REPUBLICA DE CHILE CAMARA DE DIPUTADOS LEGISLATURA EXTRAORDINARIA Sesión 23ª, en jueves 28 de diciembre de 1972 (Especial: de 11 a 20.09 horas) Presidencia de los señores Sanhueza, don Fernando; Cerda, don Eduardo, y Fuentes, don César Raúl. Secretario, el señor Guerrero, don Raúl. Prosecretario, el señor Parga, don Fernando. INDICE GENERAL DE LA SESION I.- SUMARIO DEL DEBATE II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA IV.- ASISTENCIA V.- TEXTO DEL DEBATE I.- SUMARIO DEL DEBATE 1.- Se califican las urgencias hechas presentes para el despacho de diversos proyectos de ley 1584 2.- Los señores Sívori, De la Fuente y Muñoz Barra rinden homenaje a la memoria de don Ramón Castillo, ex Regidor de Traiguén fallecido recientemente 1584 3.- La Cámara se ocupa de la acusación constitucional deducida en contra del señor Ministro de Hacienda, don Orlando Millas Correa y queda pendiente el debate 1586 4.- La Cámara despacha en tercer trámite constitucional el proyecto de ley de Presupuesto de Entradas y Gastos de la Nación para el año 1973 1632 5.- La Cámara continúa ocupándose de la acusación constitucional y declara su admisibilidad 1637 II.- SUMARIO DE DOCUMENTOS 1/2.- Oficios de Su Excelencia el Presidente de la República con los que hace presente la urgencia para el despacho de los siguientes proyectos: El que modifica la ley 15.386, sobre Revalorización de Pensiones. (Observaciones) 1565 El que deja sin efecto el contrato principal y el contrato suplementario pactado con la Compañía de Teléfonos de Chile. (Observaciones) 1565 3.- Informe de la Comisión de Acusación Constitucional deducida en contra del señor Ministro de Hacienda don Orlando Millas Correa 1565 4.- Oficio del Senado, con el cual devuelve con modificaciones el proyecto de ley de Presupuesto de la Nación para el año 1973 1578 Además, se dio cuenta de los siguientes documentos: Dos oficios del señor Contralor General de la República por los que contesta los que se le enviaron en nombre de los señores Diputados que se indican, acerca de las siguientes materias: Del señor Sepúlveda, relativo a un sumario instruido en la Dirección General de Correos y Telégrafos (9.921). Del señor Santibáñez, sobre investigación por compra del teatro Velarde, de Valparaíso (10.643). Una comunicación del señor Ministro de Relaciones Exteriores por la que transcribe un acuerdo de la Asamblea Federal de Checoeslovaquia, relativo a los diferendos con las compañías transnacionales extranjeras. III.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA 1.- OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Nº 1876.- Santiago, 27 de diciembre de 1972. Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho de las observaciones formuladas al proyecto que modifica la ley Nº 15.386, sobre Revalorización de Pensiones. Saluda atentamente a V. E. (Fdo.): Salvador Allende G.- Carlos Prats G. 2.- OFICIO DE SU EXCELENCIA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Nº 1877.- Santiago, 27 de diciembre de 1972. Pongo en conocimiento de V. E. que, en uso de la facultad que me confiere el artículo 46 de la Constitución Política del Estado, he resuelto hacer presente la urgencia para el despacho de las observaciones formuladas por el Ejecutivo al proyecto de ley que deja sin efecto el contrato principal y el contrato suplementario aprobados por la ley Nº 4.791 como asimismo las disposiciones sobre régimen legal, jurisdiccional o administrativo de excepción pactadas con la Compañía de Teléfonos de Chile. (Boletín Nº 1007-72-0 de la Cámara de Diputados). Saluda atentamente a V. E. (Fdo.): Salvador Allende G.- Carlos Prats G. 3.- INFORME DE LA COMISION DE ACUSACION CONSTITUCIONAL Honorable Cámara: La Comisión de Acusación designada por la Corporación, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, atribución 1ª, de la Carta Fundamental, pasa a informar la acusación constitucional deducida el día 13 de diciembre de 1972 por la señora Alessandri, doña Silvia y los señores Arnello, Campos, Díez, Frías, Guerra, Laemmermann, Mercado, Momberg, Phillips y Señoret, en contra del señor Ministro de Hacienda, don Orlando Millas Correa, por la responsabilidad que le cabe en la infracción de la Constitución, atropellamiento de leyes, y por haber dejado otras sin ejecución, cometidas en la forma y oportunidades que se señalan. En la sesión celebrada el día 20 de diciembre de 1972, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 262 del Reglamento y lo señalado en la Constitución Política, se procedió a elegir a la suerte a los señores Diputados que habrían de integrar la Comisión de Acusación, que dio por resultado la designación de los Diputados señores Mario Riquelme Muñoz, Oscar Schleyer Springmuller, Erich Schnake Silva, Carlos Sívori Alzérreca y Ricardo Tudela Barraza. Con el objeto de constituirse y cumplir con las demás exigencias del artículo 84 del Reglamento, la Comisión fue citada por orden del señor Presidente de la Corporación en dos oportunidades, en que las sesiones respectivas fracasaron por falta de quórum. Constituida la Comisión, el día 22 de diciembre de 1972, a las 11,30 horas, eligió Presidente al Diputado señor Ricardo Tudela; acordó celebrar sesiones ordinarias el día martes 26, de 10,30 a 13,30 y de 15,00 a 24,00 horas; prorrogó la sesión constitutiva hasta las 24,00 horas y decidió citar, para la tarde, a partir de las 16,00 horas, a diversas personas y remitir varios oficios. La Comisión despachó 37 oficios para reunir antecedentes relacionados con su cometido. Durante los días que duró su desempeño, fue citada a tres sesiones, que se redujeron a dos por haberse acordado empalmar las dos últimas. La duración total de dichas sesiones fue de 18 horas y veinte minutos, excluido el tiempo en que fue necesario suspenderlas para el almuerzo o la comida. La Comisión contó con la asistencia de taquígrafos, de manera que existen Actas circunstanciadas del debate y de todo lo ocurrido en sus sesiones. Dichas Actas fueron impresas y puestas oportunamente a disposición de los señores Diputados, como asimismo lo fueron los documentos recibidos en el transcurso de sus sesiones. Las invitaciones o citaciones acordadas por la Comisión fueron cursadas por la Secretaría, según las circunstancias, por simple oficio o por oficio telegráfico. En todo caso, la mayoría de ellas, fueron noticiadas con anticipación o reiteradas telefónicamente, con el objeto de permitir la oportuna asistencia de las personas citadas, en atención al breve plazo que restaba para informar. Se deja constancia que no todos los invitados concurrieron al requerimiento de la Comisión. El señor Ministro acusado concurrió a la sesión del día martes 26 de diciembre de 1972, a las 15,30 horas, y en dicha oportunidad formuló su defensa por los cargos de la acusación. Aparte de los miembros titulares de la Comisión, concurrieron a sus sesiones los señores Acevedo, Alamos, Alessandri, don Gustavo; Alessandri, doña Silvia; Arnello, Campos, Cardemil, Díez, Frías, Garcés, González, Guerra, Laemmermann, Lavandero, Leighton, Lorca, Marín, don Oscar; Momberg, Monares, Monckeberg, Páez, Pareto, Ríos, don Héctor; Robles, Rodríguez, Saavedra, doña Wilna; Salinas, don Anatolio; Scarella, Solís, Tagle, Tejeda, Vergara y Zaldívar. Comparecieron a declarar ante la Comisión las siguientes personas: los señores Milán Capkovic, Eduardo Lorenzo y otros dirigentes de la Asociación de Empleados del Banco Central; Roberto Guerrero, delegado del personal de la Oficina de Santiago del mismo Banco; León Vilarín, Manuel Valdés y Hugo León, dirigentes del Comando Nacional de Acción Gremial; Jorge Godoy, Ramón Fernández y Víctor Herrera, pertenecientes a la directiva de la Central Unica de Trabajadores; Hernán Guerrero y Sergio Campamá, Gerentes de CIC; Alberto Vega, Vicepresidente del Colegio de Ingenieros; Emilio Villarroel y Edgardo Cruz, Presidente y Secretario General del Colegio Médico; Eduardo Arriagada, Presidente del Colegio de Ingenieros; Jorge Navarro, Consejero del mismo Colegio; Ricardo Halabí y Eduardo Aguilar, dirigentes de los empleados de la Corporación de la Reforma Agraria. Asistieron, además, invitados por la Comisión, el señor Ministro del Interior, don Carlos Prats; don Juan Vadell, Director de Impuestos Internos; el señor Alfonso Inostroza, Presidente del Banco Central de Chile; el señor Superintendente de Bancos, don Héctor Behm; los señores Alfredo Rojas y Delfos López, Director y asesor de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado; y el Dr. señor José Contreras, interventor del Hospital de Curicó. Síntesis de la acusación Los acusadores plantean un primer párrafo del libelo, llamado Responsabilidad del Ministro acusado, y dentro de él sostienen que un Ministro de Estado es responsable no sólo por sus actuaciones personales sino que, también, por las que se realicen en servicios relacionados con el Ministerio respectivo o que sean de su dependencia. Señalan que forma parte de las normas morales y éticas incorporadas en el ordenamiento público chileno, el que los gobernantes cumplan los compromisos contraídos como tales, y no sólo los relativos al cumplimiento de la Constitución y las leyes, sino al respeto de la palabra empeñada. Dicen los acusadores que el Gobierno y en particular el Ministro de Hacienda, no han cumplido con la promesa contraída con numerosos gremios involucrados en el paro de octubre último, de que no habría represalias contra quienes hubiesen participado en dicho paro. Dichas represalias han existido y subsisten y han llegado a configurar diversos atropellos a la Constitución y a las leyes o han significado un abierto abuso o desviación de poder, que son motivos suficientes para acusar a un Ministro, pues implican violar el artículo 4º de la Constitución. Represalias en el Banco Central con motivo del paro general. Se expresa en el libelo que el Ministro de Hacienda ha encabezado, por muchos conceptos, las actuaciones gubernativas contra los gremios que adhirieron al paro de octubre. Estos actos son un manifiesto abuso de poder que persiguen la lenta y progresiva aniquilación institucional y el acallamiento por cualquier medio de las voces opositoras que se alzan para denunciar las ilegalidades y arbitrariedades de este Gobierno. Anotan los acusadores que los despidos y persecuciones no sólo son de responsabilidad del Ministro acusado, pues en ello han incurrido otros miembros del Gabinete. En el Banco Central, aseveran, la persecución llegó a límites increíbles, ya que se pretendió disfrazarla con una reorganización, lo que constituiría una simulación administrativa en que hay una voluntad aparente representada por dicha reorganización y una voluntad real de notoria causa ilícita, materializada en las represalias. Para los acusadores esto resulta agravado, si se considera que los despidos ocurridos en el Banco Central, pasando por encima de la palabra empeñada y ejercitando abuso de poder, se hicieron vulnerando claras disposiciones laborales y reglamentarias. Represalias en contra del comercio, transporte, industria, construcción y agricultura mediante discriminación arbitraria del crédito. Según los acusadores, el acuerdo del Banco Central Nº 2.342, de 19 de octubre último, estableció una serie de normas destinadas a ejercer un abierto control político de la concesión, prórroga o renovación de los créditos a las diversas ramas de la producción. Este mismo acuerdo se ideó como un procedimiento de represalias contra las empresas que paralizaron sus actividades en el mes de octubre y fue adoptado con conocimiento y aprobación del Ministro acusado, quien posteriormente insistió, en forma personal, en medidas encaminadas a su cumplimiento. Se reitera en el libelo que el acuerdo mencionado así como las circulares Nºs. 1.087, 1.089 y 1.094, mediante el llamado control cualitativo de los créditos, buscan denegarlos a aquellas empresas que paralizaron en octubre o que eventualmente lo hagan con motivo de conflictos gremiales, sindicales o por otras causas. Para probar estas aseveraciones, los acusadores transcriben textualmente partes de dichas circulares y recalcan que todo ello constituye una arbitraria discriminación, con abiertas finalidades políticas, que vulnera la ley y la Constitución, pues atenta contra el principio de la igualdad ante la ley y en forma indirecta en contra del derecho de huelga, garantido por el Nº 14 del artículo 10 de nuestra Carta Fundamental. Puntualizan que se viola la Ley General de Bancos, al establecer requisitos arbitrarios para la concesión de los créditos, que aquélla no contempla en el Título respectivo. En concepto de los libelistas, las normas crediticias son de orden público y de aplicación restrictiva, pudiendo hacerse sólo lo que la ley expresamente autoriza, por lo que la discriminación de las circulares aludidas es no sólo arbitraria sino que, además, ilegal e inconstitucional. Los acusadores afirman que esto ha servido para presionar ilegítimamente a las empresas, con lo que se viola el compromiso de no adoptar represalias. Frente a estos hechos, manifiestan, es deber del Congreso aplicar las sanciones correspondientes al responsable directo, el Secretario de Estado acusado, de cuyo Ministerio dependen la Superintendencia de Bancos y el Banco Central en materia de política crediticia. Infracción al artículo 84 de la Ley General de Bancos, 44 Nº 1 de la Constitución Política y demás disposiciones qué se señalan. El artículo 84 de la Ley General de Bancos dispone que los bancos comerciales no podrán conceder créditos directa o indirectamente a una misma persona natural o jurídica por una cantidad que exceda del 5% de su capital pagado y reservas, salvas las excepciones que se señalan en los incisos siguientes. El Banco Central, por acuerdo Nº 2.336, de 9 de agosto de 1972, estableció un sistema para financiar líneas de crédito a empresas del área social, que vulnera la citada disposición. En efecto, por el sistema de crédito denominado administración delegada de fondos del Banco Central, que consiste en el financiamiento por parte del mismo de aquella parte de las necesidades crediticias que requieran las empresas del área social, cuyo monto exceda del límite establecido para las empresas bancarias por el citado artículo 84, se ha eliminado todo tope para el otorgamiento de créditos a las empresas del área estatal. El sistema opera en relación con la circular 1.085 de la Superintendencia de Bancos que establece que, una vez copado el límite interno fijado para cada banco por el artículo 84, el Banco Central financiará todo excedente sobre dicho margen. En cuanto al monto de los créditos mismos que se pueden otorgar mediante este sistema, en la citada circular se consigna que su cuantía podrá determinarse en relación con el respectivo presupuesto de caja que presentará para estos efectos la entidad del área social. En virtud del mecanismo mencionado, aseguran los libelistas que se autorizó al Banco de Osorno para otorgar por cuenta del Banco Central y sin respetar tope alguno, un crédito de 83 millones de escudos a Química Hoetsch, de 65 millones de escudos a Bayer Química, de 72 millones 500 mil escudos a Fibro Química Chilena y de 65 millones de escudos a Porcelanas Rosenthal, con tasas de interés discriminatorias, sin siquiera documentar dichas operaciones ni constituir garantía en favor del Banco Central. Este sistema se ha ideado, según los acusadores, para eludir la ley, pues el Banco Central, sin atribuciones para ello, ha asumido una función de banco comercial que no le corresponde. Los firmantes del libelo sostienen que la Superintendencia de Bancos, encargada de supervigilar el cumplimiento de la Ley General de Bancos, incluso por sobre el Banco Central, ha vulnerado abiertamente la ley al dictaminar por oficio Nº 515, de 17 de febrero de 1972, que el Banco Central no está sometido a las limitaciones legales sobre el otorgamiento de créditos. Agregan que este razonamiento es aberrante, porque en derecho público las facultades son de derecho estricto, por lo que sólo puede hacerse lo que la ley permite. Expresan que al transformarse, en el hecho, el Banco Central en Banco Comercial, debe ceñirse al artículo 84 de la Ley General de Bancos y aseguran que así lo ha reconocido la propia Fiscalía del instituto emisor, en memorando interno. Por último, señalan que con el procedimiento indicado se atenta contra todo el sistema legal y constitucional que rige la disponibilidad, por parte de la administración del Estado, de los fondos públicos, pues al margen del Congreso, que tiene la facultad exclusiva de aprobar o reprobar anualmente la cuenta de la inversión de los fondos destinados a gastos públicos, se ha ideado una fórmula para que el Gobierno pueda disponer ilimitadamente de fondos emanados de incontroladas emisiones inorgánicas. Los libelistas concluyen que el Ministro de Hacienda, encargado de velar por la recta aplicación de las leyes bancarias y crediticias, ha infringido el artículo 84 de la Ley de Bancos, al eludirlas, y la Constitución Política del Estado, al dejar sin aplicación práctica las atribuciones exclusivas del Congreso en lo relativo a los gastos públicos. Fiscalización inconstitucional e ilegal en viajes al exterior. La circular Nº 105, de 28 de julio de 1972, de la Dirección General de Impuestos Internos es, a juicio de los acusadores, atentatoria de la garantía constitucional establecida en el Nº 15 del artículo 10 de la Carta Fundamental y sobrepasa lo estipulado en el artículo 72 del Código Tributario. Sobre el particular, mencionan que la Constitución asegura la libertad de permanecer en cualquier parte del país, trasladarse de un lugar a otro o entrar o salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley. Hacen presente que el artículo 72 del Código Tributario, ciñéndose al texto constitucional, dispuso normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, las que son muy claras y no susceptibles de interpretaciones. Pero la circular aludida contiene una serie de exigencias que exceden la norma del Código. A través de estos arbitrios, manifiestan, se está limitando la libertad de tránsito hacia el exterior, sin tener que recurrir a barreras físicas; se está configurando un verdadero encadenamiento forzado del país. Los acusadores agregan que, a estas medidas ilegales y opresivas se suma la acción de funcionarios que siguiendo instrucciones políticas retardan o dificultan los trámites para salir al extranjero. Terminan diciendo que el Ministro acusado es culpable de esta situación por depender directamente de él el Servicio de Impuestos Internos, que ha aplicado durante su Ministerio las señaladas medidas ilegales. Los Diputados que deducen la acusación solicitan a la Honorable Cámara que la acoja y la declare admisible en los siguientes puntos: I.- Abuso y desviación de poder en represalias en contra de empleados del Banco Central. II.- Abuso y desviación de poder, infracción a la Constitución y atropella-miento de ley en represalias en materia de créditos a comercio, transporte, industria, construcción y agricultura. III.- Infracción a la Constitución y a la ley, en medidas de crédito dispuestas en favor de empresas del área estatal. IV.- Infracción a la Constitución y atropellamiento de la ley, en mantención de exigencias y fiscalizaciones ilegales en materia de viajes al exterior. Relación de la Defensa del acusado Comienza el Ministro acusado por manifestar que en el libelo no se establece ni un solo hecho o antecedente que pueda dar margen a una acusación constitucional y dice esto en relación con la letra b) de la atribución primera del artículo 39 de la Constitución, que establece las causales de acusación aplicables a los Ministros de Estado, causales específicas que no pueden extenderse al concepto de abuso de poder a que se refiere el inciso segundo de la atribución primera del artículo 42 de la Carta Fundamental, que está referida a todas las causales de acusación señaladas en el citado artículo 39, aplicable no solamente a los Ministros de Estado. Lo ocurrido en el Banco Central Bajo este epígrafe el acusado, después de recoger los cargos del libelo, expresa lo siguiente: 1) El Banco Central no es un Servicio de la dependencia de su Ministerio, como lo dice su propia Ley Orgánica; 2) No se ha violado un compromiso del Gobierno, porque los despedidos lo fueron con anterioridad a la declaración del 5 de noviembre último; 3) No sé les despidió en virtud de una reorganización, por lo que no habría la simulación administrativa mencionada en el libelo, ni abuso de poder. La reorganización fue una consecuencia de los despidos, y 4) Por último, el libelo no puntualiza las claras disposiciones laborales y reglamentarias que se habrían vulnerado. El despido se produjo por abandono de funciones, sin justificación legal alguna, con arreglo a la ley Nº 16.455. Ese abandono de labores tiene las características del delito sancionado en el artículo 11 de la Ley de Seguridad del Estado, como lo declaró el Contralor General de la República en dictamen de esa misma época, a petición de la Dirección General de Ferrocarriles del Estado y lo confirmaron numerosos autos encargatorios de reo dictados por la justicia ordinaria a raíz del paro de octubre. No ha habido represalias en contra del comercio, transporte, industria y agricultura mediante discriminación arbitraria del crédito. En relación con este cargo, que se niega en el título, el Ministro acusado expresa que: 1) La igualdad ante la ley no impide un control cuantitativo y cualitativo del crédito, porque precisamente ella lo permite; 2) Los créditos se conceden para fomentar la producción y no para financiar movimientos sediciosos. La paralización de empresas constituye lock-out y no el ejercicio del derecho de huelga; la ley no consulta las huelgas patronales, así lo confirman el dictamen del Contralor y los autos de reo ya referidos, y 3) No hay infracción de la Ley General de Bancos, pues el crédito puede ser controlado en calidad y cantidad. El artículo 84 de la Ley General de Bancos Sostiene el Ministro acusado que el Banco Central de Chile puede funcionar como banco comercial sin las limitaciones propias de éstos y goza de la capacidad legal necesaria para celebrar todos los actos o contratos que permitan la realización de sus fines, al tenor de lo dispuesto en el artículo 2º del D. F. L. Nº 247, de 1960. En consecuencia, le está permitido conceder créditos, sin las limitaciones que el artículo 84 establece para los bancos comerciales. Otorgar esos créditos a las empresas del área social no implica contravención del artículo 44 de la Constitución Política, porque no todas ellas integran la administración pública. Expresa que ninguno de los hechos que se le imputan, configura alguno de los delitos o demás figuras jurídicas constitutivas de abuso de poder descritas en el artículo 39 de la Carta Fundamental, por lo que considera improcedente la acusación. Estima que los capítulos del libelo son un adorno a una acusación que sólo parte de la destitución de algunos altos Jefes del Banco Central. Se me acusa por hacer imperar las normas legales En este capítulo el señor Ministro comienza por criticar la liviandad de los cargos que se le formulan, al extremo de calificar como represalias el acuerdo Nº 2.342 del Banco Central, adoptado en uso de sus atribuciones y que sólo se aplicó durante el paro de octubre. La Ley Orgánica del Banco Central, que permite dictar junto con la Superintendencia de Bancos normas para regular el crédito, y el acuerdo, dado a conocer por circular Nº 556 de la Superintendencia de Bancos, que data de 1959, señalan que los créditos deben orientarse de preferencia a incrementar la producción. El acuerdo objetado por la acusación es la aplicación de ese principio y la prohibición de prestar asistencia crediticia a quienes mantengan paralizadas ilegalmente sus actividades, deriva de la necesidad de destinar los créditos a la producción. Por ello, quien esté ilegalmente parado no puede hacer uso de facilidades crediticias, porque no está produciendo. Terminado el paro ilegal, cesó la aplicación de la norma. Por esta razón, el Ministro acusado declara enfáticamente que quienes han vuelto a sus actividades están en situación de optar a la asistencia crediticia normal, de manera que la medida mencionada, sujeta en todo a la legalidad vigente, no ha podido constituir una represalia. Agrega que el establecimiento de requisitos habilitantes para el uso del crédito, es de la naturaleza de toda política crediticia y está contemplado en las leyes. De manera que en ningún momento puede constituir una infracción a garantía constitucional alguna. Tampoco existe dicha infracción en el período posterior al paro, pues el acuerdo del Banco Central y las circulares impugnadas dejaron de aplicarse a su término. Tampoco se ha atentado indirectamente contra el derecho de huelga garantido por la Constitución. Por el contrario, la paralización ilegal referida sí que ha violado el derecho de los trabajadores de las empresas respectivas a ejercer la garantía constitucional de la libertad de trabajo, desconocida por la decisión patronal al cerrar fábricas y locales comerciales. Respecto del cargo de que el Ministro acusado habría infringido la Ley General de Bancos y en especial su Título XI sobre operaciones bancarias, éste reitera que existe norma expresa sobre control cualitativo y cuantitativo de los créditos en la Ley Orgánica del Banco Central y en la Ley General de Bancos. Termina este capítulo refiriéndose brevemente a las políticas del pasado y a la del Gobierno Popular en materia crediticia, y a la actitud de los acusadores sobre el particular. Fiscalización en viajes al exterior. Luego de citar el cargo que se le formula y referirse a la forma en que el libelo lo plantea, el Ministro acusado indica que no se señalan ni se especifican cuáles de las exigencias contenidas en la circular Nº 105 de la Dirección General de Impuestos Internos son las que violan la Constitución y la ley, ni se argumenta sobre la forma cómo estas exigencias atenían contra aquéllas, por lo que considera que la acusación carece de seriedad. Además, ello induce a pensar que los reparos de los acusadores se refieren a todas las exigencias de la circular, la mayoría de las cuales fueron impuestas durante administraciones pasadas. Impuestos Internos, explica, de acuerdo con su Estatuto Orgánico y con el Código Tributario debe administrar, controlar y fiscalizar la declaración y pago de los impuestos, lo que implica determinar el monto de la obligación tributaria. Al Estado no sólo le interesa que los impuestos se paguen oportunamente sino que también lo sean en su monto correcto, que no se produzca evasión tributaria. El Servicio de Impuestos Internos tiene amplias atribuciones legales para cumplir esas finalidades. En ese contexto deben situarse las instrucciones y circulares. El artículo 72 del Código Tributario es un instrumento de control que consiste en exigir a quienes viajen al exterior, que prueben ante Impuestos Internos el cumplimiento exacto y cabal de sus obligaciones tributarias. Si el viajero prueba dicho cumplimiento, se le extiende un certificado que acredita que se encuentra al día en sus declaraciones y pagos de impuestos. No puede pensarse que basta con exhibir el recibo del pago de los impuestos declarados. Es indispensable, al tenor del artículo 21, que se acredite la verdad de las declaraciones o la naturaleza de los antecedentes y montos de las operaciones que deban servir para el cálculo del impuesto. Pensar de otro modo significaría negarle al artículo 72 su calidad de medio de fiscalización o de instrumento de control, lo que contraría el espíritu del citado artículo 72, ubicado precisamente en el Libro I del Código denominado De la administración, fiscalización y pago y con más precisión en el párrafo 3º del Título IV, designado De otros medios de fiscalización. En la circular se solicitan algunos datos sobre los gastos del viaje, y puesto que se trata de fiscalizar, se ordena comparar éstos con las rentas declaradas y se pide explicar el origen del dinero que se destina al viaje. Los antecedentes pasan al área de fiscalización, si dichos gastos no guardan relación con las rentas declaradas. La dificultad y demora del trámite de comprobación, fueron previstos por el legislador en el inciso tercero del artículo 72, que faculta a los Directores Regionales para autorizar el viaje sin que se cumplan los requisitos, previa exigencia al interesado de que rinda una caución suficiente. Esto explica la obligación de presentar un fiador a que se refiere la circular 105. Algunos viajes están exentos de impuesto de salida, tales como los medicinales, los de estudio o los de los becarios. Por ello que se exige señalar el motivo del viaje. El pago del impuesto a las compraventas y servicios puede exigirse que se compruebe en cualquier momento y aún apremiarse con arresto al deudor, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 96 del Código Tributario. Por este motivo no se divisa razón por la cual no podría fiscalizarse dicho pago en esa oportunidad. En cuanto al fiador del fiador, es obvio que se pida su reemplazo, si a su vez este último desea abandonar el país, ya que la fianza constituye una seguridad personal. Al referirse al verdadero encadenamiento forzado del país limitando la libertad de tránsito hacia el exterior a que alude el libelo, el Ministro acusado dice que esta afirmación no constituye sino una nueva expresión de la campaña del terror sin ningún fundamento real. Desde que empezó a aplicarse la circular Nº 105, en agosto del año en curso, la Administración de la V Zona, Santiago Centro, otorgó 13.275 certificados para salir del país, número muy semejante a cualquier período igual al mismo año. La verdad sobre el Banco Central. Dice el Ministro que, lo que la acusación llama represalia, es la declaración de caducidad de los contratos de trabajo de funcionarios de la confianza del Directorio del Banco, y de 7 abogados de la Fiscalía que adhirieron al paro del mes de octubre, caducidad que para los acusadores constituye un atropello a la Constitución y a la ley, una persecución discriminatoria, política y una desviación o abuso de poder, sin indicarse qué preceptos se habrían vulnerado por el Directorio del Banco al caducarse los contratos. Tras citar los acuerdos del Consejo General del Colegio de Abogados de los días 17 y 20 de octubre, por los que, respectivamente, instruye a sus Colegiados para que suspendan su ejercicio profesional y prorroga el paro, el Ministro acusado expresa que, de la lectura de dichos acuerdos, puede apreciarse que se patrocinó e incitó a la suspensión de actividades a los abogados y, entre estos, a los de la Fiscalía del Banco Central. Agrega el Ministro que a los funcionarios del Banco Central les está vedada toda interrupción o paralización colectiva, paro o huelga, por tratarse de un servicio público y porque para los funcionarios públicos rige la prohibición de declararse en huelga, contemplada en el artículo 11 de la ley Nº 12.927, sobre Seguridad del Estado. Para fundamentar su aserto, el señor Ministro de Hacienda recuerda que la Corte Suprema ha declarado en forma reiterada que el Banco Central es un servicio público y que sus funcionarios tienen la calidad de empleados públicos. Al efecto reproduce algunos considerandos del fallo de la Corte Suprema de 25 de julio de 1965 y otros de la Corte de Apelaciones, que aquélla hace suyos, insertos en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, en el tomo 62, sección IV, página 253. Como un elemento más de juicio sobre el particular, cita otra sentencia de la Corte Suprema que reitera la doctrina enunciada más arriba y que se publica en el tomo 66, segunda parte, sección 1ª, página 610, de la misma Revista. Es incuestionable entonces, concluye, que los funcionarios del Banco Central, dada la naturaleza jurídica de ese organismo y las funciones públicas que desempeñan, no pueden declarar un paro, huelga o paralización de sus actividades. Apunta que así lo ha declarado el señor Contralor General de la República en su dictamen Nº 76.975, a solicitud de la Dirección de FF. CC. del E., con motivo de la paralización de labores ordenada por el Colegio de Ingenieros. El señor Ministro cita textualmente las consideraciones jurídicas expuestas por el señor Contralor en el referido dictamen e infiere de ello que la jurisprudencia relativa a los ingenieros de Ferrocarriles es válida en relación a los abogados y funcionarios del Banco Central, los que no sólo no podían ordenar un paro, sino que, al adherir a él, estaban cometiendo el delito contra la Seguridad del Estado previsto en el artículo 11 de la ley Nº 12.927, aunque el paro obedecería al acatamiento de la orden de un Colegio Profesional. Agrega que dicha orden no puede ser impartida porque la prohíbe y sanciona el inciso segundo del artículo 11 de la mencionada ley. Legitimidad de la actuación del Directorio del Banco Central. La caducidad de los contratos de trabajo de los funcionarios y abogados que adhirieron al paro, se ajusta estrictamente a la ley y no puede servir de base a una acusación constitucional, ya que esas personas infringieron el artículo 11 de la Ley de Seguridad del Estado y violaron las normas que regulan sus relaciones contractuales de trabajo con el Banco. El señor Ministro lee a continuación las normas sobre terminación de contrato de trabajo contempladas en los números 6º y 7º del artículo 2º de la ley Nº 16.455. Sostiene, en consecuencia, que dichos funcionarios adhirieron a un paro ilegal, constitutivo de delito; de manera que, mal puede sostenerse que dejaron de trabajar en forma justificada, ya que el abandono justificado es aquel que está amparado por la ley y no lo es si constituye delito encaminado a paralizar un servicio público de la importancia del Banco Central. Por lo tanto, no puede formularse reparo constitucional o legal a la resolución del Directorio del Banco adoptada en la sesión extraordinaria número 2343. Haber procedido a la reorganización del Banco no constituye desviación de poder o causa ilícita como se sostiene en la acusación. Habría significado una grave irresponsabilidad atentatoria al principio de que la función pública no puede paralizar, no haber procedido a dicha reorganización, porque el funcionamiento del Banco Central, uno de los servicios públicos fundamentales, debe estar debidamente garantizado. La huelga, para que reciba amparo constitucional, debe producirse en conformidad a la ley, y en el caso de los funcionarios y abogados del Banco Central, su movimiento no se acomodó a las exigencias y formalidades que esta señala para hacerla procedente. La orden del Colegio Profesional no es legítima como lo expresó el Contralor General de la República en el dictamen referido. El señor Ministro hace, a continuación, algunas observaciones sobre el derecho a huelga sostenido por la clase obrera, huelgas que son justas cuando se basan en los intereses del proletariado, coincidentes con los intereses nacionales; son injustas cuando se oponen a esos intereses. Agrega que cuando el derecho de huelga figura en la Constitución en virtud de una norma de la cual es coautor, es una manifestación de oportunismo que se quiera sacar provecho de esa disposición para amparar tras ella los lock-outs patronales, los movimientos sediciosos, los intentos de paralizar la economía del país y otras acciones. En los días en que se redactó esa norma, agrega el Ministro, nos preocupamos que la disposición sobre el derecho de huelga no pudiese ser aprovechada por los que intentarían sembrar en Chile el caos porque, por lo ocurrido en aquella época, podían preverse asonadas como la de octubre último. Una acusación exclusivamente política. Sostiene el acusado que el libelo carece de consistencia jurídica pues no se ha encontrado ningún caso de infracción a la Constitución o a la ley o de haberla dejado sin aplicar. Por ello, dice, sólo se ha podido formular una acusación de carácter político, concebida en términos y en fundamentos prohibidos por la Constitución. Concluye que quienes atropellan la Constitución son los autores de la acusación. Hace presente que ante la Cámara se extenderá en otros aspectos de la acusación. Termina diciendo que se le acusa porque el Gobierno ha defendido el desarrollo democrático de los acontecimientos, el funcionamiento de la economía nacional, el orden jurídico, las instituciones republicanas, la tranquilidad y seguridad de nuestro pueblo. Examen de los hechos y de las consideraciones de derecho. Respecto del primer cargo de la acusación, en el sentido de que el señor Ministro de Hacienda sería responsable de abuso y desviación de poder por las represalias aplicadas en contra de los empleados del Banco Central, la Comisión recibió las declaraciones que formularon los señores Milán Capkovic, Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de dicho Banco y del señor Roberto Guerrero, Delegado del personal de la Oficina de Santiago de la misma institución bancaria. Sostiene el señor Guerrero en su intervención ante la Comisión que figura en la página cuatro de la versión de la segunda parte de la sesión 1ª, del 22 de diciembre, que el dia 6 de noviembre, los funcionarios del Banco se reintegraron a sus labores en el entendido de que se había puesto término a las represalias y que en esa oportunidad el Presidente del Banco Central les había dicho que las autoridades del Banco no habían recibido una información oficial del Gobierno, que la recogerían de inmediato del señor Ministro de Hacienda, y en cuanto tuvieran la respuesta nos la harían saber. Así se hizo en el curso de la mañana del lunes 6, en la cual se nos respondió que previa conversación con el señor Ministro de Hacienda, se había concluido que los funcionarios del Banco Central no estaban comprendidos en esta excepción, en esta garantía de no represalia, de manera que se mantenían vigentes todas las medidas adoptadas por el Directorio del Banco Central en sesión Nº 2343, Extraordinaria, celebrada el 2 de noviembre, en la cual se había resuelto poner término a contratos de funcionarios del Banco y se habían adoptado una serie de medidas con respecto a la organización del Banco Central, que la Directiva de la Asociación de Empleados de la cual formo parte, concluía que también constituyen parte de las represalias que se adoptaron con motivo de los movimiento gremiales. Ante esto, agrega Guerrero que trataron de entrevistarse con el Ministro de Hacienda, con quien se concertó una entrevista por intermedio del señor Ministro del Interior, a la que asistieron la totalidad de la Directiva de la Asociación de Funcionarios y el Comité Ejecutivo del Banco. Allí se pidió que se diera cumplimiento al compromiso del Supremo Gobierno, que se revocara el acuerdo del Directorio del Banco, se reintegrara el personal despedido y se pusiera término a otras medidas como traslados u otras providencias administrativas de organización. El declarante dice que la respuesta del señor Ministro de Hacienda fue categórica, en cuanto a que las medidas se mantenían vigentes, que el criterio del Gobierno era ese, que ya se había estudiado el problema del Banco Central y que los funcionarios del Banco en esa situación, no quedaban comprendidos dentro de esta garantía general. Más adelante se hicieron diversas gestiones que culminaron con una presentación hecha por la Directiva de la Asociación al Directorio del Banco, a la que dicho Directorio dio respuesta en sesión 2.344, celebrada en el mes de noviembre, en forma negativa, en el sentido de mantener el criterio anterior y no cambiar la exoneración. Relata Guerrero que las cosas se han mantenido así hasta la fecha y que el personal afectado ha procedido a iniciar las acciones judiciales correspondientes ante los tribunales del trabajo. Agrega que la situación del personal del Banco es la de que existen 28 funcionarios, que tienen entre 10 y 24 años de servicios, que han sido despedidos. Hizo presente a la Comisión que en el Banco Central se ha adoptado otra serie de medidas que afectan la carrera funcionaría en la Institución. Se han hecho numerosos traslados acordados después del paro que, a su juicio, constituyen claras represalias. Señala otras resoluciones, como el no pago de los días no trabajados y la adopción de diversas medidas respecto a la movilidad de los Directores de la Asociación, para desarrollar su acción gremial. Los dichos del señor Guerrero fueron ratificados por el Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del Banco Central y complementados con otras declaraciones, como las relativas a la contratación de personal que atenta contra el Estatuto de la Carrera Funcionaría. Señaló que se estaba contratando personal extranjero y que tanto respecto de éste como de otros contratados, los dirigentes de la Asociación no han podido determinar si cumplen o no con los requisitos de ingreso. Preguntado el Presidente de la Asociación acerca del criterio que se adoptó para despedir solamente a esos funcionarios y no a todos los que participaron en el paro, contestó lo siguiente: por las averiguaciones que hemos podido hacer, hubo mucho de una especie de tribunal popular en el Banco..., a alguna gente se le acusa de haber estado obstruyendo la entrada, a otras se le culpa de un corte de agua ocurrido el primer día del paro y respecto de otros, no hemos podido averiguar cuales han sido las razones de su despido. Agrega que en el fondo, fue el Comité Ejecutivo del Banco Central el que propuso las medidas al Directorio, quien las aprobó. Interrogados los dirigentes sobre otras medidas de represalia, señalaron varios casos de traslados que se consignan en la página 22 y siguientes de la versión taquigráfica, de la sesión 1ª, segunda parte. En relación con los hechos que habrían lesionado el interés de Chile en el exterior y otros que habrían provocado gravísimas consecuencias para el futuro del Banco, los dirigentes informaron que toda aquella gente que abandonó sus puestos, especialmente la gente que tenía mayores responsabilidades, hizo entrega, en especial a algunos de los gerentes y al Comité Ejecutivo, de toda la documentación y de todos los antecedentes necesarios para que el Banco pudiera operar con la gente que ellos habían dejado adentro. No es verídico que se hayan ocultado documentos, ni de que se haya hecho algún tipo de actos que ellos califican de sabotaje. El problema que sucede es que las mayores críticas recaen en torno a los documentos relativos a la deuda externa, documentos sobre la renegociación de la deuda externa, en que había problemas que afectaban a Chile, por la no cancelación de las cuotas anteriores a la fecha del paro e indiscutiblemente, durante los días del paro, con la escasa gente que quedó en el Banco, no se pudo operar normalmente. Incluso este antecedente le fue favorable al país en el exterior, porque los representantes de Chile pudieron decir: Miren, estamos atrasados en algunos pagos, porque nuestro personal está en un conflicto; y este problema lo entienden en el exterior. La Comisión recibió diversos antecedentes documentales que dan cuenta de las alternativas del paro ocurrido en el Banco Central, de las medidas adoptadas que constituían represalias, de la nómina de los funcionarios afectados y de otras materias que se han agregado al expediente respectivo. Sobre los cargos de abusos y desviación de poder, infracción a la Constitución y atropellamiento de la ley, en la adopción de represalias en materia de créditos para el comercio, el transporte, la industria, la construcción y la agricultura, la Comisión tuvo a la vista las circulares 1.087, 1.089 y 1.094, de la Superintendencia de Bancos, que se refieren al control cualitativo de los créditos. En dichas circulares aparecerían configuradas las imputaciones que se hacen al señor Ministro acusado. Acerca de la existencia de esta circular y su aplicación, depusieron ante la Comisión los señores Manuel Valdés y Hugo León, dirigentes del Comando Nacional de Acción Gremial. El segundo de ellos expresó que inmediatamente que se suspendió el paro, los Bancos nos exigían a las empresas constructoras un certificado del sindicato, si es que hubiera sindicato en la empresa, o un certificado del delegado del personal, si no había sindicato, y si no había delegado del personal, un certificado de la inspección fiscal de la obra, en el caso de tratarse de obras fiscales y si no lo había, una declaración jurada del contratista en que acreditara que había suspendido el paro; y, en muchos casos, esto se hizo extensivo incluso, a los primeros días tratando de incluir, cosa que fue rechazada por los contratistas, en el sentido de que no era ese el sentido de la circular de la Superintendencia de Bancos, la 1.089 y la 1.087, de que no habían adherido al paro. En definitiva, lo que los Bancos exigieron durante bastante tiempo, creo que ya no lo exigen, era un certificado de que no se estaba parado en ese instante, una vez suspendido el paro. El declarante señor Manuel Valdés, por su parte, dijo ante la Comisión: Desde la semana en que se reanudaron las distintas actividades, empezaron a llegar noticias de la existencia del acuerdo 2.342 del 19 de octubre, emanado del Banco Central, y de circulares de fecha 24 de octubre, 27 de octubre y 11 de noviembre. Estas circulares provocaron gran alarma en distintas directivas y se fue constatando que, a través del país, empezaron a llegar distintos reclamos, por cuanto se exigían ciertos certificados que no se encontraban las empresas paralizadas, para otorgar créditos, para otorgar prórrogas o, en definitiva, cualquier tipo de operación que estuviera relacionada con el crédito. Los reclamos fueron en aumento y anotamos que en distintas partes ocurría un fenómeno curioso: no eran aplicadas con el mismo rigor o con el mismo procedimiento las peticiones de certificados; a algunos se les pedía y a otros no se les pedía. Hicimos la averiguación y llegamos al análisis de la situación, que está reflejado en el número dos de la acusación, que tengo aquí a la vista, que suscribo en cuanto a sus apreciaciones; o sea, al hecho de que estos documentos realmente existieron y llegaron a diversos puntos del país, y que fueron cumplidos en distintos institutos bancarios. Ahora, pienso que es importante que la Comisión tenga noticia de lo siguiente. Esto provocó a muchas personas una situación de asfixia, que tuvieron que recurrir a liquidar bienes y tener situaciones sumamente difíciles para afrontar la emergencia, porque el aumento de los costos, que durante el año se ha ido produciendo en materia agrícola, hacía imposible que con los recursos ordinarios pudiera hacerse frente a los gastos posteriores a septiembre. El señor Superintendente de Bancos y el señor Presidente del Banco Central también declararon sobre la existencia y los alcances de las circulares referidas. La Comisión, en relación con el tercer cargo contenido en el libelo acusatorio, relativo a la infracción de la Constitución y la ley, con motivo de las medidas de crédito impuestas en favor de empresas del área social, remitió al señor Presidente del Banco Central de Chile, señor Alfonso Inostroza, el oficio Nº 11, en el que se le solicita copia de todos los antecedentes que le competan a ese Banco en relación con los hechos a que se hace alusión en el libelo acusatorio. Además, con ocasión de la comparecencia del mismo señor Inostroza, los señores Diputados le solicitaron datos sobre esta materia y él se comprometió a enviarlos. Hasta el momento de elaborarse este informe, la Secretaría de la Comisión no había recibido dichos antecedentes. Es probable que puedan estar a disposición de la Sala, pues el señor Presidente del Banco fue informado del plazo que tenía la Cámara para conocer la acusación. Con relación a la infracción de la Constitución y atropellamiento de la ley, cometidos con motivo de la mantención de exigencias y fiscalizaciones ilegales en materia de viajes al exterior, la Comisión escuchó tanto al señor Ministro acusado como al señor Director de Impuestos Internos. Lo expresado por el señor Ministro de Hacienda sobre el particular puede consultarse en la versión taquigráfica de la sesión 2ª, como en la relación de la defensa que se hace en el cuerpo de este informe. El señor Director de Impuestos Internos y el señor Ministro acusado hicieron presente a la Comisión que la mayoría de las exigencias contenidas en la circular N° 105, se vienen aplicando desde hace muchos años, bajo el mandato de anteriores administraciones. Cerrado el debate se procedió a la votación nominal de la acusación. Votaron por la afirmativa los señores Tudela (Presidente), Schleyer y Sívori y por el rechazo del libelo acusatorio los señores Riquelme y Schnake. Con el mérito de los antecedentes expuestos, la Comisión declaró admisible la proposición de acusación en contra del señor Ministro de Hacienda por las causales tantas veces mencionadas en este informe. Sala de la Comisión, a 27 de diciembre de 1972. Acordado en las sesiones 1ª y 2ª, celebradas en viernes 22 y marte 26 de diciembre en curso, con asistencia de los señores Tudela (Presidente), Riquelme, Schleyer, Schnake y Sívori. Se designó Diputado informante al señor Tudela. (Fdo.): José Vicencio Frías, Secretario de la Comisión. 4.- OFICIO DEL SENADO Nº 15091.- Santiago, 28 de diciembre de 1972. El Senado ha tenido a bien aprobar el Cálculo de Entradas y las Partidas de la Estimación de Gastos del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para el año 1973, propuestos por esa Honorable Cámara, con las siguientes modificaciones: 02 Congreso Nacional Senado Moneda nacional Moneda extranjera convertida a dólares 1.- Presupuesto Corriente, sube a Eº 238.970.000 US$ 220.000 A.- Gastos de Operación, sube a 200.958.000 2.- Compra de Bienes y Servicios no personales, sube a 113.247.000 017 Otros Servicios no personales, sube a 55.640.000 Se repone el Nº 2, con su glosa y cantidades en moneda nacional y extranjera convertida a dólares. Moneda nacional Moneda extranjera convertida a dólares Total Gastos del Programa, sube a 246.020.000 250.000 06 Ministerio de Relaciones Exteriores Servicio Exterior 1.- Presupuesto Corriente, sube a US$ 12.990.000 A.- Gastos de Operación, sube a 12.580.000 1.- Remuneraciones, sube a 9.090.000 003 Sobresueldos, sube a 2.490.000 004 Remuneraciones variables, sube a 2.260.000 2.- Compra de Bienes y Servicios no personales, sube a US$ 4.490.000 015 Servicios Generales, sube a 650.000 017 Otros Servicios no personales, sube a 3.100.000 Total Gastos del Programa, sube a 13.730.000 07 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Secretaría y Administración General Política y Administración Industrial y de Comercio 1.- Presupuesto Corriente, sube a Eº 15.910.000 A.- Gastos de Operación, sube a 15.710.000 2.- Compra de Bienes y Servicios no personales, sube a 4.280.000 013 Materiales y Servicios para mantenimiento y reparaciones, se repone con 1.097.000 Total Gastos del Programa, sube a 16.010.000 08 Ministerio de Hacienda Moneda nacional Moneda extranjera convertida a dólares Secretaría y Administración General Operaciones Complementarias l.- Presupuesto Corriente, baja a 44.204.855.000 198.000 B.- Transferencias, baja a 203.420.000 10.000 035 Transferencias a Instituciones del Sector Público, baja a 203.200.000 Se suprime la Asignación 003, su su glosa y las cantidades asignadas Total Gastos del Programa, baja a 45.695.855.000 198.000 Secretaria y Administración General. Municipalidades 033.001 Municipalidades: Participación impuesto a la renta, se agrega a su glosa el siguiente N° 5), nuevo: 5) Para entregar a la Confederación Nacional de Municipalidades a fin de que atienda a su financiamiento E° 2.400.000. Esta suma deberá deducirse de los números 1) y 2) y deberá ser entregada por el Ministerio de Hacienda, por duodécimos a la Institución citada. Este aporte libera a las Municipalidades por el año 1973 de la obligación establecida en el artículo 10 de la ley Nº 17.166 de 6 de agosto de 1969. Ha agregado, a esta misma glosa, los siguientes incisos finales, nuevos: Lo dispuesto por el artículo 109 de la ley N° 17.399 se prorroga por el año 1973 pudiendo el Servicio de Tesorerías, a requerimiento de las Municipalidades respectivas, entregar en moneda nacional parte o el total de las cuotas para adquirir en el país los elementos y equipos a que se refiere el artículo 145 de la ley Nº 17.271. El ítem 033.001 Municipalidades: Participación impuesto a la renta, tendrá el carácter de excedible hasta completar el 7% a que se refiere el artículo 8º de la ley Nº 15.564. 09 Ministerio de Educación Pública Secretaría y Administración General Administración Centro Cultural 1.- Presupuesto Corriente, sube a ... E° 34.487.000 A.- Gastos de Operación, sube a ... 34.357.000 2.- Compra de Bienes y Servicios no personales, sube a 25.677.000 013 Materiales y Servicios para mantenimiento y reparaciones, sube a .. 13.646.000 021 Consumos Básicos, sube a . 7.680.000 Total Gastos del Programa, sube a 34.487.000 18 Ministerio de la Vivienda y Urbanismo . . Subsecretaría y Dirección General de Planificación y Presupuesto Administración y Planificación Gral. de la Vivienda 1.- Presupuesto de Capital, sube a 156.498.000 A.- Inversión real, sube a 156.498.000 05.9.002 Otras edificaciones, se repone con su glosa y la cantidad de 47.880.000 Total Gastos del Programa, sube a 232.312.000 El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley que propone el Cálculo de Entradas y la Estimación de los Gastos del Presupuesto Corriente y de Capital de la Nación para el año 1973, con las siguientes modificaciones: Artículo 1 Ha reemplazado las cantidades aprobadas por esa Honorable Cámara para el Congreso Nacional y los Ministerios que se señalan, por las que se indican: Egresos Corrientes De Capital Congreso Nacional ... . . 643.000.054 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 326.562.000 Ministerio de Hacienda 54.865.905.000 Ministerio de Educación Pública 14.373.999.000 Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 7.068.135.000 Totales ... . 30.530.787.000 Total de Gastos en moneda nacional Eº 128.579.232.054 Artículo 2 Ha reemplazado las cantidades aprobadas por esa Honorable Cámara para el Congreso Nacional y los Ministerios que se señalan, por las que se indican: Egresos Corrientes De Capital Congreso Nacional US$ 285.000 Ministerio de Relaciones Exteriores 16.771.000 Ministerio de Hacienda 75.400.000 Totales US$ 156.208.000 Total de Gastos en moneda extranjera convertidas a dólares US$ 287.015.000 A continuación, ha consultado como artículo 20, el siguiente, nuevo: Artículo 20.- Los saldos no invertidos al 31 de diciembre de 1972, y que por disposición del artículo 109 de la ley Nº 17.399 hayan sido o deban ser depositados en la Cuenta Especial a que ese precepto se refiere, deberán invertirse conforme a la distribución establecida en los artículos 144 y 145 de la ley Nº 17.271. Sin embargo, el Servicio de Tesorerías, a requerimiento de las Municipalidades respectivas, hecho por intermedio de la Confederación Nacional de Municipalidades, podrá entregar en moneda nacional, al tipo de cambio bancario vigente, el todo o parte de las cuotas para adquisición en el país de los elementos y equipos a que se refiere el artículo 145 de la ley Nº 17.271. Sin perjuicio de lo anterior, en lo demás, declárase prorrogado por el año 1973 lo establecido en los incisos segundo y siguientes del artículo 145 mencionado y sus modificaciones. Devuelvo los antecedentes respectivos. Dios guarde a V. E. (Fdo.): Ignacio Palma Vicuña.- Pelagio Figueroa Toro. IV.- ASISTENCIA Sesión 23ª, Ordinaria, en jueves 28 de diciembre de 1972. Presidencia de los señores Sanhueza, don Fernando; Cerda, don Eduardo, y Fuentes, don César Raúl. Se abrió a las 11 horas. Asistieron los señores: Acevedo Pavez, Juan Acuña Méndez, Agustín Aguilera Báez, Luis Agurto, Fernando Santiago Alamos Vásquez, Hugo Alesandri de Calvo, Silvia Alessandri Valdés, Gustavo Alvarado Páez, Pedro Altamirano Guerrero, Amanda Allende Gossens, Laura Amunátegui Johnson, Miguel Luis Andrade Vera, Carlos Argandoña Cortés, Juan Arnello Romo, Mario Atencio Cortez, Vicente Aylwin Azocar, Andrés Barahona Ceballos, Mario Basso Carvajal, Osvaldo Bulnes Sanfuentes, Jaime Cabello Pizarro, Jorge Cademártori Invernizzi, José Campos Pérez, Héctor Cantero Prado, Manuel Cardemil Alfaro, Gustavo Carmine Zúñiga, Víctor Carrasco Muñoz, Baldemar Carvajal Acuña, Arturo Castilla Hernández, Guido Cerda García, Eduardo Clavel Amión, Eduardo Concha Barañao, Jaime De la Fuente Cortés, Gabriel Del Fierro Demartini, Orlando Díez Urzúa, Sergio Ferreira Guzmán, Manuel Frei Bolívar, Arturo Frías Morán, Engelberto Fuentealba Medina, Luis Fuentes Andrades, Samuel Fuentes Venegas, César Garcés Fernández, Carlos García Sabugal, René Giannini Iñiguez, Osvaldo Godoy Matte, Domingo González Jaksic, Carlos Guastavino Córdova, Luis Guerra Cofré, Bernardino Huepe García, Claudio Ibáñez Vergara, Jorge Iglesias Cortés, Ernesto Insunza Becker, Jorge Irribarra de la Torre, Tomás Jaramillo Bórquez, Alberto Jarpa Vallejos, Abel Koenig Carrillo, Eduardo Laemmermann Monsalves, Renato Lavandero Illanes, Jorge Lazo Carrera, Carmen Leighton Guzmán, Bernardo Lorca Rojas, Gustavo Lorenzini Gratwohl, Emilio Magalhaes Medling, Manuel Maira Aguirre, Luis Marambio Páez, Joel Marín Millic, Gladys Marín Socías, Oscar Mekis Spikin, Patricio Momberg Roa, Hardy Monares Gómez, José Monckeberg Barros, Gustavo Morales Abarzúa, Carlos Muñoz Barra, Roberto Naudon Abarca, Alberto Ortega Rodríguez, Leopoldo Páez Verdugo, Sergio Palestro Rojas, Mario Palza Corvacho, Humberto Pareto González, Luis Pérez Soto, Tolentino Recabarren Rojas, Floreal Retamal Contreras, Blanca Riesco Zañartu, Germán Ríos Ríos, Héctor Ríos Santander, Mario Riquelme Muñoz, Mario Robles Robles, Hugo Rodríguez Villalobos, Silvio Saavedra Cortés, Wilna Sabat Gozalo, Jorge Salinas Navarro, Anatolio Salvo Inostroza, Camilo Sanhueza Herbage, Fernando Santibáñez Ceardi, Jorge Scarella Calandroni, Aníbal Schleyer Springmuller, Oscar Schnake Silva, Erich Señoret Lapsley, Rafael Sepúlveda Muñoz, Eduardo Sharpe Carte, Mario Silva Solar, Julio Sívori Alzérreca, Carlos Solís Nova, Tomás Enrique Stark Troncoso, Pedro Tagle Valdés, Manuel Tapia Salgado, René Tavolari Vásquez, Antonio Tejeda Oliva, Luis Toledo Obando, Pabla Toro Herrera, Alejandro Torres Peralta, Mario Tudela Barraza, Ricardo Undurraga Correa, Luis Urra Veloso, Pedro Valdés Rodríguez, Juan Valenzuela Valderrama, Héctor Vargas Peralta, Fernando Vega Vera, Osvaldo Vergara Osorio, Lautaro Videla Riquelme, Pedro Zaldívar Larraín, Alberto El Secretario señor Guerrero Guerrero, don Raúl y el Prosecretario señor Parga Santelices, don Fernando. Se levantó la sesión a las 20 horas 0,9 minutos. Asisten los señores Ministros de: Interior, Hacienda, Economía, Trabajo y Justicia. V.- TEXTO DEL DEBATE -Se abrió la sesión a las 11 horas. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión. Se va a dar lectura a la Cuenta. El señor PARGA (Prosecretario) da cuenta de los asuntos recibidos en la Secretaría. 1.- CALIFICACION DE URGENCIAS El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Su Excelencia el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de los siguientes asuntos legislativos: 1º.- Observaciones formuladas al proyecto que modifica la ley Nº 15.386, sobre revalorización de pensiones, y 2º.- Observaciones formuladas al proyecto que deja sin efecto los contratos y la concesión otorgada a la Compañía de Teléfonos de Chile. Si le parece a la Sala y no se pide otra calificación, declararé calificadas de simples estas manifestaciones de urgencia. El señor GUERRA.- Pido la palabra. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Con la venia de la Sala, tiene la palabra Su Señoría. El señor GUERRA.- Señor Presidente, en cuanto a las observaciones al proyecto que modifica la ley Nº 15.386, estimo que podrían ser despachadas el próximo miércoles, en razón de que el personal espera desde casi un año la aplicación de sus disposiciones y de que se trata de un veto muy simple. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Diputado? Efectivamente, el veto ocupa un lugar preferente en la Tabla. Podría darse la calificación de simple y adoptarse el acuerdo para despacharlo en la Sala el próximo miércoles. El señor GUERRA.- Y despacharlo el miércoles. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para calificar de simples las urgencias de ambos proyectos y despachar el primero de ellos en la sesión ordinaria del miércoles de la próxima semana? Acordado. 2.- HOMENAJE A LA MEMORIA DE DON RAMON CASTILLO, EX REGIDOR DE TRAIGUEN, FALLECIDO RECIENTEMENTE.- NOTAS DE CONDOLENCIA El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señores Diputados, el señor Sívori ha solicitado dos minutos para un homenaje a un ex regidor fallecido recientemente. ¿Habría acuerdo para concederle dos minutos? Acordado. Puede hacer uso de la palabra, hasta por dos minutos, el Diputado señor Sívori. El señor SIVORI (de pie).- Señor Presidente, hace pocos días, el viernes último, en la víspera de la Navidad que recientemente ha conmemorado el mundo cristiano, encontró la muerte en un lamentable accidente, junto a otras tres personas, el distinguido piloto civil y ex regidor de Traiguén, señor Ramón Castillo, mientras conducía, con la pericia que le era habitual, un pequeño avión particular en las cercanías de la zona de Lonquimay, en la provincia de Malleco. Colaborador eficiente de un dilecto colega nuestro, el Diputado don Patricio Phillips, el señor Ramón Castillo mereció durante largos años la confianza, el aprecio y el afecto de quienes tuvimos la grata oportunidad de conocerlo y de comprobar sus excepcionales dotes de caballerosidad, abnegación y honestidad personal, enmarcadas ellas en un arraigado espíritu de servicio hacia sus semejantes, del que han quedado reiteradas demostraciones y experiencias en la población de la provincia que represento en este cuerpo legislativo y en otras zonas del país, ya que no en vano este destacado piloto de nuestra aviación civil contaba con cerca de cinco mil horas de vuelo en su record profesional. He creído de la mayor justicia dar cumplimiento a un ineludible imperativo de gratitud al dejar sentido testimonio en esta Corporación del profundo pesar que afecta a la zona de Malleco, especialmente a quienes supimos de las virtudes y valores humanos que caracterizaron a don Ramón Castillo, por el prematuro fallecimiento de este abnegado piloto civil y de tan generoso y fraterno amigo. Termino estas palabras de reconocimiento a su memoria, solicitando al señor Presidente se sirva recabar el acuerdo de la Corporación para hacer llegar notas de condolencia a su señora y a la familia de don Ramón Castillo, en las que se exprese el pesar que afecta a la Cámara de Diputados por el lamentable fallecimiento ocurrido en fecha reciente. He dicho. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- El Diputado señor Gabriel de la Fuente ha solicitado un minuto para adherirse a este homenaje. ¿Habría acuerdo? Acordado. Puede hacer uso de la palabra Su Señoría. El señor DE LA FUENTE (de pie).- Señor Presidente, nos adherimos a las expresiones de pesar que ha tenido nuestro colega señor Sívori y hacemos presente que el parlamentario de la zona, don Patricio Phillips, que aún está ausente, en la próxima semana, va a rendir homenaje al señor Ramón Castillo, que fue su piloto. En todo caso, dejamos constancia que el Partido Nacional ha tenido un inmenso sentimiento por el lamentable accidente que ha sufrido y se adhiere al homenaje que en este momento se le rinde. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señores Diputados, el Diputado señor Muñoz ha solicitado también un minuto para adherirse a este homenaje. ¿Habría acuerdo? Acordado. El señor MUÑOZ BARRA .(de pie).- Señor Presidente, la Izquierda Radical adhiere también a este sentido homenaje al ex regidor del Partido Nacional de Traiguén, quien falleciera precisamente luchando por los ideales que en este instante la Confederación Democrática levanta a través del país. Perdió su vida con todo el ímpetu de un hombre joven, que creía de manera profunda en los postulados que sustentaba. El sueño eterno lo encontró en la cordillera. Los hombres de ese lugar, precisamente, fueron los que primero hicieron llegar su congoja a los familiares de don Ramón Castillo, que inmoló su vida en aras de un ideal político. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Si le parece a la Cámara, se enviarán las condolencias en nombre de los Comités que han hablado y que han adherido al homenaje de esta oportunidad. Acordado. 3.- ACUSACION CONSTITUCIONAL DEDUCIDA EN CONTRA DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA, DON ORLANDO MILLAS CORREA El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- En conformidad con el objeto de la presente sesión, corresponde ocuparse, hasta su total despacho, de la proposición de acusación constitucional deducida por 11 señores Diputados en contra del señor Ministro de Hacienda, don Orlando Millas Correa. Diputado informante de la Comisión de Acusación Constitucional es el señor Tudela, don Ricardo. El informe de la Comisión de Acusación Constitucional está impreso en el boletín Nº 1.407-72-2. La resolución de la Comisión en que aprueba la acusación, dice: Con el mérito de los antecedentes expuestos, la Comisión declaró admisible la proposición de acusación en contra del señor Ministro de Hacienda por las causales tantas veces mencionadas en este informe. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Me permito hacer presente a la Sala que esta sesión está empalmada con la que se debía celebrar con este mismo objeto a partir de las 12.05 horas, y que la proposición de acusación constitucional se votará no antes de las 18 horas. En discusión la proposición de acusación. El señor TUDELA.- Pido la palabra. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Diputado informante, en conformidad con lo establecido en el artículo 266 del Reglamento. El señor TUDELA.- Señor Presidente, la Comisión de Acusación designada por la Corporación en conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, atribución 1ª, de la Carta Fundamental, pasa a informar la acusación constitucional deducida el día 13 de diciembre de 1972 por la señora Alesandri, doña Silvia, y los señores Arnello, Campos, Díez, Frías, Guerra, Laemmermann, Mercado, Momberg, Phillips y Señoret, en contra del señor Ministro de Hacienda, don Orlando Millas Correa, por la responsabilidad que le cabe en la infracción de la Constitución, atropellamiento de leyes, y por haber dejado otras sin ejecución, cometidas en la forma y oportunidades que se señalan. Como Diputado informante y, a la vez, como Presidente de la Comisión que estudió la acusación en contra del Ministro don Orlando Millas, me permito intervenir en esta sesión a objeto de dar a conocer su labor y su informe. Antes de adoptar las conclusiones a que llegó, la Comisión escuchó a muchos representantes de gremios, de asociaciones de empleados; a dirigentes de la CUT y a altos funcionarios de la Administración Pública. Comparecieron a declarar ante la Comisión las siguientes personas: los señores Milán Capkovic, Eduardo Lorenzo y otros dirigentes de la Asociación de Empleados del Banco Central; Roberto Guerrero, delegado del personal de la Oficina de Santiago del mismo Banco; León Vilarín, Manuel Valdés y Hugo León, dirigentes del Comando Nacional de Acción Gremial; Jorge Godoy, Ramón Fernández y Víctor Herrera, pertenecientes a la directiva de la Central Unica de Trabajadores; Hernán Guerrero y Sergio Campamá, Gerentes de CIC; Alberto Vega, Vicepresidente del Colegio de Ingenieros; Emilio Villarroel y Edgardo Cruz, Presidente y Secretario General del Colegio Médico; Eduardo Arriagada, Presidente del Colegio de Ingenieros; Jorge Navarro, Consejero del mismo Colegio; Ricardo Halabí y Eduardo Aguilar, dirigentes de los Empleados de la Corporación de la Reforma Agraria. Asistieron, además, invitados por la Comisión, el señor Ministro del Interior, don Carlos Prats; don Juan Vadell, Director de Impuestos Internos; el señor Alfonso Inostroza, Presidente del Banco Central de Chile; el señor Superintendente de Bancos y de Sociedades Anónimas, don Héctor Behm; los señores Alfredo Rojas y Delfos López, Director y Asesor de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado; y el doctor señor José Contreras, interventor del Hospital de Curicó. Del libelo acusatorio presentado por 11 señores Diputados, cabe destacar cuatro capítulos importantes: a) Represalias en el Banco Central con motivo del paro gremial del mes de octubre último; b) Represalias en contra del comercio, transporte, industria, construcción y agricultura, mediante discriminación arbitraria del crédito; c) Infracción al artículo 84 de la Ley General de Bancos, que se refiere a la concesión de créditos, directa o indirectamente, a una misma persona natural o jurídica, por una suma que exceda del 5% de su capital pagado y reservas; y ch) Fiscalización inconstitucional e ilegal en viajes al extranjero. Las cuatro partes en que se dividió el libelo fueron ampliamente analizadas por la Comisión, a pesar del escaso tiempo de que dispuso. De todos modos, para enmarcarse dentro de los plazos reglamentarios, hubo necesidad de un espíritu de sacrificio bastante importante de parte de los funcionarios de la Corporación. Yo quiero agradecer la abnegada labor desarrollada por funcionarios de la Secretaría ; por el señor José Vicencio, que se esforzó en entregar y recibir toda la documentación necesaria, en horas que se hicieron cortas para el trabajo realizado; por personal de taquígrafos, que en todo momento colaboró muy eficazmente; por personal de imprenta; en general, por todos los funcionarios de esta Corporación que, con responsabilidad y eficiencia, hicieron posible que la Comisión terminara su labor en el plazo señalado por el Reglamento. Al final, la acusación fue aprobada por 3 votos contra 2, lo que refleja el sentir de los miembros de mayoría de la Comisión, la cual, después de escuchar diversos testimonios en relación a las represalias, recomienda a esta Honorable Sala aprobarla en los mismos términos en que ella lo declaró admisible. Al fundamentar mi voto, que significaba aprobar la acusación, sostuve que emergía un fundamento moral indiscutible, de franca responsabilidad administrativa, en lo que se refiere a las represalias y persecuciones. Debo decir, francamente, y así lo expresé en la Comisión, que los fundamentos del Capítulo III del libelo, donde se habla del artículo 84 de la Ley General de Bancos, que en parte dice: conceder créditos, directa o indirectamente, a una misma persona natural o jurídica, por una suma que exceda del 5% de su capital pagado y reservas, no fueron convincentes para dar pie a un argumento jurídico sostenible. Las explicaciones del señor Director de Impuestos Internos y del señor Superintendente de Bancos fueron aceptables. Más aún, en lo que se refiere al control de las personas que salen al exterior, en cuanto a su documentación personal, antecedentes intachables y deudas con el Fisco, por cualquier concepto, de que habla el Capítulo IV, a mi juicio, es recomendable, saludable, conveniente para el erario y para el prestigio del país en el extranjero. Sobre el control cualitativo del crédito, se dio a conocer la circular Nº 1.087, de 24 de octubre, y la Nº 1.089, de 27 de octubre, que dicen de las instrucciones impartidas a los bancos en el sentido de cumplir normas que obligan a destinar los recursos del sistema bancario a fines productivos. La verdad es que en las normas establecidas se deja claramente señalado que, a contar de la fecha de la circular mencionada, todos los usuarios de crédito bancario deberán acreditar el normal funcionamiento de sus actividades o que éstas no están ilegalmente paralizadas. Se agrega que lo anterior deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por las autoridades competentes, como por ejemplo, Intendencias, Gobernaciones, Carabineros, Dirección de Industria y Comercio u otros organismos dependientes de los Ministerios que en cada caso corresponda. Además, en la circular número 1.094, de 11 de noviembre, en la práctica se derogan las medidas que se indicaban en las referidas circulares, ya que expresa, en su número tercero, lo siguiente: Tan pronto se normalice el funcionamiento de las empresas productivas que hayan sido objeto de la paralización declarada o de la amenaza cierta de paralización de sus actividades, a que se refiere el número anterior, los Bancos cesarán de exigir los certificados que en las Circulares aludidas se señalan. Así, pues, un claro fundamento a esta parte del libelo no tuvo un motivo de real formulación acusatoria. Creo que lo expresado por el señor Ministro de Hacienda en la página dos de su defensa, cuando afirma que El Banco Central de Chile puede funcionar como Banco Comercial, sin las limitaciones propias de éstos. El Banco Central de Chile tiene por objeto propender al desarrollo ordenado y progresivo de la economía nacional mediante una política monetaria y crediticia que, procurando evitar tendencias inflacionarias o depresivas, permita el mayor aprovechamiento de los recursos productivos del país es una defensa que tiene una base de ordenamiento funcional de innegable solidez. Sin embargo, debo detenerme en lo que se refiere a las represalias, que, a nuestro juicio, son la base más firme de una acusación por las consecuencias que ellas están teniendo y, más aún, por la lamentable pérdida de confianza en las afirmaciones de las más altas autoridades de este Gobierno. Porque todos recordamos, a raíz del paro gremial que afectó al país, se llegó a un acuerdo de suspensión de dicho paro y se dijo que no habría represalias. Así se dejó expresamente establecido en un comunicado del Gobierno que suscribieron cuatro Ministros. Aún más, debo recordar, y creo que así lo entendió Chile entero, junto a los gremios en conflicto, que se dejaba en manos del señor Ministro del Interior, General del Ejército de Chile, la confianza en su palabra de soldado y la esperanza de que estas promesas serían cumplidas. Es decir, en un representante tan prestigioso se dejaba entregada la suerte de muchos gremios, el futuro de muchos funcionarios y la solución de una normalización de las actividades productivas en este país. Por esta razón, resultaron muy lamentables a los miembros de la mayoría de la Comisión... El señor ACEVEDO.- ¿Me permite? El señor TUDELA.-... las afirmaciones del Ministro del Interior en el sentido de que, a su juicio, no existían represalias y que el Gobierno había cumplido en todas sus partes el compromiso contraído. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¿Me perdona, señor Tudela? El Diputado señor Acevedo le solicita una interrupción. ¿La concede Su Señoría? El señor TUDELA.- Como no. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Acevedo. El señor ACEVEDO.- Señor Presidente, es sólo respecto de los conceptos que está emitiendo el Diputado informante acerca de la expresión suspensión. En la Comisión, una de las personas que concurrieron poco menos que concordaba con ella el hecho de que la declaración de Gobierno hablara de suspensión, porque ellos también estaban en el mismo propósito de suspender, y eso significaba reanudar el paro en cualquier momento. Pero me parece un absurdo que esa posibilidad de reanudar el paro pueda corresponder tanto al Gobierno como a los empresarios. Y la forma como lo dijo el dirigente del transporte daba la impresión poco menos de que habría habido una conversación y de común acuerdo habría surgido eso. Pero, respecto de esa expresión, se le preguntó categóricamente si acaso había alguna declaración de ese sector gremial, y dijo que no había ninguna. En consecuencia, es una declaración a posteriori, que no tiene ninguna validez. De tal suerte que el colega Diputado informante debe remitirse derechamente al informe y evitar las opiniones personales. Porque partió dando a conocer su propia fundamentación del voto. Es decir, eso es estar poco menos que actuando con camiseta. Que se saque la camiseta y actúe como Diputado informante de la Comisión. Ese es el procedimiento normal y honesto. No puede estar el Diputado informante actuando con camiseta... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ACEVEDO.- Ahora, se acaba de poner otra camiseta. Primero, fue la de él; correcto, la dejamos pasar. Pero ahora se está poniendo otra camiseta. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quiere que las expresiones de algunos de los invitados constituyan, precisamente, la conclusión a que ellos llegaron? El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señor Acevedo, el señor Tudela desea recuperar el uso de la palabra. Puede continuar el señor Diputado informante. El señor ACEVEDO.- Gracias por la interrupción. El señor TUDELA.- En realidad, me atengo a las expresiones vertidas muchas veces por los gremios, que nos las dieron a conocer y respecto de las cuales tengo aquí los antecedentes necesarios. Por lo demás, creo que el Diputado informante puede perfectamente opinar y hacer los comentarios que estime necesarios, y que fueron justamente motivo de discusión dentro de la propia Comisión. Así, continúo señor Presidente. Es necesario destacar en esta Sala que para el señor Ministro el paro fue realmente grave, según lo que informó, y nunca en Chile, de acuerdo con sus palabras, había acontecido un hecho que lesionara más directamente la economía del país. Seguramente el señor Ministro del Interior, por el hecho de haber estado exclusivamente ejerciendo su profesión dentro del Ejército, ignora o ignoró los muchos paros y huelgas que propiciaron los que hoy son gobierno y que afectaron gravemente a la economía del país. Por ejemplo, la huelga del cobre que, todos recordamos, en su oportunidad frenó todos los planes de desarrollo del Gobierno de Frei, y lo que fue más importante, frenó también el plan de construcciones escolares de aquel entonces. El señor GUASTAVINO.- ¿Qué está haciendo el señor Tudela? El señor TUDELA.- Es explicable, entonces, que el actual Ministro del Interior no recuerde... El señor AMUNATEGUI.- ¿Por qué tiene que estar controlando al Diputado informante? Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Amunátegui! ¡Señor Arnello! El señor AMUNATEGUI.- ¿Qué se ha imaginado? El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Amunátegui, llamo al orden a Su Señoría! Puede continuar el señor Tudela. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señores Diputados, ruego evitar las interrupciones de cualquier tipo que sean! Señor Diputado informante, continúe, por favor. El señor TUDELA.- Es explicable, señor Presidente, que el actual Ministro del Interior no recuerde estos hechos, pero lo que no tiene explicación es que afirme que en el país no existen represalias y que en todos los organismos del Estado se han cumplido las promesas que suscribieron en nombre del Gobierno. Esto incide en el pensamiento que se tiene en general, y que se expresó también en la Comisión, en el sentido de que las altas autoridades de este Gobierno, empezando por el propio Presidente de la República, están siempre muy mal informadas; que las órdenes que imparten no son respetadas por los mandos medios, que se burlan de las disposiciones emanadas de ellas... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Sepúlveda, señor Fuentes, don Samuel, llamo al orden a Sus Señorías! El señor SEPULVEDA (don Eduardo).- Estoy diciendo que no dejan escuchar. El señor TUDELA.- ...y que existe un caos de jerarquía imposible de precisar. En cuanto a lo que dice el señor Ministro de Hacienda en su defensa, relacionado con esta materia, no puede aceptarse su fundamento, pues lleva una afirmación que creo debe rechazarse por la gravedad que encierra. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Samuel Fuentes! ¡Señor Arnello! El señor TUDELA.- El señor Ministro de Hacienda dice en una parte de su defensa que los créditos se conceden para fomentar la producción y no para financiar movimientos sediciosos; que el derecho de huelga está reglamentado por la ley, que no consulta las huelgas patronales. Creo que esta afirmación nos lleva a la absurda pretensión que se trata de establecer por los hombres de este Gobierno y que fue claramente expresada por los propios parlamentarios en la Comisión: cuando un paro es obrero, deben admitirse todos los excesos y consecuencias. No se permiten represalias y se debe justificar y amparar, aun cuando esté dirigido en contra de los intereses del país. Cuando un paro lo realizan los gremios, los trabajadores calificados o técnicos o los colegios profesionales, no se puede admitir; es antipatriótico y se pueden ejercer represalias. Si osan discrepar, se rebelan o se manifiestan contrarios a las consignas del Gobierno, que por turno constitucional se autocalifica de popular, se debe perseguir, se puede exonerar y es lícito injuriar por los vehículos publicitarios del Gobierno. El señor GUASTAVINO.- ¿Qué informe es ése? El señor TUDELA.- ¡No voy a hacer un informe a su gusto, señor Diputado! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Guastavino! ¡Señor Palestro, llamo al orden a Su Señoría! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TUDELA.- Sólo se admite una clase de trabajadores: los obreros; nadie más trabaja en Chile... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Guastavino! El señor TUDELA.- ... y despectivamente se califican sus pretensiones de ascender, avanzar y de progresar. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señor Tudela, el señor Guastavino le solicita una interrupción. El señor TUDELA.- No. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- El señor Tudela no desea ser interrumpido. Puede continuar. El señor TUDELA.- Esta absurda calificación del Gobierno, en la cual todos están comprometidos, no puede aceptarse. El señor GUASTAVINO.- ¿Qué informe es ése? El señor TUDELA.- ¡Lo dijeron los gremios en la Comisión! Es necesario que se destierre definitivamente que las prácticas laborales y gremiales, aunque signifique la destitución de un Ministro de Estado. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TUDELA.- Evidentemente... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Ruego al señor Tudela continuar. El señor TUDELA.- Si usted logra acallar al señor Palestro, puedo continuar con tranquilidad. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señor Tudela, ¿me permite? Se suspende la sesión por cinco minutos. Se suspendió la sesión a las 11 horas 27 minutos. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se reanuda la sesión. Puede continuar el señor Diputado informante. El señor TUDELA.- Señor Presidente, decía que si algún gremio osa discrepar, se rebela o se manifiesta contrario a las consignas del Gobierno, se le debe perseguir, se puede exonerar a sus integrantes y es lícito injuriarlos. Sólo se admite una clase de trabajadores: los obreros. Nadie más trabaja en Chile. Evidentemente, reconocemos la larga lucha de la clase obrera por conquistar lo que ha conseguido,... El señor TEJEDA.- ¿Está hablando en nombre de la Comisión, o de quién, señor? El señor TUDELA.- ... y nosotros, los democratacristianos, inalterablemente hemos dado testimonio del reconocimiento y del respeto sincero que tenemos por ella. Muchos de ellos, miles y miles, son destacados camaradas nuestros. Pienso que la injusticia de la discriminación establecida, que lleva a una permanente lucha de clase y a una división de los chilenos, repugna los más hondos sentimientos de todos los trabajadores del país. Con esta concepción se han desarrollado las acciones, consecutivas a) paro gremial, de represalias y persecuciones. ¿Cómo puede negarse que las represalias no existen? ¿Cómo puede negarse que no se han ejercido presiones y descalificadas acciones en contra de los transportistas, del comercio y de las empresas constructoras? ¿Cómo pueden negarse o ignorarse las represalias y persecuciones de funcionarios? Aun, si no diéramos fe a la evidencia de las aseveraciones gravísimas de los señores Vilarín, León y Valdés, quienes aseguran que las persecuciones en contra de los obreros, empleados, técnicos, profesionales, transportistas, comerciantes y empresarios privados, se han mantenido en forma continuada, y que habiendo transcurrido 51 días desde la fecha de la carta pública del General Prats todavía no se ha dado respuesta a ninguno de los documentos entregados, deberíamos atenernos a dos testimonios dados en la Comisión, que encierran manifiesta ilegalidad y atropello a disposiciones vigentes. En primer lugar, en relación a la intervención de las empresas constructoras, resalta un oficio del Departamento Jurídico de la Contraloría General de la República, que dice: Devuelve sin tramitar las resoluciones Nºs 847, 881, 895 y 903, de 1972, de la Dirección de Industria y Comercio. La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a las resoluciones del rubro, por las cuales se dispone la requisición de todas las empresas constructoras que hubieren paralizado sus actividades por huelga, y se designan interventores, en atención a que a su juicio, ellas no se ajustan a derecho. Esto lo dice el Departamento Jurídico de la Contraloría General de la República. En efecto, la referida requisición adolece de una indeterminación en cuanto al objeto del acto, la cual se traduce, como lo ha destacado reiteradamente la jurisprudencia del Organismo Contralor, en una imposibilidad de comprobar en cada caso el cumplimiento de los presupuestos causales que el legislador ha contemplado para hacer viable esa medida y, por ende, no le permite a la Contraloría General ejercer cabalmente sus facultades de control preventivo de legalidad, a través de la toma de razón. El vicio indicado se traduce frecuentemente en reclamaciones de particulares afectados, que aducen la inaplicabilidad de tal requisición indeterminada.... La propia autoridad se ha encontrado, además, en la necesidad de reconocer los efectos jurídicamente distorsionados que tal indeterminación produce, al tener que excluir de tal requisición a determinadas empresas, cuando se ha comprobado, en casos particulares, su no incurrencia en las causales correspondientes. Por otra parte, y en cuanto al fondo de las medidas de requisición aplicadas en relación a empresas constructoras, la Contraloría General debe hacer presente que ella las estima improcedentes, habida consideración a la naturaleza jurídica de éstas. El Organismo Contralor, interpretando el alcance de las normas que consagran la requisición, ha reconocido que ella puede recaer tanto sobre las mercaderías o productos declarados de primera necesidad que han sido objeto de alguna forma de especulación, como sobre los establecimientos industriales o comerciales, que fabrican o distribuyen tales mercaderías, en los mismos casos de comisión de ilícitos económicos, o con ocasión de una distorsión en el mercado constitutiva de un desabastecimiento actual o eventual. En consecuencia, la Contraloría General cree que las resoluciones de epígrafe adolecen de una indeterminación de su objeto, que no le permite ejercer sus facultades de control preventivo de legalidad con ocasión de la toma de razón, frente a los requisitos que en cada caso habilitan para disponer la requisición, y que esta medida ha recaído sobre empresas constructoras que por su naturaleza jurídica no pueden ser consideradas como establecimientos industriales o comerciales, que son las que la ley acepta en su publicación. Es decir, se rechaza el procedimiento de intervenir estas industrias vitales. Sin embargo, la medida se mantiene. Aún más, se ejercen labores ineficientes por los mentados interventores, lo que significa un daño irreparable en algunas construcciones. Otro documento entregado por el Presidente del Comando Nacional de Acción Gremial, señor León Vilarín, se refiere a la medida tomada de alentar un sindicato paralelo en el gremio de los transportistas, al cual se le dan las más amplias facilidades, se le conceden créditos, se le entregan camiones, neumáticos, etcétera. El señor ACEVEDO.- ¿Me permite, colega? Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TUDELA.- Además, se cobra en la Aduana, en la guía de descarga, un 5% de comisión para este organismo paralelo gobiernista, denominado MOPARE, comisión totalmente ilegal, inmoral y claramente discriminatoria. Tengo aquí el documento entregado, en el cual se certifica lo que estoy afirmando. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señor Tudela, el señor Acevedo le solicita una interrupción. El señor TUDELA.- No, señor Presidente. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- El señor Diputado informante no desea ser interrumpido. El señor TUDELA.- Además, tengo un documento instructivo sobre el MOPARE. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Acevedo! ¡Señor Arnello! El señor TUDELA.- Solicito que estos documentos se inserten en la sesión. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Palestro, llamo al orden a Su Señoría! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Les recuerdo a todos los señores Diputados que tendrán derecho a participar en el debate y a hacer sus observaciones en el momento oportuno. Puede continuar el señor Diputado informante. El señor ACEVEDO.- Le pido una interrupción al señor Tudela. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- El Diputado informante es dueño de conceder o no interrupciones. El señor TUDELA.- Solicito, señor Presidente, que esos documentos sean insertados en la versión de esta sesión. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ACEVEDO.- ¡Se está utilizando una versión incompleta de los hechos! El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Acevedo! ¡Señor Tejeda! El señor AMUNATEGUI.- ¿Quién dirige el debate, señor Presidente? El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Tudela. El señor TUDELA.- ¿Y qué dicen los trabajadores del Banco Central, la Asociación de Empleados y el delegado del personal? Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Acevedo! ¡Señor Palestro! El señor TEJEDA.- ¿Cuánto ganan los perseguidos del Banco Central? Un señor DIPUTADO.- ¿Cuáles son los sueldos? Eso no lo dicen. El señor TUDELA.- Ellos dicen: El. señor Ministro del Interior nos señaló en una oportunidad que cualquier dificultad práctica que se presentara con motivo del reintegro o de la reincorporación se la planteáramos a él, porque él ya había conversado con el Ministro de Hacienda, don Orlando Millas, quien también suscribía la declaración oficial del Gobierno y estaba conteste con ese tenor. Nosotros, el día 6 de noviembre dicen los trabajadores del Banco Central nos reintegramos al trabajo. El Banco Central, como ya se ha dicho, nos comunicó con el Comité Ejecutivo de la institución, al que le hicimos presente la situación en que nos encontrábamos y que nos habíamos reintegrado a nuestras labores en el entendido de que se había puesto término a las represalias. La respuesta del Presidente del Banco Central fue que ellos no habían recibido una información oficial del Gobierno y que la recogerían de inmediato del señor Ministro de Hacienda, y en cuanto tuvieran la respuesta nos la harían saber. Así se hizo en el curso de la mañana del lunes 6, en la cual se nos respondió que previa conversación con el señor Ministro de Hacienda, se había concluido que los funcionarios del Banco Central no estaban comprendidos en esta excepción, en esta garantía de no represalia, de manera que se mantenían vigentes todas las medidas adoptadas por el Directorio del Banco Central en sesión Nº 2.343, Extraordinaria, celebrada el 2 de noviembre, en la cual se había resuelto poner término a contratos de funcionarios del Banco y se habían adoptado una serie de medidas con respecto a la organización del Banco Central, que la Directiva de la Asociación de Empleados, de la cual formo parte, concluía que también constituyen parte de las represalias que se adoptaron con motivo de los movimientos gremiales. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TUDELA.- Y se agrega lo siguiente: En vista de esta respuesta, tratamos de entrevistarnos con el señor Ministro de Hacienda, lo que no se pudo hacer en la mañana del día lunes. Pusimos estos antecedentes en conocimiento del Ministro del Interior, quien a las doce de ese día nos concertó una entrevista con el Ministro de Hacienda, a la que asistieron la totalidad de la Directiva de la Asociación de Funcionarios, el Comité Ejecutivo del Banco. Allí se hizo un análisis de la situación en que se encontraba el personal exonerado. Concretamente nosotros pedimos que se diera cumplimiento al compromiso contraído por el Supremo Gobierno y que, por lo tanto, se revocara el acuerdo del Directorio del Banco Central, se reintegrara al personal despedido y se pusiera término a otras medidas, como traslados de personal. La respuesta del señor Ministro de Hacienda fue categórica, en cuanto a que las medidas se mantenían vigentes, que el criterio del Banco Central era ése, que ya se había estudiado el problema y que los funcionarios del Banco en esa situación, no quedaban comprendidos dentro de esta garantía general, pero se ofreció la posibilidad de que los funcionarios despedidos pudieran apelar cada cual en particular. En otra parte de la declaración del personal del Banco, se asegura que, con posterioridad al despido de los 28 funcionarios, se contrataron funcionarios extranjeros, más o menos 20. Esta afirmación fue desmentida enfáticamente por el Presidente del Banco Central, señor Inostroza. Sin embargo, la Comisión conoció, y la tengo en mi poder, una lista de veinte personas, con sus nombres y nacionalidad, contratadas por el Banco, que actualmente ejercen allí sus funciones. Solicito que se incluyan en la versión de esta sesión los nombres de esos funcionarios extranjeros contratados por el Banco Central, para omitir su lectura. El señor FUENTES, don César Baúl (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para incorporar la lista a que ha hecho referencia el Diputado señor Tudela? El señor PALESTRO.- No. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- No hay acuerdo. El señor TUDELA.- La voy a leer: Ulla Hellauist, sueca; Clara Mandler, argentina; Pedro Esparza, español; Esteban Lederman, húngaro; Ornar Flores, cubano; Julio Floristán, cubano; Esteban Ogrodnick, húngaro (nacionalizado) ; Helena Pokorni, checoslovaca; Rodolfo Claro, boliviano; Raúl Fernández, cubano; Fernando Cossio, boliviano; José Jiménez, colombiano; Rodolfo Schmal, uruguayo; Francisco de Souza Da Silva, brasileño; Joaquín Bueso, español; Alexander Schejtman, boliviano; Ana Corossacz, italiana; Franco Marassi, italiano; Stephanka Novy, checoslovaca, y Miguel Requena, francés (nacionalizado). El señor PALESTRO.- ¡Están enojados, porque no hay ningún yanqui entre ellos! El señor TUDELA.- ¿Por qué se niega esta aseveración, que significa contratación masiva do funcionarios extranjeros en cargos de alta responsabilidad? Hablan vatios señores Diputados a la vez. El señor TUDELA.- ¿Es acaso para reemplazar a los chilenos que han sido exonerados? Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Momberg! ¡Señor Lorca, don Gustavo! El señor TUDELA.- La nómina de los veintiocho funcionarios despedidos está en poder de la Comisión. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Momberg!; Señor Laemmermann! Puede continuar el señor Tudela. El señor TUDELA.- La nómina de los 28 funcionarios despedidos está en poder de la Comisión, a disposición de los señores Diputados. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TUDELA.- Debo decir, enfáticamente, que no se ha señalado ni un solo caso especial, fuera, por cierto, de haber adherido a un paro que se ha indicado fue patronal. Muchos de ellos son simples auxiliares; otros, ejecutivos de larga trayectoria, desde luego, con años en el Banco y con carrera funcionaría muy meritoria. El señor ACEVEDO.- ¡Y buen sueldo! El señor TUDELA.- ¿Por qué se les despidió sólo a ellos, si fueron al paro 730 funcionarios? Sólo han dejado al margen a 28 empleados, sin que se les hiciera cargo alguno. ¿Acaso esto no es represalia? ¿Acaso no se ha discriminado? ¿Acaso no se ha prestado para el más abominable espíritu de venganza? A una pregunta mía acerca de qué pensaban sobre esta medida discriminatoria, uno de estos funcionarios despedidos manifestó: Por las averiguaciones que hemos podido hacer hubo mucho de una especie de Tribunal Popular en el Banco. A alguna gente se le acusa de haber estado obstruyendo la entrada. El caso de Andrés Sanfuentes no hemos podido saber específicamente por qué su situación; podemos suponer que Andrés Sanfuentes es miembro del Departamento Técnico de la Democracia Cristiana y ha hecho informes de carácter económico hacia el exterior del país. Suponemos que por ahí puede venir la represalia. El caso de Juan Enrique Navarro. Se le culpa de que el primer día del paro hubo un corte de agua en el Banco. Ha sucedido que muchas veces en el Banco falle el sistema de bombas de agua; ese día se le echa la culpa a él. Y al señor Patricio Pinto, no tenemos la menor idea de cuál fue la razón por la cual se le suspendió. El señor TEJEDA.- ¡Está muy pobre el informe! El señor TUDELA.- Al señor Alfredo Guzmán y al señor Roni Momberg, que es hijo del Diputado, no hemos podido averiguar cuáles han sido las razones por las cuales han sido despedidos. Un señor DIPUTADO.- ¡Lo están ofendiendo, señor Momberg! El señor MOMBERG.- ¡No me puede ofender, porque el colega es amigo mío; mucho menos por la espalda! El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Momberg! El señor TUDELA.- Señor Presidente, esto es muy parecido a lo que aconteció con el despido de los supervisores del cobre, a quienes se les despidió a toda su directiva y a otros que no eran del gusto de algunos marxistas connotados de la empresa. Se aventó a su incipiente asociación gremial y se les persiguió colocándolos en una lista negra en todas las instituciones fiscales del país. Igualmente ha ocurrido con los ingenieros de Ferrocarriles, de Bancos, de CIC, de CHILECTRA, de Ferriloza, de CORMU, etcétera. Al respecto, pido que se solicite el acuerdo de la Sala para insertar en la versión la declaración del Colegio de Ingenieros, en la cual se da razón, justamente, a todo lo que estamos afirmando. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para insertar el documento mencionado por el señor Tudela? El señor TEJEDA.- ¡Cómo se le ocurre! El señor ACEVEDO.- ¡No¡ El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- No hay acuerdo. El señor PALESTRO.- Solicito una interrupción. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señor Tudela, el señor Palestro le solicita una interrupción. El señor TUDELA.- Voy a continuar. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- El señor Tudela no desea ser interrumpido. Puede continuar Su Señoría. El señor TUDELA.- Voy a leer la declaración. El señor SILVA (don Julio).- Salió en todos los diarios. El señor TUDELA.- El Colegio de Ingenieros cree importante dirigirse a la opinión pública para aclarar los principales aspectos relacionados con las represalias a que se han visto sometidos miembros de esta Orden como secuela del conflicto gremial de octubre pasado. Diversas declaraciones y acciones relacionadas con este problema tienden a crear confusión respecto a su verdadera situación. 1. El compromiso que implicaba la declaración del Gobierno del 5 de noviembre, con que se detuvo el paro fue claro y perentorio: No habrá represalias contra las personas naturales o jurídicas por los actos de promoción de estos paros o acatamiento de ellos. Durante las conversaciones sostenidas el día 5 de noviembre con los Ministros firmantes de la declaración se discutió en forma específica las situaciones de los funcionarios con contratos caducados en el Banco Central y Ferrocarriles, estableciéndose en esta ocasión que la garantía dada los cubría plenamente en la medida que no fueran culpables de otros delitos como la realización de sabotajes. 2. El compromiso no se ha cumplido. Esto lo dice el Presidente del Colegio de Ingenieros, Eduardo Arriagada Moreno. De las represalias reclamadas por el Colegio de Ingenieros no se han solucionado hasta hoy día: Ingenieros cesantes: 22: Ferrocarriles, Bancos, CIC, ELECNA, FERRILOZA. Ingenieros sometidos a represalias tales como: impedimentos para hacerse cargo de sus puestos, avisos de no contratación, cambios a funciones de menor jerarquía, atropellos en carreras funcionarías: 40; CHILECTRA, CORMU, Ferrocarriles. Además existe un número no determinado de ingenieros con problemas en empresas constructoras e industrias. 3. El compromiso no se ha cumplido. La comisión ofrecida en él para estudiar los petitorios específicos de los gremios que debía constituirse en la primera quincena de noviembre no lo ha hecho hasta el momento. Problemas tan graves como el desaprovechamiento de nuestra capacidad tecnológica y la falta de condiciones adecuadas para el desempeño profesional siguen pendientes y aún agravados por la persecución contra los profesionales que ha traído como secuela el conflicto gremial. 4. El Colegio ha seguido una política de diálogo con las autoridades, porque: Ha encontrado en los señores Ministros de Economía y Obras Públicas la mejor disposición para cumplir el compromiso tomado. En todos los casos reclamados se planteó una línea de solución para alcanzar este objetivo. No se ha argumentado en el conjunto de reuniones sostenidas con razones que contraríen el espíritu de la Declaración, como ha sucedido en otras declaraciones no hechas directamente al Colegio. 5. No hemos podido mantener el mismo diálogo con el Ministro de la Vivienda o el Ministro de Hacienda que con los mencionados en el punto anterior. 6. El Gobierno en su Declaración ha aducido que en relación con los trabajadores que prestan servicios al Estado, existe la prohibición terminante de declararse en huelga según lo dispone el artículo 165 del Estatuto Administrativo. Este argumento no puede aceptarse, porque los firmantes de la Declaración del 5 de noviembre conocían las disposiciones legales y en ese conocimiento se comprometieron a que no habría represalias y a que la situación para todos aquellos que habían participado en el paro se retrotraería a aquélla que existía antes de su iniciación. 7. El Gobierno en su Declaración establece la falta de derecho del Colegio de dar una orden de paralización, pero ni la Contraloría ni ningún tribunal ha determinado la ilegalidad de esta acción del Colegio, encuadrada dentro de una práctica común en instituciones como ésta, a las que su ley orgánica obliga a mantener la disciplina profesional y a prestar protección a sus miembros y con un precedente tan importante como actos similares realizados por el Colegio Médico de Chile, a los que fue llevado en dos oportunidades por el actual Presidente de la República, doctor Salvador Allende Gossens, según lo ha manifestado personalmente Su Excelencia. Por otra parte, si esto era así para el Gobierno, no debía haberse aceptado la participación de los Colegios Profesionales en la comisión negociadora de la detención del conflicto ni haberlos incluido en las garantías ofrecidas. 8. El Gobierno ha declarado que las garantías no cubren a quienes perdieron sus puestos antes de la declaración oficial. Este planteamiento es absolutamente incompatible con los términos del acuerdo y de tal manera absurdo, que de haber sido formulado oportunamente habría imposibilitado la aceptación de la petición de las autoridades de detener el paro. 9. La Declaración del Gobierno del 12 del presente establece un mecanismo de apelación individual. Esta es una condición sumamente peligrosa, no hubo paros de personas que individualmente dejaron de trabajar: fueron gremios enteros que decidieron actuar en conjunto; el compromiso suscrito por los cuatro Ministros también lo fue con los gremios y no con cada individuo... El señor PALESTRO.- ¡Gremios de patrones! El señor TUDELA.- No nos oponemos a que cada persona defienda su posición de acuerdo a la invitación que al respecto hace el Gobierno, pero ello no significa que aceptamos que esta sea la última instancia de reclamos y que desistamos de nuestra acción como gremio. 10. Los profesionales afectados están injustamente sancionados, ya que aparte del compromiso de no aplicar represalias tantas veces mencionado, su culpa es la de por el Colegio de Ingenieros, mandato que ellos no podían desobedecer, ya que al hacerlo se hacían merecedores de sanciones que este Colegio pudo haber aplicado y que hubiera perjudicado en forma grave sus ejercicios profesionales. En todo caso, cualquier sanción derivada de la realización de este paro debe afectar a las autoridades del Colegio que lo ordenaron y no a sus miembros, quienes no han tenido una participación directa en la toma de decisión, sino sólo una actitud lógica de acatamiento de la disciplina de la institución. 11. Mantenemos nuestra confianza en que se cumplirá el compromiso, nos preocupan las tergiversaciones que sobra el tema se han dado y nos preocupa la tardanza en la solución. En forma muy enfática este Colegio reitera su decisión inquebrantable de continuar nuestra lucha hasta que se haya cumplido la promesa avalada por la palabra de un General de la República. 12. Pedimos y esperamos solidaridad de todas las organizaciones gremiales, sociales y políticas del país para que desarrollen las acciones que sean conducentes a que se nos haga justicia, lo que excede del ámbito de nuestros intereses rara transformarse en la defensa de valores fundamentales de la patria. Esto dice la declaración del Colegio de Ingenieros en relación a la acción de las represalias del conflicto gremial último, y que está formada por el ingeniero Eduardo Arriagada Moreno. Además, es interesante destacar la intervención del Director de Ferrocarriles, que ha mantenido a ingenieros, colegas de él, despedidos, y a otros, desterrados en una sección especial llamada muy pintorescamente El patio de los elefantes, y que a pesar de las muchas conversaciones con el Presidente del Colegio de Ingenieros, se ha mantenido en sus disposiciones para conservar la imagen, como se expresó de jefe duro, de jefe legalista, de jefe intransigente, de jefe inconmovible. Es decir, es el más caracterizado funcionario de este régimen, que al igual que todos los altos jerarcas de este Gobierno, llamado o autocalificado Gobierno Popular, no soporta huelgas ilegales, movimientos de protesta, paro de los trabajadores y huelgas en apoyo o en solidaridad con otros gremios en conflicto o en mandato de sus respectivos colegios o asociaciones sindicales. ¡Qué lejos parecen en el tiempo, como se recordó en la Comisión, aquellos paros, huelgas, movimientos y declaraciones oportunistas del entonces líder de la Izquierda, Salvador Allende, cuando afirmaba que no había huelgas legales o ilegales sino huelgas justas o injustas! Igualmente ha sucedido con los médicos que adhirieron al paro gremial de octubre. En declaración del Presidente del Colegio Médico se ha señalado que, a pesar de las promesas de que no habría represalias, se han ordenado instruir sumarios administrativos a todos los médicos y personales del Servicio Nacional de Salud que fueron al paro declarado por las bases del colegio respectivo. Es necesario acentuar una afirmación del Presidente del Colegio Médico, porque encierra toda una verdad por las características que hemos estado verificando, pues ha dicho que existe el deliberado propósito del Gobierno de liquidar los colegios profesionales, y que se ha vulnerado la lucha gremial en Chile. A una consulta que se hizo acerca de por qué el gremio médico había ido al paro, se respondió que... La señora ALTAMIRANO (doña Amanda).- Porque ganaban poco. El señor TEJEDA.- Porque ganaban poco. El señor PALESTRO.- Porque ganaban poco. El señor TUDELA.- ...fue en apoyo al gremio de los camioneros, que hacía uso de un derecho de paro, y que se les apresó. Los médicos han creído que si esto sucedía una vez, y se dejaba pasar, era una cosa que iba a ser costumbre. He aquí las causas de que en Chile se esté perdiendo la confianza, y se esté dividiendo a los chilenos. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- Señora Altamirano, por favor, no contribuya con el señor Palestro. El señor TUDELA.- Existe el claro e indisimulado interés en destruir los gremios organizados, en liquidar los colegios profesionales, en perseguir con una insensatez increíble a los técnicos, a los estudiosos, a los mandos directivos, a los que en este país deberían tenerlos en lugar de destacada participación profesional. El señor TEJEDA.- ¿Por qué no se refiere a la acusación? El señor TUDELA.- ¿Qué se pretende? ¿Qué va a pasar con los ingenieros, auditores, contadores, médicos, abogados, arquitectos, revisores, etcétera, en fin, con todos esos trabajadores que han sido despedidos y que están actualmente cesantes? ¿Acaso se pueden reemplazar de la noche a la mañana? ¿No es responsabilidad del Ministro de Hacienda cumplir lo expresado, afirmado y publicado al término del paro, de que no habría represalias, afirmación que los profesionales creyeron derechamente? ¿Qué dice de esta frustración a la confianza en la palabra de los hombres de Gobierno el señor Ministro del Interior, que es un General de la República y que está presente en esta Sala? Señor Presidente, mucho se ha publicado en estos días, en la prensa en general, acerca de esta acusación al señor Ministro de Hacienda. Cada cual ha escrito sobre ella según el particular cristal con que la ha mirado. Se ha dicho que es una acusación reaccionaria, que se está jugando con fuego, que se puede llegar a la guerra civil esto, lo publicó El Siglo, en un editorial, y se llama al pueblo a movilizarse para castigar a estos reaccionarios que están presentando esta acusación o que la están apoyando. El señor TEJEDA.- Y, ¿le parece mal? El señor TUDELA.- Se pierden las proporciones, señor Presidente, ya se pretende amenazar las prerrogativas constitucionales que los parlamentarios tienen para fiscalizar y acusar a un Ministro cuando ha faltado gravemente a su palabra empeñada, y lleva a muchas instituciones, gremios y asociaciones a extremos imprevisibles ... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- Señor Palestro. ¡Señor Palestro, por favor! El señor TUDELA.- Se ha dicho que es una venganza, que se pretende ocultar... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- Señores Diputados. El señor TUDELA.- ...el mercado negro, los saboteadores, los chantajistas. Todo es una ridícula farsa. Por nuestra parte, hemos sostenido, y lo reiteramos, que estamos aprobando esta acusación en defensa de los trabajadores y gremios en conflicto. El señor TEJEDA.- ¿De cuáles trabajadores? El señor TUDELA.- Ellos han deseado que apoyemos esta acusación, y en esta situación estaremos hasta que se les solucionen sus problemas... El señor TEJEDA.- Están chantajeando. El señor TUDELA.- Sólo cambiaremos nuestro criterio a expresa petición de ellos. A la Democracia Cristiana le interesa llegar a una solución concreta y satisfactoria que solucione las represalias y las persecuciones en la Administración Pública, especialmente en los sectores del agro, que están sufriendo en estos instantes traslados, despidos y arbitrariedades. Nos interesa que al comercio, a la industria, a los transportistas, a las empresas constructoras, se les deje trabajar tranquilos y no se les siga persiguiendo y acosando en sus actividades... El señor PALESTRO.- ¿Y cuando ustedes echaron a mil trabajadores a la calle? El señor SANHUEZA (Presidente).- Señor Palestro. El señor TUDELA.- En fin, nos interesa que vuelva el país a la normalidad, que los chilenos les crean a sus gobernantes cuando prometen algo, y que no se les engañe burdamente... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- ¿Señor Tíldela, me excusa? El señor Palestro le solicita una interrupción. El señor TUDELA.- He dicho que no deseo ser interrumpido, señor Presidente. Voy a terminar muy luego. El señor SANHUEZA (Presidente).- Puede continuar el señor Tudela. El señor TUDELA.- La solución a todos los requerimientos no significa para el Gobierno perder imagen legalista, ni claudicar de sus principios, ni gastos extraordinarios, ni gran despliegue de publicidad. Estaremos esperando una respuesta del Gobierno, y no nos detendrán las intenciones de levantar las masas y al pueblo en contra del Parlamento. Si la situación persiste, los democratacristianos, a instancias de los trabajadores, de los gremios y de todos los afectados por estas manifiestas represalias y persecuciones, estaremos por la destitución constitucional, apoyando la acusación presentada. Nada más, señor Presidente. Hablan varios señores. Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- Ofrezco la palabra al señor Ministro de Hacienda, don Orlando Millas. El señor PALESTRO.- ¿Me permite una interrupción? El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, fui Diputado más de once años. Formulé, como cada uno de los actuales integrantes de esta Corporación, la promesa de guardar la Constitución del Estado. La cumplí y, ahora, entro a este debate demandando a mis antiguos colegas de hemiciclo el cumplimiento de sus deberes y el acatamiento a las normas de la Carta Fundamental. En la hora actual de Chile, ello reviste mucha importancia. Por sobre muchos asuntos en áspera controversia, es de primordial interés nacional que se respete el Estado de Derecho. Hay gente que acumula rabia porque nuestra patria tiene un gobierno popular y se cumplen en ella transformaciones sociales profundas. Agentes de poderosos consorcios imperialistas, como la ITT, estuvieron mezclados en la conjura que condujo al asesinato del entonces Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider. El afán sedicioso se ha continuado manifestando en múltiples formas y, con ocasión del movimiento antipatriótico que intentó paralizar el país en octubre último, los persone-ros de la ultraderecha proclamaron su desprecio por las elecciones parlamentarias de marzo próximo, y enarbolan la consigna de la resistencia civil, o sea, del incumplimiento de la Constitución y de las leyes, de la ruptura del orden jurídico. El Reglamento de esta Cámara me impide atribuirles a algunos Diputados intenciones o sentimientos opuestos a sus deberes, pero me autoriza a juzgar sus actos oficiales como opuestos a las leyes o al bien público. Por eso, no tengo derecho a indicar en este debate las intenciones que se contraponen en el libelo acusatorio presentado por once Diputados en mi contra. Le corresponderá al pueblo pronunciarse al respecto. Sin embargo, creo que eso no es lo más trascendente. El asunto reside en que los Diputados acusadores, al actuar como tales, lo han hecho atropellando la Constitución. Esta no es una defensa que yo vaya a necesitar. El Reglamento de la Cámara, en el inciso segundo de su artículo 266, me otorga el derecho a hacer uso de la palabra sobre la materia de la acusación, y lo establece en los términos más amplios. En mi caso no cabe una defensa propiamente tal, porque el libelo me acusa, en forma asaz paradójica, precisamente de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, de mantener en actividad los servicios a mi cargo, de defender la economía nacional. Sin embargo, como el Reglamento establece que puedo hablar hasta dos horas para referirme a la cuestión en debate, lo hago para denunciar el carácter inconstitucional del libelo y precisar las responsabilidades de sus autores. Lamento la votación de la Comisión que ha informado a esta Cámara. Comprendo, porque he vivido en el Parlamento largas jornadas, que por la vía de acuerdos de partidos se pueda incurrir en errores y, a veces, en horrores. A pesar de ello, respeto el régimen de partidos, superior desde todo punto de vista a la anarquía individualista. El Diputado informante señor Tudela ha cumplido el mandato derivado de la votación de la Comisión, pero permítaseme que prefiera no polemizar con él, sino con el libelo acusatorio. Debo dejar constancia brevemente, sí, de que el señor Tudela se ha referido a una gran cantidad de materias que no tienen relación con el Ministerio de Hacienda, que ejerzo, ni con materias de acusación constitucional, o que no tienen relación alguna con lo expuesto en el libelo acusatorio a que se ciñe el presente debate de la Corporación. Entre las cosas que el señor Tudela señaló, y que sería largo entrar a debatir, porque son totalmente extrañas a este debate, debo dejar constancia de que, en cuanto a respuestas a formulaciones hechas por dirigentes de organismos que promovieron el paro de octubre, el gobierno ha dado amplias, completas y circunstanciadas respuestas en la declaración formulada por el Gabinete, aprobada mientras era Vicepresidente de la República el General Prats, y leída a través de cadena nacional de radio y televisión por quien era en ese momento Ministro del Interior, José Tohá. Debo señalar que es absolutamente falsa la imputación recogida por dirigentes de la Asociación de Empleados del Banco Central de que se haya contratado personal extranjero para reemplazar a alguno de los empleados despedidos en el Banco Central. De la lista que dio a conocer el señor Tudela de 19 funcionarios del Banco, hay algunos que actualmente no lo son. En general, es personal técnico, traductores, economistas, algunos muy antiguos en el Banco Central; otros han sido contratados en diversas oportunidades, todos con anterioridad a los despidos recientes; algunos propuestos para los cargos por jefes de secciones, que son, precisamente, algunos de los que han sido objeto de estas medidas. Entre ellos hay quienes, como Pedro Esparza, Esteban Lederman, Alexander Schejtman, efectivamente nacieron en el extranjero, pero viven aquí desde niños, recibieron su educación primaria en Chile, fueron brillantes alumnos de la Escuela de Economía y son funcionarios vinculados a las actividades que les corresponde en el Banco como economistas de prestigio en el país. En el caso de don Miguel Requena, francés, efectivamente es de origen francés, nacionalizado chileno. En el caso de los dos españoles, tienen doble nacionalidad, de acuerdo con nuestras normas constitucionales. El señor PALESTRO.