglamentar la participación e intervención de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos, esa misma norma no garantiza la libertad absoluta de esas colectividades para organizarse y establecer sus principios, estatutos y programas, todo lo cual ahora elevamos a rango constitucional en el nuevo artículo 9º. En consecuencia, hay una diferencia bastante apreciable entre ambos puntos de vista: el nuevo texto constitucional entrega a la ley la tarea de reglamentar la participación de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos, pero ella de ninguna manera podrá prohibir su organización y el establecimiento de sus programas y principios en la forma en que lo decidan, porque, de ocurrir aquello, se violaría la Carta Fundamental y los tribunales de justicia deberían declarar inconstitucional la disposición respectiva. El señor BULNES SANFUENTES.- ¿Me permite una interrupción muy breve, señor Senador? La libertad de los partidos políticos para fijar sus principios y programas fluye del artículo 1º de la Constitución, según el cual vivimos en un régimen republicano y democrático representativo. Por eso, sostengo que esta modificación, sin ser perturbadora, sin causar ningún perjuicio, es inocua: mantiene la situación actual, ya que entrega a la ley la tarea de determinar el régimen de los partidos políticos. El señor LUENGO.- Del contexto del discurso de Su Señoría y del de las intervenciones de otros parlamentarios de Derecha, especialmente del señor Maturana en la Cámara de Diputados, se desprende que ustedes sostienen, terminantemente, que estas modificaciones que se introducen ahora en la Constitución... El señor BULNES SANFUENTES.- Son inútiles. El señor LUENGO.- ...son inútiles, no sirven para nada, constituyen un dique de papel, no defienden nuestra democracia, no garantizan el régimen de derecho ni permiten la supervivencia de la democracia representativa. Reitero: esas afirmaciones no tienen ningún asidero. Constituye mezquindad política pretender negar importancia a esta reforma constitucional. Esta enmienda a la. Carta Fundamental interpreta evidentemente el sentir de las mayorías nacionales; no al Honorable señor Bulnes o al Honorable señor García. Tampoco interpreta a la Derecha política y económica de Chile, que no desea incorporar a la Constitución Política las garantías, los derechos sociales, como el derecho al trabajo, a la sindicación, a la huelga, y a tantos otros a los cuales hoy estamos otorgando calidad constitucional. Inclusive, entre ellos figuran derechos que rigieron en nuestro país cuando gobernaba la Derecha, pero que permanentemente se negó a los trabajadores. Asimismo, se argumentó que el establecimiento, en 'forma efectiva y clara, de la libertad de enseñanza atenta contra el derecho de las escuelas particulares a seguir funcionando. Ocurre todo lo contrario: las normas respectivas tienden, precisamente, a esclarecer el estatuto que regirá el funcionamiento de los colegios particulares. Además, es un hecho concreto que el Estado no podrá, de un día para otro, absorber toda la enseñanza chilena, convirtiendo a todos los establecimientos educacionales en fiscales. Se ha sostenido ahora que un precepto como el que señalé contituye una negación del derecho de subsistencia de los colegios particulares, por exigir que para obtener subvención del Estado, deberán impartir educación gratuita. Se dijo que una norma de esta naturaleza llevará a la enseñanza privada a su agonía y muerte. Nadie que quiera interpretar' sinceramente y de buena fe las normas propuestas puede sostener lo que ha dicho la Derecha sobre la materia. En realidad, desde hace mucho tiempo no se debatía una reforma constitucional tan amplia, tan concreta, como la que estamos aprobando en esta oportunidad. Sin .embargo, la Derecha la ha calificado como de mera palabrería. Pensamos que esta enmienda constitucional incorpora verdaderamente al pueblo al poder de decisión. Este no ejercerá el poder por interpósita persona, por medio del Presidente de la República, como ha ocurrido casi siempre. Ahora será el propio pueblo quien, mediante las organizaciones que se reconocen, participará en las decisiones que tome el Gobierno de la república. Este será, realmente, un gobierno popular. Participo de la opinión del Honorable señor Sule en cuanto que el precepto relativo a la enseñanza particular no incluye ni alcanza a las universidades. Por otra parte, no quiero dejar pasar la aseveración -entiendo que fue el Honorable señor Bulnes Sanfuentes quien la hizo- de que el hecho de reservarse el Estado la facultad de establecer los programas para la enseñanza chilena atenta contra los establecimientos educacionales privados. Quienes así opinan pretenden que cada establecimiento educacional enseñe según su real saber y entender, mediante programas disímiles que cada uno de ellos desee establecer por su cuenta. Olvidan que el texto constitucional actual' establece que la enseñanza es atención preferente del Estado, expresión que ahora sustituimos por "función primordial del Estado". Es decir, la situación no cambia en absoluto. Siempre el Estado ha ejercido el derecho de establecer los programas de enseñanza. Lo contrario sería entender tan mal la libertad de enseñanza como para permitir que cada colegio establezca los programas que se les antojen. Lo correcto es instituir planes de enseñanza uniforme para todos los establecimientos educacionales, sean fiscales o particulares. Mi intervención no pretende agotar el tema. Sólo he querido señalar en grandes líneas los aspectos a mi juicio más importantes de las nueve o diez materias que estamos incorporando a la Carta Fundamental. Sobre todo, he deseado desvirtuar la interpretación antojadiza y arbitraria que, en mi opinión, algunos sectores han tratado de dar a esta reforma constitucional, minimizándola, empequeñeciéndola, negándole importancia. La verdad es que detrás de todas esas interpretaciones de la Derecha está el hecho de que no pueden conformarse definitivamente -posiblemente no se conformarán nunca- con que el pueblo haya sido el gran triunfador el 4 de septiembre y que la Izquierda rija los destinos del país. Hechos como el atentado contra el Comandante en Jefe del Ejército esta mañana, impulsados por los sectores de Derecha, por la Reacción chilena, demuestran que ésta no ha querido conformarse con su derrota. Aquí se ha pretendido culpar a la Izquierda de ser la gran responsable de estos atentados en contra de vidas y propiedades ocurridos en el último tiempo. En mi opinión, ello no es así. Hoy un personero de Gobierno habría dicho que la información aparecida en el diario "Puro Chile", en el sentido de que estaría preso el General Viaux, habría sido una de las razones por las cuales se atentó contra la vida del General Schneider esta mañana. No creo que pueda llegarse hasta esos extremos. Me parece increíble tanta irresponsabilidad en un personero de Gobierno. El mandato de este Gobierno concluye el 3 de noviembre, y hasta ese día él y todos sus personeros tienen la obligación de contribuir a que haya tranquilidad en nuestro país. Una de las grandes causas de la comisión de nuevos atentados en contra de la vida o bienes de ciudadanos chilenos, ha sido la actitud blanda de ciertos sectores -que nosotros jamás habríamos aceptado-, como ha ocurrido concretamente con la conducta del Ministro de la Corte de Apelaciones señor Abraham Meersohn, que dejó en libertad a detenidos que llegaron confesos ante él: los señores Luis Enrique Schilling Rojas, Luis Alberto González Gutiérrez y Luis Abelardo Meza Llancapán, detenidos por un atentado contra la casa del señor Carlos Yarur. Esas personas confesaron haberse concertado, incluso con el hijo del señor Yarur, Luis Enrique Yarur Rey, para llevar adelante ese acto. Además, con este último estuvieron en permanente contacto, convinieron la forma como se cometería el atentado, y aquél conoció en todo instante la realización de este delito sancionado por la ley de Seguridad Interior del Estado. El Gobierno debió designar un abogado que llevara adelante las gestiones procesales. ¡Pero esas personas que suscribieron sus confesiones ante la presencia del Ministro de la Corte de Apelaciones, señor Meersohn, fueron dejadas en libertad incondicional! Sus Señorías-y la opinión pública saben que algunas de esas personas se fueron inmediatamente a la Argentina y estarían hoy día residiendo en Mendoza. Esa impunidad concedida a verdaderos delincuentes que han pretendido perturbar el orden público, es la que, precisamente, ha servido de incentivo para que otros hombres, otros ciudadanos, cometieran el atentado de esta mañana, que también condeno enérgicamente. Termino mis palabras diciendo que esta reforma constitucional es conveniente para la salud democrática de Chile, porque traduce un sentido anhelo de los trabajadores y de las grandes mayorías de nuestro país. Nuestro deber es incorporarla a la brevedad posible al texto de nuestra Carta Fundamental. No es un compromiso forzado. Pues el resultado del más profundo convencimiento democrático de que servirá efectivamente para la tranquilidad de la nación y para el desarrollo de sir vida económica y social. Por esa razón, los Senadores miembros del Comité Social Demócrata también daremos nuestros votos favorables a esta reforma constitucional. El señor MONTES.- Intervengo sólo para aclarar muy brevemente la interpretación que pretendió dar el Honorable señor García a la formulación que hicimos en la mañana de hoy, relativa a lo que el señor Senador denominó "Derecha", en cuyo desaparecimiento estaríamos interesados, haciendo una interpretación grosera desde el punto de vista, por así decirlo, científico. No es ofensivo el término. Con ello sólo quiero decir que se ha interpretado equivocadamente una formulación que corresponde por entero a la verdad, a la realidad histórica de la humanidad. Yo hice la siguiente apreciación: "Las fuerzas de la reacción se han empeñado, con furor sin límites, con el odio de las clases destinadas históricamente a desaparecer por las leyes ineluctables del desarrollo social...", lo que, a mi juicio, es una formulación correcta, estrictamente justa, que corresponde evidentemente a todo el desarrollo del acontecer histórico. El feudalismo y las clases que lo sustentaron desaparecieron como clases, de acuerdo con las ineluctables leyes del devenir histórico. Así como el hombre, por leyes de la naturaleza, nace, se desarrolla y muere, por necesidad biológica, así también las clases que en un instante interpretaron la situación social, ante el embate de los cambios de nuestra sociedad, que a veces se producen a saltos, por medio de procesos revolucionarios, inevitablemente están condenadas a desaparecer, por imperativo del desarrollo social. Esto fue lo que traté de expresar en la mañana de hoy, y que ha sido interpretado, a mi juicio, en términos groseros, desde el punto de vista científico, por el Honorable señor García, quien dijo: "¡Ah, el Senador comunista Jorge Montes sostuvo que nosotros tenemos que desaparecer!", como tratando de dar a entender, basándose en mis palabras, una intención de crimen, de asesinato o de una actividad de parecida naturaleza. Es absolutamente claro que tal interpretación corresponde, no diría yo a un error o a desconocimiento de las ideas que hemos pretendido exponer, sino más bien a la intención, como lo señalé en la mañana de hoy, de un partido o de partidos y sectores identificados con lo que denominamos Derecha, en nuestro país, que han pretendido desde hace mucho tiempo -con mucho más insistencia, poco antes, durante y después de la campaña presidencial- crear una imagen falsa de lo que somos y queremos. Por eso he recurrido a Lenin, para afirmar con sus propias expresiones, respecto de lo que nosotros queremos, que "el socialismo es imposible sin la democracia". Desde el nacimiento de nuestro partido, desde que ese obrero tipógrafo llamado Luis Emilio Recabarrensalió de Valparaíso tranqueando hacia el Norte para organizar las mancomúnales entre los obré-ros del salitre, explotados de modo inmisericorde por el imperialismo