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- rdf:value = " El señor TUDELA.-
Señor Presidente, la Comisión de Acusación designada por la Corporación en conformidad con lo dispuesto en el artículo 39, atribución 1ª, de la Carta Fundamental, pasa a informar la acusación constitucional deducida el día 13 de diciembre de 1972 por la señora Alesandri, doña Silvia, y los señores Arnello, Campos, Díez, Frías, Guerra, Laemmermann, Mercado, Momberg, Phillips y Señoret, en contra del señor Ministro de Hacienda, don OrlandoMillas Correa, por la responsabilidad que le cabe en la infracción de la Constitución, atropellamiento de leyes, y por haber dejado otras sin ejecución, cometidas en la forma y oportunidades que se señalan.
Como Diputado informante y, a la vez, como Presidente de la Comisión que estudió la acusación en contra del Ministro don Orlando Millas, me permito intervenir en esta sesión a objeto de dar a conocer su labor y su informe. Antes de adoptar las conclusiones a que llegó, la Comisión escuchó a muchos representantes de gremios, de asociaciones de empleados; a dirigentes de la CUT y a altos funcionarios de la Administración Pública.
Comparecieron a declarar ante la Comisión las siguientes personas: los señores Milán Capkovic, Eduardo Lorenzo y otros dirigentes de la Asociación de Empleados del Banco Central; Roberto Guerrero, delegado del personal de la Oficina de Santiago del mismo Banco; León Vilarín, Manuel Valdés y Hugo León, dirigentes del Comando Nacional de Acción Gremial; Jorge Godoy, Ramón Fernández y Víctor Herrera, pertenecientes a la directiva de la Central Unica de Trabajadores; Hernán Guerrero y Sergio Campamá, Gerentes de CIC; Alberto Vega, Vicepresidente del Colegio de Ingenieros; Emilio Villarroel y Edgardo Cruz, Presidente y Secretario General del Colegio Médico; Eduardo Arriagada, Presidente del Colegio de Ingenieros; Jorge Navarro, Consejero del mismo Colegio; Ricardo Halabí y Eduardo Aguilar, dirigentes de los Empleados de la Corporación de la Reforma Agraria.
Asistieron, además, invitados por la Comisión, el señor Ministro del Interior, don Carlos Prats; don Juan Vadell, Director de Impuestos Internos; el señor Alfonso Inostroza, Presidente del Banco Central de Chile; el señor Superintendente de Bancos y de Sociedades Anónimas, don Héctor Behm; los señores Alfredo Rojas y Delfos López, Director y Asesor de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado; y el doctor señor José Contreras, interventor del Hospital de Curicó.
Del libelo acusatorio presentado por 11 señores Diputados, cabe destacar cuatro capítulos importantes:
a) Represalias en el Banco Central con motivo del paro gremial del mes de octubre último;
b) Represalias en contra del comercio, transporte, industria, construcción y agricultura, mediante discriminación arbitraria del crédito;
c) Infracción al artículo 84 de la Ley General de Bancos, que se refiere a la concesión de créditos, directa o indirectamente, a una misma persona natural o jurídica, por una suma que exceda del 5% de su capital pagado y reservas; y
ch) Fiscalización inconstitucional e ilegal en viajes al extranjero.
Las cuatro partes en que se dividió el libelo fueron ampliamente analizadas por la Comisión, a pesar del escaso tiempo de que dispuso. De todos modos, para enmarcarse dentro de los plazos reglamentarios, hubo necesidad de un espíritu de sacrificio bastante importante de parte de los funcionarios de la Corporación.
Yo quiero agradecer la abnegada labor desarrollada por funcionarios de la Secretaría ; por el señor José Vicencio, que se esforzó en entregar y recibir toda la documentación necesaria, en horas que se hicieron cortas para el trabajo realizado; por personal de taquígrafos, que en todo momento colaboró muy eficazmente; por personal de imprenta; en general, por todos los funcionarios de esta Corporación que, con responsabilidad y eficiencia, hicieron posible que la Comisión terminara su labor en el plazo señalado por el Reglamento.
Al final, la acusación fue aprobada por 3 votos contra 2, lo que refleja el sentir de los miembros de mayoría de la Comisión, la cual, después de escuchar diversos testimonios en relación a las represalias, recomienda a esta Honorable Sala aprobarla en los mismos términos en que ella lo declaró admisible.