- ¡Racismo puro de la derecha...! El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Repito que, al someterme a la limitación reglamentaria, de ninguna manera podría atribuir a los once Diputados que firmaron el libelo alguna mala intención o sentimientos opuestos a sus deberes. ¡Dios me libre de suponérselos! Pero, al margen de sus propósitos y cualquiera que ellos hayan sido, debo dejar constancia de que, objetivamente, la presentación al Parlamento de un documento como el suyo conduce al desprestigio del Congreso y atenta de hecho contra la respetabilidad de las instituciones constitucionales. He hecho esfuerzos por entender el libelo acusatorio. Cada señor Diputado ha dispuesto de él; algunos lo tienen en su pupitre y pueden confirmar lo que digo. Se trata de un documento sumario, quizás si el más breve que se haya presentado en la historia de esta Cámara, como fundamento de una acusación constitucional, a un Ministro de Estado. No obstante, para llenar trabajosamente sus diez carillas, los que lo firmaron debieron repetir casi íntegramente en la carilla seis lo que decía en la carilla cinco; o sea, repetir la cinco en la seis; por lo tanto, ambas son casi idénticas. Lo novedoso es que de las mismas consideraciones deducen en la carilla cinco determinadas conclusiones y, en la seis, otras distintas y opuestas a las anteriores. ¿En qué quedamos? ¿No pudo haberse tenido un mayor respeto por esta Corporación y por el país? El artículo 261 del Reglamento de la Cámara exige que las proposiciones de acusación, en los casos a que se refiere el número lº del artículo 39 de la Constitución Política se formularán siempre por escrito. Debe deducirse, como requisito elemental, que lo sean en castellano; los autores del libelo no lo entendieron así y no se dieron el trabajo de que alguien les tradujese su engendro. Para contestar este libelo, debí comenzar por hacerlo inteligible. Tratando de adivinar lo que sus firmantes parecen querer decir, fui colocándoles acentos a las palabras que deben tenerlo marcado. A la proposición a la liberé, cuando aparece en el líbelo, del innecesario acompañamiento de la letra h. En cambio, tuve que devolverles sus h a las formas del verbo haber que habían sido despojadas de ellas. Algunas palabras usadas por estos acusadores dan bastante que hacer. Por ejemplo, se solazan a cada paso refiriéndose al derecho extricto y a otras extricteses. Finalmente, he supuesto que se trata del adjetivo estricto que, a pesar de su antigüedad castellana derivada del latín strictus, repentinamente cayó en el devaneo de disfrazarse y se hizo irreconocible al vestirse con una x estrambótica. En cuanto a conceder y otras palabras inverosímiles, podría creerse que se trata de términos parecidos que se usan en castellano, como es, en el caso indicado, el verbo conceder. Quizás sea, más bien, tarea de paleontólogos descifrar este libelo acusatorio. Aunque, para precisar no se trata de descubrir en el estudio de los fósiles los primeros antecedentes de una cultura, sino del análisis de una expresión característica de la incultura y de la decadencia de una casta. Podemos tomar, al azar, cualquier párrafo del libelo. Por ejemplo, invito a los señores Diputados a releer el párrafo final de la carilla cinco, ya que me he referido a ella. Desafío a que alguien pueda encontrar alguna racionalidad en ese párrafo donde sin una sola coma ni menos un punto, se agrupan desordenadamente, sin formar una frase propiamente tal, las siguientes palabras: Al respecto es de señalar que en derecho público la facultad son de derecho extricto pudiendo hacerse sólo lo que la ley permite no hay texto legal alguno que autorice al Banco Central a conceder créditos como los Bancos Comerciales. En la semana en que el Parlamento despacha la ley de Presupuestos, once señores Diputados de Derecha se han entretenido en obligar al Ministro de Hacienda a dedicar tiempo al juego kafkiano de descifrar galimatías de esa especie. Pero, indudablemente, a pesar de todos sus horrores antiortográficos, antisintáxicos y antilógicos, la forma del libelo es superior a su contenido. Una vez vertido al castellano lo que han querido decir los Diputados acusadores, descubrimos una especie de tesis contra el Estado de Derecho y contra el ordenamiento jurídico. Posiblemente, un sicoanalista podrá determinar si el desorden y la oscuridad del estilo han obedecido, de parte de los firmantes del libelo, a cierto pudor, que los llevó inconscientemente a pretender ocultarse tras las faltas de concordancia gramatical y ortográfica, a un planteamiento vergonzoso. En el encabezamiento del libelo se indica que la acusación se basaría en tres tipos de delitos: infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes y haber dejado otras sin ejecutar. Pero, en todo el texto del libelo no se vuelve a mencionar, en parte alguna, que se me impute el haber dejado alguna ley sin ejecución. Finalmente, en el párrafo en que se resume el libelo, se repite, citando el comienzo, aquello de dejar leyes sin ejecución, a pesar de lo cual, al sintetizar aquí cuatro capítulos, en ninguno de ellos se menta lo indicado. He querido detenerme, en primer término, en dejar constancia de que los autores del libelo no pudieron encontrar, a pesar de su empeño, caso alguno en que el Ministro de Hacienda haya dejado una ley sin ejecutar. Es útil tenerlo en cuenta, ya que la acusación denomina arbitrariamente infracción a la Constitución y atropello de ley, precisamente el cumplimiento estricto de las disposiciones vigentes. En el abuso de las acusaciones constitucionales se ha llegado al colmo, en este pintoresco libelo, de enjuiciar al Ministro de Hacienda porque cumple las leyes y las hace cumplir. La primera carilla del libelo contiene algunas disquisiciones sobre la responsabilidad de los Ministros de Estado. Buscando una autoridad para apoyar sus argumentos, los firmantes del libelo me citan en forma expresa, recordando lo que sostuve en el ejercicio del cargo parlamentario. Lo lamentable es que sólo me citan, sin haberse dado el trabajo de estudiar mis intervenciones referentes a ese tema. Si lo hubiesen hecho, se habrían percatado de que en este tiempo de los antipoemas, ellos lo que han intentado confeccionar es algo así como una antiacusación o un antilibelo. En la sesión de la Cámara del 17 de septiembre de 1963, al sostener una acusación constitucional contra el entonces Ministro de Salud Pública, definí el concepto de delito ministerial, conocido por los tratadistas de Derecho Público, y fundamenté el cargo a ese señor Ministro de infracción muy concreta de un artículo preciso de la Constitución Política. Con absoluta consecuencia, apoyé más tarde, una acusación constitucional contra un Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, en razón de infracciones de determinadas disposiciones legales importantes. La misma consecuencia tuve en la intervención que los actuales Diputados recordarán frente a una acusación constitucional interpuesta contra el ex Ministro del Interior, señor Patricio Rojas. Profundas discrepancias políticas separaban a mi partido del Gobierno de esa época y, en especial, de su señor Ministro Rojas. Como causal de la acusación se esgrimía un valor muy caro para nosotros, que, como Diputado, defendí siempre con la mayor dedicación, cual es la libertad de prensa. Estábamos en esos días realizando el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile. Integraba la presidencia de ese torneo y podía excusarme, justificadamente, de concurrir al debate de la Cámara; sin embargo, vine a hacerlo. Como Diputado de una Oposición áspera, pero no ciega, que se ejercía en base a principios, defendí ese día al Ministro adversario, y expliqué en este Hemiciclo las razones que nos llevaban a los comunistas a proceder así. En primer término, habíamos examinado el libelo, que era un documento de redacción impecable, serio y acucioso, con la firma, incluso, de Diputados aliados nuestros, y habíamos llegado a la conclusión de que no lograba configurar delitos ministeriales propiamente tales, y no nos resultaba jurídicamente convincente. En segundo lugar, lo que era igualmente decisivo, estimamos que la acusación se fundamentaba más allá de los sanos propósitos de sus autores, en actuaciones del Ministro cumplidas cuando había amparado el orden jurídico y las instituciones republicanas, enfrentando el denominado Tacnazo, o sea, un intento de socavar la disciplina de las Fuerzas Armadas y de trastrocar el desarrollo democrático de los acontecimientos. Frente a elementos como el señor Viaux y los de su calaña, hemos sido siempre intransigentes, velando por la preservación de valores fundamentales, muy caros a la clase obrera y al pueblo de Chile. Por eso, sin jactancia ni prepotencia, tengo derecho a decir esta mañana, aquí, que hablo con autoridad moral, pudiendo exhibir el respaldo de una vida muy modesta, pero muy limpia. Prescribe el artículo 39 de la Constitución Política del Estado que es atribución exclusiva de la Cámara de Diputados declarar si han o no lugar las acusaciones que diez, a lo menos, de sus miembros formularen en contra de los Ministros de Estado, por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, soborno, infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado sin ejecución y por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nación. La letra y el espíritu del texto constitucional son claros: los Secretarios del Estado somos responsables políticamente frente al Congreso Nacional, por ciertos hechos que el constituyente enumera taxativamente y cuya comisión por un Ministro de Estado puede conducir a su destitución. Por consiguiente, toda acusación constitucional debe fundarse, precisamente, en la existencia de alguno de los hechos que se describen en el artículo 39 de la Constitución Política, cuando ellos pudieren imputarse a un Secretario de Estado. Toda pretensión de destituir a un Ministro de Estado sin que concurran los supuestos constitucionales previstos en nuestra Carta Fundamental no solamente implica una liviandad incalificable, sino además, configura un grave atentado a la propia Constitución Política. Recuérdese que los constituyentes de 1925 reaccionaron severamente contra las prácticas y los vicios del parlamentarismo que, durante decenas de años, habían sumido a las instituciones republicanas en un marasmo, y especialmente contra el uso y el abuso de la censura a los Ministros de Estado. De allí que la Constitución Política de 1925 señale expresamente que los Secretarios de Estado somos funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República, y que nos mantendremos en nuestros puestos mientras contemos con ella, como lo dispone el Nº 5º del artículo 72 de la Carta Fundamental. Más aún, los constituyentes de 1925 se cuidaron de señalar que la fiscalización de los actos del gobierno por la Cámara de Diputados no afectaría la responsabilidad política de los Ministros. Así lo establece el Nº 2 del artículo 39 de nuestra Carta Fundamental. La acusación constitucional constituye, entonces, una institución que hace excepción a principios claramente manifestados en nuestra Carta Política y, por lo mismo, sólo puede entenderse dentro de los límites que el constituyente le ha aplicado. Toda pretensión en contrario significa lisa y llanamente, vulnerar el contexto constitucional pertinente, restablecer censurables prácticas parlamentarias, demoler nuestras instituciones republicanas. Repetimos, lamentablemente la acusación sobre la que deberán pronunciarse los señores Diputados es un modelo de atentado contra la Constitución Política. Esta acusación dice fundarse en vagas infracciones a la Constitución Política y en un no menos vago atropellamiento a las leyes, pero los hechos que configurarían estas causales son descritos con poca o ninguna precisión. Tampoco se indica, en muchos casos, cuáles serían los textos constitucionales o legales infringidos; menos aún las razones por las cuales estos preceptos deberían entenderse infringidos. La acusación carece, pues, de todo fundamento. Es arbitraria, desaprensiva, frívola. No tiene otra justificación que el propósito de destruir a un Ministro del Gobierno Popular. Quienes la formularon están vulnerando gravemente nuestra Carta Fundamental. El capítulo fundamental de la acusación me atribuye responsabilidad constitucional por lo que denomina represalias en el Banco Central, con motivo de lo que se pretendió hacer pasar por un paro gremial, en el mes de octubre último. Tales represalias implicarían atropellos a la Constitución y a la ley y, en el caso específico del Banco Central, un abuso de poder, en cuanto se habrían disfrazado como una reorganización. Los despidos de funcionarios del Banco Central, por último, se habrían hecho vulnerando claras disposiciones laborales y reglamentarias. Lo que mis acusadores llaman represalias, es la declaración de caducidad de los contratos de trabajo de funcionarios de la exclusiva confianza del directorio del Banco Central de Chile, los que, como se recuerda en el libelo acusatorio, adhirieron al paro sedicioso del mes de octubre pasado. Quienes formulan la acusación no precisan las circunstancias en que se declaró la caducidad de los contratos de trabajo de dichos funcionarios del Banco Central de Chile, porque la mera enunciación de esas circunstancias nos mostraría lo que ya expuse. Esos funcionarios se negaron a prestar servicios al Banco, infringiendo gravemente los deberes que les imponían sus contratos de trabajo, y cometieron otras faltas calificadas. En el Banco Central fueron al paro 700 funcionarios: pero sólo se castigó a los 28 que debían responder por faltas más graves. A los otros 670 se les reincorporó, de acuerdo con la declaración gubernativa. Quienes formulan la acusación omiten señalar cuáles serían los preceptos constitucionales, legales o reglamentarios que se habrían vulnerado al procederse así y menos aún la manera cómo se habrían producido las infracciones que denuncian. Tampoco se trata de una inadvertencia. No. Simplemente, mis acusadores se encontraron en la imposibilidad de referir esa denuncia genérica a un determinado precepto constitucional o legal que pudiere estimarse infringido. La razón de la sinrazón de esta acusación supuestamente constitucional comienza entonces a emerger. Mis acusadores pretenden la destitución de un Ministro del Gobierno Popular, pasando por encima de la Constitución Política del Estado, que establece que los Secretarios de Estado son funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República. Mis acusadores pretenden que el Congreso Nacional destituya a un Ministro del Gobierno Popular, a pretexto de que éste habría vulnerado la Constitución y la ley, aunque les sea absolutamente imposible indicar una norma atropellada. La verdad es que bastaría con lo expuesto para tener por contestado el primer capítulo de la acusación. Sin embarro, es bueno para la salud pública hacer claridad sobre algunas cosas que mis acusadores han querido silenciar. Ya expliqué quiénes violaron sus deberes legales en el Banco Central. No fue el Gobierno; al contrario. El país sabe que, con motivo del movimiento que iniciaron los dueños de camiones en octubre último, a partir del día 17 de ese mes se inició, a su vez, un paro de solidaridad de una parte del personal del Banco Central de Chile, paro que fue acatado por más o menos 700 funcionarios, de los cuales poco más de 20 se encuentran justificadamente despedidos. Esos funcionarios que desempeñaban tareas importantes en el Banco Central de Chile no se limitaron a dejar de concurrir al trabajo y negarse a prestar servicios al Banco, infringiendo gravemente los deberes que les imponían sus contratos de trabajo. Pesa sobre ellos otra serie de acusaciones fundadas... El señor SANHUEZA (Presidente).- ¿Me excusa señor Ministro? El señor Momberg le solicita una interrupción. El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Entiendo que será con cargo al tiempo del señor Diputado, porque yo deseo ocupar mi tiempo en lo que corresponde, de acuerdo con el Reglamento. El señor SANHUEZA (Presidente).- Es con cargo a su tiempo, señor Ministro. El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Con cargo a mi tiempo no puedo conceder interrupciones. El señor MOMBERG.- Son sólo dos minutos. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- Señor Momberg, el señor Ministro no desea ser interrumpido. El señor MILLAS.- Con fecha 28 de octubre, el Comité Ejecutivo resolvió declarar la caducidad de sus contratos. El día 2 de noviembre último, el directorio del Banco Central de Chile, en sesión extraordinaria Nº 2.343, resolvió aprobar esa determinación del Comité Ejecutivo y procedió a una inmediata reorganización del personal del Banco, comunicando el despido a quienes habían sido afectados por esa medida. Ella se ajustaba estrictamente a la ley. Los funcionarios despedidos tenían contractualmente el deber de prestar servicios en forma continuada al Banco Central de Chile, y ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria les permitía suspender el cumplimiento de ese deber para adherir a un supuesto paro gremial. Les eran plenamente aplicables, entonces, las disposiciones de la ley Nº 16.455, sobre inamovilidad, que autorizan al empleador para poner término al contrato de trabajo, entre otros casos, por la no concurrencia del trabajador a sus labores sin causa justificada durante dos días seguidos. .., por el abandono del trabajo por parte del trabajador..., y por el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. Así lo establecen los Nºs. 6º, 7º y 11 de la precitada ley Nº 16.455. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- ¡Señor Momberg! El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Más aún. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- ¡Señor Momberg! El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- La conducta de estos funcionarios configuró claramente el delito sancionado por el artículo 11 de la Ley de Seguridad del Estado, que castiga toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos o de utilidad pública. La circunstancia de que el Supremo Gobierno no haya interpuesto querella para la aplicación de una condigna sanción a quienes participaron en este fracasado paro de un servicio público de la importancia del Banco Central de Chile, pone de manifiesto, una vez más, cómo el Gobierno ha observado los términos de su declaración del 5 de noviembre último. El libelo acusatorio no pretende justificar expresamente la conducta de los funcionarios despedidos. Pero la verdad es que la existencia de este libelo acusatorio constituye un acto incalificable da apoyo a la infracción de la ley y al desafío contra las instituciones democráticas. Ningún funcionario del Banco Central de Chile y especialmente de los que desempeñan cargos de la exclusiva confianza del Directorio del Banco podía dejar de concurrir al trabajo a pretexto de solidarizar con un paro de transportistas. Es una verdad irredargüible. Sus contratos de trabajo les imponían el deber de prestar sus servicios en forma continuada al Banco. La legislación penal les prohibía toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga, so pena de incurrir en un delito sancionado por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ningún precepto constitucional o legal establecía una excepción en este sentido. No existía causa justificada alguna, entonces, que les permitiera proceder como lo hicieron. No puede sostenerse que sea causa justificada haber ido a un paro en virtud de un acuerdo de la directiva de la Asociación Nacional de Empleados de ese Banco, porque ese acuerdo es, en sí mismo, ilegal. En cuanto a los abogados despedidos de ese Banco, no tienen derecho a ampararse en una orden expedida ilegítimamente por el Consejo General del Colegio de Abogados. El señor Contralor General de la República y todos los señores Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que intervinieron en procesos relacionados con el paro de octubre, concordaron como no podían dejar de hacerlo en su carácter ilegal. En el dictamen Nº 76.975, de 18 de octubre recién pasado, el señor Contralor General de la República, reiterando una jurisprudencia permanente de ese organismo, declaró que los profesionales de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado afiliados al Colegio de Ingenieros de Chile, están afectos, en su calidad de funcionarios de un servicio público, a las obligaciones, prohibiciones y responsabilidades que emanan de esta condición y que fija el estatuto jurídico especial que les es aplicable en tal virtud. Entre esas disposiciones figura la que contiene el artículo 11 de la ley Nº 12.927 sobre Seguridad Interior del Estado, que sanciona toda interrupción o suspensión colectiva, paro o huelga de los servicios públicos..., que impone, por consiguiente, a los personales de esos servicios, la prohibición de paralizar sus actividades y que permite sancionar la infracción del precepto como una contravención a la disciplina administrativa, a que se hayan sujetos, al margen de las demás responsabilidades que ella puede irrogar. Lo que he dicho es la lectura del dictamen, tal como, textualmente, fue emitido por el Contralor General de la República. Este razonamiento es plenamente aplicable a los funcionarios del Banco Central de Chile que, en la misma época en que fue emitido este dictamen, iniciaron su paro gremial. Los acusadores reconocen, en otra parte de su contradictorio libelo, que el Banco Central de Chile es un servicio público. Efectivamente, el Banco Central de Chile es un servicio público, como, en forma expresa, lo sostiene la doctrina administrativa de nuestro país. Al respecto, basta leer lo que en su Tratado de Derecho Administrativo Chileno y Comparado, tomo II, página 344 a la 347, expresa el profesor Enrique Silva Cimma, opinión que confirma la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Puede verse, al respecto, la sentencia de 25 de julio de 1965, publicada en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, en su tomo 62, segunda parte, sección cuarta, página 253, y la sentencia de 23 de septiembre de 1969, publicada en la misma revista, tomo 66, segunda parte, sección primera, página 210. Y para que los sostenedores de la acusación no incurran en más yerros que los estrictamente necesarios, debo informarles que esta tesis fue defendida, en su oportunidad, en los estratos judiciales, por algunos de los abogados despedidos. Si la opinión del Contralor General de la República no fuera suficiente elemento de convicción para los señores Diputados que deben pronunciarse sobre esta acusación supuestamente constitucional, vale la pena recordar el hecho público y notorio de la encargatoria de reo de los dirigentes de los gremios del transporte y del comercio que, en octubre, pretendían pasar por huelguistas y contra los cuales se presentó requerimiento, de acuerdo con la Ley de Seguridad Interior del Estado. Los señores Ministros de la Corte de Apelaciones de Santiago que decretaron esta encargatoria de reo por infracción del artículo 11 de la Ley de Seguridad Interior del Estado, indudablemente, estimaban que este precepto se encuentra vigente y que no hay razones que excusaran su aplicación. Menos razón hay si quienes incurren en hechos de esta naturaleza son abogados y saben perfectamente bien que una corporación de derecho público, como lo son todos los colegiados profesionales, no tienen, dentro de la órbita de sus atribuciones, la potestad de ordenar la paralización de actividades, especialmente si esto es constitutivo de delito. La conducta del Directorio del Banco Central de Chile aparece, pues, plenamente justificada. Lo que no tiene justificación es la conducta de los funcionarios despedidos ni la de aquellos que hoy se erigen en sus defensores. Finalmente, quiero decir algunas palabras sobre el acuerdo de reorganización del Banco Central de Chile, adoptado junto con la medida de declaración de caducidad de algunos contratos de trabajo, y que mis acusadores denuncian como un acto simulado que buscaba eliminar a determinados funcionarios y que configuraría, consecuencialmente, un abuso de poder. Ha quedado en claro que los funcionarios marginados del Banco Central de Chile lo fueron no en virtud de una reorganización, sino de sendas declaraciones de caducidad de sus contratos de trabajo. Como consecuencia lógica de lo ocurrido, se acordó proceder a la inmediata reorganización del Banco Central de Chile. Los intereses superiores del país, la continuidad de la función pública, exigían la adopción de medidas adecuadas para prevenir cualquiera paralización. No existe, entonces, desviación o abuso de poder ni causa ilícita como, en forma menguada, se sostiene en la acusación, al resolverse la inmediata reorganización del Banco Central de Chile. De esta manera se proveía al cumplimiento de la ley y los intereses superiores de la nación, porque el Banco Central de Chile no es sólo un servicio público más, sino uno de los pilares de nuestro sistema institucional. Los calificativos de actos simulados, de causa ilícita, de voluntad aparente y voluntad real, deben reservarse por lo tanto para describir la conducta de los que pretendieron paralizar el Banco Central de Chile y de los que hoy pretenden justificarlos. Formulo mi protesta más enérgica por la insolencia que implica el que a falta de argumentos jurídicos, sin poder esgrimir ley alguna que haya podido dejar sin cumplir, los autores del libelo sostengan en forma gratuita e injuriosa, al comienzo del extraño documento que nos ocupa, la imputación de que el Gobierno y, en particular, el Ministro acusado, no habrían respetado la palabra empeñada. Saliéndose de lo que son causales constitucionales de acusación a los Ministros de Estado, la que está en debate se fundamenta así, al margen de antecedentes jurídicos, sólo en una injuria. Con la mayor serenidad, voy a demostrar que tal injuria no tiene razón de ser, salvo el odio contra un Gobierno que se caracteriza, precisamente, por el cumplimiento estricto de su programa, de cada uno de sus compromisos y de toda palabra empeñada. Los Ministros del Presidente Allende cumplimos nuestra palabra y el país lo sabe. Es falso el aserto contenido en el libelo de que los paros sediciosos realizados en el mes de octubre se habrían suspendido en virtud de que el Gobierno otorgó determinadas garantías. Esa afirmación del libelo presenta las cosas como si se hubiera concertado una especie de pacto o componenda entre el Gobierno de Chile y los sediciosos que estaban actuando en contra del país. Durante el mes de octubre, el Presidente de la República denunció reiteradamente el carácter del paro patronal. La clase obrera hizo un esfuerzo supremo y consiguió que no se paralizara la producción; la juventud y muy amplios sectores populares mantuvieron en funciones, con trabajos voluntarios y acciones generosas de diversos tipos, la economía nacional y el transporte y la distribución de los servicios esenciales. La mayoría de los empleados bancarios se propusieron y lograron que el sistema bancario atendiese sus obligaciones; muchísimos sindicatos de base de dueños de camiones afrontaron todos los riesgos y sacaron sus vehículos a los caminos a trasladar mercaderías. Los médicos con conciencia social laboraron día y noche, no permitiendo que se murieran los enfermos. En todas partes surgieron movimientos patrióticos. Las Fuerzas Armadas, Carabineros y la policía civil mantuvieron el orden público, haciendo honor a sus deberes. De esta manera fracasaron los propósitos de los que intentaban derribar al Gobierno legítimo. El paro patronal produjo inmensos perjuicios, pero fue incapaz de someter a este país a sus designios. Cuando eso estuvo claro, comenzó a manifestarse, en los que habían sido arrastrados al paro patronal, un ánimo de poner término a sus acciones ilegales y reanudar sus actividades. En tales circunstancias, el 3 de noviembre, el Ministro del Interior, General Carlos Prats, hizo pública la decisión del Gobierno de exigir que el lunes 6 se restableciese plenamente la normalidad. Dicha declaración, textualmente, expresó lo siguiente: El Gobierno tiene la firme decisión de que el paro nacional, que tan gravemente afecta a los hogares y economía del país, quede resuelto dentro de las próximas 48 horas, a fin de que, a partir del lunes, la actividad nacional vuelva a la normalidad total. Esa fue la decisión gubernativa, a la que se exigió acatamiento. Durante el transcurso del paro patronal, el Gobierno manifestó siempre disposición al diálogo en cuanto a toda reivindicación legítima que se refiriera a uno o a varios de los sectores que se sumaron a él. Como se sabe, el paro inicial, el de los dueños de camiones, surgió a pretexto de una determinación relativa a la provincia de Aisén, que no era efectiva y sobre la cual no se quiso consultar al Gobierno, prefiriéndose desencadenar las acciones ilegales. A pesar de ello, el Gobierno aceptó discutir cualquier problema reivindicativo hasta con los propios dirigentes de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones, que procedían de esa manera. El Presidente de la República intervino personalmente en el sentido de atender los asuntos que afectan a los gremios en paro y otorgó en octubre, a pesar de sus múltiples ocupaciones orientadas a mantener en funcionamiento la economía nacional, innumerables y prolongadas audiencias a dirigentes de las organizaciones en resistencia o a personeros suyos. Nos encargó múltiples misiones similares a los Ministros de Estado. Por ejemplo, me cupo participar el día 11 de octubre, junto con los Ministros Tohá y Matus y con el Subsecretario León, en el diálogo sostenido en la oficina del jefe de plaza de Santiago, General señor Bravo, con los personeros máximos de la Confederación Nacional del Comercio Detallista Establecido de la Pequeña Industria y de la Cámara Central de Comercio, en que se verificó que no existían discrepancias entre ellos y el Gobierno respecto de problemas referentes a esas actividades, a pesar de lo cual optaron por declarar el paro en solidaridad con los dueños de camiones. Durante el mes de octubre, conversé decenas de veces con dirigentes del Registro Nacional de Comerciantes, de colegios profesionales, de empleados bancarios y de distintas organizaciones de transportistas, esclareciéndoles el ánimo abierto del Gobierno y la decisión del Presidente de la República de amparar todos los intereses lícitos de esos sectores, a pesar del paro sedicioso y sin que pequeños y medianos empresarios o trabajadores fueran víctimas de las consecuencias de las determinaciones políticas del comando de resistencia. Al término del mes de octubre, junto con el entonces Subsecretario y hoy Ministro, Fernando Flores, conversamos detenidamente con los dirigentes de la Confederación de Sindicatos de Dueños de Camiones, de la Confederación Nacional de la Pequeña Industria y Artesanado, de la Cámara Central de Comercio, de la Confederación Nacional del Comercio Detallista Establecido y de la Pequeña Industria. En esas fatigosas negociaciones, en que estaban presentes, entre otros, Cumsille, Sancy, Vilarín y Martínez, se llegó a acuerdo pleno sobre casi todo; se verificó que no había asuntos que impidieran concretar soluciones satisfactorias sobre los problemas de camioneros, comerciantes y artesanos. Pero, a última hora, se nos notificó que no se firmaría nada, porque antes debería entrarse a una nueva discusión en la que ahora participaran colegios profesionales. Ningún Gobierno ha manifestado tanta paciencia y disposición al diálogo. Estamos educados en el respeto escrupuloso a las reivindicaciones legítimas y en la consideración de lo que significan las organizaciones de masas. Por eso, es absolutamente mendaz que se nos atribuya prepotencia o insensibilidad ante los problemas de los sectores empresariales de capas medias, a los que se ha querido oponer contra el Gobierno Popular. Reiterando su actitud generosa de respeto efectivo a las reivindicaciones auténticas y legítimas, al Gobierno encargó a los Ministros Prats, Flores, Figueroa y al que habla, que formulásemos una declaración a fin de que los comerciantes, dueños de camiones, artesanos, industriales, profesionales y funcionarios que habían sido arrastrados al paro patronal, supieran a qué atenerse; quisimos que ellos entendieran que el Gobierno no estaba inspirado por ánimo de revancha y que, por el contrario, les abría la posibilidad de trabajar tranquilos con la sola condición de que acataran la ley. En ese documento condensamos lo que ya habíamos dicho mil veces en el curso del mes de octubre a los dirigentes de las respectivas entidades gremiales. Llamamos a los dirigentes de las principales organizaciones de resistencia, y en la oficina del Ministro del Interior, el General Carlos Prats, Fernando Flores y yo les notificamos del texto de la declaración. No se aceptó suscribir con ellos actas ni acuerdos, porque ya era tarde para seguir conversando inútilmente. No se consideró, tampoco, ninguna modificación de los términos del comunicado, porque éste se limitaba a resumir criterios de Gobierno, aprobados por el Presidente de la República. ¿Qué fue lo que se dijo en esa declaración del Gobierno sobre las posibles represalias? He aquí el texto muy claro, que no se presta a equívocos. Se dijo: Finalizada la paralización de actividades y restablecida plenamente la normalidad, el Gobierno ordenará el desistimiento de las querellas y de las otras acciones legales que se hayan presentado en relación a los movimientos gremiales iniciados el 10 de octubre. No habrá represalias contra las personas naturales o jurídicas por actos de promoción de estos paros o acatamientos de ellos; pero se continuarán ejerciendo las acciones legales por otros delitos, vinculados o no a la situación del paro, y se sustanciarán los sumarios por otras infracciones al Estatuto Administrativo, además de que el Presidente de la República ejerza sus facultades en relación con los funcionarios de su exclusiva confianza. Esto se ha cumplido escrupulosamente, pero se ha ido aún más lejos en el afán de borrar las heridas. Había cientos de funcionarios de la confianza del Presidente de la República, directamente o por ser de la confianza estricta de ejecutivos de Gobierno que, por sus actuaciones de octubre, se hacían acreedores a ser puestos en la calle. Sin embargo, no se ha ejercido respecto de ni uno solo esta atribución indiscutible del Ejecutivo, cuyo ejercicio se anunciaba expresamente en la declaración ministerial. Tampoco se han llevado adelante los sumarios que correspondían por una amplia serie de infracciones al Estatuto Administrativo, conexas o no al paro nacional, que van más allá de la mera paralización de labores, salvo exclusivamente en lo referente al no pago de los días no trabajados. Aun sumarios tan absolutamente imprescindibles, como los iniciados en el Banco Curicó respecto de algunos ejecutivos del ex Banco Edwards, se han tramitado con la mayor acuciosidad, sin apresuramiento alguno, otorgando las máximas facilidades a la defensa y con vistas a que los hechos se acrediten de manera irredargüible. El Gobierno no ofreció nunca impunidad. Unicamente anunció clemencia para los que sin haber incurrido en otras faltas ni haber perdido una confianza que sea indispensable para el desempeño de funciones delicadas, sólo hubieren atentado contra el país llamando a un paro sedicioso o incorporándose a él. En el caso de los bancos, como en cualesquiera otro que se examine, el Gobierno ha procedido con extremado tino y prudencia. Uno de los desafíos más graves que afrontamos en octubre consistió en el peligro de paralización del sistema bancario. Estábamos en el mes en que entraba en vigencia el reajuste general de sueldos salarios y pensiones. De no haber funcionado los bancos, la desarticulación económica hubiera conducido a la quiebra de nuestro sistema democrático, entregando a los fascistas una posibilidad cierta de derribar el Gobierno e instaurar la tiranía terrorista con que sueñan. De otra parte, en las condiciones de déficit de nuestra balanza de pagos, el cierre del Banco Central habría traído consigo incumplimiento de obligaciones internacionales, cesación de pagos y daños irreparables superiores a los infringidos con los embargos de la Kennecott y con las otras represalias que aplican a Chile las empresas imperialistas del cobre. Tuve a mi cargo en el Gobierno, porque era una responsabilidad que me correspondía, mantener abiertos y en funciones los bancos. Cumplí esa tarea. Me siento honrado de que en los círculos más ultras de la conspiración antichilena se haya lanzado a circular, ya a comienzos de noviembre, la idea de esta acusación constitucional que ahora fructifica, planteándola como una venganza contra quien les parece culpable de que nuestro país no sufriera desmedro en su crédito externo, de que se mantuviera diariamente en práctica el canje bancario, de que se atendiera el pago de los salarios y sueldos durante octubre a los trabajadores y de que no se quebraran los mecanismos financieros esenciales. Haber cumplido con Chile, con la ley, con el Gobierno Popular, con el pueblo y con los trabajadores: ése es el delito por el que me acusan. Pero los Vilarín y los patrones de los Vilarín no tienen en cuenta que yo solo no hubiera podido hacer funcionar los bancos y que tampoco lo habríamos conseguido si únicamente se hubieran empeñado en ello, conmigo, los militantes de los Partidos de la Unidad Popular que son funcionarios de las instituciones de crédito. Obtuvimos éxito, porque los hechos confirmaron nuestra confianza en que, por sobre cualesquiera diferencias, se impondría en el personal bancario, ante una emergencia nacional, su sentido patriótico, su conciencia de clase y su responsabilidad profesional. Diariamente estuve en uno y otro banco en los días de octubre. Visité el Banco Central la mañana en que el primer piso estaba ocupado por un grupo plegado al paro patronal. Hablé una noche en el hall central de la oficina matriz del Banco del Estado a los empleados que con abnegación lo mantenían en trabajo. Expuse el criterio del Gobierno en una memorable asamblea en el Teatro Astor del Frente Patriótico de Bancarios. Dialogué constantemente con dirigentes y empleados de base. Porque viví esas jornadas, estuve en condiciones de decidir en los términos más claros que no se aplicara la ley de Seguridad Interior a los dirigentes sindicales que se hacían acreedores a ella. Me preocupé de que el abuso que se hacía de los cargos sindicales no fuera en perjuicio de la organización como tal y que ésta se mantuviera incólume. Nunca un gobierno había tenido que afrontar en Chile un movimiento de resistencia activa tan prolongado. Y aquí eran tradicionales las represalias contra los trabajadores. Paros obreros de sólo 24 horas antes daban lugar a feroces represalias, a feroces represiones. Luchas reivindicativas como la de los obreros portuarios o las de los mineros de El Salvador, para citar sólo lo ocurrido bajo el Gobierno anterior, terminaron siempre en despidos masivos, no de unos cuantos, sino de gran parte de los trabajadores. Pero, esta vez ha sido diferente. Ningún dirigente sindical ha sido ni siquiera trasladado. Los trabajadores están en sus puestos. Como los hechos son así, el libelo acusatorio sólo puede contener frases generales, afirmaciones irresponsables y frívolas, sin nada concreto. Solo pretende aterrizar refiriéndose a los ejecutivos del Banco Central que fueron despedidos, por autoridad legítima y en estricto cumplimiento de las normas legales, antes de que finalizara el paro patronal y cuando dicho despido era indispensable para asegurar que esa institución cumpliera con sus obligaciones. La medida adoptada por el Directorio del Banco Central se caracteriza porque esta vez la cuerda no se cortó por lo más delgado. A comienzos de nuestra vida republicana, cuando Diego Portales anunció en su célebre carta al General José Santiago Aldunate, repudiando el pacto de Cuzcuz, que se ha propuesto el Gobierno desterrar ese sistema de condescendencias injustas, de criminales disimulos, de consideraciones indebidas que han confundido al bueno con el mal ciudadano, lo más importante y aleccionador fue que aplicara sanciones comenzando por los jefes más altamente colocados. Con el mismo espíritu, cumpliendo con su deber, el Directorio del Banco Central de Chile, ahora no aplicó sanciones a los dirigentes sindicales que llamaron al paro ni a los funcionarios de fila que se plegaron a él, sino a ejecutivos calificados y a otros que se consideraban intocables. Suele abusarse más de lo tolerable del término trabajadores, y se ha afirmado que los funcionarios que perdieron la confianza del Directorio del Banco Central serían modestos asalariados. Se hace referencia a presuntas situaciones de necesidad que afrontarían sus familias. Los hechos son muy diferentes. Se trata del Revisor General del Banco, de uno de sus Agentes, del Tesorero General, del Fiscal subrogante, de seis Subgerentes, del Contador General, de cinco abogados de alta jerarquía, de dos Jefes de Departamentos, de tres Jefes de Sección, de dos Administradores y de otros funcionarios ubicados altamente en el escalafón. Sus rentas oscilan entre 23 mil 64 mil escudos mensuales, ganando seis de ellos más de 60 mil escudos; ocho, entre 50 y 60 mil; cinco, entre 40 y 50 mil; dos, entre 30 mil y 40 mil escudos; y los cinco restantes entre 23 mil y 30 mil escudos. No han quedado sumidos en el hambre, sino que, incluso, están reclamando, además, cuantiosos desahucios e indemnizaciones que suman Eº 83.500.000. Como promedio estas indemnizaciones equivaldrían individualmente a todo lo gana en 30 años de trabajo un empleado con renta de un sueldo vital. Ellos no tienen derecho a invocar razones sindicales. Una norma de siempre en los movimientos reivindicativos de los trabajadores bancarios es que no participan en huelgas, ni podrán participar los denominados apoderados o ejecutivos que ejercen mandatos de las instituciones bancarias. Pues bien, en las huelgas realizadas por los bancarios por reivindicaciones propias nunca han intervenido esos ejecutivos, y mucho menos podrían hacerlo los ejecutivos del Banco Central. En ningún Banco Central del mundo se habían declarado en para funcionarios de tan alto nivel ejecutivo, los que, de acuerdo con las normas vigentes, deberían estar procesados, declarados reos y en la cárcel. Debido a la clemencia del Gobierno gozan de libertad, exigen indemnizaciones millonarias en escudos y todavía reclaman. Como el Gobierno no tiene prejuicios respecto de ellos, ha determinado que se reexaminen sus causas para que se corrija cualquier posible injusticia, porque de ninguna manera descartamos en forma previa esta posibilidad. Tengo la impresión de que los enemigos del orden jurídico aparentan una solidaridad con estos funcionarios del Banco Central sin interesarles su reincorporación, sino exclusivamente crear problemas al Gobierno. En efecto, el día 7 de noviembre último, se entrevistaron conmigo en presencia de los integrantes del Comité Ejecutivo del Banco Central, los miembros de la directiva de la Asociación de Empleados. Entonces, les ofrecí patrocinar ante el Directorio del Banco Central que se abriese un plazo dentro del cual se pudieran presentar las apelaciones de los afectados para garantizar que se enmendase cualquier presunto error y permitir concretar los cargos demostrando en qué medida cada uno de ellos incurrió en infracciones que exceden el mero hecho simple de que un empleado participe en una huelga o no haya incurrido en tales infracciones y, por lo tanto, sería infundada la causal de su despido, de acuerdo con la declaración posterior del Gobierno... El señor SANHUEZA (Presidente).- ¿Me permite, señor Ministro? Solicito el asentimiento de la Sala para que las interrupciones que se le puedan hacer al señor Ministro sean con cargo al tiempo de quienes las pidan. El señor Momberg ha solicitado una interrupción que el señor Ministro no desea otorgar con cargo a su tiempo. ¿Habría acuerdo? Acordado. Señor Ministro, el señor Momberg le solicita una interrupción. Con la venia del señor Ministro, tiene la palabra el señor Momberg. El señor MOMBERG.- La verdad de las cosas es que ya había solicitado una interrupción al señor Ministro, porque me da la impresión de que hay un pequeño error en su exposición, que después podría rectificar. En primer lugar, quiero referirme muy brevemente al caso de aquellos funcionarios que tenían un cargo en el Banco Central, en relación con la responsabilidad que les cabe. Este problema no lo voy a discutir, porque no conozco legalmente la situación que afecta a los apoderados. Como se manifestó en la Comisión, hay otros funcionarios que son cinco, según el señor Ministro me lo dio a conocer, que no tienen estos cargos o categoría y que solamente habían sido exonerados por haber faltado a disposiciones legales vigentes, pertinentes del Banco. Yo le solicité y he vuelto a hacerlo, acabo de pedir oficio, porque resulta que el Banco no ha concretado los cargos contra estos funcionarios. Creo que lo más elemental en este caso es concretar los cargos, que se conozca por qué se echa o se exonera a un individuo. Es lo menos que se puede pedir. A usted le consta, porque se lo solicité y hoy día le estoy cobrando la palabra, que pedí que se nos dieran a conocer los cargos que se han formulado en contra de estos funcionarios. La verdad de las cosas es que aún no se ha hecho. Mal puede apelar quien no conoce los cargos claros y precisos, en virtud de los cuales se le imputa la comisión de un delito. En segundo lugar, acaba de manifestar, de que serían cinco o seis funcionarios que tendrían sueldos de un monto superior a treinta mil escudos mensuales. A mí me consta que no es así. Digo que usted está mil informado, porque realmente aquellos funcionarios no tienen treinta mil escudos de renta. Sí, estaría de acuerdo con doce o quince mil escudos respecto de estos funcionarios que usted mencionó al final. Termino, deseando que el señor Ministro cumpla el compromiso que adquirió anteayer, en el sentido de que me iba a dar a conocer cuáles eran los cargos precisos de aquellos funcionarios que no teniendo poderes dentro del Banco ni siendo apoderados, caerían en otra sanción. Como todavía queda mucho tiempo hoy, yo lo espero con mucho interés. Muchas gracias. El señor SANHUEZA (Presidente).- Puede continuar el señor Ministro. El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en relación con lo expuesto por el señor Momberg, debo decir concretamente que, en primer lugar, efectivamente, hay cinco funcionarios dentro de los despedidos que no son apoderados del Banco, es decir, no tienen mandato del Banco. En segundo lugar, en las rentas que he señalado, el señor Momberg me escuchó mal, pues hablé de algunas entre 23 y 30 mil escudos mensuales. Estas son las más bajas, y, posiblemente, su información sea la equivocada por cuanto se refiere a las rentas que para dichos cargos existían con anterioridad a la actual Ley de Reajustes. Cada una de las cosas que he dicho está absolutamente comprobada y respondo plenamente de su fidelidad. En tercer lugar, en relación a los cargos que se hacen a los mencionados funcionarios, la Cámara de Diputados pidió los antecedentes. Yo los solicité del Banco, y, a través de un oficio, que está en poder de la Cámara de Diputados, se dieron a conocer. Es efectivo que en dicho documento no hay una suficiente individualización de los cargos; aunque, según los ejecutivos del Banco, éstos se transparentarían, pues no consideran prudente explicarnos públicamente en términos que pudieran resultar odiosos; pero se han presentado las apelaciones me estaba refiriendo precisamente a ellas y, por otra parte, se han concretado los cargos en relación con cada uno de estos funcionarios. Las apelaciones están en poder del Presidente de la República, quien deberá pronunciarse sobre la materia, ya que yo he tenido que hacerme cargo de esta acusación constitucional. Es el propósito del Gobierno pronunciarse en el plazo que la declaración ministerial lo señaló. El Presidente de la República dispone de la totalidad de los antecedentes e, indudablemente, estará también a disposición de los afectados junto con la resolución del Presidente de la República o con aquellas comprobaciones que sea necesario efectuar en relación a esta determinación. El señor MOMBERG.- El caso, señor Orlando Millas, es que hay cargos que no se han dado a conocer, porque no es conveniente. El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Es decir, de lo que se trata es que en el oficio a la Cámara de Diputados no se individualizaron suficientemente; pero sí se contenían la totalidad de los cargos. Ahora, cada uno de ellos se ha individualizado en relación con las apelaciones; el Presidente de la República tiene los expedientes respectivos y actuará, como en otras ocasiones, dándolos a conocer a los afectados. El señor MOMBERG.- Pero nosotros no los conocemos. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Como decía, señor Presidente, el día 7 de noviembre ofrecí a la Asociación de Empleados del Banco Central un procedimiento de apelación, precisamente para que pudiesen conocer los cargos, para que pudiesen formular descargos, para que pudiesen apelar los afectados. Al día siguiente, el Gobierno ratificó mi proposición. El Ministro del Interior, General Carlos Prats, y el Presidente del Banco Central, Alfonso Inostroza, se los comunicó. Transcurrió el plazo y nadie apeló. Prefirieron demandar las indemnizaciones y aparecer como víctimas de supuestas represalias. Contrasta su conducta con la de los únicos cinco empleados subalternos, cuyo contrato había sido caducado en el Banco Central. Les afectaban diversas responsabilidades por hechos más graves que la mera huelga. Solicitaron la reconsideración de la medida. Atendiendo a que sus culpas son, en todo caso, muy inferiores a las de los ejecutivos, a todos ellos se les recontrató y están en trabajo. Guiándose exclusivamente por su afán de rectitud, el Gobierno hizo un nuevo esfuerzo. En la declaración formulada por el Gabinete el día 12 del actual, se otorgó un último plazo, estrictamente de gracia, para las apelaciones indicadas, que regiría hasta el lunes 18. Ahora presentaron sus apelaciones los exonerados del Banco Central y se comenzó su estudio, solicitándose de mi parte informes precisos y completos al Directorio del Banco. Sin embargo, con premura, para interferir en el análisis de su situación, ya al día siguiente de la declaración del Gabinete, el 13 de diciembre, apresuradamente, mientras regía el plazo para la presentación de las apelaciones, se presentó esta acusación constitucional. ¿A dónde conduce? ¿Qué hay detrás de ella? Un candidato a Senador por la provincia de Santiago, que antes ocupó la Presidencia de la República, dijo en un discurso, el miércoles de la semana pasada, que el Partido Demócrata Cristiano condicionaría su votación respecto de la acusación constitucional, a que hoy las denominadas represalias hubiesen sido, como expresó, resueltas. El señor Diputado informante ha manifestado que en relación a las otras causales de acusación, a los capítulos propiamente jurídicos que se intentó esbozar en el libelo, se llegó a la conclusión por los Diputados Democratacristianos que integraron la Comisión que informó sobre la acusación, que no están fundadas, que no son causales de acusación, y centró su análisis, el señor Tudela, en el tema de las represalias. Ello indica que la acusación tiene un solo tema, éste de las presuntas represalias, y que lo demás constituye únicamente agregados sin importancia. La Constitución entrega la administración del Estado al Presidente de la República. Intentar que el Parlamento nombre, reincorporando a puestos que antes detentaron, a determinados funcionarios del Banco Central, significa invadir atribuciones administrativas. El artículo 71 de la Constitución es muy claro. Dice: Al Presidente de la República está confiada la administración y gobierno del Estado; y su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior, y la seguridad exterior de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. El Gobierno pudo haberse desprendido del problema de los ex funcionarios del Banco Central, atendiendo a la absoluta autonomía jurídica y administrativa de esa institución. Sin embargo, con celo escrupuloso por la verdad, ha preferido recibir apelaciones, ordenar que en relación a ellas se ratifiquen e investiguen los cargos, asumiendo nada menos que el propio Presidente de la República la responsabilidad de adoptar una decisión final. En el segundo capítulo de esta verdadera aventura inconstitucional que emprendieron mis acusados, se llega al colmo de calificar como represalia el acuerdo adoptado por el Directorio del Banco Central, en sesión Nº 2.342, de 19 de octubre de 1972, en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 42, letra (a), del D.F.L. Nº 247, de 1960, que fijó el texto de su Ley Orgánica, y las Circulares Nºs 1.087, 1.089 y 1.094, de la Superintendencia de Bancos, que aprobaron dicho acuerdo y dieron instrucciones, primero, para su ejecución inmediata, y, posteriormente, para que sólo se aplicara cuando nuevamente se presentaran las situaciones previstas en él. En síntesis, ese acuerdo y esas circulares tienen por objeto orientar el crédito hacia las actividades realmente productivas, suspendiendo la asistencia crediticia a quienes hubieren paralizado ilegalmente sus actividades productivas y mientras se mantuvieren paralizadas tales actividades. Recuérdese que estas medidas fueron adoptadas en la época en que algunos empresarios pretendían paralizar, con mayor o menos éxito, la producción, con propósitos francamente sediciosos. Cabe suponer, entonces, que aquellos que habían logrado paralizar su producción o estaban en vías de hacerlo, no requerían del crédito público precisamente para financiar lo que iban a hacer producir, sino para financiar la aventura sediciosa en que se estaban embarcando. Lo que mis acusadores me reprochan es, pues, que el crédito público no haya podido ser utilizado para actividades reñidas con el orden público. Lo que mis acusadores me reprochan es que, en adelante, el crédito público no pueda ser utilizado para actividades diversas de la producción. Y con un desparpajo abismante rasgan sus vestiduras, clamando al cielo que todo lo anterior constituye una arbitraria discriminación del crédito bancario con abierta y desembozadas finalidades políticas que vulnera nuestros marcos legales y constitucionales. Dicen mis acusadores que mediante estas instrucciones discriminatorias se vulnera la Ley General de Bancos al establecerse requisitos arbitrarios para la concesión de créditos, los que no están contemplados en la ley.... Y agregan que en ninguna parte de ellas de las normas de la Ley General de Bancos se señala de manera alguna que puede discriminarse el crédito en base a paralizaciones reales o eventuales de las empresas que requieran dicho crédito. Naturalmente, no explican para qué objeto una empresa paralizada puede requerir crédito. Sería, sin lugar a dudas, una explicación embarazosa, que no la soportarían ni siquiera los elásticos marcos constitucionales dentro de los cuales se mueven mis acusadores. Pues bien, quienes formularon esta acusación han querido olvidar, deliberadamente, que el artículo 42, letra a), de la Ley Orgánica del Banco Central, permite a éste dictar, juntamente con la Superintendencia de Bancos, normas para regular cuantitativa y cualitativamente los créditos que concedan los Bancos y demás instituciones de crédito, lo que no es más que una aplicación del artículo 2º de la misma ley, que expresa que el Banco Central de Chile tendrá por objeto propender al desarrollo ordenado y progresivo de la economía nacional mediante una política monetaria y crediticia que, procurando evitar tendencias inflacionarias o depresivas, permitan el mayor aprovechamientos de los recursos productivos del país. Y la forma de cumplir el propósito señalado en el artículo 2º de la Ley Orgánica del Banco Central, relacionándolo con su facultad legal de controlar cualitativamente el crédito, es precisamente estableciendo, como se hizo, las normas necesarias para que los créditos que se concedan sean destinados a la producción. Es interesante recordar que en el mes de marzo de 1959 se adoptó un acuerdo basado en los mismos principios legales y que tuvo por objeto orientar los créditos de preferencia a incrementar la producción agrícola, industrial y minera del país y su distribución, excluyendo de las colocaciones de los bancos los financiamientos de finalidades no reproductivas, como loteos, viajes, suntuarios, divisas para especulación y otros.. He leído esa circular del mes de marzo de 1959, emitida durante un Gobierno diferente del actual, presidido por don Jorge Alessandri. Y así lo establece, igualmente, la circular 556, de la Superintendencia de Bancos, de la misma fecha, en que se dio a conocer ese acuerdo. La verdad es que el acuerdo que la acusación califica de ilegal no es más que una aplicación particular de los principios expresados tanto en la ley como en el acuerdo general de marzo de 1959, atendido que la prohibición de prestar asistencia crediticia a quienes mantengan paralizadas ilegalmente sus actividades, deriva de la necesidad de destinar los créditos a !a producción. Quien está ilegalmente parado no está produciendo y, por lo tanto, no puede hacer uso de facilidades crediticias. No se ha vulnerado, pues, norma legal alguna. Por el contrario, se han aplicado las normas legales vigentes. La presunta infracción de la Ley General de Bancos y, en especial, de su Título XI sobre operaciones bancarias, que denuncian mis acusadores, aplica consecuentemente las normas sobre control cualitativo y cuantitativo de los créditos que consulta la Ley Orgánica del Banco Central, la que para estos efectos es complementaria de la Ley General de Bancos. También mis acusadores incursionan en el campo constitucional al expresar que mediante la señalada discriminación se atenta en contra del principio de la igualdad ante la ley, dado que esta última no establece como requisito para obtener crédito lo exigido por los señalados acuerdos y circulares. Habría, pues, una infracción al Nº 1º del artículo 10 de nuestra Carta Fundamental, cuando se resuelve destinar el crédito público a la producción y negarlo a quienes no producen. El razonamiento no puede ser más grosero. En virtud