inglés, nuestro partido no ha tenido otro norte ni otra bandera más noble ni más alta que la dé luchar por el desarrollo del proceso democrático, sin el cual, sin duda, no habrían sido posibles los triunfos que el movimiento popular en su conjunto, los sectores progresistas de nuestro país, han obtenido en otros tiempos y en el presente. Asentándonos en éste nuestro modo de ver la necesidad de un desarrollo democrático de los acontecimientos en nuestro país, es que hemos expresado, repito, las ideas que merecieron tan desafortunada interpretación del Honorable señor García. Además, sostuve, también con palabras del propio Lenin, que "nada hay más pobre, en el aspecto teórico, ni nada más ridículo en el aspecto práctico que, en nombre del materialismo histórico, imaginarse el futuro de esta manera, pintado de un uniforme color grisáceo". Esto, en cuanto a las expresiones de algunos per-soneros del Partido Nacional, en el sentido de que si el desarrollo social revolucionario de otros países, cualesquiera que éstos sean, se ha llevado a cabo de manera determinada, inevitablemente deberán producirse de la misma manera en nuestro país. Esta es una de las interpretaciones más falsas, pero también más peligrosas, de la Derecha chilena, por cuanto tiende a confundir, trasladando a nuestro país, de modo mecánico, antihistórico y anticientífico, las situaciones producidas en otras latitudes, en tiempo y en circunstancias concretas. También nos hemos remitido a decir que el mérito de nuestro pueblo ha sido precisamente el de crear una situación nueva, original, única, no dada antes, y presumiblemente también irrepetible, con relación a cualquier otro país de América Latina o del mundo. Quienes no entienden esto, aquellos que estiman dogmáticamente que tal o cual situación histórica siempre deberá repetirse de la misma manera en otro lugar del mundo, sin importarles el tiempo ni el espacio que separen una situación de otra, están absoluta e irremisiblemente perdidos, por cuanto no les será posible dar con una interpretación acertada, correcta, científica, histórica del devenir social. Por eso, nos hemos atrevido a intervenir de nuevo para insistir en que nuestra intención ha sido la de establecer de manera muy clara y categórica, cuál es la interpretación que los comunistas hacemos del proceso que vive hoy nuestro país, todo ello dentro del marco de la discusión de las reformas constitucionales, que, como hemos dicho, corresponden a una parte de ese gran proceso de desenvolvimiento democrático en el cual participamos. Porque reconocemos validez e importancia a estas reformas, las hemos votado favorablemente. Lo hemos hecho no sólo por haber participado en su redacción la Unidad Popular conjuntamente con la Democracia Cristiana, sino porque estamos profundamente convencidos de que ellas sirven precisamente al propósito de democratización de nuestro país, cosa que está muy lejos de las pretensiones que la Derecha ha tenido y tiene respecto de la evolución social chilena. Si se examina la prensa de los últimos días, o del último día, se puede observar lo que deberá ser confirmado por la policía o los organismos correspondientes: que pon precisamente personeros salidos de las filas de la Derecha, o amparados por ella, los que están tratando de crear una situación de corte sedicioso, destinada a -trastrocar el cauce democrático de los acontecimientos nacionales. Y cuando el secretario general del Comité Patria y Libertad, Luis Gárate, dio a conocer el plan sedicioso y los nombres de los elementos civiles involucrados en la conspiración, también mencionó -tenemos información en tal sentido; no lo dice el diario- el nombre del presidente del Partido Nacional, señor Onofre Jarpa. Esto tendrá que examinarse, que verse, porque ese personaje, defendido aquí calurosamente hoy, tiene también algo que ver con todo lo que acontece, no es ajeno a los ajetreos sediciosos. Debemos también decir con franqueza, para delimitar del modo más estricto los perfiles de lo que señalamos, que no creemos que toda la Derecha participe de esos ajetreos. Sabemos que en el seno de la Derecha, más aún, del alessandrismo, producen repugnancia este tipo de actividades y existe una actitud contraria a ellas. Pero, junto con conocerse varios detalles, en la tarde de ayer surgió la confesión del ex Mayor de Ejército, Arturo Marshall Marchesse, detenido en la mañana del lunes, quien declaró que en los últimos seis meses se reunió constantemente con Sergio Onofre Jarpa, presidente reelegido del Partido Nacional. Marshall, asimismo, afirmó que estos contactos se realizaban teniendo como enlaces a Armando Jaramillo, presidente de la Legión Alessandrista, y á Alfredo Quezada Padilla, Comandante retirado de Carabineros. ¡Si los nombres están! ¡Si la prensa lo señala! Pero si, como aquí se ha dicho por el Honorable señor Luengo, el propio magistrado que los interroga los deja en libertad incondicional, estos pájaros de cuenta se van al extranjero. Todos ellos, ¿de dónde han salido? Precisamente de entre quienes, amparándose en esa fraseología seudodemocrática a que estamos tan acostumbrados, pretenden, por medio de las palabras, estar defendiendo la democracia, cuando en la práctica son celestinas, los inspiradores del brote sedicioso que ha culminado hoy día, -no sabemos qué sucederá esta noche, mañana o pasado mañana-, con el intento de asesinato del Comandante en Jefe del Ejército de Chile. Era cuanto quería decir, señor Presidente. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Duran. El señor DURAN.- Señor Presidente, la directiva de la Democracia Radical nos ha entregado, en la tarde de hoy, algunas indicaciones relativas al proyecto de reforma constitucional que discute el Senado de la República, tendientes a concretar algunas de sus ideas, que lograrían complementar este proyecto aprobado ya por la Cámara de Diputados. Sabemos que reglamentariamente dichas indicaciones deben ser discutidas y votadas en esta misma sesión, como sabemos también que por acuerdo de los Comités, debe despacharse en la sesión de hoy la totalidad del proyecto en debate. En esta oportunidad, deseamos precisar nuestro juicio favorable, en general, a la idea que contiene la iniciativa. Comprendemos muy bien que ella no ha podido alcanzar a todas las materias que habría sido deseable concretar, con un criterio que satisficiera más ampliamente el anhelo de los distintos sectores de la opinión política aquí representados. Pero junto con expresar nuestra aprobación en general al proyecto en discusión, quiero referirme a una tipo de política, dirigida a la ciudadanía mediante la prensa, la radio y la televisión, que tiene como fin no la búsqueda de la verdad, sino el de formular un cúmulo de acusaciones, en forma indiscriminada, a todos los sectores políticos que no comparten la tesis de los grupos triunfantes: Hoy mismo, con ocasión del trágico suceso motivado por la tentativa de asesinato del General en Jefe del Ejército, que toda la ciudadanía democrática del país debe deplorar, distintas radios han hecho toda clase de lucubraciones, especulaciones e imputaciones vedadas. Ya no sólo se trata de relacionar con esos actos condenables a personeros de los grupos políticos adversarios, en actitud de cobardía que no tiene límites ni antecedentes en la vida de esta república, sino a dirigentes, parlamentarios, Senadores y hasta al actual Jefe del Estado, quienes estarían vinculados, directa o indirectamente, a fórmulas antidemocráticas o golpistas. Se ha venido produciendo en el país un duro y trágico fenómeno, que acusa la mentalidad totalitaria: la desinformación, un sistema que, sin llegar a constituir delito de injurias o de calumnias, permite, sin embargo, salir hacia la opinión pública, dando a entender subrepticiamente diversas ideas que se saben falsas. En una reunión de Comités, tuve oportunidad de señalar, acompañando antecedentes de prensa de hace ya algún tiempo, que en distintos periódicos y radios de Santiago se dio mucha publicidad no a un hecho en sí, sino a su vinculación con el nombre del Senador que habla. Me refiero a la acción de dos o tres jóvenes que militaban en la Democracia Radical y que, como recordó el Honorable señor Luengo, de acuerdo con el dueño de casa o su hijo, pusieron un cohete, petardo o bomba, con finalidades que ellos mismos expresaron en carta pública, lo que dio motivo a un proceso en el cual, como dijeron el señor Senador y otros parlamentarios, formulando críticas al Poder Judicial, éste habría procedido, en forma precipitada, a dejar en libertad a los autores de dicho atentado, que ellos calificaron con términos tan duros como los que nosotros empleamos para juzgar la acción de esos jóvenes que militaron en nuestras filas. Pero resulta un hecho extraordinariamente digno de destacar, dentro de la moral política que estamos viviendo, que mientras se rodea de tanta adjetivación la actitud de esos "jóvenes” se vuele a gran altura y se olvide, en actitud incomprensible, que el proceso de violencia desatado en Chile ha venido teniendo una serie de actos que no nacen en estos días, sino que el país conoce desde hace ya muchos años. Creo que tenemos respaldo moral para decir hoy, frente al criminal atentado en contra del General en Jefe del Ejército, como también respecto del crimen cometido en contra de carabineros, de los asaltos a bancos y supermercados, y de las organizaciones de escuelas de guerrillas, que hay que tener, cuando se ama la democracia, un lenguaje parejo en el juzgamiento de todo ese conjunto de mentalidades perturbadas que creen que mediante la violencia pueden, en la convivencia dentro una sociedad, encontrar el camino real a la solución de los grandes problemas nacionales. Pero la opinión pública debe preguntarse, con cierta inquietud, qué clase de alma, de corazón, de entereza y de hombría se tiene al analizar el fenómeno de la violencia, para marginar a aquellos a quienes se quiere proteger con el silencio y, en cambio, tener la mano muy dura, con justicia, pero dura, en contra de otros sobre quienes se dan a entender, torva y cobardemente, las cosas más increíbles. No había tenido ocasión de concurrir al Senado después de esa reunión de Comités, pero los señores Senadores saben la forma como se puso en conocimiento público el hecho ya comentado con relación al señor Schilling. No era éste en sí el hombre más destacado en los informativos. Los titulares de los diarios señalaban el hecho, realzando su importancia en la medida en que se lo vinculaba a un Senador del Partido de la Democracia Radical, al Senador que habla. Y los titulares, habilidosamente planteados, decían textualmente: "Iban a matar a Salvador Allende y mataron a dos carabineros". ¿Quiénes? El señor Schilling, este muchacho torpe, que en una actitud que censuró el partido, pasándolo al tribunal de disciplina, había puesto un cohete, un petardo o una bomba. ¡Pero qué ligereza para imputar a esos dos jóvenes no solamente el hecho de poner un cohete, sino además el asesinato de dos carabineros, el asalto a bancos y la colocación de bombas en todos los lugares imaginables! Más adelante, y con caracteres mayores, un diario decía: "Uno de los detenidos es el secretario del Senador Duran". Al respecto, podría mostrar infinidad de recortes de prensa, porque los tengo a la mano. El diario "El Siglo", en primera página y a ocho columnas, señala: "Secretario de Julio Duran dirige banda de terroristas". Esos mismos periódicos han imputado al ex Vicepresidente de la República y actual presidente de mi colectividad, don Pedro Enrique Alfonso, no sólo la calidad de encubridor, sino de inspirador de esos grupos de pistoleros. Así fue calificado. Ha sido absolutamente inútil -y la opinión pública lo sabe- que se presentaran certificados del Senado para acreditar que el señor Schilling, como él mismo lo manifestó en carta publicada en "El Diario Ilustrado", nunca tuvo nada que ver con el Senador que habla, ni como secretario en el Senado ni secretario privado, como lo prueba un documento de la Caja de Empleados Particulares. Todo fue inútil. Algunos de esos diarios, con algún pudor, dijeron: "Bien, si no es secretario, es ahijado; y si no es ahijado, es allegado". En consecuencia, es absolutamente inútil buscar el camino de la verdad, cuando, con criterio que estimo y califico de cobarde, se va creando un clima popular para sindicar a determinadas personas, no en forma concreta, sino de manera vaga; de modo que cuando el pueblo reaccione contra esos aventureros, de ideas golpistas, contrarios a nuestras tesis libertarias, que todos los sectores democráticos deben repudiar, esté ya preparado el clima y se haya hecho conciencia e introduciendo en la mente de las personas quiénes pueden ser los responsables de tales actitudes. Si hay antecedentes, concretos o vagos, lo natural, obvio y varonil es decir en esta Corporación: "Señor Senador, creo que usted está mezclado, por alguna razón. Usted ha tenido actitudes en su vida que nos permiten suponer que entre sus prácticas está el montaje de acciones criminales". Se pueden imputar a algunos de nosotros muchos errores en política, porque sólo los presuntuosos, los que se creen semidioses, piensan que no los cometen. Los hombres incurren en errores. Pero una cosa es cometer errores y otra, realizar actos criminales. Y yo afirmo que el acto más criminal y cobarde reside en señalarnos a cualquiera de nosotros en forma irresponsable. Se va sembrando la idea y creando el ambiente propicio, de modo que mañana cualquier proceso de descomposición democrática que alguno de esos enfermos plantee, pueda tener la condigna respuesta popular. En forma cobarde se ha ido creando el ambiente no para dar la cara y decir "señor, yo acuso", sino para tirar la masa, la justicia de la masa, de modo que se encuentre respecto del inculpado un pedazo de chaqueta o un botón, sino que nadie sea el .autor responsable de esos crímenes. Sin embargo, creo útil no equivocarse en algunos juicios. La justicia tarda, pero llega. Es inútil que los autores del sistema pretendan esconder mañana la cara frente a sus responsabilidades. Una manera de cometer un crimen es enfrentar con riesgo al adversario para disparar sobre él. Al menos, se tiene la actitud varonil de dar la cara. Otro procedimiento es ir sembrando no sólo... El señor TEITELBOIM.- ¿A qué adversario se refiere, señor Senador? ¿A aquel que comete el crimen dando la cara? Formulo esta pregunta, porque, en realidad, deseo que me aclare su pensamiento. El señor DURAN.- Deploro que Su Señoría haya llegado tarde a este debate. Por desgracia, sólo dispongo de media hora para formular mis observaciones, pero con el mayor agrado voy a puntualizar mi pensamiento. Ruego a los señores Senadores excusarme por repetir algunas ideas, pero debo hacerlo para dar satisfacción al Honorable señor Teitelboim. Decía que se viene cometiendo un acto condenable con ciertas personas, no imputándoles determinado hecho delictivo, ni injuriándolas ni calumniándolas dentro de los marcos establecidos por nuestros códigos, pero sí dando a entender sobre ellas cosas vagas e imprecisas. Ayer mismo, en el Canal 9 de televisión se hizo una síntesis bastante extensa de distintos actos terroristas. Mientras la voz del locutor iba narrando esos hechos, se colocó en la pantalla la fotografía del Senador que habla, la que se mantuvo durante todo el proceso narrativo, para terminar, al final de esa exposición, con algunos cortos repetidos -ya exhibidos muchas veces-, en que aparece el señor Schilling saliendo de Investigaciones en dirección al Juzgado, usándose el mismo lenguaje de siempre: "El señor Enrique Schilling, uno de los terroristas, uno de los pistoleros, secretario del señor Duran...". ¿Qué sostengo, señor Presidente? Que este tipo de propaganda, de inyección mental al pueblo en general es una actitud delictiva, porque va creando un ambiente contrario y falso, porque nadie dice en forma responsable respecto de esa persona: éstos son los actos. Por el contrarió, se mantiene el ambiente de incertidumbre. Este tipo de desinformación vuelve a aparecer en el diario de hoy. Con relación a los trágicos sucesos que hemos analizado brevemente, vinculados a la tentativa de crimen contra el General en Jefe del Ejército, se vuelve a decir: "Debe recordarse que hace poco fue detenido e inexplicablemente puesto en libertad, un ex secretario del Senador Julio Duran: Enrique Schilling." ¿Qué se puede hacer para que la opinión pública sepa que estas informaciones son falsas? No hay, señor Presidente, ninguna posibilidad de defenderse. Estamos frente a un montaje en que el hombre libre está siendo encajonado hora" a hora, y los que repudiamos de la manera más enfática esa clase de violencias, los que creemos que ningún tipo de aventuras puede lograr en Chile el respaldo de la opinión ciudadana -por el" contrario, todos los que amamos la convivencia libre las rechazamos-, no tenemos posibilidad alguna de rectificar tales informaciones. En busca de alguna fórmula constitucional, hemos presentado una, sin pretender obstruir el despacho del proyecto, porque, repito, somos partidarios de aprobarlo, que permite a los dirigentes políticos, a las colectividades partidarias, disponer de algún tipo de defensa frente a ese montaje encanallado. Tengo la certidumbre de que, con muy pocas excepciones, los señores Senadores tienen conciencia de que hay que buscar un camino en la Constitución, de que no es posible dejar entregada a la indefensión de una especie de sentimiento fiero, suelto, la vida de quienes dedican su actividad al servicio público, sin más anhelo que expresar una inquietud. No es posible, que quien tiene ese anhelo de servicio público esté impedido de decir su verdad, más por los vínculos creados en el transcurso de la vida, que por temor respecto de uno mismo. Un día, se contrajo matrimonio con una mujer que ni siquiera sabía que su compañero iba a actuar en política. Por esas cosas que nacen del corazón, una mujer se une a un hombre que más tarde es político. Tienen hijos, y éstos tienen que sufrir en la universidad ese mismo problema de la politización persecutoria y encanallada; el lenguaje de sus compañeros y el temor frente a cualquier cosa. Cuando en este instante enfrentamos una resolución tan trascendental como la que deberemos resolver el próximo sábado para elegir jefe de la nación; cuando en todos los sectores sólo debería existir el ánimo de aglutinarnos para buscar un camino que nos permita sortear todas las dificultades nacionales e internacionales; cuando en todas las tendencias y en las distintas bancas existe el anhelo, expresado en frases claras, de condenar la violencia, el golpismo y la agresión, ¡cuán penoso resulta observar el espíritu pequeño, mediocre, subalterno y revanchista! Hay que tener grandeza de alma para saber ganar. Estimo que es difícil saber perder. Lo comprendo. También es difícil saber ganar en forma varonil. Un grupo que triunfa tiene un cúmulo de obligaciones, y abrigo el temor de que, salvo contadas excepciones, muchos de los que integran los distintos sectores triunfantes de la última contienda electoral no hayan logrado tomar conciencia de ello. Deseo, señor Presidente, hacer un alcance a este proceso de reformas. En el plano de desinformación de que hablo, nuestro correligionario, Diputado señor Campos, pronunció un discurso con el objeto de fijar la línea del partido. No lo publicó ningún diario, sólo se hizo una síntesis; tres líneas: "También adhirió a la reforma el Diputado de la Democracia Radical, señor Campos"." Pero nuestra tesis no apareció en ninguna parte. Solicito que al menos en la versión de esta sesión se incluya la intervención de mi colega, que es un documento público que no tiene frases criticables, porque allí se señala el pensamiento de la Democracia Radical sobre la materia en debate. Deseo referirme a una crítica que escuché de parte del Partido Nacional, de que las reformas no dicen nada nuevo. Es posible que el común de las indicaciones no expresen algo distinto de lo establecido en la actual Constitución. Pero -no es idea mía; considero que hay que tener honestidad intelectual también, y por eso hago esta aclaración- siempre hemos oído un lenguaje de críticas en contra de las ideas contenidas en el articulado de nuestra Carta Fundamental. Se dice que es una Constitución burguesa, una cosa añeja, un instrumento inútil, y para qué repetir todo lo demás. Ahora, con ocasión de un pacto, se ha venido a poner al día el criterio de dos grupos importantes de la vida ciudadana. Los partidos de la Unidad Popular aceptaron este cúmulo de ideas modificatorias, y de la misma manera procedió la Democracia Cristiana. En mi opinión, no bastan las normas constitucionales para resguardar los valores esenciales de la convivencia libre. Por cierto que no. Ello depende del espíritu con que esas disposiciones se apliquen. No sacamos nada con tener textos constitucionales o legales, si la autoridad que va a aplicar el sistema, tiene el deseo habilidosamente de saltarse todas las disposiciones y diablamente esquivar el bulto de los mandatos. Por ejemplo, cualquier persona tiene derecho a ausentarse del país; pero para poder hacerlo necesita no sólo estar al día en el pago de sus impuestos, sino, además, el certificado de vacuna. Si en un momento se termina el líquido para vacunar, ¿en qué quedó la garantía constitucional para trasladarse de un lugar a otro de la república o para salir del país? En nada. Ella, depende, en consecuencia, de la fe que se deposite en quienes van a realizar Gobierno. Esto, en mi concepto, es lo fundamental. Los que van a dirigir la nación han reiterado ahora ideas que ya están en las disposiciones constitucionales vigentes. Las han corregido, modificado o perfeccionado, pero las ideas centrales están en nuestra Carta Fundamental. Viejos principios nos dicen que aquello que abunda no daña, y yo agrego otra cosa que me parece esencial. En mi concepto, si tenemos temores frente a la convivencia democrática, si con fundamento diversos parlamentarios o partidos políticos se preguntan, como también lo hace la ciudadanía: bueno, ¿qué viene después? ¿De qué se trata? ¿Se aplicará el programa, que en algunos aspectos es contradictorio? ¿Qué le dirá la práctica del Gobierno al grupo triunfante?, es preferible pasar por inocente que por malicioso. He escuchado las declaraciones del Senador Allende, quien ha manifestado en forma clara y definida, tanto por voluntad propia como en conversaciones tenidas con el Partido Demócrata Cristiano, que va a mantener las normas de la democracia representativa, que desea perfeccionar el sistema y que, dentro de esta convivencia de hombres libres, de instituciones sólidas, desea hacer transformaciones profundas en el orden social y económico. Contra la caricatura que se haga de nosotros, los hombres que militamos en la Democracia Radical, hago notar que tenemos ancestros de hombres de avanzada. No nos inquieta ninguno de los grandes cambios económicos. Únicamente deseamos que ellos tengan no sólo como inspiración el bien común, sino que en la realidad, y no en conceptos abstractos, entreguen al pueblo estados de subsistencia y sistemas de vida más anchos y mejores. Al expresar nuestra opinión favorable a la tesis de las reformas planteadas, manifestamos que tanto los grupos integrantes de la Unidad Popular y, por sobre ellos, la palabra clara del futuro Mandatario, han asegurado al país el mantenimiento de nuestros sistemas de convivencia libre. En ello confiamos. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Solicito el asentimiento de los señores Senadores para incorporar en la versión del discurso del Honorable señor Duran el planteamiento del Diputado señor Campos. El señor MONTES.- Deseo saber si la intervención del Diputado señor Campos figura en la versión oficial de la correspondiente sesión de la Cámara y, por lo tanto, si se publicó en el diario. El señor GARCIA.- No se dan a la publicidad en ningún periódico. El señor MONTES.- ¿No se publican ahora? El señor HAMILTON.- Sí, en el diario "La Nación". El señor MONTES.- No tenemos inconveniente en acceder a la solicitud del Honorable señor Duran. Se trata del discurso que un señor Diputado pronunció en la Cámara. Sin embargo, deseamos saber si él se publicó o será publicado, en virtud de los acuerdos que sobre la materia existen en esa Corporación. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Lo ignoro, señor Senador. El señor FIGUEROA (Secretario).- La verdad es que la Cámara sólo hace publicar aquellos discursos acerca de los cuales se adopta acuerdo. No sé si respecto del que ocupa al Senado hubo acuerdo para publicarlo. El señor MONTES.- Sugiero a la Mesa preocuparse de este problema. Reitero que no tenemos inconveniente en acceder a la petición del Honorable señor Duran. Sin embargo, si el discurso de ese señor Diputado se publicó y no sucedió lo mismo con los de otros señores parlamentarios, quedaríamos en posición desventajosa. El señor DURAN.- ¿Habría acuerdo condicionado respecto de la inserción que solicité? El señor MONTES.- Evidentemente, señor Senador. El señor DURAN.-O sea, ese discurso se insertará en mi intervención siempre que la Cámara no hubiera ordenado publicarlo en la prensa. El señor NOEMI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido? Acordado. Se suspende la sesión hasta las 18, hora en que comenzará a votarse la iniciativa. -Se suspendió a las 17.31. -Se reanudó a las 18.4. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Continúa la sesión. El señor FIGUEROA (Secretario).- Corresponde votar el proyecto de reforma constitucional, que consta de un artículo único. En consecuencia, de acuerdo con el Reglamento del Senado debe votarse en general y en particular a la vez. En el caso de presentarse indicaciones, ellas deberán votarse una vez aprobado en general el proyecto. El señor NOEMI (Vicepresidente).- En votación. - (Durante la votación). El señor GARCIA.- Oímos hace un instante al Honorable señor Duran tratando de formar conciencia de cómo se puede proteger lo más preciado que tiene un hombre: su honra e imagen ante la opinión pública, la que es deformada mediante los sistemas actuales de reiterar y repetir determinadas expresiones. En la actualidad, los ofendidos no tienen defensa alguna, y a la reforma constitucional no se le da este aspecto moderno para otorgar esa protección tan necesaria. Después de haber oído al Honorable señor Duran, cabe perfectamente lo que repitió en esta Sala el Honorable señor Montes, acerca del Presidente del Partido Nacional, don Sergio Onofre Jarpa. Dijo que un señor Marshall, comprometido en un complot, declaró que era su cómplice o, por lo menos, que intervenía con él desde hace mucho tiempo. Al respecto, afirmo lo siguiente: que el Presidente del Partido Nacional no ha visto más que una vez al señor Marshall, en un foro, donde declaró ser contrario a las ideas del Partido Nacional y partidario dé las socialistas. En consecuencia, no es efectivo que haya tenido la menor relación con Marshall. En segundo lugar, averigüé si este señor ha formulado 'declaraciones, y resulta que, al parecer, no ha hecho ninguna. De modo que tampoco es efectivo lo anterior. Por último, algunas personas me informaron que hay el secreto más absoluto en el sumario y que no se ha podido vislumbrar nada de lo sucedido en él. Por eso, denunciamos otro caso en que se trata de formar y deformar la imagen a través de lo que acusaba el Honorable señor Duran. Además, quisiera que personas muy altamente colocadas en la Unidad Popular dijeran y confirmaran la alta personalidad y respeto a las leyes que tiene el Presidente del Partido Nacional. Me abstengo, por orden de partido. El señor BULNES SANFUENTES.- Voy a reiterar las razones que expuse a mediodía para fundar la abstención de los Senadores nacionales en este proyecto. La iniciativa se tramitó en forma absolutamente anormal. Se trata de un proyecto de reforma constitucional desarrollado en algo así como diez páginas de oficio; se refiere a diez garantías constitucionales distintas, y algunas de ellas contienen numerosos incisos con ideas diferentes. Pues bien, la iniciativa llegó al Senado el día martes y se dio cuenta de ella en la sesión ordinaria efectuada en esa oportunidad. Ayer, en la Comisión de Constitución se aprobó en general y en particular en una rapidísima sesión, que creo duró diez minutos o un cuarto de hora, y hoy se aprobará también en los mismos términos en la Sala, porque el proyecto está redactado en forma de un artículo único, de manera que en ningún caso tendrá segundo informe. Los Senadores nacionales no hemos podido efectuar un estudio exhaustivo del proyecto. Como todo el Senado sabe, tenemos mucho trabajo parlamentario, y estudiamos las iniciativas que están en el Senado. No podemos estudiar también las que se encuentran en la Cámara. Sin embargo, con el sentido jurídico que tenemos y con nuestra experiencia en materia constitucional, reafirmamos las opiniones que sobre el particular hemos manifestado. Se trata de una iniciativa en que la mayoría de sus preceptos no tiene importancia real. Como ya lo dije, algunas disposiciones sólo constituyen palabrería, y otras pierden todo su efecto al dejarse sometida a la reglamentación de la ley la garantía correspondiente. He advertido en el curso del debate que tal vez la única que tiene alguna importancia, contra lo que pensé en el primer momento, es la referente a los partidos políticos. Por consiguiente, el proyecto no corresponde a la publicidad que se le ha dado. Nosotros sostenemos que se engaña a la opinión pública al decir que él desarrollará la libertad en el país y garantizará su permanencia. La permanencia de las libertades no depende del texto de las garantías constitucionales, que ya eran suficientemente claras y completas, sino del Gobierno que se va a iniciar y, fundamentalmente, del ciudadano que va a asumir la Presidencia de la República y que está sentado, quizás por última vez, en estas bancas. Repito: no es el proyecto ni son las llamadas garantías las que determinarán la suerte del país. También quiero reiterar que el proyecto contiene disposiciones nocivas, restrictivas de las libertades, en especial las referentes a la enseñanza particular. Admito que la intención de los redactores del proyecto es la manifestada por los Honorables señores Aylwin y Sule, pues no tengo por qué dudar de sus palabras. Pero vuelvo a pedir que adoptemos un acuerdo para dejar constancia del sentido de esos preceptos, porque de otra manera tendrían que interpretarse como yo lo hago. Por tales razones, y porque no hemos tenido oportunidad leal de participar en la discusión de este proyecto, y porque consideramos que se agita ante la opinión pública una banderola que le atribuye una importancia histórica que no tiene, ya que la mayoría de sus disposiciones son inútiles, los Senadores nacionales nos abstendremos, tal como lo hicieron los Diputados de nuestra colectividad en la Cámara. El señor LUENGO.- Muy brevemente, En la discusión general ya tuve ocasión de manifestar mi opinión sobre el proyecto. Sin embargo, quiero decir dos palabras para, lamentándolo, referirme nuevamente a las expresiones del Honorable señor Bulnes, quien ha dicho, y lo ha reiterado ahora, que en su concepto el proyecto no tiene gran importancia y que, en general, se aprobarán simples palabrerías que no tendrán trascendencia capital para mejorar el texto de la Constitución. Además, dijo que no ha tenido oportunidad leal para discutir el texto de la reforma. Un examen de las distintas modificaciones permite establecer que, de los doce números o materias contenidos en el artículo único, respecto de seis la Comisión Especial de Reformas Constitucionales tuvo oportunidad de pronunciarse en 1966, y por unanimidad, con la participación personal de los Honorables señores Bulnes y Duran, que en aquella época representaba en esa Comisión al Partido Radical. Es decir, por lo menos la mitad de las materias analizadas hoy, las examinamos exhaustivamente en esa antigua Comisión Especial. En cuanto a la modificación consistente en agregar un nuevo artículo 9° a la Carta Fundamental, relativo a los partidos políticos, hemos incluido un párrafo -el inciso tercero- que dice textualmente: "Los partidos políticos gozarán de libertad para darse la organización interna que estimen conveniente, para definir y modificar sus declaraciones de principios y programas y sus acuerdos sobre política concreta, para presentar candidatos en las elecciones de regidores, diputados, senadores y Presidente de la República, para mantener secretarías de propaganda y medios de comunicación y, en general, para desarrollar sus actividades propias. La ley podrá fijar normas que tengan por exclusivo objeto reglamentar la intervención de los partidos políticos en la generación de los Poderes Públicos." Este precepto mereció al Honorable señor Bulnes la siguiente frase: "Hasta aquí, las nuevas disposiciones tienen una importancia más aparente que real". Pues bien, este inciso tercero, esta norma que acabo de leer textualmente, se originó en una indicación presentada por el Honorable señor Francisco Bulnes en 1986, durante la discusión de otro proyecto de reforma constitucional, y se aprobó por la uninimidad de la Comisión respectiva. En consecuencia, si el señor Senador estima que estas reformas tienen una importancia más aparente que real, quiere decir que en 1966, al formular la indicación que nosotros acogimos en esta oportunidad, estaba proponiendo enmiendas constitucionales a las cuales no atribuía ninguna importancia. Reitero mi voto favorable en general a esta iniciativa. El señor GUMUCIO.-Escuché con mucha atención durante el debate los fundamentos de las ideas del Honorable señor Duran. Su Señoría se refirió concretamente a dos materias. En primer término, protestó por las imputaciones que le afectarían respecto de lo que él describió como una campaña en su contra con motivo de las actuaciones del señor Schilling, a quien se señala como secretario suyo y como cómplice en actos de terrorismo. En seguida, se refirió extensamente a lo que calificó como una "campaña no varonil", de acusar a grupos políticos de actos delictuales, por ejemplo, de promover un golpe de Estado. Estimo que en el régimen jurídico vigente en Chile no existe la indefensión. Hay libertad de prensa; existen diarios-adictos al criterio del Honorable señor Duran. No me parece que Su Señoría haya tenido cerrada la posibilidad de publicar sus descargos o de protestar en "El Mercurio", en "La Segunda" o en cualquiera de los órganos de expresión de la Derecha, que hoy en día tienen plena libertad para decir lo que estimen conveniente. Por lo tanto, no hay razón para presentar un cuadro tan trágico ni para decir que ya en Chile existe una indefensión absoluta, que no hay posibilidades de que la prensa acoja lo que un sector político determinado puede decir. En seguida, el señor Senador formuló otra denuncia, a la que deseo referirme fundamentalmente. Señaló que es ilegal, injusto y poco varonil acusar en bloque a un grupo político de posibles actos delictuales contra la vida democrática de Chile. Pero si no hubiera posibilidad de acusar en tales términos, entonces se produciría indefensión para la gran mayoría del país. Yo pregunto al Honorable señor Duran si acaso él no considera legítimas las denuncias que se han hecho desde el 4 de septiembre hasta este momento. Examinemos toda la escalada desde el 4 de septiembre; veamos todo lo que se ha dicho: primero, fraude electoral; en seguida, se inventa una segunda vuelta, al margen de la ley, para impedir que el grupo que ganó la elección obtuviera el poder democráticamente. Se ha echado mano a miles de recursos, todos fallidos, pero que era necesario denunciar, pues de lo contrario precisamente los triunfadores habrían quedado en la indefensión. Además de lo anterior, están los antecedentes que la Unidad Popular ha dado en forma sistemática acerca de la gravedad de una conspiración, que hoy vemos cómo se ha hecho efectiva en el drama que todo Chile condena. Por lo tanto, denunciar que existen en el país grupos fascistas dispuestos a usar cualquier medio, hasta el más ilegítimo, para impedir que asuma el Poder quien lo ganó legítimamente en las urnas, no es una campaña poco varonil, sino justa y necesaria, y de no haber optado por este sistema estaríamos precisamente en la indefensión. Por último, creo que lo importante en política es tener autoridad moral, consecuencia y, sobre todo, buena memoria. Acordémonos de la campaña del terror en el período preelectoral, de cómo se acusó a los grupos que apoyaban a Salvador Allende de los peores delitos, de cómo se llegó a la audacia de acusar a los Senadores Allende, Rodríguez y otros, de ser extorsionadores. Y eso sí que no fue varonil, pues a los pocos días escondieron la mano y dijeron que el aviso en que se hizo la imputación carecía de validez. Esto es más grave, esto va directamente en contra de la honra de algunos Senadores, uno de los cuales será Presidente Electo el próximo sábado. Acordémonos del pasado, insisto, pues hay que tener autoridad moral. Quienes usaron la campaña del terror, hoy día son víctimas de sus propios procedimientos. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador. El señor GUMUCIO.- Voto que sí. El señor HAMILTON.- Las modificaciones a la Constitución Política que estamos aprobando, para introducirle lo que hemos llamado "Estatuto de Garantías Democráticas", persiguen fundamentalmente, como se ha expresado, actualizar los conceptos relacionados con el estatuto constitucional de los partidos políticos, la libertad de expresión, el derecho de reunión, el sistema educacional, la inviolabilidad de la correspondencia, los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, la libertad de circulación y su régimen, los derechos de las diversas organizaciones sociales, y las bases constitucionales de la Fuerza Pública. No se trata, a mi juicio, sólo de un perfeccionamiento de la Carta Fundamental, para lograr un progreso en nuestra convivencia democrática, lo que podría haberse obtenido en cualquiera otra circunstancia y forma. Es mucho más que eso. Se trata de un compromiso moral y político, contraído pública y solemnemente, e institucionalizado a través de esta reforma, por el Honorable Senador señor Allende -cuya presencia en la Sala celebro- y los partidos políticos que compartirán con él la responsabilidad de dar Gobierno a Chile, con la Democracia Cristiana, a fin de preservar el régimen democrático y el respeto irrestricto a los derechos de los individuos. Tenemos confianza en que el próximo Presidente de Chile y su Gobierno harán honor a este compromiso no sólo en la letra de la ley, sino muy principalmente en el ejercicio de la autoridad, en sus decisiones de gobernante. La Democracia Cristiana, por su parte, fiel a su vocación y tradición democráticas, facilitará el cumplimiento del compromiso e impedirá, en lo que, de ella dependa, cualquiera eventual transgresión. Voto que sí. El señor FUENTEALBA.- El Honorable señor Bulnes, en la discusión general y en el fundamento del voto hace un instante, sostuvo que este proyecto se ha tratado precipitada y anormalmente en el Congreso Nacional. Yo quisiera, en mi calidad de miembro de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, que tengo el honor de presidir, dejar constancia de que la opinión del Honorable señor Bulnes es absolutamente injusta e infundada. Esta iniciativa es ampliamente conocida no sólo por los señores Senadores y los distintos sectores políticos, sino también por la opinión pública en general. Cuando la Democracia Cristiana, hace ya varias semanas, planteó ante el país la necesidad de introducir en la Carta Fundamental algunas modificaciones y rectificaciones que representaran una mayor garantía de subsistencia del régimen político y democrático, la opinión pública conoció el documento que dirigimos al Honorable señor Allende; conoció la respuesta pública que el señor Senador dio al documento de nuestro partido; conoció los debates que se suscitaron en el seno de la Junta Nacional democratacristiana sobre esta misma materia, y, por último, también supo de la formación de una comisión mixta integrada por representantes de la Unidad Popular y de la Democracia Cristiana, que se abocó al estudio de este proyecto. Por otra parte, estas reformas constitucionales -si no lo manifestó el Honorable señor Aylwin esta mañana, debe de haber sido por un exceso de modestia de su parte- se fundan en un estudio que hizo una comisión de juristas y constitucionalistas democratacristianos, integrada por el señor Senador, los profesores de Derecho Constitucional señores Enrique Evans y Francisco Cumplido, y el Ministro de Justicia señor Gustavo Lagos. Fue ese anteproyecto el que después sirvió de base a las actuaciones de la comisión mixta de la Unidad Popular y nuestro partí-do. Además, como ya lo señalaron los Honorables señores Luengo y Aylwin, el proyecto contiene muchas de las reformas que ya despachó la Comisión Especial de Reformas Constitucionales a raíz de la iniciativa que envió el Presidente Frei al Congreso Nacional a fines de 1964. En consecuencia, ha habido un amplio conocimiento público del proyecto. No es excusa, entonces, decir que, porque llegó al Senado sólo el martes de esta semana, no hubo tiempo para estudiar este asunto de tan trascendental importancia. Es deber de los sectores políticos y de los parlamentarios imponerse de estas materias y estudiarlas con la debida anticipación. Por lo demás, las reformas en análisis se tramitaron en la Cámara. Allí las trató la Comisión del ramo y hubo un largo debate. Luego las estudió la Sala, donde también hubo todo un día de deliberaciones. En seguida llegó al Senado. Se citó a la Comisión, como es normal, e incluso esperamos varios minutos para que se hiciera presente en la sesión el representante del Partido Nacional. Por eso, insisto, no es excusa alguna decir que no hubo tiempo para estudiar el proyecto. Es absolutamente injusto manifestar que se ha tramitado precipitadamente. Por último, en cuanto a las modificaciones consignadas en el número 6 del artículo único de la iniciativa, con excepción de los Senadores nacionales. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, señor Senador. El señor FUENTEALBA.- Rogaría que se rae prorrogara por un minuto, o hasta terminar mi exposición. Tal vez ocupe menos tiempo. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para acceder a la prórroga. Acordado. El señor FUENTEALBA.- Digo que, con excepción de los Senadores nacionales, todos los sectores del Honorable Senado coinciden en estimar que la norma del inciso décimo del Nº 7º del artículo 10, que señala el deber del Estado de proveer al adecuado financiamiento de las universidades estatales y particulares, por ser una disposición especial relativa a las universidades, no está limitada por la regla del inciso quinto del mismo número, que se refiere únicamente a la educación privada no universitaria. Como lo ha expuesto el Honorable señor Bulnes, el ánimo de los Senadores nacionales es que este asunto quede suficientemente claro. Para tal efecto, hemos hecho llegar a la Mesa una indicación que ruego leer en su oportunidad y ponerla en votación, con el objeto de esclarecer perfectamente, por acuerdo unánime de la Corporación, cuál es el verdadero sentido y alcance de la reforma contenida en el número 6) del artículo único. El señor SULE.- No es una indicación, sino una aclaración. El señor FUENTEALBA.- Sí, una indicación aclaratoria. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo del Honorable señor Fuentealba. El señor FUENTEALBA.- Reitero la petición que he formulado a la Mesa. La mencionada aclaración la sometimos a consulta con todos los sectores políticos del Senado, y ellos están de acuerdo en aprobarla. Voto que sí. El señor NOEMI (Vicepresidente).- El texto de la indicación está en la Mesa. Oportunamente se le dará lectura. El señor SULE.- Señor Presidente, sólo diré muy brevemente -con anterioridad di a conocer la fundamentación de los votos radicales-que, según mi parecer, la indicación que hizo el Honorable señor Fuentealba es una declaración interpretativa para la historia fidedigna del establecimiento de la ley, de manera que no se incorpora al texto de la reforma constitucional. Voto que sí. El señor IBAÑEZ.- Señor Presidente, las intervenciones que acabamos de escuchar no alteran en absoluto la posición del Partido Nacional expresada por nuestro Honorable colega señor Bulnes. Con todo, deseo recoger las palabras del Honorable, señor Luengo, especialmente en cuanto ellas se refieren a seis modificaciones constitucionales que ya trató antes la Comisión de Legislación y que contaron con la aprobación y voto favorable del Honorable señor Bulnes. Todo esto es efectivo; pero es preciso agregar que nuestro Honorable colega señor Bulnes no considera que esas modificaciones tengan importancia, ni su texto es igual al aprobado en la Comisión. Al mismo tiempo, él ha señalado que algunas de estas disposiciones pueden tener cierta trascedendencia, como la relativa -así lo expresó nuestro Honorable colega- al estatuto de los partidos políticos. Pero en lo demás son normas que no hay mayor necesidad de incluir en la Carta Fundamental y, por lo tanto, carecen de la importancia que aquí se está tratando de darles, para justificar lo que no es sino el acuerdo político de dos entidades representadas aquí. ¡Simplemente, mediante esta reforma constitucional, aquí se pretende dar una justificación ante la opinión pública de un pacto político que resulta muy difícil de justificar. Nosotros sostenemos que sobre esta materia no puede haber equívocos. Las enmiendas constitucionales que estamos tratando, las garantías a que se refieren estas modificaciones, las consignan también las Constituciones Políticas de los países comunistas. En ellos existen estas garantías y otras mucho más severas, pero todas han sido letra muerta en esos países. El amparo de los ciudadanos en el Gobierno próximo dependerá exclusivamente de la persona que ejercerá la Primera Magistratura. Y para nosotros, esa garantía es bastante más importante y eficaz que las modificaciones del texto constitucional que estamos debatiendo. Por todo ello, y para que no haya, como dije hace un instante, equívoco alguno sobre esta materia, los Senadores del Partido Nacional ratificamos nuestra abstención, a fin de que no se induzca a error a los ciudadanos, haciéndolos creer que estas reformas constitucionales representan-alguna garantía que tenga efectiva validez para preservar las libertades públicas. El señor PALMA.- Señor Presidente, en las disposiciones que estamos votando hay, indudablemente, dos tipos de contenido: uno que podríamos llamar propiamente jurídico, y otro que tiene significado político de importancia. Yo me limitaré a formular algunas observaciones muy breves sobre este último aspecto. Estas disposiciones, tal como las han estudiado personas que a todos nos merecen fe por sus conocimientos y objetividad, contribuyen a llevar adelante un proceso político de ampliación de nuestra realidad democrática, que ya empezó en 1964 con un dinamismo que seguramente la historia juzgará en forma menos apasionada que como se suele hacerlo en esta Sala, y que en los años venideros tendrá, sin duda alguna, una profundización que tal vez el país requería, que las circunstancias tanto económicas como sociales hacían urgente. Por eso, porque pienso que nosotros, en este proceso, realmente continuamos las etapas que el país ha vivido con normalidad desde el principio de la República hasta ahora, ampliando las bases de nuestra democracia, desde una participación limitada originalmente, a una más amplia en el día de hoy, y a una eventual participación total el día de mañana, creo que las disposiciones que estamos aprobando tienen un sentido profundo en la actualidad. Precisamente cuando se amplía la base de la democracia, se garantiza que ella verdaderamente tendrá un carácter representativo que implicará el respeto de los derechos de cada uno de los habitantes de Chile, en el momento en que la sociedad, en su conjunto, se enfrenta a la urgencia de introducir cambios que eventual-mente pueden afectar a cada uno de los individuos. Voto que sí. El señor PRADO.