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El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-
Se reanuda la sesión.
Corresponde, a continuación, ofrecer la palabra a un señor Diputado que sostenga la acusación.
Ofrezco la palabra.
El señor ARNELLO.-
Pido la palabra.
El señor FUENTES, don César Raúl (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Arnello, hasta por dos horas.
El señor ARNELLO.-
Señor Presidente, antes de iniciar el análisis de los fundamentos de la acusación y dar respuesta, en esa oportunidad, a la defensa del señor Ministro de Hacienda a cada uno de los capítulos que la forman, quiero referirme, muy brevemente, a afirmaciones de tipo general que el señor Ministro ha planteado en su defensa y que se relacionan con materias de importancia y con el ejercicio de las facultades y de las atribuciones que nos caben a los Diputados.
En primer lugar, debo reconocer que, en esas frases iniciales del señor Ministro don Orlando Millas, yo concuerdo con su afirmación de que estamos aquí para dar cabal cumplimiento a las obligaciones que nos impone la Constitución Política de la República de Chile y, también, para respetar el Estado de Derecho, que rige, debe regir y seguirá rigiendo en nuestro país.
Nosotros, al plantear esta acusación, de acuerdo con nuestro criterio y con nuestras atribuciones constitucionales, estamos exigiendo respeto a ese Estado de Derecho. De manera que, en el ejercicio de las facultades que hemos ejercido, no estamos infringiendo ni nuestro juramento ni las disposiciones de la Constitución Política, sino que estamos formulando ante la Cámara de Diputados una serie de cargos concretos, para que sea la Cámara la que, en uso de sus atribuciones exclusivas, según señala el artículo 39 de la Carta Fundamental, declare si han o no lugar las acusaciones que diez, a lo menos, de sus miembros formularen en contra de los siguientes funcionarios:...
b) De los Ministros de Estado...
Por lo tanto, señor Presidente, desde ya quiero dejar muy en claro que no puede hacerse la imputación de que los Diputados que suscribimos la acusación estemos infringiendo la Constitución por el hecho de someter a la consideración de la Honorable Cámara cargos por los que, a nuestro juicio, merecen que la Cámara de Diputados declare que ha lugar a la acusación deducida.
Esto es importante señalarlo, porque es un hecho indiscutido, o indiscutible, al menos, que ya están en práctica medidas que significan una tergiversación de esta realidad y de estos hechos, y se ha iniciado una campaña en contra del Congreso Nacional, por el simple hecho de haber nosotros deducido esta acusación y estar la Cámara conociendo de ella.
No es esta acusación un juego político, ni pretendemos iniciar o seguir un juego con ella. No queremos con ella tampoco impulsar el odio, ni la división en nuestro país. Lo que sí deseamos evitar es que, a pretexto de realizar un programa político que ciertos sectores del país, a nuestro juicio, minoritarios, sostienen y propugnan; se pretenda impedir que quienes discrepamos de él, podamos ejercer el derecho constitucional que nos asiste de actuar en contra de ese programa y de ejercer cabalmente la garantía constitucional, establecida en el artículo 9º de la Constitución Política del Estado, que permite a los partidos políticos influir en las líneas y finalidades de la política nacional y no tener que seguir las líneas de un programa que no es una obligación del Estado, sino una mera aspiración de grupos políticos determinados.
Nosotros queremos evitar que en la acción del Gobierno, que, a nuestro juicio, es nefasta y conduce a causar un mal irreparable al interés nacional, se haga además de la incapacidad y del sectarismo, que son manifiestos uso de recursos, de sistemas y de métodos contrarios al ordenamiento jurídico del país, que, por otra parte, sus personeros, al menos los de los partidos que lo sustentan, no vacilan en descalificar, como expresión de una legalidad burguesa, que tendría mentalidad clasista y de defensa de intereses creados. La legalidad que existe en Chile es la que el país se ha dado, y a ella están obligadas las autoridades y los servicios del Estado. Otra cosa es que los parlamentarios de cualquier corriente de opinión, o el Gobierno mismo, puedan ejercer las funciones que la Constitución les otorga para modificar esa legalidad. Pero deben cumplirla, deben respetarla. Y no son admisibles ni resquicios ni tergiversaciones, ni la mala fe manifiesta que se ha aplicado en los métodos y en las actitudes que, en muchas oportunidades, hemos censurado.