del principio de la igualdad ante la ley, todos los individuos que se encuentran en una misma situación jurídica gozan de los mismos derechos y están afectos a los mismos deberes. El principio de la igualdad ante la ley no se vulnera cuando el legislador, por ejemplo, establece una serie de requisitos habilitantes para el ejercicio de ciertos derechos, como la mayor edad para contratar por sí mismo. Tampoco se vulnera el principio de la igualdad ante la ley cuando el legislador faculta a las autoridades encargadas de fijar la política crediticia del país para dictar todas las normas que fueren necesarias para regular cuantitativa y cualitativamente los créditos que conceden los bancos y demás instituciones de crédito. Menos aún se vulnera el principio de la igualdad ante la ley cuando tales autoridades, en el ejercicio de las atribuciones que el legislador les ha confiado, establecen requisitos habilitantes para el uso del crédito, sin discriminar respecto de personas determinadas, sino considerando las situaciones en las cuales el crédito pueda cumplir, realmente, con su función propia. Porque el establecimiento de requisitos habilitantes para el uso del crédito es connatural a toda política crediticia y se enmarca dentro de las atribuciones que las leyes han confiado a las autoridades respectivas. En consecuencia, la exigencia del cumplimiento de tales requisitos, que miran a asegurar el desarrollo de la producción nacional, al mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y a evitar presiones inflacionarias ilimitadas, en ningún momento puede constituir atropello a principio constitucional alguno. La desenvoltura con que proceden mis acusadores los lleva también a afirmar que con estas medidas sobre regulación del crédito público, en forma indirecta se está atentando en contra del derecho de huelga garantido por el Nº 14º, inciso segundo, del artículo 10 de nuestra Carta Fundamental, porque se está presionando a las empresas con la cesación del crédito en caso de conflictos que las afecten. Pues bien, dispone el precepto constitucional invocado que la Carta Fundamental asegura a todos los habitantes de la República el derecho a sindicarse en el orden de sus actividades o en la respectiva industria o faena, y el derecho de huelga, todo ello en conformidad a la ley. Quienes han formulado esta acusación olvidan que el hecho esencial que ha motivado el acuerdo y las circulares, es la paralización ilegal de las actividades de la producción y no el ejercicio, por las vías legales, del derecho de huelga. En consecuencia, mal pueden este acuerdo y estas circulares atentar indirectamente contra el derecho de huelga. Lo que sí ha atentado directamente contra un principio constitucional es la pretensión de algunos empresarios en el sentido de paralizar ilegalmente sus actividades, como que esa pretensión vulnera la libertad de trabajo de quienes se desempeñan en las empresas que se ha querido paralizar. No satisfechos mis acusadores con tanta denuncia sin fundamento, agregan que en la práctica esta situación ha servido para presionar ilegítimamente a las empresas que paralizaron sus labores durante el conflicto gremial de octubre.... Como es habitual, lo hacen aunque no puedan señalar casos en que se habría negado el crédito a empresas que, habiendo paralizado sus funciones, las han reanudado. La verdad es que, según lo establecen las normas que impugna esta acusación constitucional, las empresas que ilegalmente paralizaron sus actividades han dispuesto, a partir del momento en que volvieron a desempeñarlas, del acceso habitual a las fuentes de crédito con que operan. En el Capítulo III de esta acusación supuestamente constitucional, los señores Diputados que la suscriben agotan su imaginación jurídica en la búsqueda de una infracción a la Constitución o un atropellamiento de las leyes para prestarle alguna seriedad a la denuncia que han formulado, y creen encontrarla en un acuerdo adoptado por el Banco Central de Chile en su sesión Nº 2.336, de 9 de agosto de 1972, que estableció un sistema para financiar líneas de crédito a empresas del área social. En este capítulo de la acusación, se da por infringida la disposición del artículo 84 de la Ley General de Bancos, que establece límites de crédito individuales, relacionando el monto de la obligación que contrae un cliente dado con determinados porcentajes del capital pagado y reservas de la empresa bancaria que concede el crédito. Se agrega que esta infracción habría sido cometida al asumir el Banco Central de Chile la capacidad de actuar como Banco Comercial mediante el acuerdo sobre administración delegada, en virtud del cual el Banco Central concede la parte de crédito que el Banco Comercial no puede otorgar por limitación señalada. Finalmente, se tienen por infringidos los preceptos de los artículos 43, Nº 1, y 44, Nº 4, de la Constitución Política del Estado, porque, a juicio de mis acusadores, a través de este acuerdo del Banco Central de Chile se estarían vulnerando las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional, en el sentido de aprobar o reprobar anualmente la cuenta de inversión de los fondos destinados para los gastos de la Administración Pública, y de aprobar por ley el cálculo de entradas y los gastos de administración. La verdad es que los autores del libelo acusatorio incurren una vez más en desatinos jurídicos que pueden explicarse con pocas palabras. Por lo pronto, no advierten que la ley no fija límites al crédito a que puede optar un mismo usuario en los Bancos, considerados en conjunto, de modo que la línea de créditos al área social establecida por el Banco Central no burla ningún pretendido margen crediticio que pudiera limitar esos créditos. Tampoco advierten que el Banco Central está autorizado, para actuar como Banco Comercial. Finalmente, para tener por infringida la Constitución Política del Estado, olvidan elementales principios de derecho. Estos aprendices de acusadores parten del error de afirmar que, por la vía del acuerdo antedicho, se elimina todo tope para el otorgamiento de créditos a empresas del área estatal. Sobre este punto, hay que dejar sentado que no existe disposición legal alguna que señale un tope máximo al crédito que una determinada persona natural o jurídica, sea empresa privada, social o estatal, puede obtener en la totalidad del sistema bancario. El margen que el artículo 84, Nº 1, de la Ley General de Bancos señala, se refiera individualmente a cada Banco. Hay por lo tanto, solamente un tope que resulta de sumar los márgenes de crédito máximos a que una determinada persona puede alcanzar en cada uno de los Banco que funcionan en el país, para llegar a saber cuál sería su capacidad total de crédito en un momento dado. Sin embargo, no quedan comprendidas en este límite total virtual otros créditos a que el usuario tenga derecho en el propio Banco Central y en otras instituciones no bancarias. De esto se desprende que los créditos que, por administración delegada, está efectuando el Banco Central a través de los Bancos Comerciales no tienen por objeto burlar un tope máximo de crédito que, según se afirma, tendrían las empresas del área social para operar en la banca general, sino prestar la asistencia crediticia que un determinado Banco no está en situación de proporcionar porque sus límites individuales no se lo permiten. Lo mismo que se obtiene por esta vía podría hacerse mediante la participación, en los créditos a la empresa de que se trata, de otros Bancos Comerciales, como ocurre en el sistema llamado línea de crédito según presupuesto de caja, que está en funcionamiento desde la Administración anterior. La Ley Orgánica del Banco Central de Chile y sus estatutos siempre le han permitido, con la obligación de cumplir el objetivo señalado por el artículo 2º de su Ley Orgánica, efectuar operaciones no señaladas determinadamente por el artículo 39 de ella. Así lo sostuvo en un informe en derecho, de fecha 22 de diciembre de 1971, el abogado Enrique Silva Cimma, Presidente del Tribunal Constitucional, a quien se consultó al respecto. Esta principio legal indiscutible e indiscutido fue reafirmado con la dictación del decreto supremo Nº 2.265, de 31 de diciembre de 1971, del Ministerio de Hacienda que fijó el texto definitivo de los Estatutos del mismo Banco, en conformidad con el mecanismo señalado en el artículo 64 del decreto con fuerza de ley Nº 247, de 1960, Ley Orgánica de la institución. Dicho decreto supremo fue objeto de la correspondiente toma de razón por la Contraloría General de la República y apareció publicado en el Diario Oficial de 21 de enero de 1972. Hay que dejar constancia, al efecto, que este estatuto, así denominado por la Ley Orgánica del Banco, es, en su esencia, un reglamento de dicha Ley. El referido Estatuto, en su artículo 70, letra i), dispone que el Banco podrá efectuar las operaciones que autorizan las disposiciones señaladas en el artículo 1º del presente Estatuto, para el mejor cumplimiento del objeto del Banco, señalado en el artículo 2º. El artículo 1º, por su parte, expresa que en lo que sea compatible con los objetivos del Banco y siempre que no signifique limitación de las facultades del Banco ni restricción de sus operaciones, le serán aplicables, además, las disposiciones de la Ley General de Bancos.... Finalmente, el artículo 2º expresa: Con dicho objeto podrá hacer uso de las facultades establecidas en las disposiciones indicadas en el artículo 1º y efectuar las operaciones autorizadas en las mismas. Es así como el artículo 93, Nº 2, de la Ley General de Bancos autoriza a los Bancos Comerciales para hacer préstamos con o sin garantía con vencimientos que no excedan de un año y expresa que el Banco Central puede efectuar las operaciones que autoriza la Ley General de Bancos. Por lo tanto, el Banco Central puede hacer préstamos en la forma señalada. De otro lado, estas operaciones las pueden realizar en condiciones especiales consistentes en que la aplicación de la Ley General de Bancos no signifique limitación do las facultades del Banco ni restricción de sus operaciones, por lo que es inconcuso que no se le aplican en ellas las limitaciones o restricciones contenidas en el artículo 84 de la Ley General de Bancos y que rigen para los Bancos Comerciales. En lo anteriormente expuesto se fundó el dictamen de la Superintendencia de Bancos de 17 de febrero de 1972, que se cita en el libelo acusatorio y que no hizo más que aplicar las claras disposiciones de un decreto reglamentario que, como es suficientemente sabido, obliga a los administrados y a los organismos que lo aplican y que controlan su cumplimiento. Pareciera que la confusión en que han incurrido los acusadores deriva de no conocer la Ley Orgánica del Banco Central ni sus estatutos, ni estar al tanto de que es un reglamento dictado en virtud de facultad expresa conferida por la ley. En cuanto a los plazos de los créditos, tasas de interés y garantías anexas, el Banco Central ha procedido en la forma que es habitual a los Bancos Comerciales, como no podía menos de ocurrir. El libelo acusatorio, en esta parte, es de una vaguedad completa y sus autores han creído que usando mayúsculas era posible suplir su falta de antecedentes. Al respecto, es suficiente dejar constancia de que todo el sistema crediticio al área social, dentro del contexto de las normas legales y reglamentarias e instrucciones ya invocadas, está siendo, además, implementado para su mejor desenvolvimiento. Se pretende, en este aspecto, que se habrían vulnerado las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional al establecerse el sistema empleado para asistir crediticiamente al área social. Las facultades que, de esta manera, se intenta hacer aparecer como vulneradas, son las de aprobar anualmente la cuenta de inversión de los fondos para los gastos de la administración pública que debe presentar el Gobierno, según el artículo 43, Nº 1, de la Constitución Política del Estado. Esa disposición se la relaciona a su vez con el Nº 4 del artículo 44 de la Constitución Política, que exige la aprobación por ley del presupuesto anual de entradas y gastos de la administración pública. Se afirma al respecto: A través del sistema de administración delegada al Banco Central, ideado tan hábilmente por la vía de los resquicios legales, prácticamente el Gobierno puede disponer ilimitadamente de fondos emanados de incontroladas emisiones inorgánicas, saltándose lo contemplado por la respectiva ley de presupuesto y vulnerando lo estatuido por la Ley General de Bancos. Desde luego, en este raciocinio se parte de la base errada de que todas las empresas genéricamente denominadas del área social están comprendidas, separadamente y como tales, en la parte pertinente del Presupuesto General de la Nación. La verdad es que, precisamente, sólo contadas empresas están en esa condición, por razones diversas que no es del caso examinar aquí. En seguida, se olvida que, conforme a elementales principios de Derecho, toda persona jurídica de derecho público y de derecho privado tiene amplia capacidad para contratar obligaciones y celebrar todo género de actos, convenciones y contratos. Todo ello, sin perjuicio de las limitaciones contempladas en los actos constitutivos de tales personas jurídicas, en sus estatutos o en las disposiciones legales o reglamentarias pertinentes. De aquí que las llamadas empresas del área social que por regla general están constituidas como sociedades anónimas y otras regidas por el derecho privado al igual que toda persona jurídica, tienen amplio derecho al crédito y plena capacidad para contraer obligaciones, sin que en momento alguno se vulnere ninguna de las disposiciones constitucionales invocadas en la acusación, ni tampoco se hieran las facultades del Congreso Nacional vinculadas con esas mismas disposiciones... El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¿Me perdona, señor Ministro? El Diputado señor Godoy le solicita una interrupción. El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Quiero hacer presente que quise concederle especialmente una interrupción al señor Momberg, porque sabía que él tenía un problema que me había anunciado que deseaba plantear. Pero para poder exponer mi pensamiento, no puedo conceder otras, porque ocuparía tiempo en contestar observaciones, en circunstancias de que, después, puedo contestar los hechos que se deriven del resto del debate. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Ministro. El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Finalmente, los acusadores incurren en una contradicción que muestra palmariamente la liviandad de su libelo. Dentro de un mismo capítulo de la acusación han aceptado que las empresas del área social pueden requerir créditos dentro de ciertos límites y han negado que esas empresas puedan requerir crédito alguno. Porque lo que comenzaron controvirtiendo fue el monto de los créditos que se conceden a las empresas del área social, para concluir afirmando que la concesión de crédito a esas empresas implicaría vulnerar disposiciones constitucionales. El último capítulo de la acusación impugna la constitucionalidad y la legalidad de la circular Nº 105, de 28 de julio de 1972, de la Dirección General de Impuestos Internos, que establece normas para fiscalizar la declaración y pago de los impuestos de las personas que viajan al extranjero. Como es habitual en este libelo acusatorio, las personas que lo firman no describen con claridad los hechos que configurarían una infracción de la Constitución o un atropellamiento de las leyes. Simplemente, reproducen el contenido de la circular Nº 105, glosando dos de los 10 puntos que contiene para concluir que a través de todos esos arbitrios que no tienen fundamento legal alguno y que, por el contrario, vulneran la garantía constitucional establecida en el Nº 15 del artículo 10 de nuestra Carta Fundamental, se está configurando una situación extremadamente grave..., etcétera. Cabe entender, entonces, que la referida circular, es, a juicio de mis acusadores, inconstitucional en todas sus partes. Sin embargo, un poco más atrás, estos mismos acusadores parecen concederle algún viso de legalidad e, indirectamente, de constitucionalidad, a la circular Nº 105, desde el momento en que recuerdan la existencia del artículo 72 del Código Tributario que establece algunas normas de fiscalización relacionadas con los viajes al exterior y reconociendo que ese precepto legal se ciñe a la Constitución Política, protestan de una serie de exigencias de la mencionada circular que sobrepasaría lo previsto por el Código Tributario. En fin, la acostumbrada vaguedad en el planteamiento, acompañada naturalmente de la correspondiente omisión de la explicación de cómo estos hechos vendrían a vulnerar la Constitución y la Ley, hecho que se repite a lo largo de toda esta acusación supuestamente constitucional, pone de manifiesto que, a falta de argumentos jurídicos, mis acusadores pretenden sumir a los señores Diputados en un debate irracional. Prescribe el Nº 15 del artículo 10 de la Constitución Política del Estado que ella asegura a todos los habitantes de la República la libertad de permanecer en cualquier punto de la República, trasladarse de uno a otro, o entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de tercero, sin que nadie pueda ser detenido, preso, desterrado o extrañado, sino en la forma determinada por las leyes. En consecuencia, todos los habitantes de la República pueden entrar o salir de su territorio, siempre que observen las normas establecidas en la ley, la que a su vez no puede prohibir bajo todo respecto esta libertad deambulatoria, pero sí puede regular su ejercicio teniendo en consideración el interés público. Ahora bien, el Nº 1, letra A, del artículo 6º del Código Tributario, confía al Director de Impuestos Internos la atribución de interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir instrucciones y dictar órdenes para la aplicación y fiscalización de los impuestos. Por su parte, el artículo 72 del mismo Código particularizando lo que se denomina medios especiales de fiscalización, prescribe que las Oficinas de Identificación de la República no podrán extender pasaportes sin exigir previamente un certificado del Servicio de Impuestos Internos que acredite que el contribuyente se encuentre al día en sus declaraciones y pago del impuesto patrimonial, global complementario o adicional, en su caso, y el certificado de inscripción en el rol único tributario. Agrega el artículo 72 que en los casos en que se viaje a países para los cuales no se requiere pasaporte, las personas naturales o jurídicas, y las empresas estatales, semifiscales o de administración autónoma, ya sean aéreas, marítimas o terrestres, que transporten pasajeros, no podrán expender los respectivos pasajes sin exigir previamente el certificado mencionado en el inciso anterior. A continuación, el mismo precepto legal dispone que sin embargo, podrán otorgarse los pasaportes aludidos en el inciso primero o expenderse los pasajes a que se refiere el inciso segundo, sin cumplirse con los requisitos señalados en dichas disposiciones, cuando existieran, a juicio exclusivo del Director Regional, razones plausibles para ello, pudiendo dicho funcionario exigir al interesado caución suficiente. Continúa el referido precepto legal prescribiendo que cuando se trate de contribuyentes investigados por la comisión de infracciones tributarias sancionadas con pena corporal, el Director Regional deberá exigir en todo caso caución suficiente. Y concluye expresando que lo dispuesto en el inciso primero no regirá respecto de los extranjeros que ingresen al país en calidad de turistas, de conformidad a la ley, ni de las personas que deban viajar al extranjero en misiones para las cuales se otorguen pasaportes diplomáticos u oficiales. La circular Nº 105, de 28 de julio de 1972, de la Dirección General de Impuestos Internos, no hace sino aplicar las normas legales que se han transcrito precedentemente. No existe, pues, la pretendida inconstitucionalidad o ilegalidad que denuncian estos singulares acusadores, que no precisan los términos de su denuncia. Examinaré críticamente el contenido de la circular N° 105 para ponernos a cubierno de que se sostenga respecto de ella cualquiera omisión. Para fiscalizar si las rentas fueron o no declaradas correctamente atribución que compete al Director de Impuestos Internos la circular Nº 105 exige que se declare la duración del viaje, el dinero que se lleva en escudos y en moneda extranjera y los familiares que viajan a costa del contribuyente, y se certifique por la empresa de transporte la forma de pago del pasaje. De esta manera quedan determinados los gastos del viaje, y el Servicio de Impuestos Internos puede realizar su tarea de fiscalización comparando las rentas declaradas por el contribuyente con los gastos del viaje. Como en el libelo acusatorio nada se expresa respecto de estas exigencias que aparecen claramente fundadas en la ley y que constituyen medidas obvias para los fines que se persiguen no me extenderé sobre ellas. Continúa expresando la referida circular Nº 105 que, si de los antecedentes apareciere que los gastos de viaje no guardan relación con las rentas declaradas, se pasarán los antecedentes al Área de Fiscalización. En este punto mis acusadores fruncen el ceño. Destacan con letras mayúsculas la expresión Área de Fiscalización. Quieren, sin lugar a dudas, insinuar la existencia de un Estado policial, que envía ni más ni menos que al Área de Fiscalización a personas que tienen sólo el sano propósito de viajar al extranjero, todo ello con absoluto desprecio por las libertades constitucionales. Pero no se atreven a hacerlo. Sería demasiado ridículo, incluso en el contexto de esta ridícula acusación. El señor SCARELLA.- ¿Por qué dice que es ridícula? El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Porque el hecho de que los antecedentes no las personas pasen al Área de Fiscalización si del cotejo que se haga resulta que no existe proporción entre las rentas declaradas y los gastos del viaje, es el corolario lógico de un sistema de fiscalización. ¿O es que mis acusadores estiman que lo constitucional y lo legal es enviar esos antecedentes al archivo? La circular continúa expresando que debe hacerse una relación de los motivos del viaje. El libelo acusatorio subraya la expresión motivos. Nuevamente se pretende asociar esta circular a la existencia de un Estado policial, que coarta las libertades constitucionales. Naturalmente, se pasa por alto la circunstancia de que, desde un punto de vista legal, es de toda necesidad precisar los motivos de un viaje al exterior para determinar si la persona que viaja debe o no pagar el impuesto que afecta a los viajes, desde el momento en que la ley exime del pago del impuesto a las personas que viajan por algunos motivos que la misma ley califica, como es el caso de los motivos medicinales, de estudio o becas. Luego, la circular exige que se acredite la cancelación de los últimos tres meses de impuestos a los servicios y a la compraventa cuando procedan, lista exigencia sería, a juicio de quienes han formulado la acusación, ilegal, porque se refiere a tributos do los cuales no habla el referido artículo 72 del Código Tributario. Aquí se incurre en el error de entender que las personas que viajan al extranjero quedan exentas de la fiscalización del pago de cualquier impuesto que no sea de aquellos que se mencionan expresamente en el artículo 72, en circunstancias de que, con arreglo a las facultades generales de fiscalización y control, el Servicios de Impuestos puede exigir en cualquier momento que se acredite el pago de los impuestos a los servicios y a la compraventa y, aún más, en caso de estar pendiente su pago, solicitar al juez competente se apremie al deudor con 15 días de arresto, prorrogabas indefinidamente, como lo previene el artículo 95 del Código Tributario. No existe, entonces, razón alguna para concluir que el Servicio de Impuestos Internos no puede establecer, como lo hizo en la circular Nº 105, que se acredite el pago de tales impuestos en el momento en que el contribuyente pretende viajar al extranjero, pues las oportunidades en que dicho Servicio ejercerá sus atribuciones legales las puede determinar el mismo Servicio según lo estime más conveniente. A continuación, la circular le impone al Servicio el deber de señalar el monto de las divisas que puede adquirir el viajero, conforme a sus rentas. Nada se dice sobre el particular en el libelo acusatorio, ni nada podría decirse. Esta medida constituye, también, un corolario necesario e indispensable del sistema de fiscalización. Lo que sí motiva las críticas de mis acusadores es la exigencia de la presentación de un fiador cuya solvencia sea igual o superior a la de la persona que sale del país, exigencia que califican de ilegal. Sin embargo, esta exigencia es perfectamente legal. Ella ha sido formulada con arreglo a las atribuciones que el Código Tributario otorga al Director de Impuestos Internos para fiscalizar el pago de los impuestos y que el artículo 72 del Código Tributario particulariza por lo que hace a la fiscalización del pago de ciertos impuestos por personas que desean viajar al extranjero. En efecto, el artículo 6º del Código Tributario le confiere al Director de Impuestos Internos amplias facultades para fiscalizar el paro de los impuestos. Por su parte, el artículo 72 del mismo Código le impone el deber de fiscalizar el pago de ciertos impuestos por las personas que desean viajar al extranjero, en la medida en que dichas personas deben acompañar, para que se extienda el respectivo pasaporte, un certificado del Servicio que acredite que el contribuyente se encuentra al día en sus declaraciones y pago del impuesto patrimonial, global complementario o adicional, en su caso. Del contexto de estas normas resulta que el Director General puede, como ocurrió en la especie, exigir cauciones para fiscalizar el pago de impuestos, impuestos que la ley le encomienda especialmente fiscalizar al momento en que los contribuyentes viajen al extranjero. Como he explicado, el artículo 72 del Código Tributario le encomienda especialmente al Servicio de Impuestos Internos fiscalizar el pago de ciertos impuestos por las personas que viajan al exterior, en la medida que dichas personas deben acompañar, para que se extienda el respectivo pasaporte, un certificado del Servicio que acredite que el contribuyente se encuentra al día en sus declaraciones y pago del impuesto patrimonial, global complementario o adicional, en su caso. La emisión de ese certificado implica un pronunciamiento del Servicio que sólo se puede generar en todo un proceso de revisión de los documentos, libros de contabilidad u otros medios que la ley establezca, y en el que se apreciará el carácter de fidedignos de los documentos presentados o producidos por el contribuyente como lo establece el artículo 21 del Código Tributario, porque la presentación de los correspondientes comprobantes de pago no permitiría que el Servicio certificara que el contribuyente se encuentra al día en el pago de sus impuestos, debido a que eventualmente podrían existir diferencias de impuestos no declarados. Como se comprenderá, este proceso de revisión haría prácticamente imposible que se realizara el viaje que daría origen al proceso y de hecho limitaría la posibilidad de cualquier persona de abandonar el territorio de la República. De allí, entonces, que en la circular Nº 105 se ha generalizado la atribución que se le confiere a los Directores Regionales en el inciso tercero del artículo 72 del Código Tributario para exigir del interesado una caución suficiente, cuando haya razones plausibles para no exigir el certificado a que se refiere el inciso primero del mismo artículo 72. La caución aparece exigida frente a la constatación de que en ningún caso es posible determinar, con motivo del viaje de un contribuyente, si éste se encuentra realmente al día en el pago de los impuestos respectivos. Se equivocan, pues, quienes afirman que la presentación de un fiador constituye una exigencia ilegal de la circular Nº 105. Menos aún la exigencia de que dicho fiador tenga una solvencia igual o superior a la del que lo presenta, pues recuérdese que se trata de una caución suficiente, como bien lo expresa el artículo 72 del Código Tributario. Continuando el análisis de la circular Nº 105, cabe señalar que ella también exige que se constituya una nueva fianza cuando el primitivo fiador se encuentra en la necesidad de viajar al extranjero, lo que se explica por sí mismo. Finalmente, se establece en el Servicio de Impuestos Internos una Sección Especial denominada de Control de Extranjería y Pasaportes. Aquí, nuevamente, mis acusadores parecen fruncir el ceño, como que destacan con mayúsculas el nombre de la nueva Sección. Es porque nuevamente pretenden crear imágenes de un Estado policial que tiene una siniestra Sección de Control de Extranjería y Pasaportes. Este capítulo final concluye con la afirmación de que por esta vía el Gobierno de la Unidad Popular, sin tener que recurrir a barreras físicas, está configurando un verdadero encadenamiento forzado del país, limitando la libertad de tránsito hacia el exterior.. Aquí mis acusadores no vacilan en calificar estas medidas como un procedimiento tendiente a coartar libertades constitucionales. Esta afirmación está en completo desacuerdo con la realidad. Los hechos, los porfiados hechos, nos muestran que el número de personas que han viajado al exterior desde el lº de agosto del año en curso, fecha en que comenzó a aplicarse la circular Nº 105, no ha experimentado variaciones sustanciales con relación al promedio de los meses anteriores. Por el contrario, las estadísticas del Servicio de Impuestos Internos demuestran que entre los meses de agosto y noviembre de este año, ambos inclusive, la Administración de la V Zona Santiago-Centro, otorgó 13.275 certificados para salir del país, número que corresponde al de cualquier otro similar período del año o de años anteriores. Es posible que la circular Nº 105 contenga errores. No nos consideramos infalibles. Atendemos con interés toda observación crítica que se formule en esta Cámara de acuerdo a sus altas tareas fiscalizadoras. Pero lo que excede todo límite y atenta contra las normas constitucionales es formular una acusación a un Ministro en razón de medidas absolutamente legales de control tributario, como son las determinadas en esa circular. Los reaccionarios no quieren que Chile trabaje, viva en paz y progrese. Ayer indujeron a débiles mentales a colocar miguelitos, con vistas a paralizar los camiones. Ahora propician otro juego, en el que no creo que pueda involucrarse a la Cámara ni al Senado. Es la idea de derribar Ministros, a fin de paralizar al Gobierno. Detrás de esta acusación no hay razones jurídicas, sino odio, rencor revanchista. No somos nosotros, sino que fue un mandatario de sus filas el que advirtió a la canalla dorada que el odio nada engendra. Contra el Gobierno Popular, contra la nacionalización del cobre, contra la reforma agraria, contra la creación del área social de la economía, los adversarios del progreso tienen como único común denominador el odio. He pasado revista a los temas de la acusación constitucional. Conviene que el pueblo de Chile no los olvide. Se me acusa por haber aplicado la ley, defendiendo la economía nacional, a fin de que no se detuviera la actividad bancaria. Se me acusa por haber establecido normas para el financiamiento, en estricto acatamiento a la ley, del área social de la economía, que la oligarquía financiera quisiera asfixiar. Se me acusa por haber exigido que se cumpla la ley y porque no reciben crédito los que se niegan a producir. Se me acusa porque el Servicio de Impuestos Internos fiscaliza a los potentados que intentan salir a gastar en el extranjero fortunas mal habidas sin pagar previamente, siquiera, sus obligaciones tributarias. Por lo tanto, objetivamente, la acusación interpreta a los que actuaron contra Chile en la asonada de octubre, a los que atentan contra el régimen democrático, a los que pretenden restablecer los privilegios de los clanes, a los que quieren usufructuar del crédito para la especulación, a los que emigran para denigrar a la Patria. Pudiera sostener que no me cabe responsabilidad por actuaciones de organismos autónomos que se relacionan con el Ministerio de Hacienda sin tener dependencia alguna de él. Sería la verdad, pero no lo haré. Asumo todas las responsabilidades. Este es un Gobierno que ha trazado una política homogénea, una sola conducta, y que puede ostentar con orgullo su empeñoso batallar por afirmar sobre bases sólidas la independencia económica del país. Respondo por las actuaciones del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos, del Servicio de Impuestos Internos. Me enorgullece que el Presidente, compañero Salvador Allende, me haya encargado dirigir una de las áreas más difíciles, el área financiera. Que hemos actuado bien lo demuestra esta acusación, su falta de fundamentos reales, el que la hayan presentado quienes la presentaron, el que en ella se condense hoy la inquina de los resentidos. En pocas horas más van a votar los señores Diputados. Cada uno estará, al llamársele a emitir su pronunciamiento, definiéndose ante su conciencia. Por mi parte, experimento, como gobernante, como Ministro de Estado, como hombre de la Unidad Popular, como comunista, la satisfacción del deber cumplido. Los señores Diputados y yo hemos prometido guardar la Constitución. Lo he hecho. No lo harán quienes aprueben una acusación abusiva. He respetado los derechos legítimos de los adversarios. Nos hemos formado en la lucha social, contribuyendo a desarrollar y hacer viva la democracia. Nuestra fuerza reside en las convicciones revolucionarias y en el enraizamiento entrañable en la clase obrera, en el pueblo. Permítanme que, más allá de lo personal, diga algunas palabras finales en nombre del Gobierno. Mantenemos en alto, como Ejecutivo, la bandera de la concordia patriótica, del respeto a la Constitución y a la ley, de la tranquilidad pública, del orden que garantice el desarrollo pacífico de la vida nacional, de anteponer los deberes de cautelar la seguridad de esta tierra y de sus hombres. Ninguna incomprensión, ningún ataque injusto, ninguna escaramuza serán capaces de sacarnos de esta senda. Los individuos podemos ser derribados, somos accidentes, pero siguen el pueblo y su Gobierno. Chile necesita trabajo. El amor a la patria exige entregarle todos nuestros sacrificios. Hay que evitar que se enfrente a los chilenos dividiéndonos en dos grandes bandos irreconciliables dispuestos a eliminarse por la violencia. Por muy dura que sea la confrontación de intereses, de posiciones sociales, de criterios políticos y de pensamientos, distinguimos entre lo que constituye el ejercicio democrático de la Oposición y lo que cae, en cambio, en el terreno de la sedición y de la desesperada búsqueda de la quiebra de las instituciones republicanas para abrir paso al fascismo. El Gobierno Popular no será arrastrado a la reyerta politiquera y continuará otorgando garantías a todos los que discrepan de nosotros pero lo hacen en el marco democrático. Cuando arrecia el desborde de las pasiones, no puede olvidarse el deber supremo de velar por la patria. De nuestra parte, sabremos hacerlo los que hemos asumido la responsabilidad de dirigir el país. He dicho. Aplausos en la Sala. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señores Diputados, ¿habría acuerdo para suspender la sesión por media hora? Acordado. Se suspende por media hora. Se suspendió la sesión a las 14 horas. Se reanudó la, sesión a las 14 horas 30 minutos. El señor SANHUEZA (Presidente).- Se reanuda la sesión. Se suspende por quince minutos. Se reanudó la sesión a las 14 horas 45 minutos. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se reanuda la sesión. Se suspende la sesión por dos minutos. Se suspendió la sesión. Transcurrido el tiempo fijado: El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se reanuda la sesión. Corresponde, a continuación, ofrecer la palabra a un señor Diputado que sostenga la acusación. Ofrezco la palabra. El señor ARNELLO.- Pido la palabra. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Diputado señor Arnello, hasta por dos horas. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, antes de iniciar el análisis de los fundamentos de la acusación y dar respuesta, en esa oportunidad, a la defensa del señor Ministro de Hacienda a cada uno de los capítulos que la forman, quiero referirme, muy brevemente, a afirmaciones de tipo general que el señor Ministro ha planteado en su defensa y que se relacionan con materias de importancia y con el ejercicio de las facultades y de las atribuciones que nos caben a los Diputados. En primer lugar, debo reconocer que, en esas frases iniciales del señor Ministro don Orlando Millas, yo concuerdo con su afirmación de que estamos aquí para dar cabal cumplimiento a las obligaciones que nos impone la Constitución Política de la República de Chile y, también, para respetar el Estado de Derecho, que rige, debe regir y seguirá rigiendo en nuestro país. Nosotros, al plantear esta acusación, de acuerdo con nuestro criterio y con nuestras atribuciones constitucionales, estamos exigiendo respeto a ese Estado de Derecho. De manera que, en el ejercicio de las facultades que hemos ejercido, no estamos infringiendo ni nuestro juramento ni las disposiciones de la Constitución Política, sino que estamos formulando ante la Cámara de Diputados una serie de cargos concretos, para que sea la Cámara la que, en uso de sus atribuciones exclusivas, según señala el artículo 39 de la Carta Fundamental, declare si han o no lugar las acusaciones que diez, a lo menos, de sus miembros formularen en contra de los siguientes funcionarios:... b) De los Ministros de Estado... Por lo tanto, señor Presidente, desde ya quiero dejar muy en claro que no puede hacerse la imputación de que los Diputados que suscribimos la acusación estemos infringiendo la Constitución por el hecho de someter a la consideración de la Honorable Cámara cargos por los que, a nuestro juicio, merecen que la Cámara de Diputados declare que ha lugar a la acusación deducida. Esto es importante señalarlo, porque es un hecho indiscutido, o indiscutible, al menos, que ya están en práctica medidas que significan una tergiversación de esta realidad y de estos hechos, y se ha iniciado una campaña en contra del Congreso Nacional, por el simple hecho de haber nosotros deducido esta acusación y estar la Cámara conociendo de ella. No es esta acusación un juego político, ni pretendemos iniciar o seguir un juego con ella. No queremos con ella tampoco impulsar el odio, ni la división en nuestro país. Lo que sí deseamos evitar es que, a pretexto de realizar un programa político que ciertos sectores del país, a nuestro juicio, minoritarios, sostienen y propugnan; se pretenda impedir que quienes discrepamos de él, podamos ejercer el derecho constitucional que nos asiste de actuar en contra de ese programa y de ejercer cabalmente la garantía constitucional, establecida en el artículo 9º de la Constitución Política del Estado, que permite a los partidos políticos influir en las líneas y finalidades de la política nacional y no tener que seguir las líneas de un programa que no es una obligación del Estado, sino una mera aspiración de grupos políticos determinados. Nosotros queremos evitar que en la acción del Gobierno, que, a nuestro juicio, es nefasta y conduce a causar un mal irreparable al interés nacional, se haga además de la incapacidad y del sectarismo, que son manifiestos uso de recursos, de sistemas y de métodos contrarios al ordenamiento jurídico del país, que, por otra parte, sus personeros, al menos los de los partidos que lo sustentan, no vacilan en descalificar, como expresión de una legalidad burguesa, que tendría mentalidad clasista y de defensa de intereses creados. La legalidad que existe en Chile es la que el país se ha dado, y a ella están obligadas las autoridades y los servicios del Estado. Otra cosa es que los parlamentarios de cualquier corriente de opinión, o el Gobierno mismo, puedan ejercer las funciones que la Constitución les otorga para modificar esa legalidad. Pero deben cumplirla, deben respetarla. Y no son admisibles ni resquicios ni tergiversaciones, ni la mala fe manifiesta que se ha aplicado en los métodos y en las actitudes que, en muchas oportunidades, hemos censurado. Cuando se abusa del poder, cuando se desvía el poder, cuando se atropella la ley manifiestamente, estamos en presencia de hechos graves que vienen a destruir no sólo los derechos de los ciudadanos que son afectados por esas medidas concretas, sino una parte del patrimonio jurídico de la Nación misma y de todo el pueblo chileno, y se entra a amenazar seriamente la seguridad de nuestra Nación; porque el abuso y el atropello conducen necesariamente a generar la violencia en quienes se encuentran privados del ejercicio de sus derechos o ven el menoscabo en que ellos recaen. No somos nosotros, señor Presidente, los que hemos sostenido que es necesario conquistar todo el poder para nuestra posición. Esta afirmación proviene, justamente, del Secretario General del Partido Comunista, Senador Corvalán. Y la ha reiterado innumerables veces. Es él quien ha sostenido que es necesario ir a la conquista de todo el poder, expresión y ambición esencialmente antidemocráticas, porque la esencia de la democracia chilena está en la división de los Poderes y en la imposibilidad de que grupo político alguno, de que Poder del Estado alguno, pueda controlar en su mano la totalidad del poder. Por eso, nuestra Carta Fundamental divide el Poder de Poderes independientes, en Poderes que tienen y requieren de la más absoluta independencia para el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de sus finalidades. Está allí, pues, y no en nuestras intenciones y en nuestros propósitos, ir a la destrucción del sistema democrático, pretendiendo atribuirse más poder que el que la Constitución y las leyes vigentes otorgan. Confiamos, señor Presidente, en ese desafío virtual, formulado, en algunas de sus expresiones, por el Ministro de Hacienda, señor Millas, de que sea el pueblo el que dé respuesta a esta situación. Nosotros confiamos en la respuesta del pueblo. Y aunque se pretenda tergiversar declaraciones formuladas por mi Partido, el Partido Nacional, respecto a las elecciones de marzo, nosotros debemos decir que confiamos en esa respuesta y que estamos ciertos de que el pueblo chileno será certero en determinar en qué sectores está la razón en esta pugna política y cívica, y quiénes son los que mejor interpretan, en consecuencia, el interés del país. Después de haber visto, a lo largo de estos dos años, cómo constantemente el Gobierno ha sacado del quicio legal que establece nuestro ordenamiento jurídico sus acciones, y cómo los partidos que lo sostienen son los que han sembrado el odio, la inseguridad, la incertidumbre y la división entre los chilenos, no podemos aceptar que se nos pretenda venir aquí a imputar ni incumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales, ni menos falta de patriotismo. En materia de patriotismo, quienes estamos sosteniendo una posición, que nació, justamente, siendo pequeña y minoritaria y en condiciones adversas, porque no teníamos ayuda ni comprensión de ningún sector, creemos haber demostrado que estamos defendiendo, al menos con la fuerza que nos dan nuestros ideales y nuestros sentimientos, lo que consideramos lo mejor para Chile. En consecuencia, podemos aceptar todas las críticas, todas las lecciones que se nos quieran dar por los errores que podamos cometer; pero lecciones de patriotismo no se las aceptamos a nadie, porque en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos nacionalistas no existen sino la expresión de nuestro amor a la patria y de nuestra devoción a su servicio, que creemos cumplir de la manera que somos capaces de entenderlo. Le concedo una interrupción al señor Schleyer. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Schleyer. Hablan varios señores Diputados a la vez. La señora ALTAMIRANO, doña Amanda.- El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Diputado señor Schleyer, ruego a Su Señoría usar de la palabra. Hablan varios señores Diputados a la vez. La señora ALTAMIRANO, doña Amanda.- ¡Tienen cara de venir a hablar de patriotismo! El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señora Altamirano! El señor GODOY.- ¡Qué pueden entender de patriotismo los comunistas! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SCARELLA.- ¡Sometidos al imperialismo ruso! El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señor Scarella, señora Altamirano, señor Robles, llamo al orden a Sus Señorías. Puede hacer uso de la palabra el Diputado señor Schleyer. El señor SCHLEYER.- Señor Presidente, fueron mi Partido y la Democracia Radical los que, con la firma de once señores Diputados, presentaron esta acusación constitucional contra el Ministro de Hacienda señor Orlando Millas Correa. La Comisión acusadora votó favorablemente esta acusación, por cierto, con los dos votos en contra de los Diputados de la Unidad Popular, señores Schnake y Riquelme... Un señor DIPUTADO.- ¡Dos chilenos! El señor SCHLEYER.- ... considerando que, efectivamente, después de largos y acuciosos interrogatorios, incluso al propio Ministro de Hacienda, señor Millas, y a diversos personeros de instituciones y gremios, hay responsabilidad de parte del Ministro acusado, especialmente en lo que concierne a represalias contra funcionarios del Banco Central y de los Ferrocarriles del Estado. Yo diría, más bien, persecución contra funcionarios de larga, honesta y leal trayectoria en sus respectivas instituciones... La señora ALTAMIRANO, doña Amanda.- “Honesta”... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MOMBERG.- Señora, cuidado con lo que dice. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señor Momberg. Señor Robles, llamo al orden a Sus Señorías. Puede continuar el señor Schleyer. El señor SCHLEYER.- Además, hemos podido detectar, en el transcurso de la acusación... El señor TEJEDA.- Con radar. El señor SCHLEYER.- ...que, con liviandad increíble, se trate de tergiversar los hechos, haciéndolos aparecer de tal manera distorsionados y disfrazados que me atrevería a decir que existe mala fe y hasta quizás se falta a la verdad. Por ejemplo, el señor Presidente del Banco Central de Chile nos ha dicho que en dicha institución habría solo 3 funcionarios subalternos extranjeros; pero resulta que obra en poder de los miembros de la Comisión acusadora, una nómina que incluye a 20 funcionarios extranjeros, con indicación de sus nombres y nacionalidades,... El señor TEJEDA.- ¿Qué delito es ése? El señor SCHLEYER.- ... entre ellos, cubanos, argentinos, checoslovacos, italianos, franceses, suecos, brasileños, colombianos, etcétera,... El señor TEJEDA.- ¿Qué dice la Constitución al respecto? El señor SCHNAKE.- Solicito una interrupción. El señor SCHLYER.- Sólo dos de estos 20 funcionarios, los señores Esteban Ogrodmic y Miguel Requena, son chilenos nacionalizados... El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Schleyer? Su Señoría está haciendo uso de una interrupción, de tal manera que no puede concederlas. Digo esto, señor Schleyer, porque el señor Schnake le había solicitado una interrupción. Puede continuar, señor Diputado. El señor SCHLEYER.- Señor Presidente, yo me pregunto: ¿No tenemos en Chile personal ejecutivo idóneo para servir estos cargos? No me opongo a que se contraten los servicios de algún extranjero altamente especializado para servir un cargo que un chileno, por razones a, b o x, no esté en condiciones de desempeñar. ¡Pero se trata de 20 cargos en un solo Banco! Estimo que las cosas se están llevando demasiado lejos y no podemos aceptar mansamente estos atropellos a nuestros conciudadanos. Nos hemos impuesto, además, que ha habido un sinnúmero de traslados que, moralmente, afectan a los funcionarios... El señor TEJEDA.- ¿Cuántos? El señor SCHLEYER.- Voy a enumerar sólo algunos de ellos, a vía de ejemplo. La señora Lucrecia Huerta fue trasladada de la Secretaría del Gerente General del Banco Central de Chile a ayudante de Enfermera en el Servicio Médico Nacional. La señorita María Inés Serrano, de Secretaria del Presidente del Banco, a contadora de billetes; el señor Tobías Arce escúchelo bien, Honorable Cámara de Jefe de Talleres a portero; y así se llega a un total de 37 funcionarios trasladados a cargos inferiores a los que estaban sirviendo, contraviniéndose abiertamente el Estatuto Administrativo. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Diputado señor Palestro. El señor SCHLEYER.- Entre los 28 funcionarios exonerados... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Palestro! El señor SCHLEYER.- ... del mismo Banco, hay Gerentes, Abogados, Subgerentes, Revisor General, Contador y Tesorero de la Oficina de Santiago y muchos otros funcionarios de distintas jerarquías, quienes totalizan el número ya indicado. ¿Qué cargos se les hace? Sólo porque han tenido una más activa participación en las acciones del paro. Estimo, señor Presidente... El señor PALESTRO.- Son sediciosos. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SCHLEYER.- Que es inaceptable una formulación de cargo de esta índole. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Diputado señor Carvajal! ¡Señor Robles! El señor SCHLEYER.- Ahora veamos... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señor Salinas, don Edmundo. El señor SCHLEYER.- ... qué sucede con el gremio de los transportistas. El Vicepresidente de la CORFO, señor Pedro Vuskovic, está empeñado en un verdadero plan para dividir a los gremios. Se están empleando, en esto, vehículos fiscales,... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Momberg! El señor SCHLEYER.- ... funcionarios pagados con el aporte de todos los chilenos y con recursos del Estado. Todo ello sólo para dividir a los gremios. El señor TEJEDA.- ¿En qué capítulo sale? El señor SCHLEYER.- Se han dado instrucciones a los despachadores de aduanas para que descuenten el 5% del valor del transporte que hacen los asociados del Gremio de Transportistas para financiar a una institución paralela, alentada por el Gobierno y conocida con la sigla MOPARE... El señor ROBLES.- ¡Les duele! El señor SCHLEYER.- ... y que, paradójicamente, se llama Institución Patriótica de Camioneros. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SCHLEYER.- Tengo en mi poder la guía Nº 1.657, expedida por un agente general de aduanas de Valparaíso, que acredita esta aseveración. Ocurre que ahora, alentados por el Gobierno, se financia a este nuevo gremio, MOPARE, con aportes del Gremio de los Transportistas. Se denomina Institución Patriótica de Camioneros y se pretende financiarla a costa de los verdaderos, sufridos y tan vapuleados transportistas. El señor PALESTRO.- ¡Pero si también son transportistas! El señor SCHLEYER.- Y hemos llegado a lo irrisorio, pues ahora existen camioneros patriotas, médicos patriotas,... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor TEJEDA.- ¡Que se refiera a la materia en debate! ¡Que se refiera a la acusación! El señor SCHLEYER.- ... profesores patriotas, ingenieros patriotas, etcétera. Nacen patriotas por todas partes cuando se trata de dividir a alguna institución honesta y que siempre ha servido a la patria. Pasemos a Ferrocarriles del Estado. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Godoy! ¡Señor Palestro! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Acuña! ¡Señor Palestro! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Palestro, llamo al orden a Su Señoría! El señor TEJEDA.- ¡Que se refiera a la acusación! El señor SCHLEYER.- Señor Presidente, pasemos al caso de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. Aún existe una larga lista de setenta y nueve funcionarios afectados: con cesantía, once funcionarios; excedentes y fuera de escalafón, siete funcionarios; sin funciones, cuatro funcionarios; trasladados o en funciones, siete; puestos bajo órdenes de técnicos, cuatro; puestos bajo órdenes de funcionarios de menor grado, cuatro; atropellados en el escalafón, catorce; y perjudicados en sus carreras, veintiocho. ¡A esto se le denomina término de las represalias, señor Presidente! Un señor DIPUTADO.- ¿Y qué han hecho ustedes con los campesinos? El señor TEJEDA.- Eso lo escribió antes de escuchar la defensa. No pega ni junta. El señor SCHLEYER.- Así se cumple el deseo del Gobierno, expresado en su declaración, al estimar suspendido el paro de octubre. Cuidado, Honorable Cámara; el paro fue suspendido y si algo se suspende se puede volver a reanudar,... Varios señores DIPUTADOS.- ¡No me diga...! El señor SCHLEYER.- ... si no se cumplen las promesas hechas y reiteradas en diversas oportunidades... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Robles! ¡Señor Carvajal! El señor SCHLEYER.- ... y difundidas al país profusamente por todos los medios de comunicación. Las consecuencias del paro son por todos conocidas; y mi Partido y el Diputado que habla no deseamos que la ciudadanía vuelva a sufrir estos duros momentos de angustia y de zozobra. En manos del Gobierno está el hacer cumplir los compromisos contraídos por él con toda la ciudadanía y con cada uno de los chilenos... El señor TEJEDA.- ¡No ha faltado a ningún compromiso! El señor SCHLEYER.- El Ministro señor Millas no ha cumplido con estos compromisos... El señor TEJEDA.- ¡Falso! El señor SCHLEYER.- ... y, por esa razón, mi Partido, el Nacional, lo ha acusado constitucionalmente y la Comisión que integro ha tenido a bien dar lugar a esta acusación. Gracias, señor Presidente, por la interrupción que me ha concedido el colega Arnello. 4.- PRESUPUESTO DE ENTRADAS Y GASTOS DE LA NACION PARA EL AÑO 1973.- TERCER TRAMITE CONSTITUCIONAL El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Arnello? Los Comités y la Sala después, acordaron despachar, en tercer trámite constitucional, el proyecto de Ley de Presupuesto de la Nación para el año 1973, en el momento mismo en que se recibiera el oficio respectivo del Senado. Se ha recibido dicho oficio, de modo que el proyecto podríamos despacharlo en este instante. El señor ARNELLO.- Muy bien. Varios señores DIPUTADOS.- ¡Muy bien! El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Acordado. El oficio del Senado es el siguiente: El Senado ha tenido a bien aprobar el Cálculo de Entradas y las Partidas de la Estimación de Gastos del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para el año 1973, propuestos por esa Honorable Cámara, con las siguientes modificaciones: 02 Congreso Nacional Senado Moneda nacional Moneda extranjera convertida a dólares 1.- Presupuesto Corriente, sube a E° 238.970.000 US$ 220.000 A.- Gastos de Operación, sube a 200.958.000 2.- Compra de Bienes y Servicios no personales, sube a 113.247.000 017 Otros Servicios no personales, sube a 55.640.000 Moneda nacional Moneda extranjera convertida a dólares Se repone el Nº 2, con su glosa y cantidades en moneda nacional y extranjera convertida a dólares. Total Gastos del Programa, sube a 246.020.000 250.000 06 Ministerio de Relaciones Exteriores Servicio Exterior l.- Presupuesto Corriente, sube a US$ 12.990.000 A.- Gastos de Operación, sube a 12.580.000 1.- Remuneraciones, sube a 8.090.000 003 Sobresueldos, sube a 2.490.000 004 Remuneraciones variables, sube a . 2.260.000 2.- Compra de Bienes y Servicios no personales, sube a 4.490.000 015 Servicios Generales, sube a 650.000 017 Otros Servicios no personales, sube a 3.100.000 Total Gastos del Programa, sube a 13.730.000 07 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción Secretaría y Administración General Política y Administración Industrial y de Comercio 1.- Presupuesto Corriente, sube a Eº 15.910.000 A.- Gastos de Operación, sube a 15.710.000 2.- Compra de Bienes y Servicios no personales, sube a 4.280.000 013 Materiales y Servicios para mantenimiento y reparaciones, se repone con 1.097.000 Moneda nacional Moneda extranjera convertida a dólares Total Gastos del Programa, sube a 16.010.000 08 Ministerio de Hacienda, Secretaría y Administración General Operaciones Complementarias 1.- Presupuesto Corriente, baja a 44.204.855.000 198.000 B.- Transferencias, baja a 203.420.000 10.000 035 Transferencias a Instituciones del Sector Público, baja a 203.200.000 Se suprime la Asignación 003, su glosa y las cantidades asignadas. Total Gastos del Programa, baja a 45.695.855.000 198.000 Secretaría y Administración General Municipalidades 033.001. Municipalidades: Participación impuesto a la renta, se agrega a su glosa el siguiente N° 5), nuevo: 5) Para entregar a la Confederación Nacional de Municipalidades a fin de que atienda a su financiamiento Eº 2.400.000. Esta suma deberá deducirse de los números 1) y 2) y deberá ser entregada por el Ministerio de Hacienda, por duodécimos a la institución citada. Este aporte libera a las Municipalidades por el año 1973 de la obligación establecida en el artículo 10 de la ley Nº 17.166 de 6 de agosto de 1969. Ha agregado, a esta misma glosa, los siguientes incisos finales, nuevos: Moneda nacional Moneda extranjera convertida a dólares Lo dispuesto por el artículo 109 de la ley Nº 17.399 se prorroga por el año 1973 pudiendo el Servicio de Tesorerías, a requerimiento de las Municipalidades respectivas, entregar en moneda nacional parte o el total de las cuotas para adquirir en el país los elementos y equipos a que se refiere el artículo 145 de la ley Nº 17.271. El ítem 033.001 Municipalidades: Participación impuesto a la renta tendrá el carácter de excedible hasta completar el 7% a que se refiere el artículo 8º de la ley Nº 15.564. 09 Ministerio de Educación Pública Secretaría y Administración General Administración Centro Cultural 1.- Presupuesto Corriente, sube a Eº34.487.000 A.- Gastos de Operación, sube a 34.357.000 2.- Compra de Bienes y Servicios no personales, sube a 25.677.000 013 Materiales y Servicios para mantenimiento y reparaciones, sube a ... 13.646.000 021 Consumos Básicos, sube a ... 7.680.000 Total Gastos del Programa, sube a 34.487.000 18 Ministerio de la Vivienda y Urbanismo Subsecretaría y Dirección General de Planificación y Presupuesto Administración y Planificación Gral. de la Vivienda 1.- Presupuesto de Capital, sube a 156.498.000 A.