- Señor Presidente, yo francamente no me extraño -siento, pero no me extraño- de la reacción que aprecio en los Senadores del Partido Nacional, principalmente por boca del Honorable señor Bulnes, cuya opinión en esta materia siempre escucho con respeto. Creo que la posición del Partido Nacional está impregnada de una mezquindad increíble, que trata de cubrir un silencio muy pequeño, muy mezquino, muy negativo, que confesó en su última cuenta el propio presidente del Partido Nacional señor Sergio Onofre Jarpa, al momento de ser reelegido presidente, cuando dijo que "había guardado silencio durante los días que siguieron a la elección frente a la situación de fondo que vive el país," -según "El Mercurio" del 19 de octubre- "no porque el partido haya estado ausente en momentos decisivos para nuestra vida nacional, sino para permitir a otras colectividades políticas que definieran su posición". ¡Desde el 4 de septiembre hasta el 19 de octubre, absoluto silencio, en un país donde pudieron ocurrir cosas gravísimas para la misma democracia, que otras veces, con tantas expresiones pronunciadas por los propios Senadores nacionales, se ha tratado de defender, al parecer, con tanta sinceridad! El propio señor Jarpa, en su cuenta, expresó algo que deseo repetir aquí, y respecto de lo cual haré después una petición pública, para que ese partido responda ante el país de lo dicho. Dijo el presidente del Partido Nacional: "La garantía para nosotros somos nosotros mismos. No podemos depender de garantías negociadas por directivas políticas que no tienen ninguna eficacia, salvo un valor declamativo y que esconde otras negociaciones que tal vez el país va a conocer en algunos días más." Hasta aquí la declaración del señor Jarpa. Yo hablo en esta oportunidad porque creo que el país, posiblemente, no debe conocer "tal vez" esas negociaciones. El señor Jarpa tiene el deber moral -y detrás de él su partido y los Honorables señores Bulnes e Ibáñez, que están presentes- de no decir "tal vez negociaciones", sino de precisarlas. Porque yo estoy en esta Sala en nombre de un partido, y porque soy creyente, digo, bajo juramento, en presencia de un hombre honorable como es el Senador Allende, que no ha habido entre él y los partidos que lo acompañan y la Democracia Cristiana sino un compromiso de alto valor moral y de sincera y profunda adhesión a la democracia en un momento dramático para el país, como se ha puesto en evidencia en las primeras horas de esta mañana. Por esa razón, pienso que no puede dejarse pasar, en un debate de esta naturaleza, el hecho de que un partido que pretende ser actualmente el heredero de la tradición republicana y democrática de Chile, se permita actitudes de esta pequeñez. Hombres que son entendidos en materias jurídicas no tienen derecho a menospreciar lo que se está haciendo y a afirmar que ahora se pretende convertir una Carta Fundamental poco menos que en un reglamento, al "explicitar" derechos tan básicos como los contenidos en virtud de este entendimiento limpio, único y no condicionado a ningún otro interés subalterno. No tienen derecho a simular ignorancia, porque no son ignorantes; y si no lo son, actúan de mala fe. Quiero expresar esto porque es necesario que el Partido Nacional aparezca ante Chile como lo que es: responsable de una actitud que califico de indigna, con un silencio que yo espero que no sea cómplice de cosas muy graves que están pasando en Chile. Al mismo tiempo, deseo manifestar que la Democracia Cristiana está muy tranquila, pues ha tenido frente al país una actitud que es verdadero ejemplo de limpieza. Jamás, ni el Honorable señor Allende, ni los partidos que lo apoyan, ni nosotros, hemos hablado de otra cosa que no sea ésta que hoy día consagra el Congreso, mediante sus dos Cámaras, y que -estoy cierto- dentro de poco tiempo será norma constitucional vigente. Junto con expresar mi votación favorable, me alegro, no por mí sino por el país, de que con la presencia del Honorable señor Allende terminen las últimas dudas que se han planteado, porque su presencia debe ser valorizada como el compromiso de más alto valor con relación a las reformas que estamos votando favorablemente. El señor DURAN.- Señor Presidente, yo no sé si tengo mala suerte, pero- la verdad es que nunca logro hacerme entender por el Honorable señor Gumucio; o es que a él, en razón de uña muy vieja amistad, le agrada repetir la idea de que "quien te quiere te aporrea". Lo cierto es que cada vez que emito un juicio claro, él lo interpreta a su propia manera, de modo que resulta prácticamente contrario a lo que he dicho. No he sostenido más que dos cosas. He afirmado que las denuncias con relación a reiterados actos contrarios a la convivencia democrática deben denunciarse y que cumplen su deber quienes así lo hacen. No he criticado el que esas denuncias se formulen. He criticado -Su Señoría tiene que entenderlo muy bien- el que se confunda a la opinión pública y, en lugar de señalar con criterio claro, específico y varonil, quiénes son sus autores, se tejan, cual mantos de vaguedades, fórmulas que permiten las más encontradas interpretaciones. Dije otra cosa, distinguido colega. Y hago votos por que a Su Señoría no le ocurra lo mismo que a mí. El señor Senador cree que cada uno de nosotros tiene posibilidad de defenderse en el diario "El Mercurio", en "La Segunda", en "Las Ultimas Noticias" o en otros periódicos. Lo dijo por vía de ejemplo, pero, indudablemente, con algunas inteligencias o alcances políticos. Yo me defendí, no sólo en el primero de esos diarios, sino en todos ellos. Pero lo que destaqué fue otra cosa: que mientras esos rotativos publican una vez la rectificación a la infamia, otro conjunto de radios, diarios y canales de televisión insisten pertinaz, infame y majaderamente en ignorar los datos que uno da. De esta manera se produce la desinformación. Eso es cuanto expresé, Honorable colega. Reitero: gozo, junto con su amistad y afecto -que retribuyo con creces- del extraño privilegio de no darme a entender de Su Señoría. Lo lamento; créame, Honorable colega. Sin embargó, cuando el señor Senador intervino para señalar un hecho grave, no creí ver en su lenguaje el propósito, ni aun por la vía indirecta, de justificar las campañas de que alguno de nosotros ha sido víctima, como el Senador que habla. Su Señoría sabe muy bien que ni por temperamento ni por tradición he tenido jamás una actitud contraria a mi raigambre democrática. No deseo ahondar en la diferencia que ha surgido hoy, porque estimo muy poco cordial y elegante aprovechar el fundamento de voto, durante el cual no cabe conceder interrupciones que permitan al señor Senador contestar las expresiones que yo pudiera emitir, formular observaciones reñidas con un limpio y deportivo juego político. Voto favorablemente la reforma constitucional. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala a fin de que el Honorable señor Allende funde el voto durante un tiempo superior al reglamentario. Acordado. Tiene la palabra el señor Senador. El señor ALLENDE.- Agradezco la deferencia de la Corporación. Fui elegido Senador por primera vez en 1945, .y desde ese año hasta ahora he ocupado esta banca. Han pasado por este hemiciclo hombres cuyo recuerdo perdurará siempre, representantes de todas las corrientes, de capacidades diversas, gentes que tuvieron pasión por Chile y por su pueblo. Creo haber cumplido, a veces solo, a veces acompañado por mis camaradas de partido y por los personeros de la Izquierda, una tarea de significación destacada al plantear los problemas de Chile y de su pueblo. No niego que puse a veces pasión, y no medida, para defender mis principios; pero creo que jamás llegué al altercado o a la injuria personal, cualesquiera que hubieran sido el contrincante ocasional o el adversario permanente con quien me enfrenté. Hoy, después de estar ausente durante largo tiempo, por razones obvias, he creído un deber ineludible encontrarme presente en esta votación. He venido por un deber moral, primero, a expresar, en nombre de la Unidad Popular y en el mío propio, nuestra protesta más airada por el delito increíble, tan ajeno a Chile y a su historia, cometido en la mañana de hoy en la persona del Comandante en Jefe del Ejército. Ello constituye un atentado contra nuestro Ejército y contras nuestras Fuerzas Armadas. He venido a destacar la gravedad increíble que ello entraña; he venido a decir que, lamentablemente, tuvimos razón cuando señalamos que quería crearse un clima deliberadamente artificial después de las elecciones, destinado a interrumpir un proceso que fue diáfano y claro de parte nuestra y de otros sectores, a fin de que la voluntad mayoritaria del país definiera en las urnas el destino que anhelaba .seguir. Comprendo la responsabilidad que entrañan mis palabras, ya que es posible, si no ocurren otros hechos, que ésta sea la última vez que hable en este recinto para cumplir el mandato que el pueblo me entregó dentro de un concepto democrático y sobre la base del respeto al derecho de construir, dentro de nuestras convicciones, un nuevo derecho, una nueva convivencia social, una nueva moral. He venido por estimar importante dar mi voto favorable a estas reformas constitucionales, que entrañan una demostración de ética política, sin doblez; que significan que en un momento determinado, adversarios estiman conveniente coincidir en ideas y principios que son fundamentales en los pueblos para evitar que el desvarío de algunos y la irresponsabilidad de otros, pretendan aprovechar de esta etapa tan inquietante y dolorosa que vivió el país. Declaro: con el Presidente de la Democracia Cristiana y con los integrantes de la comisión política de esa colectividad no tuvimos otra preocupación que buscar el camino que aquí está consagrado. Quisimos que así fuera para demostrar que Chile puede y debe encontrar su propia ruta sobre la base de su idiosincrasia, su tradición y su historia. Con el SenadorBenjamín Prado, adversario muchas veces en este recinto -creo poder decirlo en su nombre- hicimos nuestros planteamientos con la claridad y la honradez necesarias. En efecto, el país conoció la posición de la Democracia Cristiana y la respuesta que yo di en nombre de la Unidad Popular. Creo conveniente señalar y reafirmar que este hecho es público, que nada hicimos que tuviera sentido o contenido de cábala o de compromiso, como tampoco lo tuvo jamás el acuerdo, que implicó una actitud honesta y de respeto a la voluntad mayoritaria, entre Radomiro Tomic y el Senador que habla. Desde aquí rindo homenaje al adversario de ayer por su actitud correcta y por su sentido superior de la acción política. He venido a este recinto a señalar, con mi voto favorable, la decisión del pueblo que, siendo Gobierno, hará más amplia, profunda y honda la democracia en nuestro país. He venido a decir que estas disposiciones deben entenderse, no sólo como principios consagrados en la Carta Fundamental, sino como la regla moral de un compromiso ante nuestra propia conciencia y ante la historia. He venido a reafirmar nuestra posición, porque tengo casi la certeza digo "casi la certeza", porque las horas que se han vivido, los planes siniestros puestos en marcha y la determinación fatídica de grupos fanáticos todavía no ha terminado y puede expresarse en consecuencias mucho más profundas para nuestra vida democrática- de que el Congreso Nacional, sobre todo después del pronunciamiento de la Democracia Cristiana, consagrará la voluntad mayoritaria de las masas expresada .en el evento electoral del 4 de septiembre. Por lo tanto, seré Presidente de Chile, honrosa distinción, superior a las fuerzas de un hombre cuya única capacidad es la de haber sido siempre leal a sus ideas, a sus principios, a su partido, a la Unidad Popular, al pueblo chileno y, fundamentalmente, de haberse guiado por un sentido patriótico profundo, que mercenarios se atrevieron hasta a negar, que ha colocado cada acto de su vida, como una norma invariable de su existencia, al servicio de la patria. Quiero destacar que nadie puede imaginar que el movimiento popular, que hemos logrado aglutinar en nuestro país, con la proyección y contenido que lo anima, pueda desviarse hacia venganzas de tipo pequeño, a prostituir la victoria del