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- rdf:value = " El señor VALENTE.-
Señor Presidente, el artículo aprobado por la Cámara y que tuvo su origen en esa rama del Parlamento, distorsiona, como dijimos en la discusión general, todo el sistema organizado desde hace años en las zonas norte y sur. Además, la derogación de estas disposiciones afecta al desarrollo de actividades tan fundamentales como son la minería, la industria, la agricultura y, especialmente, el artesanado. Perjudica también, en gran medida, a los pequeños transportistas de la región, que prácticamente tienen un solo camión, quienes no sólo quedarán impedidos de renovar su maquinaria por la prohibición tácita de internar esos vehículos, sino que no podrán trabajarlos.
Conozco lo que atañe a mi zona, el Norte, y puedo decir al Senado que entre las provincias de Tarapacá y Antofagasta con mayor volumen, en la primera hay alrededor de 500 camiones importados con el sistema de franquicias, que atienden el transporte de Arica al Sur, y viceversa.
La derogación de este precepto; el prohibir la salida de estos vehículos, o permitirla pagando un 20% de su valor CIF, significaría, prácticamente, que estos pequeños propietarios quedarían impedidos de continuar desarrollando la labor que realizan en estos momentos gracias a que no pagan ciertos impuestos. Además, significaría dejar atochados 500 camiones en esa zona, lo que representa un importante capital, no sólo para el conjunto de los pequeños transportistas, sino para el país, que ha invertido una cantidad considerable de recursos en la adquisición de esos vehículos.
Por otra parte, nosotros hemos afirmado queremos reafirmarlo ahora que más que el interés en otorgar financiamiento al proyecto que mejora las remuraciones o paga lo adeudado al personal en retiro de las Fuerzas Armadas, prevalece el propósito de suspender los beneficios otorgados a las regiones extremas del país. Si esas franquicias se eliminan, no hay duda de que se suspenderán también las importaciones, pues nadie querrá internar camiones pagando 160% ó 180% del valor del vehículo por concepto de derechos, o sea, casi dos veces el precio del camión que se pretende importar.
Además, si no hay importación, no habrá impuestos. Y si no hay impuestos, no se percibirán recursos para financiar esta iniciativa legal. O sea, el financiamiento que se propone es utópico. Por lo tanto, el objetivo principal de la indicación no es sino perjudicar el desarrollo económico de las zonas comprendidas entre Arica, Pisagua, Iquique, Taltal, Tocopilla y Chañaral, por el Norte, y Chiloé, Aisén y Magallanes, por el Sur, que también gozan de las franquicias otorgadas por las leyes Nºs 12,008, 12.937 y 13.039, que son las que benefician al Norte.
En este momento, debemos definirnos frente a una alternativa que tampoco mejora la actual situación del Norte. Tenemos que votar por una de las dos disposiciones. Lo haremos por la menos mala para la región, cual es la que aprobó el Senado. A nuestro juicio, si no se insiste en el artículo 7º aprobado por esta Corporación, el daño que se causará a las zonas norte y sur será inmenso. Más aún, puede tener una repercusión bastante seria, no sólo para el Gobierno, sino también para el Senado, pues si se despacha la disposición aprobada por la Cámara de Diputados, puedo anticipar a esta Corporación, porque hemos conversado con las organizaciones afectadas, que tanto en el Norte como en el Sur habrá una paralización de actividades permanente, indefinida, hasta que el problema sea resuelto por la vía del veto. Y si no lo hace, el Gobierno deberá afrontar las consecuencias de haber apoyado una legislación tan irresponsable como la propuesta por la Cámara de Diputados.
Por estas consideraciones, los Senadores comunistas insistiremos en nuestro predicamento; y ante la disyuntiva que se nos presenta, votaremos por lo menos dañino para la zona norte: por la insistencia del Senado.
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