- Inversión real, sube a 156.498.000 156.498.000 059.002 Otras edificaciones, se repone con su glosa y la cantidad de 47.880.000 Total Gastos del Programa, sube a 232.312.000 El Senado ha tenido a bien aprobar el proyecto de ley que propone el Cálculo de Entradas y la Estimación de los Gastos del Presupuesto Corriente y de Capital de la Nación para el año 1973, con las siguientes modificaciones: Artículo 1° Ha reemplazado las cantidades aprobadas por esa Honorable Cámara para el Congreso Nacional y los Ministerios que se señalan, por las que se indican: Egresos Corrientes De Capital Congreso Nacional E° 643.000.054 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 326.562.000 Ministerio de Hacienda 54.865.905.000 Ministerio de Educación Pública 14.373.999.000 Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 7.068.135.000 Totales 98.048.455.054 30.530.787.000 Total de Gastos en moneda nacional E° 128.579.232.054 Artículo 2º Ha reemplazado las cantidades aprobadas por esa Honorable Cámara para el Congreso Nacional y los Ministerios que se señalan, por las que se indican: Egresos Corrientes De Capital Congreso Nacional US$ 285.000 Ministerio de Relaciones Exteriores 16.771.000 Ministerio de Hacienda .. 75.400.000 Totales 156.208.000 Total de Gastos en monedas extranjeras convertidas a dólares US$ 287.015.000 A continuación, ha consultado como artículo 20, el siguiente, nuevo: Artículo 20.- Los saldos no invertidos al 31 de diciembre de 1972, y que por disposición del artículo 109 de la ley Nº 17.399 hayan sido o deban ser depositados en la Cuenta Especial a que ese precepto se refiere, deberán invertirse conforme a la distribución establecida en los artículos 144 y 145 de la ley Nº 17.271. Sin embargo, el Servicio de Tesorerías, a requerimiento de las Municipalidades respectivas, hecho por intermedio de la Confederación Nacional de Municipalidades, podrá entregar en moneda nacional, al tipo de cambio bancario vigente, el todo o parte de las cuotas para adquisición en el país de los elementos y equipos a que se refiere el artículo 145 de la ley Nº 17.271. Sin perjuicio de lo anterior, en lo demás, declárase prorrogado por el año 1973 lo establecido en los incisos segundo y siguientes del artículo 145 mencionado v sus modificaciones. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se me ha hecho presente que los señores Diputados conocen las modificaciones del Senado. Varios señores DIPUTADOS.- ¡No, señor! El señor MOMBERG.- ¡Que se lean! El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Se va a repartir el oficio respectivo. Se me ha manifestado que habría acuerdo, por parte de varios Comités, para aprobar las modificaciones del Senado. Por eso, ruego a los otros Comités imponerse de ellas para considerar la posibilidad de votarlas en un solo acto. ¿Habría acuerdo para despachar las modificaciones del Senado en un solo acto? Varios señores DIPUTADOS.- Sí. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Acordado. Si le parece a la Cámara, se aprobarán las modificaciones del Senado. Aprobadas. Despachado el proyecto. 5.- ACUSACION CONSTITUCIONAL DEDUCIDA EN CONTRA DEL MINISTRO DE HACIENDA, SEÑOR ORLANDO MILLAS CORREA El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Arnello. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, los hechos que obligaron a deducir esta acusación a los Diputados que la suscriben, crean un cuadro de mucho mayor gravedad que la que parece desprenderse de las palabras del señor Ministro acusado. Estos hechos afectan no solamente a grupos de personas, sino que forman parte de un contexto que llega a afectar gravemente el interés del país. Los hechos que motivan la acusación revisten características de diversas naturaleza. Volvemos a sostener que ellos configuran infracciones a la Constitución Política, atropellamiento de las leyes y dejar otras sin ejecución. Todas estas transgresiones, en su conjunto, revelan graves abusos y desviaciones de poder, en forma manifiesta y deliberada. Al entrar en el análisis detallado de cada uno de estos hechos y de cada uno de los capítulos de la acusación, quiero señalar a la Honorable Cámara que existen motivos fundados para afirmar que ellos son parte integrante de una política de Gobierno que calificamos de abusiva e ilegal, pues significa conculcar los derechos de muchos chilenos que la Constitución Política les garantiza, y significa desconocer, además, atribuciones de otros poderes del Estado. Bastaría analizar determinadas resoluciones adoptadas por servicios que se relacionan a través del Ministerio de Hacienda para demostrar la afirmación que hacemos. Por ejemplo, frente a una empresa ocupada ilegalmente por un grupo de personas y frente a las querellas promovidas por los legítimos dueños de la misma, el juez que conoce del proceso ordenó el desalojo de la industria. Finalmente, y después de bastante vacilaciones, se cumple la resolución judicial con auxilio de la fuerza pública, pero en el instante de cumplir la resolución de los Tribunales, el Intendente de la provincia, que acompaña a la fuerza pública, señala a los ocupantes la conveniencia de respetar esta resolución y les advierte, sí, que el Gobierno posteriormente buscará alguna manera, algún resquicio, para producir el mismo efecto que querían los autores del delito al cual la resolución jurídica le ponía término. Es así como al día siguiente de desalojada la industria por orden judicial, aparece la resolución de un organismo del Estado que requisa esa industria alegando el desabastecimiento que produciría el efecto de ocupación ilegal a la cual ya se había puesto término por resolución judicial. Este hecho revela en forma manifiesta que un organismo del Estado entra a hacer ilusorio, al poner término a los efectos de una resolución judicial dictada legítimamente y de acuerdo con las atribuciones que tienen los jueces en los procesos de que conocen, y por la vía de un abuso manifiesto procede a requisar la industria en tales condiciones de ilicitud absoluta. Otro ejemplo. Una empresa ilegalmente requisada son hechos que conocen los señores Diputados cuya solución de requisición ha sido constantemente rechazada por la Contraloría, cuyo decreto de insistencia no se ha podido enviar porque no ha sido firmado por todos los Ministros ... El señor TEJEDA.- ¡Todavía! El señor ARNELLO.- Dice el señor Diputado que todavía; debe saber algo más que yo; pero hasta la fecha no ha sido firmado... Los representantes de esa empresa se han querellado por los delitos allí cometidos; el juez de la causa ha encargado reo a los dos interventores de la industria requisada y ha decretado medidas precautorias que les impiden usar lícitamente de los recursos y de los fondos de esa empresa. ¿Qué sucedió, entonces? Que un funcionario de otro servicio del Estado, y éste sí que depende directamente del señor Ministro de Hacienda acusado, el Superintendente de Sociedades Anónimas, utilizó una disposición inexistente en nuestra legislación para apremiar ilícitamente a los representantes de la empresa al pretender imponerles sanciones si no se desisten de las medidas precautorias solicitadas y acogidas por el Tribunal, si no se desisten del ejercicio de los derechos procesales que les otorga nuestra legislación. Eso es lo que ha hecho el jefe de un servicio del Estado que depende del Ministro acusado, sin que el señor Ministro diga absolutamente nada frente a este hecho que implica un delito flagrante que también se está persiguiendo en los tribunales de justicia. El señor TEJEDA.- ¡No está acusado por eso! El señor ARNELLO.- Veamos, además, lo que sucede en la industria electrónica. El Diputado señor Guerra denunció aquí que siguen las situaciones ilegales y se le contestó desde el Gobierno de la República, por un oficio, de que habían terminado todos los problemas en esas industrias, pero éstas continúan intervenidas ilegalmente, no obstante haber rechazado la Contraloría la resolución que nombraba a tales interventores. Esto nos está revelando, pues, que en esta actitud de realizar los propósitos de acrecentar el poder central que persigue el Partido Comunista, no tienen los personeros del Gobierno, ni los funcionarios de los servicios del Estado reticencias de ninguna especie, ni siquiera frente al ejercicio de los derechos que la Constitución otorga a las personas, ni frente al ejercicio de las atribuciones que nuestra Constitución también otorga a un Poder Judicial independiente. El señor TEJEDA.- Esa no es materia de la acusación. El señor ARNELLO.- Hechos de esta magnitud están conformando el contexto del cual se desenvuelven los actos que, precisamente, contempla el escrito y el libelo de acusación al señor Ministro de Hacienda. El señor TEJEDA.- En ninguna parte lo dice el libelo. El señor ARNELLO.- La resolución del Superintendente de Sociedades Anónicas, Diputados señor Tejeda, fue adoptada con posterioridad a la presentación del libelo. Pero, vuelvo a repetir, forman el contexto dentro del cual debemos analizar los hechos que señala el libelo. El señor TEJEDA.- Entonces, reconoce que no forman parte de la acusación. El señor ARNELLO.- ¿Puede alguien de buena fe, en consecuencia, decir que se está respetando la legalidad, que se está respetando el estado de derecho, que se están respetando las atribuciones de los demás Poderes del Estado, o las garantías constitucionales que se otorgan a los ciudadanos cuando se actúa de esta manera? No cabe ninguna duda de que no se puede sostener esto de buena fe. Los hechos que imputamos al Ministro de Hacienda encajan perfectamente dentro de los propósitos y de los métodos del Gobierno marxista, que revelan todas estas actitudes y que vulneran tanto la Constitución como toda la legalidad chilena. El señor TEJEDA.- No lo ha probado todavía. El señor ARNELLO.- Para ello no se detiene ni siquiera frente al compromiso público señalado por el Gobierno, ni frente a la palabra empeñada por los personeros del Gobierno que así lo manifestaron. El señor TEJEDA.- Eso ya lo desmintieron antes. El señor ARNELLO.- Aquí, con estas actitudes, creemos que es verdad que se concluye por destruir no sólo esta legalidad que nuestro país resguarda y defiende, sino también la autoridad moral del Gobierno y el prestigio que pueda pretender tener frente al país. La señora ALTAMIRANO.- Lo tenemos. El señor ARNELLO.- ¿Cuáles son los hechos que señala la acusación y que revelan y confirman los reiterados propósitos del Gobierno marxista? En primer lugar, las represalias. Hay un hecho indiscutible, que hay despidos de empleados del Banco Central, que hay despidos de ingenieros en los Ferrocarriles del Estado, de ingenieros de otras empresas, que hay traslados, que hay pérdidas de funciones y de atribuciones o autoridad para numerosos funcionarios en una enorme variedad de reparticiones públicas, ... El señor TEJEDA.- Pero todas legítimas. El señor ARNELLO.- ... como lo han señalado en la Comisión, tanto los trabajadores del agro, como los representantes de los Colegios Profesionales. El hecho indiscutible de que estos despidos existan, obliga al análisis de si tales despidos se concilian con el compromiso contraído por el Gobierno, o si vulnera dicho compromiso, y nos vienen a señalar, tal vez, lo que ya hemos afirmado: que aquí se está demostrando, una vez más, una de las características de las acciones sectarias de los personeros de los partidos marxistas en todos los servicios del Estado, empresas estatizadas o requisadas, que es el ataque despiadado a la inteligencia y a la capacitación profesional, sobre todo, de todos aquellos que no concuerdan con los propósitos y las finalidades de esos partidos marxistas. Señor Presidente, los antecedentes nos señalan que el Gobierno formuló, el domingo 5 de noviembre, un llamado público para que se suspendiera el paro... El señor TEJEDA.- ¡Una orden! El señor ARNELLO.- ... y propuso dos garantías fundamentales para que fuese acogido por los gremios en conflicto. El señor TEJEDA.- No hubo ninguna transacción. El señor ARNELLO.- Nadie ha dicho transacción. Estoy hablando concretamente de una declaración pública que hizo el Gobierno, el cual ofreció, si el señor Tejeda quiere, espontáneamente, pero lo hizo públicamente y como un compromiso contraído ante el país, que no habría represalias... El señor TEJEDA.- No las ha habido. El señor ARNELLO.- ... en primer lugar, y, en segundo lugar, que habría solución a los problemas concretos planteados por los gremios. Y también se señala la forma de esa solución que se lograría, en la misma declaración pública del 5 de noviembre. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Tejeda! El señor ARNELLO.- Respecto a que no habría represalias, para no dejar nada en el tintero, se señalaron tres excepciones: una, que no hubiera otros delitos, y está la palabra de otros indicada; en segundo lugar, que no hubiera otras infracciones, con lo cual se eliminaban todos los sumarios que el Estatuto Administrativo permitía en contra de determinados funcionarios, y, tercero, que no se tratara de funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República. Pues bien, los empleados despedidos del Banco Central no han cometido ningún otro delito ni jamás se les imputó ni se denunció otro, ni se ha señalado otro que no fuera justamente el del paro: artículo 11º de la Ley de Seguridad Interior del Estado. No han cometido otras infracciones ni se les ha señalado otras de ninguna especie. No son de la confianza exclusiva del Presidente de la República, ni aun los que lo son del Directorio del Banco, porque no es el Directorio del Banco Central sinónimo de Presidente de la República, a menos que se entienda que todo directorio o toda dirección de servicio del Estado donde hay una mayoría marxista pase a tener la autoridad y las prerrogativas del Presidente de la República. Este no es el caso, y a los empleados del Banco Central, repito, no se les puede aplicar ninguna de las tres excepciones que se indicaron. Entonces inventaron otra, que en verdad, Honorable Cámara, constituye una verdadera tinterillada. Se sostuvo que dichos empleados habían sido despedidos antes de que se contrajera y se pactara el compromiso público. Quiero recordar algunos hechos. Antes que se constituyera el actual Ministerio, que juró el día 2 de noviembre, y como lo reconoció el señor Ministro de Hacienda en la Comisión, ya había habido conversaciones con algunos dirigentes de los gremios en conflicto. Con posterioridad al 2 de noviembre, también se había hablado con dirigentes gremiales y se les había comunicado cuál era el criterio del Gobierno para dar solución al paro y entre estos puntos señalados estaba éste de que no habría represalias. Los días 3 y 4 de noviembre continuaron las conversaciones y se perfeccionó el acuerdo con el Gobierno sobre qué era lo que éste iba a plantear al país públicamente. Es decir, concretamente que no habría represalias. Entonces, ese mismo día 4, día sábado, que como todos los señores Diputados saben el Banco Central no trabaja ni ha trabajado, por ser un día de feriado bancario, un día inhábil bancario, ese día 4 se les notificó la caducidad del contrato, horas antes del día en que se hiciera público el compromiso. Y cuando se vio quo no se reunía ninguna de las tres excepciones para poder dejar sin cumplir el compromiso de que no habría represalias, se llegó a la tinterillada de sostener que habían sido despedidos antes, cuando sabían, los dirigentes de los gremios, desde el día 2 de noviembre, que la base fundamental del planteamiento del Gobierno en relación a ellos era el que no habría represalias. De manera que es evidente que no se cumplió el compromiso. Cuando escuchaba al señor Millas plantear y regocijarse con toda esa serie de interpretaciones gramaticales a que aludía al comienzo de su intervención, pensaba yo en otras interpretaciones que han dado, tanto personeros de Gobierno como el propio Ministro señor Millas y el Presidente del Banco Central, para justificar o interpretar tan torcidamente el alcance del compromiso público del Gobierno. Y puedo asegurar a la Honorable Cámara que estas interpretaciones del señor Ministro de Hacienda no provocaban ningún regocijo entre los empleados del Banco Central que estaban siendo obligados, los 700, que no fueran sancionados con despidos, pero muchos de ellos con traslados, a ver que a 28 compañeros de trabajo y sus familias eran los chivos expiatorios de esta situación, al quedar condenados a perder su trabajo por los propósitos que persiguen los partidos marxistas en esta materia. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ARNELLO.- ¿Y cuáles son esos propósitos? No se necesita hacer lucubraciones muy complicadas para descubrirlos y señalarlos. Basta recordar lo que sucedió con los treinta y ocho empleados de Sumar, donde no se respetó, siquiera, el compromiso personal del Presidente de la República de reponerlos en su trabajo; donde no se respetó el fuero sindical de algunos de ellos, al despedirlos en contra de las disposiciones del Código del Trabajo; donde no se respetó el hecho de que fueran... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señor Arnello, el señor Palestro le solicita una interrupción. El señor ARNELLO.- ... posteriormente reelegidos por sus propios compañeros de trabajo, porque, a pesar de esto, se les mantuvo despedidos. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- El señor Arnello no desea ser interrumpido. El señor ARNELLO.- ¿Qué persiguen con estas actitudes? Persiguen, precisamente, imponer el escarmiento a los demás trabajadores, para que... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ARNELLO.- ... como decía un personero de Gobierno, nunca más vuelvan a ir a otro paro. Así entienden la manera de mantener el orden y la tranquilidad: imponiendo el escarmiento a los trabajadores; que sepan que cuando van a un paro pierden la pega, pierden el trabajo. Por eso hay cesantes en Sumar y en Rayon Said. Por eso, han sido perseguidos obreros de ex Yarur y de Hirmas. Por eso son perseguidos los campesinos y los asentados que se sumaron al paro. Es decir, están demostrando el uso de este instrumento vil, el escarmiento, para pretender negarles a los chilenos el uso de sus derechos o el de ejercer, por lo menos, su criterio para protestar de la manera que lo estimen conducente por los vejámenes de que son víctimas. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señora Altamirano, señor Tejeda, llamo al orden a Sus Señorías. El señor ARNELLO.- Esta medida, en el caso del Banco Central,... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señora Amanda Altamirano! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Señora Amanda Altamirano, llamo al orden a Su Señoría. El señor ARNELLO.- ... que el señor Ministro de Hacienda ha pretendido, con mucha liviandad, no representar, llega a extremos graves. Nos pretende decir que el despido fue absolutamente legal, hecho que no es efectivo. Nos dice que no se ha alterado ninguna norma legal, hecho que tampoco es efectivo. Nos dice que no se ha alterado el compromiso del Gobierno. Ya vemos que se ha alterado. El señor TEJEDA.- No lo hemos visto. El señor ARNELLO.- Pero también podemos ver cómo se han infringido normas legales. No existe antecedente alguno que permita sostener que se ha dado cumplimiento a la ley Nº 16.455, con respecto a la totalidad de los despedidos, cosa que se está discutiendo, en estos instantes, en los Juzgados del Trabajo. Tampoco se ha querido reconocer que en dos casos bien concretos fue vulnerado el fuero sindical que tienen los representantes de los empleados del Banco Central y que les otorga la ley Nº 17.378. A Héctor Bórquez Rojas y a Alfredo Guzmán Aránguiz, a pesar de tener fuero sindical reconocido por la ley indicada, se les despidió sin solicitar la autorización previa que se requería de los tribunales del trabajo, hecho que se está discutiendo en los juzgados del trabajo y que va a revelar claramente la infracción de ley expresa que hay en el despido de los empleados del Banco Central. El señor TEJEDA.- No podemos abocarnos a procesos pendientes. El señor ARNELLO.- En esta exoneración, pues, se ha vulnerado la ley, y ello indica, una vez más, que en este Gobierno y en sus personeros marxistas no existe respeto alguno por el fuero sindical cuando se contrapone con los propósitos sectarios de sus partidos o con las finalidades de sus representantes en esas instituciones o en esas empresas. Y con esta finalidad producen el escarmiento. El señor PALESTRO.- ¡Un fascista hablando del fuero sindical! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ARNELLO.- Señor Presidente, quiero insistir en que la acusación ya tiene pues, una infracción de ley clara y precisa en el despido de los empleados del Banco Central y en la violación del fuero sindical con relación a los empleados del mismo, Héctor Bórquez Rojas y Alfredo Guzmán Aránguiz. Bastaría esa sola infracción legal para que la acusación procediera por atropello a la ley, en contra del Ministro acusado. El señor TEJEDA.- ¡No podemos fallar los juicios que están en los tribunales! El señor ARNELLO.- Además, señor Presidente, la acusación se refiere a las represalias adoptadas en contra del comercio, la industria, los transportes y la agricultura y, fundamentalmente, porque ello es lo que se relaciona con el señor Ministro de Hacienda y no con otros Ministros que podrían haber extendido la cantidad de casos enormemente... El señor SCHNAKE.- ¡Presénteles una acusación! El señor ARNELLO.- ...a las circulares dictadas por la Superintendencia de Bancos, que se relaciona con el Estado a través del Ministro acusado, en virtud de un acuerdo del Banco Central, que también se encuentran en el mismo caso y situación. Estas circulares existen. El señor TEJEDA.- ¡Del tiempo de Alessandri! El señor ARNELLO.- Ya nadie discute su existencia, y en la Comisión así lo han reconocido expresamente. Se ha pretendido, sí, señalar que ellas son una manera de regular, cualitativa y cuantitativamente, el crédito. Verdaderamente, creo que ello es algo que ninguno de los empleados del Banco Central que lleve años en ese servicio, cualquiera que sea la ideología política que tenga, puede dejar de reconocer que implica una burla manifiesta. Porque pretender que sea controlar cualitativa y cuantitativamente el crédito, llegar a decir como expresan algunas de estas circulares y como lo reconoció en la Comisión el señor Behm que para cumplir lo dispuesto en las otras, que son las generales, se indican hasta nombres de las empresas que habían estado en paro, para que no se les diera el crédito... Eso no es regular cualitativa ni cuantitativamente en el crédito. Eso es hacer una discriminación arbitraria y abusiva. Eso es ir a destruir las garantías constitucionales que tienen los ciudadanos o las personas naturales o jurídicas en nuestro país. Eso significa abusar y desviar el poder de manera manifiesta y flagrante. Quedó también en claro en la Comisión que el ejercicio y el empleo dado en la banca estatizada del contenido de estas circulares fue mucho más abusivo aún, porque, incluso, después de terminado el paro, estaban exigiéndoles certificados a las empresas, en distintas provincias de Chile, fueran agrícolas o de cualquier otra naturaleza, ya no sólo de que se encontraba en actividad el día en que solicitaban el crédito, sino que lo habían estado durante todos los días del paro, inclusive en un día en que hubo un paro más extenso y más amplio a lo largo del país. El Ministro ha pretendido extraer la justificación legal del acuerdo del Banco Central y de estas circulares, de acuerdos anteriores que señalaban la obligación de radicar el crédito, fundamentalmente en la producción. Pero esa no es la cuestión que está en discusión en esas circulares. Y cuando él se refiere al artículo 2º de la Ley Orgánica del Banco Central, verdaderamente nos parece que ya no es un sarcasmo el que se está haciendo, sino una burla manifiesta a la Cámara, porque ese artículo 2º, que él ha leído en varias oportunidades, en la Comisión, en su defensa escrita y en la mañana de hoy ante esta Cámara, dice textualmente entre los objetivos del Banco: El propender al desarrollo ordenado y progresivo de la economía mediante una política monetaria, crediticia y cambiaría de comercio exterior que, procurando evitar tendencias inflacionistas.... Yo le pregunto a los señores Diputados: ¿Puede el Ministro de Hacienda de este Gobierno, en este mes de diciembre, sostener que se está basando la acción del Gobierno, en materia de Hacienda Pública y del Banco Central, en el afán de evitar tendencias inflacionistas, cuando han batido record chileno en la materia y hoy día se encuentra el país en el primer lugar del mundo en materia de inflación? Yo creo que justificar este control, esta sanción, este amedrentamiento nuevo que se pretende por la vía de estas circulares, pretendiendo deducirlo y extraerlo de este objetivo del Banco Central de combatir la inflación, implica una burla que no merecen los Diputados que integran esta Cámara y tampoco se explica en quien fue parlamentario largos años en esta Corporación, como el actual Ministro de Hacienda. La acusación sostiene en su tercer punto que ha habido infracción a la Ley de Bancos. Y aquí una vez más existe un afán de sortear esta afirmación sobre la base de meras negativas y de una descalificación general y vaga del fundamento de la acusación. Se sostiene, sin que se indique disposición alguna que lo permita, que el Banco Central puede otorgar estos créditos de manera absolutamente libre y total y sin limitación de ninguna especie. Debemos recordar y el propio señor Ministro lo ha sostenido en su defensa en la Comisión con lujo de detalles que el Banco Central es un servicio público, que así lo ha definido la jurisprudencia de la Contraloría y de los Tribunales de Justicia, y lo reitero él así lo ha reconocido también en su defensa. Siendo un servicio público el Banco Central, no cabe duda, dentro del ordenamiento jurídico chileno, que sólo puede realizar aquellos actos que expresamente le permita la Ley Orgánica y que le permitan leyes especiales. Recordemos lo que señala el artículo 4º de la Constitución Política del Estado, que obliga a todos los poderes públicos y no pueden, en consecuencia, los servicios públicos que dependen de uno de ellos pretender excepcionarse de esa misma obligación constitucional y que señala imperativamente la sanción de nulidad para quien pretende atribuciones que la ley no le otorga. Los artículos 30 y 42 de la Ley Orgánica del Banco Central le otorgan las atribuciones que tiene este organismo, y en ellas no se menciona en forma alguna la de otorgar créditos a empresas privadas intervenidas o mal llamadas del área social. Sólo puede otorgar préstamos a entidades públicas, al fisco, a instituciones semifiscales y autónomas, pero en las condiciones que señalan leyes especiales que así lo autorizan, ni tampoco al arbitrio del Directorio del Banco. Es decir, requiere expresamente de una ley especial para poder otorgar créditos en condiciones que su Ley Orgánica no le permite, y nada de esto sucede con los créditos que ha otorgado, como lo vamos a señalar. El Banco Central pretendió, su nuevo Directorio y su Comité Ejecutivo, tener estas atribuciones desde los inicios de este Gobierno. Puedo señalar que a esta institución y a su Presidente le solicité que enviara a la Comisión o a la Sala los informes de la Fiscalía, que señalan expresamente sus limitaciones de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico y con su Ley Orgánica. Y el Banco Central, para pretender tener esas atribuciones, se ha basado no en los informes de su Fiscalía y tampoco en uno, como decía el señor Millas, sino en dos informes especiales que solicitó. Uno, efectivamente, de don Enrique Silva Cimma, consultado como abogado particular, no obstante ser ya Presidente del Tribunal Constitucional, quien opinó que el Banco Central no tenía limitaciones de esta naturaleza, consulta por la cual, lógicamente, el Banco Central le pagó un honorario, porque lo había consultado como abogado particular; informe que contradecía los emitidos por la Fiscalía de la institución pública Banco Central. El señor TEJEDA.- ¿No querrá sugerir que el informe no corresponde a las reglas legales? El señor ARNELLO.- No he sugerido nada; estoy dando... El señor TEJEDA.- En todo caso, conviene dejarlo en claro, porque... El señor ARNELLO.- No soy comunista y lo que digo, lo digo en castellano, sin doble intención. Además, hubo un informe de un abogado de la Superintendencia de Bancos, el cual posteriormente fue contratado como abogado grado 1 de la Fiscalía del Banco Central, siendo que todos los demás abogados habían ingresado siempre en grado 6, al incorporarse al servicio. En estos informes se desvirtúa completamente la naturaleza del Banco Central y se permite a éste realizar operaciones propias de los bancos comerciales. ¿De qué manera, señor Presidente, se han ejercido estas atribuciones? Con dos informes de abogados particulares, ajenos a la Fiscalía del Banco, por lo menos hasta ese instante. En virtud de ellos, ya que no lo establece ni su Ley Orgánica ni ninguna ley especial, se han otorgado créditos para constituir poderes compradores a una cantidad de instituciones: SOCORA, FORESTALES, SOCOAGRO, ENDESA, etcétera. En atención al tiempo, voy a irme a lo más sustancioso. En algunos casos, posteriormente, ya no sólo se ha excedido el límite de lo que el artículo 84 impone a los Bancos comerciales; sino, en el afán de otorgar créditos directos más allá de las limitaciones que tienen los bancos privados, a empresas del área llamada social o estatal, se ha llegado, por ejemplo, a aprobar, como en la sesión 2.338, del 6 de septiembre de 1972, un endeudamiento a Lota Schwager que alcanza a la cifra de Eº 823.872.000; en otra sesión, a ENAP, una línea de crédito de Eº 100.000.000; a la ENDESA, en otra sesión, de Eº 268.000.000. Es decir, se trata de casos que señalan el monto de los créditos a empresas del área estatal y la manera en que se impide la inflación, contraria a los fines del Banco. Todo ello, a través de emisiones inorgánicas. Basta con analizar la afirmación del señor Ministro de hace algunos días. Señalaba que el aumento del ahorro había llegado a cifras, si mal no recuerdo, inferiores a 30 millones de escudos. En cambio, en una sola empresa se produce un endeudamiento de Eº 823.000.000. Esto nos está revelando que las emisiones inorgánicas del Banco Central son para ir a tapar el hoyo gigantesco que está haciendo la Administración marxista con las empresas del área social, que promueve y estimula. Han causado, en parte, la inflación que están sufriendo todos los chilenos en esta oportunidad. En la Comisión le pregunté al Presidente del Banco Central cuál era el monto del endeudamiento de las empresas del área estatal. Pueden ver la respuesta en las actas de la sesión, los señores Diputados. Contestó literalmente: Aquí, hay un punto ya de carácter técnico estadístico, porque en este momento no está configurado todavía totalmente lo que es el área social, porque hay empresas que pasaron al área social, otras que están intervenidas o están requisadas, entonces la estadística bancaria que usamos no está en condiciones de dar estas informaciones. Dijo: esto nos va a demorar mucho tiempo, hasta que no se defina la propiedad de muchas de las empresas... Agregó y puntualizó: O sea, una estadística como la que pide el señor Amello, desgraciadamente, no la tenemos disponible y nos llevaría muchos meses poder sacarla. ¿Cree la Honorable Cámara que es respuesta del Presidente del Banco Central? Frente a las cifras que señalé, que también indiqué en la Comisión, ¿cree que no pueda decir cuál es el endeudamiento o el crédito que el Banco Central, en forma ilegal, ha otorgado a las empresas que administran los propios personeros de los partidos marxistas? Creo, señor Presidente, que ésta es una aberración que por sí sola revela un incumplimiento fundamental, justamente de los objetivos señalados en el artículo 2º de la Ley Orgánica del Banco Central. El señor Ministro de Hacienda no ha tomado ninguna medida para impedir la continuación de esa política nefasta, que lo único que hace es estimular la inflación en nuestro país. Bastaría releer lo que dice en su memoria, justamente, don Felipe Herrera sobre las emisiones inorgánicas hechas por el Banco Central. No pueden excusarse ni sostener que son afirmaciones de sectores opuestos al actual Gobierno, porque su autor está en una posición cercana a la del Presidente de la República. Además, señor Presidente, en este tipo de infracciones, el Banco Central ha llegado a servir de aval, para lo que tampoco está legalmente autorizado. Frente a este hecho, toda la respuesta dada ha sido, por cierto, que el Banco Central puede avalar; pero no se ha indicado qué disposición legal lo autoriza para hacerlo. Indicamos los préstamos en que el Banco Central sirvió de aval: préstamo del Bank of América al Banco O’Higgins, para la compra de su agencia en Chile; préstamo otorgado al Banco de Concepción, para la compra de la agencia en Chile de otro banco extranjero; préstamo otorgado a la CORFO por un grupo de bancos alemanes, para comprar la Pesquera Harling; préstamo otorgado por el Banco de Comercio Exterior al Banco del Estado, avalado también por el Banco Central, para la compra de un helicóptero para la Presidencia de la República. Avala, igualmente, préstamos otorgados por entidades públicas de países socialistas, que operan a través del Banco Central para eludir que tales convenios sean ratificados previamente por el Congreso Nacional. Por esta actitud, que no significa cautelar los caudales públicos que maneja el Banco Central en la Comisión, el propio señor Ministro sacó a colación la jurisprudencia dictada por la Corte Suprema en un fallo que determinó que son caudales públicos los que maneja esa institución, a raíz de la responsabilidad penal de un ex Subtesorero del Banco Central, preguntamos a su Presidente si se había o no entregado 4 millones de escudos en pago de un estudio económico, que no se ha efectuado hasta la fecha. Le señalamos a algunas personas, que no creo necesario mencionar en esta oportunidad, y le preguntamos si se habían o no pagado honorarios a quienes representaban a la CORFO como directores en bancos estatizados, sin ser empleados del Banco Central, En este sentido, respondió que el Banco Central pensaba transformarlos en funcionarios de esa institución. Aquí, señor Presidente, si no son funcionarios del Banco Central, hay malversación de fondos; y si son funcionarios del Banco Central, en su desapego del texto de la ley, se les ha olvidado que hay dos disposiciones, de la Ley General de Bancos y de la Ley Orgánica del Banco Central, que impiden que empleados de esa institución sean directores de entidades bancarias. Es decir, flagrante malversación de caudales públicos o flagrante ilegalidad. Se ha señalado, además, otra clase, otro tipo de actos abiertamente arbitrarios: compra de dos camionetas, que se entregaron a otros servicios públicos; compra de una colección de cuadros en Estados Unidos, porque se estimó, seguramente con razón artística, que eran muy valiosos, pero que no vemos en qué sentido corresponde al Banco Central adquirirlos; pago de remuneraciones a personas ajenas a la institución; y pago del arriendo de dos departamentos en el edificio de la Asociación de Jubilados y Montepíos del Banco Central, entregados a la Misión Diplomática de Vietnam del Norte. Este tipo de hechos nos está revelando que hay algo mucho más hondo que este paseo por la pista que pretendía hacer el Ministro de Hacienda, señor Millas, al señalar que no había hecho ilegal alguno que pudiera imputarse en las actuaciones de este servicio del Estado. Creemos que los hay. Hay infracción a la Ley General de Bancos; hay infracción a la Ley Orgánica del Banco Central; hay abuso y desviación de poder; hay malversación de caudales públicos, al menos en la forma que he señalado. Pero, sobre todo, hay una política y un criterio perjudiciales al interés de Chile, que consisten en pretender tapar los hoyos, que creó la propia incapacidad, con emisiones inorgánicas, que estimulan una inflación que pagan, como saben los señores Diputados, en definitiva, todos los chilenos y, particularmente, los sectores más modestos de nuestro país. El ciento cincuenta por ciento de inflación que lleva el presente año, es suficiente para que nos convenzamos de que hay aquí una responsabilidad grave, que afecta al interés de Chile y que no puede eludirse de una manera tan olímpica como se ha pretendido aquí. Podrán decir cualquier tipo de cosas con respecto a los Diputados que sostienen la acusación; pero lo verdaderamente importante es que aquí hay hechos graves que comprometen al Gobierno de la República. En consecuencia, es legítimo el ejercicio de nuestra atribución de deducir esta acusación y de pretender que se lleve adelante, hasta esclarecer profundamente el grado de responsabilidad que asiste al titular de esta Cartera, que es de las más delicadas que tiene nuestro país por la cantidad de funciones que a ella compete. Se ha pretendido también, y por último, desconocer el derecho que nos asiste para incluir en la acusación la situación que sucede con los viajes al exterior. Yo creo que si hay algo que todos los chilenos han entendido y sostenido siempre, de todos los sectores políticos, es el derecho que les asiste para moverse libremente dentro del país y para salir libremente de él. Toda la política desarrollada por nuestro país a través de largos decenios conduce a facilitar estos hechos. No otra cosa son todos esos tratados internacionales que eliminan requisitos, que buscan eliminar pasaportes y que permiten viajar sólo con cédula de identidad; que buscan toda suerte de franquicias, en el afán de resguardar este derecho de nuestra Constitución, que además está garantido expresamente en la Declaración de las Naciones Unidas y que es uno de los derechos inherentes a la persona humana. Y todos los chilenos sabemos y tenemos conciencia de que hoy ese derecho está limitado y se está limitando progresivamente. Quiero recordarles a los señores Diputados que la disposición constitucional referente a esta materia fue modificada en el Estatuto de Garantías Constitucionales, que abrió paso a la proclamación del señor Allende por el Congreso Pleno. Y fue modificada, porque se pensó que la sola relación a los reglamentos que hacía la disposición anterior era insuficiente para impedir medidas abusivas que pudieran adoptar determinadas autoridades policiales, aduaneras o de otro tipo. Por eso, se estableció en las garantías constitucionales que requería ley la reglamentación del ejercicio de este derecho constitucional. Los señores Diputados deben recordar lo que dijeron los colegas que participaron activamente en ese debate sosteniendo ese punto de vista. Yo lo recuerdo perfectamente, porque lo leí antes de incluir este punto dentro de la acusación constitucional. Con el pretexto del artículo 72 del Código Tributario, se han establecido limitaciones crecientes, que van mucho más allá de las modificaciones que ese mismo artículo 72 ha tenido y que llegan virtualmente, en muchos casos, a impedir que personas que no están procesadas, que no son objeto siquiera de denuncias ante los tribunales, que no están encargadas reos, en consecuencia, pueden ejercer su garantía constitucional. Hay casos que los conocen los señores Diputados. Hay casos de personas que, para estos efectos, tienen la desgracia de ser ricas e Impuestos Internos no les autoriza la salida, porque no encuentran personas que sean más ricas que ellas, de acuerdo con el criterio hoy día imperante, que puedan avalarlas, porque se exige que tenga mayores recursos y mayor responsabilidad económica el aval que queda de rehén en el país que el avalado que sale. El señor TEJEDA.- Es teórico. Dé nombres. El señor ARNELLO.- No es teórico y le puedo plantear casos con nombres y apellidos una vez que salgamos de la sesión, porque no me interesa nombrar personas naturales tal como no lo hice en el otro caso dentro del debate público de la Cámara. Existe, además, un caso, señalado en la Comisión, de una persona que no está siendo objeto de ningún proceso. Es gerente de una empresa requisada, también ilegalmente porque la requisición está rechazada por la Contraloría, a la que se le exigió una caución de 2 millones de escudos para que pudiera autorizarse su viaje al extranjero. Yo les digo a los colegas que nadie puede, de buena fe, decir que no hay abuso aquí de todas estas disposiciones, de todas estas situaciones. Bastaría ver el texto del artículo 72, que señala con mucha claridad que basta con que una persona acredite estar al día en el pago de sus impuestos y estar inscrita en el rol de contribuyentes para que se le otorgue el pasaporte y pueda salir del país. No indica virtualmente otro requisito, y sobre esto se ha ido agregando formulario tras formulario. Algo que verdaderamente todos los señores Diputados saben, porque cuando muchos de ellos han debido viajar al exterior en delegaciones de la Cámara, los funcionarios de la Corporación han tenido que hacer innumerables gestiones para tener con prontitud las autorizaciones respectivas. De manera que tampoco nos echemos tierra a los ojos en este aspecto. Aquí hay, indudablemente, abuso de poder, desviación de poder; hay una conculcación flagrante de la garantía constitucional, que fue ampliada, porque esos son las expresiones de todos los señores Diputados que la aprobaron, de los de la Unidad Popular, de la Democracia Cristiana y de otros partidos de la Oposición; hay el consenso unánime de que la modificación que se introdujo aquí era para ampliar la garantía constitucional y no para restringirla, y han pretendido, por una vía restrictiva, abiertamente violatoria de la Constitución, ir a limitaciones que son algo que los chilenos tienen que repudiar, porque destruyen sus garantías constitucionales y porque conculcan aún un derecho humano reconocido en la Carta de las Naciones Unidas. En consecuencia, señor Presidente, aquí estamos demostrando que hay mucho más que estas afirmaciones de supuestas odiosidades, que planteaba el Ministro de Hacienda, en la acusación que sostenemos. Existen notoriamente infracciones a la Constitución, infracciones a la ley; hay obligaciones legales por las que debiera velar el señor Ministro y que no ha resguardado ni cumplido. Existen abusos y desviaciones de poder manifiestos... El señor TEJEDA.- ¡Falso! El señor ARNELLO.- ...y existe algo que creo que ya lo dijo un Diputado a él lo puedo citar, porque está presente, el señor Leighton, en la Sala: un hecho más grave aún, que es el que está destruyendo, por este incumplimiento a un compromiso público contraído por el Gobierno, toda posibilidad de que haya en sectores de trabajadores del país confianza alguna en la autoridad moral con que éste se compromete a que no habrá represalias, de la manera en que se comprometió clara y abiertamente. El señor TEJEDA.- Demagogia. El señor ARNELLO.- No es demagogia, como sostiene el Diputado comunista. Es un hecho que declararon en la Comisión los dirigentes de la Asociación del Banco Central, los dirigentes de los gremios de trabajadores del agro, los representantes del Colegio de Ingenieros, los dirigentes de los abogados, a través de declaraciones públicas,... El señor PALESTRO.- ¡Los momios! El señor ARNELLO.- ... los ingenieros de Ferrocarriles... El señor PALESTRO.- ¡Momios también! El señor ARNELLO.- ...trabajadores todos que con su inteligencia... El señor PALESTRO.- Ingenieros que hacen planillas. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Palestro! El señor ARNELLO.- ...con su inteligencia, señor Palestro, tuvieron capacidad para servir a Chile... El señor PALESTRO.- Para hacer planillas. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Palestro! El señor ARNELLO.- ...y que hoy han estado planteando la defensa de sus intereses gremiales. Ahora se ha pretendido tergiversar y meter en un solo saco de antipatriotas a todos los que estuvieron defendiendo sus derechos, a todos los que estuvieron sosteniendo sus puntos de vista por el camino que creyeron legítimo y justo hacerlo. No se puede estar lanzando estos agravios, sobre todo a personas, como una de ellas lo señaló en la Comisión, que tienen antecedentes fundados acerca de cuáles son los propósitos que también animan ciertas políticas, ciertas conductas y actitudes con relación a estos Colegios profesionales. Yo les recordaría y pediría a los señores Diputados que vieran declaraciones de los dirigentes del Colegio Médico, aquéllas en que el doctor Villarroel señala, por ejemplo, que él, como médico de Izquierda que era en aquella época, asistió el año pasado a una asamblea, cuya iniciación fue presidida por el propio Presidente de la República; asamblea que se reunió y que siguió tratando, posteriormente, de ver la manera de destruir el Colegio Médico. Esto lo planteó en la Comisión y está-en las actas. Cuando se leen afirmaciones como la del doctor Cruz, que señala con fundamentos toda la política seguida en materia de la salud, que tiende a destruir también la atención de que disfrutan ciertos sectores de trabajadores chilenos, podemos estar pensando que no es tan airosa la situación en que queda el Gobierno marxista frente a los cargos que le formulan todos estos gremios, todos estos Colegios profesionales y todos estos sectores de chilenos. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Palestro! ¡Señor Guastavino! ¡Señor Tejeda! El señor ARNELLO.- Hemos cumplido con nuestro deber... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Salinas, don Edmundo! Puede continuar, señor Arnello. El señor ARNELLO.- Hemos cumplido con nuestro deber y estamos conscientes de que la Honorable Cámara, de que los sectores políticos que han conocido la verdad de las inquietudes de los gremios frente a todos los motivos que los indujeron a su paro nacional, y las protestas de los sectores que han sido víctimas de represalias, que conocen también cual es el cumplimiento así, entre comillas, o, francamente, de qué manera el Gobierno no cumple con los compromisos que otorga públicamente a los trabajadores, cuando se trata de salir de una situación de apremio, tendrán también la oportunidad de cumplir con su deber de resguardar nuestro juramento de fiscalizar los actos de este Gobierno, y, sobre todo, lo que nos reclamaba el señor Millas al comienzo de su intervención: hacer respetar el Estado de Derecho que vive Chile y los derechos que la Constitución otorga a todos los habitantes de nuestro país; las atribuciones de los Poderes del Estado, independientes en su ejercicio y que jamás pasarán a formar parte de este poder total, central, que quiere en Chile construir el marxismo, más allá de la ley, infringiendo la Constitución, atropellando la ley y haciendo escarnio del juramento que hicieron cada uno de ellos al asumir sus respectivos cargos. Nada más, señor Presidente. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra a un señor Diputado que sea partidario de que se deseche la acusación. El señor ACEVEDO.- Pido la palabra. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Acevedo. El señor ACEVEDO.- Le concedo una interrupción al Diputado don Héctor Ríos, por 25 minutos. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción el señor Héctor Ríos, hasta por 25 minutos. El señor RIOS (don Héctor).- Señor Presidente, como Comité de los Diputados Radicales y por formar parte como partido de la combinación política de Gobierno de la Unidad Popular, entro a este debate a dar los argumentos o razones, a juicio nuestro, de rechazo a esta acusación al Ministro de Hacienda, compañero Orlando Millas, talentoso ex Diputado, colega nuestro hasta hace poco, de la bancada comunista. Digo acusación, lisa y llanamente, y mal llamada acusación constitucional, ya que se trata de una acusación vengativa de colegas Diputados de Oposición que, obedeciendo órdenes de sus directivas políticas contra el Gobierno establecido, vieron frustradas sus intenciones de derribarlo en el paro patronal, sedicioso, de octubre del presente año, que lo iniciara el gremio de transportistas y al cual adhirieron el gremio de los comerciantes, de funcionarios del Banco Central y algunos grupos de profesionales, entre los cuales también adhirió, en mala hora, la directiva del Colegio Médico, directiva politizada y obcecada que, con el pretexto de solidaridad con el gremio de los transportistas, con el cual, dicho sea de paso, no tenía nada que ver, perjudicara la atención de los enfermos, razón de nuestra profesión. Digo que esta solidaridad gremial con los transportistas no tenía razón de ser, ya que en ocasiones anteriores, en huelgas de nuestros colaboradores de la salud, agrupados en la FENATS, jamás el gremio médico les tendió la mano como acto solidario. Sin embargo, en esta huelga de octubre trataron de arrastrarlos al movimiento huelguístico, cosa que no consiguieron, como no consiguieron que médicos con sensibilidad social acataran la huelga. Ellos, juntamente con los funcionarios hospitalarios, siguieron atendiendo los servicios de salud en la recuperación y prevención de las enfermedades. Desgraciadamente, esta profesión médica no es como la concebimos los médicos de antaño: una entrega total y abnegada al servicio de nuestros semejantes, de nuestros hermanos del mismo dolor, en especial para aquellos seres a cuya cuna no sonrió la riqueza y que se ven postergados en la atención médica, que debiera ser gratuita para todos los habitantes de nuestro país financiada con un impuesto de salud progresivo, en consonancia con las rentas de los que viven de un sueldo o salario y, ¿por qué no decirlo? un impuesto de salud mayor para las grandes rentas con el objeto de financiar la atención médica a esos seres que algunos llaman indigentes, en forma despectiva, y que para nosotros, los médicos con sensibilidad social, son tan humanos y chilenos como cualquiera. En esta forma, cumpliendo los médicos una especie de postulado laico en la atención de los enfermos, habremos justificado nuestra razón de vivir, ya que la vida sólo es digna de ser vivida cuando se realizan plenamente los sanos, grandes y nobles ideales de amor y de servicio a nuestros semejantes, de desinterés económico y de generosidad, de solidaridad humana y de justicia social. Se habla en esta acusación de represalias del Gobierno a raíz del paro sedicioso de octubre, y aquí tengo a la mano un oficio que dirigió el doctor Mariano Requena al Director General de Salud respecto de la investigación que se hizo en el Hospital San Borja. Dice así: Como consecuencia del actual paro decretado por las Directivas de algunos Colegios Profesionales del Área de la Salud, fue enviado al Área Hospitalaria Central de la V. Zona de Salud el Médico Inspector de este Departamento Técnico, doctor Alfonso González Dagnino. En el desempeño de sus funciones el Inspector designado tuvo oportunidad de comprobar actitudes y conductas del Jefe de Área, doctor Agustín Denegri Tromban, que requiere de su urgente conocimiento a fin de tomar las medidas pertinentes. Obran en mi poder una serie de documentos que me ha hecho llegar el doctor González Dagnino y que tengo a bien adjuntar. Algunas de las acciones emprendidas por el doctor Denegrí y que merecen destacarse, son las siguientes: 1.- No haber tomado las medidas que correspondía frente al abandono de sus funciones de varios Jefes de Servicio, y a pesar de las reiteradas denuncias de los problemas que de ello derivan. 2.- En presencia de testigos ha injuriado y desconocido la autoridad de Jefes de jerarquía superior a él. 3.- Ha mantenido actitudes persecutorias en contra de algunos funcionarios como se puede deducir de los documentos adjuntos. El Subjefe del Área, un Director de Consultorio y el Administrador de Hospital han denunciado la conducta persecutoria del doctor Denegrí, lo que les ha impedido realizar normal y eficientemente sus funciones. 4.- Trato vejatorio, solicitud Improcedente de renuncia y amenazas de traslado para algunos funcionarios son también de conocimiento de la Comunidad del Hospital San Borja. 5.- Desconocimiento de las atribuciones del Médico Inspector Dr. Alfonso González Dagnino. Toda esta situación constituye a nuestro modo de ver motivos de un sumario administrativo que permita esclarecer los hechos y normalizar el funcionamiento de esa Arca. Ello es especialmente urgente si se considera que nos encontramos frente a una emergencia que requiere, por sobre todo, de la armonía y las buenas relaciones entre los diferentes funcionarios. El doctor Mariano Requena, Jefe del Departamento Técnico, firma este oficio dirigido al Director General de Salud, doctor Jorge Infante. Como ustedes comprenderán, colegas parlamentarios, aquí no se trata de represalias, sino de la instrucción de un sumario para dejar las cosas en su lugar: si hubo negligencia culpable o si premeditadamente querían el derrocamiento del Gobierno de la Unidad Popular. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¿Me permite, señor Ríos? El Diputado señor Tudela le solicita una interrupción. El señor RIOS (don Héctor).- El resultado de dicho sumario dirá la última palabra sobre la responsabilidad de estos jefes de servicios, de hospitales y de áreas hospitalarias, que con su actitud estaban perjudicando la atención de la salud en nuestro país. Felizmente no todos los médicos fueron a la huelga, y en una actitud humana y patriótica muchos de ellos siguieron trabajando en los servicios hospitalarios. Por lo demás, la acusación al Ministro de Hacienda, compañero Orlando Millas, no tiene relación con estas supuestas represalias, ya que el Servicio Nacional de Salud no depende del Ministerio de Hacienda sino del de Salud. Si los Diputados acusadores pretendían responsabilizar políticamente a alguien, debió ser al Ministro de Salud. He sacado a colación la huelga médica, porque tanto el Presidente del Colegio Médico de Chile, doctor Villarroel, como el Secretario de esa institución, doctor Cruz, fueron citados a la Comisión para declarar lo que sabían respecto de la huelga médica. Nuestra Carta Fundamental, cuando se refiere a las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados, en su artículo 39, número 1, dice a la letra: Declarar si han o no lugar las acusaciones que diez, a lo menos, de sus miembros formularen en contra de los siguientes funcionarios:, y la letra b), en relación a los Ministros, dice: por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, soborno, infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes, por haberlas dejado sin ejecución y por haber comprometido gravemente la seguridad o el honor de la Nación. En síntesis, si nos atenemos al artículo 39, N 1, letra b), ninguno de los delitos allí enumerados como causantes de acusación está configurado en el libelo acusatorio. A mayor abundamiento, debemos agregar que estamos en un régimen presidencial y no parlamentario, y que los Ministros gozan de la exclusiva confianza del Presidente de la República y no del Parlamento. Lo que persiguen los Diputados acusadores sólo ratifica la frustración que les significó el paro patronal de octubre, de corte politiquero y sedicioso, basado en una resistencia civil que habría traído consigo la paralización económica del país, el caos y el derrocamiento del Gobierno. Por todas estas consideraciones, los Diputados radicales vamos a votar en contra de la acusación al Ministro de Hacienda, compañero Orlando Millas. Nada más. Varios señores DIPUTADOS.- ¡Muy bien! El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Acevedo. El señor ACEVEDO.- Le concedo una interrupción al Diputado don Erich Schnake. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría. El señor SCHNAKE.- Señor Presidente, la verdad es que ya debiéramos haber establecido, durante esta legislatura, algún procedimiento especialísimo para debatir y votar las acusaciones constitucionales que, al por mayor, fragua la Derecha; un procedimiento especialísimo, porque realmente no rigen respecto de ellas ni la necesidad de que tengan fundamento legal... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Señor Frías! El señor SCHNAKE.