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- rdf:value = " El señor ALVARADO.-
Señor Presidente, distraeré la atención de esta Cámara, accediendo a una petición de varias organizaciones de campesinos del departamento de Lautaro y para cumplir con un deber de conciencia. Lo hago para protestar enérgicamente por el vejamen de que ha sido objeto el Alcalde de Lautaro, don Aguiles Herrera Burgos, militante de la Democracia Cristiana y funcionario del INDAP. Aunque no dispongo del tiempo suficiente para exponer con amplios detalles las causales y procedimientos que se usaron para instruirle un sumario, señalaré algunos.
Herrera se desempeñó hasta 1970 como responsable del área Lautaro del INDAP. A él le correspondió ser promotor y gestor, en ese lugar, de la iniciación del proceso de liberación que, por primera vez, conoció el campesino chileno. Para su cometido, contó con el más amplio respaldo de sus jefes, de su partido y, lo que es más importante, de los campesinos; a la vez, se hizo acreedor al odio de las personas contrarias al proceso de reforma agraria, lo que culminó con amenazas directas, en vísperas de las elecciones presidenciales de 1970, cuando se preveía un posible triunfo del candidato de la Derecha. Se dijo públicamente que Herrera Burgos sería castigado y despedido de su cargo; era lógico que personas pertenecientes a dicho sector político tuvieran el propósito de cobrarse revancha. Pero nadie se imaginó jamás que, una vez triunfante, la Unidad Popular tuviera la misma actitud y, de inmediato, pusiera en marcha un plan de persecución a este funcionario. Entre otros cargos, lo acusaron de participar en política en el desempeño de su cargo y de actos sediciosos. Jamás pudieron probar nada, porque nada de eso había hecho; no sólo está el testimonio de sus camaradas, sino también el de la comunidad lautarina; nadie se atreve a pensar que Herrera sea capaz de participar en acto3 ilícitos, ya que ha demostrado vocación y corrección para desempeñarse coma funcionario y como edil y, lo que es más importante, en su vida privada. Es chocante que personeros que representan a un Gobierno comprometido con los campesinos y los más humildes, persigan a un modesto funcionario, que no ha cometido ningún acto de indisciplina ni de inmoralidad; que ha demostrado hasta el cansancio, sin negar su militancia partidista, que, por encima de cualquiera otra cosa, está comprometido realmente con la lucha de los más modestos. Su manera de ser y sus actos son testimonio suficiente para sostenerlo, incluso, en esta alta tribuna, sin correr el riesgo de ser desmentido.
Aquiles Herrera Burgos ha sido sancionado con la suspensión del cargo por tres meses, período en que no recibirá sueldo. Por lo tanto, su hogar no contará con la única entrada que poseen su esposa, sus cuatro hijos, estudiantes de enseñanza media, sus padres ancianos y más de un sobrino, que son parte de este hogar. El perjuicio material que se le ha ocasionado a esta familia puede de algún modo paliarse, pero el daño moral no fácilmente, ya que los mismos que actuaron en forma sectaria y poco honesta al propiciar esta persecución, no teniendo otra justificación, dan a entender que habría otras razones para castigarlo y, lo que es peor, repiten, que la meta es lanzarlo a la calle, o sea, privarlo de su empleo para que se muera de hambre. Cualquiera persona se rebela en casos como éste. Mi intención no está destinada a obtener dividendos políticos ni valerme de esta víctima para esos fines. Considero que lo menos que puede hacer un amigo, conocedor de la siempre limpia vida de Herrera Burgos y su familia, es decir públicamente que este funcionario es víctima del sectarismo y poco criterio de un funcionario que no entiende que el poder debe ser usado para hacer justicia y no para cometer injusticias. Lo único que logran estas personas es una lógica reacción en contra, producir una división entre la misma clase, que, perteneciendo a un partido opositor, han' dado testimonio que están dispuestas a luchar hasta alcanzar mejores medios de vida para los trabajadores, especialmente los campesinos.
Termino diciendo a los amigos que confiaron en Herrera que éste no ha cometido delito alguno. Sus hijos pueden estar orgullosos del padre que tienen; sus familiares la misma cosa. Se ha pretendido lanzar una sombra de duda sobre él, pero todos saben cuán bajo es el objetivo. El perjuicio no irá más allá que un perjuicio económico. Tampoco éste no deja de ser, ya que se priva de lo más elemental, que es el pan, a un grupo de seres humanos. Como recompensa ha recibido el Alcalde de Lautaro la solidaridad de la inmensa mayoría de lautarinos, incluso de los que no comparten sus ideas políticas. Esto no es común que suceda, pero sus condiciones morales y de buen funcionario ha hecho que esto así sea.
Nada más.
"
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