Al fundamentar mi voto, que significaba aprobar la acusación, sostuve que emergía un fundamento moral indiscutible, de franca responsabilidad administrativa, en lo que se refiere a las represalias y persecuciones.
Debo decir, francamente, y así lo expresé en la Comisión, que los fundamentos del Capítulo III del libelo, donde se habla del artículo 84 de la Ley General de Bancos, que en parte dice: conceder créditos, directa o indirectamente, a una misma persona natural o jurídica, por una suma que exceda del 5% de su capital pagado y reservas, no fueron convincentes para dar pie a un argumento jurídico sostenible. Las explicaciones del señor Director de Impuestos Internos y del señor Superintendente de Bancos fueron aceptables.
Más aún, en lo que se refiere al control de las personas que salen al exterior, en cuanto a su documentación personal, antecedentes intachables y deudas con el Fisco, por cualquier concepto, de que habla el Capítulo IV, a mi juicio, es recomendable, saludable, conveniente para el erario y para el prestigio del país en el extranjero.
Sobre el control cualitativo del crédito, se dio a conocer la circular Nº 1.087, de 24 de octubre, y la Nº 1.089, de 27 de octubre, que dicen de las instrucciones impartidas a los bancos en el sentido de cumplir normas que obligan a destinar los recursos del sistema bancario a fines productivos.
La verdad es que en las normas establecidas se deja claramente señalado que, a contar de la fecha de la circular mencionada, todos los usuarios de crédito bancario deberán acreditar el normal funcionamiento de sus actividades o que éstas no están ilegalmente paralizadas.
Se agrega que lo anterior deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por las autoridades competentes, como por ejemplo, Intendencias, Gobernaciones, Carabineros, Dirección de Industria y Comercio u otros organismos dependientes de los Ministerios que en cada caso corresponda.
Además, en la circular número 1.094, de 11 de noviembre, en la práctica se derogan las medidas que se indicaban en las referidas circulares, ya que expresa, en su número tercero, lo siguiente: Tan pronto se normalice el funcionamiento de las empresas productivas que hayan sido objeto de la paralización declarada o de la amenaza cierta de paralización de sus actividades, a que se refiere el número anterior, los Bancos cesarán de exigir los certificados que en las Circulares aludidas se señalan.
Así, pues, un claro fundamento a esta parte del libelo no tuvo un motivo de real formulación acusatoria.
Creo que lo expresado por el señor Ministro de Hacienda en la página dos de su defensa, cuando afirma que El Banco Central de Chile puede funcionar como Banco Comercial, sin las limitaciones propias de éstos. El Banco Central de Chile tiene por objeto propender al desarrollo ordenado y progresivo de la economía nacional mediante una política monetaria y crediticia que, procurando evitar tendencias inflacionarias o depresivas, permita el mayor aprovechamiento de los recursos productivos del país es una defensa que tiene una base de ordenamiento funcional de innegable solidez.
Sin embargo, debo detenerme en lo que se refiere a las represalias, que, a nuestro juicio, son la base más firme de una acusación por las consecuencias que ellas están teniendo y, más aún, por la lamentable pérdida de confianza en las afirmaciones de las más altas autoridades de este Gobierno. Porque todos recordamos, a raíz del paro gremial que afectó al país, se llegó a un acuerdo de suspensión de dicho paro y se dijo que no habría represalias. Así se dejó expresamente establecido en un comunicado del Gobierno que suscribieron cuatro Ministros. Aún más, debo recordar, y creo que así lo entendió Chile entero, junto a los gremios en conflicto, que se dejaba en manos del señor Ministro del Interior, General del Ejército de Chile, la confianza en su palabra de soldado y la esperanza de que estas promesas serían cumplidas. Es decir, en un representante tan prestigioso se dejaba entregada la suerte de muchos gremios, el futuro de muchos funcionarios y la solución de una normalización de las actividades productivas en este país. Por esta razón, resultaron muy lamentables a los miembros de la mayoría de la Comisión...
El señor ACEVEDO.-
¿Me permite?
El señor TUDELA.-
... las afirmaciones del Ministro del Interior en el sentido de que, a su juicio, no existían represalias y que el Gobierno había cumplido en todas sus partes el compromiso contraído.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-
¿Me perdona, señor Tudela?
El Diputado señor Acevedo le solicita una interrupción. ¿La concede Su Señoría?
El señor TUDELA.-
Como no.
"
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