- ...fundamento moral, ni siquiera que haya alguna posibilidad de que alguien, a través de los argumentos que se esgriman, pueda sentirse convencido de la justicia o injusticia de ellas. Son todas acusaciones que se hacen en el gabinete de la dirección política del Partido Nacional. Allí se estudian, allí se fraguan y, luego, se traen al seno del Parlamento, que ha pasado a ser un instrumento más de los designios políticos de ese Partido. De tal manera que, mirado desde el punto de vista estrictamente jurídico, parece hasta inconveniente darle relevancia a actitudes y conductas de esta naturaleza. En el fondo, es como otorgarle algún respaldo a aquello que jamás lo ha tenido y que no corresponde, en el hecho ni en el derecho, a ninguna actitud honesta desde un punto de vista político, y menos jurídico. Pero la verdad es que nunca, ni aun en las más absurdas acusaciones constitucionales deducidas en el curso de estos do sanos de Gobierno de la Unidad Popular, se había llegado a la impudicia jurídica a la cual se ha llegado ahora. Porque la Derecha, para derrocar a los sucesivos Ministros del Interior mediante acusaciones constitucionales, por lo menos siempre se cuidó de buscar como ellos lo expresan con tanta elegancia los resquicios constitucionales que le permitieran darle algún cariz de fundamento legal a su conducta. Se puede decir, por ejemplo, que, aunque fuera injusto, era legal sostener que los Ministros del Interior eran responsables porque no otorgaban la fuerza pública, a través del Intendente de la provincia respectiva, para desalojar, a veces, a modestos pobladores. En realidad, había de donde tomarse, desde el punto de vista legal, aunque moral-mente no tuviera ninguna base. En esta acusación constitucional se da el caso curioso de que la mayoría de la Cámara de Diputados, expresada tanto en la Comisión como en la Sala a través de las palabras del Diputado informante y a través de las palabras de los Diputados que representamos a la Unidad Popular, ha reconocido, clara y definitivamente, que ninguna de las tres causales jurídicas invocadas permiten efectivamente deducir una acusación constitucional, para concluir en el informe del Diputado señor Tudela, como en las conclusiones de la Comisión de Acusación Constitucional, de la cual formé parte, que eran suficientes las explicaciones entregadas, en cada uno de estos acápites, tanto por el compañero Ministro de Hacienda como por los funcionarios que allí concurrieron a declarar, y que sólo quedaba en pie un problema: el llamado, en términos genéricos, el problema de las represalias. Esto quería decir una sola cosa, y en forma muy enfática lo sosteníamos: que las represalias como se ha dado en denominar por la Oposición al conjunto de medidas en virtud de las cuales se impidió otorgar crédito a aquellas empresas que se encontraban paralizadas, ya que los créditos de producción, como lo indica su nombre, son para aquellas empresas que están produciendo y no para aquellas que están impidiendo producir, o la exoneración de funcionarios que habían participado en la huelga patronal del mes de octubre, tenían un pleno respaldo jurídico, de esa juridicidad que tanto le gusta a la Derecha, de esa juricidad que los hace hablar de la necesidad de mantener en Chile el estado de derecho creado por ella, de esa juricidad que ellos crearon; porque no es invención de este Gobierno la Ley de Inamovilidad, ni son invenciones de este Gobierno las causales en virtud de las cuales se puede exonerar a un funcionario, ni es invención de este Gobierno la Ley de Seguridad Interior del Estado. En virtud de esa institucionalidad que ellos dicen respetar tanto y que a cada instante le piden al Gobierno que respete, eran plenamente posibles y jurídicamente inatacables todas y cada una de las medidas que hoy se han dado en llamar represalias. Pero resulta que, como en el viejo adagio del ladrón detrás del juez, se nos señalaba en la Comisión, y también se nos ha dicho en la Sala, que es curioso que la Unidad Popular esté defendiendo ahora esta legalidad, esta institucionalidad, y esté aplicando la Ley de Seguridad Interior del Estado o la ley Nº 16.455; que nosotros que promovimos paros ilegales y reclamamos por el ejercicio del derecho de huelga de los trabajadores, hoy día nos estemos amparando en la misma legislación que sirvió para reprimirlos, en contra de nuestra opinión, para reprimir a estos sectores gremiales que participaron en el paro gremial de octubre recién pasado. La verdad es que es bueno distinguir. Es bueno que se sepa que el derecho de huelga está establecido universalmente para que los trabajadores hagan respetar sus derechos, fundamentalmente los de carácter económico; que tampoco este derecho es una invención, ni siquiera de la Izquierda chilena, y que nace con las luchas de los obreros y empleados hace muchos, muchos años. En Chile tiene un reflejo antes de los primeros albores de este siglo, en las primeras organizaciones de las Uniones de trabajadores, y también tiene un primer reflejo en la represión que desatan los sectores patronales, los sectores capitalistas, para impedir el ejercicio de este derecho a la huelga; como lo reprimen en Chicago, dando origen con ello a un día que conmemoran todos los chilenos y todo el mundo, para establecer la jornada de ocho horas; como lo reprimen en las salitreras, en el norte; como lo reprimen en Magallanes y a lo largo de todo Chile, cayendo muchos miles de obreros por defender este derecho. Y hay una diferencia extraordinariamente grande, que a ningún chileno puede escapar, entre el derecho que ejercen los trabajadores para obtener una cuota elemental de bienestar más, frente a un sistema que se los impide, que se basa en la explotación de la fuerza de trabajo de ellos para enriquecimiento de unos pocos, y a aquel derecho que pretenden levantar sectores de carácter estrictamente patronal, no con el objeto de defender derechos de carácter económico generales de la mayoría del país, sino que con el claro propósito de derrocar un gobierno, es decir, con una clara estrategia de carácter político. ¿Y quién puede desmentir las declaraciones que los propios afectados realizan durante el paro patronal de octubre, cuando se plantea la necesidad de suspender el transporte en todo Chile, la atención de la salud en todo Chile, la atención de los bancos en todo Chile, la atención de la Administración Pública en todo Chile, la administración de cada una de aquellas actividades que significa producir en carácter indefinido? Habría que ser muy obtuso para pensar que quien se plantee un paro, que paralice el país de manera indefinida, se esté planteando una reivindicación de carácter económico que afecte a un gremio y que tenga las mismas características que han tenido en Chile las diversas huelgas iniciadas por los trabajadores en este país. ¡No! ¡Es muy diferente! Aquí lo que se está planteando es, lisa y llanamente, el derrocamiento de un Gobierno, de un Gobierno legítimamente establecido, cuya mayoría jamás ¡jamás! la ha tenido en el curso de los últimos cuarenta años ningún Gobierno, porque ninguno ha tenido en el curso de su desarrollo un porcentaje de votación estable, similar, siquiera, al que ha tenido el Gobierno de la Unidad Popular y que continúa teniendo,... El señor UNDURRAGA.- ¡Eso no es efectivo! El señor SCHNAKE.- ... salvo que la Democracia Cristiana y el Partido Nacional se sientan unidos ideológicamente y sean capaces de mostrar un programa común de acción y ambos estén propiciando y propugnando las mismas cosas y que los primeros se sientan, como el Partido Nacional, defensores del capitalismo. Pero la verdad es que ninguno la ha tenido,... El señor UNDURRAGA.- ¡Tampoco es efectivo! El señor SCHNAKE.- ...porque sólo los une un odio común, un revanchismo común, pero no un programa común, ni siquiera una estrategia de poder común. De manera que hay una diferencia realmente muy grande. Pero a pesar de ello, y en aras de lograr lo que podríamos llamar una pacificación nacional, la Unidad Popular, contrariamente a lo que la Derecha sostiene de la boca para afuera, bastante más democrática que los opositores y que sabe que el pueblo es un buen árbitro para dirimir las cuestiones más importantes, trata de solucionar no un conflicto gremial, sino un conflicto que implica un acto subversivo en contra del poder legítimamente establecido y otorga garantías para que estos movimiento termine en las condiciones más pacíficas posible y el país entre a una etapa de calma, de tranquilidad, en que todos los chilenos puedan producir y, al mismo tiempo, establecer con su conciencia quiénes son los responsables de un proceso caótico a que se quiere llevar al país. Y se encuentra, aun más, con que hay una oportunidad muy propicia: marzo de 1973, para que el pueblo exprese una opinión. Sin embargo, a la Derecha, que tiene una estrategia muy claramente trazada no le gusta esa confrontación, porque no le gusta confrontarse con el pueblo. Esa es la realidad. Entonces deduce una acusación constitucional tras la cual arrastra a la Democracia Cristiana. Y yo me atrevería a asegurar que la Democracia Cristiana no está contenta con la acusación constitucional, que en la Comisión votó favorablemente y que seguramente hoy día en la Sala lo hará porque en la conciencia de muchos democratacristianos hay problemas muy serios, pues se han dado cuenta de que, una vez más, el Partido Nacional, a través de esta acusación constitucional, trata de levantar el liderazgo de toda una oposición para llevarla, de manera irreversible e irremediable, al campo de la reacción, al campo de la Derecha. Y la razón que se da para votar y aquí sí que hay ingenuidad y mala fe es que ha habido represalias, a pesar de una declaración unilateral del Gobierno, en contra de algunos funcionarios y en contra de algún comercio, aun cuando la Democracia Cristiana en este último acápite ya no está de acuerdo. Yo pregunto: ¿constituye represalia el que funcionarios, que no sólo no cumplen con su deber, sino que causan un serio trastorno a la economía al dejar abandonados sus cargos directivos en el Banco Central, sean exonerados por estar en una clara actividad política, siguiendo instrucciones de colegiados profesionales que no sólo no tienen facultad para ello, sino que, lo que es más grave, a su vez ellos que hablan de Estado de Derecho, de defensa de la democracia y de patria, hacen objeto de las más torvas represalias a aquéllos que no compartiendo un criterio político sustentado por los Colegios salen a ejercer su profesión en beneficio del pueblo? Por eso, cuando hablamos de profesionales y técnicos patriotas, refiriéndonos a aquéllos que trataron de impedir que se paralizara la atención de la salud, de los hospitales, de las fábricas, de las oficinas del Estado, no estamos haciendo un juego de palabras, sino recordando que hubo hombres y mujeres que quisieron cumplir con su deber por encima de las directivas de colegios profesionales, que se habían apartado de las verdaderas normas de ética para cumplir con aquello que para nosotros es mucho más sagrado que todos los colegios profesionales juntos: para cumplir con el pueblo. ¿No es represalia acaso, como lo conoció la Comisión, la que ejercen los colegios profesionales, que empiezan a suspender a los abogados que ejercen en organismos del Estado por no adherir a un paro ilegítimo e ilegal, tratando con ello de dejar en la indefensión al propio Estado? ¡Colegios profesionales que jamás tuvieron una preocupación de esta naturaleza; colegios profesionales cuya única misión es velar por el justo ejercicio de las profesiones! ¿No es represalia la que ejerce el Colegio Profesional de los Médicos cuando sanciona a Directores de Hospitales o a médicos por la sola circunstancia de haber impedido, como sucedió en algunos hospitales, que se retiraran los turnos de urgencia? ¿No es represalia contra el pueblo la que en un momento determinado llegó a plantear el propio Secretario General del Colegio Médico, doctor Cruz, de suspender la atención de urgencia en los hospitales, entregando a la muerte a aquellas personas modestas que tuvieran que recurrir a los servicios que el Estado mantiene para entregarles atención? ¿Cuáles son realmente las represalias que les duelen a la Derecha en Chile? Las que afectan a dos o tres personas que, a lo largo de su vida, no han tenido jamás problemas y que creen que es muy sencillo atacar al pueblo, dejándolo sin atención médica y sin abastecimientos, y permitiendo que, en una situación de crisis provocada por ellos mismos, se pudran las mercaderías en los puertos, porque no hay transporte. Para ellos no es represalia atentar en contra de la gente modesta, de la gente trabajadora, de los que con sus manos crean la riqueza en este país. Tienen un concepto tan especial para sancionar las cosas que para ellos esto es motivo de una acusación constitucional. Hoy hay que destituir al Ministro de Hacienda, aunque no tenga responsabilidad directa o indirecta, porque en el único caso en que siguen insistiendo, el del Banco Central, ni siquiera se trata de una institución dependiente del Ministro de Hacienda, porque la propia Ley Orgánica del Banco así lo establece. Se olvidan de cómo miraron estos problemas cuando la clase trabajadora, ejerciendo derechos legítimos y buscando reivindicaciones económicas para sus propios gremios, fue objeto de la más dura y cruel persecución por los mismos que hoy piden la cabeza del Ministro de Hacienda, del compañero Orlando Millas. Si en Chile se hubieran destituido a todos los Ministros que dispusieron la exoneración de funcionarios por levantarse en huelga, la verdad es que la Derecha no habría tenido ministros para gobernar. ¿Con qué Ministros habría podido gobernar el señor Alessandri cuando por una ley de facultades extraordinarias exoneró a miles de funcionarios de la Administración Pública? ¡A miles! Y tuvimos que ser los abogados de Izquierda los que reclamáramos por la vía judicial, no que los reincorporaran, porque eso ya no era posible, porque tenían una ley que les permitió exonerar a miles de funcionarios de la Administración Pública: profesionales, técnicos, obreros, modestos empleados; sino que les pagaran la indemnización por años de servicio que les correspondía, porque hasta eso se les negó. Y discutimos el problema por cerca de cuatro años en los tribunales ordinarios de justicia para que pudieran cobrar siquiera una indemnización, no para que pudieran recuperar sus cargos, porque esos nunca los recuperaron. ¿Qué Ministros habrían quedado de la Derecha o de toda la Oposición si tuviéramos que haber destituido por la vía de la acusación constitucional, siguiendo el predicamento que hoy tratan de imponer, porque tienen una mayoría circunstancial, a los que exoneraron a los 500 obreros portuarios de una huelga de reivindicaciones económicas en que no se planteaban problemas políticos ni se pretendía derrocar al señor Frei ni a nadie? Alguien, cuando se planteó esto en la Comisión de Acusación Constitucional, decía que se había aprobado una ley para solucionar este problema, pero no recordaba que no fue una ley de reincorporación de esos modestos obreros portuarios, sino para pagarles indemnización por los años que habían servido y que el Gobierno les había negado. ¿Cuantos Ministros habrían quedado si recordáramos que más de doscientos dirigentes, empleados y obreros ferroviarios fueron exonerados durante el Gobierno del señor Alessandri, a los cuales no se les pagó ni siquiera indemnización por años de servicios? ¿Cuántos quedarían, si recordáramos los quinientos obreros exonerados en Yarur y los mil obreros exonerados en Sumar durante los regímenes anteriores. Es que resulta que ahora hay dos varas diferentes. Una es la que usa la Derecha para medir al pueblo, para medir a aquellos modestos, trabajadores que con sus manos han creado la riqueza en este país; la otra es la que utiliza para medir, naturalmente, sus intereses de clase. Para esta última hay mayoría, para aquélla no la hubo jamás. Nunca nadie levantó la mano en la Derecha para acusar constitucionalmente a ningún Ministro, ni menos para qué decir a un Presidente de la República. La verdad es que en esta acusación constitucional no hay otra cosa que una doble finalidad política. Por una parte, está el desarrollo natural y lógico de la estrategia del Partido Nacional. Ya lo dijo durante el paro patronal: la única manera de asumir el liderazgo dentro de la Derecha, siendo duros, es castigando a aquellos que se atrevan a levantarse en contra de sus designios, tendientes a recuperar la cuota de poder que ha perdido, y sumando en ese liderazgo a la Democracia Cristiana. Esta estrategia la han ido cumpliendo muy fielmente. Expresaron en una declaración pública que ya las elecciones no constituían realmente una manera práctica de recuperar el poder... El señor ARNELLO.- ¡No es efectivo! El señor UNDURRAGA.- ¡No es efectivo! El señor ARNELLO.- ¡No tergiverse! El señor SCHNAKE.- Lamentablemente, las publicaciones que supongo firmadas, así lo dicen... El señor SCARELLA.- ¡Así las interpreta usted! El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Diputado señor Scarella! El señor SCHNAKE.- La segunda finalidad es muy clara. La verdad es que fracasaron, a pesar de todos los intentos sediciosos que hicieron para derrocar a este Gobierno durante veintiséis días de huelga, en los cuales jamás les faltó el dinero a los que estaban impulsando el paro. No fue como las huelgas de obreros o de empleados, que cuando están en huelga y no trabajan no pueden llevar nada a su casa y tienen que hacer ollas comunes para poder vivir. Aquí, los que lo impulsan estaban muy cómodos y tenían dinero de sobra. El señor ARNELLO.- ¡Falso! El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Diputado señor Arnello! El señor SCHNAKE.- Dicen que hasta bajó el dólar en la bolsa negra. Nadie sabe por qué. No creo que hayan sido obreros chilenos los que trajeron los dólares del exterior para que pudiera bajar en la bolsa negra; pero la verdad es que bajó. Alguien tendrá que responder, alguien tendrá que decir por qué. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).- ¡Diputado señor Ar-Arnello, llamo al orden a Su Señoría! El señor SCHNAKE.- ¿Acaso bajó porque había gran confianza en el Gobierno Popular de parte de los que manejan los dólares en el mercado negro? Bajó cincuenta y sesenta puntos, y eso les pesa en la conciencia a muchos que estaban detrás del paro patronal. El señor SCARELLA.- ¡Está muy bien informado! El señor SCHNAKE.- Eso no lo pueden perdonar... El señor UNDURRAGA.- ¿A cuánto está el dólar ahora? El señor SCHNAKE.- Y no pueden perdonar que, a pesar del caudal de esfuerzos que hicieron durante veintiséis días para derrocar a este Gobierno y para recuperar aquella cuota de poder perdido, lo que les ha cercenado importantes privilegios con los cuales explotaron durante años al pueblo, la clase trabajadora los haya derrotado. Porque no pudieron paralizar este país, a pesar del daño que le causaron; porque no hubo una fábrica en que un obrero, democratacristianos, socialista, comunista o lo que fuera, dejara que esa fábrica se paralizara. Y el país siguió marchando,... El señor UNDURRAGA.- ¡Y siguieron robando! El señor SCHNAKE.- ...y tuvieron que morder el polvo de la derrota a manos de aquellos que entendían el patriotismo como la defensa de los intereses de la mayoría de la patria, y no como la defensa de los intereses de unos pocos. De esos pocos, la mitad está en Chile; la otra mitad está fuera. Había, entonces, que castigar a alguien; había, entonces, que desquitarse con alguien, porque no podía ser que el pueblo quedara impune; había que buscar una víctima expiatoria de aquella derrota sufrida a manos del pueblo. Esa víctima, para la Derecha, es el compañero Ministro de Hacienda. En él, en Orlando Millas, quieren castigar hoy día a ese pueblo alzado, a ese pueblo insolente que los derrotó durante el paro patronal. Y lo tratan de castigar llegando inclusive a cosas increíbles, a cosas inauditas, haciendo caudal de cosas que aun en la Comisión se las desmienten y les hacen a veces ponerse en ridículo. Plantean que en el Banco Central, en la CORA, en los organismos del agro, estamos invadidos de extranjeros; que este Gobierno ha traído cubanos, seguramente con tres ojos, una especie de marcianos que nos van a comer, a dirigir nuestra economía; que esto es grave, porque con eso se les están quitando las fuentes de trabajo a los chilenos y que ellos son patriotas y defienden a los chilenos. Aquí está la lista de esos 19 extranjeros, a juicio de la Derecha,... El señor AMUNATEGUI.- ¡Eso es lo que se sabe! El señor SCHNAKE.- ...tomados por el Banco Central. Y resulta que ellos mismos aprobaron una reforma constitucional en virtud de la cual existe la doble nacionalidad entre España y Chile. Hay muchos chilenos de nacimiento que se han sentido muy contentos de irse a España y acogerse a esta disposición. Pero hoy día la repudian... El señor SCARELLA.- Después de diez años. El señor SCHNAKE.- ...rara el caso de don Pedro Esparza, español que lleva, no diez años, sino más de veinticinco años en Chile y que está contratado en el Banco Central. No han traído, pues, a un español para venir a quitarnos a nosotros el fruto de nuestro trabajo. Como lo reconocieron en la Comisión, se les demostró que don Esteban Laderman es chileno; no es extranjero. Pero resulta que sigue pendiente en la lista. Hasta toca que un Diputado de Oposición dice: ¡Pero si fue compañero mío de colegio! Pero sigue en la lista. Traen en la lista a don Alejandro Schejtman, que también fue compañero de curso de un Diputado de Oposición y que llegó de dos meses a Chile desde Bolivia. ¡Llegó de dos meses a Chile y desde entonces vive en Chile! ¡Pero les está quitando el pan de todos los días a estos chilenos patriotas! Citan a don Miguel Requena, que es chileno... El señor SCARELLA.- Nacionalizado. El señor SCHNAKE.- Es francés de nacimiento, nacionalizado en Chile. Y éstos, que defienden el Estado de Derecho, repudian la nacionalización como instrumento que les otorga la plena ciudadanía a quienes se acogen a ella. Podría seguir nombrando a muchos de la lista. Pero resulta que en esta misma lista hay extranjeros contratados por el Gobierno anterior y aun por el anterior. Y los cubanos que aparecen en la lista, como don Ornar Flores o don Julio Floristán, que son los únicos cubanos que figuran en ella, resulta que no son funcionarios del Banco Central; son funcionarios de la Banca Nacional de Cuba. En virtud de uno de los tantos acuerdos bilaterales que el Banco Central ha tenido a lo largo de su historia con muchos bancos de otros países, se encuentran estudiando los convenios bilaterales existentes entre nuestros dos países, y no reciben, en consecuencia, remuneración del Banco Central de Chile, sino de la Banca Nacional de Cuba. Esa es la lista con la cual se arma esta alharaca, ésa es la lista de los que les están quitando el derecho al trabajo a los chilenos. Para qué referirnos al agro, cuando me basta con las palabras de dos honestos dirigentes del agro, dirigentes que militan en la Democracia Cristiana, que vinieron a declarar y que, cuando un señor Diputado de Oposición les preguntó acerca de esto, le dijeron: Señor, nosotros no venimos a hacer cuestión de nacionalidad. En el agro hay funcionarios extranjeros y los hubo antes. A nosotros nos interesa la eficiencia de quienes allí están trabajando, y los que lo hacen, la tienen. No estamos nosotros por perseguir a quienes, teniendo calidad técnica, han llegado de países en los cuales han sido perseguidos por sus ideas políticas, a entregar su aporte a Chile. Fue una respuesta que dejó callada a la Oposición en el seno de la misma Comisión. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SCHNAKE.- Pero esta Oposición que hoy día se alarma porque en el Banco Central hay unos pocos funcionarios extranjeros, que no les quitan el trabajo a los chilenos, por esta causal, aunque no sea legal, pero que sí es legítima y moral, tendría que haber destituido a todos los Ministros y a todos los Presidentes que permitieron que en Chile hubiera cerca de 400 mil chilenos cesantes: los índices más altos de cesantía de la historia de nuestro país, que hoy día se rebajan a la mitad. ¿Por qué no se preocuparon de esos 400 mil chilenos que no tenían trabajo? ¿O había 400 mil extranjero traídos por la Oposición de hoy día y que no los dejaban trabajar? Es allí donde se muestran la inconsecuencia y la incongruencia, frente al pueblo, de actitudes de esta naturaleza. Esto demuestra, de manera clara y fehaciente, que tras estas acusaciones no hay otros móviles que los de carácter político que señalábamos: asumir el liderazgo de una Oposición dura, que lleve al enfrentamiento del pueblo; asumir el liderazgo de una Oposición que en lo posible no llegue a marzo, que en lo posible no llegue a elecciones, que sea capaz de destruir lo avanzado, que sea capaz de contener el avance del pueblo. Eso no sólo lo demuestran con estas acusaciones, sino que con la insolencia con que se plantean al decir: ¡Cuidado, no se olviden de que el paro sólo se suspendió! ¡Ojalá! Ojalá así fuera. El señor UNDURRAGA.- Así es. El señor SCHNAKE.- Ojalá se atrevieran las fuerzas negras y retardatarias de la historia de nuestro país a intentar otro golpe sedicioso a través del paro, porque si el castigo que entonces recibieron de la clase obrera fue impedirles derrocar a este Gobierno, pero continuó Chile viviendo la paz social y buscando la confrontación de ideas y no la confrontación de vidas, en una segunda intentona, el pueblo no sería, evidentemente, ni tan generoso ni tan blando, porque las lecciones se aprenden, y cuando hay testarudos que se quieren levantar en contra de la historia y quieren avasallar al pueblo, también tienen que tener cuidado con la reacción de ese pueblo... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SCHNAKE.- ...que a lo largo de la historia ha sido muy duro cuando se trata de castigar a quienes lo han explotado permanentemente. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SCHNAKE.- Por eso, la Unidad Popular rechazará sistemáticamente las provocaciones de la Derecha, sean éstas a través de acusaciones constitucionales, sean éstas a través de actitudes sediciosas y fascistas, como las que permanentemente vienen desarrollando en nuestro país. Muchas gracias, señor Acevedo. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Acevedo, don Juan. El señor ACEVEDO.- Le concedo una interrupción al Diputado don Julio Silva Solar. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Con la venia del señor Acevedo, puede hacer uso de la palabra el señor Julio Silva Solar. El señor SILVA (don Julio).- Señor Presidente, admiraba en la mañana de hoy la paciencia del compañero Ministro de Hacienda, con la cual contestaba detalladamente todos los cargos de tipo jurídico ... La señora RETAMAL.- ¡La paciencia de los chilenos! El señor SILVA (don Julio).- Me voy a referir a eso también, señora Diputada. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señora Retamal, le ruego no interrumpir. Está con la palabra el señor Silva. El señor SILVA (don Julio).- ...y los argumentos que se han dado por los acusadores... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señora Retamal, le ruego guardar silencio. Llamo al orden a Su Señoría. Puede continuar el señor Silva. El señor SILVA (don Julio).- Digo, señor Presidente, que me admiraba esto, porque realmente, por lo menos en lo que se refiere a nosotros, no estamos precisamente en ese ánimo, porque creemos que la realidad ya no es de discusión jurídica, la realidad no es de discutir razones que puedan producir algún resultado; la realidad es de enfrentamiento, la realidad es de fuerzas que chocan y que decidirán, en definitiva, el problema. Se ha llevado tan lejos el absurdo, la falta de toda clase de fundamentos, como aquí ha quedado demostrado, incluso en relación a un recurso tan especial y tan delicado, desde el punto de vista de nuestra estructura legal, como es el de la acusación constitucional, que no vemos realmente, en este instante, por lo menos, posibilidad alguna de resolver algo si no es, en definitiva, a través de una política que, frente a la escalada en que la oposición se encuentra, signifique preservar la autoridad del país, la autoridad del Gobierno. En definitiva, a través de todas estas maniobras, cuyo pretexto contrariamente a otras ocasiones creemos que ahora ni siquiera vale la pena discutir, ni siquiera vale la pena analizar. La Oposición pretende avasallar la autoridad del Presidente. La Oposición le plantea al Gobierno un dilema, no sólo con esta acusación, por cierto, mucho peor fue en octubre, cual es: o renuncia y abandona el programa de Gobierno o tiene que ser derrocado o destituido, ya sea derrocado por la fuerza, como trataron de hacerlo, o ya sea destituido por los famosos dos tercios que andan buscando. Y resulta que la principal propaganda de los candidatos de la Oposición es precisamente decirle al país: dennos los dos tercios para destituir al Presidente de la República. Un señor DIPUTADO.- Y están felices con eso. El señor SILVA (don Julio).- Y están felices con eso, como me acota el señor Diputado, con lo cual se confirma lo que estoy sosteniendo... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señores Diputados, ruego no interrumpir. El señor SILVA (don Julio).- Lo que buscan es plantear como lo han hecho el dilema a que me he referido: o el Gobierno incurre en la inmoralidad de abandonar y echar al canasto de los papeles su programa, como lo han hecho otros, o bien... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Scarella! El señor SILVA (don Julio).- ...el Gobierno sería derrocado, ya sea por la fuerza, como lo han tratado de hacer, ya sea reuniendo los dos tercios que les permita aprobar una acusación constitucional contra el Presidente de la República, porque aquí... Un señor DIPUTADO.- Sería legítimo. Hablan varios, señores Diputados a, la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señores Diputados, ruego guardar silencio y evitar los diálogos. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Lavandero, llamo al orden a Su Señoría! El señor SILVA (don Julio).- Y usted precisamente en su propaganda está agitando la bandera de los dos tercios. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Diputado, le ruego dirigirse a la Mesa. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA (Vicepresidente).- Señor Lavandero, llamo al orden a Su Señoría. El señor SILVA (don Julio).- Resulta que esto confirma lo que hemos venido sosteniendo... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- ... respecto a las acusaciones constitucionales... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Silva. El señor SILVA (don Julio).- Lo que dice el señor Lavandero revela que él no tiene idea de qué se trata la acusación constitucional. La acusación constitucional, señor Lavandero, no es problema de mayoría, no es el problema de los dos tercios. La Oposición ha convertido la acusación constitucional en un problema de mayoría, porque aquí no importa ni siquiera interesan los pretextos de la acusación, no interesan los cargos; aquí lo que interesa para la acusación constitucional ... El señor LAVANDERO.- ¡Qué habla usted que llegó aquí como democratacristiano! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Lavandero ¡llamo al orden a Su Señoría! El señor SILVA, (don Julio).- Se acusa, según si se tiene la mayoría o no. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- ¿Por qué no hace callar a este caballero, señor Presidente? Porque a lo mejor quiere una interrupción o tiene algo que decir; que la pida, entonces. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Puede continuar Su Señoría, en la interrupción que le fue concedida. El señor SILVA (don Julio).- El problema es que la acusación constitucional se ha convertido, para esta Oposición que ha faltado a su juramento de guardar la Constitución... El señor SCARELLA.- ¡No puede decir eso! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Scarella, llamo al orden a Su Señoría! El señor SILVA (don Julio).- Así ha sido, señor Presidente, y lo voy a probar... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- Las acusaciones se han convertido, para ellos, en un problema de mayorías. No importan los cargos, no importan las razones. La cuestión es tener mayoría para aprobar las acusaciones, y eso es lo que están diciendo en su propaganda al pedir al país que les den los dos tercios. No importan los cargos contra el Presidente de la República, porque con los dos tercios cualquier pretexto servirá para destituir al Presidente de la República. El señor ARNELLO.- ¡Los cargos se los están haciendo ustedes! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor SILVA (don Julio).- A eso me refería cuando decía que no han guardado la Constitución, no han guardado su juramento. Precisamente, según el texto de la Constitución, las acusaciones constitucionales no son problema de mayorías o de los dos tercios, sino de que el Ministro o el Presidente de la República acusados hayan incurrido en los delitos que la Constitución señala. El señor ARNELLO.- ¡Todos los días! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor SILVA (don Julio).- No basta simplemente con reunir el quórum o la mayoría para formular una acusación. Por eso, señor Presidente,... El señor LAVANDERO.- Ahora dice eso, cuando ya no es democratacristiano. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Lavandero, llamo al orden a Su Señoría! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Scarella! Está con el uso de la palabra el señor Silva. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor SILVA (don Julio).- Por eso he dicho que se ha vulnerado de esa manera una institución fundamental, porque si acaso fuera materia de una simple mayoría, entonces querría decir que los Ministros no dependen de la confianza del Presidente de la República, sino de la confianza política de la Cámara. Esto es precisamente lo que viola el régimen institucional, y eso es lo que han hecho los partidos de Oposición al presentar acusaciones constitucionales durante este período de gobierno. El señor AMUNATEGUI.- Ese es un sofisma. El señor SILVA (don Julio).- Y en eso basan su propaganda para las próximas elecciones, al plantear algo que no van a lograr jamás, por cierto, que simplemente con los dos tercios tendrían todo lo necesario para destituir al Presidente de la República. El señor ARNELLO.- ¡Para que no se abanique! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello, llamo al orden a Su Señoría! El señor ARNELLO.- ¡Es muy distinto! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor SILVA (don Julio).- Por eso insisto en que el fondo del problema es la exigencia inmoral de la Oposición de que el Presidente de la República renuncie a su programa o, de lo contrario, será destituido, derrocado por la fuerza o por el supuesto quórum de los dos tercios que quieren obtener. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- Por lo tanto, lo que se pretende es el avasallamiento de la autoridad constituida, a través de este recurso. El señor LAVANDERO.- ¿Usted está contra los dos tercios? ¿O a favor? El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Lavandero, ¡amonesto a Su Señoría! El señor SILVA (don Julio).- El señor Lavandero no quiere entender el problema. No sé si desea una interrupción. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Silva, Su Señoría no puede conceder interrupciones, porque está haciendo uso de una. Puede continuar Su Señoría y le ruego evitar los diálogos. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Lavandero! El señor SILVA (don Julio).- No se trata de gobernar contra la voluntad de la mayoría del país. El señor LAVANDERO.- De eso se trata. El señor SILVA (don Julio).- Para que eso fuera válido se dice que el Presidente de la República tendría que aceptar lo que quiere la mayoría del país, conformarse a su criterio. Muy bien. Supongamos que la Oposición sacara un voto más que el Gobierno en las elecciones de marzo. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Lavandero, censuro a Su Señoría. El señor SILVA (don Julio).- Supongamos que así fuere. ¿A qué criterio, a qué programa, a qué modelo, como dicen ahora, tendría que ajustarse la conducta del Presidente de la República? El señor AMUNATEGUI.- A la de Chile. El señor SILVA (don Julio).- ¡Esas son palabras, señor! El señor AMUNATEGUI.- ¡No! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Amunátegui! El señor SILVA (don Julio).- La Oposición no es alternativa de poder, desde el momento en que no tiene un programa ¿Cuál va a ser el programa, cuál va a ser el modelo sustitutivo, cuál va a ser la línea? La Oposición sólo es capaz de unirse para destruir, para derribar y para odiar; pero no es capaz de unirse para construir; no es capaz de unirse para mostrar un programa de alternativa de gobierno; no es capaz de unirse para mostrar una línea de alternativa. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello, señor Lavandero! El señor SILVA (don Julio).- En el supuesto de que la Oposición sacara un voto más, podríamos preguntarle: ¿A qué programa tendría que ceñirse: al programa del Partido de la Democracia Cristiana o al programa del Partido Nacional? Resulta que no tienen Un programa. No son alternativa de poder; sólo son una alternativa de Oposición. El señor MONARES.- ¡Nos vamos a la casa, entonces! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Monares! El señor SILVA (don Julio).- Sólo pueden unirse para sumar votos en la Oposición. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Monares! El señor SILVA (don Julio).- Sólo pueden unirse para ganar una elección; pero no pueden unirse para mostrar al país un camino o una salida distinta. De manera que, en ese sentido, aun cuando hay una alianza electoral, no ha variado la situación con respecto a 1970, en que al país se le ofrecieron tres alternativas de Poder. Frente a estas tres alternativas de poder, era lógico que gobernara aquella que reunió una mayor votación y no las dos que fueron minoría. El señor LAVANDERO.- ¿En cuál estaba usted entonces, que habla tanto ahora? El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Lavandero! El señor LAVANDERO.- ¿Dónde estaba? El señor SILVA (don Julio).- Usted sabe donde estaba. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Monares, ruego a Su Señoría tomar asiento! Señor Silva, le ruego dirigirse a la Mesa. ¡Señor Lavandero, censuro a Su Señoría! El señor MOMBERG.- ¿Esta unión no será para defendernos también, señor Silva? El señor SILVA (don Julio).- ¿Cuál es, a nuestro juicio ... El señor MOMBERG.- ¿No nos habremos unido para defendernos? Podría ser. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Momberg! El señor SILVA (don Julio).- ... la situación de fondo que se discute aquí? Los intereses internos y extranjeros lesionados por el programa del Gobierno están, de hecho, coludidos, y están actuando coludidamente. El señor LAVANDERO.- ¿Los rusos? El señor SILVA (don Julio).- Hay todavía una larga historia. No vamos a repetir la historia de los documentos de la ITT, ni de las maniobras de la Kennecott ni de los círculos imperialistas denunciados por el Presidente de la República en las Naciones Unidas,... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- ...ni de los intentos de la ultraderecha, que conspiró desde antes que Allende asumiera y ahora trata de salvar al cabecilla que usaba en ese entonces: al señor Roberto Viaux. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Amunátegui! El señor SILVA (don Julio).- Lo cierto es que más allá de todas esas maniobras... El señor LAVANDERO.- ¡El tema mentholatum! El señor SILVA (don Julio).- No me extraña que para el señor Lavandero todas estas maniobras, que son objetivas, que han sido denunciadas ante el mundo por el Presidente de la República ... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- ...sean mentholatum y haga el ridículo de ellas. Porque, ¿qué es lo que quiere el colega? Quiere que todo esto pase inadvertido; quiere que el país ... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- ...no tome conciencia de ellas; quiere, con la complicidad del silencio, devolver al conspirador al seno de la conspiración y que siga ahí socavando e incluso dividiendo a las propias Fuerzas Armadas. Esto es lo que quieren y por eso han montado la complicidad del silencio en torno del fallo de la Corte Marcial respecto del señor Viaux. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Amello, llamo al orden a Su Señoría! ¡Censuro al señor Arnello! El señor SILVA (don Julio).- Por eso, también, quieren ridiculizar las acciones de la Kennecott. ¡Eso se ridiculiza! ¡ Eso es mentholatum! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Lavandero! El señor SILVA (don Julio).- Los documentos de la ITT, que han sido denunciados en los propios Estados Unidos, ¡eso es mentholatum! Esa es la manera de ser cómplices y de cohonestar las acciones del imperialismo. Porque estas fuerzas están aliadas, señor Presidente. Las fuerzas internas, los intereses internos ... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Lavandero! El señor SILVA (don Julio).- ...están aliados con los intereses extranjeros en esta acción contra el Gobierno del país. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Lavandero, voy a suspender la sesión si Su Señoría no permite que el señor Silva hable. El señor SILVA (don Julio).- La verdad es que todos estos intereses inciden en lo mismo: obligar al Gobierno a dejar de lado su programa. La defensa de intereses, de privilegios económicos, de intereses económicos... El señor LAVANDERO.- ¡Los interventores! El señor SILVA (don Julio).- ... lleva a estos sectores a cualquier cosa, incluso, a aliarse con los enemigos de Chile... El señor ARNELLO.- ¿Con cuáles? El señor SILVA (don Julio).- ... los lleva a repugnantes actitudes antipatrióticas, los lleva, por ejemplo, a pifiar al Presidente de Chile y a aplaudir, simultáneamente, al Embajador de Estados Unidos. Ese es el verdadero rostro de la Oposición. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- Eso es lo que espontáneamente hacen y lo que no se atreven a hacer aquéllos que tienen un poco más de cuidado en sus actuaciones. Eso es lo que espontáneamente les sale del alma cuando están en ciertos lugares. La señora ALTAMIRANO.- ¡Están vendidos! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor SILVA (don Julio).- ¡Nunca un Gobierno fue tan fiel en lo sustantivo de su programa! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor SILVA (don Julio).- ¡Este Gobierno no engañó a nadie! Risas en la Sala. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA (Vicepresidente).- ¡Señor Acevedo! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor AMUNATEGUI.- ¡El mejor chiste! El señor ARNELLO.- ¡La inflación! El señor SCARELLA.- ¡La medida Nº 40! Un señor DIPUTADO.- ¡El medio litro de leche! El señor SILVA (don Julio).- El programa de Gobierno que tengo en mis manos... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Lavandero, llamo al orden a Su Señoría! El señor SCARELLA.- ¡Disolución del Grupo Móvil! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Scarella, censuro a Su Señoría! El señor SCARELLA.- ¿Cómo? El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- La Mesa lo censura porque interrumpe. El señor SILVA (don Julio).- Puede ser que en algunos detalles, algunas medidas circunstanciales no hayan aún podido cumplirse... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- En todo caso, quiero decir que no es eso lo que les duele. No les duele el Grupo Móvil, ni el medio litro de leche, ni siquiera la inflación. Yo les voy a decir lo que les duele. Resulta que en lo sustantivo del programa, de su programa... El señor SCARELLA.- ¡La medida Nº 31! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Scarella, reitero la censura a Su Señoría! El señor SILVA (don Julio).- ...como nadie, es extraordinariamente fiel a él; así como no engañó al país, porque el programa fue ampliamente conocido. Tampoco engañó a los que votaron por el Presidente ... El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ¡Ah, no! El señor SILVA (don Julio).- ... en el Congreso Pleno. La Democracia Cristiana pidió, en esa oportunidad, que se preservaran las libertades democráticas; pero no pidió que se preservara el capitalismo, ni el sector monopólico. El señor LAVANDERO.- ¡48 asesinados! El señor FUENTEALBA (don Luis).- ¿Los de Puerto Montt? El señor SILVA (don Julio).- ¿Qué... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- ¿Qué decía, señor Presidente, el programa, en lo sustantivo? Decía: El proceso de transformación de nuestra economía... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- ...se inicia con una política destinada a constituir un área estatal dominante. Nadie puede haberse engañado. Estos son los términos literales: un área estatal dominante. Así concebía el Gobierno el proceso de transformación del país. Y, luego, señalaba, literalmente, también: Quedarán integrando este sector, del área social o estatal dominante, las siguientes actividades: 1) la gran minería del cobre, yodo, hierro y carbón minero. Todo eso se ha cumplido. 2) El sistema financiero del país, en especial la banca privada y seguros. También. 3) El comercio exterior. En gran parte, también. 4) Las grandes empresas y monopolios de distribución. Igualmente, se ha cumplido. 5) Los monopolios industriales estratégicos ... El señor AMUNATEGUI.- ¡Puros monopolios ! El señor SILVA (don Julio).- ...y 6) En general, aquellas actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de energía eléctrica; el transporte ferroviario, aéreo y marítimo; las comunicaciones ; la producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Lavandero, censuro a Su Señoría. El señor SILVA (don Julio).- ...incluido el gas licuado; la siderurgia, el cemento, la petroquímica y química pesada, la celulosa, el papel. ¡Todo esto lo dice textualmente el programa! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor ARNELLO.- ¿Dónde está la ley? El señor SILVA (don Julio).- Y aún más. Aclarando todavía más lo que se proponía, se refería, por ejemplo, a qué debe entenderse por sector monopólico en la industria. Y al señalar esto, decía que consideraba sector monopólico en la industria a alrededor de 150 industrias que controlan monopólicamente todos los mercados. Y señalaba que en 1967, de las 30.500 industrias del país, incluyendo la industria artesanal, sólo unas 150 eran consideradas industrias monopólicas. De manera que todo, absolutamente todo de la obra importante, precisamente do aquella que provoca el conflicto, de aquella que les duele y de aquella por la cual se quiere echar abajo el Gobierno, estaba literalmente dicho en el programa, antes de la elección y antes de la elección por el Congreso Pleno del Presidente de la República. Nunca el Presidente de la República se comprometió a hacer que este programa fuera aprobado, previamente a su ejecución, por el Parlamento. Nunca planteó que este programa tenía que ser aprobado por el Parlamento, para que se pudiera ejecutar. Lo que el Presidente planteó fue que actuaría dentro de la ley; pero eso significa que necesitará una nueva ley para cumplir aspectos de este programa cuando no tenga las facultades legales para llevarlo adelanté. Pero no planteó que era una cuestión previa someter el programa a la aprobación del Parlamento, sino actuar dentro de la Ley, por los medios que la ley le otorgaba en el momento de asumir la Presidencia. Y si le faltaban medios legales, entonces tenía que venir a este Congreso, como lo hizo, por ejemplo, en el caso de la nacionalización del cobre; pero jamás a pedir una especie de autorización, de visto bueno o de permiso previo al Parlamento, para poder llevar adelante la ejecución del programa. En la medida en que podía hacerlo, con las facultades que tenía, evidentemente no necesitaba de leyes especiales para ello. Y eso es lo que ha hecho; porque, de otra manera, habría sido una gran ingenuidad el esperar que este Parlamento, tal como está constituido, en este momento, con una mayoría opositora, iba a aprobar un programa como el que he leído. Precisamente, todo el conflicto, en Chile, se ha originado porque el Gobierno ha llevado adelante este programa, que lesiona intereses importantes, intereses que representa la mayoría de este Parlamento, el que se ha convertido en una trinchera para obstruir al Gobierno e impedirle llevar adelante el proceso de transformación social... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Ruego a los señores Diputados guardar silencio! ¡Señor Arnello! ¡Señor Palestro! El señor SILVA (don Julio).- En esta acción de la coalición derechista, opositora, de los intereses... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! ¡señor Palestro!, ¡amonesto a Sus Señorías! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Carvajal! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- ...una de las formas con que han querido avasallar la autoridad presidencial... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello, censuro a Su Señoría! El señor SILVA (don Julio).- ...ha sido, precisamente, desconociendo... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Andrade!, llamo al orden a Su Señoría. Puede continuar el señor Silva. El señor SILVA (don Julio).- Una de las formas con que la Oposición ha tratado de avasallar la autoridad presidencial... El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Palestro, le ruego guardar silencio! El señor SILVA (don Julio).- ...es desconociendo atribuciones legales del Presidente de la República, que todos los gobiernos anteriores han ejercitado... El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Palestro, amonesto a Su Señoría! El señor SILVA (don Julio).- Al desconocer atribuciones del Gobierno, han tenido motivo y pretexto para plantear acusaciones constitucionales. Han desconocido, por ejemplo, su atribución de regular el derecho a reunión, facultad que todos los gobiernos anteriores ejercieron. Frente a las trasmisiones radiales, han desconocido también esas atribuciones, dando viciadamente por derogadas disposiciones que todos los gobiernos anteriores ejercieron. Han desconocido otras atribuciones, o pretendido cuestionarlas, como, por ejemplo, la facultad de la CORFO para adquirir acciones, facultad que los gobiernos anteriores también ejercieron. De esta manera, se ha querido avasallar, desconociendo estas atribuciones que gobiernos anteriores ejercieron, al actual Gobierno. Otra forma de hacer este avasallamiento a la autoridad presidencial es induciendo a las Fuerzas Armadas al desobedecimiento del Gobierno. Incluso, importantes políticos de Oposición han llegado a repudiar actuaciones de los jefes de las Fuerzas Armadas públicamente, porque no desobedecen, frente a determinadas medidas del Gobierno, o porque no obligan al Gobierno a cambiar su política; como si las Fuerzas Armadas, señor Presidente, fueran un departamento de los partidos de Oposición, destinado a doblegar al Gobierno, a avasallar la autoridad del Gobierno, a desobedecerlo o a imponerle una política determinada. Pero en esa forma actúan. Y como esto no les ha resultado, y ahora están muy desencantados también de la actuación de las Fuerzas Armadas en el gabinete, empiezan también a tratar de dividir a las Fuerzas Armadas, haciéndolas que se levanten contra sus jefes establecidos, pretendiendo presentarlos como coludidos con la Unidad Popular, o coludidos en una acción política determinada... El señor ARNELLO.- ¿Y qué hace el marxismo? El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Arnello, amonesto a Su Señoría. Censuro a Su Señoría. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- Este atropello ha llegado a ser intolerable, a través del uso fraudulento de las acusaciones constitucionales y del desconocimiento ... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Palestro, amonesto a Su Señoría! El señor SILVA (don Julio).- ...de la facultad de veto del Presidente de la República en las reformas constitucionales, como ha ocurrido ya en el Senado, supeditando, en esta forma, por completo al Presidente de la República, el que, según la Constitución Política del Estado, es la autoridad suprema de la Nación. Así se intenta someterlo a la voluntad de la simple mayoría del Congreso, que mediante el expediente de las reformas constitucionales que desconocen el derecho a veto al Presidente de la República, podría hacer y deshacer lo que quisiera en este país y constituirse, por lo tanto, en la primera autoridad del país... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Arnello, censuro a Su Señoría. El señor SILVA (don Julio).- ...postergando y anulando la facultad del Presidente de la República, y violando, en esta forma, la Constitución, que establece que el jefe supremo de la nación es el Presidente de la República... El señor ARNELLO.- ¿Y el plebiscito? El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Amello, amonesto a Su Señoría. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- De esta manera, señor Presidente, se trata de avasallar la autoridad del Presidente de la República... El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Arnello, llamo al orden a Su Señoría. El señor SILVA (don Julio).- A tanto ha llegado este abuso y este fraude de las acusaciones constitucionales... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! ¡Señor Palestro! El señor SILVA (don Julio).- ...que, incluso en días pasados, con estupor, hemos visto que el ex Presidente señor Frei ha dicho en un discurso que si las represalias no se han resuelto favorablemente el día en que se trate esta acusación, la Democracia Cristiana votará la acusación. De manera que, aquí, el problema consiste en el asunto de las represalias. Por lo tanto, el fundamento legal de esta acusación es un fundamento político. Porque, aquí, el problema no es si acaso el Ministro acusado ha incurrido en algunos de los delitos que la Constitución establece, como son los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos, soborno, infracción a la Constitución, atropellamiento de las leyes, haberlas dejado sin ejecución o haber comprometido gravemente la seguridad y el honor de la Nación... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- Lo que interesa, señor Presidente, no es que se haya incurrido en alguno de estos delitos que podrían autorizar la acusación constitucional, sino que lo que interesa es el problema de las represalias, represalias que pudo haber tomado, como lo ha demostrado el señor Ministro de Hacienda, en uso y en ejercicio precisamente de la ley, aplicando la ley. Pero no es eso lo que interesa, señor Presidente. Lo que interesa, desde el punto de vista del señor Frei, no es que se haya incurrido en algunos de esos delitos enumerados taxativamente por la Constitución, sino que se haya incurrido en una actitud, que se podrá discutir políticamente. Porque ésa es la tergiversación en que estamos. Una cosa es que se discuta políticamente el problema de las represalias. Algunos podrían encontrarlas buenas; otros, malas. Pero esa no es la discusión de este momento, pues ése es un problema de discusión política. Pero ése no es problema que permita fundamentar una acusación constitucional, porque ésa puede ser una cosa que se considere buena o mala, según tal o cual criterio político; pero no es el problema de los delitos establecidos en la Constitución que son las únicas causales que autorizan la acusación constitucional. Por eso es que pensamos, señor Presidente, que se ha tergiversado... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello, llamo al orden a Su Señoría! El señor SILVA (don Julio).- ...que se ha violado, que se ha trastrocado la Constitución, en su letra y en su espíritu, que, sin embargo, tanto invocan, cuando se trata de defender sus posiciones o cuando se trata de defender sus intereses... El señor ARNELLO.- ¿Y los despidos arbitrarios? El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello, censuro a Su Señoría! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- Mañana, señor Presidente, como decía denantes, también se va a pretender justificar con cualquier pretexto, ¡con cualquier pretexto!, en un momento dado, si llegaran a tener cosa que creo que no lo lograrán de ningún modo; pero en el caso hipotético que así suceda los dos tercios, la acusación contra el Presidente de la República. Entonces, yo me pregunto y quiero recordar que este problema también se planteó en la época del Presidente Balmaceda, cuando se pretendió también una acusación constitucional con evidente fundamentación política y violando la Constitución en la misma forma que ahora se viola hasta qué punto el Gobierno está obligado a acatar los resultados de acusaciones inconstitucionales, abiertamente inconstitucionales, como es, precisamente, el caso de la actual acusación, porque sería muy grave que, a través de esta actitud tan a pesar de todo lo que dice la Oposición condescendiente, se estuviera pavimentando el camino, para facilitar mañana una acusación contra el propio Presidente de la República. Entonces, del mismo fundamento de que ahora se valen, de cualquier pretexto, se valdrían mañana para ello. Y tal vez, en ese momento, el Gobierno tendría dificultad para sostener que no es válido el resultado de una acusación constitucional por el simple mérito de la mayoría que ellos reúnen, cuando no está basada en los fundamentos que la Constitución indica. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- Yo sólo planteo este problema, señor Presidente, porque veo que... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor SILVA (don Julio).- ...es tan grande el abuso y tan grande el avasallamiento que pretende hacer la Oposición. Porque la Oposición todavía no se ha dado cuenta de que está fuera del Gobierno. Creen que todavía son ellos los que mandan. Y retan a los Ministros, porque nombran a tal o cual funcionario, como si ellos estuvieran en el Poder para nombrar a los funcionarios. En el fondo, no se han hecho el cuadro sicológico de no ser, de no estar en el Gobierno. Es claro que todavía, en Chile, quiere seguir mandando y ordenando al Presidente de la República hacer esto o lo otro, y acusa a Ministros y Presidentes con pretextos pueriles, porque no se acomodan a la voluntad de la Oposición. Señor Presidente, la Oposición, después del paro de octubre, la verdad de las cosas es que ha dejado de ser una Oposición democrática. En este momento, ella utiliza medios democráticos, pero también medios sediciosos. No da garantías al Gobierno respecto a que sea una Oposición democrática. Por ello, sería conveniente también preguntarles a los opositores si acaso... El señor ZALDIVAR (don Alberto).- ¡La Oposición se debe al pueblo! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Zaldívar, llamo al orden a Su Señoría! El señor SILVA (don Julio).- Sería interesante que aclararan si, para ellos, este Gobierno es legítimo o no; porque eso convendría saberlo. -Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Zaldívar, llamo al orden a Su Señoría! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señores Diputados! El señor SILVA (don Julio).- Es evidente que la Oposición, a muy poco andar, se empezó a deslizar hacia la pendiente sediciosa. Primero llamaron a la desobediencia civil y después a la resistencia civil... La señora RETAMAL.- ¡Son imaginaciones...! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señora Retamal! El señor SILVA (don Julio).- ¡No, señora! El propio Senador Juan de Dios Car-mona, en una entrevista concedida al diario El Mercurio, llamó a la desobediencia civil; y el Partido Nacional ha hecho de la resistencia civil una consigna... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- ...que ha publicitado ampliamente. De manera que no son cuestiones de imaginación... La señora RETAMAL.- ¡Terminen con las colas! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señora Retamal! El señor SILVA (don Julio).- Señor Presidente, después de llamar a la desobediencia y a la resistencia civiles, hablan de la quiebra del Estado de Derecho. El Colegio de Abogados, cuando ordenó a los abogados ir al paro, dijo que se había producido la quiebra del Estado de Derecho... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor SILVA (don Julio).- Después, en esos mismos días del paro, dijeron que este Gobierno es ilegítimo,... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor SILVA (don Julio).- ...que el Gobierno se constituyó como Gobierno legítimo, pero que, ahora, ha pasado a ser ilegítimo y que se ha puesto al margen de la legalidad, por lo cual no se le debe obedecer. Yo sólo les pido ser consecuentes. No cuestiono que los señores Diputados piensen en esa forma; pero si piensan en esa forma, por lo menos, podrían tener la consecuencia de reconocer que son una Oposición sediciosa. Porque, evidentemente, si consideran que el Gobierno es ilegítimo; si estiman que el Gobierno está fuera de la ley; si declaran que al Gobierno hay que desobedecerle, porque ya no es legal y que, por eso, hay que resistirle; si después de todo esto uno les dice: ustedes son sediciosos, responden: ¡ Ah, qué vamos a ser sediciosos; somos unos mansos corderos!. Después que expresan todo esto a la gente, resulta que se produce el paro nacional de todas las actividades del país. No se trata del paro de un sindicato o de los obreros del cobre. Se llamó al paro nacional de todas las actividades del país. Si no se pararon todas las actividades del país, fue porque no les obedecieron los obreros. Pero llamaron al paro nacional a todas las actividades del país y, además, a un paro nacional indefinido. Nunca la Central Unica de Trabajadores llamo a un paro nacional indefinido. La Central Unica de Trabajadores llamó a paros, pero por un día; a lo más, por dos días;... El señor ARNELLO.- No es así. Hablan varios señores, Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor SILVA (don Julio).