![logo](https://datos.bcn.cl/img/logo.png)
-
http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/591386/seccion/akn591386-ds52-ds124-ds125
- bcnres:tieneTipoParticipacion = bcnres:IntervencionPeticionDeOficio
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/769
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1792
- bcnres:tieneEmisor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1700
- bcnres:tieneCalidad = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/1
- rdf:type = bcnres:PeticionDeOficio
- rdf:type = bcnres:SeccionRecurso
- rdf:type = bcnres:IntervencionPeticionDeOficio
- rdf:type = bcnres:Participacion
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/cargo/323
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1792
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/769
- bcnres:tieneReferencia = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1700
- rdf:value = "
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-
Pido la palabra.
E señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-
Señor Presidente, en esta oportunidad deseo profundizar en algunas observaciones que tuvimos oportunidad de escucharle, hace algunos momentos, al colega por Valparaíso don Jorge Santibáñez.
Es efectivo que no hace todavía un año que se produjo la intervención de la Compañía de Teléfonos, y ya sus nuevos administradores han acordado un alza de tarifas del 98%. Recordemos que la intervención fue justificada por el Gobierno sosteniendo que se inspiraba en los superiores intereses del público suscriptor, el que estaba siendo al decir del Gobierno vilmente esquilmado por esta compañía imperialista que le suministraba un servicio malo y caro.
A sólo nueve meses de la intervención estatal de los teléfonos, el alza de las tarifas ha sido de más de un 98%, lo cual nos lleva a cavilar acerca de cuándo dijo el Gobierno la verdad. Si el servicio telefónico ya era caro cuando la Compañía fue intervenida, muchísimo más caro sería hoy, pues al empeorar en calidad las tarifas han sido alzadas en una proporción irritante. Por el contrario, si esta alza resulta justificada, quiere decir que no sería tan caro el servicio cuando fue intervenido, en cuyo caso habría sido falsa la principal de las razones dadas para justificar dicha medida.
La verdad es que no se puede exigir ni veracidad ni consecuencia a los hombres que nos gobiernan. El marxismo tiene su propia moral, su propia lógica y también su propia ineptitud.
El país ha podido comprobar, a través de los 20 meses que dura la demolición de la economía nacional, que son ya muchos los casos en que, a pretexto de la carestía y del abuso presuntos de una empresa particular, la Unidad Popular interviene su administración y, en lugar de abaratar el producto, termina por formular cobros más elevados que los que el empresario particular mantenía.
Así ha ocurrido, por ejemplo, con el crédito. Para arrastrar a la quiebra a los bancos particulares, el 31 de diciembre de 1970 se rebajó el interés corriente bancario del 20% al 15%. Cuando el asalto a los bancos terminó con la caída del último en poder del Estado, nuevamente, y con fecha 30 de junio de este año, se elevó el interés bancario al antiguo nivel del 20%.
A comienzos del mes de julio en curso, y repetimos, apenas unos meses después de intervenida la Compañía, se alzan en casi el ciento por ciento las tarifas telefónicas, y se dan razones tan rebuscadas y falsas para cohonestarla que mueven a la indignada reacción de los usuarios afectados.
Como siempre, el Gobierno promete. Promete la aceleración de los trabajos correspondientes al programa de ampliación y desarrollo y modernización de los servicios telefónicos que, según él, se encontraban en virtual colapso técnico. Se agrega, a renglón seguido, que en esta oportunidad las tarifas se alzan por primera vez en la historia con un criterio socioeconómico, buscando la redistribución del ingreso.
Para alcanzar estos tan elevados propósitos no han encontrado nada más atinado que hacer una discriminación geográfica en la aplicación de las tarifas, y han procedido a castigar con ella a las comunas de Providencia, Las Condes, Ñuñoa y Viña del Mar.
¿Qué se pretende realmente con esta discriminación? Continuar en una política invariable de este Gobierno; seguir considerando a los chilenos divididos en dos clases o categorías diferentes, antagónicas; continuar señalando a un barrio o sector de la ciudad de Santiago como lugar o sector privilegiado con respecto a otros.
Pero solamente el odio, la ignorancia y la torpeza más elementales han podido aconsejar tan estúpida actitud por parte del Gobierno de la Unidad Popular. Porque nadie que no sea un ignorante o un perverso puede sostener que en las comunas de Ñuñoa, Las Condes, Providencia e incluso en la comuna de Viña del Mar viven solamente personas de grandes recursos, a las que hay que hacer pagar más caro.
En estas comunas reside un grueso sector de gente de trabajo, perteneciente a nuestra sufrida clase media chilena, y si algunos potentados viven en ellas son los funcionarios y dirigentes de la Unidad Popular. Como Diputado del tercer distrito, debo protestar por una discriminación que no se justifica y que perjudicará directamente a gente que está sobrecargada en su contribución a los gastos del Estado. Sobre la clase media recae el grueso de la carga impositiva en este país; precisamente son los profesionales, empleados y obreros calificados quienes tributan a la renta en forma más alta y con menos porcentaje de evasión. Y para qué hablar de los industriales y comerciantes, cuya tributación es una de las más altas del mundo.
De modo que la afirmación por parte de la Compañía de Teléfonos de que su política tarifaria tiene como propósito la redistribución del ingreso es solamente un lugar común y una mentira más.
La política tributaria de un Gobierno, unida a una política de inversión fiscal, de crédito público y de saneamiento monetario, son las únicas herramientas auténticas y efectivas para cumplir con el propósito muy plausible de distribuir equitativamente el ingreso de una nación.
