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El señor ACUÑA.-
Pido la palabra.
El señor PABLO (Presidente).-
Advierto a la Sala que el Orden del Día termina a las 18.30.
¿Habría acuerdo de la Sala para prorrogar la hora hasta el despacho total de este proyecto y del que otorga recursos para la organización de los Juegos Panamericanos que se realizarán en Chile en 1975, que los Comités acordaron tratar en esta sesión?
Acordado.
Tiene la palabra el Honorable señor Acuña.
El señor VALENTE.-
Podríamos dar por cerrado el debate y proceder a la votación después que intervenga el Honorable señor Acuña.
El señor PABLO (Presidente).-
En el momento oportuno recabaré el acuerdo de la Sala en tal sentido.
El señor ACUÑA.-
Desde todo punto de vista, parece evidente que la disposición del artículo 79 aprobado por la Cámara de Diputados resulta extremadamente rigurosa para determinadas zonas del país, que han librado grandes luchas para lograr el establecimiento de un sistema que implica beneficios que, sin duda, responden a necesidades regionales muy justificadas.
Sin embargo, debe decirse también que, lamentablemente, toda esta política de importaciones, en especial la referente a la internación de camiones elementos de trabajo necesarios para la producción, el comercio, las industrias agropecuarias, madereras, mineras, etcétera ha surgido como consecuencia de la aplicación práctica y de la reglamentación, que con posterioridad ha sufrido diversas distorsiones, lo que ha lesionado muy seriamente a personas y elementos de una misma condición social, a gente que trabaja en el transporte de mercaderías en camiones de una zona a otra.
Y así, en estos instantes, las exenciones que primitivamente respondían a necesidades regionales de intensificar y estimular el desarrollo de cierta zona, ahora han transgredido los marcos regionales, y los elementos de trabajo, específicamente los camiones, han comenzado a circular por todo el país, con graves consecuencias y perjuicios, como decía denantes, para gente de una misma condición social, para modestos y esforzados empresarios propietarios de un camión que lo trabajan en zonas que no gozan de franquicias, las que se ven invadidas por otros que importan sus máquinas acogiéndose a sistemas de exención, con lo cual hacen una competencia desleal, que puede implicar la ruina para los camioneros a que me refiero.
El Senador que habla ha hecho recientemente diversas gestiones para tratar de conseguir, por una sola vez, algunas franquicias de internación de camiones para el trabajo en la provincia de Valdivia. Allí existen aproximadamente 600 camioneros organizados que han sufrido las consecuencias de la crisis que afecta toda la vida económica de la región y del terremoto de 1960, cuyas secuelas todavía se arrastran. Estos y otros aspectos están asfixiando la economía de toda la provincia, y en forma muy grave a quienes trabajan en el transporte por camiones. Ha sido grande el esfuerzo hecho: se ha pedido al Banco Central y a los Ministerios de Hacienda y de Economía estudiar la posibilidad de proceder a la internación, por una sola vez, de una cuota de chasis de camiones que permita reponer las antiguas máquinas a gente modesta, que no dispone de mayores recursos económicos. Pero se ha chocado contra un muro de cemento. El alegato fundamental por parte de las autoridades se ha basado en que cualquier internación liberada afecta a la política automotriz en que el Gobierno está empeñado.
Por desgracia, los sistemas de privilegios para una zona y de gravámenes para otra traen repercusiones dañinas en lo económico y en lo social. Por eso, enfrentados a esta realidad, reclamados por las regiones que representamos, por la gente que trabaja en estas actividades, y frente a toda esta competencia desleal, somos partidarios de que se restablezca un sistema que permita armonizar las disposiciones vigentes sobre la materia y evitar las graves consecuencias del sistema que objetamos.
De ahí que, siendo abiertos partidarios de defender a esos modestos y pequeños empresarios que no gozan de beneficios especiales, de franquicias, estamos por un sistema intermedio que permita componer en algo el deficiente mecanismo de la política de internación de vehículos, de camiones dedicados al transporte en el país.
En consecuencia, para no aprobar una disposición que implica un mal llevado a sus extremos, votaremos por mantener el criterio del Senado.
No obstante, debemos hacer presente que el inciso final del artículo en estudio autoriza al Presidente de la República para reglamentar la aplicación del sistema de trabajo de estos camiones. Pues bien, estimamos que en esa reglamentación no debe atenderse sólo al interés de la gente de la zona de franquicias, sino también al grave perjuicio que se hace a quienes trabajan en el resto del país. Por eso, interpretando el sentimiento de miles de dueños de camiones, deseo pedir que ojalá se mantenga en el reglamento el espíritu de limitar el beneficio a determinadas zonas, sin extenderlo a todo el país, y que en él se siga un criterio serio, razonable y ordenado, para evitar excesos que tienen consecuencias muy desastrosas.
Por lo demás, consideramos que todo lo concerniente a la política de adquisición de camiones y de maquinarias de trabajo ha sufrido un proceso de profunda distorsión, en perjuicio de la economía del país, fundamentalmente de los pequeños y modestos empresarios que laboran en este rubro, que carecen de previsión y enfrentan riesgos en condiciones tremendamente desfavorables.
No es posible que en estos momentos una máquina de seis toneladas, indispensable para cualquier trabajo agrícola, maderero, minero, etcétera, tenga un precio, en la zona que no goza de franquicias, de 160 mil ó 180 mil escudos. No es posible que una camioneta de 500 kilos, herramienta indispensable de trabajo, cueste cerca de 120 mil escudos, más que un automóvil.
Estimamos que la legislación relativa a los vehículos de trabajo, de camiones y camionetas, requiere una revisión urgente del Gobierno, aun cuando éste se halla a pocas semanas de entregar su mandato. Consideramos que sería útil hacer un esfuerzo por establecer las reglas del juego de la política de transporte camionero, en términos convenientes al interés del país y a la condición económica y social de esos modestos empresarios, a fin de desarrollar con estabilidad un sistema que todos conozcan, que no consigne privilegios irritantes y se coloque en la realidad que vive el país.
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