- ...jamás a un paro nacional indefinido. Y les voy a decir, además, lo que se ha recordado aquí: el día del paro nacional de la Central Unica de Trabajadores acababa con muertos. Los dos últimos paros de la Central Unica de Trabajadores un día de paro terminaron con gente muerta por las fuerzas represivas del Gobierno. Pero los señores que llamaron ahora al paro de todas las actividades... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello, llamo al orden a Su Señoría, una vez más! El señor SILVA (don Julio).- ...manifestaron que este Gobierno era ilegítimo, que no había que obedecerle. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- Resulta que luego del paro indefinido, que duró veinte y tantos días, estos valientes, que iban a él hasta sus últimas consecuencias, ponen el grito en el cielo por unas cuantas represalias que se adoptan. ¿Y qué deseaban? ¿Querían que el Gobierno se desarmara enteramente? ¿Pretendían que el Gobierno les entregara un diploma a esa gente, que adhirió a la huelga nada menos que en el Banco Central, paralizando la actividad monetaria en el país; y después que desafiaron al Gobierno; después que dijeron que iban a ir al paro hasta sus últimas consecuencias; después, que abandonaron sus funciones en el Banco, creyendo que iban a volver heroicamente, como salvadores, cuando el Gobierno estuviera derrocado; después de todo eso, resulta que se quejan. ¿Qué quieren? ¿Que les den un diploma, un premio? ¿Quieren que se aplauda a esa gente? Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Palestro, llamo al orden a Su Señoría! El señor SILVA (don Julio).- Y en el colmo del cinismo, se pretende, todavía, que una de las causales de la acusación sea... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- ...el que no se les diera plata a las empresas que estaban paralizadas. ¡Esto es el colmo del cinismo! ¡Nada menos que un motivo de la acusación constitucional consiste en que no se les haya dado dinero a las empresas que estaban paralizadas! O sea, no sólo quieren que se premie o dé un diploma a los huelguistas, sino que, además, se les diera plata a las empresas paralizadas, para que botaran al Gobierno. ¿Se ha visto cinismo y desvergüenza más grandes que ésa? Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Palestro, llamo al orden a Su Señoría! ¡Señor Palestro, amonesto a Su Señoría! Señor Arnello, llamo al orden a Su Señoría. ¡Señor Arnello, censuro a Su Señoría! Ruego a Sus Señorías se sirvan guardar silencio y cooperar con la Mesa. Puede continuar el señor Silva. El señor SILVA (don Julio).- Ahora bien, si quienes hacen todo eso; si quienes promueven todo eso para declarar al Gobierno en la ilegitimidad y luego organizan un paro en forma indefinida de todas las actividades, no se dan cuenta de que eso es sedición, se debe a que son demasiado ingenuos o cínicos; si no se dan cuenta de eso, quiere decir que son unos irresponsables, porque no saben lo que hacen. A este respecto, deseo señalar precisamente la opinión del señor Ministro del Interior, vertida en el Senado, en relación con la gravedad de estos hechos, que, al parecer, los sediciosos quieren hacer pasar como que nada hubiera ocurrido en este país. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SILVA (don Julio).- Después de los 26 días... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor SILVA (don Julio).- ... del paro, dicen: Hagamos como si nada hubiera ocurrido. El señor Ministro del Interior, consciente de la situación, ha dicho en el Senado que... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Palestro, llamo al orden a Su Señoría. El señor SILVA (don Julio).- un Gobierno responsable... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Palestro, amonesto a Su Señoría! El señor SILVA (don Julio).- ...no puede permitir ni aceptar que se vuelva a producir un paro de las características del movimiento de octubre, porque ello significaría, incuestionablemente, llevar al país a una guerra civil, y Chile sería arrastrado a un caos, del cual no se recuperaría en cincuenta años. Pero resulta que los promotores de esto no lo miden; sencillamente, no ven lo que ha ocurrido. Según ellos, no sucedió nada, pues lo único que deseaban era hacer un paro gremial. No cuentan las consecuencias. El señor ARNELLO.- ¿Por qué no piensa en...? Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor SILVA (don Julio).- La única conclusión que cabe, señor Presidente, es que fueron, sencillamente, unos irresponsables, como fue irresponsable el señor Arnello... Hablan varios señores Diputados a la voz. El señor SILVA (don Julio).- ...en una revista que apareció días antes del paro. El señor Arnello, desde la revista Qué Pasa, llamó a la desobediencia al Gobierno. Que él asuma ahora su responsabilidad y que explique a quienes siguieron su llamado irresponsable que, por eso, están en dificultades. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello, censuro a Su Señoría! Señor Palestro, amonesto a Su Señoría. El señor SILVA (don Julio).- Nos alegramos, señor Presidente, de la declaración responsable del Ministro del Interior, en el sentido de que el Gobierno no aceptará otra huelga como la de octubre. Nosotros estamos convencidos de que el Gobierno debe reforzar su autoridad y de que no puede dejarse avasallar por una Oposición sediciosa en un momento y democrática en otros, pero que, en definitiva, no da ninguna seguridad respecto de su conducta democrática; porque está viviendo al acecho de otra posibilidad sediciosa y cuando se le presente la ocasión, la va a jugar a fondo, como lo hizo en octubre. Por eso, digo, que hasta cierto punto estos debates jurídicos están de más porque el problema es dilucidar si la Oposición tiene la fuerza para avasallar al Gobierno o si el Gobierno tiene la fuerza para no dejarse avasallar por la Oposición. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor SILVA (don Julio).- Estamos convencidos de que cualquier debilidad de la autoridad no haría más que alimentar el fascismo. Por eso creemos conveniente reafirmar estos conceptos, de manera que a ningún chileno le quepa la menor duda de que el Gobierno está dispuesto a ejercer todas sus facultades frente a la asonada sediciosa, frente a los movimientos que pretendieron, no dentro de la ley y de la democracia, sino que mediante el golpe, terminar con este Gobierno. El señor PALESTRO.- ¿Escucharon, fascistas? El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Palestro, amonesto a Su Señoría! El señor SILVA (don Julio).- El compañero Ministro de Hacienda, Orlando Millas, en un momento muy difícil, pudo con entereza y con gran capacidad, desempeñar las delicadas funciones del Ministerio de Hacienda. Nosotros solidarizamos ampliamente con él y naturalmente, votaremos en contra de esta acusación, que no es otra cosa que una maniobra más, en toda esta política de la Oposición, destinada a doblegar al Gobierno y hacerlo abandonar su programa. Nada más. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Puede continuar el señor Acevedo. El señor ACEVEDO.- Le concedo una interrupción al señor Mario Riquelme. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Con la venia del señor Acevedo, tiene la palabra el señor Riquelme, don Mario. El señor RIQUELME.- Señor Presidente, la exposición hecha por el compañero Ministro de Hacienda, Orlando Millas, en la Comisión que conoció de la acusación constitucional interpuesta en su contra por los reaccionarios del Partido Nacional y de la Democracia Radical, y la brillante, clara y demoledora defensa hecha por el compañero Ministro acusado y que ha conocido hoy esta Cámara de Diputados, han dejado plenamente establecido que esta acusación no sólo es improcedente, sino que, además, es inconstitucional, politiquera, y que carece, por lo tanto, de la más mínima justificación jurídica. Los acusadores pretendieron y pretenden derrocar al Gobierno de la Unidad Popular, conquistado por los trabajadores en luchas de muchos años. Ustedes, señores acusadores, no están defendiendo los derechos ni los intereses de los trabajadores, ni del pueblo, ni de la Patria, con su acusación. El señor ARNELLO.- En marzo lo veremos. El señor RIQUELME.- Ustedes están defendiendo sus privilegios. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor RIQUELME.- Por eso, se confabularon contra el Gobierno y contra el país, contra el interés de la Patria y contra el pueblo. Así, pues, señor Presidente, no hay precepto constitucional ni legal transgredido por el compañero Ministro de Hacienda, sino que lo que hay es abuso de una mayoría circunstancial, transitoria, que se ha puesto al margen de la Constitución y de la ley. El señor MOMBERG.- Es mayoría transitoria porque somos más... El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Momberg! El señor RIQUELME.- Lo que queda en claro es que esta acusación no lo es tanto, sino... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor RIQUELME.- ...que es una acusación exclusivamente politiquera. ¿Por qué acusan al compañero Ministro de Hacienda? Porque la Derecha no perdona ni al Gobierno ni a sus Ministros la nacionalización del cobre. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor RIQUELME.- Lloran porque el país, porque la Patria, gracias al Gobierno Popular, ha sido capaz de rescatar ... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! ¡Señor Mo-nares! El señor RIQUELME.- ...para poner al servicio de las mayorías nacionales, del progreso y del desarrollo del país, esta riqueza fundamental que por muchos años los yanaconas criollos, la oligarquía, los antipatriotas... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Palestro! El señor MOMBERG.- ¿Y los nuevos ricos del régimen? El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Momberg, amonesto a Su Señoría! El señor RIQUELME.- ...entregaron en jirones y jirones al imperialismo norteamericano. Eso es lo que no perdona la Derecha. Y por eso, ayer acusaron y hoy acusan a los Ministros de un Gobierno Popular. Diputados reaccionarios de este Parlamento no perdonan el haber perdido el privilegio de que sus candidaturas y campañas electorales... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello, amonesto a Su Señoría! El señor RIQUELME.- ...les fueran financiadas con los recursos económicos producto de la explotación del cobre, pero consecuencia del hambre, la miseria, la explotación, el sudor y las lágrimas de los trabajadores mineros. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Momberg, amonesto a su Señoría! El señor RIQUELME.- Muchos parlamentarios lloran hoy el que los gringos norteamericanos no les puedan financiar sus campañas electorales. El señor MOMBERG.- ¡Ustedes van a pedirles ahora plata prestada! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Momberg, censuro a Su Señoría! El señor RIQUELME.- En todo caso, la oligarquía financiera, los terratenientes expropiados... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señores Diputados, les ruego guardar silencio. El señor RIQUELME.- ...tienen recursos económicos más que suficientes para financiar a sus socios y parientes más pobres de la Confederación seudo democrática con que enfrentarán las elecciones del próximo marzo. Esta acusación se presenta porque... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Monares, llamo al orden a Su Señoría! El señor RIQUELME.- ... la oligarquía no perdona... El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Monares, amonesto a Su Señoría! El señor RIQUELME.- ... la política tributaria que este Gobierno Popular, desde el Ministerio de Hacienda, particularmente, ha venido desarrollando en beneficio de los sectores medios y más modestos de la población, en beneficio de los sectores que, en realidad, producen y que merecen y tienen necesidad de recibir del país todo el respaldo, lo que el Gobierno ha estado haciendo a través de la política tributaria. La derecha no perdona... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor RIQUELME.- ...la exención de impuestos a los pequeños y medianos industriales y comerciantes del país. No perdona que se hayan derogado impuestos molestos y odiosos que se aplicaban a los trabajadores, obreros y empleados en nuestra patria. Esto es lo que no perdonan ustedes, y por eso hoy acusan. No perdonan el que este Gobierno le haya imprimido todo un proceso de aceleración a la reforma agraria, que haya apresurado el traspaso de la tierra de los terratenientes explotadores... El señor MOMBERG.- ¿A quién? El señor RIQUELME.- ...de los terratenientes inescrupulosos... El señor MOMBERG.- ¿A quién se la traspasaron? El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Momberg! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Momberg, amonesto a Su Señoría. El señor RIQUELME.- ... que hasta ayer hacían sus riquezas explotando a los campesinos... El señor MOMBERG.- Ustedes son los latifundistas ahora. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Momberg, censuro a Su Señoría! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Momberg, amonesto a Su Señoría una vez más. Puede continuar el señor Riquelme. El señor RIQUELME.- La Derecha no perdona que los latifundistas hayan visto impotentes el traspaso de sus grandes propiedades a manos de los campesinos... El señor MOMBERG.- ¡No es cierto! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor RIQUELME.- ...quienes ahora son los que explotan los predios de los señores latifundistas. Ahora no hay terratenientes que los traten a latigazos, que los hagan trabajar de sol a sol, que les roben las asignaciones familiares, que los pongan en los caminos del país después de chuparles hasta la última gota de sangre. Hoy, por primera vez, los campesinos se sienten ciudadanos libres y con todos los derechos ante la ley... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señores Momberg y Arnello, censuro a Sus Señorías! El señor RIQUELME.- Ustedes, señores terratenientes, momios de la Derecha, ustedes no perdonan y por eso acusan de que los trabajadores, real y efectivamente, como sucede ahora, con el Gobierno de la Unidad Popular, tengan una participación efectiva en el manejo de las industrias, de los negocios, en la dirección de las empresas, etcétera... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor RIQUELME.- Cuando ustedes gobernaron, eso constituyó el mayor secreto, el cual nunca los trabajadores pudieron penetrar. Hoy, los obreros y los empleados son quienes constituyen los consejos de administración. Ellos realizan y aplican la política... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor RIQUELME.- ...de explotación de las industrias y empresas. Por eso ustedes odian, acusan y pretenden justificar sobre la base de falacias, mentiras y calumnias, esta presunta acusación constitucional, cuyos argumentos no han resistido ni la más leve discusión y análisis desde el punto de vista jurídico y legal. Lo que ustedes no perdonan, y por eso acusan, es la existencia del área social. Los señores de la SOFOFA, Sociedad de Fomento Fabril, han sido unos de los que se destacaron en la organización, financiamiento, dirección y orientación del paro de octubre, que tuvo las tristes consecuencias que el país hoy lamenta, que el pueblo sufre en carne propia no ustedes, señores de la Derecha y que tendrá que sufrir, como consecuencias de esta actitud soberbia, prepotente, sediciosa, encaminada a derrocar al Gobierno de la Unidad Popular, todavía por mucho tiempo más. Ustedes lloran por los privilegios perdidos. Pero ahora las industrias y los monopolios de ayer están al servicio de producir, de satisfacer las necesidades de la mayoría del pueblo y no de minorías privilegiadas, con altas rentas, como son los que constituyen ustedes y sus socios. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Momberg! ¡Señor Arnello! ¡Señor Amello, censuro a Su Señoría! El señor RIQUELME.- Los que hoy acusan al Ministro de Hacienda, compañero Orlado Millas, y al Gobierno de la Unidad Popular son los mismos que se confabulan para impedir la entrega de los recursos económicos necesarios para financiar el presupuesto nacional. Hoy pretenden con esa actitud restar los medios económicos para paralizar... El señor MONARES.- ¡Es falso! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Monares! El señor RIQUELME.- ...las obras públicas, por ejemplo,... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Monares, amonesto a Su Señoría! El señor RIQUELME.- ...encaminadas a la solución de muchos importantes problemas que afectan al pueblo... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Monares, censuro a Su Señoría! El señor RIQUELME.- ...como la construcción de hospitales, de escuelas, de viviendas; y como consecuencia de esta actitudes de ustedes, miles de trabajadores tendrán que sufrir la cesantía. El señor MONARES.- ¡Mentira! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Monares! El señor RIQUELME.- Que sepan los trabajadores, incluso... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Monares, amonesto a Su Señoría! El señor RIQUELME.- ...los que son militantes del Partido Demócrata Cristiano en la situación en que los parlamentarios de su propio Partido los pondrán... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señores Monares, ruego a Su Señoría guardar silencio! El señor RIQUELME.- ...en el día de mañana. Se verán impedidos de poder obtener las remuneraciones necesarias para llevar a sus hogares y a sus hijos el pan nuestro de cada día. Hablan varios señores Diputados a la vez. El sentir RIQUELME.- ¡De ustedes es esa responsabilidad! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio. El señor RIQUELME.- Los mismos que negaron los recursos para financiar el presupuesto nacional,... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor RIQUELME.- ...son los que se confabulan para aplaudir el fallo de la Corte Marcial que ha minimizado una condena por un crimen monstruoso. Cuando un ciudadanos, un obrero, es encarcelado tres años y un día por sustraer energía eléctrica está recibiendo una condena superior a la sanción que la Corte Marcial impone al principal conspirador, a quien organizó el asesinato que terminó con la muerte del Comandante en Jefe del Ejército, General René Schneider. Ustedes, acusadores inconstitucionales, se confabulan con Viaux, el conspirador Nº 1, y con ese fallo monstruoso de la Corte Marcial. Pues bien, no hay base para una acusación constitucional. Esta es una acusación politiquera. Es la política de los latifundistas, de los monopolios, de los cómplices del imperialismo. Es la política señalada por el inefable Raúl Morales Adriasola, la del golpista Viaux, para derrocar al Gobierno... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello, llamo al orden a Su Señoría! El señor RIQUELME.- ...para defender los privilegios de la clase explotadora y de los intereses de las empresas imperialistas. Lo que desean es instaurar una dictadura fascista que les permita destruir las conquistas de las fuerzas patrióticas, como la formación del área social de la economía, aniquilar las organizaciones sindicales... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Godoy! El señor RIQUELME.- ...las juntas de vecinos, los centros de madres, las organizaciones campesinas, los partidos políticos populares que defiendan intereses sagrados, la soberanía y la independencia de nuestra patria. Señores Diputados, la irresponsabilidad de los Diputados del Partido Nacional y de la Democracia Radical es conocida. No tienen autoridad moral para defender la Constitución y las leyes, ni la democracia ni la libertad. ¿Qué tipo de demócratas y libertarios son los acusadores? No tienen autoridad moral los de la Sociedad Nacional de Agricultura, quienes negaron a los campesinos los derechos de petición y organización sindical, quienes les robaron sus asignaciones familiares, sus imposiciones previsionales, etcétera. No tiene derecho la SOFOFA, ni autoridad moral, pues es la responsable principal de la desocupación, de la explotación y de la miseria de la clase obrera, que sufrió ayer hasta antes del Gobierno popular. Ustedes señores del Partido Nacional, nacionalistas puros, ¿de qué nacionalismo hablan? Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello, llamo al orden a Su Señoría! El señor RIQUELME.- ¿Quiénes son los defensores de los campesinos? ¿Los humanistas militantes del Partido Nacional que asesinan campesinos en Frutillar, que incendian locales de partidos populares? ¿Quiénes son los defensores de la soberanía nacional? ¿Los representantes del Partido Nacional, que al asumir el Gobierno popular huyen como ratas al extranjero, llevando sus faltriqueras llenas de dólares y oro? ¿Esos son los defensores de la patria y del nacionalismo? Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Señor Arnello, amonesto a Su Señoría. El señor RIQUELME.- Los defensores de los reaccionarios, de los privilegios de la clase explotadora, son la expresión de la antipatria. Esos son ustedes: enemigos de nuestra nacionalidad y de la independencia de Chile. Ustedes no tienen bandera ni tienen patria; son capitalistas, son explotadores; y en la defensa de su alma, que la tienen en el bolsillo, son capaces de venderse al Diablo y cometer los peores crímenes. Hablan, varios señores Diputados a la vez. El señor RIQUELME.- Hacia allá caminan ustedes: a derrocar al Gobierno. No les interesa la elección de marzo. Quieren el enfrentamiento, la guerra civil... El señor MOMBERG.- ¿A quién se vendieron ustedes? El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Momberg! El señor RIQUELME.- No les importa la muerte de miles de chilenos ni el destino de la Patria. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Amonesto al señor Momberg! El señor MOMBERG.- ¡Si nosotros no somos mercadería! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Momberg, censuro a Su Señoría! El señor RIQUELME.- Queremos que sepan que las fuerzas patrióticas les saldrán al paso, se cruzarán en el camino, les colocarán camisa de fuerza, y dejarán su vida, si es necesario, en defensa de Chile. Queremos dejar claramente establecido que las fuerzas patrióticas no las componen ustedes... El señor MOMBERG.- ¡No, son ustedes ...! El señor RIQUELME.- ... sino los que están por cambios verdaderos y, por lo mismo, en contra de esa política. El señor MOMBERG.- ¡Ustedes son, pues! El señor RIQUELME.- Constituyen la mayoría nacional. Así lo demostraron los campesinos, obreros, profesionales y estudiantes de los partidos de la Unidad Popular, independientes de partidos políticos e incluso democratacristianos. Señor Presidente, esta acusación constitucional ha permitido que por la Comisión encargada de conocer esta acusación desfilara a declarar una larga lista de augustos señores, finos, elegantes, rasgando vestiduras por supuestas represalias del Gobierno en su contra, llorando miserias, soberbios y prepotentes para acusar al compañero Ministro y para amenazar al país y al Gobierno con un nuevo paro de las mismas características y con los mismos propósitos siniestros de producir el enfrentamiento, desencadenar una guerra civil y derrocar al Gobierno popular, como en el paro de octubre. Nunca, como en esta oportunidad, ha tenido mejor aplicación el refrán popular los cínicos ladrones detrás del juez. ¡Cómo no recordar, señor Presidente, al ir escuchando las cínicas declaraciones de estos augustos señores, los días de dramáticas incertidumbre, los momentos angustiosos, las horas difíciles, el terror y la violencia desencadenados en las calles y los caminos del país por las hordas fascistas! ¡Cómo no recordar la actitud firme y serena del compañero Presidente Salvador Allende y el Gobierno,... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor GODOY.- ¡En Chillán! El señor RIQUELME.- ... la actitud responsable y sacrificada de nuestras Fuerzas Armadas, que cumplieron su compromiso con la Patria para imponer el orden y la normalidad en el país. Su actitud ha comprometido el reconocimiento de todos los chilenos, de todos los patriotas. Aún está fresca la decisión digna y decidida de la clase trabajadora, de profesionales y técnicos, funcionarios, empleados y obreros que multiplicaron sus jornadas de trabajo. Durante el paro no existió horario de salida; prácticamente vivieron en sus fábricas, industrias, talleres, empresas, servicios. A la sedición que quería paralizar la producción, respondieron los trabajadores con el aumento de la producción. A los empresarios que, incluso, les ofrecieron el pago de los días que no trabajaran, los obreros respondieron tomándose las empresas y haciéndolas trabajar. La juventud estudiantil y obrera cumplió jornadas heroicas. Ellos asumieron la responsabilidad de la carga, descarga y distribución de los alimentos para el pueblo y de materias primas para la industria. Decenas de miles de jóvenes, a lo largo del país, movilizaron miles y miles de toneladas de productos. Con esta y muchas otras acciones respondió la juventud chilena a los fascistas, bajo la consigna: Por la Patria todo. Daré sólo algunos breves antecedentes estadísticos de lo que fue capaz de hacer la juventud durante el paro patronal, que hoy los señores del Partido Nacional y de la Democracia Radical defienden con tanto empeño. Los jóvenes, sólo en un día, el 24 de octubre, movilizaron al Servicio Nacional de Salud 400 mil kilos de leche; participaron 550 jóvenes. El señor GODOY.- ¿Dónde va a haber tanta leche? El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Godoy, llamo al orden a Su Señoría! El señor RIQUELME.- En la Estación Alameda se descargaron 297 mil kilos de arroz, participaron 850 jóvenes. Hablan varios señores Diputados a la vez El señor RIQUELME.- En la Estación Ñuñoa, descargaron 120 mil kilos de azúcar; participaron 820 voluntarios. En la Estación Yungay, descargaron 240 mil kilos de alimentos; participaron 320 jóvenes. En la Estación Mapocho, descargaron y cargaron 330 mil kilos de azúcar y 60 mil kilos de leche Nido; participaron 450 jóvenes. En la Bodega Central DINAC, descargaron 570.000 kilos de alimentos varios; participaron 680 jóvenes. En el Molino San Cristóbal, cargaron y descargaron 2.200 sacos de harina, distribuyendo por diferentes panaderías; participaron 300 jóvenes. En SOCOAGRO, descargaron 70.000 kilos de carne de cerdo; participaron 96 jóvenes. En San Miguel, 600 jóvenes trabajaron en las ferias municipales. En La Cisterna y San Bernardo, gracias a la vigilancia de los jóvenes voluntarios, se ubicaron 20 camiones que ustedes, momios, tenían escondidos, los que fueron requisados. En ENAFRI, descargaron 100.000 kilos de carne, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. ¡Así respondió la juventud de nuestra patria a la sedición de ustedes, a los propósitos siniestros de ustedes, de los momios que organizaron la asonada de octubre! La señora ALTAMIRANO, doña Amanda.- ¡Fascistas! El señor RIQUELME.- Mientras así respondía el pueblo, los trabajadores, los funcionarios y la juventud, la Derecha chilena descargaba todo el paso de una feroz campaña publicitaria orientada a violentar la conciencia del pueblo y a crear el pánico y el terror sicológico... El señor ARNELLO.- ¡Sobre todo por radio! El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! El señor RIQUELME.- El diario La Prensa del 3 de noviembre dice: Alarmante escasez de harina. El domingo no habrá pan... El señor RIESCO.- ¿Y hubo pan o no? Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señor Arnello! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CANTERO.- ¿Y usted comió galletitas? El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Señores Diputados, ruego guardar silencio! El señor RIQUELME.- El Mercurio del 28 de octubre decía: Atochamiento de mercaderías en los recintos del Puerto. El domingo 29 de octubre, La Prensa dice: Hay abastecimiento, pero a precios prohibitivos. Grave escasez de aceite, arroz, harina y azúcar... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor RIQUELME.- La Prensa informa: Paro nacional continúa y en forma indefinida. El Mercurio informa: Angol carece de alimentos y verduras. El Mercurio informa: Sigue cerrado el comercio de Coquimbo. El Mercurio informa: Paralizan actividades agrícolas. La Prensa informa: Nuevo atentado contra torres de alta tensión. Así, señores Diputados y señor Presidente, la Derecha descargaba todo el peso de esta campaña publicitaria para producir el terror sicológico en el pueblo. Pero, afortunadamente, el pueblo, con la orientación de la clase trabajadora, fue capaz de sobreponerse a estos propósitos siniestros de ustedes y se organizó para enfrentar decididamente junto al Gobierno, junto a las fuerzas policiales de Carabineros e Investigaciones y a nuestras Fuerzas Armadas, el paro sedicioso de octubre, hasta derrotarlo. El señor CANTERO.- ¡Muy bien! El señor RIQUELME.- Señor Presidente, hoy amenazan con un nuevo paro. Lo ha dicho el señor Vilarín en la Comisión. Lo ha reiterado el señor Amagada. Y aquí el señor Schleyer, en una actitud irresponsable, también se ha referido a las posibilidades de una nueva paralización del país. El señor PALESTRO.- ¡Fascista y sedicioso! El señor RIQUELME.- Pienso que el señor Schleyer tal vez no tiene la capacidad suficiente para medir las gravísimas consecuencias de una actitud reiterada de la Oposición, de la Derecha sediciosa, organizando un nuevo paro de las características del movimiento de octubre. Se ha dicho con claridad, con una actitud firme y con argumentos incontrarrestables y sólidos que el Gobierno no permitirá un nuevo paro, porque eso significaría el peligro de una guerra civil, y de una guerra civil el país no estará en condiciones de sobreponerse de sus consecuencias y de los graves daños que se le infrinjan a la patria, en menos de cincuenta años. Quiero decir, para terminar, señor Presidente, que no nos asustan estas amenazas: los trabajadores, el Gobierno y el pueblo, durante el paro de octubre, adquirieron una gran experiencia y, al mismo tiempo, la decisión de enfrentar decididamente cualquier intento sedicioso de esta naturaleza. Y no se equivoquen, ya lo dije denantes, los patriotas somos más, derrotaremos cualquier intento sedicioso, triunfaremos en las próximas elecciones de marzo, porque el pueblo ya ha sancionado esta actitud antipatriota de ustedes y la volverá a sancionar el primer domingo de marzo... Risas. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- ¡Ruego guardar silencio! El señor RIQUELME.- ...castigándolos por el hambre, las penurias, la incertidumbre y el drama que le hicieron vivir y que todavía le hacen vivir como consecuencia del paro de octubre. ¡Votaremos contra la acusación, en contra de ustedes, momios, en contra de los sediciosos, en contra de los antipatriotas! Aplausos en la Sala. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra, hasta por treinta minutos, al señor Ministro acusado si desea rectificar hechos. Tiene la palabra el señor Ministro. El señor MILLAS (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, como usted lo ha advertido, y como lo establece el Reglamento, sólo me cabe rectificar hechos y, de ninguna manera, participar en el debate o contestar las afirmaciones que se han hecho en el curso de ella. El primer hecho en relación al cual creo indispensable decir algo es aquél que consistió en la denuncia formulada por el Diputado señor Schleyer, en cuanto al cobro por un Agente General de Aduanas de Valparaíso, de un 5% como comisión para el MOPARE. Lo anterior no tiene nada que ver con la acusación misma, no se refiere a hechos que estén contenidos en el libelo o en las causales o antecedentes de la acusación, pero en la Comisión de Acusación ya había sido presentado este antecedente, y lo conoció el Ministro del Interior, señor Prats, al concurrir a ella. El Gobierno ordenó una investigación sobre la materia a la Superintendencia de Aduanas, y el Superintendente ya me entregó una primera información verbal, pero que corresponde al informe oficial de su parte. En primer lugar, los señores Diputados saben que los Agentes Generales de Aduana no son funcionarios públicos, y el actual Gobierno ha tenido el criterio de no innovar en caso alguno, en relación a quienes ejercen tradicionalmente esta función. Por lo tanto, no se trata de alguna actuación de un funcionario público o de un funcionario de dependencia administrativa de la Superintendencia de Aduanas. Por lo demás, eso queda al margen de toda suspicacia, porque el Agente General de Aduanas de que se trata, es alguien que políticamente no tiene afinidad de ideas con ningún partido de Gobierno, sino al contrario. Ahora bien, la Superintendencia de Aduanas estima que no hay algo incorrecto en la actuación de este Agente General de Aduanas. Los hechos verificados por el inspector de la Superintendencia de Aduanas, que se constituyó ayer en las oficinas del Agente General de Valparaíso, son: que este Agente General de Aduanas tuvo que encargar fletes durante el período del paro de octubre; y que, en esas condiciones, los camioneros que estuvieron en condiciones de realizar estos fletes satisfaciendo, así, necesidades de los clientes de este Agente General de Aduanas y en una actitud conveniente para la economía nacional, le hicieron notar que corrían algunos riesgos, que podían sufrir algunos atentados que perjudicarán a sus vehículos. En estas condiciones, se señaló la conveniencia de la constitución de un fondo sobre la base de un 5% que sería administrado, precisamente, por la organización de ellos para poder, en esta forma, garantizar cualquier riesgo que llegara a manifestarse en un atentado preciso en contra de algún camión. Esto se cumplió, según ha verificado el Inspector de la Superintendencia de Aduanas, en el caso de fletes contratados en aquellos días y, precisamente, el flete en relación al cual versa el comprobante que está en posesión de algunos señores Diputados, es de comienzos de noviembre, en relación a un flete contratado en el mes de octubre. En aquellas condiciones, el Sindicato de Dueños de Camiones, SIDUCAM, hizo un reclamo a la Junta de Aduanas, en relación a que no regiría el flete normal, sino el flete corriente más la comisión de este 5%, en la realización de estas operaciones. La Junta General de Aduanas verificó, antes de esta denuncia, que se hizo una liquidación en relación a todas estas operaciones, a todos estos fletes contratados. Este Agente General de Aduanas devolvió la totalidad de las sumas, porque no se produjo atentado que significara que hubiera que hacer el pago de alguna indemnización. O sea, que se salvó oportunamente y hace algún tiempo, habiéndose firmado un acta, que está en poder de la Superintendencia de Aduanas, ante la Junta de Aduanas, en que el Sindicato de Dueños de Camiones de Valparaíso, que había formulado la denuncia del caso, se da por satisfecho al verificar, en primer lugar, que esto no ha segundo lugar, que en relación a esos fíelos que se contrataron en esa época; y en segundo lugar, que en relación a esos fletes, se devolvieron oportunamente la totalidad de las comisiones extraordinarias así reservadas. Esto es lo que la Superintendencia da Aduanas ha informado al Gobierno. Este informe será pasado por escrito y lo enviaré, para conocimiento de la Cámara, al señor Presidente de la Corporación. Un segundo hecho en relación al cual creo necesario efectuar una rectificación, se refiere a la acusación misma, al libelo mismo. El Diputado señor Arnello, al caracterizar aquellas operaciones de crédito realizadas por el Banco Central y objetadas en el libelo, hace presente que ellas darían lugar a emisiones inorgánicas. Cita al respecto el criterio sobre emisiones inorgánicas del tratadista don Felipe Herrera. En verdad, la relación entre emisión orgánica e inorgánica, que precisamente el tratadista Felipe Herrera objeta técnicamente, se basa, como él deja constancia en forma muy clara, como en toda obra suya sobre la materia, en que la emisión inorgánica es aquella que no está vinculada precisamente a créditos que tengan que ver con la actividad económica, con la producción; aquella que tiende sólo a satisfacer un gasto público, y que no está en relación precisamente con una operación bancada. Por lo tanto, aquellas actuaciones del Banco Central, aquellas operaciones objetadas en el libelo, aparte de que demostré que eran absolutamente legales, además, de ninguna manera pueden ser calificadas como emisiones inorgánicas. Por último, señor Presidente, quiero rectificar hechos en cuanto a la información del Diputado señor Arnello de que el Banco Central habría efectuado una serie de operaciones que él calificó de ilegales, entre las cuales, en forma destacada, señaló y denunció los avales otorgados en algunos casos a bancos comerciales por el Banco Central. Reviste mucha importancia para el crédito público; pudiera tener trascendencia negativa el que estando presente el Ministro de Hacienda en el debate, no se aclare esto, señor Presidente. Quiero decir, al respecto, que todas estas operaciones del Banco Central se encuadran estrictamente en las facultades que tiene. La Corte Suprema de Justicia, en una reciente sentencia del 23 de septiembre de 1969, relativamente reciente, digo, en forma muy clara, en los autos rol 8.321 Banco de Chile con Impuestos Internos, se ha referido al carácter del Banco Central, a fin de esclarecer el error, que es el mismo en que ha incurrido el señor Diputado, de suponer que sólo podría operar el Banco Central en relación a la facultad que en derecho estricto se le haya expresamente otorgado. Y la Corte Suprema señala al respecto que el Banco Central de Chile es una sociedad de economía mixta o empresa mixta, porque, en primer lugar, es una sociedad anónima de las definidas por el artículo 424 del Código de Comercio. Este tipo de sociedades de economía mixta, así precisadas no llegan a constituir servicios públicos, a lo menos desde un punto de vista orgánico, pero cumplen una función pública, realizan un servicio público y son un servicio público. Por lo tanto, no estén integradas en la Administración del Estado, ni central ni descentralizada, porque una ley les ha concedido un servicio público. La Corte Suprema ha estimado muy claramente y ésta ha sido una sentencia unánime, no controvertida jamás por el voto de ningún Ministro de la Corte Suprema, en ningún otro caso, que por el carácter del Banco Central de Chile cuya finalidad pública incontrovertida ha nacido de las disposiciones terminantes del legislador, pero a la vez reúne, en general, los elementos que la doctrina asigna a las sociedades de economía mixta, principalmente, el que en la constitución de su capital participan el Fisco o el Estado y los particulares, preferentemente empresas bancarias nacionales y extranjeras, el Banco Central de Chile puede cumplir todas aquellas actuaciones que correspondan al cumplimiento de los fines sociales establecidos en su Ley Orgánica y en sus estatutos, sin limitaciones y sin necesidad de que hayan sido expresamente determinadas. Esto, señor Presidente, por lo demás, ha sido expuesto con mucha amplitud y en forma extraordinariamente convincente, y yo creo que indiscutible, en el libro que existe sobre la materia del señor Roberto Guerrero, titulado Régimen Jurídico del Banco Central de Chile, editado el año 1965 por la Editorial Universitaria. Pero, además, quiero señalar, porque creo que es de mucha importancia que quede este aspecto absolutamente esclarecido, que en relación a otorgar su fianza o aval, el Banco Central de Chile puede operar claramente sobre esta materia, porque se trata de una atribución estricta otorgada por la Ley General de Bancos, en el número 8 de su artículo 83, a los bancos comerciales y, como demostré a través de la ex posición que hice esta mañana ante la Cámara, todas las atribuciones de los bancos, expresamente, son también atribuciones del Banco Central de Chile. No voy a extenderme en relación con asuntos ajenos al libelo, sobre los cuales no he tenido información oportuna; asuntos, en general, no referentes al Ministerio a mi cargo, que se han tratado en el curso del debate. Pero he creído indispensable hacer la rectificación de hechos en relación a estas materias. He dicho. El señor CERDA, don Eduardo (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra al señor Diputado informante. Ofrezco la palabra. Cerrado el debate. Se suspende la sesión por dos minutos. Se suspendió la sesión. Se reanudó la sesión. El señor SANHUEZA (Presidente).- Se reanuda la sesión. En votación la admisibilidad de la proposición de acusación constitucional deducida por 11 señores Diputados en contra del señor Ministro de Hacienda, don Orlando Millas Correa, por las causales de infracción a la Constitución, atropellamiento de las leyes y por haberlas dejado sin ejecución, de acuerdo a lo establecido en la letra b, atribución 1º, del artículo 39 de la Constitución Política del Estado y de acuerdo con los méritos del libelo acusatorio y del informe emitido a este respecto por la Comisión de Acusación Constitucional. Cada señor Diputado puede fundamentar su voto hasta por cinco minutos. Los señores Diputados que sostengan la proposición de acusación constitucional, votarán que sí; los señores Diputados que sean partidarios de desecharla, votarán que no. El señor Secretario tomará la votación. Durante la votación: El señor BARAHONA.- Pido la palabra para fundamentar el voto. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría, hasta por cinco minutos. El señor BARAHONA.- Señor Presidente, mi deseo de fundamentar el voto es justamente para dejar en claro ciertas consideraciones necesarias, que no son la expresión exclusiva de mi colectividad política, sino la expresión propia de un parlamentario de la provincia de Valparaíso, integrante del único partido de la Unidad Popular, el Partido Radical, que ha sufrido varias escisiones debido a su lealtad. Nosotros queremos seguir manteniendo este trato con la Unidad Popular y sus personeros, para así esclarecer nuestra posición. Digo esto, porque me causa extrañeza ver juntas en este instante a determinadas colectividades políticas. No hace muchos años, en 1967, encontrándonos un grupo de Regidores, de los cuales hay algunos presentes, viajando por el extranjero enviados por la Municipalidad de Valparaíso, supimos que el Gobierno de la Democracia Cristiana había ordenado la detención de toda la directiva del Partido Nacional, por sediciosa. De inmediato, siendo muchos de Izquierda, nos presentamos en la Embajada y dijimos que si era necesario respaldar al Gobierno, volvíamos de inmediato a Chile, para así, con nuestra presencia, también sostener el pronunciamiento de un municipio, el de Valparaíso. Me causa extrañeza, por ejemplo, el hecho de que en este instante están unidas colectividades políticas que dicen representar a la clase trabajadora, que se dicen sus genuinos representantes y, sin embargo, haber escuchado a un parlamentario, en esta misma Sala, decir, cuando murió Hernán Mery, que era el primero de los muertos y que habrá muchos más. Me causa extrañeza que haya colectividades políticas integradas por personas que pertenecieron a mi Partido, que justificaron el Muro de Berlín, que justificaron un sinfín de cosas y que hoy día, sin embargo, les tiritan los pantalones porque el Partido Radical está en la Unidad Popular. Por eso, he querido justificar mi voto. Nunca ha sido mi posición la de ofender a ningún parlamentario, en particular ni en forma personal. He recibido sí, de colegas y amigos parlamentarios, ofensas hacia mis familiares. Felizmente no están ya en mi colectividad política. Seguramente soy de aquellos que esperan que el cadáver del enemigo pase por la puerta de su casa. Por esa razón, mi posición es contraria a la acusación, porque entiendo que este es un nuevo juego político que se hace, unida la Derecha, la única Derecha que constituyen el Partido Demócrata Cristiano, el PIR y el Partido Nacional, para entorpecer la labor del Gobierno, para entorpecer el programa de la Unidad Popular, para entorpecer lo que efectivamente queremos hacer. Voto que no. El señor DE LA FUENTE.- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor De la Fuente. El señor DE LA FUENTE.- Señor Presidente, el Gobierno prometió al país, el 5 de noviembre, en documento firmado, que no habría represalias, que habría paz y tranquilidad al término del paro de transportistas y comerciantes. Sabe el país que los transportistas, en gran parte, han llegado a ser dueños de camiones con el esfuerzo y el trabajo de largas noches de insomnio. Sabe el país que los choferes afiliados al gremio están trabajando con la esperanza de ser más tarde propietarios. Sabe el país que funcionarios de todo nivel han sido perjudicados y son perseguidos con tenacidad. Sabe el país que los transportistas y los comerciantes fueron vejados por el Gobierno, por intendentes y gobernadores. Sabe el país que el Gobierno no ha cumplido con el acta de suspensión del paro, y sabe también el país que el Gobierno quiere el caos antes de las elecciones de marzo, y por esto no cumple, engaña y atropella gremios, instituciones y personas. Para que este Gobierno marxista cumpla con la Constitución, con la ley y cumpla sus promesas, voto que sí. El señor GIANNINI.- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Giannini, hasta por cinco minutos. El señor GIANNINI.- Señor Presidente, una vez más asistimos a un irresponsable acto de la Oposición que, atentando flagrantemente en contra de la Constitución que tanto dice defender, está aprobando una acusación constitucional, en esta oportunidad en contra del Ministro de Hacienda, señor Orlando Millas. Hoy, tal como en ocasiones anteriores, poco le parece importar a la Oposición el respeto y el rigor con que se debe usar tan importante instrumento fundamental. Poco le importa que concurran o no causales que la justifiquen o que los hechos constituyan verdaderamente alguna de ellas. Se acusa hoy, como se ha acusado antes, a través de los dos últimos años, a los Ministros en base a la formulación de un juicio de reproche político o de un juicio de conveniencia, lo que jamás ha estado ni en el espíritu ni en el texto de nuestra Carta Fundamental. Por este camino se llega, inevitablemente, a que los Ministros de Estado se mantengan en sus cargos mientras cuenten con la confianza de la mayoría parlamentaria, y esto es un abuso flagrante y una nueva violación a la Constitución en que incurre la mayoría opositora. Es cierto que por mayoría se pueden hacer muchas cosas, pero es peligroso abusar con ellas y, por lo menos, es bueno dejar clara constancia de que el de hoy es un abuso más de la Oposición, abuso sin justificación legal y menos moral. Con verdadera desvergüenza se pretende hoy castigar al Ministro señor Millas en relación al criminal paro que tanto daño causó a Chile, pero que el país sabe quiénes son los reales culpables, los encubridores y sus cómplices de todo tipo. Nunca se dijo que la no represalia declarada por el Gobierno significara impunidad frente a claras y graves infracciones administrativas. Sin embargo, hoy se acusa con la prepotencia que da la mayoría, con esa misma prepotencia que se usó en el Hospital de Niños de Viña del Mar con el doctor Francisco Acevedo, el único médico de los diez que allí laboran que trabajó tres días, día y noche, solo, dando atención a los niños enfermos o heridos. Después del paro se le llamó y se le dijo: Doctor, está usted despedido. Con esa misma desvergüenza se acusa hoy al Ministro. Por las mismas razones y con el mismo criterio que he tenido respecto de esta materia durante mis ocho años de parlamentario, voto que no la acusación. El señor INSUNZA.- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Insunza, hasta por cinco minutos. El señor INSUNZA.- Señor Presidente, la acusación que se ha presentado en contra del compañero Ministro de Hacienda, Orlando Millas, será, por la forma en que están votando los partidos, aprobada por esta Cámara. Pero queremos decir que cualquiera que sea el resultado que aquí se obtenga, porque se trata de una acusación inconstitucional, porque se trata de una acusación fundada en un abuso de poder del Parlamento, de la mayoría ocasional enceguecida en la defensa de privilegios, en definitiva es una acusación sin destino. En torno de esta acusación se ha mostrado de la manera más clara cuál es el criterio con que los sectores políticos de este país se manejan frente a la cosa pública. Ha sido penoso ver cómo, en relación con ello, un ex Presidente de la República ha pasado de ex Presidente a portavoz de chantajistas. Es lo que ha hecho el señor Frei cuando en su discurso del teatro Caupolicán ha planteado... El señor MONARES.- ¡Insolente! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor INSUNZA.- ... que la determinación que tomará el Partido Demócrata Cristiano dependerá de la actitud que adopte el Gobierno respecto de la aplicación de las medidas legales que puso en práctica con motivo del paro de octubre. Y el hecho no sólo se ha producido en este caso. Hay que decir de manera muy clara, que durante la discusión del presupuesto se ha tratado de usar el mismo procedimiento, puesto que los dirigentes políticos han pretendido condicionar sus votos a ciertas partidas, a la adopción de determinadas líneas políticas por parte del Gobierno popular. Esto no corresponde en absoluto a las normas de la Constitución ni tampoco a ninguna norma moral que pueda garantizar en nuestra patria el desarrollo democrático. Esta acusación tiene su origen en la derrota que los sectores reaccionarios sufrieron, después de 26 días de intentos de paralizar el país para derrocar al Gobierno popular. El hecho de que el Ministro Millas, juntamente con los Ministros del Interior, de Economía y del Trabajo hubiesen determinado, con la constitución del nuevo Gabinete, la liquidación definitiva de este paro, es lo que constituye el origen de esta acusación. Y, naturalmente, han apuntado en contra del Ministro Millas, porque se agrega al hecho de haber sido un factor preponderante en la liquidación de ese paro patronal y sedicioso, el que sea una persona que, desde su cargo de Ministro de Hacienda, ha aplicado una política en la que de veras se defienden los interés de los trabajadores. Quienes han. presentado la acusación no le perdonan al Ministro Millas que insista, una y otra vez, en la rebaja de las contribuciones de los bienes raíces para los sectores más modestos y que pretenda, por cierto, compensar a la Caja Fiscal de los menores ingresos que estas rebajas significan, cargando la mano, como corresponde, a los sectores adinerados, obligándolos a pagar hasta un 7 u 8% más de contribución de bienes raíces por los palacetes, y mansiones que se construyeron en el pasado a costa de la explotación de los trabajadores. No se le perdona al Ministro Millas el hecho de que haya propiciado un sistema de pago de impuesto por ingresos personales para los capitalistas, que significa pagar mes a mes, como ellos obligaban, a pagar a los obreros y empleados, reservándose para beneficio personal, en el pasado, mediante un sistema que les permitía burlar, con contadores hábiles, un 50% o más de los impuestos que debían entregar a la Caja Fiscal. Naturalmente, a través de esta acusación, y es por eso que no tiene destino, piensan reeditar una situación política como la de octubre. Vale la pena recordar, en el curso de esta sesión, las palabras del Ministro del Interior, General Carlos Prats, dichas ayer en el Senado, donde los Senadores de Oposición fueron por lana y salieron trasquilados. El Ministro Prats expresó: El Honorable Senador Fuentealba se refirió al paro de octubre, justificándolo. Los actos de violencia más graves fueron los que se suscitaron durante el paro de octubre... El señor SANHUEZA (Presidente).- Han llegado a su término los cinco minutos. El señor INSUNZA.- Las soluciones de fuerza no pueden prosperar porque no son para este país... El señor SANHUEZA (Presidente).- Señor Insunza, ¿cómo vota Su Señoría? El señor INSUNZA.- Voto que no. El señor LAVANDERO.- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra hasta por cinco minutos, el señor Lavandero. El señor LAVANDERO.- Señor Presidente, en los hechos son culpables el Ministro, los ministros y el Gobierno, más que el desastre económico, de la inflación, de las emisiones desorbitadas y la corrupción de numerosos miembros de la Unidad Popular quienes han hecho los negocios de SOCOAGRO, de los textiles, televisores, automóviles, línea blanca y en negociados de diversos militantes de los partidos en el Gobierno... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LAVANDERO.- ... y han vendido los productos de las empresas estatizadas para llenarse los bolsillos, corrompiendo la moral de la sociedad y de todos los chilenos,... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LAVANDERO.- Son culpable, digo, los Ministros y el Ministro señor Millas, del odio, de las persecuciones y del sectarismo que han sembrado, en forma irresponsable, dentro de todos los chilenos. Testigos son miles de chilenos, y culpable no es sólo el Ministro señor Millas; hay otros que tampoco han cumplido su palabra y que merecen, con tanta propiedad, una acusación como ésta. Los sueldos fabulosos de 80 millones mensuales, mil millones al año que ganan algunos recién llegados hombres nuevos, mientras los obreros agrícolas, ... El señor ANDRADE.- ¡Irresponsable! El señor LAVANDERO.- ... los campesinos o los pequeños propietarios no los alcanzan a ganar durante toda su vida de trabajo y sacrificio. Hombres que hace seis meses se han incorporado al Gobierno perciben sueldos de 80 o 90 millones de pesos mensuales. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- Ruego a los señores Diputados guardar silencio. El señor LAVANDERO.- Mientras tanto, los campesinos, los pequeños propietarios, viven marginados de la sociedad que está creando este Gobierno de la Unidad Popular. Por eso, es culpable el señor Millas, y son culpables también el resto de los Ministros, que aquí aparecen acusados; y es culpable el propio Presidente de la República, señor Salvador Allende,... La señora MARIN, doña Gladys.- ¡Acúsenlo! El señor LAVANDERO.- ... por todas las tropelías y por el odio, el sectarismo y la violencia que han sembrado en este país, como nunca antes había sido sembrada de tal manera como lo ha sido en esta oportunidad. Por eso, señor Presidente, como lo anticipé y lo sostuve con agrado, voto esta acusación favorablemente. La señora LAZO.- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra la señora Lazo, hasta por cinco minutos. La señora LAZO.- Señor Presidente, hay un poco de razón en lo que afirma un señor parlamentario. Son culpables los hombres de la Unidad Popular de no tener contenta a la Derecha y al fascismo en Chile;... El señor FRIAS.- ¡Y al país entero! La señora LAZO.- ... son culpables de no merecer de ellos ni la sonrisa ni el halago. Hablan varios señores Diputados a la vez. La señora LAZO.- Porque resulta, señor Presidente... El señor FRIAS.- ¿Y cómo les ha ido en el SUTE, en la FESES...? El señor SANHUEZA (Presidente).- ¡Señor Frías, por favor! Puede continuar la señora Lazo. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- Señor Andrade, terminemos los diálogos. La señora LAZO.- Señor Frías, no haga el papel de monaguillo. Déjeme terminar a mí. El señor FRIAS.- ¡Parece que le molestó mucho que le recordara esas elecciones! La señora LAZO.- Sí, no es sólo a la Derecha. El señor Frías me hizo recordar que también hay gente que no es de la Derecha, pero que se apega a ella. Ese es problema de ella y no de nosotros. El señor FRIAS.- ¡Usted se muere de envidia! La señora LAZO.- No, yo soy reconocidamente de Izquierda, señor Frías; y, además de ser proletaria, no soy traidora a mi clase, como otros. ¡Acuérdese bien de eso! Si acaso los hombres de la Unidad Popular recibieran el aplauso de la Derecha, quería decir que lo están haciendo mal. Por otra parte, aquí se ha dicho que esto obedece a una verdadera escalada. Hoy en la tarde supe que seguramente 26 personas que trabajan en el Departamento de Prensa del Canal 9 de televisión van a quedar cesantes. Yo les pregunto a los colegas si esto es porque se ha gobernado mal o si es, simplemente, porque el Rector de la Universidad está persiguiendo a esa gente porque le ha dado a ese Canal una línea en favor del pueblo. Por eso... El señor FRIAS.- ¡Por sectarios! Hablan varios señores Diputados a la vez. La señora LAZO.- En todo caso, nosotros estamos muy contentos de que a la gente... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- ¡Señores Diputados, ruego a Sus Señorías guardar silencio! Hablan varios señores Diputados a la vez. La señora LAZO.- Señor Presidente, denantes usted nos hacía callar. El señor SANHUEZA (Presidente).- ¡Señores Diputados, por favor! ¡Señor Godoy, escuchemos a la señora Lazo! La señora LAZO.- Resulta, señor Godoy, que si usted aplaudiera a Millas, nosotros tendríamos que dudar de su actuación como Ministro de un Gobierno Popular. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- Señor Diputados, evitemos los diálogos. ¡Señor Godoy, por favor! La señora LAZO.- En Chile las cosas han quedado de tal manera que nosotros sabemos quién aplaude a quién y por qué. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- ¡Señor Godoy! La señora LAZO.- Por ejemplo, puedo decirle al caballero que grita que denantes expresamos algo en broma, pero ahora lo decimos en serio. El señor FRIAS.- ¡No me diga! La señora LAZO.- A las acusaciones vienen Honorables señores a quienes ni siquiera conocemos en la Cámara, porque vienen sólo a entregar su voto. Nosotros lo dijimos en broma, pero es cierto. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- ¡Señor Godoy! La señora LAZO.- ¿Cómo se atreven a venir a levantar la mano, cuando están ausentes del proceso que vive nuestro país Yo considero que eso es una inmoralidad, porque para entrar en un debate, hay que estar de un lado o de otro, pero no ser usado sólo cuando se requiere el voto. Estos son los distintos puntos de vista. A Orlando Millas usted lo conoce, señor Presidente, y lo conoce toda la Cámara, porque ha sido nuestro colega; y resulta que si hay un individuo que debería merecer respeto por su trabajo, por su honradez, por su hombría de bien, es Orlando Millas. Pero el odio es más grande que la razón, a veces. Por eso, nosotros, la gente del pueblo, la gente de la Unidad Popular, casi agradecemos que voten en contra de nuestros hombres, porque eso quiere decir que los nuestros están manteniendo una línea firme junto a los trabajadores ... El señor FRIAS.- ¡Los firmes somos nosotros! La señora LAZO.- Por eso, no nos preocupa mucho. Ya lo dijimos en otra ocasión. Conocemos perfectamente bien... Hablan varios señores Diputados a la vez. La señora LAZO.- El señor Amello se ríe... La señora ALTAMIRANO, doña Amanda).- ¡No sabe hacer otra cosa! La señora LAZO.- ...pero esa es una especie de sonrisa falsa, porque hay gente que lo tiene todo falso, hasta la figura que muestra en la televisión. Y él sabe por qué se lo digo... ¡Y no me haga hablar más...! Hablan varios señores Diputados a la vez. La señora LAZO.- Porque resulta, señor Presidente,... El señor SANHUEZA (Presidente).