pueblo y a permitir un revanchismo que no puede caber en la generosidad del pueblo. Sabemos perfectamente bien la gran tarea histórica que debemos realizar. No es fácil transformar la vida de un pueblo. Y al decir esto, no reniego del pasado de Chile. Sé que en cada época y en cada trozo de nuestra historia hubo hombres que no tuvieron el pensamiento nuestro, pero que también hicieron mucho por fortalecer los vínculos que dieron forma y continuidad a nuestra nación. No soy de aquellos que creen que el mundo comienza cuando ellos van a actuar. La historia de Chile tiene etapas demasiado significativas, en las que actuaron otros hombres, que constituyen una herencia que pesará en nuestra actitud. Pero vivimos la época inquietante de un mundo que cruje, donde el hombre hecho pueblo y el pueblo hecho hombre quieren estar presentes, no sólo en el derecho a vivir, en el derecho cotidiano al trabajo, a la educación, a comer, al descanso o la recreación, sino también en la grande y noble dimensión histórica de construir con su esfuerzo, de poner los ladrillos del gran edificio que no se improvisa: de una nueva sociedad, sobre la base, también, de la moral de un hombre nuevo. Por ello he querido estar presente esta tarde; porque, para mí, los principios que se consagran en esta reforma constitucional tienen validez y contenido e implican y señalan de qué manera entendemos nosotros el futuro de Chile en los nuevos cauces que van a contener las grandes y justas aspiraciones colectivas que no podremos defraudar. Por eso he estimado conveniente, como siempre lo hice, improvisar frente a ustedes, pero con la sinceridad que abona una vida que aquí, en este sitio, tiene veinticinco años de permanente y cotidiana expresión de un ansia y de uña meta: que Chile sea lo que debe ser y que el pueblo obtenga los derechos que legítimamente le pertenecen. Como Presidente de Chile sé perfectamente bien qué compromisos he contraído ante el pueblo y ante mi conciencia; pero sé que, más allá de lo que puede un hombre, aunque tenga el poder, y mas allá de los partidos o fuerzas sociales que forman la base política de su acción de gobernante, está el pueblo; el que ha conquistado los derechos, el que ha luchado y se ha abierto camino, desbrozando la maraña de los intereses bastardos, para asomarse por su propio sacrificio a un pedazo de justicia que era tan necesario. Es el pueblo de Chile; es su madurez, su conciencia, su nivel político, la suprema garantía. Y yo, que tanto he aprendido del pueblo, seguiré su ejemplo como Presidente de la Patria. Gracias, señores Senadores. Voto que sí. El señor FIGUEROA (Secretario).- Resultado de la votación: 41 votos por la afirmativa y 3 abstenciones. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Aprobado en general el proyecto. Se van a votar las indicaciones. El señor FIGUEROA (Secretario).- La primera indicación formulada por los Honorables señores Morales y Duran, incide en el Nº 2 del proyecto de reforma y tiene por objeto agregar al artículo 9º de la Constitución el siguiente inciso: "Se considerará delito contra el Orden Público todo acto que importe injuria, calumnia o difamación contra un partido político o sus dirigentes, cualquiera que sea el medio por el cual dicho delito sea cometido. Si el delito se comete con publicidad, ésta será considerada como una circunstancia agravante del hecho delictuoso. "Los delitos a que se refiere este artículo serán sancionados con las penas que la ley de Seguridad Interior del Estado contempla para los que difamen, injurien o calumnien al Presidente de la República y otras autoridades del Estado." El señor NOEMI (Vicepresidente).- En votación. -(Durante la votación). El señor MONTES.- Pido la palabra para fundar el voto. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que pueda fundar su voto de inmediato el Honorable señor Montes. Acordado. El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente, también pido autorización para fundar anticipadamente mi voto. El señor MONTES.- Señor Presidente, consideramos un proyecto de reformas constitucionales fundado en un acuerdo conjunto, hecho público, de representantes designados por el Partido Demócrata Cristiano y la Unidad Popular. Por lo tanto, cualquier indicación, por muy valiosa, importante y positiva que sea, formulada después del acuerdo logrado en el curso de las conversaciones sostenidas por esas agrupaciones políticas, será rechazada por los Senadores comunistas. Estimamos que tales indicaciones pueden encontrar su expresión en una iniciativa legal que considere el Congreso en su oportunidad, no en ésta, repito, toda vez que, como se sabe, el compromiso logrado establece límites y alcances muy precisos, que tenemos la obligación de respetar. Por esa razón he pedido la palabra para fundar nuestro voto negativo a ésta y otras indicaciones que no estén comprendidas en el proyecto original aprobado por las fuerzas de la Unidad Popular y del Partido Demócrata Cristiano. Voto que no. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de los señores Senadores para que funde su voto de inmediato el Honorable señor Bulnes Sanfuentes. Acordado. El señor BULNES SANFUENTES.- Señor Presidente, junto con adherir a la indicación de los señores Senadores de la Democracia Radical, aprovecho este breve tiempo para referirme a la diatriba que pronunció, hace unos minutos, contra el Partido Nacional y contra el Senador que habla, nuestro colega el Honorable señor Prado. Comienzo por hacer presente que el señor Senador que, por la ubicación de su asiento, debió votar antes que todos los Senadores nacionales, esperó deliberadamente el final de la votación para hacerlo, y de ese modo poder proferir sus injurias sin obtener una réplica inmediata. El Honorable señor Prado nos supuso reiteradamente mezquindad, pequeñez y mala fe por tomar la actitud que hemos adoptado en torno del proyecto. Las injurias se las lleva el viento; pero las razones no se las lleva. En la mañana leí una exposición en que demostré razonadamente que la mayor parte de estas llamadas garantías constitucionales eran inútiles, no tenían una importancia real, no hacían sino ampliar conceptos que ya están suficientemente establecidos en la Constitución. En el curso del día se ha criticado mucho nuestra actitud, pero nadie ha refutado nuestros argumentos, salvo, como lo reconocí hidalgamente al fundar mi voto, en lo que a los partidos políticos se refiere, disposición interesante que, para mi Sorpresa, supe por el Honorable señor Luengo que proviene de una indicación presentada por mí hace varios años en una Comisión especial. Antes de saberlo ya había reconocido que, en esa materia, el proyecto tiene alguna importancia. En lo demás, no la tiene. El señor LUENGO.- No dijo eso Su Señoría. El señor BULNES SANFUENTES.- Lo dije. Vea la versión taquigráfica. Ño me desmienta, porque yo no miento. Lo dije antes de que usted fundara su voto, cuando fundé el mío: que en lo único que había variado de opinión después de escuchar al Honorable señor Aylwin, era en lo que se refería al estatuto de los partidos políticos. Lo único importante que ha sucedido esta tarde, y de lo cual me congratulo como ciudadano chileno y como demócrata, son las palabras que acabamos de escuchar a nuestro colega el Honorable señor Allende. Eso sí que tiene valor, eso constituye una garantía. No este proyecto, que no contiene innovaciones de fondo y que, cuando llega a tenerlas, su objetivo es restringir las libertades. Voto favorablemente la indicación de los Honorables señores Duran y Morales Adriasola. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Honorable señor Aylwin funde su voto anticipadamente. Acordado. El señor AYLWIN.- Señor Presidente, los Senadores de la Democracia Cristiana votaremos negativamente las indicaciones que se hayan formulado o se formulen,, que trascienden las disposiciones que han sido objeto del proyecto aprobado por la Cámara y por el Senado, conocido como Estatuto Constitucional de Garantías Democráticas, fruto del acuerdo entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular. Puede qué estemos de acuerdo con muchas de las disposiciones que proponen los Honorables señores Duran y Morales. Estamos llanos a estudiar su contenido y, en la medida en que estemos de acuerdo con ellas, a darles nuestro respaldo, en otro proyecto de reformas constitucionales. Pero introducirlas a éste alteraría el sentido y alcance de una reforma que ha tenido un objeto específico y qué ha sido el resultado de un acuerdo político de alta significación entre las fuerzas políticas a que me referí. Quisiera agregar que, contrariamente a lo que ha dicho el Honorable señor Bulnes Sanfuentes, el Estatuto Constitucional de Garantías Democráticas que hemos aprobado en este proyecto tiene efectiva significación. Agrega muchos conceptos a la Constitución vigente, y desarrolla o "explícita" otros en términos tales, .que no permitan eventuales interpretaciones torcidas, y que aseguren de manera eficaz los derechos de los ciudadanos frente a cualquier posible arbitrariedad. Al mismo tiempo, estamos conscientes del valor de las palabras que acabamos de oír al Honorable señor Allende, palabras que, pronunciadas en este hemiciclo en esta oportunidad, son también el testimonio de su adhesión y de su compromiso con el pueblo de Chile con relación a las ideas que plantea el proyecto de reforma constitucional, motivo por el cual hay otra razón para felicitarse de que esta iniciativa haya sido presentada y de que se haya producido acuerdo en torno de ella. Por las razones antedichas, nosotros votaremos que no a las indicaciones formuladas por los Honorables señores Durán y Morales. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Solicito él acuerdo de los señores Senadores para que pueda fundar su voto de inmediato el Honorable señor Luengo. Acordado. El señor LUENGO.- Señor Presidente, no deseó continuar en una polémica personal con él Honorable señor Bulnes Sanfuentes respecto dé las cosas que él ha dicho. Dejo, pues, de lado todo ese problema para referirme concretamente a la indicación formulada al artículo 9º por los Honorables señores Duran y Morales. No la considero aceptable, porque rae parece absurdo crear delitos en la Constitución Política del Estado. La Constitución Política contiene los principios fundamentales que organizan a un Estado, y no me parece que en su texto quepa la configuración de delitos, mucho menos en la forma como lo propone esta indicación, en la cual se hace referencia a la ley de Seguridad Interior del Estado. De manera que si esta disposición se aprobara, la Constitución Política del Estado mencionaría una ley que no tiene su mismo rango. Por tales razones, la indicación es antijurídica, y la votaré en contra. El señor PRADO.- Señor Presidente, en forma muy breve deseo ratificar lo expuesto por el Honorable señor Aylwin respecto de nuestra posición negativa a todas estas indicaciones. Quiero agregar además que estimo un tanto insólito el lenguaje del Honorable señor Bulnes Sanfuentes con relación a las palabras que pronuncié en esta Sala. Si el señor Senador revisa la versión, comprobará seguramente que no hubo en ellas expresión injuriosa alguna, ni para su persona ni para su colectividad. Por lo contrario, en las observaciones formuladas por el presidente de su partido, a las cuales di lectura, que fueron publicadas en un diario tan equilibrado como "El Mercuro", figuran afirmaciones muy graves, de las cuales, moralmente -dije-, el señor Jarpa y su colectividad política tienen la obligación de responder ante el país. No hubo injurias ni tampoco el ánimo de hablar con posterioridad a su intervención a fin de crearle una situación incómoda. No es el uso, por lo demás, pero suele hacerse. Y siempre hay tribuna en algún momento, como se comprobó inmediatamente después en esta Sala. No era posible dejar pasar una actitud de tal naturaleza sin fijar claramente nuestra opinión al respecto. Debo repetir que espero -éste es un emplazamiento público de suma gravedad- que el señor Jarpa, presidente del Partido Nacional, que pronunció dichas palabras en un recinto que desconozco y donde ninguno de nosotros estaba presente, y las cuales felizmente se publicaron, denuncie pública y responsablemente ante el país -como no es parlamentario, no tendrá fuero por ello- las negociaciones inexistentes que dice conocer. Que lo haga. Lo emplazo a ello. Y si no puede hacerlo, él y su partido serán merecedores de la opinión que hemos expresado por su largo silencio culpable, que ahora trata de ser cubierto con toda clase de justificaciones que no varían para la historia del país, frente a una iniciativa de tanto valor político y moral como la que hoy día está sancionando el Congreso Nacional. El señor SULE.