Cuando se abusa del poder, cuando se desvía el poder, cuando se atropella la ley manifiestamente, estamos en presencia de hechos graves que vienen a destruir no sólo los derechos de los ciudadanos que son afectados por esas medidas concretas, sino una parte del patrimonio jurídico de la Nación misma y de todo el pueblo chileno, y se entra a amenazar seriamente la seguridad de nuestra Nación; porque el abuso y el atropello conducen necesariamente a generar la violencia en quienes se encuentran privados del ejercicio de sus derechos o ven el menoscabo en que ellos recaen.
No somos nosotros, señor Presidente, los que hemos sostenido que es necesario conquistar todo el poder para nuestra posición. Esta afirmación proviene, justamente, del Secretario General del Partido Comunista, Senador Corvalán. Y la ha reiterado innumerables veces. Es él quien ha sostenido que es necesario ir a la conquista de todo el poder, expresión y ambición esencialmente antidemocráticas, porque la esencia de la democracia chilena está en la división de los Poderes y en la imposibilidad de que grupo político alguno, de que Poder del Estado alguno, pueda controlar en su mano la totalidad del poder. Por eso, nuestra Carta Fundamental divide el Poder de Poderes independientes, en Poderes que tienen y requieren de la más absoluta independencia para el ejercicio de sus atribuciones y para el cumplimiento de sus finalidades. Está allí, pues, y no en nuestras intenciones y en nuestros propósitos, ir a la destrucción del sistema democrático, pretendiendo atribuirse más poder que el que la Constitución y las leyes vigentes otorgan.
Confiamos, señor Presidente, en ese desafío virtual, formulado, en algunas de sus expresiones, por el Ministro de Hacienda, señor Millas, de que sea el pueblo el que dé respuesta a esta situación. Nosotros confiamos en la respuesta del pueblo. Y aunque se pretenda tergiversar declaraciones formuladas por mi Partido, el Partido Nacional, respecto a las elecciones de marzo, nosotros debemos decir que confiamos en esa respuesta y que estamos ciertos de que el pueblo chileno será certero en determinar en qué sectores está la razón en esta pugna política y cívica, y quiénes son los que mejor interpretan, en consecuencia, el interés del país.
Después de haber visto, a lo largo de estos dos años, cómo constantemente el Gobierno ha sacado del quicio legal que establece nuestro ordenamiento jurídico sus acciones, y cómo los partidos que lo sostienen son los que han sembrado el odio, la inseguridad, la incertidumbre y la división entre los chilenos, no podemos aceptar que se nos pretenda venir aquí a imputar ni incumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales, ni menos falta de patriotismo.
En materia de patriotismo, quienes estamos sosteniendo una posición, que nació, justamente, siendo pequeña y minoritaria y en condiciones adversas, porque no teníamos ayuda ni comprensión de ningún sector, creemos haber demostrado que estamos defendiendo, al menos con la fuerza que nos dan nuestros ideales y nuestros sentimientos, lo que consideramos lo mejor para Chile. En consecuencia, podemos aceptar todas las críticas, todas las lecciones que se nos quieran dar por los errores que podamos cometer; pero lecciones de patriotismo no se las aceptamos a nadie, porque en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos nacionalistas no existen sino la expresión de nuestro amor a la patria y de nuestra devoción a su servicio, que creemos cumplir de la manera que somos capaces de entenderlo.
Le concedo una interrupción al señor Schleyer.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
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