Por eso indigna y mueve a risa la petulante afirmación de la Compañía de Teléfonos, intervenida por el Estado, cuando afirma que alzar las tarifas a la población de cuatro comunas del país contribuye a redistribuir el ingreso nacional.
Por otra parte, yo me pregunto: ¿es lícita esta tarifa geográficamente discriminada? Tenemos buenas razones para sostener que ello es ilegal, porque el servicio telefónico es típicamente de utilidad pública; de modo que no puede prescindirse de él como podría prescindirse de un suntuario, de una prestación no esencial.
Por lo tanto, si nadie está en situación de prescindir del servicio o de elegir el que suministre otra compañía, la discriminación en las tarifas constituye una violación del principio constitucional de la igual distribución de las cargas públicas.
Y. volviendo sobre lo anterior. Cuanto más se analiza el traspié que para la administración estatal de la Compañía de Teléfonos ha significado esta abrupta e injusta alzas de las tarifas telefónicas, más nos hemos de convencer de que ello ha sido un paso fríamente calculado para atacar concentraciones urbanas de la clase media chilena, que deberán pagar casi el doble por un servicio cada vez peor. Es mentira que con ello se beneficiará alguien, porque los mayores ingresos sólo tienen un destino: financiar el brutal encarecimiento de la administración estatal, fenómeno común a todas las intervenciones de industrias del área privada. Mayor ineficiencia a mayor costo. Eso parece ser el lema de los hombres nuevos que, desde el Gobierno, están desorganizando la estructura económica del país, en todos sus ámbitos.
La característica de este Gobierno es la aplicación inconsulta de medidas sugeridas por unos cuantos burócratas, especialmente albergados en ese vivero de termocéfalos e inútiles que son los organismos internacionales de las Naciones Unidas, en especial los sabios de la CEPAL, encabezados, entre otros, por el señor Vuskovic en la actual Administración, que hacen nata en todos los estratos de la administración económica de este pobre país, los que la saben por libro, pero que desconocen, escrupulosamente, la realidad chilena, tanto porque han vivido largo tiempo fuera del país, como porque se nutren de conceptos elaborados en los laboratorios rusos con miras a destruir, por dentro, la resistencia económica de nuestros países, hasta lograr su postración y el caos final, lo que servirá adecuadamente a sus propósitos imperialistas.
El sacrificio de unos cuantos chilenos, por residir en estas cuatro comunas victimadas por el alza de tarifas, ¿será de provecho para alguien? Hemos sostenido que no y estamos ciertos de que no nos equivocamos. Pero, para tener una información más completa, solicito que se dirija oficio, en mi nombre, al señor Director General de Servicios Eléctricos y Gas, para que informe a la Corporación acerca de los siguientes puntos:
1º.- Qué proporción del total de suscriptores, tanto de la Compañía de Teléfonos de Chile como de las otras empresas telefónicas existentes en el país, representan los que disponen de aparatos conectados a las plantas de Pedro de Valdivia, Las Condes, Ñuñoa, Recreo, Reñaca y Concón, que deberán pagar la nueva tarifa;
2º.- A cuánto ascendió el total del ingreso percibido por la Compañía de Teléfonos de Chile, por concepto de tarifado de suscripción, hasta antes del alza que se notificara en la prensa del día 2 de este mes de julio; y
3º.- A cuánto ascenderá el mayor ingreso estimado por el alza de las tarifas ya indicadas, que deberán cancelar los suscriptores conectados a esas plantas.
Este es el oficio que solicito se envíe en mi nombre, señor Presidente.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-
Se enviará el oficio solicitado por Su Señoría, en su nombre...
El señor GUERRA.-
En nombre del Comité Nacional, señor Presidente.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-
Se enviará también en nombre del Comité Nacional.
El señor ALESSANDRI (don Gustavo).-
Antes de terminar, señor Presidente, desearía hacer una última observación.
Por una parte, y en tono altisonante, los hombres del régimen notifican al pueblo, con el nuevo leguaje de la Unidad Popular, que el alza esta alza de los teléfonos solamente gravitará sobre quienes viven en sectores de privilegio. Y, sin embargo, esconden en la manga la carta marcada con que juegan y enmascaran la brutal alza de las tarifas de larga distancia, que llega al 102%.
En un país donde el servicio de telégrafos es penosamente malo y las comunicaciones postales deplorables, el teléfono es una necesaria forma de comunicación entre las familias, entre los comerciantes o los industriales, o, aun entre las autoridades mismas. La tarifa de larga distancia es mucho más incidente que la de corta distancia, porque ella es aún más necesaria y más difícil de evadir en su utilización. Esta tarifa ha sido más violentamente alzada aún que la otra. Y ella sí que no tiene una zona reservada para un determinado sector, sino que ha de aplicarse a todo el país.
¡Estas son, señor Presidente, las discriminaciones e injusticias que la inmensa mayoría de la ciudadanía no alcanza a comprender en los actuales gobernantes!
Mi colega, el señor Lorca, me ha solicitado una interrupción, señor Presidente.
"
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/591386/seccion/akn591386-ds52-ds124
- bcnres:esParteDe = http://datos.bcn.cl/recurso/cl/documento/591386
- bcnres:tieneAutor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1792
- bcnres:tieneAutor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/1700
- bcnres:tieneAutor = http://datos.bcn.cl/recurso/persona/769