- ¿Cómo vota, señora Lazo? Han terminado sus cinco minutos. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- ¡Señores Diputados, ruego guardar silencio! ¿Cómo vota, señora Lazo? La señora LAZO.- No he podido usar todo mi tiempo y lo sabe Su Señoría, porque se han permitido las interrupciones. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- ¡Señores Diputados, por favor, les ruego guardar silencio! Señora Diputada, es muy difícil medir el tiempo de las interrupciones. La señora LAZO.- ¿Cómo dijo? No le escuché. El señor SANHUEZA (Presidente).- Es muy difícil poder descontar el tiempo de las interrupciones. La señora LAZO.- De manera, señor Presidente, que yo quería decir... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- ¡Por favor, señores Diputados! La señora LAZO.- ... yo quería decir ... El señor SANHUEZA (Presidente).- ¿Cómo vota? La señora LAZO.- ... que nosotros, sin falsedades, sin postizos y sin rellenos, estamos en favor del pueblo v votamos que no. El señor PALESTRO.- ¡Así que el señor Arnello va con rellenos a la televisión! El señor LEIGHTON.- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. Ruego a los señores Diputados facilitar la acción de la Mesa. El señor LEIGHTON.- Voy a fundamentar mi voto, señor Presidente. El desarrollo de este debate hace indispensable que use algunos minutos no sé si me alcanzará el tiempo que reglamentariamente tengo a mi disposición, para decir cuál ha sido la razón fundamental que tuvo la directiva de mi Partido, de la cual formo parte, para resolver apoyar esta acusación que nosotros no presentamos. Aquí se han supuesto intenciones. La Democracia Cristiana tuvo una intención muy clara, que la dio a conocer el ex Presidente Frei, autorizado por el Presidente Fuentealba, en una reunión pública; y no lo hizo por chantaje, señor Presidente, sino por cumplir con un deber más de los que a él le ha correspondido cumplir en este momento. ¿De qué se trata esta acusación, para nosotros? Aquí se ha recordado, con razón, el paro del mes de octubre. Los democratacristianos resolvimos apoyar ese paro por considerar que había razones para la protesta que en esa forma consideraron que tenían derecho a plantear importantes contingentes laborales de nuestro país. El paro tuvo resonancia porque tuvo razones para hacerse. No voy a negar, porque no quiero caer en la ingenuidad de facilitarme la vida, como se dice por ahí, de negar que hubo también otras intenciones. Las hubo. Pero, justamente para frustrarlos, como al final se frustraron, nosotros tuvimos una razón más para apoyar los verdaderos y legítimos motivos de los trabajadores que acordaron ir al paro. La razón fundamental que tuvimos fue esa. Y por eso nos interesó, también, que terminara pronto el paro y que se solucionaran los problemas que lo habían motivado. La señora ALTAMIRANO.- ¡Lo habían tirado indefinido! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- Por favor, señores Diputados. Puede continuar el señor Leighton. El señor LEIGHTON.- Señor Presidente, si no puedo hablar con tranquilidad... La señora LAZO.- ¡A mí tampoco me dejaron, señor Leighon! El señor LEIGHTON.- Yo le debo decir, colega Lazo, que jamás he sido partidario en esta Sala y usted lo sabe muy bien de que no se deje hablar a todos durante el tiempo que necesitan. Lo que pasa es que yo no mando; manda el Reglamento ... o la buena voluntad unánime de los colegas! El señor TAVOLARI.- ¡Y en el Partido tampoco! Un señor DIPUTADO.- ¿Y qué pasa en su partido? ¡No diga eso, colega también! Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- Puede continuar el señor Leighton. Hago presente a Su Señoría que los cinco minutos están corriendo. El señor LEIGHTON.- Señor Presidente,... La señora LAZO.- Queremos mucho a Leighton pero... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LEIGHTON.- Yo no abuso del cariño de nadie; ni abuso de lo que sea cariño, tampoco. Simplemente, trato de no abusar. Lo que sucede, señor Presidente, es que, en realidad, el paro tuvo trascendencia, porque respondió a algunas razones verdaderas. E hizo bien el señor Presidente de la República cuando acudió a un sector de nuestro país, que merecía la confianza unánime de Chile, para que contribuyera a la solución del paro; y obraron bien los señores Ministros cuando hicieron una declaración categórica, no de acuerdo con los huelguistas, sino por propia voluntad del Gobierno, para poner término al paro nacional. Pero en esa declaración se dijo, con la misma fuerza, que no habría represalias para nadie. Y esa es la cuestión que está por debajo de este debate y como fundamento de esta acusación constitucional, desde un punto de vista jurídico y moral. La palabra del Gobierno es la primera base de la seguridad nacional; sin esa palabra que debe ser siempre cumplida... El señor SANHUEZA (Presidente).- ¿Me permite...? El señor LEIGHTON.- Yo creo que se me podrían conceder dos minutos para terminar. Si no hay acuerdo, lo lamentaré mucho. El señor SANHUEZA (Presidente).- Señor Leighton, no hay acuerdo. ¿Cómo vota Su Señoría? El señor LEIGHTON.- Si lo pide, no va a haber problema. Sólo quiero dos minutos. El señor SANHUEZA (Presidente).- No hay acuerdo, señor Leighton. ¿Cómo vota Su Señoría? El señor LEIGHTON.- Bueno la que a nosotros nos interesa es que el Gobierno cumpla, y ya tendrá tiempo de demostrar que cumple. Voto que sí, naturalmente. El señor LORCA (don Gustavo).- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría hasta por cinco minutos. El señor LORCA (don Gustavo).- Señor Presidente, voto que sí esta acusación, porque la tesis del Presidente Allende sobre la vía chilena o legal al socialismo, es sinónimo de la de abuso de poder, y porque sólo abusando del poder ha podido, prescindiendo del Congreso, llevar adelante una política que ha terminado prácticamente con la actividad privada. Los resquicios legales y la desviación en la aplicación de la ley le han permitido, con una apariencia jurídica, plantear el camino que él prometió se haría por los cauces constitucionales. Pero lo más grave es que tras el abuso de poder, que es una de las más importantes causales de acusación constitucional a los Ministros de Estado, y que es la única entiéndase bien la única forma posible de sancionar las irregularidades, atropellos e ilegitimidades de un Gobierno, ha venido el escarnio a la ley. La responsabilidad de los Ministros, que se puede hacer valer en el juicio político, es la sanción ejemplar. Pero el señor Allende se ha valido también de un subterfugio ¡para burlar la Constitución y violentar la voluntad mayoritaria del pueblo, expresada en la mayoría del Congreso Nacional: nombrar nuevamente al Ministro destituido. Tras el abuso de poder, el escarnio a la ley. El país, y fundamentalmente los hombres y mujeres que viven de su trabajo en forma independiente, al ver vulnerados sus derechos, acudieron legítimamente a lo que era el único camino lícito. Si el Gobierno no cumplía y la sanción del Congreso se hacía ineficaz, la rebeldía civil se imponía. El paro justo y legítimo era la advertencia de que el Gobierno no deba continuar burlándose de Chile. Ahora bien, el arreglo de esa huelga, avalado por las Fuerzas Armadas, paradojalmente, en vez de llevar a la rectificación de los procedimientos abusivos, los ha agravado. De lo que se trata es de impedir por todos los medios que las voces libres puedan expresarse en gestos de justa rebeldía y por eso se persigue y trata de sancionar vulnerando el acuerdo formal y serio a los dirigentes que actuaron, para vencer su resistencia. Este es el mayor y el más calificado abuso de poder, ¡y la mantención, como luego veremos, del escarnio a la ley. Pero un Gobierno puede abusar un tiempo de su poder, pero no lo podrá hacer siempre y con todos los chilenos. Chile reaccionará. Y hoy, desde luego, sancionamos al Ministro Millas, quien con sus propias palabras, pronunciadas en sesión de fecha 13 de octubre de 1966, se condena a sí mismo. ¿Qué dijo?: Pero la historia de estas acusaciones constitucionales de los últimos años, demuestra que han surtido ciertos efectos, porque más allá del hemiciclo mismo, más allá de la Cámara, han logrado aquello a que se refieren los tratadistas cuando observan que el juicio político implica también una sanción moral. Por eso, es un deber de las fuerzas de Oposición, es un deber de quienes fiscalizamos por mandato de la Constitución, promover, cuando corresponda, para el saneamiento de las instituciones democráticas, el juicio político. El señor Millas va a ser hoy sancionado legal y moralmente. Otros que lo han acompañado con ostensible publicidad esta tarde, tendrán también la sanción moral del pueblo de Chile. Voto que sí. El señor MAIRA.- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Maira, don Luis, hasta por 5 minutos. El señor MAIRA.- Señor Presidente, la verdad es que no tenía la intención de intervenir en el debate y fundamentar mi voto, pero las palabras de don Bernardo Leighton, por quien no sólo yo, sino todos sentimos admiración por su honestidad y rectitud, no deben quedar sin un intento de respuesta. Hay, sin duda alguna, enfoques diametralmente opuestos en la caracterización del proceso político de octubre, que para nosotros no es otra cosa y creemos que la historia lo va a reconocer así que un fallido intento de golpe patronal. En verdad, durante cerca de dos años los enemigos del Gobierno del Presidente Allende hablo de los enemigos más exaltados buscaron, primero, por la vía del asesinato del Comandante en Jefe del Ejército y, luego, por la vía del complot militar, cínicamente confesado por el ex Mayor Marshall en Bolivia, en conferencia de prensa, la caída del Gobierno de Allende. No lo consiguieron. Cuando fracasaron por la vía del golpe, pensaron en una variable original: la caída del Gobierno por la paralización del país. Esto fue en octubre. Un paro general con la búsqueda de la caída de Gobierno. Por eso octubre fue, para los que lo plantearon así, el mayor fracaso político tenido por los sectores reaccionarios de Chile en los dos años de Gobierno del Presidente Allende. Hemos dicho hace poco en los Estados Unidos de Norteamérica que, simbólicamente, octubre marca realmente una suerte de reelección del Gobierno Popular, y para Chile, como lo recordaba el otro día en una exposición ¡pública el Senador Teitelboim, palabras de nuestro pintor Roberto Matta, una suerte de Playa Girón sin balas. Por eso hay una discrepancia de fondo frente a hechos de esa naturaleza, de esa gravedad, a donde son arrastrados sectores sindicales minoritarios, pero donde el grueso de la clase obrera no paraliza, donde los trabajadores de todos los partidos, también de la Oposición, suman sus esfuerzos para mantener la marcha del país, y donde Chile demuestra, en veintiséis días, que puede andar, que sabe caminar sin patrones, sin gerentes, sin empresarios. Ese es un triunfo gigantesco y también una derrota que merece algún tipo de sanción. El Gobierno habló de no represalias. Correcto. Pero no represalias no significa no impunidad para hechos que van más allá de la simple participación en un movimiento huelguístico. Y el caso del Banco Central prueba claramente, puesto que no ha podido ser desmentido, que sus autoridades ejercitan prerrogativas estrictamente legales, encuadradas dentro del ordenamiento jurídico chileno. El señor Leighton podrá tener la opinión que quiera de la forma como se ejercen las prerrogativas, pero no podrá desconocer que tanto la ley de inamovilidad como las disposiciones muy categóricas de la Ley de Seguridad Interior del Estado, conferían a las autoridades del Banco Central el derecho a proceder como procedieron. Por eso, reitero, la Oposición usa un camino torcido. Avanza por un tobogán peligroso al dar a las acusaciones constitucionales un uso desnaturalizado; al sacarlas de un mecanismo jurídico estricto, como lo consagra la Constitución del 25, que es un régimen Presidencial, para llevarlas a un mecanismo de sanciones caprichosas, de mayorías parlamentarias, a la conducta de Ministros que no dependen sino de la confianza del Presidente de la República. Por eso decimos que aquí hay un problema de exceso, de abuso de una mayoría parlamentaria. Un caso claro y flagrante de parlamentarismo. El país lo juzgará. Nosotros haremos la denuncia. Por ahora, dejamos constancia de que usando un camino peligroso, una vez más, una mayoría parlamentaria, poco homogénea, por decir lo menos, incurre en abusos de mecanismos constitucionales. Y una última opinión. Creo que en la presentación y votación de esta acusación constitucional, marzo es decisivo. Estamos cerca de las elecciones. Hay una competencia por quien es más firme; en definitiva, una pugna entre dos oposiciones, entre dos minorías que tienen que sumarse para tratar de ser mayoría frente a la mayoría del país, que es la de la Unidad Popular. Por eso voto que no. La señora MARIN (doña Gladys).- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. La señora MARIN (doña Gladys).- Señor Presidente, una y otra vez tendremos que decir que la acusación al compañero Ministro de Hacienda Orlando Millas no corresponde sino a una actitud opositora ciega, de clase, que parte del hecho de que en nuestro país, con el triunfo del Gobierno Popular, se produce un cambio revolucionario. Eso es lo de fondo. El Diputado Leighton, como decía el colega Maira, a quien respetamos, ha dicho que el fondo de esta acusación, que ellos apoyan, se debe al incumplimiento de los acuerdos después del paro nacional. El fondo del asunto es que el Partido Nacional presentó la acusación para pavimentar el camino sedicioso que han tomado en contra del Gobierno Popular, porque ésta no es la primera acusación que se presenta, a la cual, desgraciadamente, se ha sumado el Partido Demócrata Cristiano. El paro patronal de octubre fue impulsado por la Derecha, que es el sector más reaccionario del país. De manera que no se venga a decir que fue un paro del sector gremial. Fue un paro político, sedicioso, destinado a derrocar al Gobierno de la Unidad Popular. Pero a este paro patronal, para vergüenza de la directiva de la Democracia Cristiana, no se sumaron los trabajadores democratacristianos. Risas. La señora MARIN (doña Gladys).- ¡Sí, señores! Podemos ir a cualquier fábrica, hospital o escuela y nos encontraremos con que trabajadores democratacristianos honestos, estuvieron junto a los que en esos días trabajaron por la Patria, junto al obrero independiente, al obrero comunista o socialista, porque el trabajador, cuando se trata de clase capitalista o patronal, sabe ubicarse perfectamente junto a su compañero de labor. Lo mismo ocurre frente a esta acusación constitucional. Ayer estuve en el Hospital San Juan de Dios y en la Fundición Libertad, y hoy vengo de estar en Casa de Moneda, y en forma responsable puedo decir, porque no nos interesa utilizar el nombre de trabajadores honestos, que los democratacristianos están en contra de esta acusación politiquera. En el Hospital San Juan de Dios, el voto aprobado por los trabajadores cuenta con la firma de trabajadores democratacristianos. Hablan varios señores Diputados a la vez. La señora MARIN (doña Gladys).- Esa es la realidad. Porque resulta que en nuestro país, por mucho que se quiera que las cosas se lleven entre Oposición y Gobierno, por mucho que se quiera dividir al país en dos bandos, hay gente honesta que, no militando en las filas de la Unidad Popular, sabe que los cambios que estamos impulsando son a favor de la mayoría, son a favor de Chile. Hay, además democratacristianos a los que les duele en el alma que el nazi Jarpa diga que ellos son la única alternativa para Chile. Hablan varios señores Diputados a la vez. La señora MARIN (doña Gladys).- Porque no le dan cabida a la Democracia Cristiana. El Partido Nacional, el Partido del fascismo en Chile, se declara como la única alternativa. Y recordemos que el señor Fuentealba dijo, hace algún tiempo, que el Partido Nacional no era otra cosa que la suma de liberales y conservadores, que era la misma Derecha reaccionaria. Son las palabras que dijo el actual Presidente de la Democracia Cristiana. Sumándose a esta acusación en contra del Ministro de Hacienda, no se hace otra cosa, señor Presidente, que pretender acallar la conciencia o el pronunciamiento que el pueblo exige frente al fallo de la Corte Marcial. Hablan varios señores Diputados a la vez. La señora MARIN (doña Gladys).- ¿Qué dice la Democracia Cristiana? ¿Qué dice el señor Frei, a quien quieren colocar en un pedestal, en que no está, por muy Primer Mandatario que haya sido? El señor SANHUEZA (Presidente).- ¿Me excusa, señora Marín? ¿Cómo vota Su Señoría? La señora MARIN (doña Gladys).- Por todo eso, por la antipatria y por la sedición que representa esta acusación, voto que no, señor Presidente. El señor MOMBERG.- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Momberg, hasta por cinco minutos. El señor MOMBERG.- Señor Presidente, en esta acusación el señor Maira planteó muy claramente algo muy específico, que se refiere a los funcionarios del Banco Central. El señor Maira justificó las sanciones a esta funcionarios exonerados. La verdad de las cosas es que yo había contraído un compromiso con el Ministro señor Orlando Millas, en virtud del cual en el curso del día de hoy me iba a dar claramente, y por escrito, los cargos contra cada uno de los funcionarios, cargos claros y específicos, que no aparecen en la defensa frente al libelo acusatorio. Hasta este momento, señor Maira y señor Presidente, no ha llegado a mi poder este documento, en virtud del compromiso de honor contraído por el señor Millas. Porque las palabras textuales fueron: Compromiso de honor; te cobro la palabra. Sí., me dijo. Por eso, hoy día estoy extrañado de que el señor Orlando Millas no haya podido darme en ningún momento esta pauta con las acusaciones claras y precisas a estos funcionarios del Banco Central. Más aún, el señor Millas, al ser interpelado por mí en la reunión de hoy en la tarde, dijo que los cargos específicos obraban en manos del Presidente de la República. Considero que esto es grave. ¡Cómo puede ser que los cargos contra funcionarios de una institución estatal estén en manos del propio Presidente de la República! Para eso están las instituciones, para eso está esta Comisión Investigadora, para eso están todas las autoridades intermedias. Allí es donde corresponde hacer estos planteamientos. ¿Cómo es posible que en manos del Presidente de la República esté poco menos que la vida de veintiséis o veintiocho funcionarios del Banco Central? Considero que ésta no es una respuesta del señor Orlando Millas. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MOMBERG.- Por eso, señor Presidente, en esta oportunidad, relevo al señor Orlando Millas del compromiso de caballeros que había adquirido en cuanto a dar los cargos. Porque en una democracia, que ustedes también dicen defender, lo menos a que tienen derecho las personas acusadas eso no se entiende en el marxismo, pero sí en una democracia es a conocer los cargos concretos, para darles la oportunidad de defenderse. Eso es lo que debe hacerse y eso es lo que hay que hacer. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MOMBERG.- ¡Señor Riquelme, por favor! Quisiera agregar algo más. Aquí se ha hablado mucho de lo que podría llamarse la unión de la Democracia Cristiana con el Partido Nacional y el Partido Radical. Esta es una realidad. Alguien quiso criticarla. Denantes, el Diputado señor Barahona, que desgraciadamente no está presente, hablaba de un contubernio, de una cosa anómala, porque estamos juntos. Sí, estamos juntos. Pero hay un dicho muy claro: Juntos, pero no revueltos. Risas. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MOMBERG.- Pero tenemos una sola conciencia. Nosotros nos uniremos siempre con la Democracia Cristiana y con el Partido Radical cuando tengamos que defender a este país del marxismo. Ese es nuestro planteamiento. ¡Siempre estaremos unidos para defendernos del marxismo que ustedes quieren implantar por la fuerza en este país! Por eso, no debe extrañarse el señor Barahona. De algo sí se olvidó el señor Barahona, a quien le llama la atención esta unión hoy día. Parece que el señor Barahona no recuerda que el Partido Radical, que él defiende, está unido hoy día con el Partido Comunista. ¿No fue acaso el Partido Radical el que borró a los comunistas de los registros electorales, el que los proscribió, el que los mandó a Pisagua? ¡Y hoy día están en la misma canasta, con los mismos huevos! ¡Esta es la diferencia! ¡Nosotros defendemos a Chile y ustedes hoy día, por conveniencia, están de perdonavidas del Partido Radical! ¡Ustedes son perdonavidas del Partido Radical, pero una vez que consigan sus objetivos, a patadas lo van a echar para afuera! Voto que sí, señor Presidente. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MONARES.- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Monares, hasta por cinco minutos. El señor MONARES.- Señor Presidente, deseo traer al recuerdo de los colegas algunos antecedentes que había comenzado a esbozar el Diputado Leighton. La Democracia Cristiana, a través de las intervenciones de sus parlamentarios en la Comisión de Acusación y a través de las declaraciones de sus dirigentes nacionales, ha expresado que apoya esta acusación, fundamentalmente, porque las represalias que se tomaron en contra de los trabajadores a raíz del paro de octubre, no han tenido una solución satisfactoria de parte del Gobierno. Este no es resultado de una gestión de última hora; éste es el resultado de una gestión de casi dos meses, de diversas conversaciones con personeros de Gobierno, destinadas a encontrar una solución a este problema. El Gobierno y los partidos de la Unidad Popular no pueden esperar que la Democracia Cristiana se encierre tranquilamente entre cuatro paredes y vea cómo se persigue y se pisotea a las organizaciones de los trabajadores. Dijimos, anticipadamente, que estábamos dispuestos a considerar cualquier fórmula que significara que las represalias terminaban. Dijimos que estábamos dispuestos a estudiar, con los gremios y con las autoridades de Gobierno, algún mecanismo que permitiera la solución que los gremios estaban planteando. Lamentablemente, hasta este minuto, ni el Gobierno ni los partidos de la Unidad Popular han considerado esta apertura que ha ofrecido la Democracia Cristiana, y es por esta razón por la que hoy día nos vemos en la obligación moral de apoyar esta acusación. Pero quiero recordar, señor Presidente, que la situación en la cual se encuentran los trabajadores ahora es extraordinariamente grave. Los trabajadores del Banco Central están despedidos y han iniciado un juicio laboral en contra de la institución. Quiero recordarles a los partidos de la Unidad Popular que, hace más de un año y medio atrás, otro grupo de trabajadores, a raíz de una huelga, también sufrió las consecuencias de la persecución. En el caso de El Teniente, nueve supervisores fueron separados de sus cargos, presentaron la demanda correspondiente y, después de un año y medio, la Justicia, a través de un fallo de la Corte Suprema, les reconoció el derecho a ser reintegrados al trabajo. A la empresa le cuesta 30 millones de escudos esa medida arbitraria que tomó y a los trabajadores les ha significado tener que abandonar el país para buscar otra fuente de trabajo. La separación de esos técnicos le ha significado también a la empresa 18 millones de dólares de pérdida, y el país se ha visto privado de esos trabajadores. Lo que se quiso en aquella oportunidad fue amedrentar a las organizaciones gremiales, producir las vacantes y llenarlas con gente incapacitada. El resultado lo ha tenido que pagar el país. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MONARES.- Esta es la misma situación que se va a presentar en el Banco Central: la Justicia Ordinaria les va a reconocer sus derechos, les va a reconocer el pago de la indemnización y va a pedir su reincorporación, pero va a ser todo el país el que va a tener que pagarlo. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor MONARES.- Quiero decir, señor Presidente, que aquí no estamos defendiendo privilegios, como pretende el Diputado del Partido Comunista. Aquí estamos pidiendo el cumplimiento de un compromiso, estamos pidiendo la recta interpretación de una declaración del Gobierno. En defensa de esa declaración, que nació del propio Gobierno, y en defensa de los trabajadores, vamos a dar los pasos necesarios, incluso el de aprobar esta acusación, como una sanción moral para aquellos que no han sabido respetar su palabra. No nos van a venir a amedrentar ni con el El Siglo ni con el Partido Comunista. El Partido Comunista ha amenazado con sacar a sus militantes a la calle, como una manera de que los parlamentarios de estos bancos se sientan amedrentados. ¡A los dirigentes los vamos a defender en la calle y en el Parlamento! El señor SANHUEZA (Presidente).- ¿Cómo vota, Su Señoría? El señor MONARES.- Por eso, voto que sí. El señor PALESTRO.- Pido la palabra, señor Presidente. El señor SANHUEZA (Presidente). -Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, Su Señoría. El señor PALESTRO.- Señor Presidente, ha quedado fehacientemente comprobado que esta acusación no es más que producto del odio y del revanchismo de los sectores desplazados del poder por la Unidad Popular, que el 4 de septiembre de 1970, fecha que jamás olvidarán, fueron echados del poder por su incapacidad, por sus robos, por su entreguismo, por la explotación que hicieron en forma inmisericorde a campesinos y trabajadores de este país. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor PALESTRO.- Recuerdo y aquí hay parlamentarios como el señor Undurraga, el señor Lavandero, el señor Juan Acevedo y otros Diputados que ingresamos a este Parlamento el año 1952... El señor UNDURRAGA.- En 1945. El señor PALESTRO.- ... que en aquellos tiempos, en esta misma Cámara de Diputados, los modestos funcionarios de los servicios menores de la Cámara tenían que lustrarles los zapatos y tenían que pasarles la escobilla a los Diputados del Partido Liberal y del Partido Conservador. El señor UNDURRAGA.- ¡Falso! El señor PALESTRO.- Tenían que convertirse, en cierta manera, en verdaderos siervos, esclavos y mayordomos de estos parlamentarios, que se sienten desplazados de todo aquello que constituyó para ellos motivo de agrado, a costa de la indignidad del pueblo de Chile. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor PALESTRO.- Eso nadie puede desconocerlo ni nadie puede desmentirlo, porque todos los parlamentarios que tenemos más de dos o tres períodos en esta Cámara pudimos comprobarlo personalmente. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor PALESTRO.- Nosotros, los socialistas, descalificamos de la partida esta acusación en contra del compañero Orlando Millas, por politiquera, porque viene presentada por los enemigos tradicionales del pueblo de Chile, por los yanaconas, por los cipayos, por los vendepatrias, por los explotadores de siempre de nuestro país y de nuestro pueblo. Por lo tanto, nosotros creemos que para Orlando Millas, y para cualquier Ministro de la Unidad Popular, constituye un motivo de legítimo orgullo ser acusado por los sectores tradicionalmente entreguistas, los que fueron entregando a pedazos y a jirones la soberanía y la independencia de nuestra patria. Cuando el señor Schleyer viene a amenazar y a recalcar, delante de los Ministros presentes en el debate de esta acusación, que el paro está suspendido, quiero decirle que a un amigo que tiene un familiar en la localidad de Albuquerque, en Nuevo Méjico, en Estados Unidos, en uno de los tantos territorios rapiñados por el imperialismo norteamericano a algún país latinoamericano, en este caso a Méjico, le han enviado nuevamente que lo entiendan bien los señores Diputados y que lo entienda bien la opinión pública un recorte de una diario norteamericano, ... El señor GODOY.- ¿Qué tiene que ver esto con Millas? El señor PALESTRO.- ... que dice: Lea esta nota y guárdela por un espacio de tres meses, para volverla a leer: El Presidente Allende, posiblemente, no pase de este tiempo en el poder. La situación en Chile es explosiva y todo indica que las Fuerzas Armadas determinarán derrocar a este agente provocador comunista. Claro que el desplazamiento de un régimen no se produce a fecha fija, pero Allende ya ha entrado en su proceso de desintegración. Asegúrelo. Este es un recorte de un diario aparecido en Norteamérica, enviado en una carta con fecha 22 de noviembre. O sea que, nuevamente, cuando el señor Schleyer, al igual que Carmine, se van de boca, dejan ver la auténtica y verdadera intención de los sectores nazis, de los sectores más reaccionarios y ultras de este país, y muestran la cara de cuáles son sus auténticas intenciones. Nosotros queremos decirles a los señores del Partido Nacional y a los reaccionarios que los acompañan que, ante cualquiera alternativa, no se nos van a caer los pantalones, ni se nos van a doblar las piernas para enfrentar la sedición, venga de donde venga. Además, no aceptamos que se siga agraviando a las Fuerzas Armadas... El señor SANHUEZA (Presidente).- ¿Cómo vota, señor Palestro? El señor PALESTRO.- Por eso, como somos capaces de parar una sedición, como somos capaces de parar un golpe... El señor SANHUEZA, (Presidente).- ¿Señor Palestro, cómo vota Su Señoría? El señor PALESTRO.- ... rechazamos esta acusación. El señor SANTIBAÑEZ.- Pido la palabra. El señor SANHUEZA, (Presidente).- Tiene la palabra el señor Santibáñez, hasta por cinco minutos. El señor SANTIBAÑEZ.- Señor Presidente, los parlamentarios de la Unidad Popular señalan en cada acusación constitucional que esto constituye un abuso de parlamentarismo y que cuando el Parlamento ejercita sus atribuciones, se está convirtiendo el régimen presidencial chileno en régimen parlamentario. El señor PALESTRO.- Es una chacota. El señor SANTIBAÑEZ.- Yo creo que ellos contantemente están violando la Constitución y las leyes. No tienen calidad moral, de ninguna especie, para atacarnos así. Cumplan la ley y nunca tendrán problemas. Respeten y serán respetados. El mes de marzo, sin duda, constituirá la definición del problema chileno, y esperamos que el Gobierno, esta vez, respete el resultado de la elección y la interprete como el verdadero plebiscito que es entre el Gobierno y la Oposición. Se ha señalado, además, que el paro del que tantas veces se ha hablado aquí, fue un paro patronal y sedicioso. Creo que la expresión de la voluntad de miles y miles de chilenos no puede considerarse una sedición. Y creo, también que cuando se habla que pararon por defender el derecho a su tierra; se ignora a los colegios profesionales, que también pararon,... El señor ORTEGA.- legalmente. El señor SANTIBAÑEZ.- ... a los pequeños comerciantes, a los empleados de comercio, a los bancarios, a los taxistas, a los camioneros que no son patrones. La Unidad Popular quiere así, con inaudito sectarismo, seguir dividiendo a los chilenos en un pequeño grupo de privilegiados que está en el Gobierno y en una inmensa mayoría a la que no quiere dejar opinar ni actuar. Nosotros, a través de las atribuciones que el Parlamento nos ha entregado, a través de las atribuciones que la Constitución nos otorga, estamos juzgando la conducta de un Ministro de Estado... El señor ORTEGA.- Torcidamente. El señor SANTIBAÑEZ.- ... estamos cumpliendo con la Constitución y con la ley; estamos exigiendo, así, al Gobierno que cumpla también, como debe hacerlo con la Constitución y con la ley. Por eso, voto que sí. El señor SCARELLA.- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el señor Scarella. El señor SCARELLA.- Señor Presidente, durante el debate se ha planteado en esta Cámara, como se ha hecho en otras acusaciones constitucionales, especialmente por parte del señor Maira, que al acusar a los Ministros de Estado se estaría cayendo en un régimen contrario al sentido general del presidencialismo chileno. Pero hay que plantear esto en el verdadero sentido de la Constitución Política de Chile. El presidencialismo exige un equilibrio de Poderes y exige que el Presidente de la República se sitúe en un plano superior, en un plano de, árbitro de las grandes circunstancias del país y de intérprete de las grandes mayorías nacionales, por encima de los pequeños intereses de partidos. Ese ha sido el gran sentido del presidencialismo chileno. Cuando el Presidente de la República se convierte en un Presidente partidista... El señor CANTERO.- Lo hace mejor Lorca. El señor SCARELLA.- ... en un Presidente que trata de imponer el criterio de un partido o de un grupo de partidos, por encima del gran sentido nacional que debe tener la Presidencia de la República, está, en sí, destruyendo el régimen presidencial. La base de la democracia es el respeto a las minorías, y resulta la paradoja de que en esta democracia en que estamos viviendo en Chile, no se respeta el sentir ni el criterio de las mayorías. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SCARELLA.- Por lo tanto, el Presidente de la República, al actuar en esta forma, al buscar resquicios legales, al imponer a través de argucias constitucionales o legales el criterio de un grupo de partidos, está introduciendo el germen de la destrucción del régimen presidencial. Así como en el pasado se destruyó en Chile el parlamentarismo por excesos de ese sistema, este Presidente está destruyendo el presidencialismo chileno, precisamente por excesos del Presidente de la República. Estamos llegando, entonces, a una crisis peligrosísima, una crisis provocada por al mismo Presidente de la República. Por eso el país tuvo que recurrir a un paro. Por eso el país tiene que recurrir a todos los elementos para detener la acción de un Gobierno minoritario que, a través de la Presidencia de la República, quiere imponer el criterio de la minoría a la mayoría. Por los actos ilegales que ha cometido en esta oportunidad el Ministro señor Millas, que también ha estado usando los resquicios legales, buscando la imposición del régimen presidencial más allá de lo que la Constitución Política del Estado le concede, nosotros tenemos la obligación de conciencia y la Cámara tiene la misma obligación... La señora ALTAMIRANO (doña Amanda).- ¿De qué conciencia me habla? El señor SCARELLA.- ... de detenernos a meditar si conviene o no destruir definitivamente el régimen presidencial de Chile. El Presidente Allende y la Unidad Popular deben tenerlo muy en cuenta, porque Chile se expone a una grave crisis, si se quiere seguir imponiendo desde la Presidencia de la República un criterio minoritario al país. Chile ha podido ser gobernado durante este siglo por un sistema determinado. Si queremos mantener el sistema, busquemos el equilibrio de los Poderes del Estado. Si los Poderes del Estado no están equilibrados, tendrá que caerse en la crisis de todas maneras y el sistema presidencial será destruido, porque en el futuro no va a existir un grupo de partidos o grupos de hombres que quieran conferirle el poder a otro Presidente si se sabe que tiene los poderes omnímodos, casi dictatoriales, monárquicos, que ha usado en este momento, en este episodio de la vida nacional, el Presidente Allende. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SCARELLA.- Por eso, por los excesos del presidencialismo, por los excesos del señor Millas, porque se ha salido de la legalidad, porque ha perseguido más allá de la ley a los gremios y porque ha tomado represalias injustas, nosotros queremos sancionarlo moral y legalmente, votando que sí. El señor TEJEDA.- ¡No tiene idea de Derecho Público! El señor PALESTRO.- ¡Como constitucionalista, se va a morir de hambre! El señor TAVOLARI.- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría, hasta por cinco minutos. El señor TAVOLARI.- Señor Presidente, yo no tenía el propósito de hablar en este debate. Después de cuatro años como parlamentario, he llegado a la conclusión de que en esta Sala nadie convence a nadie. Cuando se escucha a hombres tan ponderados como Bernardo Leighton justificar una actitud que es injustificable, uno tiene que llegar a la conclusión de que, si habla aquí, es única y exclusivamente con el propósito de deslindar responsabilidades hacia el futuro. En muchas oportunidades, conversando, hablando o por último, pensando en voz alta, he manifestado que este juego que hacen los sectores de Derecha es tremendamente peligroso, peligroso para ellos, peligroso por qué negarlo para nosotros mismos, peligroso para el país, para su futuro, para su mañana, para la familia chilena, para la comunidad. No han querido entender y, en una escalada tremendamente peligrosa por todas sus características, que nos divide cada vez más, que hace que cada vez tengamos más odio el uno para con el otro, estamos viendo cómo vamos hacia una encrucijada que nadie sabe cómo va a terminar. Sin embargo, esta actitud se mantiene y continúa, a pesar de todos los pesares. Yo no quiero confundir, meter en un mismo saco, a los democratacristianos y a los nacionales. El mismo Diputado Momberg, denantes, dijo que estarán unidos pero no revueltos. Por eso he querido recordar dos situaciones. Yo recuerdo que cuando la Derecha gobernaba, con esa argumentación que tiene, porque muchos de ellos son gente estudiosa, planteaba lo que es el orden institucional; cómo, en un momento dado, calificaban las huelgas en este país; cómo se admiraban y criticaban incluso huelgas estudiantiles, para demostrar la peligrosidad que ellas tenían para la sociedad en que se estaba viviendo. Y nos extraña ahora que espadas a las que no podemos negarles capacidad e inteligencia, empleen esa capacidad y esa inteligencia para argumentar en el sentido de que es una injusticia y una arbitrariedad el haber desahuciado a ciertos ejecutivos del Banco Central por haber estado en huelga. Pero, ¿qué es el Banco Central, sino una entidad rectora de las instituciones crediticias? ¿Acaso el Banco Central no regula hasta cierto punto, nuestra economía? ¿Es posible, para la marcha de un país no de la Unidad Popular, ni de un sector determinado que los ejecutivos, que son los hombres de confianza que se han colocado allí, al margen de la política contingente, dejen abandonados sus cargos, dejen abandonada la dirección central de la economía de un país, so pretexto de estar adhiriendo a los camioneros y a sus problemas, en Chile? Esa es una situación que no me explico y que parece poco seria en el Partido Nacional. Y cuando recientemente oía a mi colega señor Monares admirarse de que se echa a veinte o treinta personas, aduciendo que cuestan una millonada al país, porque algunos de ellos reciben desahucios millonarios. Y, digamos, se condolían de que fuese todo Chile el que tenía que pagarle esta fortuna a esa gente que echaban. Debo recordarle al colega Monares, como Diputado por Valparaíso, cuando la Democracia Cristiana, so pretexto de economía, echó a 600 obreros portuarios a la calle: gente que conozco yo, que tiene 20 y 25 años y que salió jubilada, muy bien jubilada. Y están allí aplanando las calles de Valparaíso, sin tener posibilidades de trabajar y que reciben una renta. Esa economía de 600 obreros estaría bien... El señor SANHUEZA (Presidente).- Por favor, señor Tavolari, ¿cómo vota Su Señoría? El señor TAVOLARI.- Porque lo hallo poco serio, voto que no. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría hasta por cinco minutos. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Señor Presidente, como militante del Partido Demócrata Cristiano, apoyo esta acusación. Desde el punto de vista personal, este apoyo tiene una connotación especial, desde el momento que soy miembro del Consejo Nacional del Partido que adoptó tal decisión. Las razones de la conducta de la Democracia Cristiana en este asunto han sido suficientemente explicadas, y me atengo a lo dicho por el colega Bernardo Leighton, cuyas palabras hago mías. Pero he querido, además, señor Presidente, determinar cuáles serían las razones del hombre común para pronunciarse respecto de una acusación como ésta. Y he querido buscarla, más que en argumentos muy espaciosos, en las propias palabras de la Unidad Popular. Y me he limitado a un documento de la UP. que se llama Las Primeras Cuarenta Medidas del Gobierno de la Unidad Popular. Como son 40, he tratado de encontrar entre ellas la fundamentación del por qué hay que apoyar esta acusación. Voy a revisarlas, a ver si la encuentro. A ver: Supresión de los sueldos fabulosos. Limitaremos los altos sueldos de los funcionarios de confianza. ¡No, no es eso! ¿Más asesores? ¡No! Todo funcionario pertenecerá al escalafón común y ninguno estará al margen de las obligaciones del Estatuto Administrativo. ¡No, no es eso! No más viajes fastuosos al extranjero. Suprimiremos los viajes al extranjero de los funcionarios del régimen. ¡No, no es eso! No más autos fiscales en diversiones. Los automóviles fiscales no podrán usarse bajo ningún pretexto con fines particulares. ¡No, no es esto tampoco, señor Presidente! Risas en la Sala. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- El Fisco no fabricará nuevos ricos. Estableceremos un control riguroso de las rentas y patrimonios de los altos funcionarios públicos. El Gobierno dejará de ser una fábrica de nuevos ricos. ¡No es eso! Leche para todos los niños de Chile. Aseguraremos el medio litro de leche diario, como ración a todos los niños de Chile. ¡No es esto! Control del alcoholismo. Combatiremos el alcoholismo. ¡Mejor no hablemos de eso! Risas en la Sala. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- No más estafa en los precios de los remedios. Rebajaremos drásticamente los precios de los medicamentos. ¡No es esto tampoco! Una nueva economía, para poner fin a la inflación. Aumentaremos la producción de artículos de consumo popular, controlaremos los precios y detendremos la inflación a través de la aplicación inmediata de la nueva economía. ¡Detendremos la inflación! Parece que tampoco es esto lo que busco. Risas en la Sala. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- ¡No es esto tampoco! Como son 40 las medidas, cuesta hallar la precisa. Veamos ésta: No más amarras con el Fondo Monetario Internacional. Desahuciaremos los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y terminaremos con las escandalosas devaluaciones del escudo. ¡No es esto, tampoco! Risas en la Sala. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Fin a la especulación. Sancionaremos drásticamente el delito económico. ¡Tampoco es esto! Disolución del Grupo Móvil. Garantizaremos el orden en los barrios y poblaciones .... No, tampoco es esto! ¡Aquí está! Honestidad administrativa! Terminaremos con los favoritismos y los saltos de grados en la Administración Pública. Habrá inamovilidad funcionaría. Nadie será perseguido por sus ideas políticas o religiosas; se atenderá a la eficiencia, la honradez y el buen trato con el público de los funcionarios de Gobierno. Aplausos en la Sala. Risas. El señor SANHUEZA (Presidente).- ¡Señores Diputados! El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Resulta, señor Presidente, que a mí me llama la atención el observar a colegas de cuya inteligencia no podemos dudar, por ejemplo, el señor Maira, que manifiestan aquí un apego extraordinario a las formas, un apego extraordinario a lo que ellos llaman el parlamentarismo... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Y hablan de acusaciones inconstitucionales precisamente aquellos que han gobernado a través de resquicios legales. Aquí hablan también algunos Diputados, como el señor Insunza, de la derrota del paro de octubre. Y, sin embargo, otros Diputados oficialistas y el propio Ministro señor Millas le han echado la culpa del hecho de que esté la Caja Fiscal desfondada, justamente al paro. Entonces, realmente uno no entiende dónde está la razón. Aquí, el señor Tavolari acaba de hablar de que en tiempos de la Democracia Cristiana se echó también a tantas personas; pero yo me acuerdo de lo que ellos hablaron cuando eso se produjo, lo que es diametralmente opuesto a lo que dicen hoy. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- ¿Cómo vota Su Señoría? El señor VALENZUELA VALDERRAMA (don Héctor).- Por todo esto, señor Presidente, porque el señor Millas ha sido el tambor mayor que ha dirigido la persecución y las represalias en, contra de los trabajadores, faltando una vez más a las promesas que hicieron al pueblo, apoyo la acusación y voto favorablemente su procedencia. Aplausos en la Sala. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Lorenzini, hasta por cinco minutos. El señor LORENZINI.- Señor Presidente, yo creo que lo que se está discutiendo esta tarde, esta noche, es bastante grave. América Latina está sufriendo un proceso de cambios, en el cual está involucrado Chile. Se trata de cambios que son necesarios, porque el sistema vigente actualmente en nuestra tierra no corresponde a la realidad. Este proceso es irreversible, y debe continuar adelante. Ahora bien, la forma de hacer este proceso tiene diferentes cauces. Uno es... Hablan varios señores Diputados a la vez. Un señor DIPUTADO.- Y el caballo, ¿no lo trajo? El señor LORENZINI.- El caballo no lo he podido traer, colega, porque no hay afrecho. Como se lo está comiendo la gente, tuve que dejarlo en el potrero. Risas en la Sala y aplausos. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor SANHUEZA (Presidente).- ¡Señores Diputados! El señor LORENZINI.- En este proceso, señor Presidente, necesariamente tienen que producirse dificultades y encuentros. Tiene que haber ciertos cambios. Y la situación puede tener dos salidas diferentes. Una es la salida que tuvo el paro, en la que el Gobierno asumió una actitud democrática, tomando soluciones y garantizando que no habría persecución. Los que hemos estado en la lucha gremial, sabemos que para los trabajadores de todos los sectores ha habido siempre el problema serio de saber si acaso se toman o no represalias. Y, volviendo al viejo sistema capitalista, de esos mismos que han explotado a los campesinos en Chile, porque los explotaron, de esos mismos que han explotado a los trabajadores, porque los han explotado en América Latina, so pretexto de tomar represalias, dicen: No estamos tomando represalias; estamos aplicando la ley... Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor LORENZINI.- Pero es que, precisamente, por no tomar represalias se entiende que no se usarán los pretextos legales para despedir a la gente. Pero esto no es solamente una cosa casual, que cierra las puertas en lo futuro a una solución democrática de los conflictos. Porque ya ha dicho un parlamentario presente que no se les caerían los pantalones para enfrentarlos como fuera necesario. Y hoy, precisamente, otros, que hablan de sediciosos, están provocando a los trabajadores diciéndoles: Los notificamos que en lo futuro, el Gobierno no querrá transar con los trabajadores, sino enfrentarlos, no por la vía democrática. Y es triste que personas en quienes se tenía confianza, se hayan prestado para este juego, burlando la fe que el pueblo tiene en las instituciones de Chile, y que aún mantiene. Quiero esperar que, en el futuro, esto no vuelva a suceder. Quiero esperar que sigan abiertas las puertas a las posibles soluciones de los conflictos. Porque en un proceso de cambios revolucionarios reales, tiene que haber conflictos; porque hay diferentes maneras de hacer revoluciones; hay diferentes medios de hacer revoluciones; hay diferentes objetivos y diferentes conceptos del hombre nuevo. Uno, que ya está cayendo en desuso, porque es el viejo, hombre viejo, ambicioso y abusador. En la medida en que mantengamos abiertas estas puertas, Chile irá buscando el camino de un proceso sin derramamiento de sangre. En la medida en que se anquilosen y se endurezcan las autoridades para no respetar los acuerdos que ella misma toma con los trabajadores, con las declaraciones de las propias autoridades de Gobierno se está creando una verdadera sedición en el país. ¡Y si no se les caen los pantalones a algunos para crear la sedición, no se olviden que los obreros de este país también son chilenos y también saben amarrarse los pantalones! Voto que sí, señor Presidente. El señor DIEZ.- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría, hasta por cinco minutos. El señor DIEZ.- Señor Presidente, no solamente estamos juzgando, en esta acusación constitucional, la actuación del Ministro señor Millas, sino que el debate se ha generalizado acerca de la forma como el Gobierno de la Unidad Popular se ha orientado a la aplicación de la Constitución y la ley. Es bueno recordar que el artículo 71 de la Constitución Política, que es el artículo central de las atribuciones del Presidente de la República, expresa que a él está confiada la administración y gobierno del Estado; y su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad exterior de la República, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Aquí hay dos conceptos fundamentales. Al Presidente de la República le está encargada la conservación del orden público en el interior, atribución que no puede ser considerada sólo como orden judicial, sino como el ordenamiento de toda la sociedad. Al Presidente de la República le está encargada la función de conservar el orden público. Y le está encomendada la de ejercer el mandato de acuerdo con la Constitución Política y las leyes. Si el Presidente de la República quiere cambiar el orden social interno, no tiene otro camino que el cambio de la Constitución y la ley. Pero si quiere, abusando de su facultad, cambiar el ordenamiento social, adaptándolo a su propia y personal ideología política, sin contar con mayoría en el Congreso Nacional y sin que ni siquiera intente adaptar la Constitución y la ley al nuevo orden que desea imponer en el país, el Gobierno está faltando gravemente a la Constitución. Cuando el Gobierno ha anunciado públicamente que está buscando el cambio del orden social en Chile por medio de los resquicios legales; cuando el Gobierno busca el cambio de la realidad chilena violando la garantía constitucional que constituye la base de la democracia, que es la igualdad ante la ley; violando igualmente materia tan importante como es el acceso, por ejemplo, a la televisión nacional; violando materias tan fundamentales como es el acceso a la fuentes de trabajo, a la información, a las materias esenciales, el Gobierno sigue una línea básica contraria a la Constitución y al sistema jurídico. Nosotros no somos enemigos de los cambios. Creemos que el orden público, a que se refiere el artículo 71 de la Constitución Política, el ordenamiento social, debe ser sustituido, porque corresponde a una época distinta de la presente y para la cual se hizo ese ordenamiento jurídico. Este no corresponde a la época que creen los colegas de enfrente, porque nuestra masa no es ignorante ni explotada; nuestra masa, cada día, conoce más las cosas y cada día busca los mecanismos de defensa que le ha dado la ley o que ha creado por iniciativa propia, para defender sus puntos de vista y sus legítimos intereses. De manera que aquí está la gran razón por la cual los cambios no han sido traídos a este Congreso que, mayoritariamente estima que los cambios deben caminar hacia el hombre, hacia su participación, hacia el hecho de que cada uno pueda escribir su propia historia, y no hacia la monarquía absoluta, hacia el sultanato, hacia la dictadura que significa el marxismo. La ley no es lo que manda el rey; la ley es lo que la soberanía del pueblo ha explicitado en el texto de su Constitución y la ley. Y todos los actos de este Gobierno que han tenido por objeto cambiar nuestro orden social sin cambiar las leyes y la Constitución Política, significan una violación básica a todo nuestro sistema jurídico. Por esa razón, voto que sí, señor Presidente. Hablan varios señores Diputados a la vez. El señor GUASTAVINO.- Pido la palabra. El señor SANHUEZA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Guastavino, para fundar su voto, hasta por cinco minutos. El señor GUASTAVINO.- Señor Presidente, se han dado ya suficientes razones en relación con el problema de fondo que, desde el punto de vista político, ideológico y social, entraña esta acusación constitucional. Quiero decir, sin embargo, algo que representa cabalmente el espíritu con que el Gobierno ha actuado respecto de determinados funcionarios que hoy legalmente, son sancionados. Cuando el 4 de noviembre de 1970, el Presidente de la República Salvador Allende, nuevo Presidente constitucional, asumió la Primera Magistratura, tenía perfecto derecho de pedir a una serie de funcionarios de alta investidura del Banco Central de Chile que abandonaran sus cargos para ser reemplazados por funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República, la cual se otorga a través del Directorio del Banco. El Jefe de Créditos del Banco Central, o el Revisor General, o el Gerente, o el Fiscal subrogante, o el Tesorero General subrogante, o el Contador General, o el Jefe del Departamento de Comercio Exterior del Banco, etcétera, tienen y tenían que ser de la confianza exclusiva del Presidente de la República. Sin embargo, este Gobierno, motejado de sectario, los dejó en sus cargos, les otorgó confianza y les dijo: Mientras cumplan con la ley, mientras cumplan con sus obligaciones, no tendrán problema. Trabajen con nosotros. Ellos, la vida lo ha demostrado, estaban en las antípodas ideológicas y políticas de este Gobierno. Sin embargo, durante dos años no tuvieron un solo problema. Pero he aquí que la acusación constitucional que hoy debatimos y el paro del mes de octubre, han servido para demostrar que ellos no eran merecedores de la confianza que el Gobierno les estaba entregando. De pronto, abandonan cargos de tanta importancia para la vida financiera de este país, como estos cargos que he relatado y descrito, pese a que el Gobierno puso una rejilla y les dijo: Adelante, no son de los nuestros; habrá, incluso, integrantes de la Unidad Popular que van a reclamar porque ustedes continúan en sus cargos. Pero permanezcan. No obstante, cuando de manera innoble al Presidente de la República se le traiciona, se le golpea por la espalda y se abandonan los cargos de alta confianza en que, durante dos años, se dejó a estos funcionarlos, ¿quién, con alguna moral, puede venir a plantear honestamente que lo que corresponde es que sigan en esos cargos, porque si no, realmente, se estaría cometiendo una horrorosa represalia en contra de ellos? Con el resto de los funcionarios, no hay problema; allí están trabajando. Pero los indicados son de la exclusiva confianza del Presidente de la República. Esta es una demostración palmaria de que se ha actuado sin sectarismos. Quizás si la paradoja surge para exhibir que cuando la acusación constitucional se esconde tras el rótulo luminoso y estrepitoso del sectarismo de este Gobierno, es un hecho concreto viene precisamente la propia acusación a demostrar que no hemos sido sectarios. Señor Presidente, quiero decir lo siguiente: hay Diputados que aquí han querido buscar las razones profundas del porqué el Gobierno actúa así. Las razones están realmente en la idea que fluye; porque el episodio de esta noche es un episodio más de la lucha enconada de intereses que, en Chile, está en pleno auge y desarrollo. Nosotros estamos contentos de esto. El camarada Orlando Millas fue escrupuloso miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia; se conquistó, con su actuación, el prestigio y el respeto de la Cámara y de sus funcionarios. El fue el celoso guardador de la ley, el constitucionalista de primera categoría. Todos saben que no transgredió ni transgredirá la ley; pero se le acusa. Recogió el fruto de su lucha honesta; se le acusa de haber sido el tambor mayor del Ministerio de Hacienda; de propugnar una política económica, financiera y económica, antiimperialista, antioligárquica, antimonopólica, en contra de los intereses creados. La gente que tiene una casa de poco monto no pagará ni paga, con este Gobierno, tributación alguna. La gente que tiene mansiones sí que pagará, porque... El señor SANHUEZA (Presidente).- Excúseme, señor Guastavino. ¿Cómo vota Su Señoría? El señor GUASTAVINO.- ... cuando se aplica la igualdad ante la ley, yo les digo... El señor SANHUEZA (Presidente).- Señor Guastavino, ha llegado a su término el tiempo de Su Señoría. ¿Cómo vota, señor Diputado? El señor GUASTAVINO.- Voto que no, señor Presidente. El señor SANHUEZA (Presidente).- Terminada la votación. Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 42 votos. Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña; Alamos; Alessandri doña Silvia; Alessandri don Gustavo; Alvarado; Amunátegui; Argandoña; Arnello; Aylwin; Basso; Bulnes; Campos; Cardemil; Carmine; Carrasco; Castilla; Cerda; Clavel; De la Fuente; Del Fierro; Díez; Frei don Arturo; Frías; Fuentes don César Raúl; Garcés; García; Godoy; Guerra; Huepe; Ibáñez; Iglesias; Koenig; Lavandero; Leighton; Lorca; Lorenzini; Magalhaes; Marín don Oscar; Mekis; Momberg; Monares; Monckeberg; Muñoz Barra; Naudon; Páez; Palza; Pareto; Pérez; Recabarren; Retamal doña Blanca; Riesco; Ríos don Mario; Rodríguez; Saavedra doña Wilna; Salinas don Anatolio; Santibáñez; Scarella; Schleyer; Señoret; Sepúlveda; Sharpe; Sívori; Stark; Tagle; Tapia; Toledo doña Pabla; Torres; Tudela; Undurraga; Valdés; Valenzuela Valderrama don Héctor; Vargas; Vega; Vergara y Zaldívar. Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Acevedo; Aguilera; Agurto; Altamirano doña Amanda; Allende doña Laura; Andrade; Atencio; Barahona; Cabello; Cademártori; Cantero; Carvajal; Concha; Ferreira; Fuentealba don Luis; Fuentes don Samuel; Giannini; González; Guastavino; Insunza; Jaramillo; Jarpa; Lazo doña Carmen; Maira; Marambio; Marín doña Gladys; Morales; Ortega; Palestro; Ríos don Héctor; Riquelme; Robles; Sabat; Salinas don Edmundo; Salvo; Schnake; Silva; Solís; Tavolari; Tejeda; Toro y Videla. El señor SANHUEZA (Presidente).- En consecuencia, la Cámara de Diputados declara que ha lugar a la admisibilidad de la proposición de Acusación Constitucional deducida por once señores Diputados en contra del señor Ministro de Hacienda, don Orlando Millas Correa, por las causales de infracción a la Constitución, atropellamiento de las leyes y por haberlas dejado sin ejecución, establecidas en la letra b), de la atribución primera del artículo 39 de la Constitución Política de la República, de acuerdo al mérito del libelo acusatorio y del informe emitido a su respecto por la Comisión de Acusación Constitucional. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69 y 269 del Reglamento, la Mesa propone a la Sala integrar con los señores Ricardo Tudela, Mario Amello y Rafael Señoret, la Comisión que debe formalizar y proseguir la Acusación ante el Honorable Senado. Si le parece a la Sala, así se acordará. Acordado. Por haberse cumplido con los fines de la presente sesión, se levanta. -Se levantó la sesión a las 20 horas 10 minutos. Roberto Guerrero Guerrero, Jefe de la Redacción de Sesiones.