- Aun cuando estamos votando algunas indicaciones formuladas por dos señores Senadores al proyecto de reforma constitucional, en forma muy breve debo señalar que los Honorables señores Bulnes Sanfuentes e Ibáñez y circunstancialmente el señor García, reiteraron esta tarde y en la mañana de hoy que estas enmiendas -son sus palabras textuales- son inútiles y carecen de importancia. Con posterioridad, el Honorable señor Bulnes Sanfuentes reconoció que una de ellas es de extraordinaria importancia. Debo aclarar que de las diez modificaciones que se introducen a la Constitución, cinco de ellas -las más importantes, sin lugar a dudas- fueron votadas favorablemente por la representación parlamentaria del Partido Nacional con ocasión del debate del proyecto de reformas constitucionales que estudió la Cámara en 1965. Aparte las anteriores, hay tres que tienen por objeto enfatizar y reforzar la libertad de opinión y el derecho de reunión. 'Si esto carece de importancia, no veo qué pueda tenerla para el mantenimiento y fortalecimiento de la democracia en nuestro país. En cuanto a las indicaciones de los Honorables señores Morales y Duran, de la misma manera como lo han hecho otros señores Senadores, los parlamentarios radicales las votaremos negativamente, no por estar a priori en contra de ellas, sino porque este proyecto conforma todo un proceso de larga discusión que nos interesa de manera extraordinaria terminar a la brevedad posible. Sin embargo, queda abierto el camino, como se comprobó en la Comisión que estudió las reformas, para tratar en otro proyecto, no solamente las ideas planteadas por los Senadores mencionados, sino muchos otros problemas que interesen a la Unidad Popular y también a la Democracia Cristiana, como manifestaron sus personeros. Por tales razones, votaremos negativamente esta indicación y las demás que se puedan presentar. El señor MORALES ADRIASOLA.- Después de escuchar al Honorable señor Aylwin, queda en claro que las indicaciones que formulamos serán rechazadas, en virtud del acuerdo existente entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular de no aceptar indicaciones en un proyecto de reformas constitucionales que obedece a un pacto político. Por eso, y a fin de no hacer perder el tiempo al Senado en votaciones sucesivas, las cuales, además, dan lugar a diálogos, sólo pediré darles lectura para que quede constancia de ellas en la versión oficial. Así podrán omitirse las votaciones. Voto que sí. El señor GARCIA.- Considero muy importante la indicación en debate. Sin embargo, sé que es inútil votarla por existir acuerdo de una mayoría sustancial en el sentido de no aceptar indicación alguna. No obstante, es conveniente dejar constancia en las actas del Congreso de la necesidad de legislar en próximas reformas constitucionales respecto de algo absolutamente necesario. En cuanto a las palabras del Honorable señor Prado -bastante más moderadas que las de su anterior intervención-, en las cuales emplazó al señor Jarpa a dar una explicación, por desgracia éste no puede proporcionársela por no encontrarse presente. Pero tenga la más absoluta seguridad de que lo hará en una próxima oportunidad. Respecto del presunto silencio culpable, yo pediría al Honorable señor Prado que consultara con sus colegas para saber cuál es el grado de culpabilidad que puede haber en ese silencio. El señor IBAÑEZ.- Cuando se presentan indicaciones realmente importantes a estas reformas constitucionales, y se rechazan, se comprueba nuestra tesis de que aquí se están aprobando disposiciones que carecen de importancia. Los argumentos utilizados por el Honorable señor Luengo para descalificar la indicación en debate, en el sentido de que ésta se refiere a una ley, carecen de validez, porque el actual texto constitucional menciona numerosas leyes, como la de Elecciones, la de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y otras que no recuerdo en este momento. El señor LUENGO.- La Constitución dice que hay que dictar una ley de Elecciones, y una ley orgánica de Tribunales. El señor IBAÑEZ.- No, señor. Hay referencias específicas a la ley de Elecciones. En cambio, en está ocasión se ha presentado a la consideración del Senado una idea que reviste extraordinaria importancia y representa verdaderamente una modernización de los conceptos constitucionales. Toda nuestra Carta Fundamental tiene por finalidad esencial defender al ciudadano particular de las demasías de la autoridad. Pero tanto aquél como el político y las colectividades políticas están expuestos no sólo a las demasías de la autoridad, sino también a las demasías anónimas de determinados sectores políticos, de determinada prensa o de otros medios de difusión o comunicación con la opinión pública. Esto sí que necesita protección constitucional, porque no es posible que la honra de los ciudadanos, el prestigio y buen nombre de los partidos sean vulnerados en la forma como hoy día se hace y que explicó en forma tan elocuente el Honorable señor Duran en su reciente intervención. Ello se hace en forma anónima, sin caer inclusive en las figuras delictuales que sanciona nuestra, legislación penal. Esta sí que es una idea innovadora que perfecciona nuestro sistema constitucional y conforma una garantía eficaz para los ciudadanos y para la época en que estamos viviendo. El señor HAMILTON.- ¿Por qué no la presentaron en la Cámara? El señor IBAÑEZ.- Pregúnteselo a su autor, quien ha sido víctima de ataques innobles en el curso de los últimos días. Me interesa destacar que cuando se trae a discusión una idea que perfecciona realmente el texto constitucional e incorpora un precepto nuevo, destinado a evitar actos que constituyen atropellos contra los ciudadanos, se la desecha, no se considera, con el pretexto de que no figura en los acuerdos adoptados entre el FRAP y la Democracia Cristiana. El señor ALTAMIRANO.- ¿Qué FRAP? El señor IBAÑEZ.- El FRAP, señor Senador. El señor TARUD.- La Unidad Popular. Su Señoría siempre está atrasado. El señor IBAÑEZ.- Es difícil seguir este cambio tan frecuente de denominaciones con que se trata de ocultar o disfrazar una realidad que siempre es la misma. Queda en claro que no ha habido el propósito de agregar garantías eficaces para defender la libertad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de nuestro régimen democrático, sino que, como bien lo han señalado los Senadores nacionales que han intervenido en la discusión del proyecto, la mayoría de estas disposiciones son inútiles. Más aún, cuando se presenta una que realmente es útil y eficaz, se la rechaza. Me interesaba dejar constancia de lo que acabo de decir, al dar mi voto favorable a la indicación. - Se rechaza la indicación (34 votos contra 5). El señor NOEMI (Vicepresidente).- Se dará lectura a todas las indicaciones. El señor FIGUEROA (Secretario).- "En el artículo 10, Nº 3, reemplazar el punto y coma (;) por un punto (.) Y agregar la siguiente frase: "Los medios de difusión no podrán ser expropiados, sin perjuicio del derecho de Estado de crear y mantener sus propios órganos de difusión." Segunda indicación: "Agregar al artículo 21, el siguiente inciso final: "El Contralor General fijará anualmente el presupuesto de entradas y gastos del Servicio y las remuneraciones del personal de su dependencia, debiendo incorporar las sumas correspondientes a la Ley General de Presupuestos." La tercera es del tenor siguiente: "Fuerzas Armadas. "Agregar al artículo 22 los siguientes incisos: "El Ejército, la Armada y la Aviación gozarán de autonomía administrativa y económica. "El ingreso y los ascensos, tanto en la planta civil como profesional, en cada una de las ramas de las fuerzas armadas, se- rán determinadas por una Junta Superior integrada, por los siete oficiales de más alta graduación de cada una de ellas. Sin embargo, para conferir los grados de coroneles, capitanes de navio y demás oficiales superiores, se requerirá acuerdo del Senado. "El Director General de Carabineros sólo podrá ser nombrado o removido con acuerdo del Senado. "Reemplázase el Nº 7 del artículo 72 por el siguiente: "Proveer los demás empleos civiles, conforme al Estatuto Administrativo." La siguiente indicación dice: "Agrégase al Nº 2 del artículo 39 el siguiente inciso: "Sin embargo, cuando estos acuerdos implicaren una censura respecto de los Ministros del Interior, Economía, Hacienda, Defensa o Educación, y así se declarare con el voto de la mayoría de los diputados presentes, dichos ministros estarán obligados a presentar sus renuncias dentro de las veinticuatro horas siguientes a la censura y no podrán ser designados nuevamente para un cargo ministerial durante el plazo de seis meses. "Si un ministro censurado se negare a renunciar dentro del plazo señalado en el inciso anterior, quedará inhabilitado perpetuamente para el desempeño de todo cargo público o remunerado con fondos del Estado o de empresas en que el Estado tenga intereses.". La penúltima indicación dice como sigue: "a) Reemplázase el artículo 83 por el siguiente: "El nombramiento de los jueces corresponderá exclusivamente a la Corte Suprema, "b) Reemplázase el inciso 3º del artículo 85, por el siguiente: "No obstante la Corte Suprema podrá autorizar permutas u ordenar el traslado de los jueces, a otro cargo de igual'' categoría. "c) Elimínase del inciso final del artículo 85, la frase final, "estos acuerdos..." "d) Agrégase al inciso 1º del artículo 86 la siguiente frase: "El Presidente de la Corte Suprema, con' acuerdo del Tribunal, fijará anualmente el presupuesto de entradas y gastos del Poder Judicial y las remuneraciones de su personal, debiendo incorporarse las sumas correspondientes a la Ley anual de Presupuestos." Finalmente, la siguiente indicación: "Agrégase al artículo 109 el siguiente inciso: "El Presidente del Senado o el Presidente de la Cámara de Diputados podrán someter a plebiscito las disposiciones contenidas en proyectos de leyes que afecten las garantías que esta Constitución establece. "Esta convocatoria será obligatoria cuando así lo solicite la mayoría de los miembros de la Cámara respectiva." El señor NOEMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, con la misma votación anterior se rechazarían todas estas indicaciones. Acordado. El señor IBAÑEZ.- Deseo hacer una pequeña salvedad, señor Presidente. Los Senadores nacionales no participamos de la idea relativa a que los Ministros deban renunciar cuando se aprueba la acusación. El señor FIGUEROA (Secretario). - En seguida, la última indicación no es propiamente para incorporarla al proyecto de reformas constitucionales, sino una interpretación de una de sus partes. Ella consiste en aprobar un proyecto de acuerdo en el cual se fijaría la interpretación correspondiente. Dice así: "Para los efectos de precisar la correcta interpretación del inciso décimo del Nº 7 del art. 10, que señala el deber del Estado de proveer al adecuado financiamiento de las Universidades estatales y particulares, el Senado deja constancia de que lo aprueba, en el entendido de que esa norma constituye una disposición especial relativa a las Universidades y no limitada por la regla del inciso quinto del mismo número, que se refiere únicamente a la educación privada no universitaria." -Se aprueba el proyecto de acuerdo. El señor FIGUEROA (Secretario).- Indicación de la Honorable señora Campusano para publicar in extenso todo el debate de las reformas constitucionales. - Se aprueba. El señor NOEMI (Vicepresidente).- Se levanta la sesión.